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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2017-00334-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00334-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00334-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el ordinal quinto y MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto y sexto de la sentencia del 9 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, se dispone: «Tercero. DECLÁRANSE responsables de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al Municipio de Manizales e Infimanizales, así como a la empresa Sistemas de Transporte por Cable-Sistrac S.A., el Consorcio Alianza Turística integrado por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica – Acodres y la sociedad L´Alianxa Travel Network Colombia S.A., en calidad de administrador del otrora Fondo de Promoción Turística. 133 Ibidem. 60 Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235) Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otros Asunto: Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos REVÓCASE el amparo del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y DECLÁRASE la carencia actual de objeto por daño consumado del a derecho colectivo a la prestación de los servicios públicos eficientes y oportunos. Cuarto. ORDÉNASE al Municipio de Manizales, Infimanizales y Fiducoldex como administrador de Fontur, con la asesoría y acompañamiento de la Asociación Cable Aéreo Manizales, desmontar la estructura electromecánica existente en las estaciones Camino de la Palma y Ecoparque los Yarumos en la ciudad de Manizales. Para el cumplimiento de esta orden se concede un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Vencido el término anterior, las entidades deberán remitir en el lapso de diez (10) días, un informe al comité de verificación en el que se detallen las actividades realizadas, el cual a su vez dentro de un periodo igual informará al Tribunal Administrativo de Caldas mediante escrito con destino a este expediente. Quinto. REVOCADO. Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado por el señor Personero del Municipio de Manizales, quien lo presidirá, convocará e informará, el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00334-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)1
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado: Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otros
Proceso: Medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos

ACCIÓN POPULAR-Agotamiento del requisito de procedibilidad. ACCIÓN POPULAR-Procede por la acción u
omisión de autoridades que amenacen o vulneren derechos e intereses colectivos. COMPETENCIA DEL
SUPERIOR-Se contrae a los asuntos que fueron objeto de apelación. RECORTES DE PRENSA-Valor
probatorio. AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN POPULAR-Improcedencia para estudiar asuntos propios de otros
medios de control. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-La amenaza o vulneración de derechos e intereses
colectivos cesa en el transcurso del proceso, sin que medie orden judicial. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-
El juez de la acción popular no puede impartir órdenes respecto de actos o contratos cuya ejecución ya culminó.
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO-Su vulneración se configura por la prueba de una conducta
deshonesta, negligente e irresponsable de la autoridad. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE-Derecho colectivo de naturaleza preventiva, reforzado a través de las normas
urbanísticas y de gestión de riesgo. SERVICIO PÚBLICO-Actividad económica con una finalidad social
inherente. SERVICIO PÚBLICO-Deber del Estado de asegurar su prestación eficiente, en condiciones de libre
competencia. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE-Orientado a garantizar la movilidad de las personas y
bienes en el territorio nacional. ACTIVISMO JUDICIAL-El juez no puede sustituir las competencias propias de
la Administración porque viola la separación del poder público. COSTAS-No se imponen porque el recurso de
apelación prosperó parcialmente.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por el
Municipio de Manizales, el Consorcio Alianza Turística, el Instituto de Fomento,
Promoción y Desarrollo de Manizales-Infimanizales y la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior-Fiducoldex S.A. en contra de la sentencia del 9 de julio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que amparó los derechos
colectivos a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y a la prestación de los servicios públicos
eficientes y oportunos.

1 Acumulado con el proceso rad. 17001-23-33-000-2017-00396-00.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de diciembre de 2011, el Fondo de Promoción Turística entregó al Municipio
de Manizales la obra civil y electromecánica de un sistema de cable aéreo en la
línea Estación Camino de la Palma-Estación Yarumos. El teleférico funcionó de
manera inconsistente e interrumpida hasta el 30 de agosto de 2012, cuando se
identificó un problema en el subsistema cabestrante que obligó a la suspensión
indefinida del servicio.

Con fundamento en lo anterior, los actores aducen la vulneración de los derechos
colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa, a la prestación
eficiente de servicios públicos, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y a las construcciones y edificaciones que beneficien la calidad de
vida. Piden que se intervenga el sistema inoperante y se adelanten las acciones
tendientes a la recuperación del patrimonio público.

ANTECEDENTES

Demanda (rad. 2017-00334)

El 12 de mayo de 2017, la Personería Municipal de Manizales presentó demanda
en ejercicio del medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos
–acción popular– contra la Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
Fondo Nacional de Turismo-Fontur (antes Fondo de Promoción Turística-FPT), el
Municipio de Manizales, el Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de
Manizales-Infimanizales y la Asociación Cable Aéreo de Manizales.

Alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a las
construcciones y edificaciones que beneficien la calidad de vida. Para proteger
estos derechos, solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

«PRIMERO: Librar sentencia en la cual se protejan los derechos e intereses
colectivos descritos por el artículo 88 de la Constitución Política, el artículo 4 de la
Ley 472 de 1998, y demás normativas reglamentarias, donde se ordene a los
accionados:

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

• Adoptar las medidas administrativas, técnicas, jurídicas, fiscales, presupuestales y
demás, a fin que se intervenga físicamente el Sistema Línea Teleférico Estación
Camino de la Palma - Estación Ecoparque Los Yarumos y se eliminen aquellos
elementos físicos que por su deterioro constituyen a la fecha y en adelante,
potenciales amenazas de desastre o accidente para la integridad de la comunidad
usuaria del corredor que cubre el cableado aéreo y las estaciones del sistema.

• Iniciar las investigaciones relacionadas con la efectividad de la póliza de
cumplimiento, la declaratoria del incumplimiento del contrato y el presunto
detrimento patrimonial que se pudo configurar respecto del patrimonio de
Infimanizales, la entidad territorial Municipio de Manizales y las demás entidades
públicas involucradas en este proceso.

• De acuerdo con los resultados de estas investigaciones, se ordene reparar el
equilibrio del presupuesto público y restituir las sumas correspondientes al
detrimento patrimonial, sin perjuicio de las acciones de repetición pertinentes, en
caso de darse la situación descrita en el artículo 90 de la Constitución Nacional.

SEGUNDO: Las demás que en ejercicio de las funciones extra y ultrapetita,
conforme a la naturaleza de la presente acción constitucional»2.

Demanda (rad. 2017-00396)

El 22 de mayo de 2017, Enrique Arbeláez Mutis presentó demanda en ejercicio del
medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos –acción
popular– contra el Fondo Nacional de Turismo-Fontur y el Municipio de Manizales.
Alegó la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad
administrativa, a la prestación eficiente de servicios públicos y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente. El actor solicitó lo siguiente:

«Que el despacho judicial, ordene a las partes demandadas, adelantar las gestiones
técnicas y administrativas para garantizar la operación y funcionamiento del CABLE
AÉREO SECTOR CABLE PLAZA-YARUMOS; sin contratiempos, que sea oportuno
y efectivo. Lo anterior, debe ser garantizado por cuanto desde el 30 de agosto de
2012 el sistema no ha operado, ni cumple con el objeto para el cual fue construido»3.

Hechos comunes

Como fundamento fáctico de la vulneración de los derechos colectivos precitados,
la parte actora describió que, el 24 de febrero de 2009, el Municipio de Manizales
propuso al Fontur el proyecto de cable aéreo que conectaría las estaciones de
Camino de la Palma y Ecoparque Los Yarumos, con el fin de acceder a los recursos
fiscales del fondo, y sugirió como responsable del mismo a Infimanizales.

2 Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 8.
3 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 5.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

El 20 de mayo de 2009, el Fontur aprobó el proyecto. La Personería Municipal de
Manizales señaló que la obra se dividió en dos componentes: uno civil, a cargo de
Infimanizales por valor de $3.500.000.000, y otro de obras electromecánicas
pactado entre el Fontur y Sistrac S.A., por un valor de $2.750.000.000, quien había
otorgado garantía de cumplimiento del contrato.

El teleférico fue inaugurado el 30 de diciembre de 2011 y fue operado por Sistrac
S.A. y la Asociación Cable Aéreo. Sin embargo, la operación fue suspendida entre
el 9 de enero y el 9 de febrero de 2012; aunque el fin de la suspensión era ejecutar
unas intervenciones técnicas, el sistema retomó operaciones sin que estas se
hubieran realizado. El 13 de febrero de 2012, el gerente de Sistrac S.A. explicó que
estas correcciones técnicas no eran posibles porque la garantía había caducado,
de modo que debían agotarse mediante un nuevo contrato.

El 30 de agosto de 2012, el teleférico cesó sus operaciones en forma indefinida. La
Personería Municipal de Manizales expresó que ello obedecía a la falta de rigidez
de los soportes del eje del sistema de tracción cabestrante.

Mediante convenio 102 de 2015, pactado entre el Fontur y la Asociación Cable
Aéreo de Manizales –por valor de $1.047.479.417–, se intentó superar la inactividad
del teleférico. En desarrollo del mismo, se realizó un concurso de méritos para
analizar las fallas que impiden la operación del sistema. El proyecto de consultoría
fue adjudicado al Consorcio Cable Aéreo Los Yarumos, con quien se firmó el
contrato 081-2015 del 8 de septiembre de 2015. La consultoría reportó
inconsistencias en las memorias, cálculos, planos y diseños de la obra, así como
las adecuaciones necesarias para reanudar el sistema.

En agosto de 2016, el Fontur convocó una mesa técnica para reactivar el teleférico
y manifestó que asumiría la gestión del contrato correspondiente, pero la Personería
Municipal de Manizales señaló que dicha actuación no se había adelantado. La
parte actora refiere que los equipos del cable aéreo aparecen en los inventarios de
Infimanizales, pero administrados y a cargo de la Asociación Cable Aéreo, en
condición totalmente improductiva. También señala que las cabinas del sistema
quedaron inmovilizadas en las estaciones de Camino de la Palma y Los Yarumos,
situación que impone prevenir hechos asociados con el desprendimiento de piezas.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

La Personería Municipal de Manizales manifestó que el flujo de caja proyectado a
20 años era de $25.443.246.119, pero que únicamente se recuperaron cerca de
$64.000.000, por concepto de arrendamientos y pasajeros movilizados. Asimismo,
indicó que el Fontur hizo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, pero
desconoce si Infimanizales accedió a ese mecanismo para la recuperación del
patrimonio público.

Los accionantes expresaron que los hechos relatados ponen en riesgo los derechos
colectivos invocados, sin perjuicio de aquellas situaciones consumadas. Alegaron
que no es viable esperar a que se produzcan los potenciales daños derivados de la
infraestructura inoperante, oxidada y expuesta a la intemperie. Además, la
inactividad del cable aéreo implica que los recursos públicos invertidos devengan
en improductivos y conlleva el detrimento patrimonial del Estado4.

Contestaciones de la demanda

Municipio de Manizales

Informó que el proyecto del Sistema Línea Teleférico Estación Camino de la Palma-
Estación Yarumos fue liderado por el Fontur desde el 2009 en lo relativo a la
construcción del proyecto, los pliegos de condiciones, el proceso de adquisición y
la respectiva contratación. Ello, en lo referente al sistema electromecánico, implicó
un costo de $1.860.000.000.

Explicó que la administración municipal, a través de Infimanizales, construyó la obra
civil del sistema dentro del cronograma establecido y conforme a todos los
requerimientos técnicos para la funcionalidad de la operación comercial y el
mantenimiento del teleférico. Sin embargo, reportó que el servicio funcionó de
manera aleatoria e ininterrumpida por un total de 4 meses y 17 días, hasta que el
30 de agosto de 2012 se interrumpió la operación del sistema por un problema grave
en el reductor del subsistema cabestrante.

El ente territorial manifestó que, en la actualidad, el sistema del teleférico pone en
riesgo a las personas del sector. Por ello, mediante oficio ALC-05952017 del 3 de

4 Samai, índice 2, documentos «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 4-10 y
«531_ED_01CUADERNON120170», p. 4-6.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

marzo de 2017, la Alcaldía solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
que proceda a la reposición o desmonte del sistema.

El Municipio de Manizales alegó no haber vulnerado ni puesto en peligro los
derechos colectivos objeto de estudio. En línea con lo anterior, propuso la
improcedencia de la acción por inexistencia de vulneración de los derechos
colectivos y la ausencia de relación causal con las actuaciones del ente territorial. A
su turno, señaló que las demandas carecen de respaldo probatorio5.

Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Adujo no tener responsabilidad en los hechos objeto de la acción popular, ya que
no participó en las actividades de construcción e interventoría del teleférico. Tales
actividades están a cargo del Fondo de Promoción Turística-Fontur, patrimonio
autónomo con personería jurídica y frente al cual la entidad únicamente funge como
fideicomitente. Refirió que la administración del Fontur le corresponde a la Fiduciaria
Colombiana de Comercio Exterior-Fiducoldex S.A., en virtud de la Ley 1101 de
2006, la Ley 1558 de 2012 y el contrato de fiducia mercantil No. 137 de 2013.

