Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00187-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00187-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00187-02
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Trámite: Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si el acto de insubsistencia se
encuentra viciado de expedición irregular porque
se ha debido expedir una vez se encontrara
responsable disciplinariamente y, además, por
vulnerar la reserva de los hechos objeto de
investigación.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la
Sección de 23 de abril de 20211, después de surtidas a cabalidad las demás
etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o
nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 18 de
octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio
de la cual negó las pretensiones de la señora María Elena Mejía Suárez en
contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial.
I. ANTECEDENTES2
1.1 La demanda y sus fundamentos.
La señora María Elena Mejía Sánchez, por intermedio de apoderado judicial3,
en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho -
Ley 1437 de 2011- presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad de
la Resolución 303 de 12 de octubre de 2017, suscrita por la Sala Plena del
Tribunal Superior de Manizales, por medio de la cual fue declarado
insubsistente su nombramiento en provisionalidad, al considerar que no
desempeñaba su cargo de manera eficaz y eficiente.
1
Informe visible a folio 256.
2
Demanda visible a folios 4 a 22 del expediente.
3
El abogado Germán León Castañeda.
2
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó: (i) el reintegro al cargo que desempeñaba sin solución de
continuidad; (ii) el pago de los emolumentos dejados de percibir desde el
momento en que fue apartada de su cargo; (iii) ordenar el pago de los aportes
de pensión hasta se produzca el reintegro efectivo; (iv) el pago de 200 salarios
mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la vida de relación;
y, (v) el pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto
de perjuicios morales.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen
integral de la situación fáctica del demandante, así:
La señora María Elena Mejía Sánchez estuvo vinculada de manera interrumpida
en la Rama Judicial desde el 9 de septiembre de 1995 al 17 de octubre de 2016,
siendo el último cargo que desempeñó el de Juez 1º Promiscuo Municipal de
Manzanares -Caldas-.
Durante el desempeño del citado empleo, estuvo investigada disciplinariamente
en 4 oportunidades, la primera, por el retardo en la realización de un despacho
comisorio; la segunda, por ausentarse durante el horario laboral; y las dos
ultimas, por acoso laboral a sus subalternos. Adicionalmente, el 22 de agosto
de 2013, el señor Augusto Quintero Escobar «abogado litigante» presentó una
queja disciplinaria en su contra ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Caldas por negarse a firmar un certificado de experiencia en el litigio, la cual
culminó con la sanción de la suspensión del cargo e inhabilidad especial por el
término de 2 meses «fallo sancionatorio de 13 de febrero de 2015»4, decisión que
fue confirmada en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
Por lo anterior, el Tribunal Superior de Manizales adoptó la determinación, por
medio de la Resolución 303 de 12 de octubre de 2016, de declarar insubsistente
el nombramiento en provisionalidad de la señora María Elena Mejía Sánchez al
considerar que tenía: (i) un actuar conflictivo; (ii) malas relaciones con sus
subalternos; y, (iii) ausencias injustificadas de su sitio de trabajo.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 25, 29,53, 95, 125, 209 y 229; Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo
164; Leyes 143 de 1998, artículo 87; 134 de 2002, artículo 95; 909 de 2004;
1010 de 2006, artículo 9; 1276 de 2009, artículo 7; y, Decreto 1227 de 2005.
Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto
demandado está afectado por los cargos que se pasan a exponer:
Falsa motivación, por cuanto se desconoció su buen desempeño en el cargo,
concretamente, porque en ningún momento se demostró entorpecimiento, ni
negligencia en el trámite de los procesos. Adicionalmente, de acuerdo con lo
4
Visible folio 78 a 99 del expediente.
3
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
expuesto por la Corte Constitucional5, el retiro de las personas nombradas en
provisionalidad debe fundarse en motivos reales y con base en soportes legales,
pues aun cuando no se encontraba inscrita en carrera administrativa, no es
dable que la entidad nominadora la retire sin razones formales, materiales,
normativas y fácticas.
Desviación de poder, en tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales vulneró la reserva y confidencialidad de las investigaciones
disciplinarias que tenía en su contra y, además, quebrantó su estabilidad laboral
reforzada, toda vez que, no se efectuó un análisis detallado de la calidad de pre-
pensionada al momento suscribir el acto acusado.
