Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00171-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00171-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2017-00171-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
15 de julio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Demandante: CARLOS MARIO AYALA VÁSQUEZ
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL – HOMICIDIO DE PERSONA
PROTEGIDA
Síntesis del caso: el demandante solicita que las entidades públicas demandadas le reparen
los perjuicios irrogados a raíz del homicidio de su progenitor Francisco Antonio Ayala
Valencia ocurrido el 2 de septiembre de 1993 en la ciudad de Manizales (Caldas); según el
actor, aquel ocurrió en el marco de un contexto generalizado y sistemático de violencia
derivado del accionar de grupos armados al margen de la ley en el departamento de Caldas,
situación que aduce era de conocimiento público y notorio por parte de las autoridades
estatales, quienes omitieron adoptar las medidas eficaces de prevención y protección. La
sentencia de primera instancia que declaró la caducidad será confirmada.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 51
SAMAI del Tribunal) en contra de la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026
por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas (índice 47
SAMAI del Tribunal) que dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad del medio
de control propuesta por la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas - UARIV y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la
demanda, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: No condenar en costas ni agencias en derecho a la parte
demandante, por las consideraciones expuestas.
TERCERO: De una vez se autoriza, a su costa, la expedición de las copias
auténticas que de esta providencia soliciten las partes intervinientes.
(…).” (fls. 29 a 30 índice 47 SAMAI del Tribunal – mayúsculas fijas y
negrillas del original).
2
Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 9 de marzo de 20171, el señor Carlos Mario Ayala
Vásquez2 por intermedio de apoderado judicial promovió demanda de reparación
directa consagrada en el artículo 140 del CPACA3 en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) con las siguientes súplicas:
“1. Se declare responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional - Policía Nacional, Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y/o - la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Interno en Colombia, de
la totalidad de los perjuicios morales y materiales, que ha sufrido la parte
actora a raíz de la situación de orden público del Departamento Caldas,
por la acción criminal frente a la cual, las entidades demandadas omitieron
el deber constitucional e institucional de defender la vida, la tranquilidad,
los bienes y la seguridad pública de los accionantes siendo responsables
por la omisión de protección, de los mismos.
2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación -
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Policía Nacional, Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y/o - la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto
Interno en Colombia a pagarle a los demandantes lo siguiente:
A cada uno de los demandantes y afectados con los hechos criminales
expuestos los perjuicios de carácter moral, toda vez que, a la fecha los
mismos no han podido superar la muerte o pérdida de sus seres queridos,
ni han recibido acompañamiento profesional (psicológico), para culminar
sus duelos; por lo que en tal sentido se reclama la suma de cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta la suma de
trescientos (300) salarios mínimos para cada uno de los demandantes, por
tratarse de un delito de lesa humanidad y atentatorio contra el derecho
internacional humanitario, así como los perjuicios de carácter material, que
se encuentran discriminados en el acápite de estimación razonada de la
cuantía.
3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 195 y subsiguientes del C.P.A.C.A., aplicando en la
liquidación la variación promedio mensual del IPC, desde la fecha de
ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo.
1
Acta individual de reparto - Gestión en otros despachos, doc. 2ED_C01 índice 36 SAMAI – expediente digital.
2
Debe precisarse que, si bien en el acápite de las pretensiones se reclaman perjuicios para “cada uno de los
demandantes”, lo cierto es que se trata de solo un demandante.
3
Documento 4ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal.
3
Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
4. Las entidades demandadas darán cumplimiento al fallo en los términos
del artículo 192 y subsiguientes del C.P.A.C.A.” (fls. 10 a 11, doc. 4ED_C01
índice 36 SAMAI del Tribunal – mayúsculas fijas del original).
2. Hechos
Como fundamento de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Francisco Antonio Ayala Valencia (qepd) padre del aquí demandante,
además de desempeñar cargos directivos en la Contraloría Departamental de
Caldas y en la Industria Licorera de Caldas, fue un dirigente político reconocido en
ese departamento que el día 2 de septiembre de 1993, cuando se dirigía a su lugar
de trabajo en la ciudad de Manizales, fue interceptado por un hombre armado que
le disparó en repetidas ocasiones causándole la muerte; para esta fecha el actor
tenía 21 años.
2) El homicidio de su progenitor tuvo motivaciones políticas, pues, “políticos de la
región cuyos nombres no revela por temor y por estar en riesgo aun su seguridad,
y que manejan alianzas con sectores parapolíticos y con paramilitares en el
departamento de Caldas, fueron quienes ordenaron la muerte de su padre, donde
además hubo muchas amenazas previas y posteriores al insuceso” (fl. 2 4ED_C01
índice 36 SAMAI)4, esa situación pese al paso de los años le resulta peligrosa para
su propia vida y la de su familia debido al conflicto armado que vive el país.
3) A través de la Resolución no. 2013-332457 del 17 de diciembre de 2013 la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas resolvió i) incluir
al demandante y a su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas y, ii)
reconocer como hecho victimizante el homicidio en persona protegida;
adicionalmente, sobre el pago de la reparación administrativa de que trata la Ley
1448 de 2011, le informó que a través de la Resolución no. 0032 de 2015-11-18 se
había ordenado un pago por la suma de $4’293.950 en la oficina del Banco Agrario
del municipio de Riosucio (Caldas).
4
Gestión en otros despachos.
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Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
4) Hasta la fecha no ha recibido asistencia psicológica, ni reparación integral, ni
tampoco la verdad que explique la ocurrencia de tales hechos, además, la
indemnización que recibió le resulta insuficiente pese a que le fue reconocido el
hecho victimizante de homicidio en persona protegida dentro del marco del conflicto
armado.
5) Si bien en el asunto de la referencia el daño invocado no tuvo origen en la
participación causal y directa de un agente del Estado, sí era de conocimiento de
las autoridades estatales y de la opinión pública a cerda de que grupos ilegales
operaban especialmente en el departamento de Caldas en constante confrontación,
situación que fue conocida con antelación por las autoridades pero, no fue
prevenida, neutralizada o controlada en debida forma.
6) La presente acción judicial no ha caducado ni prescrito a la luz del derecho
internacional humanitario, por cuanto con la presente demanda se pretende una
reparación real e integral derivada del delito de homicidio en persona protegida
ocurrido en el marco del conflicto armado interno que sufre el país, pues, este delito
se encuentra catalogado como de lesa humanidad.
3. Trámite procesal en primera instancia y oposición a la demanda
Por auto del 11 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la
demanda y ordenó la notificación personal a los representantes legales de cada una
de las entidades demandadas y al Ministerio Público (doc. 11ED_C01 índice 36
SAMAI del Tribunal).
