Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00082-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., 28 de julio de 2022
Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.-
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00082-01
Interno: 2292-2021- Digital
Demandante: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y departamento
de Caldas.
Tema: Reclamación de intereses moratorios con ocasión de la
homologación y nivelación salarial del personal
administrativo como consecuencia del proceso de la
descentralización del sector educativo.
FALLO SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 6 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas que negó las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2. La señora María Cristina Restrepo Ayala presenta demanda contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas con el objeto de
solicitar la nulidad del oficio No 0482/16 del 06 de julio de 2016 expedida por la
secretaría de educación del departamento de Caldas por medio del cual se
negaron los intereses moratorios generados con ocasión al pago tardío del
retroactivo de homologación y nivelación salarial.
3. Como restablecimiento del derecho, solicita se declare que tiene pleno derecho
a que las demandadas le reconozcan y paguen los intereses moratorios, efectivos
a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación (11 de
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REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
febrero de 1997) hasta el día en que fue efectivo el pago total del retroactivo por
homologación y nivelación salarial, esto es, el 15 de abril de 2013.
4. Solicita igualmente que se ordene el pago de los intereses moratorios y al
cumplimiento del fallo conforme lo previsto por el artículo 192 del CPACA.
Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes fundamentos fácticos1:
5. La demandante manifiesta que prestó sus servicios en la secretaría de
educación del departamento de Caldas en calidad de personal administrativo. Que
mediante el Decreto No. 0021 de 1997 el Departamento de Caldas trasfirió el
personal administrativo adscrito al servicio público nacional a la planta de cargos
del ente territorial con las mismas denominaciones, códigos y salarios sin tener en
cuenta que en la mayoría de los casos el personal de carácter departamental o
municipal contaba con un nivel salarial superior al del personal administrativo de
orden nacional.
6. Indica que el departamento de Caldas en virtud del Concepto 1607 de 9 de
diciembre 2004 proferido por esta Corporación y en atención a la directiva
ministerial No. 10 de 2005, elaboró y presentó el estudio técnico de homologación
y nivelación de cargos radicado con el No. 2007ER9711, el cual fue aprobado por
el Ministerio de Educación Nacional mediante comunicación suscrita el 30 de
marzo de 2007.
7. En consecuencia de lo anterior, el ente territorial demandado expidió el Decreto
0399 de 20 de abril de 2007 por el cual se homologaron y nivelaron los cargos
administrativos del personal perteneciente a la planta de cargos del departamento
de Caldas, que fue modificado mediante el Decreto 337 de 2010, en virtud de la
solicitud realizada por la secretaría de educación del departamento de Caldas ante
el Ministerio de Educación mediante los Oficios SED 0345 de 17 de junio de 2008
y GJSED 1497 de 22 de mayo de 2009, para que se revisara y ajustara el aludido
proceso, modificación que fue aprobada por el ministerio en mención mediante
Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de 2009.
8. Mediante Resolución No. 2226-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada por la
Resolución No. 4686-6 del 04 de julio de 2013, modificada a su vez por la
Resolución 9150-6 del 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación
1 Folios 4 y 5.
3
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
Nacional, a través de la secretaría de educación departamental canceló a favor de
la parte demandante el pago de un retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial indicando de forma expresa en su artículo 1° la fecha de
constitución de la obligación, esto es, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31
de diciembre de 2009.
9. Manifiesta que la obligación de reconocer el pago de la homologación salarial
inicia a partir del 10 de febrero de 1997 como consecuencia de la expedición del
Decreto Departamental 0021 de 1997 y, hasta el 31 de diciembre de 2009; toda
vez que a partir del año 2010 se incorporó por homologación y nivelación salarial
la planta de personal administrativa del Departamento de Caldas- Sector
Educación, motivo por el cual el Departamento de Caldas canceló la vigencia del
2010 con los valores homologados e incorporó a partir del 1 de enero de 2011 al
personal administrativo de conformidad con la homologación y nivelación
aprobada mediante el Decreto Departamental Nro. 0337 de 2 de Diciembre de
2010. Sin embargo, señala que dependiendo de la fecha de ingreso, retiro y/o
prescripción, el periodo a cancelar varía de una persona a otra; así que, si bien la
obligación general de reconocer el pago de la homologación inicia a partir del mes
de febrero de 1997, en el caso específico de la parte demandante, lo fue a partir
del día 11 de febrero de 1997 hasta el año 2009.
