Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00955-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00955-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00955-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00955-01 (5152-2022)
Demandante: Ricardo Beltrán Peña
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00955-01 (5152-2022)
Demandante: Ricardo Beltrán Peña
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: presupuestos para el reconocimiento
de la pensión gracia. Subtema 2: tiempo de servicio en Centros Auxiliares de Servicios
Docentes (CASD), adscritos al Ministerio de Educación, naturaleza de la plaza (nacional).
Subtema 3: incorporación de la planta del CADS de Manizales a la estructura orgánica
del departamento de Caldas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 1 de julio de 2022, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Ricardo Beltrán Peña, en calidad de docente, solicitó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (en adelante UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia. La UGPP
negó la prestación al considerar que su vinculación docente fue de carácter
nacional. Además, afirmó que las vinculaciones con las que pretendió acreditar el
requisito se hicieron con cargo al situado fiscal. El demandante aduce que el acto
administrativo es nulo por falsa motivación y desconocimiento de las normas en que
debía fundarse, porque los documentos aportados acreditaron debidamente los
requisitos para acceder al derecho pensional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
2.1.1. Pretensiones
1. Ricardo Beltrán Peña, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
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Demandante: Ricardo Beltrán Peña
Demandado: UGPP
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 16 de
diciembre de 2016, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones1:
(i) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 006539 del 16 de febrero de
2016 y RDP 016671 del 25 de abril de 2016, mediante las cuales la UGPP le
negó el reconocimiento de la pensión gracia.
(ii) Condenar a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia al
demandante en cuantía de $1.321.427 mensuales, con la inclusión de las
primas de navidad y de vacaciones, desde el 21 de abril de 2005, fecha en que
cumplió 20 años de servicio.
(iii) Ordenar a la UGPP que actualice las sumas de condena conforme al
artículo 187 del CPACA y se reconozcan los intereses moratorios.
(iv) Condenar a la entidad demandada al pago de las costas procesales,
conforme a lo establecido en el artículo 188 del CPACA.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) Laboró como docente de secundaria en varias instituciones educativas
del departamento de Caldas, desde el 14 de febrero de 1970 hasta el 9 de julio
de 2006;
(ii) «recuperó la calidad de docente departamental» el 10 de febrero de
1997, mediante el Decreto de nombramiento 056, expedido por el gobernador
del Departamento de Caldas;
(iii) cumplió 50 años de edad el 4 de noviembre de 1996;
(iv) solicitó el reconocimiento de la pensión gracia el 26 de noviembre de
2015, petición que fue negada por la UGPP, por medio de los actos
demandados, con el argumento de que no cumplía los requisitos legales.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El actor citó como normas violadas las siguientes: la Ley 91 de 1989, artículo
15, ordinal 2, literal A y la Ley 114 de 1913.
1 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», pág. 2.
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4. En el concepto de violación argumentó que la UGPP desconoció el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, pues no tuvo en cuenta que el actor acreditó una vinculación anterior al 31
de diciembre de 1980, que prestó el servicio por más de 20 años, que tiene más de
50 años de edad y que observó buena conducta en el ejercicio de sus funciones.
2.2. Contestación de la demanda
5. La apoderada de la UGPP propuso las excepciones de «inexistencia de la
obligación», cobro de lo no debido, buena fe y prescripción. Señaló que el
demandante no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia
porque la vinculación como docente fue de carácter nacional, financiada con
recursos del Sistema General de Participaciones2.
6. Argumentó que los actos administrativos que negaron la pensión gracia se
ajustan a la legalidad, porque el demandante no acreditó 20 años de servicio en
plazas docentes territoriales o nacionalizadas, hecho que, a su juicio, se constata
con la naturaleza de los recursos usados para el pago de los salarios que
provinieron del Sistema General de Participaciones, lo que hace improcedente el
reconocimiento del derecho.
2.3. Sentencia de primera instancia
7. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la sentencia del 1 de julio de
2022, declaró probada la excepción de «inexistencia de la obligación y cobro de lo
no debido» propuesta por la UGPP, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas al demandante3.
8. Al sustentar la decisión, afirmó que el demandante prestó el servicio docente en
plazas territoriales desde el 14 de febrero de 1970 hasta el 2 de mayo de 1982,
para un total de «11 años, 14 meses y 18 días»; y en plazas nacionales desde el 5
de mayo de 1982 hasta el 9 de julio de 2006, esto es, durante 24 años, 2 meses y
4 días, periodo que no es computable para la acreditación del tiempo de servicio
dispuesto en las normas que regían la pensión gracia.
9. Precisó, además, que la incorporación de plazas docentes a la estructura
orgánica del departamento de Caldas, dispuesta mediante el Decreto 00056 de 10
de febrero de 1997, no cambió la naturaleza de la vinculación del demandante,
porque el nombramiento dictado por el Ministerio de Educación Nacional se
mantuvo y continuó «devengando los salarios fijados por el Gobierno nacional».
