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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00964-01

Fecha
7 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00964-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Revócase la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales; en su lugar, niéganse tales pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro 2°. Sin condena en costas. 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00964-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Demandante : Aníbal Grisales Osorio
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional y
municipio de Manizales
Tema : Reconocimiento de intereses moratorios respecto de
homologación y nivelación salarial

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el accionante
y el Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia de 9 de agosto de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 2 a 11 y 53 a 55). El señor Aníbal Grisales Osorio,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Manizales, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio SEM-UAF-2063 de 18 de
julio de 20161, a través del cual se le negó al demandante los intereses
moratorios generados con ocasión del pago tardío del retroactivo de la
homologación y la nivelación salarial, en su condición de servidor
administrativo de la secretaría de educación del referido ente territorial.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada reconocer y sufragar «[…] los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores
a su causación - 1 de Enero de 2003 al año 2011 y en adelante hasta el día en
que fue efectivo el pago total […], estos es, el mes de Mayo de 2014» (sic),
1
Aunque en la demanda se pide la nulidad de ese oficio, en el auto admisorio el a quo determinó que no fue la
respuesta formal frente a la petición del actor, por lo que ha de tenerse en cuenta que operó el silencio
administrativo negativo y, en tal sentido, se configuró el acto ficto.

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

liquidados con base en el capital neto, sin incluir el concepto de la indexación
salarial; por último, se condene en costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que el Ministerio de Educación
Nacional, por medio de Resolución 2451 de 29 de octubre de 2002, certificó al
municipio de Manizales para la administración del servicio educativo, motivo
por el cual con Decreto 11 de 20 de enero de 2004, el aludido ente estatal
incorporó la planta de cargos y personal que laboraba en el departamento de
Caldas, a partir del 1° de enero de 2003.

Que, mediante Decreto 83 de 11 de marzo de 2008, modificado con el 388 de
12 de octubre de 2012, el municipio de Manizales homologó y niveló los cargos
administrativos de la secretaría de educación financiados con recursos del
sistema general de participaciones, previa aprobación por parte de la
mencionada cartera, con oficio 2012EE50479 de 28 de agosto de 2012.

Afirma que, con Resolución 502 de 11 de abril de 2014, el Ministerio de
Educación Nacional, por intermedio de la referida secretaría de educación,
reconoció y ordenó pagar a su favor el retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial, liquidado desde el 1° de enero de 2003
hasta el 2011, sin embargo, el pago «[…] fue efectuado solo hasta el mes de
Mayo de 2014» (sic), lo que genera la obligación de sufragar intereses
moratorios, tal como lo disponen los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código
Civil (CC).

Agrega que el 24 de julio de 2015 solicitó de la secretaría de educación de
Manizales el reconocimiento de los citados intereses moratorios, reclamación
reiterada el 27 de julio y 21 de octubre de la misma anualidad y el 15 de febrero
de 2016.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto demandado los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y
350 de la Constitución Política; 1608 (numerales 1 y 2), 1617 y 1649 del CC;
177 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y 12 del Convenio 95 de
1949 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Arguye que el procedimiento de homologación «[…] se configuraba en una
tarea y un deber por parte de la Nación y sus Entes Territoriales, dentro del
proceso de descentralización efectuar previamente [a] la incorporación de los

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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

empleados a las plantas de cargos territoriales y con ello salvaguardar los
principios de equidad e igualdad en materia laboral».

Que, «[m]ediante Resolución No. 502 DE ABRIL 11 DE 2014, se ordenó el
reconocimiento y pago de un retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial a [su] favor […] desde el momento en que paso a ser parte
de la planta de la Entidad Territorial (1 de Enero de 2003), No obstante, dicha
obligación solamente fue cancelada en Mayo de 2014, situación que a todas
luces demuestra la mora en que incurrieron las entidades demanda, en el pago
de las acreencias laborales producto del proceso de descentralización
educacional […]» (sic).