10. En razón de lo anterior, arguye que según certificación de pago expedida por
la secretaría de educación, el retroactivo reconocido en la Resolución No. 4686-6
del 04 de julio de 2013 correspondiente a la suma de $181.576.843,00, se liquidó
a partir del 11 de febrero de 1997 hasta el año 2009, pago que fue efectuado solo
hasta el 15 de abril de 2013. Sustenta que el retroactivo (correspondiente a un
ajuste de indexación), reconocido en la resolución Nro. 9150-6 del 11 de diciembre
de 2014, correspondiente a la suma de $21.964.233,00, fue pagado el 16 de
diciembre de 2014.
Concepto de violación.
11. Manifiesta la parte demandante que el acto acusado desconoció normas de
orden superior, en la medida que le negó el reconocimiento y pago de una
consecuencia natural (intereses moratorios) que deviene de la cancelación tardía
de una obligación, máxime cuando en virtud del proceso de homologación y
nivelación salarial configuraba un deber en cabeza de la administración
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REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
consagrado en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 2 , relativo a pagar las
deudas que resultaren del reconocimiento de los costos del servicio educativo
conforme a la Constitución Política y la ley, que fueren dejados de pagar o no
reconocidos por el Sistema General de Participaciones, de manera que la parte
demandada no puede exonerarse de ello, en consideración a que se trató de un
procedimiento administrativo, pues ello era previsible en aras de salvaguardar los
principios de equidad e igualdad en materia laboral. Indica que las entidades
demandadas debieron efectuar la homologación de cargos de forma previa a la
incorporación de la planta de personal adscrita al nivel nacional hacia el orden
territorial, proceso que al no adelantarse de tal manera generó que la
homologación y nivelación salarial fuese cancelada años después de haberse
causado, lo que explica los intereses pretendidos.
Contestación de la demanda.
12. La Nación – Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda de
manera extemporánea, según constancia de Secretaría a folio 67 del cuaderno 1.
13. El departamento de Caldas3 arguyó que el Ministerio de Educación Nacional
era el encargado de signar los recursos para el reconocimiento de la
homologación salarial, por lo cual, el ente territorial no es responsable del
reconocimiento y pago de los intereses reclamados, pues dichos pagos se
realizaron con recursos del Sistema General de Participación y no con rubros
propios del departamento. Adicionalmente, aduce que no hay lugar a acceder a las
pretensiones de la demanda, en tanto pretende la imposición de una doble
sanción por una obligación de índole laboral como es el pago de la nivelación
2 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014
[…]
ARTÍCULO 148. SANEAMIENTO DE DEUDAS. Con cargo a las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema
General de Participaciones, se pagarán las deudas que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo
ordenados por la Constitución y la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal Docente y Administrativo, como costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, incentivos
regulados en los Decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010, homologaciones de cargos administrativos del sector, primas y otros
derechos laborales, deudas que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones presentadas por las entidades
territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.
Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el presente artículo, la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público– concurrirá subsidiariamente con recursos del Presupuesto General de la Nación
para cubrir el pago de las deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de acuerdos de
pago, previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes de un encargo fiduciario a través del cual
se efectúen los pagos.
Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los cruces de cuentas
que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las entidades territoriales y la Nación.»
3 Folios 76 a 80.
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REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
salarial de que fue beneficiario el actor, desconociendo que las sumas reconocidas
fueron indexadas.
Sentencia apelada.
14. El Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa del departamento de Caldas, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Como sustento de la
decisión, indicó que la obligación en cabeza de la administración de cancelar los
valores por concepto de homologación y nivelación salarial surgió en el momento
en que fueron expedidos los actos administrativos que determinaron el derecho a
su pago a favor de la parte accionante, pues hasta dicha fecha no existía
pronunciamiento que permitiera su exigibilidad. Además, teniendo en cuenta la
naturaleza sancionatoria de los intereses moratorios en asuntos laborales,
tampoco existía fundamento legal que otorgara el derecho a reclamar intereses
por pago tardío de la homologación y nivelación salarial o que determinara su
causación y exigibilidad de forma automática en el mismo momento en que la
parte accionante fue incorporada a la parte de personal del ente territorial.
15. Así mismo, señala que en el caso bajo estudio, en cuanto a la indexación
deben distinguirse dos momentos: i) la generada antes de la resolución de la
liquidación del reajuste por concepto de la homologación y nivelación salarial y ii)
la genera entre esta fecha y el pago del valor del ajuste.