1.3 Contestación de la demanda6.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas por los demandantes, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Si bien es cierto la señora María Elena Mejía Sánchez accedió al servicio
mediante nombramiento en provisionalidad, también lo es que, ésta es una
forma de proveer los cargos para no interrumpir la prestación del servicio
público, sin que ésta genere un fuero de estabilidad para el funcionario que lo
desempeñe.
La reserva legal que versa sobre los procesos disciplinarios se presenta hasta
cuando se formule el pliego de cargos o, en su defecto, se ordene el archivo
definitivo en aras a proteger el buen nombre del investigado, la intimidad y el
debido proceso; aspectos que no se utilizaron en su contra para expedir el acto
acusado, pues solamente se realizó una exposición de la queja que existía en
contra de la señora María Elena Mejía Sánchez, sin que esto pueda ser
catalogado como una vulneración a la reserva de aquél.
Finalmente, interpuso las siguientes excepciones: (i) legalidad del acto acusado,
por cuanto estuvo fundado en criterios razonables con estricta observancia del
ordenamiento jurídico aplicable; y, (ii) cumplimiento del deber legal y
constitucional, dado que se presume ajustado a derecho el acto demandando
hasta tanto sea declarado nulo por la autoridad competente.
1.4. La sentencia apelada7.
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 18 de octubre de
2019, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:
No se encontró demostrada la falsa motivación en el acto administrativo
demandado, por cuanto los argumentos expuestos para sustentar la
insubsistencia del cargo están plenamente respaldados y corresponden con la
5
La demandante no indicó la providencia.
6
Visible a folios 73 a 75 del expediente.
7
Visible a folios 226 a 238 del expediente.
4
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
realidad probatoria, concretamente, estuvo sustentado en los diferentes
procesos disciplinarios que le fueron adelantados a la demandante, en especial,
en el que fue suspendida e inhabilitada por 2 meses, razones íntimamente
ligadas con el desempeño de sus funciones y, por las cuales, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales encontró sustento suficiente para
declarar insubsistente su nombramiento.
Respecto a la desviación de poder, sustentada en la discrecionalidad y
vulneración de la reserva de los expedientes disciplinarios, en el acto
demandado se citaron 4 procesos disciplinarios que habían sido iniciados en
contra de la señora María Elena Mejía Sánchez, 2 de los cuales ya se habían
archivado y, los otras 2, se encontraban en trámite al momento de su
desvinculación, por ende, si bien es cierto la Corte Constitucional8 ha señalado
que se encuentra en reserva todo aquel proceso disciplinario que esté en etapa
de instrucción, también lo es que en el presente caso se puede llegar a señalar
que tales radicados ostentaban esa condición; no obstante, esta particularidad
no tiene el alcance necesario para desvirtuar la legalidad del acto, pues, no se
probó que la decisión del Tribunal Superior de Manizales se hubiese tomado en
procura de un fin diferente al previsto por el legislador o en búsqueda de un
propósito particular o personal contrario a la buena prestación del servicio.
Finalmente, respecto al argumento propuesto por la demandante, según el cual,
se le debió respetar la estabilidad laboral en virtud de su condición de pre-
pensionada, adujo que, no se aportó prueba alguna que demostrara cantidad
de semanas tenía cotizadas al fondo de pensiones, sin embargo, al analizar las
certificaciones laborales se determinó que tenía 735.28 semanas, es decir, le
hacían falta más de tres años para cumplir las 1300 semanas requeridas para
obtener la pensión; por ende, sí podía ser retirada del servicio.
Así las cosas, de conformidad con lo anterior, fueron declaradas probadas las
excepciones de legalidad del acto administrativo y de cumplimiento del deber
legal y constitucional, en tanto, no fueron acreditados los vicios de nulidad
denominados falsa motivación y desviación de poder.
1.5. El recurso de apelación9.
La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación:
Expresó estar inconforme con la sentencia proferida por el a-quo por cuanto se
vulneró el debido proceso, dado que toda persona se presume inocente hasta
tanto no se demuestre culpable, por ende, no le era dable a la administración
fundar su decisión para declarar insubsistente su nombramiento, por cuanto, de
un lado, ninguna de las investigaciones que se habían iniciado en su contra,
había culminado con un fallo sancionatorio; y de otro, porque los hechos materia
de investigación se encontraban en reserva.
8
Sentencia T-499 de 2013.
9
Visible a folios 241 a 245 del expediente.
