Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00953-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Temas: Pensión gracia. Tiempos válidos para el reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Luz Marina Cruz Díaz presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones i) RDP 048174 del 19 de noviembre de
2015 a través de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia y
ii) RDP 005248 del 9 de febrero de 2016 mediante la cual se confirmó la anterior
decisión.
1 En adelante UGPP.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que i) se condenara a la UGPP al reconocimiento y al pago de la pensión gracia en
cuantía de $ 1’336.953 mensuales, con inclusión de las primas de vacaciones,
navidad y de servicios, efectiva a partir del 4 de diciembre de 2008, ii) se actualizara
la condena en virtud de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA y iii) se ordenara
el pago de las costas según lo dispuesto en el artículo 188 ibidem.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Luz Marina Cruz Díaz trabajó como docente de primaria de Riosucio (Caldas)
desde el 24 de febrero de 1968 hasta el 31 de agosto de 1975. Entre el 16 de
septiembre de 1975 y el 31 de diciembre de 2013 ejerció como profesora en
diferentes planteles, el último de ellos fue en el Instituto Los Fundadores de ese
municipio cuya calidad de colegio departamental recuperó mediante el Decreto 049
del 10 de febrero de 1997.
• El 11 de junio de 1996 por Acuerdo 7 del Concejo de Bogotá, fue incorporada la
planta del personal docente y directivo de todos los colegios nacionales que
funcionaban en esa entidad territorial a la estructura orgánica del distrito, de modo
que en esa oportunidad recuperó la calidad de docente territorial.
• Durante el tiempo en el que ejerció como docente tuvo buena conducta; y para el
momento del retiro del servicio contaba con más de 20 años laborados como
profesora territorial en el siguiente orden i) desde el 24 de febrero 1968 hasta el 31
de agosto de 1975 y ii) entre el 11 de junio de 1996 y el 4 de diciembre de 2008.
• El 31 de julio de 2015, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia y la UGPP
mediante las resoluciones RDP 0048174 y RDP 005248 negó tal petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y la Ley 114 de 1913.
En cuanto al concepto de violación, expuso que la UGPP desconoció la vinculación
de Luz Marina Cruz Díaz como docente previa al 31 de diciembre de 1980; que
contaba con más de 20 años de servicio y 50 de edad; y que había ejercido su
profesión con buena conducta3.
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5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones con fundamento en que la demandante no
cumple con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para resultar
beneficiaria de la pensión gracia, de manera que esa entidad no puede acceder a
su reconocimiento. Lo anterior, toda vez que en los certificados de tiempos de
servicio expedidos por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas el
28 de abril de 2008, el 25 de junio de 2014, y el 26 marzo de 2001 se indicó que la
vinculación de la docente Luz Marina Cruz Díaz durante los periodos comprendidos
entre el 16 de septiembre de 1975 y el 30 de marzo de 2008, el 4 de febrero de 2002
y el 31 de diciembre 2013 y desde el 16 de septiembre de 1975 son del orden
nacional4.
Propuso como excepciones las siguientes: i) «inexistencia de la obligación y cobro de
lo no debido»; ii) buena fe iii) prescripción y iv) genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, en sentencia del 29 de
noviembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
demandante no cumplió con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la
pensión gracia, toda vez que no acreditó la prestación de sus servicios como
docente en establecimientos educativos de orden territorial o nacionalizado durante
20 años. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:
• Los actos de nombramiento y de posesión, las certificaciones labores y demás
documentos allegados al expediente demostraron que si bien Luz Marina Cruz Díaz
ejerció como docente durante más de 30 años, lo cierto es que su vinculación era
del orden nacional; por tal motivo ese tiempo no puede ser tenido en cuenta para el
reconocimiento pretendido, por incumplir uno de los requisitos previstos para ello.
En consecuencia debe declararse probada la excepción de «inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido» propuesta por la UGPP.
