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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00010-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00010-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero. Revocar el ordinal Segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 10 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda presentada por el señor Juan Pablo Botero Cardona y otros contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Manizales, por los motivos manifestados en las consideraciones de este fallo. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. 32 Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019) Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00010-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00010-01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Manizales

Temas: Intereses moratorios o legales por homologación y nivelación
salarial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por los demandantes y la
entidad demandada1, contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2019, por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión por medio de la cual negó las
pretensiones originales de la demanda, y reconoció por «razones de equidad y de
justicia» un periodo de indexación.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

1
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Mary Luz Botero Hernández, Yenny Alexandra, Juan
Pablo y Jully Paulina Botero Cardona, Sandra Botero Carmona y Paula Marcela y
Jonathan Felipe Botero Trujillo, en calidad de hijos y Luz Stella Trujillo Serna
compañera supérstite y representante de Stefany Botero Trujillo hija del causante,
Rigoberto de Jesús Botero Granados Q.E.P.D., formularon demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad
del Oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016, expedido por la Secretaría de
Educación del municipio de Manizales, mediante el cual se negó el reconocimiento
y pago de los intereses de mora por el pago tardío del retroactivo que surgió a causa
de la nivelación y homologación salarial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitaron: i) condenar al Ministerio de Educación Nacional, municipio de Manizales,
Secretaría de Educación departamental, a reconocer y pagar los intereses
moratorios por el desembolso tardío de la homologación y nivelación salarial, los
cuales deben ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente, por períodos de
treinta días, una vez ocurrido el incumplimiento; ii) liquidar y pagar los intereses
reclamados, con base en el capital neto cancelado, sin incluir el valor que se
reconoció por concepto de indexación salarial; iii) ordenar el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; iv) disponer el pago de los
intereses moratorios en los términos ordenados por el artículo 192 ibidem; v)
condenar en costas a la entidad demandada, en caso de que presente oposición a
las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló los siguientes:

i) El señor Rigoberto de Jesús Botero Granados Q.E.P.D., prestó sus servicios en la
Secretaría de Educación del municipio de Manizales, en calidad de personal

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

administrativo.

ii) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 2451 del 29 de octubre
de 2002, con miras a dar cumplimiento a la Ley 715 de 2001, en el sentido de
certificar al municipio de Manizales para la administración del servicio educativo.

iii) Producto de lo anterior, a través del Decreto 011 del 20 de enero de 2004, el
municipio de Manizales adoptó la planta de cargos y personal que prestaba sus
servicios para el departamento de Caldas, con cargo al Sistema General de
Participaciones.

iv) La incorporación anterior se hizo sin que previamente se hubiera homologado y
nivelado salarialmente los cargos y, con ello, se generó una situación de
desigualdad para los servidores pagados con recursos del Sistema General de
Participaciones, respecto de aquellos pertenecientes a la planta central del
municipio, pese a la igualdad de funciones y responsabilidades.

v) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607
del 9 de diciembre de 2004 indicó que las entidades territoriales debían realizar la
nivelación salarial y aseguró que la diferencia del mayor valor debía ser asumida
por la Nación.

vi) En el año 2008, la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Educación, efectuó el
estudio técnico con el propósito de homologar y nivelar los cargos, el cual se aprobó
por la directora de descentralización del Ministerio de Educación Nacional, a través
del Oficio 2007EE6185 del 21 de diciembre de 2007.

vii) Como consecuencia de lo anterior, el municipio expidió el Decreto 083 del 11 de
marzo de 2008, por medio del cual se produjo la homologación y nivelación de los
cargos administrativos de la Secretaría de Educación, financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones.

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

viii) En atención a la Directiva Ministerial 10 de 2005 y a la Resolución 2171 del 17
de mayo de 2006, emanada del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de
Educación radicó una propuesta de ajuste a la homologación y nivelación salarial,
la cual fue aprobada a través del Oficio 2012EE50479 del 28 de agosto de 2012.

ix) En el oficio anterior se definió que el Ministerio debía adelantar los trámites para
hacer efectiva la homologación de cargos y realizar la posesión sin solución de
continuidad a favor de las personas beneficiarias de ese proceso; también se definió
que la autoridad territorial no contaba con excedentes del Sistema General de
Participaciones para pagar el costo de los retroactivos por nivelación salarial, de
modo que la Nación asumiría tal responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 148 de la Ley 1450 de 2011.

x) A través del Decreto 0388 del 12 de octubre de 2012 el municipio modificó la
homologación y nivelación salarial aprobada, inicialmente, a través del Decreto 083
de 2008, para lo cual tuvo como parámetro los salarios del departamento de Caldas
con corte a 31 de diciembre de 2002 y aplicando los incrementos salariales entre
2003 y 2012.

xi) Mediante la Resolución 684 del 11 de abril de 2014 el Ministerio de Educación
Nacional pagó, a favor del causante, el retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial y, en él, precisó las fechas en que se constituyó la obligación,
esto es, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011; por ende, la
obligación de pagar tal homologación inició el 1 de enero de 2003. El pago solo se
efectuó en el mes de mayo de 2014.

xii) Ahora bien, en atención a la fecha de ingreso, retiro y/o prescripción, el período
a cancelar varía entre los diferentes beneficiarios de tal homologación y, en el caso
concreto del señor Botero Granados Q.E.P.D., comprende desde el 1 de enero de
2003 hasta el año 2011, según certificado expedido por la Secretaría de Educación.

xiii) Con base en lo expuesto, desde el momento en que se produjo el traslado a la

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Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

planta de cargos de la entidad territorial, el causante debió recibir la diferencia
salarial correspondiente; sin embargo, como se expuso, esta tan solo se canceló en
el mes de mayo de 2014; por ende, el pago tardío del retroactivo por homologación
generó intereses moratorios, tal como lo establecen los artículos 1608, 1617 y 1649
del Código Civil y normas concordantes.

xiv) El 24 de julio de 2015, el señor Botero Granados Q.E.P.D. formuló, ante la
Secretaría de Educación del municipio, una solicitud orientada a que se
reconocieran los intereses moratorios causados por la tardanza en el pago del
retroactivo por homologación y nivelación salarial y, con ello, interrumpió el
fenómeno prescriptivo.