A su turno, indicó que el Consorcio Alianza Turística actuó como administrador del
Fondo de Promoción Turística-FPT en virtud de los contratos Nos. 88 y 89 de 2007,
con fundamento en los cuales celebró el contrato No. M-079-2010 para la
construcción del cable aéreo, así como el contrato de interventoría No. M-045-2010.

Señaló que el Municipio de Manizales e Infimanizales también participaron en la
celebración de los contratos necesarios para la ejecución de la obra y, a partir de la
suscripción del acta de entrega, eran responsables de su sostenimiento y
mantenimiento. A su turno, en enero de 2012, Infimanizales entregó la
administración y operación del teleférico a la Asociación Cable Aéreo de Manizales.

En virtud de lo anterior, pidió su desvinculación por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, aunado a la inexistencia de acción u omisión relacionada con los
derechos colectivos sometidos a análisis6.

5 Samai, índice 2, documentos «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 87-93 y
«531_ED_01CUADERNON120170», p. 159-165.
6 Samai, índice 2, documentos «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 105-124 y 410-431, y
«531_ED_01CUADERNON120170», p. 185-209.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

Fiducoldex S.A.

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior-Fiducoldex S.A., en calidad de
vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional del Turismo-
Fontur, expresó que no se configura la vulneración de los derechos colectivos
invocados en las demandas.

Describió el conjunto de actuaciones relacionadas con el proyecto del teleférico, el
cual inició a partir de una propuesta efectuada por el Municipio de Manizales al
entonces FPT en febrero de 2009 y fue puesto en marcha a través de los contratos
Nos. M-249-2009 –diseño arquitectónico de las estaciones–, M-251-2009 –estudio
socioeconómico y plan de manejo ambiental–, M-252-2009 –levantamiento
topográfico, estudio geotécnico y diseños estructural, hidrosanitario y eléctrico–, M-
045-2010 –interventoría de obra– y M-079-2010 –construcción del cable aéreo–.
Frente a esos contratos, Fiducoldex explicó que estos negocios jurídicos fueron
suscritos por el FPT a través de su administrador, el Consorcio Alianza Turística, y
no fueron cedidos al actual Fontur.

El 30 de diciembre de 2011 se suscribieron actas de entrega de la obra civil y
electromecánica, de modo que su sostenimiento y mantenimiento quedó a cargo del
Municipio de Manizales e Infimanizales. Acto seguido, en enero de 2012,
Infimanizales entregó la administración del sistema a la Asociación Cable Aéreo.
Así, la operación del sistema de cable aéreo inició el 9 de febrero de 2012.

El servicio se suspendió el 23 de abril de 2012 por irregularidades de carácter
técnico. El 3 de mayo de 2012, el FPT requirió al contratista para efectuar las
reparaciones necesarias para garantizar la operación del cable. En vista de que
dichos ajustes no fueron atendidos, el 22 de agosto de 2012 se efectuó reclamación
a Seguros del Estado S.A. por el incumplimiento del contratista. El 9 de mayo de
2013, la aseguradora reconoció indemnización al FPT por valor de
$183.486.015,60, a raíz del acaecimiento del siniestro de calidad de servicio.

Fiducoldex destacó que, a partir del contrato de fiducia mercantil No. 137 del 28 de
agosto de 2013, se constituyó el Fontur y se designó a Fiducoldex como su
administradora y vocera, labor asumida a partir del 1 de septiembre siguiente. A
partir de ese momento, refirió tener acercamientos con el Municipio de Manizales,

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

Infimanizales y la Asociación Cable Aéreo de Manizales para resolver la marcha y
operación del cable aéreo.

El 20 de febrero de 2015, el Comité Directivo de Fontur autorizó una adición al
proyecto por valor de $550.000.000. El 16 de junio siguiente, Fiducoldex y la
Asociación Cable Aéreo suscribieron el convenio No. FNT-102 de 2015 para realizar
obras complementarias y la puesta en funcionamiento del teleférico. Seguido de
ello, la Asociación Cable Aéreo celebró el contrato No. 081 del 8 de septiembre de
2015 con el Consorcio Cable Aéreo Los Yarumos, con el fin de efectuar consultoría
sobre el estado del sistema teleférico. Dicha consultoría concluyó en un informe final
presentado a Fontur el 8 de marzo de 2016, que describió un valor total de las obras
a realizar por $2.214.459.151.

Fiducoldex refirió a la celebración de otras reuniones y mesas de trabajo con las
autoridades encargadas de la operación del sistema teleférico en el transcurso de
2016, así como acercamientos con otros proveedores de sistemas de cable aéreo
y una visita a campo efectuada en septiembre de 2016. Se determinó que el sistema
cuenta con deficiencias mecánicas, un estado de deterioro elevado y el
incumplimiento de los factores de seguridad necesarios, e Ingecable S.A. conceptuó
que no considera fácil ni viable la reparación del sistema.

Fiducoldex insistió en haber ejercido todas las acciones necesarias para intentar
poner en marcha el teleférico. Remarcó que la eventual reanudación de la obra
debería condicionarse a un estudio de prefactibilidad que estudie la necesidad del
cable aéreo y la atracción turística del Ecoparque Los Yarumos. A raíz de lo anterior,
invocó su falta de legitimación en la causa por pasiva y la ausencia de vulneración
de derechos colectivos, y pidió su desvinculación del trámite7.

Asociación Cable Aéreo de Manizales

Remarcó haber suscrito tres negocios jurídicos con Infimanizales en relación con el
teleférico de Los Yarumos: el convenio No. 2011-06-097, por el cual Infimanizales
le entregó el sistema de cable aéreo y sus bienes muebles e inmuebles por adhesión
y por destinación, y los contratos Nos. 2013-11-112 y 2016-04-028, sobre la

7 Samai, índice 2, documentos «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 133-151 y
«531_ED_01CUADERNON120170», p. 293-318.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

administración, operación y mantenimiento de los sistemas de cable aéreo de
propiedad de Infimanizales.

Argumentó que la implementación de las medidas para intervenir el teleférico no le
corresponde a la Asociación Cable Aéreo ni a las entidades municipales de
Manizales. Refirió que, en el marco de las actividades desplegadas con el Fontur
con ocasión del convenio FNT-102-2015, se acordó realizar un diagnóstico de la
obra antes de adelantar actividades de cambio.

Remarcó que, según la consultora del contrato No. 081-2015, la obra no cumple con
la normatividad de la Organización Internacional de Transporte por Cable, sumado
a que otras empresas del sector –Leitner, Doppelmayr y POMA– dictaminaron que
el sistema era artesanal, rústico y obsoleto, por lo cual «ninguna de ellas repararía
o reconstruiría ese sistema teleférico». No es viable restablecer el teleférico, por
cuanto el valor final del proyecto podría tener un costo de $2.500.000 euros.

La Asociación advirtió que una eventual ruptura del cableado lo haría caer desde
una altura de hasta 90 metros, con una tensión de latigazo de 20 toneladas, sobre
la avenida Kevin Ángel y las casas de los barrios aledaños a la obra. Por ende, hizo
énfasis en la necesidad de una solución inmediata del sistema o su desmonte. Ello
fue comunicado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en oficios Nos. ALC-
05952017 del 3 de marzo de 2017 y 12012017 del 3 de mayo de 2017.

Resaltó que, aunque se encarga de la administración, operación y mantenimiento
del teleférico, le resulta imposible modificar los diseños de obra porque su propiedad
intelectual corresponde a Sistrac S.A. en su calidad de contratista. Además de ello,
Fontur fue la responsable de los pliegos de contratación, la selección del contratista,
la interventoría del sistema electromecánico, la suscripción del acta de terminación
del contrato por incumplimiento, el acta de finalización y liquidación unilateral del
contrato, la retención de los saldos pendientes de pagar y los reclamos de pólizas
de cumplimiento y calidad.

En lo relativo al detrimento patrimonial, la Asociación argumentó haber dado un
buen uso, aprovechamiento y generación de ingresos a partir de las edificaciones
de obra civil, en virtud de lo cual refirió a múltiples contratos de arrendamiento.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

Expuesto lo anterior, propuso las siguientes excepciones: falta de legitimación en la
causa por pasiva, actuación administrativa conforme a la ley, inexistencia de la
obligación, inexistencia de responsabilidad e inexistencia del nexo causal8.

Infimanizales

El Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Manizales-Infimanizales, en
línea con lo alegado por el Municipio de Manizales y la Asociación Cable Aéreo,
planteó que las deficiencias de la obra del teleférico corresponden al componente
electromecánico a cargo del Fontur. Manifestó que tuvo a su cargo la contratación
de obra civil, consistente en las estaciones y cabinas del teleférico, la cual se
encuentra en óptimas condiciones y no requirió la reclamación de las pólizas que
amparan los contratos. En todo caso, remarcó que las actividades adelantadas por
Infimanizales y la Asociación Cable Aéreo son voluntarias y con el fin de solucionar
una problemática municipal, pero que la responsabilidad de tomar medidas
concretas recae en el orden nacional9.

Consorcio Alianza Turística

El Consorcio Alianza Turística, administrador del otrora Fondo de Promoción
Turística-FPT hasta el 31 de agosto de 2013, contestó la demanda a través de uno
de sus integrantes –L’Alianxa Travel Network Colombia S.A.–. Hizo énfasis en que,
si bien el FPT aprobó el proyecto presentado por el Municipio de Manizales para la
construcción del teleférico, le correspondía a Infimanizales designar el supervisor
de los contratos que se suscribieran en el marco del proyecto. Dicho supervisor
sería el encargado de verificar la ejecución de los rubros y enviar los requerimientos
técnicos respectivos.

Explicó que el 30 de diciembre de 2011, Alianza Turística hizo entrega al Municipio
de Manizales y a Infimanizales del inventario de equipos electromecánicos y obras
civiles relacionados con el cable aéreo. A su turno, el 1 de febrero de 2012,
Infimanizales hizo entrega de los equipos electromecánicos a la Asociación Cable
Aéreo. En línea con lo expuesto, citó el artículo 311 de la Constitución, que atribuye

8 Samai, índice 2, documentos «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 163-182 y
«534_ED_02CUADERNON1A201», p. 2-21.
9 Samai, índice 2, documentos «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 261-283 y
«531_ED_01CUADERNON120170», p. 363-380.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

al municipio la función de construir las obras que el progreso local demande.
También remarcó que el proyecto para el diseño y construcción del sistema
electromecánico fue concebido por Infimanizales, de acuerdo con sus posibilidades
financieras, y solo hasta 2016 las autoridades del orden territorial decidieron
reevaluar las condiciones técnicas del diseño.

Por otra parte, alegó que ya no administra el FPT, patrimonio autónomo
reemplazado por el Fontur cuya vocería le corresponde a Fiducoldex S.A.; añadió
que dicha sociedad se negó a formalizar la cesión del contrato M-079 de 201010.

Coadyuvancias

Javier Elías Arias Idárraga coadyuvó la acción popular, pidió aplicar los artículos 84
de la Ley 472 de 1998 y 42 del CGP y alegó que el Consorcio Alianza Turística está
legitimado en la causa por pasiva11.

La Corporación Cívica de Caldas presentó escrito de coadyuvancia, pero su
intervención fue denegada por el Tribunal en auto del 7 de mayo de 201812.

Medida cautelar

El actor popular Enrique Arbeláez Mutis solicitó medida cautelar, consistente en el
desmonte inmediato del sistema electromecánico. Fundamentó su solicitud en el
grave riesgo de colapso de la infraestructura por problemas de construcción, fatiga
de los materiales y exposición a la intemperie. La solicitud fue coadyuvada por el
apoderado del Municipio de Manizales13.

El 20 de marzo de 2018, el Tribunal accedió a la medida cautelar solicitada y ordenó
a la Asociación Cable Aéreo Manizales –administradora del teleférico– que
procediera al desmonte del cableado existente en dicho sistema14.

10 Samai, índice 2, documentos «532_ED_01CUADERNON1BACUM», p. 2-29 y
«533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 246-273.
11 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 22; aceptada en auto del 29 de agosto de

2018 (p. 189-193).
12 Samai, índice 2, documento «534_ED_02CUADERNON1A201», p. 140-144.
13 Samai, índice 2, documento «534_ED_02CUADERNON1A201», p. 110-111.
14 Samai, índice 2, documento «534_ED_02CUADERNON1A201», p. 112-121.

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Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

Sentencia de primera instancia

El 9 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia en la
que amparó los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la prestación de
los servicios públicos eficientes y oportunos.

Refirió que el objeto de la acción popular no está en esclarecer responsabilidades
de tipo contractual, sumado a que las entidades no ejercieron demanda de
controversias contractuales o reparación directa en contra del contratista de la obra
(Sistrac S.A.).

