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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2017-00072-01

Acción de tutela

Fecha
28 de febrero de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2017-00072-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 16 de febrero de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, declaró improcedente la presente acción constitucional para, en su lugar: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés, respecto de los escritos de 14 de septiembre de 2010 y 6 de febrero de 2013, radicados ante la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura del mismo departamento, respectivamente. En consecuencia, ORDENAR a la Gobernación de Caldas y a la Secretaría de Infraestructura de Caldas que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión judicial, dé respuesta clara y concreta a las peticiones incoadas por la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés el 14 de septiembre de 2010 y 6 de febrero de 2013, respectivamente, con copia a esta Sección Quinta y cumpliendo los términos y condiciones expuestos en la parte motiva de esta sentencia. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN respecto de los demás cargos y pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 17001-23-33-000-2017-00072-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

28 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN – Autoridad administrativa no dio respuesta de fondo a las solicitudes presentadas por la accionante / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

[E]sta Sala de decisión advierte que tanto la Gobernación de Caldas como la Secretaría de Infraestructura de ese departamento, transgredieron el derecho de petición de la actora, pues si bien, este derecho se concreta en la formulación de una petición, se efectiviza en la resolución pronta, material y total del mismo, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al peticionario. En consecuencia, esta Sección considera que las autoridades mencionadas están vulnerando el derecho de petición de la [actora], al no haber dado en su momento una respuesta de fondo a las solicitudes radicadas el 14 de septiembre de 2010 y el 6 de febrero de 2013, razón por la cual está Sala amparará el derecho fundamental de petición de la accionante, con el fin de que las entidades mencionadas contesten de manera íntegra, clara y concreta a lo solicitado por la [actora].

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 23

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Incumplimiento del requisito de subsidiariedad - Existencia de otro medio defensa judicial / ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Medio judicial idóneo para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Medio judicial idóneo para controvertir actos administrativos de carácter particular / ACCIÓN POPULAR - Medio judicial idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos

Ahora bien, de los antecedentes y de los documentos allegados al expediente, se advierte que la peticionaria asegura que sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la integridad personal y al medio ambiente sano están siendo vulnerados como consecuencia de las “respuestas negativas y omisivas” y la falta construcción por parte de las entidades de las obras públicas que asegura se requieren en la vereda Quiebra de Vélez. Frente al punto, advierte la Sección que la solicitud de amparo de la referencia resulta improcedente, pues no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante no agotó los medios judiciales pertinentes que tenía a su disposición con el fin de hacer cumplir el acto de 18 de abril de 2006, como se explicará en las siguientes líneas y, que en todo caso, en la actualidad cuenta con la posibilidad de atacar los actos administrativos desfavorables a sus peticiones y de interponer una acción popular en procura de que se garanticen los derechos colectivos. En ese orden de ideas, observa la Sala que en la respuesta que brindó la Secretaría de Infraestructura de Caldas a la petición número 1 hecha por la actora, se adjuntó un cuadro con un presupuesto de $11.109.227 para la construcción de una cuneta vehicular en concreto de 3000 p si, que ayudaría a conducir las aguas hasta la transversal de descole y una estructura de contención que confinaría las bancas carreteables y brindaría estabilidad al terreno, sin embargo, de las pruebas arrimadas al proceso, se evidencia que las mencionadas obras no se llevaron a cabo. De modo que aun cuando en este momento la acción de cumplimiento no es la vía idónea para que la actora reclame la ejecución de las obras, pues los certificados presupuestales finalizan año tras año y por consiguiente el presupuesto del año 2006 de la Secretaría de Infraestructura de Caldas ya caducó, a juicio de la Sala si resultaba un medio procedente para hacer exigible el acto de 18 de abril de 2006. (…) En ese orden de ideas, lo reprochado por la parte actora en los actos administrativos número 2 y 5 en sede de tutela, es susceptible de control de legalidad a través del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), De lo expuesto en líneas anteriores resulta que la [actora] tuvo la oportunidad de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no lo hizo, pues la norma es clara en advertir que la acción en comento se puede interponer cuatro meses contados a partir de la publicación del acto administrativo objeto de reproche, razón por la cual esta acción para el acto administrativo notificado el 5 de noviembre de 2015 caducó el 5 de marzo de 2016; y para el acto administrativo publicado el 27 de diciembre de 2016 caducó el 27 de abril de 2017. En todo caso, si en gracia de discusión la [actora] pretende la protección de los derechos colectivos y la construcción de obras públicas el medio idóneo para ello sería, tal como lo indicó el a quo, la acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991, el artículo 144 del CPACA y la Ley 472 de 1992. Ahora bien, la [actora] afirma que debido a la omisión de las entidades competentes, se está causando un perjuicio irremediable y por consiguiente se está vulnerando el derecho a la vida en doble vía, debido a que su madre se encuentra delicada de salud y debe trasladarse con ella constantemente para que la atiendan en el Hospital de Caldas, por lo que le preocupa que “la vía que conduce a los centros urbanos quede taponada”, y no se pueda trasladar para su atención. Frente al punto, esta Sala de decisión advierte que en el marco del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y constitucional de acción popular, la accionante podrá pedir las medidas cautelares a efectos de conjurar ese perjuicio irremediable.

Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos por esta Sala de decisión, se modificará la decisión de 16 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró improcedente la presente acción constitucional, para en su lugar, amparar el derecho fundamental de petición de la [actora], respecto de los escritos de 14 de septiembre de 2010 y 6 de febrero de 2013, radicados ante la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura del mismo departamento, respectivamente. Asimismo, se declarará la improcedencia de la acción respecto de los demás cargos y pretensiones de la presente acción de tutela.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 87 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 1 / LEY 472 – ARTÍCULO 2 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 138 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 144

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00072-01(AC)

Actor: LUZ CLEMENCIA PIEDRAHITA CORTÉS

Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS Y OTROS

TEMA: Subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés contra la sentencia del 16 de febrero de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas declaró improcedente la presente acción constitucional.

ANTECEDENTES

Solicitud

Mediante escrito radicado el 2 de febrero de 2017, la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el municipio de Manizales, la Unidad del Riesgo de Manizales, la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales y del departamento de Caldas, la Secretaría de Infraestructura de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS y Aguas de Manizales S.A. E.S.P., con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la integridad personal y al medio ambiente sano.