En desarrollo de lo anterior las accionadas contestaron la demanda en los siguientes
términos que se resumen a continuación:
3.1 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS
El 28 de noviembre de 20175, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social – DPS (doc. 16ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal) refutó las súplicas de
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Según constancia secretarial que obra en el documento 23ED_C01 del índice 36 SAMAI del Tribunal.
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Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
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la demanda por estimar que su cuantificación es arbitraria y distorsionada de la
realidad económica y legal de la reparación concebida por el Estado.
Propuso las excepciones de i) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque
de acuerdo con los artículos 146 y 155 del Decreto 4800 de 2011 la representación
judicial para casos como el de la referencia debe ser asumida por la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV ya que, es a ella a quien le
concierne la administración de los recursos destinados a la indemnización por vía
administrativa; ii) “ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos
formales”, toda vez que, tanto los hechos como las pretensiones de la demanda
carecen de precisión y claridad; iii) “las cuantías que estima el actor son arbitrarias,
desproporcionadas y no tienen marco legal que las soporte”, debido a que lo pedido
no se ajusta al marco legal que lo sustenta -Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios- ni a los criterios jurisprudenciales señalados en la sentencia de
unificación SU-254 de 2013 que definió las reglas para la armonización de los
programas de indemnización administrativa (Ley 1448 de 2011); iv) “no es función
del DPS mantener el orden público turbado ni combatir a los grupos armados al
margen de la ley”, a quien le corresponde hacerlo es a la Fuerza Pública y, en todo
caso, no se encuentra acreditado que aquella conocía del peligro que existía sobre
la parte actora; v) “falta absoluta de pruebas, como de disposiciones jurídicas que
permitan fundar una eventual responsabilidad del DPS en relación con los hechos
y pretensiones de la demanda”, pues, conforme con lo dispuesto en la Ley 1448 de
2011 a quien le corresponde la atención a las víctimas es la UARIV; vi) “las medidas
de verdad, justicia y reparación integral (indemnización administrativa), están dentro
del rango temporal establecido por la Ley 1448 de 2011 por lo que resulta prematuro
alegar la supuesta falta o falla del servicio alegada”, porque el artículo 208 de la Ley
1448 de 2011 prevé una vigencia de la misma de 10 años y el término de aplicación
de las medidas de reparación administrativa no ha expirado; vii) “inexistencia de
daño directo o siquiera indirecto que pueda serle imputado al DPS”, pues, ni la
demanda ni las pruebas aportadas con la misma acreditan la existencia objetiva de
daño alguno que pueda imputársele a causa del no pago de la reparación integral
y, viii) “procedimiento especial para la solicitud de indemnización: Actuación
administrativa ante UARIV”, según lo dispuesto en la Ley 1448 y sus Decretos
reglamentarios, la indemnización administrativa será reconocida y pagada en los
montos fijados por la ley de acuerdo con los principios de progresividad, gradualidad
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
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y sostenibilidad fiscal y conforme con los criterios de priorización y vulnerabilidad de
cada grupo familiar y, en todo caso, debe tramitarse exclusivamente ante la UARIV
y no puede acudirse ante la jurisdicción contenciosa para exigir al DPS tal
reconocimiento.
3.2 Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas
El 28 de noviembre de 20176, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (doc. 20ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal)
se opuso a la prosperidad de las pretensiones por estimar que no tienen fundamento
fáctico ni jurídico, por lo cual no le asiste responsabilidad, además, porque ese
organismo no existía para la época de los hechos (2 de septiembre de 1993), pues,
fue creado por la Ley 1448 de 2011.
Propuso, entre otras excepciones, las siguientes:
i) “Caducidad”, dado que el daño alegado es el homicidio del progenitor del
demandante y este ocurrió el 2 de septiembre de 1993, el término de la caducidad
“no puede suspenderse con el argumento de corresponder a un delito de lesa
humanidad (…), ya que no todos los hechos victimizantes acaecidos con ocasión
del conflicto interno armado pueden clasificarse como delitos de lesa humanidad”
(fl. 17 doc. 20ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal), porque, como lo expuso el
Ministerio Público en la audiencia de conciliación extrajudicial, según la regla
jurisprudencial del Consejo de Estado para que un delito sea catalogado como de
lesa humanidad “es exigencia sine qua non acreditar los elementos contextuales
que lo cualifican y hacen que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, a saber:
que se ejecute i) contra la población civil y ii) en el marco de un ataque generalizado
o sistemático” (fl. 17 ibidem), elementos que el presente caso no están acreditados,
razón por la cual debe aplicarse la regla establecida en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA, es decir, dos años contados a partir del día siguiente al
conocimiento del daño.
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Según constancia secretarial que obra en el documento 23ED_C01 del índice 36 SAMAI del Tribunal.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
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ii) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque dentro de sus funciones
legales no está la de proteger la vida y bienes de los colombianos, además, la
entidad no existía para la época de los hechos7 y, en todo caso, fue creada solo
para reconocer y pagar la indemnización administrativa regulada en el Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios (que ya cumplió), más no para pagar la
indemnización judicial que reclama el actor.
3.3 Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
El 29 de mayo de 2018, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (doc.
21ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal) contestó la demanda de manera
extemporánea8, aspecto que fue resaltado por el a quo en la audiencia inicial9.
4. Audiencia inicial
1) El 6 de diciembre de 2018 en el trámite de la audiencia inicial de que trata el
artículo 180 del CPACA (doc. 66ED_C01 índice 37 SAMAI del Tribunal) el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró no probadas las excepciones propuestas por las
demandadas y respecto de las formuladas por la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) resolvió i) desestimar
la falta de legitimación en la causa por pasiva y, ii) diferir el análisis de la caducidad
del medio de control para la sentencia; la decisión fue impugnada por la UARIV.
2) El 9 de diciembre de 2019 (doc. 79ED_C01 índice 37 SAMAI del Tribunal), esta
Corporación i) confirmó la decisión impugnada acerca de diferir el análisis de la
caducidad para la sentencia y, ii) la revocó, para en su lugar declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la UARIV por estimar
que no existían motivos razonables para mantenerla vinculada al sub examine, por
cuanto de los hechos y súplicas de la demanda se evidenciaba que esta no tuvo
incidencia o relación con las presuntas situaciones que causaron el daño alegado.
7
Esta excepción fue declarada probada por el Consejo de Estado, mediante auto de 9 de diciembre de 2019
(do. 79ED_C01 índice 37 SAMAI del Tribunal.
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Doc. 23ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal.