Finalmente, condenó en costas a la demandante.
1.4. El recurso de apelación
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5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
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5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Luz Marina Cruz Díaz solicitó la revocatoria de la sentencia proferida en primera
instancia con fundamento en los siguientes argumentos6:
• En efecto, el tiempo laborado como docente con vinculación del orden nacional no
resulta válido para acceder a la pensión; sin embargo, ese no es su caso, por cuanto
ejerció por 20 años en plaza territorial, según los actos administrativos mediante los
cuales fue nombrada, suscritos por el alcalde mayor de Bogotá y por el gobernador
del departamento de Caldas. Lo anterior evidenció el yerro cometido por la
Secretaría de Educación de Caldas en los certificados de la historia laboral al
señalar que la docente fue vinculada como nacional.
• En la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el Consejo de Estado
manifestó que el carácter territorial o nacional de los nombramientos de los
maestros no lo determina la ubicación del plantel educativo en el que prestaron los
servicios, sino el ente gubernativo que profirió el acto administrativo de
nombramiento.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La UGPP reafirmó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y
solicitó confirmar la sentencia apelada, al no encontrarse acreditados los requisitos
requeridos por el ordenamiento jurídico para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia7.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto, tal y como
se advierte en la constancia secretarial del 28 de abril de 20228.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar lo siguiente: ¿Luz Marina Cruz Díaz cumple con los
requisitos legales para ser beneficiaria de una pensión gracia, en aplicación del
régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la
regulan?
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5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
7
16_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 17, índice 17 del aplicativo SAMAI.
818_ALDESPACHOPARASENTENCIA_289720211(.docx) NroActua 18, índice 18 del aplicativo
SAMAI.
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
2.2. Marco normativo
La Ley 114 de 19139, creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera
otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 10, señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían
los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
Posteriormente, las Leyes 116 de 192811 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así13:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales.»
9 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197514 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198915, en
la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «(…) colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200016 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala17 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198918 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
14 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
17 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201819, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
19 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.»
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202220, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».21
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Luz Marina Cruz Díaz nació el 11 de abril de 194922, tal y como se acredita en la
copia del registro civil de nacimiento.
• Mediante Decreto 217 del 22 de abril de 1968, fue nombrada como institutora
primaria segunda categoría en Riosucio (Caldas), y allí permaneció del 24 de
febrero de ese año, hasta el 31 de agosto de 1975, según hizo constar la profesional
especializada del grupo de gestión administrativa de la Gobernación de Caldas23.
• Mediante la Resolución 5505 del 12 de septiembre de 1975, el ministro de
educación nacional nombró a la demandante como profesora de enseñanza media
del Colegio Cooperativo Vladimir Valek Moure de Bogotá. Como fundamento de la
decisión, señaló que «a. Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2854 de
diciembre 26 de 1974 autorizó las jornadas adicionales en los planteles privados de
educación del país; y b. Que el Ministerio de Educación Nacional debe nombrar el
profesorado para tales jornadas de conformidad al Decreto mencionado y al convenio
firmado por las Directivas Delegatarias de las Asociaciones de Educadores Privados y de
las Comunidades Religiosas»24. Con efectos fiscales a partir del 16 de septiembre de
1975, Luz Marina Díaz Cruz tomó posesión del cargo en el despacho del Ministerio
de Educación Nacional25.
• El concejo de Santa Fe de Bogotá expidió el Acuerdo 7 de 1996 del 11 de junio de
1996 con fundamento en las «facultades legales y en especial de las conferidas por el
22 6_ED_CUADERNO21(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
23 Archivo “Demanda”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo Samai,
página 24.
24
Archivo “19OficioRemisorio”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo
SAMAI.
25
Archivo “19OficioRemisorio”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo
SAMAI.