16. En cuanto a la primera, como quiera que existe un acto administrativo expreso
que se refirió y que reconoció la indexación, la parte demandante debía
previamente poner en conocimiento de la administración, las razones y los
argumentos por los cuales no se encuentra de acuerdo con la decisión de la
administración, en cuanto reconoció la indexación hasta una fecha determinada,
con el fin de provocar un pronunciamiento por la entidad, sea expreso o tácito, que
abra la posibilidad de demandar. En cuanto a la segunda, en aplicación a los
principios de favorabilidad y de las facultades extra 1/ ultra petita, si es viable
indexar de oficio estos valores, siempre y cuando haya transcurrido más de un
mes, por cuanto se trata de una pretensión basada en hechos ocurridos con
posterioridad a la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la
indexación. Entonces, como quiera que el pago fue efectuado el 15 de abril de
2013 y la Resolución No. 2226-6 fue expedida el 22 de marzo de 2013, es decir,
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REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
que no transcurrió más de un mes, entre la fecha del reconocimiento y la fecha de
pago, tiempo que resulta prudencial, proporcionado y necesario para la
administración culminara el proceso de homologación y nivelación salarial y
realizar las gestiones para el pago, situación que impide la indexación de dichas
sumas.
Recurso de apelación.
17. El apoderado de la parte demandante manifestó que los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para llevar a feliz término el proceso
de descentralización educativa, debían efectuarse previo al traslado e
incorporación del mismo, de manera que garantizara su trabajo en condiciones
iguales, por lo que, el personal a partir del traslado efectuado tenía pleno derecho
a percibir en la nómina inmediatamente posterior su salario debidamente ajustado.
18. Argumenta que es procedente solicitar el reconcomiendo y pago de intereses
de mora desde el momento en que surgió el derecho a percibir el salario
homologado, es decir, desde la incorporación del personal a la planta de cargos
de la entidad territorial y no a partir de la fecha en la cual se expide el acto
administrativo que ordena el pago del retroactivo, como lo afirma el juzgador de
instancia. El juzgador reconoce, que las sumas pagadas fueron indexadas y por
tanto concluye que no es válido reconocer los intereses de mora, pero pierde de
vista que la condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso
del tiempo, sería los intereses de mora; emolumentos que durante los alegatos de
conclusión, se solicitaron se pagaran de forma preferente y favorable, en lugar de
la indexación, debido a la injustificada demora en el pago de dichas acreencias
laborales.
19. Por último, manifiesta que su obrar fue de buena fe, por cuanto la actuación
llevada a cabo dentro del proceso permite determinar que nunca existió
comportamiento temerario o doloso que justifique la imposición de la condena en
costas.
Alegatos de conclusión y Concepto del Ministerio Público.
20. El Ministerio de Educación Nacional4 sostiene que de conformidad con la
prueba recaudada en el plenario, tal y como es reconocido en la sentencia objeto
4 Memorial cargado al aplicativo Samai, visible a índice 15.
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REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
de recurso por la parte demandante, los valores reconocidos a la parte activa por
concepto de retroactivo e indexación por homologación salarial, en la Resolución
No 2226-6 del 22 de marzo de 2013, fueron pagados el mes de abril 2013, por
tanto, no había transcurrido más de un mes entre el reconocimiento y el pago
efectivo a su beneficiario, siendo así, inexistente la pérdida de poder adquisitivo
del dinero reconocido en perjuicio del interesada y mucho menos, susceptible de
imponer sanción moratoria alguna. Por su parte, la demandante no hizo uso de
esta oportunidad procesal y el Ministerio Público no emitió concepto en el
presente asunto.
CONSIDERACIONES
21. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin
que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control
de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
Problema Jurídico:
22. Establecer si el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo debía darse con antelación al traslado del personal, de manera que
al no surtirse de esa forma, la demandante le es dable el reconocimiento y pago
de los intereses moratorios en razón a que el retroactivo indexado con ocasión de
la homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector
educativo por el periodo de 1997 a 2009 solo fue cancelado hasta el 15 de abril de
2013.
Para resolver lo anterior, la Sala analizará: i) el proceso de homologación del
personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos; y ii) el caso
concreto.
El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos.
23. Con fundamento en la Constitución Política de 1991 y en desarrollo de los principios
constitucionales sobre el servicio público y esencial de la educación, fue proferida la Ley
8
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
115 de 19945, a través de la cual se definió el término educación como un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social e igualmente, se reguló como una
función social acorde con las necesidades de las personas, la familia y la sociedad; por
consiguiente, previó la obligación en cabeza del Estado de garantizar su acceso y la
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales de garantizar su cobertura.