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Doc. 37ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
3) Por lo anterior, el 13 de abril de 2021 (doc. 37ED_C01 índice 36 SAMAI)10 en la
continuación de la audiencia inicial (art. 180 del CPACA) el Tribunal Administrativo
de Caldas i) precisó que la presente demanda continuaba desde la etapa de fijación
del litigio solo en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
y de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional11 y, ii) estableció que el
litigio se circunscribía a lo siguiente:
“[D]ilucidar: ¿El homicidio del señor Francisco Antonio Ayala Valencia
constituye un delito de lesa humanidad?
Una vez determinado ello, ¿Se configura la caducidad del medio de control
impetrado?
En caso negativo, ¿Tiene derecho la parte demandante al reconocimiento
y pago de los perjuicios morales y materiales reclamados?” (fl. 2 doc.
37ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal).
5. La sentencia de primera instancia
La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas mediante
sentencia del 27 de febrero de 2026 i) declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control de la referencia propuesto por la UARIV y, ii) negó las súplicas
de la demanda (índice 47 SAMAI del Tribunal), con sustento en los siguientes
argumentos:
1) De manera preliminar precisó que si bien la excepción de caducidad fue
propuesta por la UARIV y frente a esta el Consejo de Estado declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva y esto conllevó su desvinculación del presente
asunto, ello no eximía el análisis de dicha excepción, por cuanto, en primer lugar, la
caducidad es un presupuesto procesal que toda demanda debe examinar y, en
segundo término, tanto el tribunal en el trámite de la audiencia inicial como el
Consejo de Estado en auto del 9 de diciembre de 2019 dispusieron que esta
excepción debía ser analizada y decidida en la sentencia.
2) Resaltó que sin desconocer que todo homicidio constituye una vulneración y
ofensa al derecho fundamental a la vida protegido tanto por el ordenamiento interno
como por el derecho internacional, y que el homicidio en persona protegida está
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Gestión en otros despachos.
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Esta decisión no fue impugnada por ninguna de las partes.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
tipificado en el Estatuto de Roma y en la legislación penal colombiana como una
figura exclusiva de los conflictos armados que configura un delito que exige sanción
penal especial por su carácter de crimen de guerra, ello no configura
automáticamente un crimen de lesa humanidad porque para que adquiera tal
calificación debe verificarse que se presente dentro de un plan o política
generalizada o sistemática contra la población civil.
3) Para que el homicidio en persona protegida pueda ser catalogado como crimen
de lesa humanidad, además de constituir una grave violación de los derechos
humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, no basta con alegar
una omisión estatal en el deber de protección de la población civil, sino que se debe
acreditar también que el daño demandado formó parte de una conducta
generalizada y sistemática de la población civil, como lo preceptúa el artículo 7 del
Estatuto de Roma y lo definió la Corte Constitucional en sentencia C-579 de 201312.
4) El asunto de la referencia no cumple con presupuestos establecidos por el
Estatuto de Roma ni con características definidas por la Corte Constitucional,
porque las pruebas aportadas no permiten establecer que la muerte del señor
Francisco Antonio Ayala Valencia obedeció a una política criminal específica de
eliminación de población civil ni a un ataque sistemático o generalizado dirigido
contra servidores públicos o con la participación, tolerancia o aquiescencia de
agentes del Estado; por el contrario, i) según las actuaciones penales adelantadas
por la Fiscalía General de la Nación este hecho fue ejecutado por particulares a
través de un autor material capturado en flagrancia y posteriormente condenado que
confesó haber sido contratado a cambio de una suma de dinero para cometer el
punible y, ii) en el proceso penal tampoco se acreditó la existencia de una directriz
estatal de parapolíticos o de una organización armada orientada a eliminar a la
víctima por su condición política o funcional.
5) Además, en el proceso penal se estableció que i) la persona condenada confesó
que quien lo contrató para cometer el homicidio fue el señor JFHM y, si bien este
último había pertenecido al grupo de inteligencia y policía judicial F2 de la Policía
Nacional, también es cierto que fue retirado de la institución y para la época de los
hechos no estaba vinculado a la misma, pues, está probado en el proceso que
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Corte Constitucional, sentencia C-579 de 28 de agosto de 2013, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
trabajó en la empresa AutoLegal Ltda entre el 22 de noviembre de 1991 y el 8 de
septiembre de 1993; ii) de lo anterior se concluye que el señor JFHM para la fecha
de los hechos no ostentaba la condición de miembro de la Fuerza Pública; además,
el arma que se encontró en su poder no fue la utilizada para ejecutar el crimen; iii)
desde la presentación de la demanda el actor señaló que el daño no tuvo origen en
la participación causal y directa de un agente del Estado, pero sí era de
conocimiento de las autoridades estatales y de la opinión pública que al margen de
la ley operaban en el departamento de Caldas; iv) las declaraciones rendidas por
los familiares, acompañantes y compañeros políticos de la víctima son contestes en
señalar que no existía conocimiento previo de amenazas concretas, advertencias
formales sobre un riesgo cierto e inminente para su vida, ni tampoco solicitudes de
protección elevadas ante autoridad alguna y, v) el informe aportado por el Batallón
de Infantería no. 22 - Batalla de Ayacucho indicó que no existían querellas,
denuncias ni registros de amenazas realizados por el señor Francisco Antonio Ayala
Valencia o en favor de éste.
6) El hecho de que el demandante en sede administrativa ante la UARIV hubiese
sido reconocido como víctima y por tanto incluido en el Registro Único de Víctimas
con ocasión del homicidio de su padre y que tal hecho fuera catalogado como
homicidio en persona protegida, de ello no se sigue que la muerte del señor
Francisco Antonio Ayala Valencia se produjo en el marco de un ataque generalizado
o sistemático ya que, lo probado en este proceso no permite colegir que el delito se
causó como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil,
como tampoco que su autor fuera conocedor de que la conducta correspondía a un
ataque de tal naturaleza, o que respondiera a la ejecución de un plan o política
previamente definida.
7) En conclusión, el panorama expuesto no permite catalogar el homicidio del
progenitor del actor como delito de lesa humanidad como se alegó en la demanda
porque no se encuentran acreditados los elementos contextuales de ataque
generalizado o sistemático ni la participación, tolerancia o aquiescencia de agentes
del Estado.