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Decreto Ley 1421 de 1993, y en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993», por el
cual adicionó varios cargos a la planta de personal de la Secretaría de Educación
del Distrito Capital e incorporó, sin solución de continuidad, a los funcionarios que
ejercían en calidad de docentes, directivos docentes y administrativos nacionales y
nacionalizados de los establecimientos educativos26.
• A través del Decreto 00869 del 14 de diciembre de 2001 el gobernador del
departamento de Caldas reubicó unas plazas y trasladó a unos docentes con cargo
a los recursos del situado fiscal. En virtud de lo anterior, y al encontrar que existía
«disponibilidad presupuestal necesaria para efectuar los traslados-nombramientos»
nombró a la demandante como docente de tiempo completo en el Instituto Nacional
Los Fundadores del municipio de Riosucio (Caldas), «quien ocupaba el mismo cargo
en el Centro Educativo Distrital Atenas, de la ciudad de Bogotá, departamento de
Cundinamarca»27. En este acto se dispuso lo siguiente: «las condiciones de estos
nombramientos se ajustan a lo descrito en el artículo cuarto del Decreto 1706 del 1 de
agosto de 1989. La asignación mensual de los docentes nombrados en los artículos
anteriores serán la correspondiente al Grado en el Escalafón Nacional Docente que acredite
según las normas salariales Nacionales vigentes aplicables al personal docente […]
envíese una copia del acta de posesión de […] Luz Marina Cruz Díaz […] al Fondo
Educativo Departamental del Tolima para que los docentes posesionados sean retirados
de nómina de la Entidad Territorial donde laboraban».
• En virtud de lo anterior Luz Marina Cruz Díaz tomó posesión en el cargo de docente
al cual fue traslada ante el secretario de educación de Caldas el 4 de febrero de
2002. En esa oportunidad se solicitó el envío del acta de posesión 0086 al Fondo
Educativo de Cundinamarca la para desvinculación de la nómina28.
• Mediante el Decreto 01120 del 27 de diciembre de 2004 el gobernador de Caldas
incorporó a la planta de personal cargos docentes, directivos docentes y
administrativos, financiados con recursos del sistema general de participaciones,
con fundamento en la Resolución 3500 del 12 de agosto de 1996 del Ministerio de
Educación Nacional mediante la cual certificó al departamento de Caldas para la
prestación del servicio educativo y en el Decreto Departamental 00034 del 4 de
febrero de 2004 que adoptó la planta de empleos autorizada por el Ministerio de
Educación Nacional mediante el Oficio 430 del 30 de diciembre de 2003. Entre los
incorporados se encuentra la demandante.
26
Archivo “Demanda”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
27
Archivo “Demanda”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
28
Archivo “19OficioRemisorio”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo
SAMAI.
10
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Como fundamento de su decisión señaló que durante el 2004 el departamento llevó
a cabo el plan de racionalización de las plantas de personal docente, de acuerdo
con los «instrumentos de aplicación impartidos por el Ministerio de Educación Nacional y
el Departamento Nacional de Planeación y los compromisos adquiridos con la firma del
Convenio de Desempeño suscrito el 25 de octubre de 2000» y que los artículos 34 y 38
de la Ley 715 de 2001, establecen que las entidades territoriales certificadas
deberán incorporar las plantas de personal docente financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones29.
• Como consecuencia de lo anterior, tal y como consta en el acta 3240, Luz Marina
Cruz Díaz tomó posesión del empleo el 31 de enero de 2005. El acto está suscrito
además, por la secretaria de educación de Caldas y el director de núcleo30.