xv) Los días subsiguientes el apoderado de la parte actora radicó solicitud de una
multiplicidad de servidores que estaban en igual situación y pretendían idéntico
reconocimiento.

xvi) A través de Oficio SE-UAF.2040 del 31 de julio de 2015 la Secretaría de
Educación comunicó que debido a la magnitud de solicitudes en tal sentido,
realizaría una consulta ante el Ministerio de Educación Nacional con el fin de decidir
acerca de la viabilidad o no, de lo pretendido.

xvii) Pese a lo anterior, y producto de una solicitud en tal sentido que se realizó en
forma posterior a lo expuesto, la entidad se pronunció desfavorablemente a la
solicitud y así lo hizo frente a la mayoría de radicados y, en algunos de ellos, se
refirió a la comunicación 2015-EE-137289 del Ministerio de Educación Nacional en
la que emitió concepto no favorable para el pago de intereses moratorios.

xviii) La respuesta a la solicitud formulada por el causante, finalmente, fue emitida
a través del Oficio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, en el cual se negó lo
pretendido y ese acto quedó en firme el día de su notificación, comoquiera que en
él no se informó sobre la procedencia de recursos.

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209, 350 de la
Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil y 177 del
Código Contencioso Administrativo.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de los demandantes expuso
los siguientes argumentos:

i) La homologación es un procedimiento mediante el cual se comparan las funciones
y requisitos de un empleo existente en una planta de personal, para encontrar su
empleo equivalente en la planta receptora, en este caso, como resultado de la
descentralización del servicio de educación.

ii) La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno
al empleo de la demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los
intereses moratorios reclamados violó la ley, en la medida en que pretendió
equiparar los intereses a la indexación cuando ambos provienen de una fuente
distinta.

iii) En el caso bajo análisis se debe tener en cuenta el principio general del derecho
según el cual lo accesorio corre la suerte de lo principal, de modo que si el derecho
al retroactivo por homologación y nivelación salarial se hubiera extinguido, igual
hubiera ocurrido respecto de la obligación accesoria de pagar los intereses
moratorios derivados de la tardanza por parte del Estado; por lo tanto, es viable
reclamar tales intereses dentro de los tres años siguientes al pago tardío de la
homologación salarial pues fue el momento en que se conoció que no se habían
ordenado.

iv) Las entidades, dentro de los estudios técnicos, no proyectaron el pago de
intereses como resultado de la aprobación del pago tardío de la homologación; por
lo tanto, la controversia al respecto debe someterse a instancias judiciales como la

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

de la referencia.

v) El reclamo de los intereses moratorios obedece a que la administración canceló
las sumas resultantes de la homologación y nivelación salarias varios años después
de haberse causado y en la certificación en que consta su pago no se refleja pago
alguno por concepto de intereses.

vi) El artículo 53 de la Constitución Política establece, como principio fundamental,
la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos de los trabajadores; por lo tanto, la
administración no puede desconocerlos o desmejorarlos a su antojo, en perjuicio
del trabajador y, para el caso concreto, ese incumplimiento se evidencia en la
omisión de reconocer los intereses reclamados.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El municipio de Manizales2

El ente territorial demandado, por conducto de apoderado, contestó la demanda y
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque cuando se produjo la
homologación y nivelación salarial, todo el proceso se realizó en estricto
acatamiento y observancia de los criterios e instrucciones definidos por el Ministerio
de Educación Nacional y la fiduciaria que realizó el desembolso de los conceptos
que resultaron de ello. Además, precisó las circunstancias que rodearon tal
actuación administrativa, en los términos que se procede a transcribir:

[…] en el 2012 lo que se efectuó fue un ajuste al proceso de homologación del 2008,
en virtud del ejercicio que el Departamento de Caldas realizó al modificar el estudio
técnico de homologación y nivelación salarial de su planta de cargos ADMINISTRATIVOS
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP-, la cual fue
APROBADA por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en el 2009 y que fue adoptada
mediante decreto departamental 0337 del 02 de diciembre de 2010. Con fundamento
en lo anterior y mediante oficio 2012EE12353 del 17 de marzo de 2011, el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL le informa a la Secretaría de Educación de Manizales que la
homologación y nivelación que se llevó a cabo por el Departamento de Caldas “puede
afectar algunos de los funcionarios que en virtud de los procesos de descentralización

2
Folios 96 a 114.

7

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

recibió el municipio”. Agregando que el municipio deberá presentar ante el Ministerio
para su análisis, el estudio técnico en el que se incluya única y exclusivamente la
información del personal administrativo cuya situación se modificó con el ejercicio
adelantado por el Departamento, para establecer la viabilidad de un (sic) eventual
modificación e incluir, de ser necesario, el diferencial de salarios en el cálculo de
recursos complementarios.

[…] Como se dijo en el hecho 9º, el proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo recibido por el Municipio de Manizales del Departamento de
Caldas, como consecuencia de la Certificación a la entidad territorial del orden
Municipal para administrar dentro de su jurisdicción la prestación del servicio público
educativo, se efectuó en el 2008. Por lo tanto se reitera que el AJUSTE efectuado en
el 2012 a dicha homologación, tuvo origen en un AJUSTE efectuado por la
GOBERNACIÓN DE CALDAS a su personal administrativo, que en virtud de lo considerado
por el Ministerio de Educación Nacional, afectó a los servidores sujetos de la
homologación en el año 2008.

[…]
La Homologación de cargos y nivelación salarial se produjo debidamente en el 2007-
2008. El ajuste a dicha homologación en virtud del ejercicio realizado por el
Departamento de Caldas se efectuó en el 2012. Todas y cada una de esas sumas
fueron liquidadas con la debida indexación, así que no es cierto que se haya
generado el pago de intereses moratorios establecido en los artículos 1608, 1217
y 1649 del Código Civil, toda vez que no estamos frente a rentas, cánones, ni
pensiones.