5
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Si en gracia de discusión se tuviera en cuenta la sanción disciplinaria de la cual
fue objeto por el término de 2 meses «fallo sancionatorio de 20 de abril de 201610»,
el Tribunal Superior de Manizales ha debido proferir el acto demandado «data
del 12 de octubre de 2016» una vez cumplió con ésta, mas no, 5 meses
después.
II. CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con las exposiciones que obran en el recurso de apelación,
establece la Sala como problema jurídico el siguiente:
Determinar si el acto por medio del cual fue declarado insubsistente el
nombramiento de la señora María Elena Mejía Sánchez se encuentra
viciado de expedición irregular, concretamente, porque se ha debido
expedir una vez se encuentre responsable disciplinariamente y, además,
por vulnerar la reserva de los hechos objeto de investigación de las
mismas.
Para el efecto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el
siguiente orden: (i) retiro del servicio en la Rama Judicial; y, (ii) caso en concreto.
i. Marco normativo y jurisprudencial para el retiro del servicio de un
servidor público de la rama judicial.
En términos generales se puede afirmar que la carrera en la Rama Judicial en
nuestro ordenamiento jurídico, está concebida como un sistema que regula el
ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras
actividades de los jueces, fiscales y magistrados y demás profesionales,
cualquiera que sea su categoría o nivel, con el fin de garantizar su dignidad,
independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su función pública.
En vigencia de la Constitución Nacional de 1886, la carrera judicial tenía como
fundamento legal el Decreto 52 de 13 de enero de 1987 “(…) Por el cual se revisa,
reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial”, que en el artículo
1º establecía: “La carrera Judicial tiene por objeto garantizar la eficiente administración
de justicia y, con base en el sistema de méritos, asegurar en igualdad de oportunidades
el ingreso y ascenso en el servicio de funcionarios y empleados con estabilidad e
independencia (…)”. Por su parte, el artículo 2º ibídem señalaba: “(…) [s]on
funcionarios los magistrados, jueces y fiscales de la República. Las demás personas que
ocupen cargos en la Rama Jurisdiccional y en las fiscalías tienen la calidad de empleados
(…)”.
Luego, la Constitución Política de 1991 al referirse sobre las formas de ingreso
y desvinculación del servicio público estableció:
10
Suscrito por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria – a través de la
cual confirma el fallo de 13 de febrero de 2015 expedido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.
6
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
“(…) ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción,
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.
(…)”
De conformidad con lo anterior, se tiene que el régimen de ingreso y ascenso
de los empleados públicos, aplicable también a la Rama Judicial, se rige por el
sistema de carrera, el cual, se hará por medio de concursos públicos y con el
cumplimiento de los requisitos previstos para cada cargo. Por su parte, para el
retiro, éste se deberá por calificación no satisfactoria en el desempeño del
empleo, por transgresión del régimen disciplinario y las demás dispuestas en la
Constitución o la ley.
Por su parte, en el artículo 256 numeral 1º del texto superior delegó al Consejo
Superior de la Judicatura la administración de la carrera judicial, de forma que,
por medio de la Ley 270 de 199611 reguló los fundamentos y administración de
la carrera judicial, el campo de aplicación, el concurso de méritos, las causales
de retiro, entre otros aspectos. En ese sentido, si bien se tiene como
fundamento la estabilidad laboral de quienes pertenecen a la Rama Judicial,
también previó los supuestos por medio de los cuales procede el retiro o la
exclusión de un servidor público, al respecto indicó:
“(…) ARTÍCULO 149. RETIRO DEL SERVICIO. La cesación definitiva de las
funciones se produce en los siguientes casos:
1. Renuncia aceptada.
2. Supresión del Despacho Judicial o del cargo.
3. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.
4. Retiro forzoso motivado por edad.
5. Vencimiento del período para el cual fue elegido.
6. Retiro con derecho a pensión de jubilación.
7. Abandono del cargo.
8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaración de insubsistencia.
10. Destitución.
11. Muerte del funcionario o empleado.
(…)
ARTÍCULO 173. CAUSALES DE RETIRO DE LA CARRERA JUDICIAL. La
exclusión de la Carrera Judicial de los funcionarios y empleados se produce por las
causales genéricas de retiro del servicio y la evaluación de servicios no satisfactoria.
PARÁGRAFO. El retiro de la Carrera Judicial lleva consigo el retiro del servicio y se
efectuará mediante acto motivado, susceptible de los recursos de la vía gubernativa.
(…)” (Lo resaltado es de la Sala).