• Acorde con los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral
expedidos del 1° de octubre de 201431 y del 16 de octubre de 201832 por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y del 21 de noviembre de 2018
proferido por el profesional especializado de la Secretaría de Educación de Bogotá33,
Luz Marina Cruz Díaz tuvo una vinculación del orden nacional como docente de básica
secundaria en propiedad y con el siguiente tiempo de servicios:
Acto Administrativo Novedad Desde Hasta
Resolución 5505 del 12 de Ing y reing. Localidad Única para Bogotá 16/09/1975
septiembre de 1975 (Cundinamarca) Colegio Cooperativo
Vladimir Valek Moure de Bogotá e inició
labores en el Colegio Centro Juvenil de
las Religiosas Adoratrices
Resolución 20756 del 14 Ascenso de escalafón 01/01/1980
de diciembre de 1981
Resolución 1601 del 11 de Ascenso de escalafón 01/01/1980
julio de 1980
Resolución 4161 del 29 de Ascenso de escalafón 25/07/1983
29 de julio 1983
Resolución 3292 del 27 de Ascenso de escalafón 16/10/1987
octubre de 1987
Resolución 4683 del 29 de Ascenso de escalafón 20/09/1989
septiembre de 1989
Resolución 802 del 19 de Ascenso de escalafón 19/01/1995
enero 1995
Resolución 0271 del 17 de Ascenso de escalafón 10/11/1996
enero de 1997
29
Archivo “19OficioRemisorio”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo
SAMAI.
30
Archivo “19OficioRemisorio”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo
SAMAI.
31 Archivo “03Demanda”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
32
Archivo “19OficioRemisorio”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo
SAMAI.
33
Archivo “28OficioRemisorio”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo
SAMAI
11
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Resolución 2095 del 21 de Ascenso de escalafón 01/09/1999
enero de 2000
Resolución 09403 del 21 Ascenso de escalafón 03/09/2001
de noviembre de 2001
Decreto 00869 del 14 de Incorporación – Institución Educativa 04/02/2002
diciembre de 2001 Los Fundadores Riosucio (Caldas)
Resolución de 2649 del 30 Ascenso de escalafón 04/02/2002
de agosto de 2002
Decreto 01120 del 27 de Incorporación 31/01/2005 31/12/2013
diciembre de 2004
Total tiempo laborado 38 años - 4 meses - 14 días
RETIRO
Fecha de retiro: 31/12/2013 Causa de retiro: Voluntario
• Mediante la Resolución RDP 048174 del 19 de noviembre de 2015, la UGPP negó
el reconocimiento de la pensión gracia al considerar que Luz Marina Cruz Díaz tuvo
vinculaciones del orden nacional, y por lo tanto esos tiempos de servicios no eran
computables para acceder a tal prestación34.
• El 9 de febrero de 2016 fue confirmada la anterior decisión, a través de la
Resolución RDP 005248, la cual se fundó en los certificados de tiempos de servicios
proferidos por la Secretaría de Educación de Caldas el 28 de abril de 2008 y el 25
de junio de 2014 en los cuales se informó que la demandante trabajó entre el 16 de
septiembre de 1975 y el 30 de marzo de 2008 y del 4 de febrero de 2002 al 31 de
diciembre de 2013, con vinculación del orden nacional. Además, indicó que la
primera solicitud de reconocimiento de la prestación fue negada en la Resolución
4116 del 21 de marzo de 2000 y mediante la Resolución 3550 del 19 de septiembre
de 2000 se resolvió el recurso de apelación que la confirmó, posteriormente la
demandante insistió y la administradora reafirmó la negativa a través del acto 10354
del 3 de marzo de 200935.
• El 22 de febrero de 2016, la Procuraduría General de la Nación certificó que Luz
Marina Cruz Díaz no registra sanciones ni inhabilidades36.
2.4.2. Análisis sustancial
De las pruebas anteriormente relacionadas, se encuentra acreditado que la
demandante nació el 11 de abril de 1949 y que ha laborado como docente entre el
24 de febrero de 1968 y el 31 de agosto de 1975 y del 12 de septiembre de 1975 al
31 de diciembre de 2013; dentro de este último lapso se realizaron dos
incorporaciones de plantas de cargos de docentes, a través de los decretos 00869
del 14 de diciembre de 2001 y 01120 del 27 de diciembre de 2004.