Finalmente, el demandante deberá probar que el proceso de homologación de cargos
y nivelación salarial conforme al marco jurídico vigente, tiene en virtud del marco
jurídico vigente, un plazo determinado para realizarse y que permita determinar si el
mismo fue o no cancelado tardíamente; y en todo caso lo que sí está probado, es que
las sumas adeudadas en virtud de este proceso fueron debidamente liquidadas con
la indexación correspondiente.

Por último, el apoderado de la entidad propuso las excepciones de inexistencia de
la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, prescripción
e ineptitud de la demanda.

1.2.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional

La entidad accionada, por intermedio de apoderado, contestó la demanda de forma
extemporánea.3

3
Folio 85.

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión mediante sentencia proferida
el 10 de mayo de 2019,4 negó las pretensiones originales de la demanda, no
condenó en costas de primera instancia y reconoció por «razones de equidad y de
justicia» un periodo de indexación, con base en los siguientes argumentos:

i) Producto del proceso de descentralización de la educación, los cargos al servicio
de la educación que estaban adscritos a la Nación, debieron ser asumidos por las
entidades territoriales, las cuales empezaron a responder por la educación pública.
Como consecuencia de ello, los departamentos y municipios debían asumir esos
cargos, para lo cual se debían ajustar a las plantas propias, proceso denominado
homologación; ahora bien, a raíz de lo anterior se debían realizar los ajustes
salariales y prestacionales, lo que derivó en el reconocimiento de las diferencias
que surgieran de tal proceso.

ii) En lo que respecta a los intereses moratorios, estos son incompatibles con la
indexación y no son acumulables; por lo tanto, como se demostró que a la parte
demandante se le reconoció la indexación de las sumas concedidas a título de
nivelación salarial, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31
de diciembre de 2011, es improcedente reconocer los intereses moratorios que
reclama.

iii) Al revisar, en detalle, la situación planteada, se hace evidente que el
reconocimiento de los valores causados por homologación y nivelación salarial se
produjo mediante Resolución 684 del 11 de abril de 2014 y, en ella, no solo se
ordenó el pago de capital correspondiente, sino de la indexación por el período del
1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011. Como el señor Botero Granados
Q.E.P.D. no planteó reparo alguno en torno al valor liquidado, incluso, con corte a la

expedición de dicha resolución, se debe entender que convino con lo que en ella se
decidió.

4
Folios 221 a 232.

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

iv) No obstante lo anterior, como la parte demandada no reconoció la indexación de
los valores por el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2012 y el 30 de abril
de 2014 y el retroactivo perdió poder adquisitivo, resulta dable reconocerla.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. El señor Juan Pablo Botero Cardona y otros., actuando por conducto de
apoderado, interpusieron recurso de apelación,5 tendiente al reconocimiento y pago
de intereses moratorios, con ocasión del pago tardío de la homologación y
nivelación salarial que sustentó así:

i) La ley ordena taxativamente que la mora es la sanción que se ha de pagar por no
cancelar oportunamente una obligación, mientras que la indexación se refiere a la
actualización de la deuda a valores reales y actuales, producto de la pérdida del
valor adquisitivo de la moneda.

ii) Cuando se trata de asuntos de contenido pecuniario, se espera el completo y
cabal cumplimiento de la obligación, sin importar que se trate de personas de
derecho público o derecho privado, lo que ocurre en el caso bajo análisis, en el cual
el empleado debió recibir, desde el inicio, sus salarios y prestaciones debidamente
niveladas; por lo tanto, la administración debe ser condenada al pago de los
intereses que se pretenden, porque estos resultan de la cancelación tardía de sus
acreencias laborales.

iii) En el asunto bajo estudio, la manera en que se deben resarcir los perjuicios
causados al demandante, como resultado del pago tardío de las diferencias que
surgieron del proceso de homologación y nivelación salarial, es pagando los
intereses moratorios pretendidos; por ello, en virtud del principio de favorabilidad,
se debe preferir el pago de estos y no de la indexación, pues aquellos resultan más
benéficos que esta.

5
Folios 250 a 280.

10

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

1.4.2. El apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, actuando
por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, 6 que sustentó así:

i) En el presente caso el excedente no resulta de demoras en el proceso de
homologación e incorporación del personal administrativo, toda vez que el mismo
se desarrolló a cabalidad y entera satisfacción, pues en realidad esta mora se
desencadenó por cuenta del pago tardío por parte del Departamento de Caldas,
razón que considera suficiente para que se declare una falta de legitimación en la
causa por parte de la cartera ministerial a la que representa.

ii) Es claro que la entidad no es el titular de la obligación objeto de la presente
demanda, en razón a que no tuvo injerencia en los trámites administrativos
efectuados para el reconocimiento y pago de las obligaciones reclamadas por la
accionante, y mucho menos en las posteriores reclamaciones.

iii) Finalmente solicitó que se exonere al Ministerio de Educación Nacional del pago
de la indexación monetaria por la tardanza en la cancelación del retroactivo por
parte del Departamento de Caldas, aunado al hecho que esta no fue una pretensión
expuesta en el escrito de la demanda, razón por la cual no debe tenerse en cuenta
y, en consecuencia, revocar la decisión inicial en tal sentido.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante7

La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.

6
Folios 239 a 249.
7
Índice 20 de Samai.

11

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

1.5.2. Parte demandada8

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de su apoderado,
descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y en el recurso de alzada.

1.6. El Ministerio Público

Guardó silencio.
2. Consideraciones

2.1. Asunto previo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3289 de Código General del Proceso,
cuando se trata de apelante único, el juez de segunda instancia se debe pronunciar
sobre los asuntos materia de reproche invocados por los recurrentes; No obstante,
en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin
limitaciones.

En el presente caso, la parte demandante y la Nación- Ministerio de Educación
Nacional presentaron recurso de apelación, por lo que se resolverá sin limitación.