En cuanto al proyecto, indicó que este se desarrolló en dos componentes –obra civil
y obra electromecánica–, pero pocos meses después de su entrega se presentaron
fallas electromecánicas que no pudieron ser saneadas. Anotó que la inoperatividad
de la parte electromecánica hace que la obra civil tampoco pueda utilizarse como
se proyectó inicialmente, y reprochó que el proyecto fue concebido inicialmente bajo
un modelo «bajo costo». Por ende, consideró que la contratación no se ajustó a los
principios de moralidad, eficacia, economía y planeación.

En criterio del Tribunal, se hizo evidente la trasgresión de los derechos colectivos
referidos, dado que: (i) el teleférico operó durante un período de cuatro meses y
medio, en el cual los usuarios y transeúntes estuvieron en riesgo de ver afectada su
vida o integridad; (ii) se invirtieron más de cinco mil millones de pesos en la obra,
pero esta devino inoperante y suspendió sus servicios en forma permanente, y (iii)
resulta económicamente inviable e inconveniente restablecer la operación e,
inclusive, es preferible el desmonte total de la infraestructura de cable aéreo.

Indicó que Infimanizales omitió el cumplimiento de obligaciones en materia de
seguimiento, supervisión e interventoría –lo cual, de suyo, implica la trasgresión de
su objeto social–. Por su parte, el entonces FPT tenía a cargo la contratación del
componente electromecánico y lo entregó bajo la modalidad llave en mano,
situación que obligaba a esperar a que el producto estuviera finalizado para verificar
su adecuado funcionamiento. También resaltó los incumplimientos que el FPT
endilgó a Sistrac S.A., contratista encargado de la construcción del cable aéreo, los

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cuales culminaron en la ejecución de la póliza de cumplimiento. A su turno, reprochó
que el Municipio de Manizales no realizó acciones efectivas para salvaguardar los
bienes destinados a la obra y la adecuada prestación del servicio público.

Por último, el Tribunal refirió a la inadecuada coordinación en la estructuración y
desarrollo del proyecto. Lo anterior se suma a que cada entidad estructuró su
defensa en alegar que no era responsable de la situación crítica.

El Tribunal no consideró necesario ordenar la construcción de un nuevo sistema
teleférico, por cuanto costaría cerca de 13 mil millones de pesos, y esa inversión no
se halla respaldada por los atractivos turísticos y el número de visitantes del
Ecoparque los Yarumos –que apenas llega a cerca de diez mil visitantes diarios–,
sumado a que esa decisión corresponde a las funciones y competencias del
Municipio de Manizales, Infimanizales y Fiducoldex. También negó una solicitud de
reembolso de costos de desmonte formulada por la Asociación Cable Aéreo.

Por lo tanto, ordenó al Municipio de Manizales, Infimanizales y Fiducoldex
–administrador del Fontur–, con la asesoría de la Asociación Cable Aéreo
Manizales, desmontar la estructura electromecánica existente en las estaciones
Camino de la Palma y Ecoparque los Yarumos. Finalizado el desmonte, las
entidades deberán definir el destino de los bienes que integran la obra civil y
electromecánica, e informar de las actividades realizadas al comité de verificación.
También dispuso una medida de socialización a la ciudadanía sobre las razones
que dieron lugar a la inoperancia de la obra, así como la remisión de copias de lo
actuado a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República
y la Procuraduría General de la Nación15.

Recursos de apelación

Municipio de Manizales

Manifestó su desacuerdo con la calificación del Tribunal sobre la supuesta
participación del Municipio en la etapa precontractual o contractual del proyecto de
cable aéreo, toda vez que dichas labores estuvieron en cabeza de Infimanizales,

15 Samai, índice 2, documento «613_ED_80SENTENCIAPRIMERAIN».

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establecimiento público descentralizado del orden municipal. Remarcó que
Infimanizales, la Asociación Cable Aéreo y Fontur gozan de autonomía legal,
administrativa y financiera, de modo que sus actuaciones no pueden derivar
responsabilidad o señalamiento alguno hacia el Municipio.

Agregó que, si bien la administración municipal expresó su voluntad política al
presentar un proyecto de ciudad, ello no implica que haya sido partícipe en su
desarrollo o ejecución. Remarcó que las fallas en la obra se encontraban en el
componente electromecánico –particularmente en el «motorreductor»–, el cual no
fue recibido, contratado o administrado por el municipio.

Insistió en que el componente de obra civil fue ejecutado a cabalidad y que, para la
fecha de presentación del recurso, las obras seguían en óptimas condiciones. A su
vez, esgrimió que el oficio ALC-05952017 fue elaborado por la Alcaldía en procura
de buscar soluciones a los problemas de ciudad, pero dichas gestiones recaen en
entidades descentralizadas. Por ende, en criterio del ente territorial, la acción
popular es improcedente frente al Municipio de Manizales16.

Consorcio Alianza Turística

En su criterio, el Tribunal no efectuó un estudio adecuado de los derechos colectivos
contenidos en los literales j), l) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Alegó que
el FPT no podría ser responsable del derecho colectivo a la realización del
desarrollo urbano, en tanto su ejecución corresponde a las autoridades municipales.
Frente al goce del espacio público, refirió haber dirigido la correcta destinación de
recursos para la ejecución del programa de promoción y mercadeo turístico de
Manizales. Por último, sobre la prevención de desastres, indicó que la Asociación
Cable Aéreo de Manizales recibió a satisfacción la obra electromecánica del cable
en febrero de 2012 y, por lo tanto, es responsable de su descuido y abandono.

Manifestó haber cumplido con todos sus deberes contractuales frente a la obra,
entre ellos, el de hacer efectiva la póliza de cumplimiento. Ello desvirtúa la presunta
omisión que daría lugar a la trasgresión del derecho al patrimonio público. Sin
embargo, el fallo recurrido situó tal situación «al margen» para privilegiar la póliza
que hizo efectiva la Asociación Cable Aéreo.

16 Samai, índice 2, documento «617_ED_84_20210719APELACIO».

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Expresó que el FPT no tenía facultad para modificar las especificaciones técnicas y
presupuestales del proyecto presentado por el Municipio de Manizales, ya que su
única función era realizar las gestiones tendientes a cofinanciarlo. Añadió que la
selección del contratista de obra se adelantó mediante un comité técnico asesor y
evaluador, en el cual participaron funcionarios de Infimanizales, y la supervisión del
proyecto fue adelantada por la entidad municipal referida.

Iteró que, aún en el año de 2015, las autoridades del orden municipal aún
consideraban viable el teleférico y solicitaron al Fontur una ampliación del
presupuesto para obras adicionales. Solo hasta el año 2016 decidieron reevaluar
las condiciones técnicas del diseño del sistema electromecánico17.

Infimanizales

Señaló que no tenía responsabilidad en la construcción del diseño y obras
electromecánicas, por cuanto le correspondía el componente civil de la obra. Sin
embargo, la sentencia lo declaró responsable porque supuestamente le
correspondía supervisar el contrato de obra electromecánica.

Según el recurso, dicho rol estaba en cabeza del interventor de ese contrato en el
aspecto electromecánico, el cual tenía conocimientos especializados y debía
efectuar el control y seguimiento a la ejecución contractual. Añadió que la
contratación jamás estuvo a cargo de Infimanizales o del Municipio de Manizales,
sino del Fontur. Para el recurrente, la posición del Tribunal hace inocua la función
del interventor en cuanto al control de la ejecución del contrato que se le encarga.

Insistió en que la parte civil fue ejecutada a cabalidad, tanto así que hoy en día las
obras se encuentran en óptimas condiciones. Por lo tanto, no resulta procedente
mezclar las responsabilidades de diferentes actores en el proyecto, con roles
diversos entre sí.

Por último, pidió que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre los gastos
incurridos por Infimanizales en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el
Tribunal para el desmonte del cableado, así como el grado de responsabilidad

17 Samai, índice 2, documento «619_ED_86APELACIONSENTENCIA».

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puntual de cada uno de los condenados y si alguno de ellos tiene derecho a repetir
en contra de los demás. Argumentó que el fallo no es consistente al calificar la
responsabilidad para conjurar la vulneración de derechos colectivos, porque en
algunos acápites menciona una responsabilidad compartida entre Fontur,
Infimanizales y el Municipio de Manizales, pero para otros aspectos refiere a
obligaciones de carácter netamente contractual, sin hacer referencia a la cláusula
contractual concreta18.

Fiducoldex S.A.

Pidió que se revoquen las órdenes en lo concerniente al Fontur, por cuanto dicho
patrimonio autónomo no vulneró los derechos colectivos cuya protección se ordenó.
Remarcó que la administración del entonces FPT estaba a cargo del Consorcio
Alianza Turística, de modo que dicha autoridad era responsable de la celebración y
supervisión de los contratos relacionados con el cable aéreo.

Por otra parte, indicó que las autoridades municipales eran dueñas del proyecto y
les correspondía su operación y mantenimiento. Ello encuentra respaldo en el
convenio interadministrativo No. 2011-06-097, por el cual Infimanizales hizo entrega
del sistema de cable aéreo a la Asociación Cable Aéreo de Manizales.

Expresó su desacuerdo con los estudios que establecieron la obsolescencia del
cable aéreo en 2016, es decir, seis años después de la formulación del proyecto.
También remarcó que el Tribunal efectuó una compulsa de copias sin hacer un
estudio respecto de la caducidad de las acciones de responsabilidad disciplinaria,
penal o fiscal19.

Trámite de segunda instancia

El 2 de agosto de 2021, el Tribunal concedió los recursos de apelación en el efecto
suspensivo20. El 19 de agosto de 2021, la Sección Primera dispuso la admisión de
los recursos, precisó que la apelación se tramitaría bajo el efecto devolutivo y negó
una solicitud probatoria efectuada por Fiducoldex S.A21.

18 Samai, índice 2, documento «621_ED_88RECURSOAPELACIONPO».
19 Samai, índice 2, documento «623_ED_90RECURSOAPELACIONSE».
20 Samai, índice 2, documento «625_ED_92AUTOCONCEDEAPELACI».
21 Samai, índice 4.

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El Municipio de Manizales e Infimanizales formularon recurso de reposición conjunto
contra esa decisión, al considerar que el inciso cuarto del artículo 323 del CGP
prohíbe la entrega de dineros u otros bienes durante el trámite de la apelación,
sumado a que debió aplicarse el parágrafo primero del artículo 243 del CPACA22.
Fiducoldex S.A. también formuló recurso de reposición e invocó el inciso cuarto del
artículo 323 del CGP23. En auto del 29 de septiembre de 2021, se negaron los
recursos de reposición24. El 3 de diciembre siguiente, se negó una solicitud de
aclaración presentada por Infimanizales25.

Mediante auto del 22 de febrero de 2022, la Sección Primera dispuso remitir el
expediente a la Sección Tercera, al advertir que la acción popular gira en torno a los
contratos suscritos para la construcción del cable aéreo y pretende el amparo del
derecho colectivo a la moralidad administrativa26. El 17 de junio de 2022, el
Despacho avocó conocimiento del proceso27 y el 26 de agosto siguiente se corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión28.

El Municipio de Manizales reiteró que no es responsable de la ejecución del
contrato, la cual fue adelantada por terceros, ni de fallas en un componente
electromecánico que no fue contratado, recibido o supervisado por el ente territorial.
Añadió que las entidades del orden municipal involucradas gozan de autonomía y
asumieron las cargas legales y administrativas del proyecto, en virtud de los
principios de descentralización y desconcentración29. Fiducoldex S.A. insistió en los
argumentos que, en su criterio, dan lugar a la exoneración de responsabilidad y de
las órdenes impartidas en la acción popular30. Por su parte, el Consorcio Alianza
Turística anotó que Fiducoldex S.A. es responsable de los hechos posteriores al 31
de agosto de 2013 y reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación31.

El agente del Ministerio Público conceptuó desfavorablemente a los recursos, en
vista de que todos los recurrentes deben concurrir en el desmonte del cable aéreo.
Además, calificó que Infimanizales y el Consorcio Alianza Turística son

22 Samai, índice 12.
23 Samai, índice 15.
24 Samai, índice 18.
25 Samai, índice 25.
26 Samai, índice 31.
27 Samai, índice 38.
28 Samai, índice 43.
29 Samai, índice 47.
30 Samai, índice 49.
31 Samai, índice 50.

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e intereses colectivos

responsables de la vulneración de derechos colectivos, por cuanto (i) Infimanizales
propuso que la obra se adelantara a «bajo costo» y, al encargarse de la obra civil,
es necesaria su intervención para el desmonte de la parte electromecánica, y (ii) el
Consorcio Alianza Turística, administrador del FPT, celebró el contrato de obra M-
079-2010 para la construcción del cable aéreo. Ello le imponía el deber de velar que
el componente electromecánico del teleférico fuera entregado en óptimas
condiciones, situación que no ocurrió.