34 Archivo “Demanda”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
35 Archivo “Demanda”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
36
Archivo “Demanda”. 5_ED_CUADERNO15(.ZIP) NroActua 2, del índice 2 del aplicativo SAMAI.
12
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al encontrar que la vinculación de
la demandante fue de carácter nacional con fundamento en los certificados
expedidos por el FOMAG y la Secretaría de Educación de Bogotá; por tal motivo
consideró incumplido el requisito del ejercer como docente territorial o nacionalizada
por 20 años. Sin embargo, para la recurrente la vinculación territorial o nacionalizada
fue acreditada con los actos administrativos mediante los cuales fue nombrada, por
cuanto fueron suscritos por el alcalde mayor de Bogotá y por el gobernador del
departamento de Caldas.
Así las cosas, la controversia gira en torno a que la calidad de quien suscribe los
actos, esto es, autoridades del orden territorial y si esta situación le permitiría
acreditar el requisito del tiempo de servicios en plazas a las que alude la norma para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
Al respecto, la Sala encuentra que Luz Marina Cruz Díaz se desempeñó como
institutora de primaria segunda categoría en Riosucio (Caldas) del 24 de febrero de
1968 al 31 de agosto de 1975; sin embargo, a partir del 16 de septiembre de 1975
ocupó una plaza nacional como profesora de enseñanza media del Colegio
Cooperativo Vladimir Valek Moure de Bogotá, tal y como se desprende del
contenido de la Resolución 5505 del 12 de septiembre de 1975, expedida por el
ministro de educación nacional. En efecto, de su lectura se concluye lo siguiente:
i) Las decisiones contenidas en ese acto, se fundamentaron en la autorización
del gobierno nacional de establecer jornadas adicionales en los planteles
privados del país, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2854 del 26 de
diciembre de 1974, lo que impuso la necesidad de que el Ministerio de Educación
«nombrar[a] el profesorado para tales jornadas de conformidad al Decreto mencionado y al
convenio firmado por las Directivas Delegatarias de las Asociaciones de Educadores
Privados y de las Comunidades Religiosas».
ii) El Decreto 2854 de 1974 fue expedido por el presidente de la República, luego
de concertar con «las Comunidades Religiosas que dirigen instituciones educativas,
[quienes] expresaron su propósito de colaborar con el Gobierno “en todas las iniciativas
que tiendan a multiplicar las oportunidades de educación de nuestro pueblo”, y señalaron
entre otras fórmulas las siguientes: a) “La administración por parte del Gobierno de nuestros
colegios; b) La administración por parte de los padres de familia; c) La cooperativización”».
En ese acto se dispuso una segunda jornada en los planteles oficiales nacionales
de enseñanza media, y los docentes allí vinculados serían seleccionados por el
plantel y presentados por el Ministerio de Educación y sería el Estado el
encargado de «nombrarlo y pagarlo directamente, de conformidad con las normas
del escalafón y salarios vigentes».
13
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
iii) Así las cosas, el acto en el que se dispuso el nombramiento de la demandante,
fue para suplir una plaza creada para suplir esas jornadas adicionales y los salarios
de tales docentes serían pagados por el gobierno nacional. En tal sentido, Luz
Marina Cruz Díaz fue nombrada por el ministro de educación como profesora de
enseñanza media del Colegio Cooperativo Vladimir Valek Moure de Bogotá «con
asignación mensual de acuerdo a la categoría que acredite en el escalafón docente»; de
manera que la plaza ocupada era nacional.
iv) En el año 2001, la demandante fue trasladada al Instituto Nacional Los
Fundadores del municipio de Riosucio (Caldas) y en el acto de traslado se dispuso
que «[l]a asignación mensual de los docentes nombrados en los artículos anteriores serán
la correspondiente al Grado en el Escalafón Nacional Docente que acredite según las
normas salariales Nacionales vigentes aplicables al personal docente».
v) El 27 de diciembre de 2004 fue incorporada a la planta de personal docente
financiada con recursos del sistema general de participaciones, con fundamento en
el acto por el cual el Ministerio de Educación Nacional certificó al departamento de
Caldas para la prestación del servicio educativo.