Estas garantías constitucionales las consideró vulneradas como consecuencia de que las mencionadas autoridades, a pesar de las múltiples peticiones realizadas desde el año 2006, no han solucionado un problema de “alcantarillado, descole de aguas, canaletas, cunetas, gaviones, etc.” que se presenta desde hace más de diez años en la vereda Quiebra de Vélez del municipio de Manizales, lugar donde la accionante tiene su finca y habita con su familia.

Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés vive junto con su familia en la “Finca Providencia”, ubicada en la vereda Quiebra de Vélez de la ciudad de Manizales.

La actora expresó que desde hace más de 10 años, ha puesto en conocimiento de las autoridades locales un problema de deslizamiento de tierra por la inexistencia de alcantarillado en la vereda, generando así no solo un descole de aguas sino también fracturas de las losas de concreto de la carretera.

Lo anterior lo sustentó en las actuaciones que se describirán a continuación:

En el año 2005, como consecuencia de una solicitud de la actora un técnico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, visitó el predio de la accionante e identificó el siguiente problema:

“Se aprecia socavación del terreno, ocasionada por aguas lluvias y de alcantarillado, provenientes de una transversal ubicada en la vereda La Cabaña”.

Faltan obras para el control de aguas lluvias y mantenimiento de obras existentes.

RECOMENDACIONES

Se debe suspender o desviar el alcantarillado y prolongar el descole de la transversal en aproximadamente 25 ML. Además se necesita hacer limpieza a la transversal.

Las obras necesarias en la vía, son competencia de la Secretaría de Infraestructura del Departamento…”.

En consecuencia, el 21 de febrero de 2006, la accionante radicó un derecho de petición en la Secretaría de Infraestructura de Caldas, en el que hizo la siguiente solicitud:

“Solicito se tomen medidas inmediatas de arreglo de las cunetas tanto de la carretera principal, como de la entrada a la finca y se hagan las reparaciones tendientes a que el perjuicio que se viene presentando desaparezca, y que el daño no se (sic) más grande con el paso del tiempo por el inminente riesgo de otro derrumbe por las gritas (sic) que se ven en la actualidad, lo que derrumbaría del todo la carretera de acceso a la finca”.

El 18 de abril de 2006, la Gobernación de Caldas a través de oficio Nº. 0269 respondió la solicitud de la actora en la que le comunicó que se destinarían $11.109.227.28 para la construcción de “una cuneta vehicular en concreto de 3000 psi para conducir las aguas hasta la transversal de descole y una estructura de contención que confine ambas bancas carreteables y brinde estabilidad al conjunto.

No obstante lo anterior, las mencionadas obras no se llevaron a cabo.

El 30 de junio de 2009, la tutelante elevó una petición ante la Corporación Autónoma Regional de Caldas, reiterando los argumentos relacionados con el problema de alcantarillado y derrumbes en la carretera.

Frente al punto, el 25 de agosto de 2009, la entidad respondió el escrito anexando copia de un informe técnico que realizó un ingeniero experto de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en el que advirtió lo siguiente:

“-Se encontró un descole de aguas de la vía, construido con un cabezote en concreto y gaviones en piedra, en avanzado estado de deterioro, a causa del paso del agua de escorrentía por encima del gavión, dado que la transversal se encuentra obstruida.

-La transversal obstruida transporta aguas desde el lado opuesto de la vía, pero la caja esta sepultada por un alud de tierra que así la dejo en meses pasados. Luego de esto, se observa que el mantenimiento que ha tenido la vía ha sido nulo. Se trata de la vía que del peaje de la Quiebra de Vélez conduce a La Cabaña.

-La vía cuenta con cunetas adecuadas, pero por la ausencia del mantenimiento, estas se encuentran con maleza, material de las laderas, piedras, basura, rastrojos, pato, etc., que impide el libre transporte de las aguas por las mismas, lo que ocasiona que las aguas lluvias corran por la vía en forma no controlada, provocándose su salida de la vía en el punto donde se encuentra el gavión, por encima del descole de la transversal.

-El gavión en piedra está colapsado y amenaza con comprometer la estabilidad de la banca de la vía, si el problema no es controlado a tiempo, porque el agua de escorrentía, luego de terminar de expulsar las piedras, continuará con el terreno de la banca.

-En el talud inferior de la vía, sector del descole, se encuentran los predios de la señora Amanda Cortés (sic). Allí hay un canal de rápidas, también deteriorado, la cual desemboca en cunetas en buen estado. La ladera está siendo tratada por los propietarios mediante la siembra de estacas vivas, las cuales han retoñado satisfactoriamente, también hay maní forrajero. En general, se observa un orden y un mantenimiento adecuado a la ladera; el riesgo que representa el descole en mal estado puede comprometer seriamente este buen estado de la ladera.

CAUSAS DEL PROBLEMA

-Falta de un mantenimiento adecuado a la vía Quiebra de Vélez-LA Cabaña, y para el caso, a estos 200 mt de vía, mediante la limpieza y puesta en servicio de las cunetas”.

El 6 de julio de 2009, la señora presentó petición ante la Secretaría de Infraestructura de Caldas, donde adjuntó fotografías para exponer los daños, e indicó que se cayó un gavión de la carretera principal y por ende el acceso a la finca se bloqueó. Indicó que dicho acceso se ha deterioró por culpa de las aguas mal canalizadas.

Expresó que arregló la carretera en dos ocasiones con sus recursos, pero persiste el daño, por lo que solicitó una visita para que estimen la gravedad del problema y den una pronta solución, tanto para las cunetas como para la carretera.

En consecuencia, la mencionada entidad el 5 de noviembre de 2009 advirtió que en el oficio indicó que el ingeniero Elio Albeiro Zapata, especialista en geotecnia, realizó una visita a la zona e informó que para evitar que las aguas de escorrentía se transporten por la banca y se metan por el carreteable del predio de la peticionaria se deben desarrollar las siguientes obras:

“-Habilitar transversal ubicada a 53 metros después del ingreso al predio en el sentido Manizales-La Cabaña, con el fin de recoger las aguas que llegan desde la parte media del ascenso a la vereda Cueva Santa y su respectivo descote.
-Construir cuneta o canal abierto desde la mencionada transversal hasta la obra siguiente.
-Construir cuneta que maje los caudales y sean entregados adecuadamente a la primera transversal.”

Para finalizar aseguró que estas obras se incluirían en el plan de acción del año 2010, debido a que a la fecha los dineros de la vigencia 2009 ya estaban agotados. Las obras tendrían un costo aproximado de $47.300.000.

El 14 de septiembre de 2010, la señora Piedrahita Cortés allegó una petición a la Gobernación de Caldas, en la que reiteró la situación que estaba padeciendo, como consecuencia de los derrumbes y la falta de mantenimiento de las cunetas por parte de la administración.