2.2. El problema jurídico

8
Índice 19 de Samai.
9
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

Se circunscribe a establecer si el causante tiene o no derecho a i) el reconocimiento
y pago de los intereses comerciales y/o moratorios respecto de las sumas otorgadas
por concepto de retroactivo, producto de la homologación y nivelación salarial y ii)
si procede la indexación de valores entre el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2012 y el 30 de abril de 2014 tal y como fueron reconocidos por el a quo por
razones de equidad y justicia. En caso de que el anterior problema jurídico se
resuelva favorablemente, se procederá a estudiar la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional.

2.3. Marco normativo

2.3.1. En torno a la homologación y nivelación salarial

A través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «nacionaliza[r] la educación
primaria y secundaria que oficialmente v[enían] prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».

Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo 356,
se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados por la
Nación y las entidades territoriales; de igual manera, debía determinar el situado
fiscal, que comprendía «el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que
ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los
municipios, de los servicios que se les asignen».

En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal
se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
y la salud, en los niveles que la ley señale.

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

Producto de tal previsión constitucional, se expidió la Ley 60 de 1993 10, en la que
se dispuso la descentralización del sector educativo11 y, de ese modo, empezó la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación de ese servicio. En el parágrafo12 del artículo 15 ibidem, se determinó
que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos,
municipios y distritos; de igual manera, a través de los diferentes artículos de esa
normativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos,
a las entidades del orden territorial.

Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un proceso
de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o
nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el
régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían incorporados,
como a los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido en la Ley 91 de
198913.

Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada ley general de la
educación, en cuyo artículo 147 se determinó que la Nación y las entidades
territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el legislador.
Además, en su artículo 148 se fijaron las competencias de la Nación, de manera
específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección y

10
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
11
En el artículo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese
servicio.
12
El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los
servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la
presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los
derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a
la fecha de publicación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que
asuman las entidades territoriales».
13
Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: «El
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».

14

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

vigilancia, y administración. En lo que respecta a la financiación de la educación
estatal, se consagró que se produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte
de los departamentos, los distritos y los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 60 de 1993, lo que se consideraban un gasto público social 14.

A través del Acto Legislativo 1 de 2001, en su artículo 2, en reemplazo del
denominado situado fiscal, se creó el Sistema General de Participaciones, con el
propósito de «atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los
distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su
prestación» y, en relación con los recursos que se destinarían para los
departamentos, distritos y municipios, se señaló que se daría prioridad a aquellos
relacionados con la salud y la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
entre otros, de modo que se garantizara la prestación y la ampliación de coberturas
con énfasis en la población pobre.

Más adelante, por medio de la Ley 715 de 200115, se determinaron las competencias
tanto de la Nación como de las entidades territoriales, en materia de educación 16, y
a la primera de ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los recursos del Sistema
General de Participaciones, destinados a la cobertura de ese servicio. En dicha
norma se estableció el procedimiento que se debía seguir a efecto de incorporar las
plantas de personal financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones, a las entidades territoriales, así:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

14
Tales previsiones se consagraron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.
15
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
16
Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.

15

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes
de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán
cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación
definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]
Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente
por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de
dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de
acuerdo con esta.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron
renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente, serán
vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre,
deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1°
de febrero de 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes de prestación de
servicios por los departamentos o municipios, dentro de los dos meses antes y el 1°
de noviembre de 2000, demostrando solución de continuidad durante ese período, y
que cumplan los requisitos del cargo, serán vinculados de manera provisional durante
el año 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron
renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional,
previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido
suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de
la entidad territorial. […]

16

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

La incorporación de las plantas de personal aludidas «suponía, de un lado, que los
departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura
orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que
la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de
los empleos, como su nomenclatura y grado -que podían y pueden diferir-, sino de
manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de
responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales
específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual
debió cumplirse dentro del proceso de homologación»17.

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 10 del 30 de
junio de 2005, con destino a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación,
que tenía como propósito absolver las inquietudes formuladas con relación a la
viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del sector
educativo y de la consecuente nivelación salarial que se podía generar en las
respectivas entidades territoriales y, para ello, fijó las directrices a tener en cuenta
para llevar a cabo ese proceso.

En relación con la retroactividad de la homologación y nivelación salarial, en forma
concreta, en la aludida directiva se estableció que para determinar la deuda era
necesario que la entidad territorial realizara un listado de las reclamaciones,
indicando la fecha de cada una de ellas, y que la retroactividad tan solo se
concedería, en la medida en que el derecho no hubiera prescrito, según lo
consagrado en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código
Procesal Laboral. De igual manera, se determinó que la homologación y
consecuente incorporación conllevaría la nivelación salarial, lo cual se asumiría con
recursos del Sistema General de Participaciones, previa disponibilidad
presupuestal, pero que si no existía disponibilidad, la Nación se haría cargo; sin
embargo, en caso de que la homologación e incorporación se hubiera realizado
contrariando el orden jurídico, el respectivo municipio debía responder por ello con

17
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004,
M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

17

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

sus recursos propios. Y, en forma concreta, en torno a la deuda, se definió lo
siguiente:

Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial deberá
enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, la liquidación individual
anualizada de la deuda, el estudio técnico que sirvió de base para la nivelación y
homologación, realizado de conformidad con lo previsto en el numeral A.1 de la
presente Directiva, y los actos administrativos correspondientes mediante los cuales
se hacen efectivas, todo lo anterior debidamente certificado por el gobernador o
alcalde y secretario de educación respectivos.

En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación que no
hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades territoriales, con la
debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
procedentes en aras de proteger los intereses del Estado (Nación, Departamento,
Distrito o Municipio), de lo cual informarán a este Ministerio en la misma oportunidad
a la que se refiere el inciso anterior.

2.3.2. En torno a los intereses comerciales y/o moratorios

El interés legal es un porcentaje, fijado por el legislador, para calcular el monto de
la indemnización en casos de mora, cuandoquiera que las partes no hubieran
pactado una suma por ese concepto y, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1617 del Código Civil, se fijó en un 6% anual.

Entre tanto, en el Código de Comercio, en su artículo 884 se estableció el interés
comercial, en el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, el
que debe ser empleado en casos en que no se hubiere hecho ninguna estipulación
convencional al respecto.