10. Concluyó que el nombramiento del demandante, antes de la incorporación de las
plazas a la estructura departamental, «fue de carácter nacional», lo que impide el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 1, pág. 114.
3 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 1, pág. 200.
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2.4. Recurso de apelación
11. El demandante solicitó revocar la sentencia y en su lugar acceder a las
pretensiones, con el argumento de que «siempre fue docente de carácter
territorial», como consta en los decretos de nombramiento aportados al expediente
dictados por el gobernador de Caldas y el alcalde de Manizales. Explicó que la
secretaría de educación de la entidad territorial incurrió en error al expedir los
certificados de tiempo de servicio de los docentes vinculados a partir del 1 de enero
de 1990, al clasificar la plaza «como de carácter nacional, sin tener en cuenta los
actos administrativos de nombramiento», como sucedió en este caso, en el que la
Secretaría de Educación del municipio de Manizales clasificó la vinculación del
actor como nacional4.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
12. Esta corporación, por auto del 26 de enero de 2023, admitió el recurso de
apelación y prescindió del periodo de traslado dispuesto para la presentación de
alegaciones finales conforme al artículo 247 del CPACA, modificado por la Ley 2080
de 2021, al considerar que no procedía la práctica de pruebas en segunda
instancia5.
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que el
demandante no cumple con los requisitos legales para el reconocimiento de la
pensión gracia, especialmente el de 20 años de servicios como docente territorial,
dado que su vinculación fue de carácter nacional. En ese sentido, consideró que la
decisión de la UGPP de negar la pensión gracia se encuentra fundamentada en la
normativa y jurisprudencia aplicable y que no existe evidencia probatoria suficiente
para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados. Por lo tanto,
solicitó desestimar los argumentos del recurso de apelación y confirmar la decisión
de primera instancia en todos sus términos6.
III. CONSIDERACIONES
3.1 . Competencia
14. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso
primero del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
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Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 1, pág. 226.
5 Samai, índice 6.
6 Samai, índice 11.
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3.2 . Problema jurídico
15. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por el demandante, la Sala procede a resolver el siguiente problema:
16. ¿El tiempo de servicio prestado por Ricardo Beltrán Peña, como docente en
el departamento de Caldas, desde el 5 de mayo de 1982 hasta el 9 de julio de 2006,
es válido para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia al haber
ocupado plazas territoriales o nacionalizadas?
3.3 . Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–
17. La Ley 114 de 19137 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los
maestros de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un
tiempo no menor de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario
devengado en los dos últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si
este fuese variable, siempre que cumplieran los siguientes requisitos: (i)
desempeñar el empleo con honradez y consagración; (ii) carecer de medios de
subsistencia de acuerdo con su posición social y costumbres; (iii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
18. La Ley 116 de 19288 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 19339 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.
19. La Ley 43 de 197510 terminó con el régimen de responsabilidades
compartidas en materia educativa entre la Nación, los departamentos y los
municipios al establecer que «La educación primaria y secundaria oficiales»
constituye un servicio público a cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este
servicio ocasiona, sufragados por «los Departamentos, Intendencias, Comisarías,
el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en
los términos de la presente Ley». Sin embargo, «el nombramiento del personal en
los planteles que se nacionalizan por medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado
anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que actualmente
ejerzan dicha función».
20. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior
centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente
nacional y nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían
7 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y
reconocimiento de pensiones.
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la
nacionalización, estableció un régimen de transición que buscó amparar la
expectativa de los docentes territoriales beneficiarios de la pensión gracia inmersos
en el proceso de nacionalización que culminó el 31 de diciembre de 1980.
21. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para
proteger la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por
motivo de la nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir,
los vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería
la pensión ordinaria de jubilación.
22. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la
Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197511, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
23. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de
unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la
vinculación de los docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto
de nombramiento interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo
Regional. Lo anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía
directamente de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se
sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema
General de Participaciones. En este orden, la sentencia de unificación fijó las
siguientes reglas jurisprudenciales:
11 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
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i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
3.4 . Verificación de la naturaleza de la vinculación
24. En punto al tipo de vinculación como docente del señor Ricardo Beltrán
Peña, el Decreto 0118 de 5 de marzo de 1970, dictado por el gobernador del
12 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el
Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Demandante: Ricardo Beltrán Peña
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departamento de Caldas, acredita que fue nombrado profesor interino en el
«Instituto Dorada», a partir del 14 de febrero de ese año13.