Por último, aunque Fiducoldex no participó en la vulneración de derechos colectivos,
el Ministerio Público determinó que es necesario vincular al patrimonio autónomo
Fontur –del cual actúa como administradora– para el desmonte de la estructura
electromecánica. Explicó que su participación es necesaria en atención a que la
obra de cableado fue adelantada con recursos pertenecientes al Fontur. El agente
del Ministerio Público solicitó que se confirme, además, la compulsa de copias a la
Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación32.

En memoriales del 15 de marzo y 14 de junio de 2024, Infimanizales y Fiducoldex
S.A. informaron sobre el cumplimiento del fallo de primera instancia33.

CONSIDERACIONES

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce del medio de control de
protección a los derechos colectivos (acción popular) originado en el actuar y en las
omisiones de las entidades públicas, según los artículos 15 de la Ley 472 de 1998
y 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por
el artículo 615 del CGP34, según el cual conoce de los recursos de apelación contra
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

32 Samai, índice 48.
33 Samai del Tribunal, índices 79 y 80.
34 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».

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Medio de control procedente

4. La acción popular es el mecanismo para la protección de los derechos e
intereses colectivos. Tiene como objeto evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio de esos derechos e intereses y restituir
las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible (art. 2 de la Ley 472 de 1998).
Por ello, procede contra toda acción u omisión de las autoridades o de los
particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses
colectivos (art. 9).

Agotamiento del requisito de procedibilidad

5. El artículo 144 del CPACA prevé que, antes de presentar la demanda de acción
popular, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de
funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección al
derecho o interés colectivo que se afirma violado o amenazado. Si la autoridad no
atiende la petición dentro de los quince (15) días siguientes o la niega, podrá
acudirse ante el juez. Excepcionalmente se prescindirá de este requisito si existe
peligro inminente de un perjuicio irremediable, situación que se sustentará en la
demanda.

Este requisito se encuentra satisfecho en ambas demandas. La Personería
Municipal de Manizales acreditó enviar peticiones a las autoridades accionadas35 y,
a su turno, adjuntó las respuestas allegadas por Infimanizales y Fiducoldex S.A.,
administradora del Fontur36. Por su parte, Enrique Arbeláez Mutis adjuntó las
peticiones remitidas al Municipio de Manizales-Alcaldía Municipal de Manizales y al
Fontur37, así como el oficio remisorio de la Alcaldía a Infimanizales y la Asociación
Cable Aéreo38, y las respuestas suministradas por Cable Aéreo y Fiducoldex S.A39.

Oportunidad de la solicitud

6. Según el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, la acción popular podrá promoverse
durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo.

35 Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 11-30.
36 Ibidem, p. 31-50 y 51-74, respectivamente.
37 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 7-9.
38 Ibidem, p. 11.
39 Ibidem, p. 12-28 y 29-91, respectivamente.

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Al estudiar la constitucionalidad de ese precepto, en sentencia C-215 de 1999, la
Corte Constitucional determinó que este mecanismo podrá presentarse en cualquier
tiempo cuando se pretenda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la
violación de un derecho o interés de esta naturaleza –y, al tiempo, declaró
inexequible la regla de caducidad de cinco años prevista para esos eventos–. Sobre
el particular, la Corte consideró lo siguiente:

«No se desconoce tampoco, que los plazos que puede fijar el legislador para ejercer
acciones judiciales mediante instrumentos como la caducidad y la prescripción de la
acción, pueden justificarse en la mayoría de los casos, por razones de seguridad
jurídica, de eficiencia en la administración de justicia y del cumplimiento del deber
ciudadano de colaborar con ésta. Sin embargo, cuando se trata de derechos
fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o
protección a que por el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares
de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la
comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acción que la
Constitución ha consagrado en favor de una colectividad.

Por tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento
constitucional, el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general según
la cual la acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la
amenaza o peligro al derecho e interés colectivo, sin límite de tiempo alguno No
obstante, encuentra la Corte, que la excepción que en la misma disposición se prevé
cuando la acción se dirige a “volver las cosas a su estado anterior” , en
cuanto establece un plazo de cinco (5) años para instaurarla, contados a partir de
la acción u omisión que produjo la alteración, desconoce el debido proceso y el
derecho de acceso a la administración de justicia, de los miembros de la comunidad
que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.

Es evidente que no se trata de la protección de meros derechos subjetivos o
intereses particulares, sino que la acción popular versa sobre cuestiones de tal
entidad, que su vulneración pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la
sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecológico, la
seguridad, patrimonio y moralidad pública no de una persona, sino de toda una
colectividad. A diferencia de las acciones individuales, cuyo ejercicio radica en
cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de
acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violación de un derecho
colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad
afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acción judicial. Mientras subsista
la vulneración a un derecho o interés colectivo y exista la posibilidad de volver las
cosas al estado anterior para hacer cesar esa violación, cualquiera de los miembros
del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, para obtener esa
protección. De igual manera, la conducta de quienes han actuado en perjuicio de
intereses y derechos colectivos no puede quedarse sin sanción.

Carece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y
principios constitucionales, el que a pesar de que exista la probabilidad de subsanar
y hacer cesar una situación que afecta derechos esenciales de una comunidad
presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados
de actuar en su defensa, al establecer un término de caducidad cuando se demanda

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el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violación del derecho,
mientras ello fuere físicamente posible»40.

Los demandantes sostienen que la vulneración de los derechos colectivos persistía
al momento de interposición de las respectivas demandas, en tanto la
infraestructura del cable aéreo de la línea Estación Camino de la Palma-Estación
Yarumos seguía en estado de abandono y amenazaba con desprenderse. Por lo
anterior, la interposición del medio de control es oportuna.

Legitimación en la causa

7. El artículo 12 de la Ley 472 de 1998 establece que cualquier persona puede
presentar la acción popular [legitimación universal], porque la defensa de los
derechos colectivos compromete el interés general41. Por ello, la Personería
Municipal de Manizales y Enrique Arbeláez Mutis están legitimados para el ejercicio
de este medio de control.

La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de
Turismo-Fontur, el Municipio de Manizales, el Instituto de Fomento, Promoción y
Desarrollo de Manizales-Infimanizales y la Asociación Cable Aéreo de Manizales
cuentan con legitimación en la causa formal para comparecer a este proceso, por
cuanto los demandantes alegan su participación en el proyecto del cable aéreo en
la Estación Los Yarumos.

A su turno, Sistemas de Transporte por Cable-Sistrac S.A. y el Consorcio Alianza
Turística –administrador del FPT– fueron vinculados al presente trámite mediante
autos del 5 de octubre de 2017 y 29 de agosto de 2018, respectivamente42.

En atención a que la legitimación en la causa material de las demandadas
recurrentes es objeto del debate jurídico en segunda instancia, este aspecto será
abordado más adelante43.

40 Corte Constitucional, sentencia C-215 de 1999 [fundamento jurídico caducidad de las acciones populares y

de grupo].
41 Ibidem.
42 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 2-4 y 189-193, respectivamente.
43 La legitimación en la causa formal o de hecho coincide con la relación jurídico-procesal que se entabla entre

las partes de un proceso judicial, como producto de la formulación de la demanda y la atribución de una conducta
a la demandada, que se perfecciona al notificarse el auto admisorio de la demanda; la legitimación en la causa
material se remite a examinar la participación real de las partes en los hechos que dan causa al litigio. Ver:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2024, rad. 67.856.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

Problema jurídico

8. Corresponde a la Sala determinar si la paralización del cable aéreo de la línea
Estación Camino de la Palma-Estación Yarumos, por deficiencias técnicas en la
obra electromecánica, configura la vulneración de los derechos colectivos a la
defensa del patrimonio público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y a la prestación de los servicios públicos eficientes y oportunos, los
cuales fueron amparados en primera instancia.

De ser así, conforme a lo expuesto en los recursos de apelación, corresponde a la
Sala determinar la responsabilidad de las entidades accionadas de cara a la
protección de estos derechos colectivos, así como revisar las órdenes impartidas
en la sentencia recurrida.

Análisis de la Sala

9. La sentencia de primera instancia amparó los derechos colectivos a la defensa
del patrimonio público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y a la prestación de los servicios públicos eficientes y oportunos, en
atención a que el teleférico entre las estaciones de Camino de la Palma y Ecoparque
Los Yarumos cesó operaciones de forma permanente por fallas electromecánicas y
la infraestructura remanente genera riesgos en la población circundante. Declaró
responsables de la vulneración de estos derechos al Municipio de Manizales e
Infimanizales, así como a la empresa Sistemas de Transporte por Cable-Sistrac S.A.
y al Consorcio Alianza Turística, en calidad de administrador del FPT.

Al determinar inviable restablecer la operación, ordenó al Municipio de Manizales,
Infimanizales y Fiducoldex S.A. –administrador del Fontur–, con la asesoría de la
Asociación Cable Aéreo Manizales, desmontar la estructura electromecánica
existente en las estaciones Camino de la Palma y Ecoparque los Yarumos, y definir
el destino de los bienes que integran la obra civil y electromecánica.

La decisión fue recurrida en apelación por las siguientes demandadas: Municipio de
Manizales, el Consorcio Alianza Turística, Infimanizales y Fiducoldex S.A.,
entidades que cuestionaron su responsabilidad en la trasgresión de los derechos

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

colectivos amparados por el Tribunal, así como su participación en las órdenes
impartidas. Ello, en síntesis, fue planteado de la siguiente manera:

• El Municipio de Manizales pidió ser absuelto de las pretensiones de la
demanda, al no tener participación en el proyecto de cable aéreo. Alegó que
dicho proyecto se adelantó por Infimanizales, establecimiento público
descentralizado del orden municipal. Añadió que las fallas en la obra se
encontraban en el componente electromecánico, cuya contratación y
administración correspondió al Fontur.

• El Consorcio Alianza Turística afirmó que carece de legitimación en la causa,
por cuanto no es responsable de la vulneración de derechos colectivos.
Explicó que el desarrollo urbano le corresponde a las autoridades
municipales y que, en tanto la Asociación Cable Aéreo de Manizales recibió
la obra a satisfacción, es responsable de su descuido y abandono. En el
mismo sentido, refirió que el FPT no tenía facultad para modificar las
especificaciones técnicas y presupuestales del proyecto presentado por el
Municipio de Manizales. A su vez, indicó haber destinado recursos para el
programa de promoción y mercadeo turístico de Manizales, así como agotar
los mecanismos contractuales para la recuperación del patrimonio público.

• Infimanizales manifestó no compartir la responsabilidad atribuida en cuanto
a la infracción de derechos colectivos, por cuanto no tenía funciones
relacionadas con la construcción del diseño y obras electromecánicas. En su
criterio, ese rol estaba a cargo del interventor y del Fontur, entidad
responsable del proceso contractual respectivo. A su turno, pidió que el juez
de segunda instancia se pronuncie sobre los gastos incurridos en
cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas en la presente acción.

• Fiducoldex S.A. pidió la revocatoria de las órdenes dirigidas al Fontur, toda
vez que no vulneró los derechos colectivos cuya protección se ordenó.
Remarcó que la celebración y supervisión de los contratos relativos al cable
aéreo estaba a cargo del Consorcio Alianza Turística, administrador del FPT.
A su vez, indicó que las autoridades municipales eran dueñas del proyecto y
tenían a cargo su operación y mantenimiento. Por último, manifestó su
desacuerdo con la compulsa de copias ordenada por el Tribunal.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
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e intereses colectivos

La Sala estudiará el asunto de conformidad con los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso, esto es, en los puntos de los recursos y, sobre todo, frente a
los que tienen interés para recurrir. Los recurrentes enfocaron su disenso en la
atribución de responsabilidades frente a la infracción de derechos colectivos y la
respectiva imposición de órdenes para mitigar su afectación. Ese será el alcance
del juez de segunda instancia, dado que la apelación se entiende interpuesta en los
puntos del apelante y, sobre todo, en lo que le es desfavorable.

Por demás, es preciso anotar que los recurrentes no controvierten el estado de la
infraestructura de cable aéreo al momento de la presentación de las acciones
populares, ni los eventuales riesgos a los que se sometía la población afectada. Por
lo tanto, estos aspectos se encuentran excluidos del debate en segunda instancia,
sin perjuicio del deber del juzgador de verificar que estas circunstancias se
encuentren debidamente respaldadas en el expediente (artículo 164 del CGP).

10. En el expediente obran artículos de prensa44. Las informaciones difundidas en
los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellas contenidas,
sino de la existencia de la noticia45 y serán valoradas en esas condiciones.

Autonomía de la acción popular

11. El medio de control de protección a los derechos colectivos (acción popular) no
tiene un carácter supletivo o residual frente a otros medios de control, sino que se
caracteriza por ser autónomo y principal, dado que su objeto es la guarda de
derechos colectivos. Conforme al artículo 2 de la Ley 472 de 1998, este mecanismo
se orienta a evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible.