11
“(…) Estatutaria de Administración de Justicia (…)”
7
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En virtud de lo anterior, es dable concluir que una de las causales para el retiro
del servicio de los funcionarios que hacen parte de la Rama Judicial es la
declaración de insubsistencia del nombramiento en el cargo, el cual, se hará por
medio de acto administrativo motivado, esto, para garantizar la legalidad,
publicidad y el debido proceso, con el fin de permitir al empleado público atacar
las razones por las cuales fue desvinculado del servicio público y ejercer el
correcto control del acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En este punto se torna necesario destacar, de un lado, que los nombramientos
en provisionalidad se constituyen en un mecanismo de carácter excepcional y
transitorio que permite proveer en forma temporal un empleo de carrera
administrativa, con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito con
el fin de evitar la interrupción en la prestación de un servicio público ante la
vacancia temporal de un empleo; y de otro, que la estabilidad solo existe para
el personal nombrado en carrera administrativa; por ende, como el nombrado
en provisionalidad en un empleo de Carrera Administrativa accede a él en forma
discrecional, su permanencia por encima del término previsto en la Ley no le
genera ningún derecho de inamovilidad, pues estas circunstancias no pueden
modificar la condición legal de provisionalidad.
ii. Del caso en concreto.
En el sub-lite, el apoderado de la señora María Elena Mejía Sánchez expresó
estar inconforme con la sentencia proferida por el a quo por cuanto, a su juicio,
existen los elementos probatorios que permiten concluir que el acto acusado se
encuentra inmerso viciado de expedición irregular.
Para efectos de resolver el punto objeto de controversia, la Sala cuenta con los
siguientes elementos probatorios:
a) Por medio de la Resolución 0111 de 14 de mayo de 2008 la Sala Plena
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales nombró en
provisionalidad a la señora María Elena Mejía Sánchez en el cargo de Juez
Promiscuo Municipal de Manzanares12.
b) A través de acto interlocutorio de 3 de marzo de 2017 la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de Caldas dispuso el archivo definitivo de la
investigación disciplinaria no. 17001110200020140068800, adelantada en
contra de la señora María Elena Mejía Sánchez, al considerar que13:
“(…) evidentemente no se cuenta con la prueba necesaria y suficiente para proceder
a formular un pliego de cargos pues, si bien el testimonio del señor Andrés Leonardo
Orjuela Romero, quien fungió como Secretario para la época de los hechos y el 18 de
julio de 2014 expidió la constancia, añadió que no sólo ese día sino en otras unidades
la titular de había ausentado despacho por largo tiempo y sin los respectivos
permisos, incluso sin saberse en dónde o qué se encontraba haciendo, lo cierto es
que tales, afirmaciones, por lo menos en lo que atañe al presente proceso disciplinario
se encuentra ayuno de sustento probatorio.
12
Visible a folios 40 a 42 del expediente.
13
Visible a folios 46 a 51 del expediente.
8
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
(…) para esta Sala no existe un derrotero claro y respetuoso de los derechos de la
disciplinable para seguir en ese asunto y, que ameriten continuar la investigación por
hechos que revistan la calidad suficiente para formular un pliego de cargos que, como
se sabe constituye la columna vertebral del proceso y por ende, debe encontrarse
debidamente fundamentado en hechos, no rumores o hechos irrelevantes al campo
de acción del hecho disciplinario, sino debidamente blindado con elementos de
convicción creíbles y bajo razonamiento ponderado.
(…)”.
c) Mediante fallo disciplinario de 13 de febrero de 2015, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Caldas,
sancionó a la señora María Elena Mejía Sánchez con 2 meses de suspensión e
inhabilidad especial en el ejercicio del cargo como Juez Promiscuo Municipal de
Manzanares – Caldas-, por la falta grave dolosa al incumplir el horario de trabajo
y, de grave con culpa gravísima, por negar de manera injustificada la expedición
de una certificación14.
d) El 11 de agosto de 2016 el señor Faver Mazo Zapata, abogado en
ejercicio, manifestó al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales que15:
“(…) El desacertado manejo que la Doctora MEJÍA SÁNCHEZ le ha dado a este
despacho judicial se ha visto reflejado entre otras cosas en la cantidad de quejas,
denuncias e investigaciones de que viene siendo objeto, una de las cuales determinó
su suspensión en el ejercicio del cargo.