Adujo que con sus recursos pavimentó la carretera de acceso a su finca, pero con la temporada de invierno y la falta de canalización del agua lluvia se erosionó el cemento.

De modo que el 11 de octubre de 2010, respondió a través de una comunicación, en la que le informó a la accionante que se realizó una visita al predio y que se actualizó el presupuesto elaborado meses atrás tendiente a canalizar las aguas de escorrentía captadas por la transversal y la superficie de rodadura con el fin de llevarlas hasta la cuneta de la vía de ingreso al predio y hacia la transversal más cercana.

Aseguró que la Secretaría de Infraestructura iniciará un proceso pre contractual para la vigencia de ese año tan pronto exista disponibilidad presupuestal. Adicionalmente, anexó un cuadro con el presupuesto actualizado, mencionado cada una de las obras a realizarse por un total de $35.541.676.

El 3 de mayo de 2011, la actora incoó nuevamente una solicitud en ejercicio de su derecho fundamental de petición ante la Corporación Autónoma Regional de Caldas, quien en oficio de 7 de julio de 2011 afirmó:

“Por falta de mantenimiento de las cunetas de la vía que comunica el peaje de la Quiebra de Vélez con La Cabaña, parte de las aguas de escorrentía ingresan al predio de la solicitando (sic) ocasionando problemas de erosión superficial y un pequeño deslizamiento localizado a la entrada del predio, adicionalmente las trasversales (sic) del sector están obstruidas.

En el inicio del descole que pasa por el predio existe un muro construido en gaviones y se encuentra muy deteriorado”.

El 6 de febrero de 2013, solicitó nuevamente a la Secretaría de Infraestructura de Caldas que se realizaran las obras requeridas para solucionar la problemática expuesta, recibiendo como respuesta una comunicación con fecha de 14 de febrero de 2013, en la que le informaron el presupuesto que se invertiría en los arreglos solicitados, sin que en realidad se desarrollaran las obras requeridas.

Manifestó que en mayo del 2016, frente a la preocupación del invierno que se presentó, realizó una construcción de drenajes en sacos de suelo-cemento, sin embargo, un deslizamiento producto de la lluvia lo destruyó.

El 22 de septiembre de 2016, la tutelante peticionó otra vez a la Secretaría de Infraestructura de Caldas, quien el 18 de octubre de la misma anualidad brindó respuesta e indicó:

“Dadas las circunstancias actuales de la vía resulta necesario hacer un diagnóstico detenido de los drenajes en su predio por lo que se determinó realizar una nueva visita donde se evaluará el tipo intervención (sic) requerida con el fin de regular las aguas provenientes de la vía”.

La señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés afirmó que la visita no se realizó.

En diciembre de 2016, a través de la Personería Municipal de Manizales, puso en conocimiento de la situación a la Unidad de gestión del Riesgo de los “procesos erosivos” que se habían presentado.

Por medio del oficio UGR 2413 GED 44184-16 la entidad informó que personal especializado se desplazó al sitio y obtuvo las siguientes observaciones:

“Aproximadamente 200 metros adelante del peaje de la quiebra de Vélez sobre la vía que conduce de Manizales al Sector de La Cabaña se presentó un desprendimiento superficial en el que se involucró mayormente la capa vegetal.

Según lo indicado por un habitante del sector no se han presentado nuevos desprendimientos en el sitio.

Debido a la abundancia de vegetación no fue posible evidenciar posibles zonas donde se presente inestabilidad del terreno.

Actualmente no se evidencia en la zona elementos que estén expuestos a un posible riesgo, sin embargo, recomienda a los habitantes del sector prestar atención a posibles variaciones en el terreno, y si este es el caso comunicarse con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales…”.
Pretensiones

A título de amparo solicitó las siguientes:

“Primero: Que se tutelen mis derechos fundamentales vulnerados teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales ya citados (sentencia T-306 de 2015 y sentencia T-081/13), y de conformidad con ello el Despacho se sirva ordenar a los accionados (sic).

Segundo: Que se ordene de manera inmediata, se realicen las obras de reparación y mantenimiento de suelo-cemento que recibe el agua de la carretera, la finca adyacente a nuestro predio y nuestro predio con el material adecuado para recibir caudal, y así mismo se realice la reparación o reposición de las losas de concreto de la vía afectada, que está en grave estado de deterioro por el mal manejo de aguas, como mitigación a la infiltración.

Tercero: Se realicen las demás obras de infraestructura necesarias para evitar un perjuicio irremediable”.

Fundamentos de la acción

A juicio de la parte actora, la omisión en la que han incurrido las entidades accionadas, está vulnerando sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la integridad personal y al medio ambiente sano.

Argumentó que desde el año 2006 ha elevado múltiples derechos de petición a diferentes autoridades municipales y departamentales, los cuales si bien han sido respondidos oportunamente, no han dado una solución concreta y real a la inminente afectación a la que está sometida la tutelante, su familia y los demás ciudadanos que allí habitan, a causa de los deslizamientos y la falta de alcantarillado en la vereda Quiebra de Vélez de la ciudad de Manizales.

1.5. Trámite de primera instancia

Por auto del 6 de febrero de 2017, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Caldas admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar al municipio de Manizales, a la Unidad del Riesgo de Manizales, a la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales y del departamento de Caldas, a la Secretaría de Infraestructura de Caldas, a la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS y a Aguas de Manizales S.A. E.S.P., para que ejercieran su derecho a la defensa y rindieran informe sobre los hechos expuestos en la solicitud de amparo.

Contestaciones

1.6.1. Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

El representante legal de la entidad, en oficio allegado a la Secretaría de esta Corporación el 9 de febrero de 2017, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva y expresó que dentro de su objeto social y deberes legales no se encuentra el del “tratamiento de inestabilidad de laderas, el manejo de aguas superficiales y sub-superficiales y el manejo de taludes”, pues competencia radica dicha en las autoridades ambientales.

Precisó que la accionante hasta el momento no ha demostrado tan siquiera un perjuicio irremediable que afecte sus derechos fundamentales, razón por la cual “no se puede desplazar el agotamiento de las peticiones y medios judiciales ordinarios”.

Frente al punto arguyó que esta acción es improcedente, debido a que “existen otros mecanismo idóneos y expeditos para debatir el presente caso, en la cual consideramos que debe ser la acción popular”.

Finalmente, aseguró que la entidad no ha transgredido los derechos fundamentales de la señora Piedrahita Cortés, por lo que solicitó ser absuelta de la responsabilidad que le endilgan.