Adicionalmente, en el Estatuto Tributario, el interés moratorio se fijó en el
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para el respectivo mes de mora, tal como se determinó en
su artículo 635.

Valga aclarar, además, que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
lo que respecta al pago de las condenas judiciales impuestas a cargo de las
autoridades públicas, en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo

18

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

y de lo Contencioso Administrativo se estableció que «las cantidades líquidas
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben
una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia o del auto»; no obstante, en caso de que transcurra un término
superior a 3 meses, posteriores a la ejecutoria, sin que el interesado acuda a la
entidad correspondiente a hacer efectiva la condena o la orden dada en una
conciliación, cesa la causación de los intereses correspondientes, hasta cuando se
presente la respectiva solicitud.

Ahora bien, para la determinación de los intereses moratorios en los casos
previamente señalados por el CPACA, en el artículo 195 ibidem se estableció que los
que se causan desde la ejecutoria corresponden a «una tasa equivalente al DTF»,
pero en caso de que venza el término de 10 meses previsto en el inciso segundo
del artículo 192 o el de 5 días señalado en el numeral 3 del aludido artículo 195, sin
que la entidad hubiera pagado el crédito reconocido judicialmente, el valor del
interés moratorio corresponderá al de la tasa comercial.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

i) El 11 de abril de 2014,18 la Secretaría de Hacienda del municipio de Manizales
expidió la Resolución 684, por la cual reconoció y ordenó un pago a favor del señor
Rigoberto de Jesús Botero Granados Q.E.P.D., por concepto de ajuste de la
homologación y nivelación salarial. En su parte resolutiva se observa, además, un
pago por valor de $12.877.772., por concepto de indexación de las sumas
adeudadas. De sus consideraciones se desprende lo siguiente:

Que en atención a lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 10 de 2005 y en la
Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, y que en consecuencia la Secretaría de Educación del Municipio de
Manizales, elaboró y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio
técnico para el correspondiente Ajuste a la Homologación y nivelación salarial

18
Folios 26 a 28 del cuaderno principal.

19

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

antes definida, con base en la modificación presentada por el Departamento de
Caldas, mediante Decreto; de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos
para el desempeño del cargo y el de recomendar el nivel, cargo y grado salarial que
se debe asignar.

Que mediante Decreto No. 0388 del 12 de octubre de 2012, el municipio de Manizales
modificó el decreto No. 083 de 2008, por medio del cual se Homologan y se Nivelan
salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría de Educación, financiados
con recursos del Sistema General de Participaciones y se dictan otras disposiciones.

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante el oficio No. 2012EE50479 de 28
de agosto de 2012, aprobó la modificación al estudio técnico de Ajuste a la
Homologación y nivelación salarial del personal administrativo adscrito a la
Secretaría de Educación del municipio de Manizales.

Que la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de
Manizales realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal
administrativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, por el
período comprendido a partir del 01 de Enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011
que arrojó un valor bruto de […]

Que por lo expuesto, es procedente ordenar el pago de los valores adeudados a
personal administrativo de las Instituciones Educativas, por concepto de Ajuste a la
Homologación y Nivelación salarial.

ii) En el mes de octubre de 2014, la profesional universitaria del Área de Recursos
Humanos de la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación
del municipio de Manizales expidió certificación en la cual consta que los valores
reconocidos por concepto de retroactivo de AJUSTE A LA HOMOLOGACIÓN Y
NIVELACIÓN SALARIAL reconocidos al demandante a través de la Resolución 503
del 11 de abril de 2014, se pagaron en el mes de mayo de 2014. 19

iii) El 24 de julio de 2015,20 Juan Pablo Botero Cardona y otros, por intermedio de
su apoderado,21 formularon petición ante la Secretaría de Educación de Manizales,
con miras a que se reconocieran a su favor los intereses moratorios por el pago
tardío de la homologación y nivelación salarial, desde cuando el derecho se hizo
exigible hasta cuando se produjo el pago efectivo.

19
Folio 32 del cuaderno principal.
20
Folios 33 a 35 del cuaderno principal
21
En calidad de sucesores procesales.

20

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

iv) El 18 de julio de 2016,22 la Secretaría de Educación del municipio de Manizales
expidió el Oficio SEM-UAF-2063, por el cual dio respuesta a la anterior petición en
los siguientes términos:

Es importante señalar que el Ministerio de Educación en unos de los apartes en el
oficio anexo manifiesta “En el caso que nos ocupa, el cual corresponde al pago del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo, no resulta razonable la exigencia de intereses moratorios toda vez que
no existe mora en el pago de las obligaciones laborales por parte del empleador sino
una simple equiparación de cargos como consecuencia de una decisión
administrativa del Estado fundamentada en el concepto No. 1607 de 9 de diciembre
de 2004 de Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, la
cual tiene un procedimiento legal establecido para determinar el monto a reconocer y
para establecer las fuentes de financiación y la asignación de recursos para el pago,
por lo tanto no podría hablarse de un retardo injustificado imputable al deudor que
lleve la obligación a un estado patológico que justifique el pago de los perjuicios
traducidos en intereses moratorios”.

Es importante señalar que el Ministerio de Educación en oficio 2015-EE-133345 del
17 de noviembre de 2015, ha sido reiterativo en señalar que “…para ejecutar los
procesos aprobados, la entidad territorial expidió en su momento, el Decreto general
de homologación de cargos, el de incorporación individual y la respectiva posesión
sin solución de continuidad, así mismo a momento de ejecutar el pago del retroactivo
se expidieron los actos administrativos con los cuales se notificó a los beneficiarios el
monto de sus liquidaciones.

Contra los actos administrativos antes mencionados, procedían dentro de los términos
legales los recursos de ley, por lo que si estos no fueron debidamente presentados
dentro del término legal o se renunció expresamente a ellos, se entiende que se
encuentran ejecutoriados y su contenido resulta incontrovertible y se daba por
terminado el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo financiado con recursos del SGP en sede administrativa, razón por la
cual el Ministerio no revisará, ni validará modificaciones adicionales al estudio
aprobado.