25. El gobernador del departamento de Caldas, mediante el Decreto 0012 del 16
de enero de 1974, dispuso el traslado del demandante al Instituto Mariscal Sucre
de Manizales. Posteriormente, a la institución «Bachillerato Nocturno Colegio
Gerardo Arias Ramírez», como consta en el Decreto 101 de 10 de febrero de 1978,
dictado por la misma autoridad territorial14.
26. La certificación nro. 074, dictada por el jefe de personal del departamento de
Caldas el 6 de diciembre de 2001, demuestra que el actor fue nombrado mediante
el Decreto 0118 de 5 de marzo de 1970, como profesor del Instituto Dorada, ente
educativo en el que prestó servicio del 14 de febrero de 1970 al 31 de enero de
1974. Posteriormente, fue trasladado a Manizales en el cargo de profesor «en plaza
nueva», que ejerció desde el 1 de febrero de 1974 hasta el 31 de julio de 197715.
27. De acuerdo con la certificación expedida por el rector y la secretaria del
Colegio Gerardo Arias Ramírez, el 10 de abril de 1986, Ricardo Beltrán Peña prestó
servicio como docente en esa institución «a partir del año lectivo 1978 y hasta 1982
como profesor de tiempo completo, desempeñándose en el Área de Matemáticas y
Física»16.
28. El acta de 5 de mayo de 1982, suscrita por el Centro Auxiliar de Servicios
Docentes del Ministerio de Educación, refiere que Ricardo Beltrán Peña tomó
posesión del cargo docente para el que fue nombrado, mediante la Resolución nro.
4380 de 31 de marzo de 1982, con «carácter de tiempo completo» y efectos fiscales
a partir del 1 de abril de 198217.
29. El formato único para la expedición de «certificado de historia laboral»
expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el 28 de
octubre de 2015, informa que el demandante fue nombrado en un cargo docente
del nivel de educación básica secundaria, con un «tipo de vinculación nacional».
30. Según da cuenta el certificado citado en precedencia, el demandante fue
nombrado en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes de Manizales (Caldas),
mediante la Resolución nro. 4380 de 31 de marzo de 1982, donde prestó servicios
hasta el 8 de febrero de 2004, para un total de 7833 días.
31. Por medio de la Resolución nro. 103 de 30 de enero de 2004, fue trasladado
al «I.E. Tecnológico Superior de Caldas», institución en la que prestó servicio desde
el 9 de febrero de 200418 hasta el 9 de julio de 2006, para un total de 870 días
laborados. Durante estos periodos presentó 8 licencias voluntarias, que sumadas
arrojan un total de 391 días19.
13 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 3, pág. 4.
14 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 3, pág. 10-12.
15 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 1, pág. 30.
16 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 1, pág. 33.
17
Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 3, pág. 17.
18 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 3, pág. 18 «acta de posesión».
19 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 1, pág. 28.
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Demandante: Ricardo Beltrán Peña
Demandado: UGPP
32. Las pruebas documentales referidas demuestran que Ricardo Beltrán Peña
ejerció la docencia en entes educativos ubicados en el departamento de Caldas, en
los siguientes periodos:
Institución Cargo Acto Período Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
de inicio finalización
vinculación
Instituto Docente Decreto 0118 14/02/1970 31/01/1974 3 años, 11
Dorada de 1970 meses y 14
días
Instituto Docente Decreto 0012 01/02/1974 31/07/1977 3 años, 5
Mariscal Sucre de 1974 meses
de Manizales
Bachillerato Docente Decreto 101 de 10/02/1978 31/03/1982 4 años, 1
Nocturno 1978 mes y 20
Colegio días
Gerardo Arias
Ramírez
Centro Auxiliar Docente Resolución 01/04/1982 08/02/2004 21 años,
de Servicios 4380 de 1982 10
Docentes meses y
(CASD), 7 días
Manizales,
Ministerio de
Educación
Instituto Docente Resolución 09/02/2004 09/07/2006 2
Tecnológico 103 de 2004 años y 5
Distrital meses
Francisco José
de Caldas
33. El tiempo de servicio descrito demuestra que Ricardo Beltrán Peña estaba
vinculado a la docencia oficial desde el año de 1970, en virtud del nombramiento
suscrito por el gobernador de Caldas, por lo que es válido afirmar que fue vinculado
al servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, fecha prevista en la Ley 91
de 1989 (art. 15)20 para mantener la expectativa de obtener el reconocimiento de la
pensión gracia, «siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos».
34. Ahora, el análisis en conjunto de las pruebas incorporadas al expediente
demuestra que el actor no reunió 20 años de servicio en plazas docentes
nacionalizadas o territoriales, por cuanto la sumatoria de los periodos laborados en
virtud de nombramientos dictados por el gobernador de Caldas arroja un total de
13 años, 11 meses y 3 días. El periodo de servicio prestado en el Centro Auxiliar
de Servicios Docentes del Ministerio de Educación (CASD), durante 21 años, 10
meses y 7 días, se considera de carácter nacional, por la naturaleza de la plaza,
20 Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se
vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
(…)
2. Pensiones
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 31 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme el Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
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Demandante: Ricardo Beltrán Peña
Demandado: UGPP
por lo que no es computable para acreditar el tiempo de servicio necesario para
acceder a la pensión gracia.