Sobre el particular, la Sala advierte que los actos por los cuales el gobernador de
Caldas trasladó unos docentes e incorporó otros a la planta de personal entre los
que se encontraba el ejercido por la demandante, fueron expedidos como
consecuencia de la autorización que obtuvo el departamento para asumir la
administración del sector de la educación, dentro del modelo de descentralización
administrativa37; sin embargo, ello no implicó que la calidad de la vinculación de
estos empleados mutara de nacional a territorial, pues como ya se dijo, el artículo 1
de la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del
gobierno, como ocurre en el presente asunto38, son personal nacional.
Aunado a lo expuesto, la nominación fue una sola, esto es, la contenida en la
Resolución 5505 del 12 de septiembre de 1975, y el traslado o la incorporación no
implicaron un cambio en la naturaleza en la cual fue vinculada al sistema educativo
oficial, esto es, su calidad de docente nacional no mutó por la descentralización
territorial de la educación, prevista en la Constitución Política y regulada en la Ley
60 de 1993, así estos últimos actos fueran expedidos por la entidad territorial.
37 Como en efecto dan cuenta la Resolución del Ministerio de Educación Nacional 3500 del 12 de
agosto de 1996 mediante la cual certificó al departamento de Caldas para la prestación del servicio
educativo y el Decreto Departamental 00034 del 4 de febrero de 2004, que fungieron como
fundamento del Decreto 01120 del 27 de diciembre de 2004.
38 Esta afirmación encuentra fundamento en la Resolución 5505 del 12 de septiembre de 1975
mediante la cual el Ministro de Educación Nacional nombró a Luz Marina Cruz Días como profesora
de enseñanza media y cuya posesión fue ante esa autoridad igualmente.
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
Ahora en este punto, es necesario precisar que aunque la demandante durante un
tiempo prestó sus servicios como docente territorial39, ese resulta insuficiente para
acreditar el requisito de 20 años de labores para el reconocimiento de la pensión
gracia, comoquiera que la mayor parte de su historia laboral fue prestado en calidad
de maestra de carácter nacional por nombramiento del Ministerio de Educación
Nacional40.
En este sentido, acceder al reconocimiento de la pensión gracia en virtud de tiempos
nacionales va en contravía de la filosofía material de su creación, cuya causa fue el
nivel salarial desigual que tenían los maestros territoriales respecto de los
nacionales, desequilibrio que no se presentaba en aquellos maestros que eran
remunerados por la nación, como la demandante.
Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia apelada.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
39 Como se deduce de la certificación del 13 de abril de 2009, suscrita por la profesional especializada
del grupo de gestión administrativa de la Gobernación de Caldas, que da cuenta del ejercicio como
docente de Luz Marina Díaz Cruz en el cargo de institutora de primaria en Riosucio (Caldas) desde
el 24 de febrero de 1968 hasta el 31 de agosto de 1975, cuyo nombramiento fue mediante el Decreto
217 del 22 de abril de 1968 y posesión a través del acta del 66 del 15 de mayo de ese año.
40 Sobre el particular pueden consultarse las sentencias del 18 de septiembre de 2020, radicado
52001-23-33-000-2016-00628-01 (1645-2019), del 26 de agosto de 2021, radicado 73001-23-33-
000-2019-00125-01 (0067-2021).
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Radicado: 17001-23-33-000-2016-00953-01 (2897-2021)
Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.41
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Luz Marina Cruz Diaz no
tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia por no acreditar el requisito de
haber ejercido como docente territorial o nacionalizada durante 20 años o más.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, que negó las pretensiones de
la demanda incoada por Luz Marina Cruz Díaz contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
41En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Luz Marina Cruz Díaz
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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