2.5. El caso concreto.

2.5.1. La reclamación de intereses moratorios respecto de los valores
reconocidos por homologación y nivelación salarial

A fin de resolver el problema jurídico planteado, se debe señalar que, según la
demanda, la pretensión de la parte actora está orientada a que se reconozcan, a su

22
Folio 20 del cuaderno principal.

21

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

favor, los intereses moratorios de las sumas concedidas por concepto de nivelación
salarial, como resultado de la homologación de que fue objeto, efecto para el cual
solicitó tener en cuenta lo previsto en los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código
Civil.

Para resolver la controversia anterior, se debe indicar que en Concepto 1607 de
2004, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 23 se
analizó lo relativo al proceso de homologación aludido y se resolvieron las
inquietudes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los siguientes
términos:

1. Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización
del servicio educativo, previa la homologación de los cargos previstos en las plantas
de personal nacional y departamentales en lo relacionado con la clasificación,
funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los empleos,
incorporan en iguales o equivalentes condiciones el personal administrativo que
reciban en virtud de la certificación.

2. En virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Acto Legislativo No. 1 de 2001, que
modificó el artículo 357 de la Constitución, el Sistema General de Participaciones
debió comprender en la base inicial, a 1º de noviembre de 2000, los costos
provenientes de la homologación e incorporación del personal administrativo
realizada por las entidades territoriales con fundamento en la ley 60 de 1993. Si así
no se hizo y los mayores costos por los conceptos mencionados provienen de
homologaciones realizadas conforme a la normatividad aplicable para la
adopción de las plantas, la Nación debe asumirlos; de lo contrario, serán de
cargo de los departamentos.

3. En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de los dispuesto en la ley 715 de 2001, si el proceso se
cumplió conforme a derecho y existe disponibilidad, debe asumirlos el SGP; si
no existe disponibilidad, serán de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio
homologó e incorporó al personal administrativo contrariando el orden jurídico,
responderá con sus recursos propios. [Se resalta].

Bajo el marco anterior, y a fin de resolver el fondo del asunto, la Sala debe señalar
que para llevar a cabo el proceso de homologación y nivelación salarial que, en
últimas, dio lugar a que se produjera el pago del retroactivo correspondiente a los

23
M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

22

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

años 2003 a 2011, se tuvieron que surtir diferentes gestiones por parte de la
administración, entre ellas, las siguientes:24

i) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 10 del 30 de junio de 2005,
producto del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en la cual se estableció el procedimiento para hacer efectiva la
homologación de cargos.

ii) Atendiendo la directiva aludida, mediante el Decreto 083 de 2008, el municipio de
Manizales homologó y niveló los cargos administrativos de la Secretaría de
Educación.

iii) El municipio de Manizales presentó, ante el Ministerio de Educación Nacional, un
estudio técnico de ajuste a la homologación y nivelación salarial, el cual fue
aprobado mediante Oficio 2012EE50479 del 28 de agosto de 2012.

iv) En consecuencia, a través del Decreto 388 del 12 de octubre de 2012, el
municipio de Manizales modificó el decreto de homologación y nivelación salarial.

v) Para pagar las sumas resultantes del retroactivo del ajuste a la homologación y
nivelación salarial, se expidió certificado de disponibilidad presupuestal en abril y
diciembre de 2013.

vi) La Secretaría de Educación del municipio de Manizales expidió la Resolución
684 del 11 de abril de 2014, con el propósito de liquidar y pagar al demandante las
sumas correspondientes al ajuste de la homologación y nivelación salarial, con
inclusión de la correspondiente indexación.

vii) Finalmente, el pago se produjo en el mes de mayo de 201425.

24
La información que se menciona a continuación se extracta de las consideraciones de la
Resolución 503 del 11 de abril de 2014, del oficio que obra en folio 19 y 20 y la contestación de la
demanda, por parte de la entidad accionada.
25
Folio 21.

23

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Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

Sobre lo anterior, es preciso clarificar lo siguiente:

En primer lugar, tal como se desprende de las actuaciones desarrolladas con miras
a realizar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo que pasó a hacer parte de la Secretaría de Educación del municipio
de Manizales, este tuvo ocurrencia en el año 2008, producto del Decreto 083 de ese
año.

En el expediente no está demostrada la fecha en que se produjo el pago de las
diferencias salariales que resultaron del aludido proceso.

Sin embargo, lo que sí está acreditado es que producto del estudio técnico
presentado por el municipio de Manizales se produjo un ajuste a la homologación
y nivelación salarial inicial, y ello se materializó a través del Decreto 388 del 12
de octubre de 2012, previa la aprobación por parte del Ministerio de Educación.

Finalmente, el pago que se originó como resultado del ajuste a la homologación y
nivelación salarial aludida, se dispuso, a favor del causante, mediante la Resolución
684 del 11 de abril de 2014, en la cual no solo se ordenó el reconocimiento y pago
de la diferencia salarial producto del ajuste al proceso de homologación y
nivelación salarial, sino que también se ordenó la indexación de los valores
correspondientes y el pago se produjo en el mes de mayo de 2014 26.

Hecha la anterior precisión se debe señalar que en el expediente no figura Decreto
083 de 2008, por el cual se produjo la homologación y nivelación salarial con el fin
de determinar si en él se reconocieron intereses moratorios o si se indexó la suma
ordenada por concepto de tal procedimiento o si se abstuvo de realizar tales
reconocimientos, carga procesal que correspondía a la parte demandante, en

26
Según certificación visible en folio 21.

24

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Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16727 del Código General
del Proceso, según el cual «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»28.

En consecuencia, el análisis tan solo se circunscribirá a verificar si procedía el
reconocimiento de los intereses moratorios respecto de las sumas reconocidas por
concepto de ajuste a la homologación y nivelación salarial ordenada a favor del
actor, a través de la Resolución 684 del 11 de abril de 2014.

En todo caso, es preciso señalar que la petición de la parte actora parte de una
premisa que no se ajusta a la realidad, pues en ella se sostiene que el retroactivo
por concepto de homologación y nivelación salarial realizado desde el año 2003
hasta el 31 de diciembre de 2011 tan solo se ordenó en la Resolución 884 del 11 de
abril de 201429 y se pagó en mayo de 2014, cuando el que, en realidad, se ordenó
a través de la aludida resolución no fue como resultado de la homologación
propiamente dicha, sino de un ajuste a esa homologación.