35. En punto a la naturaleza de la plaza docente adscrita a los Centros Auxiliares
de Servicios Docentes (CASD), es oportuno precisar que la jurisprudencia de la
Sección ha considerado que son plazas categorizadas como nacionales, porque al
momento de su creación fueron adscritas al Ministerio de Educación Nacional
(Decreto 327 de 1979), «mientras se reglamentaba la descentralización de los
servicios educativos, proceso que se dio con la entrada en vigor de la Ley 60 de
1993». Por esta razón, el servicio docente prestado en los CASD no es computable
como tiempo válido para acceder a la pensión gracia21.
36. En el caso bajo estudio, la incorporación de la planta de personal del Centro
Auxiliar de Servicios Docentes (CASD) a la «estructura orgánica del departamento
de Caldas» consta en el Decreto 0056 del 10 de febrero de 199722 expedido por el
gobernador, en atención a la competencia prevista en la Ley 60 de 1993 para
«administrar los recursos cedidos por la Nación», proceso que la jurisprudencia de
esta Corporación ha caracterizado de la siguiente manera23:
• el docente que pertenecía a la planta del CASD tiene la condición de docente
nacional, no municipal;
• las plazas de los CASD incorporadas a la estructura orgánica departamental
mantienen la categorización como «nacionales»;
• la incorporación de la planta docente de los CADS a la estructura orgánica
del ente territorial no implica un nuevo nombramiento o designación ni
modifica el régimen salarial «que le reconocía la Nación».
37. En síntesis, el proceso de incorporación de docentes nacionales a la estructura
orgánica de los departamentos como parte del proceso de entrega de la
administración y dirección del servicio educativo a los entes territoriales para su
administración y dirección, no conllevó el cambio de la naturaleza de la vinculación
o un cambio en la categorización de la plaza, pues, como lo ha reconocido la
jurisprudencia de esta sección de manera reiterada, la nominación es una sola y
difiere de la incorporación24.
38. En este sentido, los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de
2001, al regular lo relacionado con la incorporación de las plantas a los entes
territoriales para su administración, establecen que la vinculación se mantiene «sin
solución de continuidad». Lo anterior, ha llevado a la Sala a concluir que el vínculo
se mantiene intacto, pues no se trata de un nuevo nombramiento, sino de la
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011, exp. 1628-2007;
Subsección B, sentencias del 31 de mayo de 2012, exp. 63001-23-31-000-2010-00047-01(2410-11) y del 28 de
enero de 2021, exp. 17001-23-33-000-2015-00285-01(0363-18).
22 Samai, índice 2, archivo «ED_RV_170012333000», cuaderno 1, pág. 34.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2019, exp. 66001-23-33-
000-2016-00086-01(2163-18) y del 28 de enero de 2021, exp. 17001-23-33-000-2015-00285-01(0363-18).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de
marzo de 2023, radicado: 41001-23-33-000-2019-00236-01 (1249-2021). Ver en igual sentido, Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de agosto de 2022,
radicado: 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018).
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incorporación de un cargo del orden nacional a la planta del nivel territorial.
39. Teniendo en cuenta lo anterior, los reparos presentados por el demandante
frente al cambio de naturaleza de la vinculación docente con motivo de la
descentralización de la educación no son de recibo, porque la mayor parte del
tiempo laboró en una plaza nacional por virtud del nombramiento expedido por el
Ministerio de Educación Nacional, que no cambia por motivo de la descentralización
de la educación.
3.5. Conclusión
40. De lo expuesto en precedencia, la Sala reitera que el servicio docente prestado
en los Centros Auxiliares de Servicios Docentes (CASD) no es computable como
tiempo válido para acceder a la pensión gracia, porque las plazas que integraban
la planta de personal de estos centros estaban categorizadas como nacionales al
estar adscritas al Ministerio de Educación Nacional desde su creación. En este
orden, el servicio prestado por Ricardo Beltrán Peña como docente en el CASD de
Manizales, durante más de 21 años, no es válido para acreditar el requisito de
tiempo de servicio por ser una plaza nacional que no cambió de naturaleza por
motivo de la entrega de la administración y dirección de la educación a los entes
territoriales.
4. Costas
41. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 25 de
la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que
para decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandado: UGPP
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Caldas, el 1 de julio de 2022, que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Ricardo Beltrán Peña contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, archivar el expediente.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
YOD
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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