1.5 Contestaciones de la demanda.

1.5.1 Municipio de Manizales (ff. 88 a 103) Por intermedio de apoderada, se
opuso a las pretensiones de la demanda y respecto de los hechos dice que
algunos son ciertos, otros no, unos parcialmente y los demás no comportan
situaciones fácticas; propuso las excepciones denominadas inexistencia de la
obligación con fundamento en la ley e inaplicabilidad de los intereses
moratorios, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad de la acción,
prescripción extintiva del derecho e ineptitud de la demanda

Asevera que no es «[…] responsable del reconocimiento y pago de los intereses
reclamados por el demandante» y «[…] teniendo en cuenta la naturaleza
jurídica que da origen al derecho de homologación y nivelación salarial de la
demandante, es claro que la obligación en el […] contenida no es de tracto
sucesivo, no es un canon, ni una renta, ni una pensión periódica, por lo cual
no causa los intereses de mora a los que se refieren los artículos 1608, 1617,
1649 del Código Civil […]» (sic).

1.5.2 Nación – Ministerio de Educación Nacional (ff. 116 a 134). La cartera
demandada, mediante apoderado, se opuso a las súplicas del medio de control
y expresó que si bien impartió directrices a las entidades territoriales para el
procedimiento de homologación, se generó en cabeza de los municipios la
obligación de ajustar sus plantas, previa nivelación salarial. De igual forma,
planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
prescripción e ineptitud de la demanda.

1.6 La providencia apelada (ff. 156 a 166 vuelto). El Tribunal Administrativo

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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

de Caldas, mediante sentencia de 9 de agosto de 2018, accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda (con condena en costas), al estimar que «[…] al
haberse demostrado que a la parte demandante le fueron indexadas las sumas
reconocidas a título de nivelación salarial por el período comprendido entre el
1° de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2011, es totalmente improcedente
ordenar el reconocimiento de intereses moratorios sobre valores ya indexados,
dada la incompatibilidad que existe entre estos dos conceptos». Sin embargo,
sostiene que como el pago reconocido por Resolución 502 de 11 de abril de
2014 se realizó en mayo siguiente, procede la actualización desde la firmeza de
ese acto administrativo hasta el día anterior al pago, en virtud de las facultades
extra y ultra petita en materia laboral. Por último, declaró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva, decretó la nulidad del acto
acusado y dispuso que la Nación – Ministerio de Educación Nacional debía
cumplir la orden impartida.

1.7 Los recursos de apelación.

1.7.1 Parte accionante (ff. 168 a 177). Inconforme con el anterior fallo, el
demandante interpuso recurso de apelación, puesto que «[l]a jurisprudencia
Colombiana ha indicado que cuando se trata de intereses puros, estos [n]o
riñen con la indexación, situación que cambia con los intereses corrientes, los
cuales llevan ínsito no solo el componente sancionatorio, sino también
inflacionario […] es por esto que […] se solicita se liquide el interés bancario
corriente sobre el capital neto sin indexación, y así mismo que se descuente lo
recibido por este concepto» (sic). Agrega que «[…] la condena que realmente
resarciría los perjuicios causados por el paso del tiempo, sería los intereses de
mora […]» (sic).

1.7.2 Nación – Ministerio de Educación Nacional (ff. 178 a 189). Este ente,
por intermedio de su apoderado, formula recurso de apelación, toda vez que (i)
no hubo una dilación injustificada del correspondiente pago, pues desde la fecha
de la resolución que lo reconoció trascurrió un tiempo prudente; y (ii) se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

II. TRÁMITE PROCESAL

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 13 de
septiembre de 2018 (f. 196) y admitidos por esta Corporación a través de auto
de 4 de marzo de 2020 (f. 200), en el que se dispuso la notificación personal al

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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 211), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por los
recurrentes2.

2.1.1 Parte demandante. La actora insistió en lo expuesto en el recurso de
apelación y agregó que «[…] a diferencia de lo sustentado por el A quo, los
intereses moratorios solicitados s[í] proceden en el presente caso, y deben
liquidarse sobre el capital neto sin incluir la indexación y descontando la
misma, dado que, al no solicitarse el pago de intereses puros, si no corrientes,
estos satisfacen tanto el componente sancionatorio o indemnizatorio, como el
inflacionario, necesario para cubrir perfectamente la devaluación de la
moneda y resarcir los perjuicios económicos causados» (sic).