Ahora bien, como en el expediente se demostró que mediante la Resolución 684
del 11 de abril de 2014, que dispuso el pago del ajuste a la homologación, también
se reconoció una suma por concepto de la indexación, dicha orden de actualización
cumplió con la finalidad de evitar que el accionante se viera afectado por la pérdida
del valor adquisitivo de tales diferencias.

Además, entre la fecha de expedición del acto administrativo antes indicado, esto
es, el 11 de abril de 2014 y la fecha en que se materializó el pago de tales diferencias
–mayo de 2014-30, no se podría considerar que la autoridad incurrió en tardanza

27
Artículo 167.Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
28
Valga aclarar, en todo caso, que la petición de intereses moratorios de que trata la demanda, tan
solo se radicó el 27 de julio de 2015, es decir que, incluso, si se hubiera allegado prueba, el derecho
estaría prescrito, pues se hubiera tratado sobre intereses de una suma reconocida mediante una
resolución del año 2008, es decir, que transcurrieron por lo menos 7 años, entre el acto que reconoció
el derecho y la reclamación de los intereses moratorios derivados de este.
29
Así surge del hecho 14 de la demanda.
30
Conforme a la certificación que obra en folio 21.

25

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Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

para pagar las sumas correspondientes, toda vez que se trató del tiempo razonable
durante el cual el acto administrativo cobró firmeza y se realizaron las gestiones
tendientes para realizar el desembolso; además, tampoco está demostrada,
fehacientemente, la fecha exacta en que se hizo el pago, pues tan solo se indicó
que ello ocurrió en el mes de mayo de 2014, de modo que bien pudo efectuarse
cualquiera de los 31 días que lo comprenden, sin que se trate de un lapso
desmesurado para proceder de conformidad.

Valga aclarar que esta Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en
forma contraria a la pretensión de intereses moratorios en procesos con identidad
fáctica a la planteada en el sub examine, así:

De acuerdo con el criterio jurisprudencial de esta Corporación, en atención a que en
el presente caso, se acreditó que entre la resolución que reconoció el derecho a la
acá demandante y el pago del valor ordenado, transcurrió un plazo de
aproximadamente un mes, el cual, en atención a la naturaleza del asunto y las
apropiaciones presupuestales que para el efecto debieron hacerse, resulta ser un
plazo razonable que no acarrea una sanción para las entidades públicas
demandadas, por ende, no es procedente el reconocimiento de intereses legales o
moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y
nivelación de la planta de personal administrativo reconocido.31

Bajo el anterior lineamiento, cuando se demuestra que ha transcurrido un término
razonable entre la expedición del acto administrativo que reconoce la suma
correspondiente a la homologación y nivelación salarial y el momento del pago, no
procede el reconocimiento de los intereses moratorios; por ende, la Sala coincide
con la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

Por último, es importante aclarar que esta Subsección también ha concluido que es
improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios pretendidos, por las
siguientes razones:

De igual manera, tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos similares 32 no

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2019,
radicación 66001-23-33-000-2016-00868-01, número interno: 5425-18.
32
Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, número interno 0905-2015;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 28 de septiembre de 2017, número interno: 2077-2015.»

26

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

puede concluirse que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un interés,
deba acudirse en subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil, 33 pues
en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las partes
involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso,
el reconocimiento de las sumas de dinero obedecieron a la homologación y nivelación
que debió realizarse para que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a
la nueva reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos de los empleos del nivel territorial.

Finalmente, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios 34 en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,
en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo
nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco
hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.

Se debe precisar que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte
el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho,
supuestos, que no se evidencian en el presente asunto.35

Con base en el anterior antecedente, se debe concluir que como los intereses
pretendidos en la demanda no estaban contemplados en norma expresa que los
autorice o que faculte su cobro, tampoco es procedente acceder a las pretensiones
de la demanda, y esta constituye una razón adicional para confirmar la sentencia
proferida por el a quo que las resolvió en forma desfavorable en lo relativo al pago
de los intereses pretendidos.

2.5.2. Los ajustes de indexación ordenados por el tribunal

33
Cita propia del texto transcrito «ARTICULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE
DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la
mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. […]»
34
Cita propia del texto transcrito: «Señala el artículo 884 del Código de Comercio Modificado por el
Art. 111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes
no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente
y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990».
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2018,
radicación 73001-23-33-000-2014-00221-01, número interno: 1914-15, M.P. William Hernández
Gómez.

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

En la sentencia de primera instancia (numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada)36, el a quo ordenó reconocer y pagar a la parte actora «la
indexación del valor neto cancelado por concepto del retroactivo por homologación
y nivelación salarial, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2014, de
conformidad y en los precisos términos señalados en la parte considerativa de esta
sentencia, pero con efectos fiscales a partir del 24 de julio de 2012, por prescripción
trienal (…)».

Al respecto, se debe señalar que de acuerdo con la certificación emitida por la
Secretaría de Educación de la Alcaldía de Manizales, 37 al causante le fue pagada
la suma de $12.877.772 a través de la Fiduciaria del BBVA en el mes de mayo de
2014.

El valor antes mencionado coincide con lo reconocido en la Resolución 684 de 11
de abril de 2014, y la fecha en que se materializó el pago fue en el mes de mayo de
2014, es decir, solo un mes después de haber proferido la mencionada resolución.

Lo anterior quiere decir que, en atención al principio de equidad, el tribunal
consideró que como entre la fecha en que quedó ejecutoriado el acto administrativo
de reconocimiento de los valores debidos al demandante y aquella en que se hizo
efectivo el pago, transcurrió un lapso determinado, procedía realizar una indexación
o actualización de dicha sumas, por ese lapso.

Esta Subsección ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en torno a decisiones
de tal naturaleza y ha considerado que constituyen un reconocimiento extra petita,
así se ha concluido:38

36
Folio 231 vuelto.
37
Folio 32.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2020,
radicación 17001-23-33-000-2017-00617-01, número interno: 1124-2019, M.P. William Hernández
Gómez.