1.6.2. Unidad del Riesgo Manizales

Por medio de escrito enviado el 10 de febrero de 2017, el Director Técnico encargado de este organismo aclaró que “el sector donde se generó el deslizamiento es un predio privado, y este se presentó por la combinación de varios factores que van desde las características topográficas del terreno (ladera de alta pendiente); las precipitaciones altas y prolongadas que se presentaron en esas fechas, así como también la siembra de cultivos limpios, que dejó sin capa vegetal protectora a la ladera”.

Dijo que en la visita que se realizó en el año 2016 al predio de la actora, se corroboró que existía un canal en suelo cemento, el cual recoge las aguas lluvias que emanan de la vía, no obstante, precisó que “existe un riesgo asociado por el no manejo de las aguas lluvias que recolecta la vía, este a la fecha no se considera alto, pero este tiende a aumentar y más cuando existan temporadas de lluvias, es así que se recomienda realizar en un corto plazo el manejo de estas aguas, advirtiendo si, que (sic) esta vía es de carácter departamental, y será la Gobernación de Caldas quien deberá atender las obras a realizar”.

1.6.3. Secretaría de Infraestructura de Caldas

A través de contestación allegada el 9 de febrero de 2017 a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas, el Secretario de esta dependencia informó que dos ingenieros expertos en el tema visitarían el 13 y 17 de febrero de 2017 el predio de la señora Piedrahita Cortés, y el informe que de allí resultara sería adjuntado al proceso el 17 del mismo mes y año; sin embargo dicha documentación no reposa en el expediente.

1.6.4. Alcaldía de Manizales

El Secretario de Despacho en escrito remitido el 9 de febrero de 2017, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Frente al punto expuso dos razones, la primera con ocasión a que la intervención solicitada en el presente trámite es competencia de la Gobernación de Caldas, ya que la vía hace parte de la red del mismo; y la segunda, porque no está permitida la inversión de recursos públicos en predios particulares, pues es al propietario a quien le corresponde realizar las labores que requiere la estabilidad y conservación del terreno.

1.6.5. Secretaría de Medio Ambiente de Manizales

En documento anexado al proceso el 9 de febrero de 2017, esta cartera explicó que expertos visitaron la finca de la accionante, con quien se realizó un recorrido a los terrenos, sin embargo, no evidenció el vertimiento de agua residual de la vivienda ubicada en la parte alta del predio.

En la contestación plasmaron estas conclusiones derivadas de la visita ya mencionada:

“- La problemática está siendo generada por mal manejo de aguas lluvias y escorrentía (ausencia de cunetas, una transversal y conducción de aguas desde la vía a un descole seguro) en la vía departamental Manizales-La Cabaña sector finca La Providencia.

Se requieren obras de conducción de aguas y de estabilidad para la vía.

Por ser una vía departamental las obras a realizar son competencia de la Secretaría de Infraestructura del Departamento”.

Concluyó expresando que por parte de esta Secretaría no hay acciones a proceder en la finca La Providencia, propiedad de la tutelante.

1.6.6. Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS

A pesar de haber sido debidamente notificada de la presente acción constitucional, guardó silencio.

Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de fallo de 16 de febrero de 2017 declaró improcedente esta acción de tutela por no cumplir con uno de los requisitos de procedibilidad adjetiva de este mecanismo constitucional como lo es la subsidiariedad.

Al respecto explicó que de acuerdo a los informes rendidos por las autoridades accionadas, “la zona donde vive la señora Clemencia Piedrahita, sí requiere la construcción de obras de conducción de aguas y de estabilidad de la vía”, no obstante, “el riesgo asociado al no manejo de las aguas lluvias que recolecta la vía, no se considera alto".

Frente al punto, el a quo afirmó que de los medios de convicción allegados al proceso no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante, sin embargo, sí se evidencia la necesidad de que se adelanten obras para el manejo de las aguas lluvias en el sector donde se encuentra localizada la finca y la vereda Quiebra de Vélez.

Finalizó reiterando que si bien no hay una transgresión de las garantías fundamentales de la señora Piedrahita Cortés, sí se están amenazando los derechos colectivos de una comunidad, razón por la cual, la acción popular es el instrumento idóneo y eficaz para enfrentar esta situación, pues indicó que “lo que la accionante busca a través del presente medio es la construcción de obras públicas, que en principio no se consiguen a través de una tutela”.

Trámite posterior a la sentencia de primera instancia

Antes de exponer los argumentos de la parte actora en el escrito de alzada, es importante precisar la razón por la cual hasta la fecha pasa a este Despacho la acción de tutela de la referencia.

Pues bien, el Secretario del tribunal a través de oficio expedido el 1º de marzo de 2018, indicó que si bien la sentencia de primera instancia se profirió el 16 de febrero de 2017 y se notificó a las partes el día siguiente a través de medio electrónico, lo cierto es que hubo un error en la digitación del correo de la accionante, pues se agregó una “i” de más (c.clemencia@hotmaiil.com).

En consecuencia, el 24 de febrero de 2017, la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés se presentó a indagar por la decisión y manifestó que no había recibido notificación alguna, razón por la cual un empleado de la Secretaría dejó constancia al respecto, y le entregó fotocopias de la respectiva providencia y presentó escrito de impugnación el 1º de marzo de 2017, tiempo en el que estaría en término

Adicionalmente, en el oficio se indicó que “en el entendido erróneo por demás, que la notificación de la sentencia se había surtido el 17 de febrero, y que la misma no había sido impugnada, el mismo servidor judicial, por instrucciones del Despacho del Doctor Collazos Olaya, remitió el expediente para eventual revisión a la Corte Constitucional, el día 28 de febrero de 2017”.

Por tal razón, el expediente se remitió a la Corte Constitucional mediante oficio 807 del 1º de marzo de 2017, pero el funcionario de la Secretaría nuevamente se equivocó y “al determinar el radicado, cambió el año y puso en su lugar 2016”.

El 15 de febrero de 2019, este Despacho recibió el proceso para resolver la impugnación.

Impugnación

Ahora bien, en el escrito de impugnación la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés expresó que lo que busca con esta acción constitucional es que las autoridades construyan las obras públicas que se requieren en la vereda Quiebra de Vélez, debido a que su vida, la de su familia y la de los demás ciudadanos del sector está siendo amenazada.