8) En ese marco, el término de caducidad de dos (2) años previsto en la norma
procesal aplicable al medio de control judicial de la referencia debe contarse a partir
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
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de dos escenarios: i) desde el día siguiente a aquel en que ocurrió la conducta u
omisión generadora del daño antijurídico o, ii) a partir de cuando dicha circunstancia
es conocida por quien la padece, en particular cuando se trata del conocimiento de
los elementos que permiten deducir la participación del Estado y advertir la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo
siguiente:
a) Según lo afirmado en la demanda y lo probado en el proceso, el daño por el que
se demanda es el homicidio con arma de fuego del señor Francisco Antonio Ayala
Valencia en hechos ocurridos el 2 de septiembre de 1993, por lo cual el término de
caducidad de dos (2) años previsto en la ley debe computarse desde cuando el
demandante conoció o debió conocer el homicidio y, además, advirtió o tuvo
posibilidad de advertir la eventual imputación patrimonial al Estado; para el efecto,
en el expediente se encuentra acreditado que el actor, como hijo de la víctima
directa, conoció el fallecimiento desde la ocurrencia misma del hecho; en
consecuencia, el término de caducidad empezó a correr a partir del 3 de septiembre
de 1993 y venció el 3 de septiembre de 1995, por lo cual la demanda presentada el
9 de marzo de 2017 es extemporánea, esto sin lugar a considerar el trámite de la
solicitud de conciliación extrajudicial transcurrido entre el 23 y 31 de enero de 2017,
por cuanto al momento de la presentación de esta ya había vencido el plazo previsto
en la norma para ejercer el derecho de acción.
b) Si en gracia de discusión se aceptara que el presente asunto constituye un delito
de lesa humanidad, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional el término de caducidad en estos casos es el fijado por el
legislador, por lo cual el cómputo debe realizarse desde el momento en que los
afectados conocieron o debieron conocer la participación, por acción u omisión, del
Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial; entendido en el cual la acción también se encontraría
caducada, porque, i) según informe de la UARIV el actor rindió declaración ante la
Personería Municipal de Supía el 31 de julio de 2013, por lo cual se tiene que
conoció la eventual participación estatal en el daño desde esa fecha, es decir, que
el término para demandar vencía el 1° de agosto de 2015; ii) si se toma como
referencia la notificación personal de la Resolución no. 2013-332457 de 2013
ocurrida el 9 de octubre de 2014, el término bienal venció el 10 de octubre de 2016;
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
eventos en los cuales tampoco es posible considerar la suspensión del plazo con
ocasión del trámite de la conciliación extrajudicial dado que este transcurrió entre el
23 y 31 de enero de 2017 y la demanda se presentó el 9 de marzo de 2017.
9) Aunado a lo expuesto, si bien la Corte Constitucional en la sentencia SU-429 de
2024 precisó que los demandantes en estos eventos deben contar con una
oportunidad procesal para pronunciarse frente al cambio de precedente, con el fin
de garantizar el debido proceso y el acceso a la administración justicia y, la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 (que fijó
las reglas de caducidad por daños derivados de delitos de lesa humanidad) aún no
había sido proferida al momento de la presentación de la demanda, lo cierto es que,
la parte actora tuvo la oportunidad procesal de manifestar si se encontraba en
alguna situación que le hubiese impedido materialmente acudir a la administración
de justicia y no lo hizo, pues, presentó escrito de alegatos el 9 de septiembre de
2021 reiterando los argumentos expuestos en la demanda sin referirse de manera
específica al cambio jurisprudencial introducido por dicha sentencia.
6. Recurso de apelación
La parte actora del proceso interpuso recurso de apelación (índice 51 SAMAI del
Tribunal) con el fin de que se revoque la decisión y, en su lugar, se examine de
fondo el asunto; lo anterior con base en los siguientes argumentos:
1) “Error al supeditar el análisis de caducidad a la prueba plena, anticipada y
definitiva de un crimen de lesa humanidad” (fl. 2 índice 51 SAMAI) 13, porque en este
caso la controversia debió definir si de acuerdo con lo aportado al proceso “podía
sostenerse válidamente que el término corría desde 1993, o si por el contrario el
conocimiento relevante para imputar responsabilidad al Estado surgió mucho
después, en medio de un contexto de amenazas, impunidad, ocultamiento y
progresivo esclarecimiento del entorno de violencia política y parapolítica regional.”
(fl. 2 ibidem).
2) “Desconocimiento del precedente sobre el momento de inicio del término de
caducidad” (fl. 2 ibidem), por cuanto, i) la jurisprudencia del Consejo de Estado
13
SAMAI del Tribunal.
13
Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
precisó que en casos de graves violaciones a derechos humanos y eventos donde
se pretende imputar responsabilidad patrimonial al Estado el término de la
caducidad se contabiliza a partir del momento en que las víctimas conocieron o
debieron conocer la posible intervención estatal por acción u omisión; ii) la Corte
Constitucional ha sostenido que autoridades judiciales, para declarar la caducidad,
deben verificar si para el momento pertinente existían realmente elementos que
permitieran a las víctimas inferir y estructurar una imputación al Estado y, iii) si se
aceptara que el homicidio no fue calificado judicialmente como crimen de lesa
humanidad, esa circunstancia no autorizaba a contar la caducidad de manera
automática desde 1993, puesto que se debió establecer con las pruebas aportadas
cuándo la familia pudo razonablemente conocer el nexo entre el crimen, el contexto
regional de violencia política y la eventual omisión, tolerancia o aquiescencia estatal.
3) “Omisión de valorar los obstáculos materiales y el contexto de miedo, amenaza
e impunidad” (fl. 3 ibidem), porque no se tuvieron en cuenta circunstancias tales
como: i) que en la demanda se alegó que el homicidio tuvo motivaciones políticas,
los cargos públicos desempeñados por la víctima y que los políticos de la región
mantenían relaciones y alianzas con sectores de la parapolítica y grupos
paramilitares; ii) pese a la captura en flagrancia del homicida y de que se probó que
uno de los autores fue miembro activo de la Policía Nacional (F2), no se esclareció
quién fue el autor intelectual ni el verdadero móvil del hecho y, iii) que la familia fue
reconocida por la Unidad para las Víctimas como víctima del conflicto armado por
homicidio en persona protegida.
4) “Valoración insuficiente y fragmentada del contexto probatorio” (fl. 3 ibidem), por
cuanto no se examinaron de manera adecuada, flexible e integral las pruebas
aportadas con lo alegado en el proceso, como lo precisó la jurisprudencia de la
Corte Constitucional para los casos de graves violaciones a los derechos humanos,
ya que no se tuvieron en cuenta la naturaleza de los cargos ocupados por la víctima,
el móvil político alegado, la captura de un sicario sin esclarecimiento de autores
intelectuales, el marco regional de convivencia entre política local y estructuras
armadas, la declaración del autor material en la que afirmó que quien lo contrató
para cometer el homicidio perteneció al grupo de inteligencia y policía judicial F2 de
la Policía Nacional, además del reconocimiento administrativo de la familia como
14
Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
víctima del conflicto armado, el cual constituye un indicio relevante del contexto
victimizante.
5) “Desconocimiento del deber de convencionalidad y del principio pro homine” (fl.