2.1.2 Nación – Ministerio de Educación Nacional. La cartera demandada, por
medio de apoderado, reiteró lo dicho en la alzada y expresó que no pasó «[…]
más de un mes entre el reconocimiento y el pago efectivo a su beneficiario,
siendo así, inexistente la pérdida de poder adquisitivo del dinero reconocido en
perjuicio del interesado, y por tal, no habría lugar a reconocer suma alguna
como se hizo en primera instancia» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problemas jurídicos. Corresponde en esta oportunidad a la Sala3
determinar si (i) al demandante le asiste derecho al reconocimiento de intereses
moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la
homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
adscrito al sector educativo del municipio de Manizales; (ii) es procedente la
indexación ordenada por el a quo, como decisión extra petita; y, en caso de ser
afirmativa alguna de las mencionadas hipótesis, (iii) si la Nación – Ministerio

2
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
5

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

de Educación Nacional carece de legitimación en la causa por pasiva o, por el
contrario, es la que debe dar cumplimiento a la orden impartida en este proceso.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Por medio de Resolución 502 de 11 de abril de 2014 (ff. 18 a 20), la secretaría
de educación de Manizales reconoció y liquidó el pago a favor del actor, por
concepto de «Ajuste de Homologación y Nivelación Salarial», que se generó
del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011, por la suma de $63.707.669.

b) Constancia expedida por la aludida dependencia el 30 de octubre de 2014 (f.
21), de acuerdo con la cual el accionante recibió el pago, en mayo de 2014, «por
concepto de retroactivo de AJUSTE A LA HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN
SALARIAL correspondiente al período 2003-2011, como funcionario (a)
administrativo […], pagado con recursos del Sistema General de
Participaciones […]», dispuesto así en el acto administrativo referido en la letra
anterior.

c) El 27 de julio de 2015 el demandante pide de la secretaría de educación de
Manizales el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados entre
el 1° de enero de 2003 y el 2011, por cuenta de la cancelación tardía de la
nivelación salarial (ff. 22 a 24); reclamación reiterada el 16 de diciembre del
mismo año (f. 26).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor hizo parte
del personal administrativo del servicio educativo oficial que, como
consecuencia de la descentralización de este, fue homologado y nivelado
salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Manizales;
(ii) con Resolución 502 de 11 de abril de 2014, tal ente territorial reconoció al
accionante el retroactivo resultante de la nivelación salarial por el período
comprendido entre 2003 y 2011, cuya suma fue indexada; (iii) el respectivo
valor fue cancelado en mayo de 2014; y (iv) el demandante solicitó el
reconocimiento y pago de intereses moratorios, lo que le fue negado por el acto
acusado.

Al respecto, cabe precisar que la homologación y nivelación salarial para el
personal administrativo de la secretaría de educación de Manizales se dio como
resultado de la descentralización del servicio educativo ordenada por las Leyes
6

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
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Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

60 de 19934 y 715 de 20015. En este sentido, la sala de consulta y servicio civil
de esta Corporación, en concepto 1607 de 9 de diciembre de 20046, expresó:
«Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de
descentralización del servicio educativo, previa la homologación de los cargos
previstos en las plantas de personal nacional y departamentales en lo
relacionado con la clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y
remuneración, etc. de los empleos, incorporan en iguales o equivalentes
condiciones el personal administrativo que reciban en virtud de la
certificación».

Con fundamento en dicha consulta, el Ministerio de Educación Nacional
mediante la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución 2171
de 17 de mayo de 20067, fijó el procedimiento que debían seguir las entidades
territoriales para la homologación de la planta de personal administrativo,
adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema general de
participaciones.

Por medio de oficio 2007EE6185 de 21 de diciembre de 2007, la referida cartera
aprobó el estudio técnico de homologación y nivelación salarial efectuado por
el municipio de Manizales. Luego, el referido ente estatal presentó al Ministerio
de Educación Nacional propuesta de modificación del aludido estudio,
autorizada con oficio 2012EE50479 de 28 de agosto de 2012, en el cual se
ordenó al ente territorial adelantar los trámites respectivos para hacer efectiva
la homologación de los cargos de la planta de personal administrativo.