Aseguró que ha agotado todos los viables mecanismos dentro del debido proceso, para que las obras se lleven a cabo, “obteniendo repetitivamente respuestas negativas y omisivas”, razón por la cual dice que se está configurando un perjuicio irremediable que activa el mecanismo constitucional de tutela.

Alegó que el a quo dijo que la tutela procede contra cualquier acción u omisión, “siempre que no exista otro medio de defensa que sea idóneo, o cuando existiéndolo no sea expedito u oportuno o sea necesario el amparo para evitar un perjuicio irremediable”, no obstante, arguye que el tribunal no aplicó este principio, pues ella demostró “con suficiencia los numerables conceptos emitidos por las diferentes Gestión del entidades competentes como la Secretaría de Medio Ambiente, La Unidad de Riesgo de Corpocaldas y la Secretaría de Infraestructura del Departamento, que dan cuenta del estado de las obras, la inestabilidad del terreno, el riego de colapso…”.

Finalmente manifestó que su madre se encuentra en un grave estado de salud y debe trasladarse con ella constantemente para que la atiendan en el Hospital de Caldas, por lo que le preocupa que “la vía que conduce a los centros urbanos quede taponada”, y no se pueda trasladar para su atención.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés contra la sentencia del 16 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el artículo 2° del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala debe precisar que atendiendo a que la presente acción de tutela se dirige en contra del municipio del municipio de Manizales, la Unidad del Riesgo de Manizales, la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales y del departamento de Caldas, la Secretaría de Infraestructura de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS y Aguas de Manizales S.A. E.S.P., el competente para conocer de la petición de amparo en primera instancia era el Juzgado Municipal de Manizales, en consonancia con lo dispuesto por el Decreto 1069 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional con auto A-193/2012 señaló que la observancia del Decreto 1382 de 2000 hoy Decreto 1069 de 2015, no autoriza al funcionario judicial para declarar su incompetencia ni para decretar la nulidad de lo actuado. En estos eventos, el juez a quien le correspondió por reparto el conocimiento de la demanda, debe tramitar la acción o decidir la impugnación, según sea el caso.

En la mencionada decisión, la Corte agregó que en esos casos, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la celeridad de la acción de tutela y la integridad del proceso judicial, que una vez fallado el proceso en primera instancia, el superior funcional debe decidir la impugnación presentada.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 16 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el curso de la acción de tutela instaurada por la señora Clemencia Piedrahita Cortés contra el municipio de Manizales, la Unidad del Riesgo de Manizales, la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales y del departamento de Caldas, la Secretaría de Infraestructura de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS y Aguas de Manizales S.A. E.S.P., con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales.

Para el efecto, se estudiará: i) panorama general de la acción de tutela; ii) características del derecho de petición; iii) la subsidiariedad; y iv) de superarse la subsidiariedad, el estudio del caso concreto.

2.3. Panorama general de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.4. Características esenciales del derecho de petición

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos fundamentales.

Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en consideración.

Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al sentido de la misma.

De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución efectiva, sino que, es necesario que ésta se dé a conocer al interesado. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado:

“Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente” (subrayado fuera del texto).

Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que ésta trasciende considerablemente al nivel social, pues es éste el mecanismo de interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley 1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente.

Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria No. 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

En consecuencia, considerando que la petición fue presentada por el actor ante el Tribunal Administrativo de Santander el 22 de noviembre de 2017, se tiene que el régimen jurídico aplicable al mismo corresponde al consagrado en la Ley 1755 del 2015.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

2.6. Estudio del caso concreto

En el caso sub examine, observa la Sala que la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés instauró acción de tutela contra el municipio de Manizales, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Medio Ambiente, el Departamento de Caldas, la Secretaría de Infraestructura, la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS y Aguas de Manizales S.A. E.S.P., porque consideró que sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la integridad personal, a la vida y al medio ambiente sano, le fueron vulnerados por la omisión en la que han incurrido las entidades accionadas, al no ejecutar las obras necesarias en la vereda Quiebra de Vélez, encaminadas a solucionar los problemas de alcantarillado, la erosión de la carretera y el mantenimiento de las obras existentes, con el fin de evitar un perjuicio irremediable no solo de la accionante sino también de la comunidad en general.

En primer lugar, como ya se expuso en el acápite de los hechos, la accionante entre los años 2005 y 2016 incoó diferentes peticiones a entidades públicas territoriales con el objetivo de que le dieran una solución a los problemas en cuestión, sin embargo, alega que a la fecha no se le ha dado una solución concreta a sus reclamos.

Lo primero que advierte la Sala es que teniendo en cuenta que el caso de la referencia corresponde a una acción de tutela contra autoridades administrativas, el juez de tutela no tiene los límites que se presentan cuando se trata de una solicitud de amparo contra una providencia judicial. Por ende, el juez constitucional puede proteger los derechos fundamentales que evidencie vulnerados aún cuando la parte actora no lo haya alegado de manera expresa en su escrito inicial.

Aclarado lo anterior y por efectos metodológicos esta sala (i) analizará en primera medida si las respuestas a las peticiones radicadas por la parte actora garantizaron su derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, (ii) se pronunciará sobre la posible vulneración de derechos fundamentales de la actora como consecuencia de las “respuestas negativas y omisivas” y la falta construcción por parte de las entidades de las obras públicas que la señora Piedrahita Cortés asegura se requieren en la vereda Quiebra de Vélez,

2.5.1. A continuación se adjuntará un cuadro en el que se plasma cada una de las solicitudes elevadas y aportadas por la señora Piedrahita Cortés con el escrito de tutela y sus respectivas contestaciones por parte de las autoridades competentes, esto con el fin de determinar si efectivamente el derecho fundamental al derecho de petición de la accionante fue garantizado por las entidades demandadas.

DERECHO DE PETICIÓN
RESPUESTA
ACCIONANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS
Fecha: 21 de febrero de 2006

Solicitó que se tomen medidas inmediatas de arreglo de las cunetas tanto de la carretera principal, como de la entrada a la finca y se hagan reparaciones tendientes a que el perjuicio que se está presentando desaparezca, para que el daño en un futuro no sea más grande por el inminente riesgo de otro derrumbe.

Fecha: 18 de abril de 2006

Expresó que efectivamente hubo un deslizamiento superficial en la carretera que compromete una pequeña línea de drenaje que vació una estructura de gaviones que servía de confinamiento a la vía de ingreso a la vivienda.
Indicó que es necesario construir cunetas y un muro de contención en el sector correspondiente a su predio.
Dijo que el objetivo es construir una cuneta vehicular en concreto de 3000 psi para conducir las aguas hasta la transversal de descole y una estructura de contención que confine amabas bancas carreteables y brinde estabilidad al conjunto.
Como obras conexas es posible que se construyan estructuras de drenaje y subdrenaje.
Adjuntó un cuadro con el presupuesto para la construcción de las obras ($11.109.227) y aseguró que la contratación se hará a la mayor brevedad, siempre que la ley de garantías lo permita.