28

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

Lo anterior cobra sentido en tanto los medios de control previstos para verificar la
juridicidad de las diversas manifestaciones de la administración, deben promoverse
y desenvolverse bajo los criterios y presupuestos fácticos y jurídicos que
determine la parte afectada, sin que sea del caso fijar circunstancias más
gravosas para el Estado, en tanto se presume ante todo la buena fe y diligencia
de sus decisiones en virtud del principio de legalidad.

Lo anterior se traduce en que quien alega la vulneración de sus derechos por
parte de los agentes estatales y pretende el consecuente restablecimiento de
éstos, en efecto debe instar lo propio con total precisión, claridad y completitud.

[…]
Como se observa a partir de los extractos jurisprudenciales transcritos, no es dable
proferir decisiones respecto de asuntos no discutidos en vía administrativa y que
tampoco fueron planteados en la demanda al punto de haberse incluido en el litigio
con opción de pronunciamiento por parte de la demandada. Ahora, en el caso
concreto se observa que el demandante no planteó ni solicitó el reconocimiento de
indexación sobre las sumas reconocidas desde la fecha del acto que así lo ordenó
hasta la data real de pago, sino solo los intereses moratorios respecto del capital
abonado.

De igual manera se advierte que el punto relativo a la actualización monetaria
tampoco se había incluido en la fijación del litigio determinada en la audiencia inicial
(folio 105). Y por último, se observa que no hubo indicación o inferencia a lo largo del
proceso que diera a entender que están en riesgo de vulneración algunos derechos
fundamentales del libelista que requirieran protección inmediata.

Aunado a lo expuesto, debe destacarse el hecho de que en el sub iudice se encuentra
debidamente probado que la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas
efectuó la liquidación indexada de las sumas adeudadas al libelista a la fecha en que
se profirió el acto administrativo de reconocimiento de la nivelación salarial, lo cual
conlleva que sí hubo compensación efectiva por el retraso en el pago de aquella
obligación. Empero, la indexación ordenada por el a quo correspondía a la
generada desde la data de expedición de la mentada decisión hasta el momento
puntual del pago, lo cual en cualquier caso evidencia un análisis que supera los
extremos propios del período deprecado con la demanda.

En este sentido, el hecho de haber impuesto una condena en primera instancia
relativa a una indexación bajo criterios de equidad y justicia, pero sin que ésta
hubiese sido pretendida u objeto de discusión, implica que el fallo impugnado
trascendió lo que constituía materia de decisión al margen de la importante
argumentación esbozada, más aun cuando la situación concreta del señor
Rigoberto Castro Ramos no encaja en alguno de los supuestos excepcionales
contemplados tanto legal como jurisprudencialmente para la procedencia de
pronunciamientos extra petita.

La situación que se analizó en la providencia en cita, coincide plenamente con la
providencia bajo análisis, toda vez que la indexación ordenada por el juzgador de
primera instancia se sustentó en que entre la fecha de ejecutoria de la Resolución

29

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

684 de 11 de abril de 2014, y aquella en que se materializó el pago -mayo de 2014-
39 las sumas reconocidas al señor Botero Granados Q.E.P.D. habrían sufrido una

devaluación por efecto del transcurso del tiempo; no obstante lo anterior, como un
pronunciamiento de tal naturaleza no se formuló por la parte demandante, mal
podría el a quo reconocerlo, en consideración al carácter rogado de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, razón que conlleva revocar la condena que, en tal
sentido, impuso el tribunal, en el numeral segundo de la sentencia apelada.

Valga aclarar, además, que el tiempo que transcurrió entre la resolución que ordenó
el pago y la transferencia del valor correspondiente fue un lapso razonable y
prudente para que la administración realizara las gestiones necesarias para
disponer de los recursos y realizar el pago efectivo, hecho que refuerza la decisión
de revocar la orden impartida por el a quo.

Ahora bien, comoquiera que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la
demanda, la Sala, por sustracción de materia, se abstendrá de estudiar la falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, en el recurso de apelación.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016 40, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del

39
Folio 32.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.

30

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Ahora, al margen de este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la parte demandante, en la medida que a pesar de que resultó vencida
en segunda instancia, lo cierto es que se revocará parcialmente la decisión apelada,
lo cual permite al juez abstenerse de fijar la carga en comento según el numeral 5.°
del artículo 365 del CGP.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio, la Sala
considera que el demandante no tiene derecho a los intereses moratorios que
solicita por cuanto quedó acreditado que no hubo retardo en el pago de la obligación,
toda vez que se realizó después de adelantar el cumplimiento de las etapas
señaladas en la Ley, e igualmente no estaban incluidos en el documento que
reconoció el derecho ni existe norma que los consagre expresamente.

De igual forma, no tiene derecho a la indexación ordenada por el a quo toda vez
que esta no fue pretendida, y la situación concreta no encaja en ninguno de los
supuestos excepcionalmente contemplados tanto legal como jurisprudencialmente

31

Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

para la procedencia de un pronunciamiento extra petita en el que se reconozca la
referida indexación.

En ese orden de ideas, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia
apelada, en cuanto dispuso:

SEGUNDO: Se reconoce por razones de equidad y justicia, en favor de la parte
demandante (…) la indexación del valor neto cancelado por concepto del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, desde el 1 de enero de 2012
hasta el 30 de abril de 2014, de conformidad y en los precisos términos
señalados en la parte considerativa de esta sentencia, pero con efectos
fiscales a partir del 24 de julio de 2012, por prescripción trienal (…)».

En todo lo demás se confirmará la sentencia del 10 de mayo de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

Primero. Revocar el ordinal Segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 10
de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de
Decisión por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda presentada por el señor Juan Pablo Botero Cardona y otros contra
la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el municipio de Manizales, por los motivos manifestados en las
consideraciones de este fallo.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

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Radicado: 17001 23 33 000 2017 000010 01 (5454-2019)
Demandante: Juan Pablo Botero Cardona y otros

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

GMSM

33

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