24. Igualmente, en virtud del concepto de planificación económica y social como
elemento esencial de la función pública consagrado en la Constitución Política para
orientar la política administrativa, el artículo 72 ibídem, le impuso la obligación al
Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales,
consistente en preparar por lo menos cada 10 años el Plan Nacional de Desarrollo
Educativo que incluyera «[…] las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los
mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo.», el cual
sería revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales
de desarrollo.
25. Contrario a lo consagrado en la norma que nacionalizó la educación, y en armonía
con el desarrollo del concepto de educación como función pública y como elemento
determinante en el cumplimiento de los fines del Estado, se expidió la Ley 60 de 1993
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen
recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones», se creó el situado fiscal que sería destinado a la educación y se
definieron los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los entes territoriales,
el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos y distritos 6. El
fundamento de dicha ley deviene con claridad de lo preceptuado en el artículo 1
5
«Por la cual se expide la ley general de educación»
6
« ARTICULO 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el artículo 356 de la Constitución Política,
se distribuirá en la siguiente forma: 1. El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de
Cartagena y Santa Marta. 2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: a) Un porcentaje
variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos
los departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita la prestación de los
servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo.
Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo. b) El porcentaje restante, una vez
efectuada la distribución por Situado Fiscal Mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la población
potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios
establecidos en el parágrafo 2 del presente artículo. La metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar
las reglas de distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes, será adoptada por el
CONPES para la Política Social de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones: i) Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en el sector oficial,
más la becada que atiende el sector privado. La población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos
de la estadística de usuarios. ii) La población potencial, en educación, es la población en edad escolar comprendida entre los 3
y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector privado. iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendida
en cada año por las instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector oficial, medida a través
del registro de las consultas de medicina, enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. iv) La población potencial
en el sector salud se mide como la población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la
seguridad social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado por el DANE.»
9
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
constitucional, toda vez que Colombia se constituyó como un Estado Social de Derecho,
organizado en República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
26. En el artículo 3º ibídem, estableció la competencia en cabeza de los departamentos,
en materia de educación, de administrar el personal docente y administrativo, de
acuerdo a la Constitución Política y lo dispuesto en el artículo 6º de la citada ley, en los
siguientes términos:
«Artículo 3o. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a
través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la
ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:
[…]
5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los departamentos así: A.
En el sector educativo, conforme a la Constitución Política las disposiciones legales sobre
la materia:
[…]
• Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicios
educativos estatales. Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las
oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y
los centros auxiliares de servicios docentes. Asumir las competencias relacionadas con
currículo y materiales educativos. La prestación de los servicios educativos estatales y las
obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal
tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las
necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal
docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente
Ley.»
27. El citado artículo 6º de la Ley 60 de 1993, en cuanto a la administración del personal,
previó lo siguiente:
«ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal
docente y administrativo de los servicios educativos estatales. Ningún departamento,
distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos
del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las
plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación
que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen
causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo
ejecute.»
28. Respecto de las competencias de los municipios, el artículo 16 estableció, entre
otras, reglas especiales para la descentralización de la dirección y prestación del servicio
de educación de dichos entes territoriales y al efecto dispuso:
«Articulo 16. Reglas especiales para la descentralización de la dirección y prestación de
los servicios de salud y educación por parte de los Municipios. Sin perjuicio de lo
10
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
dispuesto en el Parágrafo 2o. del artículo 14 de la presente Ley, para la dirección y
prestación de los servicios de salud y educación por parte de los Municipios, se
observarán las siguientes reglas:
[…]
1. Las plantas de personal docente de los servicios educativos estatales a cargo del
situado fiscal y a cargo de los recursos propios del municipio serán administradas por el
municipio de conformidad con el artículo 6o de la presente ley y de las disposiciones
legales sobre la materia.»
29. En tal sentido, esta legislación distribuyó de manera diferente las competencias de
los servicios educativos entre la Nación y los entes territoriales y se otorgaron los
recursos necesarios –bienes y personal-, a los departamentos, distritos y municipios
certificados para el ejercicio de la actividad docente.