DERECHO DE PETICIÓN
RESPUESTA
ACCIONANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS
Fecha: 6 de julio de 2009

En la comunicación adjunta fotografías para exponer los daños, e indica que se cayó un gavión de la carretera principal y por ende el acceso a la finca.
Dicho acceso se ha deteriorado por culpa de las aguas mal canalizadas de la carretera principal, ya que no cuentan con canaletas apropiadas.
Expresa que ha arreglado la carretera en dos ocasiones con sus recursos, pero persiste el daño.
Solicita visita para que estimen la gravedad del problema y den una pronta solución, tanto para las cunetas como para la carretera.

Fecha: 5 de noviembre de 2009

1. En el oficio indicó que el ingeniero Elio Albeiro Zapata, especialista en geotecnia, realizó una visita a la zona e informó que para evitar que las aguas de escorrentía se transporten por la banca y se metan por el carreteable del predio de la peticionaria se deben desarrollar las siguientes obras:
-Habilitar transversal ubicada a 53 metros después del ingreso al predio en el sentido Manizales-La Cabaña, con el fin de recoger las aguas que llegan desde la parte media del ascenso a la vereda Cueva Santa y su respectivo descote.
-Construir cuneta o canal abierto desde la mencionada transversal hasta la obra siguiente.
-Construir cuneta que maje los caudales y sean entregados adecuadamente a la primera transversal.
2. Aseguró que estas obras se incluirían en el plan de acción del año 2010, debido a que a la fecha los dineros de la vigencia 2009 ya estaban agotados. Las obras tendrían un costo aproximado de $47.300.000.

DERECHO DE PETICIÓN
RESPUESTA
ACCIONANTE
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Fecha: 14 de septiembre de 2010

Pide que se le informe las razones por las cuales, la Secretaría a pesar de las múltiples solicitudes personales y escritas, no ha dado respuesta al manejo de las cunetas que van bordeando la finca de su propiedad, las cuales han afectado el acceso en varias ocasiones.
Por la falta de mantenimiento de las cunetas, han habido derrumbes y por ende incomunicación con la carretera principal que conduce a Manizales.
Sostiene que ha arreglado tres veces la carretera de acceso a la finca, sin embargo, por el invierno ha empeorado porque el agua está mal canalizada.
Dice que el último arreglo que hizo fue pavimentar la entrada a su finca, pero la humedad está “pelando el cemento”.
Solicita el mantenimiento adecuado de las cunetas de la carretera central, así como el de la carretera de a entrada a la finca.

Fecha: 11 de octubre de 2010

Allegó comunicación a la accionante, en la que le informa que se realizó una visita al predio y que se ha actualizado el presupuesto elaborado meses atrás tendiente a canalizar las aguas de escorrentía captadas por la transversal y la superficie de rodadura con el fin de llevarlas hasta la cuneta de la vía de ingreso al predio y hacia la transversal más cercana.
Aseguró que la Secretaría de Infraestructura iniciará un proceso pre contractual para la vigencia de ese año tan pronto exista disponibilidad presupuestal.
Anexó un cuadro con el presupuesto actualizado, mencionado cada una de las obras a realizarse por un total de $35.541.676.

DERECHO DE PETICIÓN
RESPUESTA
ACCIONANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS
Fecha: 6 de febrero de 2013

Expresa que en el tramo entre el restaurante “Los paisas” y la entrada a su finca no hay cunetas que permitan el manejo integral del agua, pues las dos únicas pocetas que existen están taponadas con la sedimentación trasladada por la lluvia (no han sido limpiadas).
Debido al mal manejo de las aguas, estas se están rebosando y descendiendo por las laderas de su predio ocasionando impactos negativos como la desestabilización de los terrenos, proceso erosivos e infraestructura de gaviones colapsada.
Solicita que se adopten medidas administrativas, jurídicas y presupuestales que sean necesarias, para que se construyan las obras necesarias para el manejo de la escorrentía en el tramo ya mencionado.

Fecha: 14 de febrero de 2013

En la respuesta expresó que después de la visita técnica a la vía Manizales-La Cabaña-Tres Puertas (sector finca La Providencia), se requiere de la construcción de una cuneta en talud superior en longitud aproximada de 150 m, canal de entrega a sitio de pendiente suave y recuperación de transversal existente.

Aseguró que estas obras tendrían un costo de $20.956.011, sin embargo advirtió en el momento en la Secretaría no se tienen los recursos disponibles para la ejecución de las obras, sin embargo se hará la gestión correspondiente para la consecución de los mismos y dejar la petición satisfecha. (Adjuntó cuadro

DERECHO DE PETICIÓN
RESPUESTA
ACCIONANTE
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIEGO DE MANIZALES
Fecha: 18 de noviembre de 2016

Dice que en la vereda Quiebra de Vélez hay un problema de infiltración de aguas que está generando deslizamiento dentro de su predio afectando la salud y la vida de los habitantes.
Expresa que a la fecha no conoce solución a ese problema, pues verbalmente ha insistido a la Secretaría de Obras Públicas y Planeación, sin obtener respuesta positiva para la solución.
Solicita la construcción de un muro de contención que retenga las aguas que generan deslizamiento.

Fecha: 27 de diciembre de 2016

1.Personal de la Unidad de Gestión del Riesgo se desplazó hasta el sitio de los hechos y obtuvo las siguientes observaciones:

-Aproximadamente 200 metros adelante del peaje de la quiebra de Vélez sobre la vía que conduce de Manizales al Sector de La Cabaña se presentó un desprendimiento superficial en el que se involucró mayormente la capa vegetal.

Según lo indicado por un habitante del sector no se han presentado nuevos desprendimientos en el sitio.

-Debido a la abundancia de vegetación no fue posible evidenciar posibles zonas donde se presente inestabilidad del terreno.

-Actualmente no se evidencia en la zona elementos que estén expuestos a un posible riesgo, sin embargo, recomienda a los habitantes del sector prestar atención a posibles variaciones en el terreno, y si este es el caso comunicarse con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales.

-Igualmente recomienda al propietario del predio llevar a cabo obras de bioingeniería en la zona afectada, buscando con ellos garantizar la estabilidad del terreno.