Así las cosas, el municipio de Manizales dictó el Decreto 388 de 12 de octubre
de 2012, que modificó el 83 de 11 de marzo de 2008, en el que se homologan y
nivelan salarialmente los cargos administrativos de la secretaría de educación
de Manizales, financiados con recursos del sistema general de participaciones
y la unidad de presupuesto de la secretaría de hacienda de tal ente territorial
expidió certificado de disponibilidad presupuestal 75 de 22 de abril de 2013,
para sufragar el procedimiento, por la suma de $27.876.073.901.

4
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
5
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
6
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, actor: Ministro
de Educación Nacional, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
7
«Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las entidades
territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
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otro

Posteriormente, la secretaría de educación de Manizales, a través de Resolución
502 de 11 de abril de 2014, reconoció al accionante el retroactivo indexado,
causado entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011, por un monto
«neto» de $63.707.669, pagado en el mes de mayo de 2014.

Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos al actor el
11 de abril de 2014 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó
en mayo del mismo año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse
que esa «tardanza» implica que se generen intereses de alguna naturaleza,
máxime cuando en ninguno de los actos administrativos mencionados se señaló
plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el simple retardo o
incumplimiento de él, y no existe previsión legal al respecto.

Sobre el particular, esta subsección, en providencia de 25 de abril de 20198, al
analizar un caso análogo al que ahora nos ocupa, precisó:

Siendo este el contexto fáctico y jurídico en el que se dio la nivelación
salarial del actor, se señala que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre la procedencia del pago de intereses moratorios
presuntamente causados en razón de la nivelación salarial que se efectuó
en el proceso de homologación de los cargos del sector educativo que
dependían de la Nación y pasaron a las entidades territoriales, en
desarrollo del proceso de descentralización del referido sector ordenado
por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia del 28 de septiembre de
2017 se partió de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento
de la nivelación salarial respecto del pago efectivo, indicando que
“trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconoció el
derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo,
prudente y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites
económicos y administrativos para culminar el proceso homologación y
nivelación salarial”9.

En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se señaló
que no es procedente acceder al pago de los intereses moratorios respecto
del pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de
derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago, así:

“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses
moratorios en el presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza
eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan
castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo

8
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente 66001-
23-33-000-2016-00471-01(1731-18), C.P. César Palomino Cortés.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado
73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).
8

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el
retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo
consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los
intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses
moratorios deben estar consagrados en una norma que los autorice
expresamente, es decir, que faculte el cobro de los mismos para los
casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho,
supuestos, que no se evidencian en el presente asunto”10.

Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018,
se reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el
contenido de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no
se incluyó nada sobre el particular y además no existe una norma que
autorice dicho reconocimiento11.

Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante, empleado
administrativo al servicio de la educación oficial, que por cuenta de la
descentralización de ese sector fue homologado y nivelado salarialmente en la
planta de personal de la secretaría de educación de Manizales, no puede reclamar
intereses moratorios por el pago tardío a su favor de los dineros por concepto del
correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que se hizo exigible el 11 de
abril de 2014 (cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los
valores causados entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011),
fue pagada en mayo siguiente, plazo que no resulta irracional o caprichoso
dados los trámites administrativos que deben surtirse, cuanto más si dicha
sanción económica no quedó plasmada dentro del referido trámite o en alguna
disposición legal.

Ahora bien, pese a que el demandante fue incorporado a la planta de la secretaría
de educación de Manizales a partir de 2003 y tenía derecho a que le sufragaran
los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos en forma correcta desde
esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar la pérdida del poder
adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al mandato
constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes
sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago de intereses
moratorios.

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de
diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino
Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
9

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

Por otra parte, respecto de la inconformidad de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional frente a la decisión extra petita adoptada por el a quo,
referente a la indexación del retroactivo resultante del procedimiento de
homologación salarial, que se causó desde la ejecutoria de la Resolución 502 de
11 de abril de 2014 hasta el pago (mayo siguiente), cabe anotar que el Tribunal
de instancia desconoció el principio de congruencia, habida cuenta de que
decidió sobre un asunto que no fue pretendido con el medio de control
presentado y frente al cual la parte demandada no ejerció su derecho de
contradicción y defensa.