30. Posteriormente, los artículos 356 y 357 de la Constitución Política fueron modificados
a través del Acto Legislativo 01 de 20017, mediante el cual se creó el Sistema General
de Participaciones de los entes territoriales y para desarrollarlos, se expidió la Ley 715
de 2001 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros» que entró en vigor el 21 de diciembre de la misma anualidad, en
virtud de la cual, se derogó en su integridad la Ley 60 de 1993, y a diferencia de la
anterior disposición que fijó un porcentaje de recursos que luego se prorrateaba entre los
departamentos y distritos para después ser distribuido en los diferentes sectores -
educación y salud-, con la nueva norma, primero se estableció un porcentaje de
recursos para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los
municipios, distritos y departamentos 8.
31. Así, se continuó con el proceso de descentralización territorial de la educación, pues
adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles preescolar,
básico y medio, en el área urbana y rural, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5, 6 y 7 de la Ley 715 de 2001 9 , mediante los cuales se entregó a los
7«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.[…]
ARTÍCULO 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación
y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos
para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y
Municipios. […]»
8
«Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007, Modificado
transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez
descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el
artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud
corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0.»
9
Artículo 5. Competencias de la Nación en materia de educación.
Artículo 6. Competencias de los departamentos.
Artículo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados.
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REF: Expediente: 2292-2021
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departamentos, a los distritos y a los municipios certificados 10, la planeación, dirección y
prestación directa del servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
32. Ahora bien, la citada Ley 715, a diferencia Ley 60 de 1993, se refirió expresamente a
la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38, los cuales
dispusieron:
«Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo 37
de esta ley 11 , se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios. Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. Los docentes, directivos docentes
y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000
se encontraban contratados por órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados
de manera provisional, deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y
administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos
de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del
Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos
para el ejercicio del cargo. Los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley,
no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo. A los docentes,
directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que se
financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá
reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.»
(Subrayado fuera del texto original).
33. Frente a este proceso de descentralización, la Sala de Consulta y Servicio Civil
profirió el Concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, en virtud de una consulta realizada
por la Ministra de Educación Nacional, la cual formuló así: «¿Deben las entidades
territoriales, en virtud del principio de igualdad, proceder a homologar al personal administrativo
que recibieron o reciban en virtud de la descentralización del servicio educativo?» . Al respecto,
la Sala respondió lo siguiente:
«Como corolario de lo anterior y para dar respuesta a la primera pregunta, considera la
Sala que como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo
10 «Artículo 20. Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los
departamentos y los distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año
2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia
de capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse. Le corresponde a los departamentos decidir sobre la
certificación de los municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los requisitos. Si contados seis meses desde la
presentación de la solicitud no ha sido resuelta o ha sido rechazada, el municipio podrá acudir a la Nación para que ésta decida
sobre la respectiva certificación.
Los municipios certificados deberán demostrar, cuando lo requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad
necesaria para administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren acreditar su capacidad,
perderán la certificación.»
11
« Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los administrativos de las instituciones
educativas serán organizadas conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de
dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.»
12
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
las entidades territoriales debían y deben recibir el personal administrativo
contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley,
mediante el procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos.
Resalta la Sala que, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para
determinar la estructura de sus administraciones, para fijar las escalas salariales y los
emolumentos de sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300.7, 305.7, 313.6 y 315.7), el
Constituyente atribuyó al Congreso en relación con el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos de este orden (arts. 150-5, 150-19.e y 287 ibídem), entre otras
facultades, la de determinarles un límite máximo salarial, dentro del cual las entidades
pueden ejercer sus competencias según sea su realidad fiscal. Así, lo que persiguen la
Carta y la ley marco es, de una parte, racionalizar el régimen salarial de las
entidades territoriales, siempre en búsqueda de la eficiencia, de modo que sin
llegar a la unificación del mismo, no exista desbordamiento en el desarrollo de las
funciones a ellas atribuidas, las que como se percibe no son discrecionales y, de
otra, contribuir al equilibrio de los salarios entre los servidores nacionales y los
territoriales, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 12 de la ley 4a de 1992: "El
Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia
con careos similares en el orden nacional".12»
34. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva
Ministerial 10 del 30 de junio de 2005, por la cual se dispuso que en atención al
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil 1607 citado en precedencia, el
procedimiento de homologación y nivelación salarial del personal administrativo docente,
comprendería las siguientes etapas:
«1. Elaboración de un estudio técnico. La homologación y nivelación salarial del
personal administrativo debe basarse en un estudio técnico cuyo producto es una tabla
de homologación de las plantas de cargos con las nivelaciones salariales que de ella se
desprendan – en los casos en que el salario del cargo origen sea inferior a aquel del
cargo destino- . Dicho estudio debe contener específicamente lo siguiente:
1.1. Un análisis comparativo y detallado, cargo por cargo, de la planta de personal
administrativo transferida, con la planta de personal administrativo de la entidad territorial
receptora, en el año que se produjo la incorporación y en los años posteriores para
determinar la existencia o no de diferencias, por razón de denominación, código y grado,
y su incidencia en la asignación salarial. Como resultado de este estudio debe elaborarse
una tabla de homologación de planta de cargos. Dicha tabla incluirá la clasificación
(código y grado), funciones, requisitos y asignación salarial para todos los cargos que
incluyan las dos plantas de personal, indicando claramente el cargo homologado.