Ahora bien, de la información contemplada en el cuadro, se extrae que las peticiones 3 y 4, radicadas por la tutelante ante la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura, respectivamente, no fueron respondidas en su totalidad de fondo.

Lo anterior, debido a que en la petición número 3, la accionante solicitó el mantenimiento adecuado de las cunetas de la carretera central, es decir, la que comunica de la vereda Quiebra de Vélez al municipio de Manizales, así mismo, en la solicitud número 4 requirió que se adoptaran medidas administrativas y jurídicas para mitigar los problemas relacionados con el mal manejo de las aguas, la desestabilización de los terrenos, los procesos erosivos y el colapso de la infraestructura de gaviones, cuestiones que no fueron resueltas de manera clara y concreta por la Gobernación de Caldas como la Secretaría de Infraestructura de ese departamento

Frente al punto, esta Sala de decisión advierte que tanto la Gobernación de Caldas como la Secretaría de Infraestructura de ese departamento, transgredieron el derecho de petición de la actora, pues si bien, este derecho se concreta en la formulación de una petición, se efectiviza en la resolución pronta, material y total del mismo, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al peticionario.

En consecuencia, esta Sección considera que las autoridades mencionadas están vulnerando el derecho de petición de la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés, al no haber dado en su momento una respuesta de fondo a las solicitudes radicadas el 14 de septiembre de 2010 y el 6 de febrero de 2013, razón por la cual está Sala amparará el derecho fundamental de petición de la accionante, con el fin de que las entidades mencionadas contesten de manera íntegra, clara y concreta a lo solicitado por la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés.

2.5.2. Ahora bien, de los antecedentes y de los documentos allegados al expediente, se advierte que la peticionaria asegura que sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la integridad personal y al medio ambiente sano están siendo vulnerados como consecuencia de las “respuestas negativas y omisivas” y la falta construcción por parte de las entidades de las obras públicas que asegura se requieren en la vereda Quiebra de Vélez.

Frente al punto, advierte la Sección que la solicitud de amparo de la referencia resulta improcedente, pues no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante no agotó los medios judiciales pertinentes que tenía a su disposición con el fin de hacer cumplir el acto de 18 de abril de 2006, como se explicará en las siguientes líneas y, que en todo caso, en la actualidad cuenta con la posibilidad de atacar los actos administrativos desfavorables a sus peticiones y de interponer una acción popular en procura de que se garanticen los derechos colectivos.

2.5.3. En ese orden de ideas, observa la Sala que en la respuesta que brindó la Secretaría de Infraestructura de Caldas a la petición número 1 hecha por la actora, se adjuntó un cuadro con un presupuesto de $11.109.227 para la construcción de una cuneta vehicular en concreto de 3000 psi, que ayudaría a conducir las aguas hasta la transversal de descole y una estructura de contención que confinaría las bancas carreteables y brindaría estabilidad al terreno, sin embargo, de las pruebas arrimadas al proceso, se evidencia que las mencionadas obras no se llevaron a cabo.

Pues bien, frente a este punto y partiendo de que la Secretaría de Infraestructura de Caldas no invirtió el presupuesto señalado y por consiguiente no ejecutó las obras convenidas, esta Sala de Decisión advierte que el mecanismo a través del cual la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés pudo haber exigido el cumplimiento de esa obligación, era la acción de cumplimiento, contemplada en el artículo 87 de la Constitución Política de 1991.

Lo anterior con ocasión a que, si bien es sabido que la acción de cumplimiento no se promueve frente a las normas que generen gasto, tal y como lo señala el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, que dispone que esta acción no es procedente para perseguir el cumplimiento de normas que establecen gastos a la administración.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha definido el concepto de gasto público como aquel en el que incurre el Estado, con el objeto de lograr sus fines; y respecto de las normas que establecen gastos, ha dicho:

“Son normas que establecen gastos, aquéllas mediante las cuales las Corporaciones Públicas autorizan las erogaciones que pueden hacerse con cargo al Tesoro. Según el inciso segundo del Art. 345 de la Constitución, no podrá hacerse gasto alguno si no ha sido decretado por el Congreso, por las Asambleas departamentales o por los Concejos distritales o municipales. A este tipo de normas es a las que se refiere el Art. 9o. de la ley 393 de 1997”.

No obstante lo anterior, se precisa que no en todos los casos en que la norma comporta una erogación dineraria, la acción de cumplimiento es improcedente; es necesario tener presente que, la jurisprudencia de esta Corporación también ha resaltado que, una vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto, la vocación natural de estos, es la de ser efectivamente destinados a la satisfacción de la función para el cual están concebidos, y es en estos casos, la pretensión de cumplimiento es procedente.

En ese orden de ideas, la Sección Tercera, en un caso en el que se solicitaba el cumplimiento de una norma que implicaba un gasto que ya estaba asignado dentro del presupuesto de la entidad, señaló:

“Una vez ordenado, presupuestado y apropiado el gasto, todas las autoridades encargadas de su ejecución, han de cumplirlo y ello, desde la óptica de la norma constitucional contenida en el art. 87 de la Carta Política, impone su cumplimiento”.

Ahora bien, como ya se expresó y corroboró a folios 22 y 23 del expediente, la Secretaría de Infraestructura de Caldas aseguró que tenía disponibilidad presupuestal para la ejecución de las obras, señaló de manera expresa que realizaría la obra en la carretera de entrada al predio de la peticionaria, en los siguientes términos:

“En visita realizada en atención a su derecho de petición se ha observado que se ha presentado un deslizamiento superficial que compromete una pequeña línea de drenaje y que ha desconfiando y vaciado una estructura en (sic) gaviones que servía de confinamiento a la vía de ingreso a la vivienda; de acuerdo a lo anterior es necesario construir cunetas y un muro de contención en el sector correspondiente a su predio K7+500 aproximadamente de la vía Manizales – La Cabaña – Tres Puertas, ya que el fenómeno compromete la estabilidad de la banca en la vía departamental. El objetivo es construir una cuneta vehicular en concreto de 3000 psi para conducir las aguas hasta la transversal de descole y una estructura de contención que confine amabas bancas carreteables y brinde estabilidad al conjunto. Es posible que como obras conexas es posible que se construyan estructuras de drenaje y subdrenaje, de ser necesario en el desarrollo de la obra.

El presupuesto estimado para cumplir el objeto mencionado es de $11.109.227.y las actividades a realizar son las consignadas en el anexo”.