Ello no implica que las facultades del juez de la acción popular sean ilimitadas, pues
es claro que este medio de control no procede para controvertir las leyes de la
República y discutir decisiones judiciales de constitucionalidad; ni para cuestionar
la constitucionalidad del proceso de concertación y entrada en vigor de tratados

44 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 10.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006. Ver también:

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42183.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
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internacionales; tampoco para discutir decisiones judiciales; no es el medio idóneo
de verificación y cumplimiento de lo decidido por otras autoridades judiciales46; ni
es el mecanismo para cuestionar la validez de los actos administrativos o de los
contratos estatales. Por lo tanto, no procede para estudiar controversias que deben
tramitarse a través de los medios de control ordinarios (v.gr. nulidad y
restablecimiento del derecho y controversias contractuales)47.

Con esa perspectiva, en relación con los procesos iniciados en vigencia del Decreto
01 de 1984 –CCA–, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado unificó su criterio para advertir que la acción popular no procede para
controvertir la legalidad, ni para anular actos administrativos o contratos estatales,
porque ello compete al juez que conoce de las acciones anulatorias y de
controversias contractuales, posición que está en consonancia con lo dispuesto por
el artículo 144 CPACA para los procesos iniciados después del 2 de julio de 201248.
De manera explícita, la Sala Plena Contenciosa indicó que la acción popular no fue
creada para «desplazar» los mecanismos judiciales ya existentes:

«El constituyente consagró el principio de separación de jurisdicciones como
garantía de la seguridad jurídica y del acceso efectivo a la administración de justicia,
por lo que la acción popular no se instituyó para desconocer o desplazar las acciones
judiciales ordinarias, ni como un procedimiento alternativo a las mismas49. Por lo
tanto, no es conveniente mantener una dualidad de procedimientos que congestiona
los despachos judiciales50»51.

Por su parte, la Corte Constitucional encontró ajustado a la Constitución el artículo
144 del CPACA. En sentencia C-644 de 2011, explicó que la autonomía de la acción
popular clarifica el alcance que el juez popular debe dar a sus decisiones y armoniza
la regulación legal de los distintos medios de control judicial de la administración,

46 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad. AP 73001-

23-31-000-2007-00127-01 [fundamento jurídico 8].
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de octubre de 2005, Rad. AP 20001-23-31-000 2001-

01588-01 [fundamento jurídico 2].
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de 2018, Rad.

CE-SIJ 25000-23-15-000-2002-02704-01 [fundamento jurídico 56] con aclaraciones de voto y salvamento
parcial de voto.
49 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Sentencia del 13 de septiembre de 2000, Radicación

número: NR: 254088 13001-23-31-000-2000-9008-01. AP-575. En el mismo sentido la Corte Constitucional
preció que estas «[…] no son acciones configuradas para desplazar los otros medios de defensa judicial
ordinarios establecidos por la ley para la solución de las diversas controversias jurídicas, dado que los bienes
jurídicos que protege la acción constitucional y su órbita de acción son diferentes a aquellos que corresponden
a los jueces ordinarios. […]» Sentencia T-446 de 2007 que cita la Sentencia SU-067 de 1993.
50 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2000,

Radicación número: 251342. CE-SEC2-EXP2000-NAP036. AP-036.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de 2018, Rad.

CE-SIJ 25000-23-15-000-2002-02704-01 [fundamento jurídico 46].

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
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además de respetar los derechos fundamentales de quienes puedan verse
afectados por la nulidad de un acto o un contrato estatal. En criterio del alto tribunal
constitucional, el rol del juez popular se contrae a lo siguiente:

«El juez popular no cumple funciones jurisdiccionales como las que ejerce el juez
administrativo cuando decide un conflicto entre el Estado y un particular en la que
deba decidir si un acto administrativo o un contrato está afectado de alguna causal
de nulidad, sino que aquí tiene el papel de garante de un derecho colectivo. Del
mismo modo, el juez de la acción popular, antes que dedicarse a determinar quien
debía proferir un acto o cómo debía celebrarse un contrato, debe adoptar las
medidas materiales52 que garanticen el derecho colectivo afectado con el acto o
contrato, cuya forma no consiste precisamente en disponer su anulación53»54.

Carencia actual de objeto en la acción popular

12. La carencia actual de objeto es una figura proveniente de la jurisprudencia
constitucional, cuyo desarrollo ha sido prominente en las acciones de tutela y
populares. Esta figura opera «cuando el juez no puede impartir órdenes para
corregir la vulneración de los derechos colectivos, debido a que las circunstancias
que motivaron la acción han desaparecido (hecho superado), o bien porque el
perjuicio se materializó de manera irreversible, haciendo imposible su reparación
(daño consumado)»55.

Al unificar jurisprudencia sobre esta figura, la Sala Plena Contenciosa de la
Corporación ha determinado que no es suficiente la invocación de la carencia actual
de objeto o que la autoridad haya adoptado medidas encaminadas a la protección
de derechos colectivos, por cuanto el juez debe verificar si la situación de amenaza
o vulneración de derechos colectivos cesó en forma definitiva, circunstancia que

52 El parágrafo del artículo 229 de la ley 1437 de 2011 ordena aplicar a estos procesos las medidas cautelares

del nuevo estatuto, así: “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda
o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado
Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado
en el presente capítulo. (…) La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. (…) Parágrafo. Las
medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se
regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”.
53 El juez de la acción popular puede adoptar disposiciones que garanticen los derechos colectivos involucrados,

sin decretar su anulación. Puede examinar cuál es la situación de hecho que afecta el interés colectivo,
determinar qué forma vulnera dicho interés y disponer acciones para que ella se suspenda y no vuelva a
presentarse, sin anular el acto administrativo que la provoca o que la permite, como bien lo asegura uno de los
intervinientes.
54 Corte Constitucional, sentencia C-644 de 2011.
55 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 2 de octubre de 2025, rad. 19001-23-33-000-2014-00039-

01. A su turno, cita otra decisión dictada por la Sección Primera (sentencia del 8 de febrero de 2018, rad. 25000-
25-41-000-2013-00817-01) para explicar que la imposibilidad de restituir las cosas a su estado anterior debe
estar plenamente acreditada.

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debe estar debidamente probada. De igual modo, la providencia citada explicó que
la carencia actual de objeto no obsta para que el juez se pronuncie sobre la
existencia de la amenaza o vulneración de derechos colectivos56, más allá de la
imposibilidad de desplegar medidas preventivas, suspensivas o restaurativas57.

En cuanto a la oportunidad para que se configure este fenómeno, la carencia actual
de objeto debe operar en el curso del proceso judicial y con anterioridad a que,
cuanto menos, el juez dicte órdenes para el amparo de los derechos colectivos
solicitados –bien sea a través de una medida cautelar, la aprobación de un pacto de
cumplimiento o las órdenes impuestas en la sentencia–58. En efecto: si la trasgresión
de derechos colectivos cesó antes de la interposición de la demanda, ello implica
que la acción popular carecía de razón de ser y resultaba inoportuna59. Por otra
parte, si tal circunstancia ocurre con posterioridad a la orden judicial, tal actuación
correspondería al debido cumplimiento de las medidas impuestas por el juez, al
tenor del inciso cuarto del artículo 34 y del artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

En reciente providencia, la Corporación hizo énfasis en la necesidad de que las
órdenes de protección del juez popular tengan incidencia material en una situación
real y presente de afectación a derechos e intereses colectivos:

«293. De lo expuesto sobre la naturaleza y finalidad de la acción popular, se
desprende que este mecanismo no está instituido para producir declaraciones
abstractas ni para proferir mandatos sobre situaciones que han perdido actualidad,
sino para adoptar decisiones con aptitud real de incidir en la protección del interés
colectivo comprometido. Si durante el trámite del proceso sobreviene una alteración
fáctica o jurídica que extingue la materia sobre la cual recaería la decisión protectora,
o que la torna innecesaria por haber cesado la amenaza o vulneración que la motivó,
se configura la carencia actual de objeto. Esta figura no es una causal de terminación
anómala del proceso ni una forma de eludir el pronunciamiento judicial, sino el
reconocimiento de que las órdenes de protección que el juez popular imparte solo
tienen sentido cuando existe una situación real y presente sobre la que pueden
operar, de modo que en ausencia de esa situación la decisión pierde su aptitud

56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de 2018, rad.

05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU. Al estudiar el asunto particular, se determinó que la entidad
accionada (Gobernación de Antioquia) procedió al retiro de una valla publicitaria en un monumento nacional.
Sin embargo, no se configuró el hecho superado, por cuanto la entidad instaló otros tantos elementos visuales
en el edificio.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2022, rad. 63434.
58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de enero de 2026, rad. 41001-23-33-000-2003-00103-

02. Se cita: «De conformidad con la jurisprudencia referida, la carencia actual de objeto por hecho superado
procede siempre que, entre la interposición de la demanda y la sentencia que defina el litigio, se verifique que
han desaparecido las circunstancias que amenazaron o vulneraron los derechos colectivos invocados, tarea
que corresponde al juez popular (…)» (se destaca). En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, rad. 25000-23-41-000-2013-01703-02.
59 En sentencia SU-109 de 2022, proferida en el marco de la revisión de una acción de tutela, la Corte

Constitucional explicó que las circunstancias de daño consumado anteriores a la interposición de la solicitud
conllevan a la improcedencia de la tutela, conforme al artículo 6.4 del Decreto 2591 de 1991.

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protectora y se convierte, en el mejor de los casos, en una declaración sin efectos
materiales60.

294. La jurisprudencia ha identificado distintas modalidades a través de las cuales
puede configurarse este fenómeno: (i) el hecho superado, que se presenta cuando
cesa la amenaza o vulneración porque el sujeto demandado adopta la conducta
debida o corrige la situación que dio origen a la acción, de modo que ya no existe
nada que el juez popular deba ordenar para proteger el derecho colectivo; (ii) el daño
consumado, esto es, cuando el perjuicio se ha concretado de forma irreversible y la
restitución del estado anterior resulta materialmente imposible, aunque ello no
siempre excluye la posibilidad de que el juez imparta órdenes útiles de mitigación o
prevención si subsiste alguna forma de afectación actual; y (iii) la sustracción de
materia por una situación sobreviniente, que es conceptualmente la más amplia y la
que mayor relevancia tiene para el caso que ocupa a la Sala, pues opera cuando un
hecho posterior —no necesariamente atribuible a ninguna de las partes— altera de
manera sustancial el presupuesto fáctico o jurídico sobre el que se construyó el
debate, dejando sin objeto actual la decisión que el juez habría de proferir. En esta
última modalidad, la carencia de objeto no deriva de que el problema haya sido
resuelto ni de que el daño sea irreversible, sino de que la realidad ha cambiado de
tal manera que cualquier orden que el juez imparta caería en el vacío al no encontrar
un destinatario sobre el cual pueda producir efectos61.

(…)

296. Adicionalmente, la carencia actual de objeto puede configurarse de manera
total o parcial, en consideración a que cuando el proceso involucra varios derechos
colectivos y pretensiones heterogéneas, la pérdida sobreviniente del objeto puede
producirse solo respecto de uno o algunos de ellos, sin afectar la posibilidad de
pronunciarse sobre los demás que conserven actualidad. En esa hipótesis, la
corrección metodológica impone identificar con exactitud el segmento del litigio
respecto del cual cualquier orden resultaría inocua, y mantener el examen sobre los
componentes en los que la afectación o el riesgo persisten. Esta distinción es
relevante porque la carencia actual de objeto opera en un plano diferente al de la
improsperidad de la acción. Mientras que la falta de prosperidad presupone que los
elementos estructurales de la controversia —conducta del demandado, afectación
del derecho colectivo y nexo causal— no quedaron acreditados en el proceso, la
carencia actual de objeto parte de reconocer que existió materia litigiosa, pero que
las circunstancias sobrevinientes han hecho que la intervención judicial pierda
necesidad o utilidad protectora. No es que el actor popular no haya tenido razón,
sino que el tiempo y los acontecimientos han desplazado el escenario de tal manera
que ya no existe sobre qué pronunciarse de manera eficaz.
60 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de septiembre de 2014 (Rad. 11001-03-15-000-2012-

02311-01 (AC)), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, «Resulta importante mencionar que la supremacía de las
normas constitucionales exige, antes que la evocación de un enunciado formal de prevalencia de los derechos
colectivos, su plena eficacia material. Y a ese objetivo debe orientarse imperiosamente la actividad de las
autoridades, incluyendo la tarea del juez de la acción popular, pues un entendimiento distinto conduciría al
desconocimiento de uno de los fines esenciales del Estado social [...]. Desde antaño se conoce que un derecho
se garantiza si está dotado de mecanismos de protección eficaces, de manera que no es dable sostener que la
Carta Política garantiza los derechos colectivos si las autoridades encargadas de su protección no cumplen los
deberes que les son exigibles y si el juez no corrige eficaz mente las irregularidades que lesionan principios
rectores de la actividad administrativa, conjurando oportunamente hechos u omisiones capaces de generar
daños colectivos, con el fin de superarlos, restituyendo las cosas a su estado anterior, si ello resulta posible».
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de marzo de 2003 (Rad. 25000-23-25-000-2002-90083-
01 (AP-083), «la orden judicial dirigida a protegerlos sería inocua y carecería de sentido exigir que se efectuara
o se omitiera algo que ya se cumplió. De hecho, el juez no solamente debe garantizar la efectividad de los
derechos e intereses colectivos sino también debe propender por la razonabilidad y coherencia de sus
decisiones. De otro lado, porque al analizar el artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998 se evidencia
que, por regla general, la acción popular tiene una naturaleza preventiva y solamente tiene una finalidad
restitutoria cuando es posible retrotraer las cosas a su estado anterior».
61 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera, que sistematiza las tres

modalidades de carencia actual de objeto. Ver también, Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2025.