1.2. La identificación de las diferencias salariales y prestacionales que persisten
actualmente por no haber adelantado el proceso de homologación y nivelación salarial
con la identificación por cargo, de la asignación básica y demás costos inherentes a la
nómina, debidamente desagregado.
2. Homologación de cargos y nivelación salarial con efectos a partir de la fecha.
Una vez elaborado el estudio técnico y fundamentándose en éste, la entidad territorial
certificada procederá a realizar, bajo la responsabilidad del secretario de educación y del
jefe de personal o quien haga sus veces, la homologación y nivelación salarial de los
cargos administrativos conforme a la normatividad vigente, mediante acto administrativo
general. Con base en este último, la homologación de cada funcionario administrativo se
12
Sentencia sentencia C- 315/95, por la cual se declaró exequible el art. 12 de la Ley 4ª de 1992, en la cual precisó: "La
razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia - los sueldos de los
cargos semejantes del nivel nacional -, garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado."
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REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
realizará, mediante acto administrativo individualizado el cual debe especificar el cargo al
cual es homologado y la nivelación salarial respectiva -si a ella hay lugar según el estudio
técnico que rige a partir de la fecha de expedición de dicho acto administrativo, previo
certificado de disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad presupuestal
será emitido contra recursos del Sistema General de Participaciones -SGP. Si el costo de
la planta de personal administrativo aprobada, incluido el aumento por concepto de la
nivelación y homologación, no alcanza a ser cubierto con los recursos del SGP asignados
por alumno atendido para el pago de la prestación del servicio, la entidad territorial podrá
solicitar al MEN su cubrimiento por concepto de complemento de planta.»
35. Todo lo anterior, nos deja ver que el proceso de homologación de cargos y
nivelación salarial implicó llevar a cabo una serie de ajustes de las plantas de personal
administrativos que prestaban sus servicios a la Nación en las instituciones educativas
para pasar a ser incorporados a las plantas de los entes territoriales, siendo definido
por la Ley 715 de 2001 el procedimiento a seguir, el cual comprendía unas fases
necesarias como elaboración de un estudio técnico, un análisis comparativo y
detallado, cargo por cargo de la planta de personal administrativo transferida con la
planta de personal administrativo de la entidad territorial receptora, identificación de las
diferencias salariales y prestacionales entre otras, todo ello para llevar a buen recaudo
el proceso de homologación y nivelación salarial.
Solución del caso.
36. Sostiene la parte recurrente que los trámites administrativos y presupuestales
necesarios para llevar a feliz término el proceso de descentralización educativa,
debían efectuarse previo al traslado e incorporación del mismo, de manera que
garantizara su trabajo en condiciones iguales, por lo que, el personal a partir del
traslado efectuado tenía pleno derecho a percibir en la nómina inmediatamente
posterior su salario debidamente ajustado.
37. Al examinar la Sala la Resolución No 2226-6 del 22 de marzo de 2013 a través
de la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de homologación y
nivelación salarial a la señora María Cristina Retrepo Ayala se observa que en ella
se dejó establecido que mediante Decreto departamental 0399 de 20 de abril de
2007 se homologaron y nivelaron los cargos administrativos del personal
perteneciente a la planta de cargos del departamento de Caldas pagados con
recursos del Sistema General de Participación, acto que fue modificado en virtud
de la solicitud realizada por la secretaría de educación del departamento de
Caldas ante el Ministerio de Educación, modificación que fue aprobada por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de
2009.