3 ibidem), en casos como el de la referencia, el juez de lo contencioso administrativo
debe interpretar en conjunto la Constitución y los compromisos internacionales del
Estado colombiano, en especial aquellos relacionados con el acceso a la justicia,
verdad, reparación integral y no impunidad, para garantizar que las reglas de
caducidad sean interpretadas de manera compatible con los derechos
fundamentales de las víctimas.
6) “El Tribunal debió examinar la falla del servicio por omisión de protección e
investigación” (fl. 4 ibidem), esto es, determinar si existió i) omisión en el deber de
protección respecto de una persona que ocupaba cargos públicos sensibles y se
encontraba sometida a riesgo; ii) falla del servicio por investigación deficiente o
ineficaz y, iii) vulneración de los derechos a la verdad y a la justicia derivada del
deficiente esclarecimiento de autores intelectuales y móviles.
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 20 de mayo de 2026 (índice 5 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y se dispuso la notificación al Ministerio
Público de conformidad con lo dispuesto en numeral 3 del artículo 198 de la Ley
1437 de 2011; dentro del término de ley los sujetos procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido
con la demanda, 3) conclusión y 4) condena en costas.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso acaeció la caducidad del
medio de control de reparación directa como lo predicó el tribunal de primera
instancia y, en caso de no haya ocurrido, corresponde establecer si las demandadas
son patrimonial y extracontractualmente responsables por el homicidio de Francisco
Antonio Ayala Valencia (padre del actor).
La Sala confirmará la sentencia apelada que declaró la caducidad del medio de
control, debido a que se evidencia que la demanda fue presentada de manera
extemporánea, razón por la cual no hay lugar a examinar y decidir el fondo del
asunto.
2. Análisis de la caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido con la
demanda
2.1 Marco general y el caso concreto
1) Con relación al término para presentar en forma oportuna la demanda cuando se
pretende la reparación directa es necesario destacar que los hechos que motivaron
el inicio del presente proceso, según el escrito inicial, tuvieron lugar en el año 1993;
es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
2) En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de
188714 la normativa aplicable para realizar el cómputo de la caducidad en este caso
es la vigente para el tiempo en que el respectivo término la caducidad empezó a
correr, esto es, el numeral 8 del artículo 136 del CCA -sin la modificación introducida
por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998- que preceptuaba lo siguiente:
“Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES (…).
La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación
14
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (…)”.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
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administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.”
3) En este asunto puesto a consideración de la Sala el demandante alega como
daño el homicidio de su progenitor Francisco Antonio Ayala Valencia (qepd), el cual
ocurrió el día 2 de septiembre de 1993 en la ciudad de Manizales, delito que aduce
el actor tuvo motivaciones políticas, porque “políticos de la región cuyos nombres
no revela por temor y por estar en riesgo aun su seguridad, y que manejan alianzas
con sectores parapolíticos y con paramilitares en el departamento de Caldas, fueron
quienes ordenaron la muerte de su padre, donde además hubo muchas amenazas
previas y posteriores al insuceso” (fl. 2 4ED_C01 índice 36 SAMAI del Tribunal).
Las circunstancias descritas permiten concluir que la parte actora conoció el daño
desde el mismo momento en que se produjo, razón por la cual la demanda, en
principio, debió ser formulada dentro de los dos (2) años contados a partir de esa
fecha.
4) La parte demandante sostiene que, en este caso particular, la caducidad del
medio de control judicial de reparación directa resulta inaplicable por tratarse de
daños relacionados con la comisión de delitos de lesa humanidad; a su juicio, ello
impone el deber de ejercer un control de convencionalidad de las normas procesales
para garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia.
5) Sobre este punto, es necesario poner de presente que la Sala Plena de esta
Sección en sentencia de 29 de enero de 202015 unificó su jurisprudencia sobre esa
precisa materia y estableció que, en los casos en que se promuevan pretensiones
de reparación directa con ocasión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra
u otros supuestos que permitan imputar responsabilidad patrimonial al Estado
resultan aplicables las reglas generales de caducidad previstas para dicho medio
de control jurisdiccional. Este criterio fue avalado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-312 del 13 de agosto de 202016.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente no.
61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
16
MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
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6) Puntualmente, en la referida providencia la Sección Tercera del Consejo de
Estado estableció las siguientes subreglas para el cómputo del término de
caducidad de las pretensiones indemnizatorias en estos casos:
a) El término de caducidad previsto por el legislador se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.
b) La contabilización de ese plazo para las súplicas indemnizatorias derivadas del
delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal expresa prevista para
el efecto.
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas
aquellas empezará a correr el término de ley dado que para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia.
2.2 Análisis de la caducidad del medio de control judicial en relación con el
homicidio del señor Francisco Antonio Ayala Valencia
1) La parte actora aduce que en el presente asunto no operó la caducidad del daño
derivado del homicidio de su señor padre Francisco Antonio Ayala Valencia, porque,
i) se erró en el análisis de la caducidad debido a que no se definió si con lo aportado
al proceso, el conocimiento para imputar responsabilidad al Estado, corrió desde
1993 o si por el contrario surgió tiempo después en medio de un “contexto de
amenazas, impunidad, ocultamiento y progresivo esclarecimiento del entorno de
violencia política y parapolítica regional” (fl. 2 índice 51 SAMAI) 17; ii) se desconoció
el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relativos, de un
lado, a que la caducidad en los casos de graves violaciones de los derechos
humanos se contabiliza a partir del momento en que las víctimas conocieron o
debieron conocer la posible intervención estatal por acción u omisión y, de otra
parte, que se debe verificar si para el momento pertinente existían realmente
17
SAMAI del Tribunal.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
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elementos que permitieran a las víctimas inferir y estructurar una imputación al
Estado; iii) no se tuvo en cuenta que desde la demanda se alegó que el homicidio
tuvo motivaciones políticas y que en la región existían relaciones y alianzas con
sectores de la parapolítica y grupos paramilitares ni que el homicida capturado en
flagrancia señaló que uno de los autores del delito fue miembro activo de la Policía
Nacional (F2); iv) no se valoraron de manera adecuada las pruebas aportadas en
torno a la aplicación de la flexibilidad probatoria que señala la jurisprudencia de la
Corte Constitucional para los casos de graves violaciones a los derechos humanos,
como: la naturaleza de los cargos ocupados por la víctima, el móvil político alegado
y el marco regional de convivencia entre política local y estructuras armadas; v) se
desconoció el deber convencionalidad y el principio pro homine, debido a que no se
aplicaron los compromisos internacionales relacionados con el acceso a la justicia,
verdad, reparación integral y no impunidad, para garantizar que las reglas de
caducidad sean interpretadas de manera compatible con los derechos
fundamentales de las víctimas y, vi) no se examinó la falla del servicio por omisión
de protección en la persona que ocupó cargos públicos sensibles, ni por la
investigación deficiente que vulneró los derechos a la verdad y a la justicia derivados
del deficiente esclarecimiento de los autores intelectuales y móviles.