(…)
En el tiempo que lleva como Juez Promiscuo Municipal de Manzanares la Doctora
María Elena Mejía Sánchez, (…) han pasado por la Secretaría de este Despacho ocho
(8) abogados y ninguno de ellos le ha servido a la Doctora MARÍA ELENA MEJÍA
SÁNCHEZ y esto hace pensar que, probablemente el cambio continuo de secretarios
no se debe a la ineptitud de la estos para cumplir con las funciones de la secretaría,
sino en la ineptitud de la Señora Juez para el cabal desempeño de las suyas.
(…)
Persistir en la permanencia de la Doctora MARÍA LENA MEJÍA SÁNCHEZ en su
condición de Juez, no habla bien de la Administración de Justicia y mucho menos le
hace bien a la sagrada misión de impartir justicia.
(…)”.
e) Por medio de auto interlocutorio de 14 de julio de 201716, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de Caldas ordenó la terminación de la investigación
disciplinaria No. 17001110200020140068600, incoada en contra de la señora
María Elena Mejía Sánchez por ausencia de infracción sustancial al servicio de
la administración de justicia; al respecto dijo:
“(…) no se incurrió en antijuricidad disciplinaria o mejor “ilicitud Sustancial”, pues la
conducta de la titular inculpada encuentra justificación en el hecho de haber acatado
la decisión de la juez comitente de declarar infundado el impedimento propuesto, para
realizar la diligencia de secuestro confiada sin ningún inconveniente y de acuerdo a
la disponibilidad de agenda según las audiencias previamente previstas en el
despacho.”
14
Visible a folios 78 a 99 del expediente.
15
Visible a folio 17 y 118 del expediente.
16
Visible a folios 152 a 160 del expediente.
9
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
f) A través de la Resolución 383 de 12 de octubre de 201617, los Magistrados
del Tribunal Superior de Manizales – Caldas-, declararon insubsistente el
nombramiento de la señora María Elena Mejía Sánchez del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de Manzanares, esto, al considerar que:
“(…) el desempeño laboral de la Doctora María Elena Mejía Sánchez, como Juez
Promiscuo Municipal de Manzanares, es objetivamente deficiente, por su forma de
tratar al público en general, según se describe en la sentencia por medio de la cual la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la sancionó con suspensión e
inhabilitación, por dos (2) meses.
11. Que las evidencias demuestran que la forma de tratar al personal subalterno del
despacho, por la Dra. Mejía Sánchez, es irrespetuoso, desconsiderado, discriminador
y arrogante, es decir, contrario a los cánones elementales acerca del buen trabajo para
con las demás personas y, en especial, con los compañeros de trabajo. Fruto de ello,
son las varias quejas por acoso laboral.
12. Que la existencia de una sanción disciplinaria ejecutoriada, da por demostrada la
irregular prestación del servicio público a cargo de la Doctora Mejía Sánchez.
13. Que la existencia de cuatro (4) investigaciones cerradas que se aprestan (…)
indican a la Corporación, que la Doctora María Elena Mejía Sánchez al parecer: i) es
una servidora judicial de actuar conflictivo, ii) de malas relaciones con sus subalternos,
iii) que se ausenta de su sitio de trabajo sin permiso, por lo cual puede concluirse que
– en general- es necesario mejorar el servicio que se presta en el despacho a su cargo.
(…)”
g) El 18 de enero de 2017 la Jefe del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial certificó que la señora María
Elena Mejía Sánchez laboró al servicio de la Rama Judicial Seccional Caldas
de manera interrumpida desde el 9 de septiembre de 1995 al 17 de octubre de
201618.
h) El 28 de junio de 2018 el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Manizales 19, certificó la
existencia de 2 investigaciones disciplinarias en contra de la señora María Elena
Mejía Sánchez por el presunto acoso laboral contra los señores Ever de Jesús
Osorio Muñoz y Carlos Andrés Giraldo Giraldo.
i) El 30 de abril de 2019 en audiencia de práctica de pruebas 20 se recibió el
testimonio de la señora Omaira Quintero Ramírez, en el cual, manifestó:
“De lo único que tengo conocimiento es pues cuando la doctora María Elena me contó
que el Tribunal la había declarado insubsistente, eso fue más o menos como en el
2016 en octubre, pero pues no tengo más conocimiento sobre los hechos, solamente
eso. PREGUNTA: Tiene usted conocimiento de qué manera afectó o pudo afectar a
la hoy demandante la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Manizales en
Sala Plena y si esos aspectos, en caso de que tenga conocimiento de dicha
afectación, a qué afectos se extiende la misma. CONTESTÓ: Sí, recién sucedió eso
la doctora me llamó, entonces yo fui a visitarla al apartamento donde ella vive o vivía
(…) ella estaba muy triste, lloraba mucho por lo que había pasado, yo le decía doctora
pero qué fue lo que pasó, entonces ella me dijo no que el Tribunal como que tenía
algunas pruebas y que no se qué la había declarado insubsistente, pero ella durante
ese tiempo si muy triste, muy acongojada y también pensando que le faltaba muy
17
Visible a folios 24 a 32 del expediente.