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297. En cualquier caso, la declaratoria de carencia actual de objeto no releva al juez
de dictar sentencia ni lo libera de su responsabilidad como guardián de los intereses
colectivos. Lo que impone es ajustar el contenido material de la decisión al
parámetro de necesidad e idoneidad que debe satisfacer toda orden de protección
en materia popular, pues si el objeto ha desaparecido de manera total, no hay razón
jurídica para impartir mandatos que ningún efecto producirían, pues hacerlo
equivaldría a convertir la sentencia en un pronunciamiento retórico ajeno a la
finalidad del mecanismo. Si el objeto ha desaparecido solo parcialmente, las
órdenes deben limitarse a lo que aún requiere protección efectiva, evitando tanto el
exceso de mandatos inejecutables como la omisión de protección sobre los
componentes de la controversia que sigan siendo actuales. Esta comprensión es
coherente con la finalidad del artículo 2 de la Ley 472 de 1998 y con los principios
de economía, eficacia y proporcionalidad que rigen el trámite de la acción popular,
pues evita que la sentencia se convierta en un instrumento de censura retrospectiva
de conductas del pasado y la mantiene anclada a su propósito constitucional de
protección efectiva y oportuna del interés colectivo62»63 (se destaca).

13. El análisis de la carencia actual de objeto de las acciones populares contra la
Administración pública debe acompañarse de un estudio armónico con los demás
medios de control previstos en el ordenamiento jurídico. En líneas anteriores ya se
estableció el carácter autónomo y principal de la acción popular, en tanto dicho
mecanismo se orienta al amparo de derechos e intereses supraindividuales, de
modo que el juez de la acción popular no debe abordar controversias propias de los
medios de control contenciosos [párrafo 11].

Bajo la misma lógica, la oportunidad de la acción popular –que puede instaurarse
en cualquier momento, siempre y cuando subsista la afectación al derecho o interés
colectivo– no procede para revivir actuaciones que no se agotaron en los términos
perentorios de ley, retomar la discusión resuelta por las autoridades judiciales
competentes o dar alcance a normas jurídicas que ya perdieron vigencia.

Esta regla se hace más evidente en los asuntos contractuales, cuyas etapas de
selección, ejecución y liquidación son perentorias, además de poseer múltiples
mecanismos judiciales y extrajudiciales para dar desenlace a sus controversias
–v.gr. ejecución de garantías, procedimiento sancionatorio, medio de control de

62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 4 de
septiembre de 2018 (Rad. 05001-33-31-004-2007-00191-01 (AP) SU). Corte Constitucional, Sentencia SU-522
de 2019, «[...] si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma,
no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.
Esta es la idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto. En otras palabras, el juez de tutela
no ha sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado
de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados».
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2026, rad. 67084. Esta

decisión afirma que la carencia de objeto puede producirse en el marco de la segunda instancia. La Sala estima
que la posición referida debe matizarse cuando las actuaciones tengan origen en la imposición de órdenes
judiciales, por cuanto dichas situaciones de hecho no son ajenas al proceso.

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controversias contractuales, demanda arbitral, conciliación, amigable composición,
transacción, etc.–. Por lo tanto, la acción popular carecerá de objeto cuando estas
actuaciones hayan culminado, o si vence el término legal o estatutario para su
interposición. El juez no tiene facultad de revivir un procedimiento legalmente
concluido o caducado, ni puede convertirse en un coadministrador tardío frente a
situaciones jurídicas que la Administración ya consolidó64.

Defensa del patrimonio público

14. El artículo 4, literal e, de la Ley 472 de 1998, en consonancia con el artículo 88
de la Constitución Política, prevé que la defensa del patrimonio público es un
derecho colectivo. Al precisar su alcance65, el Consejo de Estado –en sentencia de
unificación– indicó que el patrimonio público es el conjunto de los bienes y recursos,
cualquiera que sea su naturaleza, que son propiedad del Estado y que sirven al
cumplimiento de sus fines, conforme al ordenamiento jurídico. Dicho conjunto
comprende, además del territorio, los bienes de uso público y los fiscales, los
inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de apreciación
pecuniaria, cuya propiedad recae en toda la población. También los valores
tangibles e intangibles o no fácilmente identificables, tales como el patrimonio
cultural de la Nación, el patrimonio arqueológico, los bienes que conforman la
identidad nacional y el ambiente.

La defensa del patrimonio público procura la guarda del erario y de la propiedad de
la Nación. Protege la totalidad de bienes, derechos y créditos públicos, así como su
administración eficiente, recta y transparente, de acuerdo con la legislación vigente,
con el cuidado y diligencia que caracterizan la gestión de un buen funcionario para
evitar su detrimento.

En ese orden de ideas, la defensa del patrimonio público, según el criterio unificado
de la Corporación, tiene una doble naturaleza. La primera manifestación de esa
naturaleza es la dimensión subjetiva, que otorga el carácter de derecho a la

64 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 10, sentencia del 4 de octubre de 2021, rad. 52001-33-31-

008-2008-00304-01(AP)REV [fundamentos jurídicos 126 a 131]. Esta decisión unificó jurisprudencia frente a la
improcedencia del juez de la acción popular de declarar la nulidad de contratos estatales. Entre otros
argumentos, la decisión refirió a que la falta de término de caducidad de las acciones populares no podía
constituir una excepción al plazo perentorio de interposición de los medios de control ordinarios.
65 Consejo de Estado-Sala Diez Especial de Decisión, sentencia del 1 de febrero de 2022, Rad. 73001-33 31-

006-2008-00027-01[fundamento jurídico 135 a 140].

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

protección de dicho patrimonio. La segunda manifestación es de carácter objetivo,
que se concreta en que las entidades públicas deben gestionar ese patrimonio,
conforme al artículo 209 de la Constitución Política, es decir, con eficiencia,
transparencia y sujeción a la legalidad del presupuesto vigente.

Por ello, para que se vulnere el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público
se requiere la confluencia de los elementos: (i) subjetivo, referido al análisis de la
gestión de ese patrimonio a cargo del funcionario, de modo que, si esta es
irresponsable, deshonesta o negligente, se transgrede el derecho colectivo
protegido, y (ii) objetivo, que se relaciona con el deber de las entidades estatales de
gestionar el patrimonio público con apego a los postulados de eficiencia y
transparencia del artículo 209 de la Constitución Política.

Seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

15. El artículo 4, literal l, de la Ley 472 de 1998 establece como derecho colectivo
la seguridad y prevención de desastres66 previsibles técnicamente. Es un derecho
eminentemente preventivo, que exige a la Administración pública una actuación
anticipada de cara a eventuales calamidades, en contraposición a una conducta
meramente reactiva frente a su ocurrencia. Así lo ha definido la jurisprudencia:

«Este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción ex ante de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los
problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o
tranquilidad y que resultan advertibles y controlables bien por la simple observación
de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy
dispone la Administración Pública. De aquí que esta Sección haya destacado el
carácter preventivo de este derecho y haya hecho énfasis en su vocación de "evitar
la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la
actualidad", ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra,
inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también -cada vez más- de
origen antropocéntrico (v.gr. pérdidas de vidas humanas o animales, contaminación

66 El artículo 55 de la Ley 1523 de 2012 define desastre así: «el resultado que se desencadena de la
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones de respuesta,
rehabilitación y reconstrucción».

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Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de
la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o
instalaciones).

Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo
pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino
vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución
y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que por ende ameritan
la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la
protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los
afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se
mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora,
reparadora y restitutoria de los derechos que amparan (artículo 2 de la Ley 472 de
1998)»67.

Esta prerrogativa también guarda una estricta relación con la función pública del
urbanismo; el artículo 3.4 de la Ley 388 de 1997 establece, como uno de los fines
del ordenamiento del territorio, mejorar la seguridad de los asentamientos urbanos
ante los riesgos naturales, y el artículo 10.1 siguiente define, como una de las
«determinantes» para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento
territorial, las relacionadas con la prevención de amenazas y riesgos de desastres.

De igual manera, esta disposición debe analizarse a la luz de la gestión del riesgo
de desastres. El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, que establece la política nacional
y el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, define así la gestión del
riesgo: «un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas, la protección y el cuidado de los
animales y al desarrollo sostenible»68.

El artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 impone a todas las autoridades y habitantes de
Colombia el deber de una adecuada gestión del riesgo, de la siguiente forma: (i) las
autoridades ejecutarán procesos de gestión del riesgo (i.e. conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su
ámbito de actuación y su jurisdicción), mientras que (ii) los habitantes del territorio

67 Consejo de Estado-Sección Primera, sentencia del 26 de marzo de 2015, rad. 15001-23-31-000-2011-00031-

01.
68 El parágrafo primero de la misma disposición determina que, entre otros fines, la gestión del riesgo se orienta

a asegurar los derechos e intereses colectivos. Ello la asocia intrínsecamente a la planificación del desarrollo
seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación
de la población.

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e intereses colectivos

nacional son corresponsables de la gestión del riesgo, ante lo cual actuarán con
precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus
bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

A su turno, el artículo 3 establece los principios de protección –respecto de
eventuales desastres o fenómenos peligrosos–, autoconservación –deber de toda
persona de adoptar una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y
funcional–, seguridad territorial –sostenibilidad en las relaciones entre la dinámica
de la naturaleza y la dinámica de las comunidades– y vulnerabilidad –susceptibilidad
de la comunidad a padecer efectos adversos en caso de que un evento físico
peligroso se presente–.

En materia de contratación pública, la ley impone a las entidades estatales el deber
de incluir en los pliegos de condiciones «la estimación, tipificación y asignación de
los riesgos previsibles involucrados en la contratación» (artículo 4 de la Ley 1150
de 2007). La previsibilidad del hecho riesgoso, según doctrina autorizada, se califica
a partir de su normalidad y frecuencia, su posibilidad de realización y su carácter
inopinado o excepcional69. Ello guarda relación con el estado actual de la ciencia,
en tanto permita determinar la existencia del riesgo u amenaza –riesgo cierto o
dudoso–, así como la eventual contingencia del daño. Estos factores son relevantes
para determinar el deber estatal de prevenir la configuración del desastre70.

La Sección Primera de la Corporación ha establecido que la amenaza o riesgo de
desastre debe trascender el ámbito personal y particular, es decir, debe constituir
una eventual afectación a la comunidad:

«(…) bien sea porque: (i) están en riesgos bienes destinados al goce y uso público,
(ii) existe un riesgo inminente a la vida de la comunidad; (ii) el sector del debate
judicial fue catalogado como riesgo alto no mitigable y, sin embargo, el ente territorial
no ha emprendido acciones de reubicación de la población civil; (iii) los factores de
riesgo o las consecuencias del mismo se extienden a varios predios; o (iv) el

69 Cárdenas Mejía, Juan Pablo. «Asunción de riesgos y riesgos implícitos», en Palacio Jaramillo, María Teresa

(Ed.), Contratos Estatales, tomo II. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2022, p. 880-881. En la obra, se cita: Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2017, rad. 54614.
Los artículos 88 del Decreto 2474 de 2008 y 2.1.2 del Decreto 734 de 2012 calificaban el riesgo como previsible
«en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable (…) en condiciones normales». Aunque el artículo
163 del Decreto 1510 de 2013 derogó el Decreto 734 de 2012 en su integridad, sin retomar la definición del
riesgo previsible, la Sala advierte que estas previsiones se encontraban vigentes al momento de formulación de
la propuesta y durante la ejecución de las obras.
70 Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión No. 12, sentencia del 6 de agosto de 2019, rad. 05001-33-31-

011-2011-00079-01.