2) Sobre los argumentos de apelación de la parte demandante la Sala encuentra
que en este caso concreto no está probada ninguna situación material que le
hubiese impedido acudir a esta jurisdicción para presentar la correspondiente
demanda por el daño alegado, pues, no hay elementos de juicio que permitan
considerar, fundadamente, que la parte actora se encontraba en una situación
material de carácter particular, especial y grave que le impidiera presentar la
respectiva demanda de reparación directa, pues, aunque no se desconoce que la
pérdida de un ser querido causada por homicidio genera consecuencias negativas
para quienes lo padecen, esta situación no constituye, por sí misma, una
justificación válida para encontrar configurada la imposibilidad material de acceder
a la administración de justicia, toda vez que, a diferencia de otros derechos que
únicamente pueden ser ejercidos o disfrutados en sitios específicos –propiedad,
usufructo, entre otros-, es un derecho al que se puede acceder aun en situaciones
irregulares de amenazas y violencia generada por el conflicto armado interno, pues,
de conformidad con el artículo 134D del Decreto - Ley 01 de 1984 (vigente para la
época de los hechos) era posible presentar la demanda de responsabilidad en el
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
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lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o en el domicilio del
particular demandado; lo anterior, máxime si se considera que en el presente caso
no se encuentra demostrado las amenazas previas y posteriores al homicidio de su
progenitor.
3) Lo expuesto lo corroboran las pruebas legalmente aportadas con la demanda
(doc. 4ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal) y decretadas como tales en la
audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA celebrada el 13 de abril de
202 (doc. 370ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal), de las cuales se destacan las
siguientes:
a) Las certificaciones laborales aportadas dan cuenta que el señor Francisco
Antonio Ayala Valencia (qepd) desempeñó en i) la Contraloría Departamental de
Caldas entre el 1º de julio 1983 y el 31 de diciembre de 1990 el cargo de
Subcontralor, y entre el 1º de enero de 1991 y 1º de enero de 1992 el cargo de
Contralor Departamental (fl. 9, doc. 5ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal) y ii) la
Industria Licorera de Caldas entre el 24 de marzo de 1993 y el 2 de septiembre de
1993 el cargo de subgerente de mercadeo desde el 24 de marzo de 1993 (fl. 8, doc.
5ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal).
b) En el Formato Único de Declaración para la Solicitud de Inscripción en el Registro
Único de Víctimas diligenciado por el señor Carlos Mario Ayala Vásquez, donde
sobre los hechos objeto de la presente demanda expuso lo siguiente:
“Mi padre Francisco Antonio Ayala Valencia fue asesinado en la
ciudad de Manizales el 2 de septiembre de 1993 (…), cuando se
desempeñaba como Sub-Gerente de Mercadeo de la industria Licorera de
Caldas. Cuando él fue asesinado yo tenla 21 años (…) fue interceptado
a una cuadra y media del antiguo banco de la República por hombre que
le disparó en repetidas ocasiones causándole de la muerte. Ese día murió
en el lugar de los hechos y todo ello ocurrió como en horas de la tarde
cuando salió de su trabajo como ya lo dije. Mi papa, además de
desempeñarse corno Subgerente de Mercadeo de la Industria Licorera de
Caldas era un político muy reconocido en el Departamento de Caldas
(…) además de haber de haber cargos como Subcontralor y Contralor del
Departamento de Caldas, creo que esta fue la causa de su asesinato,
porque dicen que su muerte se produjo por celos políticos, ya que
políticos de la región, cuyos nombres no quiero nombrar por razones de
seguridad y que tuvieron alianzas de para-política con paramilitares en el
·Departamento de Caldas, fueron quienes ordenaron su muerte no sé
realmente por orden de quien, pero además hubo muchas amenazas
previas y posteriores a su deceso, las recibía mi mamá, porque nosotros
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
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Apelación sentencia
nos empeñamos en tratar de resolver quién o quiénes habían asesinado a
mi padre (…)” (fl. 11, doc. 5ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal –
negrillas de la Sala).
c) La copia de la Resolución no. 2013-332457 del 17 de diciembre de 2013 FUD
NH000196530 por medio de la cual se resolvió i) incluir al señor Carlos Mario Ayala
Vásquez junto con su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas y ii) reconocer
el hecho victimizante de homicidio de persona protegida (fl. 12 a 14, doc. 5ED_C01,
índice 36 SAMAI del Tribunal).
d) La diligencia de notificación personal de la Resolución no. 2013-332457 del 17
de diciembre de 2013 FUD NH000196530 que dispuso la inscripción en el Registro
Único de Víctimas realizada el día 9 de octubre de 2014 (fl. 10, doc. 5ED_C01,
índice 36 SAMAI del Tribunal).
e) Oficio DR-1511170005 de 1° de diciembre de 2015 por medio del cual la UARIV
le informó al demandante que el lugar donde debía reclamar el pago de la
indemnización administrativa de que trata la Ley 1448 de 2011 (fl. 17, doc.
5ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal).
f) Oficio 2859/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-BIAYA-OCJM-1.9
de 18 de junio de 2018 mediate el cual el Ejército Nacional informó que esa
institución i) no adelantó ninguna investigación disciplinaria contra personal militar
relacionada con la muerte del señor Francisco Antonio Ayala Valencia ocurrida el
02 de septiembre de 1993; ii) no se reportó denuncia, querellas o información de
hechos de amenazas o peligro con el ciudadano en mención y, iii) el Comando de
la Unidad Táctica no tuvo conocimiento de los hechos, por lo tanto, no era posible
inferir la existencia de responsabilidad de personal militar por acción u omisión de
los hechos (doc. 25ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal).
g) La Fiscalía General de la Nación mediante el oficio 20480-0890 del 15 de junio
de 2021 informó que por el homicidio del señor Francisco Antonio Ayala el señor
Luis Antonio Ramírez (LAR) fue condenado a la pena de prisión de 20 años como
responsable de los delitos de homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas
por el Juzgado Quinto Penal del Circuito mediante sentencia del 5 de octubre de
1993, y contra José Fernando Hurtado (JFH) fue proferida resolución acusatoria por
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
la Fiscalía Octava de la Unidad Especializada el 22 de septiembre de 1994 por el
punible de homicidio (doc. 45ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal).
h) En la audiencia de indagatoria rendida por Luis Antonio Ramírez el 6 de
septiembre de 1993 este afirmó que quien lo contrató para matar al señor Ayala
Valencia fue José Fernando Hurtado (doc. 47ED_C01, índice 36 SAMAI del
Tribunal).