18
Visible a folio 38 del expediente.
19
Visible a folio 185 del expediente.
20
Visible a folios 210 a 212 del expediente.
10
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
poquito para la pensión y que no la iba a poder obtener pues por lo que había
sucedido. (…) sé que económicamente ella pues la afectó muchísimo porque ella
tenía algunas deudas (…) APODERADO DEMANDADO: Quisiera reiterar la pregunta
que en un primer momento hiciera su señoría en relación con los hechos que
convocaron la declaratoria de insubsistencia y si usted dada la amistad que tenía con
la doctora María Elena Mejía Sánchez se enteró que ella fue sancionada por el
Consejo Superior de la Judicatura y la misma sanción fue confirmada en segunda
instancia con dos situaciones particularmente relacionadas, con el ausentismo del 4
al 19 de julio del 2013 y la omisión en la certificación que le hiciera un apoderado de
ese entonces el municipio de Manzanares con ocasión de un concurso, pues con
ocasión de la amistad que usted tenía con la señora María Elena (…) CONTESTÓ:
Sí, yo tuve conocimiento, igual también porque ella me llamó, yo fui al apartamento y
me contó que la habían sancionado, pues yo tuve conocimiento de la certificación de
lo otro de las ausencias no lo recuerdo que me hubiera mencionado algo pero sí supe
que estuve sancionada y que fue por una certificación.”
j) De conformidad con el Registro Civil de Nacimiento de la señora María
Elena Mejía Sánchez que obra a folio 35 del expediente, se puede constatar
que nació el 10 de abril de 1953.
De acuerdo con el material probatorio anteriormente relacionado, es dable
concluir que: (i) la señora María Elena Mejía Sánchez prestó sus servicios en la
Rama Judicial de manera interrumpida desde el 9 de septiembre de 1995 hasta
el 17 de octubre de 2016; (ii) el último cargo que desempeñó fue el de Juez
Promiscuo Municipal de Manzanares – Caldas-; (iii) el 13 de febrero de 2015
fue sancionada y inhabilitada del cargo por 2 meses; (iv) durante el desempeño
del cargo de Juez Promiscuo Municipal fue investigada disciplinariamente en
diferentes oportunidades; y, (v) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales declaró insubsistente su nombramiento en el cargo.
En tal virtud, para fines metodológicos la Sala analizará el argumento propuesto
por la recurrente conforme a las normas regulatorias y al material probatorio que
obra en el proceso, así:
a) Expedición irregular.
Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los
defectos en el elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a
saber: el procedimiento y la forma de la declaración. Sobre lo primero, la
expedición irregular se configura cuando se incumplen las condiciones y fases
previstas en el ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo
segundo, el vicio se presenta en los casos en los que la manifestación unilateral
de voluntad de la administración adolece de formalidades esenciales para su
validez, tales como la motivación.
En ese sentido, el elemento formal del acto que protege esta causal de nulidad,
obedece tanto a razones de orden interno de la administración, como al respeto
de las garantías y derechos de las personas , lo cual puede referirse a requisitos
tendientes a garantizar cuestiones como la igualdad y la participación de los
interesados en la formación del acto, otorgar las oportunidades que
correspondan para el ejercicio de los derechos a la defensa o contradicción y
también para asegurar la autenticidad o veracidad del acto administrativo.
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Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
No obstante, es necesario precisar que, tanto esta Corporación como la
doctrina, han señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios
constitucionales de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y de eficacia de
la función administrativa, las irregularidades formales que no tengan
trascendencia en los derechos y garantías fundamentales como el debido
proceso, pueden ser subsanadas y no implican necesariamente la anulación del
acto. Así, la irregularidad que tiene vocación de llevar al juez a declarar la
nulidad es la que compromete un presupuesto básico de la decisión o la que
tuvo incidencia en su sentido final.
Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho que21:
“(…) La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se
configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden
adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la forma como
éste debe presentarse. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite debe
verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido de la decisión. Si
la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es sustancial o
trascendente, el acto será anulable por expedición irregular, caso contrario, es decir,
cuando el defecto es formal e intrascendente, no hay lugar a decretar su anulación
(…)”. (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).
Y desde la doctrina, Luis Enrique Berrocal Guerrero indicó lo siguiente22:
“(…) Esta causal de nulidad se configura cuando se da cumplimiento a las
formalidades previstas a la ley o el reglamento ara a formación del acto de que se
trate, entendiendo como formalidades los requisitos tendientes a garantizar la
veracidad del acto, la igualdad de los interesados, sus derechos privados como el de
defensa, controversia etc. Así como la publicidad que en determinados casos se debe
hacer trámite de la actuación respectiva. Entre ellos se encuentran desde requisitos
obvios y comunes como la fecha, nombre de órgano, firma de funcionario, pasando
por la motivación cuando deba hacerse de manera expresa, hasta el cumplimiento de
trámites, diligencias o pasos necesarios, tales como solicitud de conceptos,
dictámenes, estudios previos, publicación de la solicitud o del inicio de la actuación
administrativa, citaciones a terceros, etc. Según se ha comentado atrás la
irregularidad que puede originar la anulación del acto es la que es relevante
para su contenido o para la efectividad del debido proceso, cuando es
sustancial, según la jurisprudencia, es decir, cuando incide en el sentido de la
decisión o es básica para la misma (…). (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).
Ahora bien, para definir la trascendencia de la irregularidad que puede llevar a
la anulación del acto administrativo es posible acudir, inicialmente, a un criterio
eminentemente normativo, según el cual, si un precepto jurídico positivo le da
el carácter de esencial a una formalidad, su incumplimiento puede generar la
nulidad del acto, lo cual ocurre, por ejemplo, con la consulta previa. Luego, de
no existir disposiciones en el anterior sentido, la determinación de la importancia
de los requisitos formales en un caso concreto puede ser objeto de ponderación,
esto es, de un ejercicio comparativo en el que se busca un equilibrio práctico
entre, por un lado, los principios o derechos que subyacen a las reglas sobre
21
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 12 de julio de 2012, radicación 25000-23-27-000-2008-00188
(17892), C. P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
22
BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo según la ley, la jurisprudencia
y la doctrina, 7ª Ed. 2016, pág. 551 y 552.
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Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
las formalidades a las que debía sujetarse la manifestación unilateral de
voluntad de la administración y, por el otro, de los que, en sentido contrario,
propugnan por la eficacia de la actuación administrativa en un caso concreto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar los argumentos de la
recurrente, según los cuales, por una parte, los hechos materia de investigación
se encontraban en reserva; y por otro, ninguna de las investigaciones que se
habían iniciado en su contra había culminado con un fallo sancionatorio.
Para el efecto es necesario indicar que el proceso disciplinario cuenta con
etapas procesales con unos fines y procedimientos específicos a los que el
operador disciplinario debe regirse, dando no solo importancia en la forma en
que presentará la investigación sino a los términos que se fijan. Ahora, las
etapas en que se divide el proceso disciplinario son: (i) indagación preliminar –
etapa que se presenta en caso de duda frente a algún aspecto sustancial del proceso-; (ii)
investigación disciplinaria, la cual, tiene por objeto verificar la ocurrencia de la
conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los
motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la
responsabilidad disciplinaria del investigado; y, (iii) etapa de juzgamiento que
comprende el auto de cargos y los fallos tanto de primera como de segunda
instancia si fuera el caso.
Bajo ese contexto, en relación con los documentos que son sujeto de reserva,
el artículo 95 de la Ley 734 de 200223 dispuso desde y hasta qué etapa del
procedimiento ésta aplica, así:
“(…) ARTÍCULO 95. RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el
procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando
se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin
perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el procedimiento especial ante
el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la decisión de
citar a audiencia.
El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición
de la Constitución o la ley tengan dicha condición.
(…)” Lo resaltado es de la Sala.