14
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
38. Así mismo, en el prenotado acto administrativo - Resolución No 2226-6 del 22
de marzo de 2013- se indicó que en atención a lo dispuesto en la Directiva
Ministerial No. 10 de 2005 y en la Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006
expedida por el Ministerio de Educación Nacional y que en consecuencia, la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas elaboró y presentó ante el
Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico para la correspondiente
homologación y nivelación salarial antes definida, cuya metodología fue la de
revisar que las funciones específicas correspondieran al nivel jerárquico en el cual
se encuentra ubicado cada funcionario con los pares del Departamento de Caldas;
comparando el salario actual con el salario más aproximado de la escala de
administración central del Departamento, de acuerdo con el nivel jerárquico y los
requisitos exigidos para el desempeño del cargo y el de recomendar el nivel, cargo
y grado salarial que se debe asignar. Que dicho estudio técnico radicado en su
última versión con el No 2007ER9711 fue aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional mediante comunicación suscrita el 30 de marzo de 2007 por parte de la
Doctora Gloria Mercedes Álvarez Núñez, Directora de la Dirección de
Descentralización, por encontrase ajustado a las normas de carrera administrativa
39. La Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación de
Caldas realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal
administrativo financiado con recursos del Sistema General de Participación por el
periodo comprendido a partir del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de
2009 arrojando una suma de $57.341.662. 202.oo. En virtud de lo anterior, la
Unidad de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de
Caldas expidió certificado de disponibilidad presupuestal No 3500003137 del 7 de
marzo de 2013.
40. Como consecuencia de todos los trámites antes mencionados, mediante
Resolución No 2226-6 del 22 de marzo de 2013 13 el secretario de educación
departamental de Calda reconoció y ordenó a favor de la señora María Cristina
Restrepo Ayala el pago por concepto de homologación y nivelación salarial a partir
del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009 por la suma neta de
$113.450,546.oo.
13 Folio 20 al 23 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
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REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
41. La anterior documental fue aclarada mediante Resolución 4686-6 del 04 de
julio de 2013 14 por el secretario de educación departamental de Caldas, en el
sentido de indicar que la suma neta a reconocer es de $112.811,685.oo. Pero
posteriormente, este acto administrativo a su vez, fue modificado por la Resolución
9150-6 del 11 de Diciembre de 201415, en la cual se reconoce por concepto de
indexación el valor de $25.291,520.oo.
42. De conformidad con la certificación de fecha 17 de agosto de 201616, suscrita
por la secretaría de educación departamental del Caldas, los valores reconocidos
a la señora María Cristina Restrepo Ayala por concepto del retroactivo con ocasión
a la homologación y nivelación salarial debidamente indexados fueron cancelados
en fecha 15 de abril de 2013.
43. Entonces, de las pruebas obrantes en el proceso encuentra la Sala acreditado
que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional ni el departamento de
Caldas incurrieron en alguna dilación de pago, puesto que, las pruebas
relacionadas dan cuenta que en el presente caso se surtieron las diversas etapas
necesarias para efectuar la cancelación de la suma reconocida a la causante
mediante Resolución 2226-6 del 22 de marzo de 2013, cuyo pago se efectuó el 15
de abril de esa misma anualidad, procedimiento que requirió de aclaraciones y
modificaciones, si se tiene en cuenta que la administración solicitó un ajuste al
estudio técnico de homologación y nivelación salarial del personal administrativo
del departamento de Caldas, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional a través de Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de 2009, de manera que
no existe justificación alguna para que proceda el reconocimiento de los intereses
moratorios reclamados por la actora. Más aun, encontrando la Sala debidamente
probado que la secretaría de educación departamental de Caldas efectuó la
liquidación indexada de las sumas adeudadas a la demandante con corte al 31 de
diciembre de 2012, lo cual conlleva que sí hubo compensación efectiva por el
retraso en el pago de aquella obligación.
44. Ahora bien, en este punto es necesario señalar que los intereses moratorios
han sido definidos desde el punto de vista jurisprudencial como aquella suma de
dinero que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora,
los cuales cesan solo en el momento de cancelar la obligación contraída, cuya
14 Folios 24 al 26 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
15
Folios 27 al 29 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
16 Folio 30 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
16
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
finalidad es el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece
el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida 17. Lo anterior
no se encuentra demostrado dentro del caso bajo estudio, toda vez que a partir de
los supuestos fácticos acreditados, la Sala concluye que entre la fecha de
expedición del acto administrativo que ordenó el pago y la cancelación de la
obligación, es decir, el 22 de marzo de 2013 y el 15 de abril de esa mismo año,
según consta en certificación que obra a folio 30 del expediente, trascurrió un poco
menos de 1 meses, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional,
teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para
culminar el proceso homologación y nivelación salarial, postura que ha sido
pacífica al interior de la Subsección18.