Al respecto, el artículo 187 del CPACA prevé que «[l]a sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen»; por ende, para decidir un asunto el juzgador debe basarse en lo
expuesto en la demanda, su contestación y las pruebas allegadas al proceso.

En lo atañedero a la presunta facultad que se atribuye el a quo, para decidir extra
petita, la Corte Constitucional, en fallo T-873 de 16 de agosto de 200112, indicó
que «[a]l contrario de los procesos laborales a los cuales asimila el demandante
su asunto, el ejercicio de la función judicial en materia contencioso
administrativa13, la competencia del juez al momento de fallar no le permite
decidir ultra petita o extra petita, porque la resolución judicial que se extienda
más allá de lo pedido o que se tome fuera del petitum de la demanda, a más de
resultar violatoria del derecho de defensa de la contraparte sería contraria a la
estructura misma del proceso que en esta materia se guía por el principio de
que la materia del litigio se define por las partes y, estas al hacerlo, delimitan
la competencia del juzgador».

En similar sentido, se pronunció esta Corporación el 20 de mayo de 201014, al
sostener que «[l]a sentencia proferida por el juez de lo contencioso
administrativo, a su turno, debe ser motivada y resolver todos los puntos objeto
de controversia formulados por las partes demandante y demandada dentro de
la oportunidad procesal respectiva. En este sentido, a la luz de lo establecido

12
Corte Constitucional, sentencia T-873 de 2001, M. P. Jaime Araujo Rentería.
13
Acerca del proceso contencioso administrativo Cfr. BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho procesal
administrativo, Cuarta ed. 4a. reimpresión. Señal Editora. Medellin : 1998, pags. 196 y ss.
14
Consejo de Estado, sección segunda, expediente: 25000-23-25-000-2002-12297-01 (3712-2004), C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
10

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

en el artículo 170 del C.C.A.15 [hoy 18716 del CPACA], debe concluirse que la
sentencia proferida por el juez de lo contencioso administrativo no puede ser
infra, extra o ultra petita, sino, en virtud de la naturaleza predominantemente
rogada de la jurisdicción, sujetarse a todos y cada uno de los aspectos
sometidos a su decisión».

Derrotero reiterado por esta sala el 17 de octubre de 201717, al precisar que «[…]
el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos,
pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá
proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue
solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido
(ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las
pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las
razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, por ello, el principio
de congruencia de la sentencia garantiza el oportuno uso del derecho de
defensa por las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las
herramientas establecidas en la ley para tal propósito».

En ese orden de ideas, conforme a lo anterior, resultaría contrario a la naturaleza
de esta jurisdicción admitir la aplicación de las facultades ultra y extra petita,
que invocó el Tribunal de instancia, como sí opera en la jurisdicción ordinaria
laboral18, dado que ello vulneraría el principio de justicia rogada, el cual impone
la carga a la persona que acude al aparato jurisdiccional de solicitar en la
demanda, de manera específica, lo que se quiere; así como el de congruencia,
que consiste en la obligación que tiene la autoridad judicial de decidir de
acuerdo con lo pedido y probado; por lo tanto, deberá revocarse el fallo apelado,
al constatarse que lo pretendido por el actor era el pago de los intereses
moratorios, en los términos analizados en precedencia, y no la indexación
dispuesta por el a quo.

15
«La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas,
las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas
las peticiones […]».
16
«La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen».
17
Consejo de Estado, sección segunda, expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 (3605-14).
18
Las facultades ultra y extra petita de las que se reviste a un juez ordinario laboral están consagradas en el
artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al prever que «[e]l Juez de primera
instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando
los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al
pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores
a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas».
11

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda; en su lugar, se negarán.

Por último, respecto de la condena en costas, esta Sala estima que no es dable
aplicar de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del Código General
del Proceso (CGP), por remisión expresa del 188 del CPACA, a la parte
vencida, pues debe estudiarse aspectos como la temeridad o mala fe en la que
esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que
la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal
condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de
diciembre de 201619, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan

19
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
12

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se
impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Revócase la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
en el proceso instaurado por el señor Aníbal Grisales Osorio contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales; en su lugar,
niéganse tales pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
13

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00964-01 (5864-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aníbal Grisales Osorio contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro

2°. Sin condena en costas.

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

14

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