De modo que la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés, en su momento tuvo la oportunidad de exigir la ejecución de estas a través de la acción de cumplimiento, antes de interponer la presente acción de tutela, sin embargo no lo hizo.

De modo que aun cuando en este momento la acción de cumplimiento no es la vía idónea para que la actora reclame la ejecución de las obras, pues los certificados presupuestales finalizan año tras año y por consiguiente el presupuesto del año 2006 de la Secretaría de Infraestructura de Caldas ya caducó, a juicio de la Sala si resultaba un medio procedente para hacer exigible el acto de 18 de abril de 2006.

2.5.4. Por otro lado, frente a las peticiones número 2 y 5, esta Sala precisa que la Secretaría de Infraestructura de Caldas y la Unidad de Gestión del Riesgo, respectivamente, respondieron de negativamente la solicitud hecha por la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortes.

Se advierte que la tutelante en la petición número 2 solicitó que un experto visitara la zona y estimara la gravedad del problema, para que así se diera una pronta solución al deterioro de la carretera. Frente al punto, la Secretaría de Infraestructura de Caldas argumentó que efectivamente está proyectado ejecutar las obras, sin embargo en ese momento no se podía lograr ese objetivo debido a que los recursos no se encontraban disponibles.

A su turno, en la solicitud número 5, la accionante le pidió ayuda a la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales porque había un problema de filtración de agua que estaba afectando el terreno y la entrada a la finca, así como su salud y su vida. Sin embargo esta entidad en su respuesta informó que después de una visita hecha a la vereda, se encontró que solo hubo un desprendimiento de la capa vegetal en la zona, pero que en las últimas semanas todo se había normalizado. Adicionalmente le sugirió a la actora que realice obras de bioingeniería su predio, para que garantizara la estabilidad del terreno.

Frente al punto, esta Sala de Sección encuentra que las comunicaciones dadas por la Secretaría de Infraestructura de Caldas y La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales son respuestas de la administración y por consiguiente constituyen un acto administrativo.

En ese orden de ideas, lo reprochado por la parte actora en los actos administrativos número 2 y 5 en sede de tutela, es susceptible de control de legalidad a través del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que dispone:

“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo expuesto en líneas anteriores resulta que la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés tuvo la oportunidad de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no lo hizo, pues la norma es clara en advertir que la acción en comento se puede interponer cuatro meses contados a partir de la publicación del acto administrativo objeto de reproche, razón por la cual esta acción para el acto administrativo notificado el 5 de noviembre de 2015 caducó el 5 de marzo de 2016; y para el acto administrativo publicado el 27 de diciembre de 2016 caducó el 27 de abril de 2017.

En todo caso, si en gracia de discusión la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés pretende la protección de los derechos colectivos y la construcción de obras públicas el medio idóneo para ello sería, tal como lo indicó el a quo, la acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991, el artículo 144 del CPACA y la Ley 472 de 1992.

Ahora bien, la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés afirma que debido a la omisión de las entidades competentes, se está causando un perjuicio irremediable y por consiguiente se está vulnerando el derecho a la vida en doble vía, debido a que su madre se encuentra delicada de salud y debe trasladarse con ella constantemente para que la atiendan en el Hospital de Caldas, por lo que le preocupa que “la vía que conduce a los centros urbanos quede taponada”, y no se pueda trasladar para su atención.

Frente al punto, esta Sala de decisión advierte que en el marco del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y constitucional de acción popular, la accionante podrá pedir las medidas cautelares a efectos de conjurar ese perjuicio irremediable.

2.6. Conclusión

Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos por esta Sala de decisión, se modificará la decisión de 16 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró improcedente la presente acción constitucional, para en su lugar, amparar el derecho fundamental de petición de la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés, respecto de los escritos de 14 de septiembre de 2010 y 6 de febrero de 2013, radicados ante la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura del mismo departamento, respectivamente.

Asimismo, se declarará la improcedencia de la acción respecto de los demás cargos y pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en este proveído.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 16 de febrero de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, declaró improcedente la presente acción constitucional para, en su lugar:

AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés, respecto de los escritos de 14 de septiembre de 2010 y 6 de febrero de 2013, radicados ante la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura del mismo departamento, respectivamente. En consecuencia, ORDENAR a la Gobernación de Caldas y a la Secretaría de Infraestructura de Caldas que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión judicial, dé respuesta clara y concreta a las peticiones incoadas por la señora Luz Clemencia Piedrahita Cortés el 14 de septiembre de 2010 y 6 de febrero de 2013, respectivamente, con copia a esta Sección Quinta y cumpliendo los términos y condiciones expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN respecto de los demás cargos y pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

Folios 3 al 12.
Esta solicitud al igual que las demás solicitudes hechas por la accionante dirigidas a la Corporación Regional de Caldas, no se llegaron al expediente.
Folio 18.
Folios 20 y 21.
Folios 22 y 23.
Folio 41.
Folio 47.
Folio 14.

Folio 52.
Folios 81 al 103.
Folio 105.
Folio 106.
Folios 49 al 53 del expediente de tutela.
Folios 125 al 129.
Folios 55 al 60 del expediente de tutela.
La accionante presentó el escrito de impugnación en tiempo, pues se entiende que la notificación se surtió el 24 de febrero de 2017, es decir, el día en que la accionante recibió las fotocopias de la decisión, en consecuencia, la decisión quedó ejecutoriada el 1º de marzo de 2017.
Folios 66 al 71 del expediente de tutela.
“1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales”.
Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla
Este mismo criterio fue acogido por la Sección Quinta en sentencias de tutela: (i) Rad. No. 2015-01738-01, sentencia de 3 de diciembre de 2015, Magistrado Ponente: Carlos Moreno Rubio; (ii) 2014-02664-01, sentencia de 10 de septiembre 2015, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Corte Constitucional. Sentencias T-552 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
Corte Constitucional. Sentencias T-495/92, T-010/93, T-392/94, T-392/95 y T-291/96.
Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
A la fecha, se expidió por el Congreso de la República, la Ley 1755 del 30 de junio del 2015, por medio de la cual se regula el derecho constitucional de petición y se sustituye un título el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
La Sala solo tendrá en cuenta las cinco peticiones del cuadro, con sus respectivas respuestas, pues solo respecto de ellas se puede realizar un contraste de lo solicitado por la accionante con lo respondido por la Secretaría de Infraestructura de Caldas y la Gobernación de Caldas.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de enero de 1998. Expediente: ACU-127. Magistrado Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de enero de 1999. Radicado: ACU-552. Magistrado Ponente: Daniel Suárez Hernández.

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