45. De acuerdo con el criterio jurisprudencial de esta Corporación19, en atención a
que en el presente caso se acreditó que entre la resolución que reconoció el
derecho a la demandante y el pago del valor ordenado, transcurrió un plazo menor
a 1 mes, el cual, en atención a la naturaleza del asunto y las apropiaciones
presupuestales que para el efecto debieron hacerse, resulta ser un plazo
razonable que no acarrea una sanción para las entidades públicas demandadas,
por ende, no es procedente el reconocimiento de intereses legales o moratorios
por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y nivelación
de la planta de personal administrativo reconocido a la señora María Cristina
Restrepo Ayala, máxime cuando no se observa que la actora haya manifestado su
desacuerdo frente al acto que le ordenó el pago del retroactivo, por lo que no es
dable que a través de un nuevo procedimiento administrativo iniciado en ejercicio
de una petición presentada en interés particular pretenda cuestionar lo reconocido
a través de la Resolución No 2226-6 del 22 de marzo de 2013, en tanto no incluyó
los intereses moratorios.
46. No resultaba procedente como lo pretende la demandante, que recibiera el
pago de acuerdo a la homologación y nivelación salarial con antelación a la
incorporación en la planta de personal del ente territorial, pues no existe por parte
de la administración la obligación de realizar un pago inmediato por concepto del
retroactivo con ocasión a la homologación y nivelación salarial de cargos, pues era
necesario que dentro de dicho proceso se desarrollaran las distintas etapas que
17 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2014-
00311-01(0905-15). C.P. William Hernández Gómez.
18
Sentencia del 19 de julio de 2019 Rad. 66001-23-33-000-2016-00321-01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez-.
19Sentencia de 26 de agosto de agosto de 2018, Rad. 73001-23-33-000-2014-00403-01(4589-15). C.P. César Palomino Cortés.
17
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
prevé la ley para su culminación y con base en ello, determinar la homologación
del cargo y su real nivelación salarial.
47. Adicionalmente a lo expuesto, la Sala señala que no sería procedente el
reconocimiento de los intereses moratorios reclamados, por cuanto del material
probatorio se observa que la suma que le era adeudada a la actora fue
debidamente indexada, concepto último que según la jurisprudencia de esta
Corporación 20 y pese a lo esgrimido por la parte demandante en el escrito de
impugnación, es incompatible con las pretensiones de la demanda, en razón a que
obedecen a la misma causa, que es la devaluación del dinero, por lo que acceder
al reconocimiento de ambos constituiría un doble pago.
48. Finalmente, se observa que en el numeral tercero de la parte resolutiva del
fallo controvertido, se condenó en costas a la parte vencida. Al respecto, la Sala
echa de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su
imposición a la demandante, razón por la cual, se revocará.
49. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 6 de diciembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto negó las pretensiones
de la demanda y revocará el ordinal tercero que condenó en costas a la parte
demandante, conforme las razones expuesta en la parte motiva de este proveído.
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 6 de diciembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto negó las pretensiones de la
demanda, salvo el ordinal tercero que se revoca, y en su lugar, se dispone no
condenar en costas a la parte vencida.
20
Consejo de Estado, sentencia del 18 de febrero de 2010, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia del 18 de febrero de
2010, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 9 de agosto de
2012, Rad. 2012-00048-00; C.P: Luis Fernando Álvarez Jaramillo. «La señora Ministra de Relaciones Exteriores consulta a la
Sala sobre los criterios que deben aplicarse para dar cumplimiento a las sentencias dictadas en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que ordenan el reintegro y pago de emolumentos, y la reliquidación de aportes pensionales y de
cesantías.»
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 16 de agosto de 2018 Rad.2014-00313-02, C.P.: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
18
REF: Expediente: 2292-2021
Actora: María Cristina Restrepo Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
SEGUNDO: Por secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al
tribunal de origen para lo de su competencia, déjese las anotaciones en el sistema
de gestión judicial y procédase al archivo de la actuación.
Notifíquese y cúmplase.
Firma Electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica Firma Electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http:/relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Visitas/documentos/evalidador.
Sigue leyendo
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