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comportamiento de la administración ha sido omisivo en el componente de asesoría
y evaluación de los niveles de riesgo»71.

Acceso y prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos

16. El artículo 4, literal j, de la Ley 472 de 1998 establece como derecho colectivo
el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Por disposición constitucional, los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado, el cual debe asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional –artículo 365 de la Constitución–.

Esta previsión implicó, a su vez, un cambio radical en la regulación de los servicios
públicos domiciliarios al apartarse de la noción tradicional de servicio público como
una extensión de la función administrativa y adoptar un enfoque basado en un
«nuevo servicio público» competitivo72, aunque intervenido por el Estado en su
papel de director de la economía (arts. 365 y 370 de la CN). Con esta regulación se
superó la teoría clásica de los servicios públicos, que los asimilaba a una función
administrativa, para reformularla como una actividad económica inherente a las
finalidades sociales del Estado de Derecho73.

La modificación sustancial de la concepción de los servicios públicos en el derecho
administrativo conllevó cambios significativos en los instrumentos legales que los
regulan. Antes de las leyes 142 y 143, los servicios públicos se entendían como una
actividad monopolística del Estado, pero la nueva perspectiva promovida por la Ley
142 de 1994 los concibe como una actividad en la que participan diversos
operadores, sujetos a un marco legal común que fomenta la competencia, la
eficiencia y la libre iniciativa. Es así que los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1994
establecen los fines e instrumentos de la intervención estatal en los servicios

71 Consejo de Estado-Sección Primera, sentencia del 30 de octubre de 2025, rad. 68001-23-33-000-2022-

00402-01. Esta decisión, a su vez, cita las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencias del 9 de marzo de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00321-01; del 26 de mayo de 2023, rad. 17001-
23-33-000-2021-00195-01, y del 23 de mayo de 2024, rad. 17001-23-33-000-2022-00033-01. En el mismo
sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, rad.
70616, salvamento de voto del consejero Martín Bermúdez Muñoz.
72 María Teresa Palacio Jaramillo, Parámetros constitucionales para la determinación de un régimen jurídico de

contratación pública en Colombia, en Revista de Derecho Público No. 14, junio de 2002, Universidad de los
Andes.
73 La Sección Primera del Consejo de Estado ha denominado este fenómeno como la «crisis de los servicios

públicos», la cual ha matizado el concepto de «servicio público» como tal. Sin embargo, ha anotado que el
entendimiento preponderante de esa figura gira en torno a la relación entre las actividades de servicio y las
finalidades públicas, así como la preeminencia del interés general. Ver: Consejo de Estado-Sección Primera,
sentencia del 23 de octubre de 2025, rad. 08001-23-33-000-2023-00461-01.

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públicos, los cuales se orientan a la calidad, cobertura, eficiencia y continuidad en
la prestación de los mismos, así como la libre competencia.

En cuanto al deber estatal de asegurar la prestación eficiente de los servicios
públicos, la Corte Constitucional ha consolidado los siguientes criterios:

«(…) (i) universalidad, que se traduce en garantizar el acceso igualitario a los
servicios públicos a todas las personas que habitan el país; (ii) eficiencia, entendida
como la optimización del consumo de los servicios públicos para lograr unos niveles
determinados de confort y de servicio, es decir, servicios que satisfagan las
necesidades reales de los usuarios; (iii) eficacia, la cual implica alcanzar los
objetivos del sistema de servicios públicos mediante un uso óptimo de todos los
recursos que se requieren para su adecuada prestación; (iv) calidad, que supone
garantizar servicios públicos que cumplan con unos estándares mínimos
establecidos por la autoridad competente, y (v) ampliación de cobertura, lo cual
conlleva elevar el número de personas que tienen acceso a los servicios públicos,
con miras a lograr un sistema universal»74.

Bajo el actual modelo constitucional y legal –artículo 15 de la Ley 142 de 1994–, los
servicios públicos pueden brindarse por el Estado –directa o indirectamente–, por
comunidades organizadas o por particulares, con sujeción al régimen jurídico que
fije la ley. Ello sin perjuicio de las potestades de regulación, control y vigilancia en
cabeza del Estado75.

17. El servicio público de transporte encuentra desarrollo en la Ley 105 de 1993, la
Ley 769 de 2002 y la Ley 1682 de 2013. El artículo 3 de la Ley 105 de 1993 estatuye
el transporte público como «una industria encaminada a garantizar la movilización
de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las
infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica». El numeral 2
del artículo referido califica la operación del transporte público como un servicio
público bajo regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia
necesarios para su prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

A su vez, el artículo 2 de la Ley 1682 de 2013 define la infraestructura de transporte
como «un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles,
intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la
vigilancia y control del Estado , y se organiza de manera estable para permitir el

74 Corte Constitucional, sentencia C-186 de 2022.
75 Corte Constitucional, sentencia C-221 de 1997.

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e intereses colectivos

traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las
diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora
de la calidad de la vida de los ciudadanos». De conformidad con el artículo 4.9
siguiente, la infraestructura de transporte se integra, entre otros, por los sistemas
de transporte por cable –teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular–
construidos en el espacio público76 o destinados al transporte de carga o pasajeros.

Caso concreto

18. La Sala retomará los hechos debidamente probados en este juicio, atendiendo
que las partes no formularon reparos sobre estos, a efectos de verificar la
trasgresión de derechos colectivos advertida por el Tribunal y la participación de las
entidades recurrentes en el desarrollo del sistema Línea Teleférico Estación Camino
de la Palma-Ecoparque los Yarumos.

18.1. Mediante contratos Nos. 88 y 89 del 28 de diciembre de 2007, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo designó al Consorcio Alianza Turística –integrado
por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica-Acodres y la sociedad
L´Alianxa Travel Network Colombia S.A.– para administrar y ejecutar los recursos
fiscales y parafiscales destinados a la promoción y competitividad del turismo,
pertenecientes al patrimonio autónomo Fondo de Promoción Turística-FPT.

18.2. El 14 de marzo de 2008, el Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Manizales-Infimanizales presentó al FPT el proyecto «Cable Aéreo
sector Cable Plaza-Yarumos», con el fin de mejorar la competitividad y oferta
turística en torno al Ecoparque Los Yarumos. El sistema se compondría en dos
estaciones: una en el sector de Cable Plaza de Manizales, que serviría como
estación de reenvío con un área de 1.259 m 2 dispuestos en tres niveles, y una
estación motriz en el Ecoparque Los Yarumos, proyectada en 242 m2 y dos niveles.

En el borrador del proyecto, se determinó que su ejecución estaría a cargo de
Infimanizales –estaciones– y del FPT e Infimanizales –equipos electromecánicos–,
mientras que la operación del cable quedaría a cargo de la Asociación Cable Aéreo

76 Ley 9 de 1989, artículo 5: «Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses
individuales de los habitantes». Esta definición encuentra concordancia con los artículos 2, 3 y 5 del Decreto
1504 de 1998.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
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Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

de Manizales. El presupuesto total era de $4.095.439.514, distribuidos así:
$2.531.210.680 a cargo del FPT; $1.039.228.834 en efectivo y $525.000.000 en
especie, ambas sumas a cargo de la proponente77.

18.3. En la calificación del proyecto efectuada por el FPT, visible en ficha No. FPT-
043-09 del 10 de abril de 2009, se remarcó que los diseños y obras civiles se
contratarían simultáneamente con el mismo proveedor o contratista bajo el esquema
llave en mano por «tratarse de obras muy específicas y de escasa oferta en el
mercado nacional»78.

18.4. El 18 de mayo de 2009, el FPT aprobó el proyecto «Cable Aéreo sector Cable
Plaza-Yarumos», sujeto al acompañamiento del Viceministerio del Turismo79.

18.5. Mediante contrato No. 2010-07-050 del 7 de julio de 2010, Infimanizales y
Julio Cesar Salgado Galeano acordaron adelantar las obras para la construcción de
las estaciones motriz y de retorno del eventual sistema teleférico al Ecoparque Los
Yarumos, por un valor estimado de $2.708.603.84680.

18.6. En lo relacionado al componente electromecánico, con el fin de adelantar los
estudios previos del proyecto, el Consorcio Alianza Turística –administrador del
FPT– celebró los siguientes contratos: (i) contrato No. M-249-2009, cuyo objeto era
realizar el diseño arquitectónico; (ii) contrato No. M-251-2009, cuyo objeto era el
estudio socioeconómico y el plan de manejo ambiental, y (iii) contrato No. M-252-
2009, cuyo objeto era realizar el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico,
el diseño estructural, el hidrosanitario y el diseño eléctrico81.

18.7. Como resultado del proceso de selección abreviada No. MSA-034 de 2010,
el 27 de agosto de 2010, el Consorcio Alianza Turística y Sistrac S.A. suscribieron

77 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 285-307.
78 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 274-276.
79 Conforme a certificación del 26 de mayo de 2009, emitida por la secretaria del comité directivo del FPT (Samai,

índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 277) y el oficio SC-1244-09, por el cual el Consorcio
Alianza Turística informó a Infimanizales la aprobación del proyecto (ibidem, p. 279-282).
80 Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 314-329; obra otrosí 1 en p. 330-332,

adición y prórroga en p. 333-336, acta de liquidación final en p. 337-339, actas de recibo de obra en p. 340-353
y 356-357 y actas de control de cantidades de obra en p. 354-355. El contrato de obra pactado por Infimanizales
transcurrió en condiciones normales, de modo que no amerita observación adicional por parte de la Sala.
81 El contenido de estos contratos no puede ser objeto de estudio, toda vez que aparecen dañados (Samai del

Tribunal, índice 78, documento «100ED_TESTIGODO_CUMENTAL» –enlace OneDrive–, carpetas
«CUADERNO PRINCIPAL 2017-00334-00», «Cd correspondiente afolio 103 cuaderno N1 exp 2017-334» y
«ANEXOS CONTESTACION DEMANDA FONTUR»). Sin embargo, esta información fue referida en las
contestaciones de Fiducoldex y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y está corroborada en el acto
de adjudicación del proceso de selección abreviada No. MSA-034 de 2010, fechado el 13 de agosto de 2010
(Samai, índice 2, documento «565_ED_36ADJUDICACIONSISTR»).

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el contrato No. M-079 de 2010, cuyo objeto era la construcción de un cable aéreo
entre el sector de Cable Plaza y el Ecoparque Los Yarumos, con Alfredo Giraldo A.
y Cía Ltda. como interventor82.

Conforme al texto del contrato: (i) se adelantó el trámite de selección abreviada ante
la declaratoria desierta de la licitación No. ML 004-2009 y la selección abreviada No.
MSA-010-2010; (ii) las cláusulas primera y segunda obligaban al contratista con el
Consorcio Alianza Turística a ejecutar la obra bajo el sistema de precio global fijo,
con destino a la Alcaldía de Manizales; (iii) el valor inicialmente pactado era de
$1.787.935.436, según la cláusula quinta, y (iv) el contrato estaba sujeto a cláusula
compromisoria, con arreglo a la cláusula vigesimocuarta.

18.8. El 13 de septiembre de 2010, el Consorcio Alianza Turística informó a William
Naranjo Quintero, director operativo de Infimanizales, que tenía a su cargo la
supervisión del contrato No. M-079 de 201083.

18.9. En oficio No. 9893 107 del 2 de septiembre de 2010, William Naranjo
Quintero –supervisor del contrato No. M-079 de 2010– dio visto bueno al acta de
inicio del contrato y autorizar el pago del anticipo sobre el 40% de su valor84.

18.10. El 13 de septiembre de 2010, los señores Jorge Mario Amariles Gómez
–técnico de proyectos de infraestructura de Infimanizales–, William Naranjo
Quintero –supervisor del contrato–, Jorge Enrique Suarez Navarro –representante
legal de Sistrac S.A.– y Alfredo Giraldo Aristizábal –representante legal de Alfredo
Giraldo y Cía. Ltda., interventor del contrato– suscribieron el acta de inicio de
labores del contrato No. M-079 de 201085.

18.11. El 30 de diciembre de 2011, Adriana Saavedra Becerra –en representación
del Consorcio Alianza Turística, administrador del FPT–, Juan Manuel Llano Uribe
–alcalde de Manizales– y Martha Elena Calvo Montoya –gerente de Infimanizales–
suscribieron el acta de entrega al Municipio de Manizales e Infimanizales de la obra
civil y electromecánica del teleférico86. Conforme al documento, «la titularidad y

82 Samai, índice 2, documento «662_ED_CUADERNON2PRUEBAS», p. 4-23. Los otrosíes Nos. 1, 2, 3 y 4 del

contrato obran en p. 26-35.
83 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 283-284.
84 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 343.
85 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 344.
86 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 357-360.