i) Dentro de las actuaciones y diligencias adelantadas por la Fiscalía Octava de la
Unidad Especializada de la Fiscalía General de la Nación se destaca la declaración
rendida por la señora María Dolores Vásquez de Ayala (esposa de la víctima) quien
sobre los hechos que rodearon la muerte de su esposo manifestó:
“[É]l nunca me comentó que lo hubieran amenazado, él hace cinco o seis
años fue chantagiado (sic) en Supía, la persona que al parecer le hizo el
chantaje ya murió, en lo que se refiere a la política nunca me dijo nada
nunca me contaba nada sobre eso (…) hacía nueve meses y medio que
estábamos separados, él inclusive vivía en el mismo edificio (…) los
negocios que él llevaba eran de o mejor lo de sus propiedades, él hacía o
mejor me comentaron hace ocho días que había comprado un apartamento
que queda en Palermo, él no llevaba negocios a más nadie ahí y él no
litigaba. Él le debía a mucha gente, no sé a quienes a amigos de él, a las
personas que me han llamado, pero ningún problema por deudas eso si no
(…)” (fls. 40 a 43,doc. 47ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal).
j) De igual manera las declaraciones de los señores Ramón Hernández Reyes,
conductor de la víctima, Rubén Darío Arroyave Alzate, Germán Ovidio Mapeño y
Alba Lucía Trujillo, compañeros políticos de Francisco Antonio Ayala Valencia son
contestes en afirmar que no le conocían ninguna rivalidad política y que este nunca
les comentó haber recibido amenazas o sentirse en peligro (fls. 44 a 46, doc.
47ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal).
k) El 22 de septiembre de 1994, la Fiscalía Octava de la Unidad Especializada de la
Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en contra del señor
José Fernando Hurtado por los delitos de homicidio y lesiones personales causados
a Francisco Antonio Ayala y Román Hernández Reyes, respectivamente, como
determinador; la decisión se fundamentó en los siguientes argumentos:
“En sus descargos Luis Antonio Ramírez la forma como fue contratado
para cegar la vida de un abogado que no distinguía, pero que se lo
22
Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
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Reparación directa
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señalaron (…), en la bomba López fue contactado por Fernando Hurtado,
quien lo contrató para matar un abogado por un millón de pesos (…). Del
Seguro Social se allegó la cédula de ciudadanía del afiliado José Fernando
Hurtado Muñoz, afiliado por la empresa Autolegal de Manizales entre el 22
de noviembre de y ocho de septiembre de 1993. Se recepcionó el
testimonio de Conrado Correa Henao administrador de la empresa
Autolegal quien ratifica la vinculación laboral del sindicado ausente y el
abandono del puesto a raíz del problema con el Dr. Ayala, portaba un
revólver 38 largo amparado, exagente del F-2, reconoció la fotografía de
Hurtado donde tiene bozo, desconoce cualquier relación entre José
Fernando y la víctima. Se anexó constancia de Autolegal dando por
terminado el contrato laboral fechada en septiembre 8/93, por no
presentarse a trabajar desde el tres del mismo mes y año. La constancia
de las Fuerzas Militares sobre el propietario del arma decomisada al autor
material, revólver S/7 número interno 81804, no aparece registrado en las
microfichas y en cambio aparece el sindicado Hurtado Muñoz como
propietario de un revólver diferente, ajeno a la investigación (…). Con
respecto a la responsabilidad del exagente José Fernando Hurtado Muñoz,
reo ausente, como determinador de hechos punibles consumados por el
autor material, existe en el proceso prueba testimonial e indiciaria de que
fue la persona que planeó la empresa criminal. (…). La existencia del sitio
de trabajo de José Fernando es en realidad con lo empresa Autolegal
donde prestaba sus servicios dos años atrás (…). Los hechos posteriores
al punible que comprometen seriamente al sindicado ausente es la fuga
del mismo, pues, se estableció que al día siguiente del homicidio abandonó
el cargo de la empresa (…)” (fls. 116 a 130, doc. 47ED_C01, índice 36
SAMAI del Tribunal).
Contrario a lo expuesto por el demandante, las pruebas anteriormente descritas no
demuestran que el homicidio del señor Francisco Antonio Ayala Valencia ocurrió en
un contexto de violencia relacionado con la insurgencia de grupos paramilitares y
parapolíticos en el departamento de Caldas, asimismo, tampoco acreditan que la
víctima fue previamente amenazada o que el aquí actor recibió amenazas
posteriores al hecho y que por ello no pudo acudir a la administración de justicia;
por el contrario, los elementos materiales probatorios evidencian que este siempre
tuvo la oportunidad de presentar la demanda de reparación directa y acudir ante las
autoridades judiciales, tanto así que la propia esposa, conductor y compañeros
políticos de la víctima acudieron directamente a la Fiscalía General de la Nación a
rendir sus respectivas declaraciones dentro del proceso penal adelantado por ese
ilícito y allí manifestaron no tener conocimiento de amenazas en contra del señor
Francisco Antonio Ayala Valencia y tampoco denunciaron amenazas posteriores;
de igual manera, el demandante directamente acudió a las diferentes autoridades
administrativas con el fin de acceder a los beneficios de la Ley 1448 de 2011 donde,
además de ser incluido junto con su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas,
se reconoció como hecho victimizante el homicidio en persona protegida y el pago
de la reparación administrativa.
23
Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
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4) Ahora bien, como en su momento lo precisó el tribunal, todo homicidio constituye
una vulneración y ofensa al derecho fundamental a la vida, protegido tanto por el
ordenamiento colombiano como por el derecho internacional; sin embargo, lo cierto
es que, aún si el delito es catalogado como de lesa humanidad, ello no altera el
plazo de caducidad.
5) En efecto, como se expuso en apartes anteriores, de acuerdo con los criterios
fijados en la citada sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29 de enero
de 202018 para el análisis de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado19 -postulados que fueron acogidos por la Corte Constitucional
en sentencia SU-312 de 202020-, el juez contencioso administrativo debe analizar
las particularidades de cada asunto y, en todo caso, en el evento de desestimarse
el medio de control de reparación directa por caducidad, el perjudicado puede
obtener la compensación económica del daño causado por otras vías 21;
particularidades que en este caso no se cumplen, por cuanto, como ya fue expuesto,
el demandante conoció del homicidio del señor Francisco Antonio Ayala en la misma
fecha en que ocurrió y pudo acudir a la administración de justicia para obtener la
reparación correspondiente22.
6) En relación con los argumentos consistente en la falta, fragmentada e insuficiente
valoración de los obstáculos y el contexto de miedo, amenazas e impunidad, debe
precisarse que, contrario a lo afirmado por el demandante en este proceso, la
decisión apelada examinó en conjunto las pruebas aportadas por las partes y la
18
Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-00144-
01(61.033)A, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
19
Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este
plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley”.