Por su parte, la Corte Constitucional24 se ha pronunciado al respecto de la
siguiente manera:
“(…) La reserva de la investigación disciplinaria que se fija “hasta cuando se formule
el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo”. Significa lo
anterior que la etapa probatoria propia de la investigación disciplinaria, se encuentra
sometida a reserva con fines constitucionalmente admisible, como son garantizar la
presunción de inocencia al investigado y resguardar la imparcialidad del funcionario
encargado de ejercer el control disciplinario. Después que se formule pliego de cargos
o se profiera acto de archivo definitivo, la investigación se considera pública para
proteger la pretensión subjetiva de “ejercer el control del poder político” que le asiste
a todos o a cualquier ciudadano, ya que aquella pretensión integra el núcleo esencial
del derecho de participación política que establece el artículo 40 de la Constitución
23
“(…) Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. (…)”
24
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-499 de 26 de julio de 2013, Accionante: Fulvia Elvira
Benavides Cotes, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Política. Precisamente, la reserva de la investigación disciplinaria fue establecida por
el legislador como una excepción al principio de publicidad de las actuaciones
administrativas, con la finalidad única de amparar los derechos al buen nombre, a la
intimidad e incluso al debido proceso del investigado. Por consiguiente, dicha reserva
se viola cuando, estando en trámite la investigación disciplinaria, se ponen en
conocimiento de personas que no tienen reconocida la calidad de sujetos procesales,
un hecho puntual, una diligencia o una prueba recaudada en la fase de instrucción
procesal. (…)”. (Lo resaltado es de la Sala).
Visto lo anterior es dable concluir que la reserva de la investigación disciplinaria
aplica desde la indagación preliminar o investigación disciplinaria hasta el
momento en que la administración formula el pliego de cargos o, ante la
imposibilidad de continuar con dicho procedimiento, ordena el archivo definitivo
de éste, momento en el cual, se tornan públicas todas las actuaciones obtenidas
en el desarrollo de las primeras etapas del proceso disciplinario para efectos de
permitir el ejercicio del control de los ciudadanos.
En este caso, se observa que la Resolución 303 de 12 de octubre de 2016 «acto
acusado» estuvo sustentado en las diversas investigaciones disciplinarias
realizadas en contra de la señora María Elena Mejía Sánchez, las cuales, al
momento de su expedición se encontraban en las siguientes etapas
procesales25:
Radicado Etapa procesal Observación
2014-00688 Juzgamiento Archivado.
2014-00686 Juzgamiento Archivado
2014-00088 Juzgamiento Al despacho para decidir
2015-00457 Juzgamiento En término para
alegatos de conclusión
Nótese que todas las investigaciones que se le adelantaron a la señora María
Elena Mejía Sánchez ya habían levantado el estado de reserva, prueba de ello,
son los autos interlocutorios de 3 de marzo y de 14 de julio de 201726, por medio
de los cuales se ordenó el archivo definitivo de las investigaciones identificados
con los radicados 2014-00688 y 2014-00686, y con respecto de las radicados
2014-00088 y 2015-00457, también se observa que, respectivamente, estaban
al Despacho para decidir de fondo y en términos para alegar de conclusión; por
ende, tales piezas procesales podían ser objeto de estudio por la entidad
nominadora para que, fundamento en ello, declarara insubsistente el
nombramiento de la demandante, pues, se insiste, estas investigaciones ya
habían superado la etapa de investigación disciplinaria.
Ahora, respecto del argumento de la recurrente, según el cual, no podía ser
declarado insubsistente su nombramiento porque ninguna de las
investigaciones que se habían iniciado en su contra había culminado con un
fallo sancionatorio, se debe precisar que la ausencia de sanciones disciplinarias
en firme no limita la facultad del nominador para retirar del cargo a un funcionario
que ha incumplido con su deber.
25
Información tomada de las pruebas que obran en el proceso.
26
Visibles a folios 46 a 51 y 152 a 160 del expediente.
14
Radicado No. 170012333000201700187 02.
No. interno: 0880-2020.
Actor: María Elena Mejía Sánchez.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En efecto, vale decir que el hecho de que no hubiese sido sancionada la
demandante no le genera fuero alguno de estabilidad ni puede limitar la
potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador, máxime
cuando existían antecedentes que denotaban la prestación de un mal servicio,
porque aun sin tener en cuenta los procesos disciplinarios que le fueron
adelantados, se encuentra probado que la demandante trataba al público y a
los empleados que tenía a cargo de manera irrespetuosa y desconsiderada,
aspectos que van en contravía de los cánones elementales que debe comportar
la administración de justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
CONFIRMAR la sentencia de 18 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, por medio de la cual negó las pretensiones de la
señora María Elena Mejía Suárez en contra de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, de conformidad a lo expuesto
a la parte motiva de la presente providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
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