20
Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21
Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del
responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.
22
Ver entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de
2023, radicación no. 05001-23-33-000-2016-00504-01 (62.500), CP José Roberto Sáchica Méndez y Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1 de noviembre de 2023, radicación no. 66001-23-33-
000-2018-00559-01 (63814), CP Nicolás Yepes Corrales.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
decretada de oficio23, pues requirió a la Fiscalía General de la Nación y al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales para que aportaran e este proceso las
diligencias y actuaciones penales relacionadas con el homicidio del señor Francisco
Antonio Ayala, de las cuales se destaca que i) según las declaraciones de la esposa,
conductor y compañeros políticos de la víctima, el móvil político y las supuestas
amenazas alegadas por el demandante no existieron, pues, estas son contestes en
señalar que la víctima no manifestó haber recibido alguna amenaza, concretamente
sobre el particular la cónyuge refirió lo siguiente: “él nunca me comentó que lo
hubieran amenazado (…), en lo que se refiere a la política nunca me dijo nada nunca
me contaba nada sobre eso (…) Él le debía a mucha gente, no sé a quienes a
amigos de él, a las personas que me han llamado, pero ningún problema por deudas
eso si no” (fls. 40 a 43, doc. 47ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal); ii) frente a
la aludida impunidad, está acreditado que la persona que disparó en contra de la
humanidad de la víctima fue condenada y también fue identificada la persona
acusada como determinador del homicidio; esta última, si bien se estableció que
perteneció a la Policía Nacional (F-2), lo cierto es que, también se acreditó que para
la fecha de los hechos ya se había desvinculado de la Fuerza Pública.
7) Respecto al aludido desconocimiento de los Tratados Internacionales y el
principio pro homine ni la primera instancia ni esta Corporación en modo alguno
desconocen en este asunto tales compromisos y principios; sin embargo, no se dan
los criterios para aplicar un cómputo de caducidad diferente como lo plantea el
demandante, pues, el solo hecho de la UARIV lo haya catalogado como homicidio
de persona protegida no implica, per se, que en los términos para presentar la
demanda de reparación directa son imprescriptibles.
8) Es pertinente precisar, de un lado, que el demandante en los hechos de la
demanda afirmó el daño invocado no tuvo origen en la participación causal y directa
de un agente del Estado y, de otra parte, que en el expediente, con las
declaraciones rendidas por la esposa, conductor y compañeros políticos de la
víctima, quedó desvirtuado que las autoridades estatales y la opinión pública
tuvieran conocimiento de que esta hubiese recibido amenaza alguna.
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Folio 4, documento 37ED_C01, índice 36 SAMAI del Tribunal).
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
9) En ese orden, en el presente el término de caducidad para formular las
pretensiones de reparación directa debe contarse a partir del 2 de septiembre de
1993 -fecha del homicidio del señor Francisco Antonio Ayala-, pues, no se demostró
ninguna excepción o circunstancia de imposibilidad material alguna para acceder a
la administración de justicia se concluye, que si se contabiliza el término para
presentar la demanda desde la fecha del daño alegado (2 de septiembre de 1993),
es evidente que el demandante acudió a esta jurisdicción por fuera del término legal
de dos (2) años previsto para el efecto en el artículo 136-8 del CCA sin la
modificación introducida por la Ley 446 de 1998 -norma vigente al momento del
homicidio del señor Francisco Antonio Ayala ocurrido el 2 de septiembre de 1993-,
toda vez que, cuando presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 31 de
enero de 201724 el plazo bienal previsto en la norma procesal ya había expirado; en
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia apelada que declaró
la caducidad del medio de control de reparación directa de la referencia.
10) Es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
167 de 202325 en la cual se indicó además que “la aplicación del fallo de unificación
de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la
necesidad de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse
a las nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene”; esta Sala no
encuentra necesario readecuar el trámite en el caso concreto debido a que las
particularidades del mismo no permiten avizorar que ello pueda dar lugar a un
cambio en el sentido de esta decisión, pues, de lo acreditado en el proceso y
asegurado en la demanda hay absoluta certeza de que desde el conocimiento del
hecho dañoso y de la supuesta omisión de protección del Estado operó la caducidad
y no hay ningún elemento probatorio que permita inferir que la parte actora estuvo
impedida para ejercer el derecho de acción, contrario sensu las pruebas allegadas
evidencian que el actor pudo acudir ante las autoridades, como lo demuestra el
proceso penal mediante el cual el autor material del hecho fue condenado y el
determinador identificado.
Además, como lo señaló el tribunal de primer grado, si bien la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, para la fecha de
24
Documento 5ED_C01Anexos índice 36 del Tribunal.
25
Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo Rivera.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
presentación de la demanda, no había sido proferida, no es menos cierto que la
parte demandante presentó sus alegatos de conclusión en primera instancia el 9
de septiembre de 2021 para reiterar los argumentos expuestos en la demanda sin
referirse de manera específica al cambio jurisprudencial introducido por dicha
sentencia, esto aunado a que en esta instancia frente a dicha oportunidad procesal
guardó silencio. En consecuencia, la parte actora contó con la oportunidad procesal
de manifestar si se encontraba en una situación que le hubiera impedido
materialmente acudir a la administración de justicia dentro del plazo legal.
3. Conclusión
Como la demanda se presentó cuando el medio de control jurisdiccional de
reparación directa ya había precluido se impone confirmar la sentencia apelada que
declaró la de caducidad del medio de control de la referencia.
4. Condena en costas
En este proceso se demanda como hecho dañoso el homicidio en persona
protegido, el cual fue reconocido por la la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas mediante la Resolución no. 2013-332457 del 17
de diciembre de 2013, por lo cual por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional y encontrarse en una condición de indefensión, inferioridad y
vulnerabilidad, no habrá condena en costas26.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
26
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han precisado que la reparación de las víctimas del conflicto
armado es un asunto de interés público. Al respecto ver entre otras sentencias: Corte Constitucional, sentencia
SU-241 de 20 de junio de 2024; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 18 de julio de 2005, exp. con radicación no. 72.062, MP Alberto Montaña Plata;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de
diciembre de 2024, exp. con radicación no. 56.855 MP José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente: 17001-23-33-000-2017-00171-02 (74.394)
Actor: Carlos Mario Ayala Vásquez
Reparación directa
Apelación sentencia
F A L L A:
1°) Confírmase la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
2°) Abstienese de condenar en costas.
3°) Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Aclara voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados
integrantes de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la plataforma digital SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley
2213 de 2022.
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