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responsabilidad de los equipos electromecánicos del proyecto quedan a cargo de
Infi-Manizales, (…) y las obras de urbanismo quedan en cabeza y responsabilidad
del Municipio de Manizales». Es así que cada autoridad municipal quedó encargada,
respectivamente, de su sostenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo.

18.12. Mediante convenio interadministrativo No. 2011-06-097 del 28 de junio de
2011, se acordó la entrega por Infimanizales a la Asociación Cable Aéreo de
Manizales del sistema de cable aéreo y sus bienes inmuebles e inmuebles por
adhesión y destinación, para que esta última se encargue de su operación,
administración y mantenimiento87. Esta actuación sería renovada, posteriormente,
mediante contratos interadministrativos Nos. 2013-11-112 del 7 de noviembre de
2013 y 2016-04-028 del 1 de abril de 201688.

18.13. El 1 de septiembre de 2011, Infimanizales y la Asociación Cable Aéreo
suscribieron acta de entrega de las estaciones Camino de la Palma y Yarumos. El
acta describe el área y linderos de las estaciones, así como un valor total de la obra
civil por $3.504.602.010. Se anotó que los equipos electromecánicos serían
entregados con posterioridad, «en función a las pruebas técnicas y su
correspondiente aceptación»89.

18.14. En memorando del 30 de enero de 2012, Javier Eduardo Torres Martínez
–subgerente técnico de Infimanizales– y William Naranjo Quintero informaron a la
gerente general de Infimanizales que el interventor del contrato de obra encontró
subsanadas y avaladas las últimas observaciones, de modo que el sistema
electromecánico «se encuentra en condiciones aptas para ser operado»90.

18.15. El 31 de julio de 2012, las partes del contrato No. M-079 de 2010 suscribieron
acta de liquidación parcial. El documento refirió que, conforme a un informe de
supervisión remitido por el supervisor del contrato –William Naranjo, director
operativo de Infimanizales–, el contratista cumplió en un 100% con las obligaciones,
de modo que era procedente su liquidación. A su turno, el interventor –Alfredo
Giraldo– anotó que al sistema se le hicieron pruebas de transporte.

87 Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 190-198.
88 Samai, índice 2, documento «534_ED_02CUADERNON1A201», p. 38-43 y 44-47, respectivamente.
89 Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 199-204.
90 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 356.

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Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

A pesar de lo relatado, el 27 de abril de 2012 el gerente de la Asociación Cable
Aéreo informó al FPT el cese indefinido de operaciones del teleférico, por fallas
técnicas y de diseño que afectan la seguridad de los usuarios y del sistema. En vista
de que el 3 de julio de 2012 la interventoría determinó que procedía el reinicio de
las operaciones91, las partes acordaron la liquidación parcial del contrato, pagando
al contratista la suma parcial de $38.979.384 y acordando que el valor restante
($102.542.423) quedaría sujeto al informe final del interventor92.

18.16. El 23 de agosto de 2012, el Consorcio Alianza Turística informó a Seguros
del Estado S.A. sobre el incumplimiento de compromisos adquiridos por Sistrac en
cuanto a la garantía de estabilidad de las obras del cable aéreo. Remarcó que la
contratista estaba pendiente de efectuar los siguientes ajustes: (i) atender
inconvenientes en las puertas y, si es del caso, cambiar el sistema actual de
bisagras, apertura y cierre; (ii) perfeccionar el tensionado automático, (iii) revisar y
ajustar el sistema de amortiguadores, (iv) revisar y ajustar los manuales de
operación y mantenimiento, y (v) remitir la certificación de pruebas para el antigiro93.

18.17. En atención a que la contratista no atendió los compromisos previamente
informados, el 26 de octubre de 2012 el Consorcio Alianza Turística radicó
reclamación ante Seguros del Estado. Informó que el sistema fue suspendido
nuevamente desde el 30 de agosto de 2012 y que los problemas que impiden su
operación «tienen origen en inconvenientes de diseño, de materiales o equipos
utilizados, y/o en la construcción del sistema». Conforme a tasación efectuada por
la interventora de la obra, el Consorcio Alianza Turística reclamó un total de
$407.690.139 por daños y perjuicios94.

18.18. El 9 de mayo de 2013, Seguros del Estado S.A. emitió paz y salvo a favor del
Consorcio Alianza Turística, en el cual consta la entrega de $183.486.015,60 por
concepto de afectación del amparo de calidad del servicio95.

18.19. Mediante contrato de fiducia mercantil No. 137 del 29 de agosto de 2013, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Fiducia Colombiana de Comercio

91 Según comunicación obrante en Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 363.
92 Samai, índice 2, documento «644_ED_ACTADELIQUIDACION».
93 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 376-378.
94 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 379-382.
95 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 383.

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Exterior-Fiducoldex S.A. acordaron la constitución del patrimonio autónomo Fondo
Nacional de Turismo-Fontur, el cual sería administrado por la fiduciaria96.

18.20. El 16 de junio de 2015, la Asociación Cable Aéreo de Manizales y Fiducoldex
S.A., administradora del Fontur, suscribieron convenio administrativo No. FNT 102-
2015 con el objeto de aunar esfuerzos para realizar las obras complementarias y la
puesta en funcionamiento del teleférico en el Ecoparque los Yarumos. El convenio
tuvo un valor de $1.047.479.417, de los cuales FONTUR aportó $730.244.937 y la
Asociación Cable Aéreo Manizales la suma de $317.234.48097.

18.21. En virtud del anterior convenio, la Asociación Cable Aéreo Manizales y el
Consorcio Cable Aéreo los Yarumos pactaron el contrato No. 081 del 8 de
septiembre de 2015, por valor de $86.000.000, con el fin de efectuar inspección y
presentar conclusiones e informaciones sobre el sistema de cable aéreo98.

La Sala advierte que los hechos relatados encuentran respaldo en documentos
públicos, suscritos por funcionarios en cumplimiento de sus funciones. Se presumen
auténticos, porque no fueron tachados de falsos ni desconocidos –artículo 244 del
CGP99–, y hacen fe de su otorgamiento, fecha y declaraciones efectuadas por el
funcionario que los autoriza –artículo 257 del CGP100–.

19. La inoperancia del sistema de cable aéreo de la línea Estación Camino de la
Palma-Estación Yarumos cuenta con suficiente ilustración en el expediente. Se
acreditó la amplia divulgación del suceso en medios noticiosos101 y, a su turno, ello
obra en sendas manifestaciones efectuadas por las entidades demandadas, que
incluyen la contestación de la demanda. También obra, al respecto, acta y
fotografías de la inspección judicial efectuada por el Tribunal a la sede de la obra102.

96 Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 467-503.
97 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 383.
98 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 499-505; el informe final resultante de

esta actuación no obra en el expediente.
99 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que

lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso […]».
100 «Artículo 257. Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de

las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza […]».
101 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 10.
102 Samai del Tribunal, índice 78, documento «100ED_TESTIGODO_CUMENTAL» –enlace OneDrive–,

carpetas «PRUEBAS» e «INSPECCIÓN JUDICIAL 2017-00334».

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En criterio de la Sala, tal circunstancia reviste la naturaleza de un hecho notorio, por
contar con un reiterado reconocimiento público y ser de tal magnitud que resulta
imposible ignorarlo103, lo cual exime la carga probatoria –artículo 167 del CGP–.

No ocurre lo mismo con las causas técnicas de las fallas en la obra, sobre las cuales
era procedente adelantar el debate probatorio. Frente a ello obran múltiples
conceptos aportados al expediente, que incluyen el documento «Concepto Técnico
Cable Aéreo Los Yarumos» elaborado por la firma Doppelmayr104, observaciones
efectuadas por Metro de Medellín105 y un informe de auditoría gubernamental a
Infimanizales, efectuado por la Contraloría General del Municipio de Manizales en
febrero de 2018106. A su turno, se practicaron testimonios a los ingenieros civiles
Ferney Camacho, Jorge Mario Amariles Gómez, Javier Eduardo Torres Martínez,
Juan Pablo Ángel Gaviria, Andrés Felipe Aristizábal, así como al supervisor de la
obra, William Naranjo Quintero, y el interventor Alfredo Giraldo Aristizábal107.

Con todo, cabe enfatizar que el Tribunal decretó informe técnico con el fin de
establecer el estado actual de la infraestructura, así como las eventuales
reparaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento. El informe, elaborado por
Ingeniería de Sistemas de Transportes y Cables-ISTC S.A.S. y aportado al proceso
el 12 de noviembre de 2022108, calificó lo siguiente:

• La configuración del componente electromecánico del sistema de cable
aéreo se concibió bajo criterios aislados en fabricación, selección y
suministro de sus componentes esenciales. Ello condujo a que el sistema no
tuviera un desarrollo de ingeniería y fabricación bajo el concepto de «unidad
funcional». A su turno, los componentes fueron instalados de forma dispersa
e interconectados desde espacios aislados.

• El conjunto de deficiencias e inconvenientes para algunos de los
componentes esenciales de la infraestructura electromecánica del cable

103 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de junio de 2025, rad. 72375. Se cita:

Corte Constitucional, auto 035 de 1997, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20
de noviembre de 2023, rad. 64743.
104 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 455-379.
105 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 480-484.
106 Samai, índice 2, documento «531_ED_01CUADERNON120170», p. 480-484.
107 Samai del Tribunal, índice 78, documento «100ED_TESTIGODO_CUMENTAL» –enlace OneDrive–,

carpetas «PRUEBAS» e «PRUEBA TESTIMONIAL».
108 Samai del Tribunal, índice 78, documento «100ED_TESTIGODO_CUMENTAL» –enlace OneDrive–,

carpetas «PRUEBAS» e «INFORME TÉCNICO».

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aéreo Los Yarumos, como el sistema motriz (motor-reductor) y las cabinas;
fueron la principal causa de afección que comprometió negativamente la
continuidad del servicio.

• La problemática se presentó durante la ejecución del contrato de obra y los
correctivos debieron realizarse en esa misma etapa contractual, y aún
durante su período de garantía (años 2011-2013).

• Aunque en 2014 se sustituyó el reductor del sistema motriz, ello no hacía
viable la reactivación del servicio frente a la incertidumbre respecto del
desempeño del nuevo reductor, en especial sin haberse determinado la
causa precisa de daño y falla del reductor original.

• El dictamen valoró la medida de desmonte del cableado existente en el
sistema de cable aéreo, ordenada por el Tribunal mediante medida cautelar.
Explicó que, aunque dicha orden no tuvo fundamento en un dictamen técnico,
el desmonte y almacenamiento de «una parte de los más esenciales,
componentes y equipos de la infraestructura electromecánica del cable aéreo
Los Yarumos» resultó ser la mejor actuación técnica en relación con esta
infraestructura electromecánica.

• No es viable ni recomendable restituir la infraestructura electromecánica
original del cable aéreo Los Yarumos a su funcionamiento y operación como
sistema de transporte en ningún caso. Sin perjuicio de lo anterior, el dictamen
conceptuó que debe buscarse el mayor aprovechamiento de las
edificaciones existentes, siempre y cuando no se vea afectada la calidad o
seguridad. Además, de implementarse un nuevo sistema de transporte, este
no deberá cargar con falencias o deficiencias del sistema previo.

• El eventual restablecimiento de la obra tendría que provenir de una correcta
estructuración, planificación, prevención de riesgos y de un plan contundente
de reactivación del Ecoparque Los Yarumos, el cual debe contar con un
atractivo y equipamiento suficiente para atender la eventual demanda. La
cotización aproximada de tales obras ascendería a un valor total de cerca de
trece mil millones de pesos.

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Por demás, la condición del sistema teleférico quedó registrada en informe del 21
de diciembre de 2018, remitido por el gerente general de Infimanizales al gerente
de la Asociación Cable Aéreo, por el cual se informó sobre el desmonte de los
componentes electromecánicos del teleférico en cumplimiento de la medida cautelar
dictada por el Tribunal. El informe relacionó sendos desgastes en carretillos y
cabinas, cables portantes, cable tractor y pilona109.

20. En lo relativo a la vulneración de los derechos colectivos, el Tribunal determinó
que la inoperancia del sistema y la inversión de más de cinco mil millones de pesos
permite inferir la trasgresión de los derechos colectivos al patrimonio público, la
prestación eficiente y oportuna de servicios públicos y a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, a raíz del diseño y construcción del teleférico
Camino de la Palma-Ecoparque Los Yarumos. Ello se agrava ante las conclusiones
del dictamen técnico, que estiman inviable y desaconsejable la restitución de la
infraestructura electromecánica original.

Cabe iterar que se atribuyó la trasgresión de esos derechos, entre otras, a las
siguientes autoridades: (i) al Municipio de Manizales, que incumplió sus
competencias en materia de prestación de servicios públicos y omitió adoptar
acciones efectivas para salvaguardar la infraestructura; (ii) Infimanizales, por omitir
sus obligaciones en materia de seguimiento, supervisión e interventoría,
quebrantando así su objeto social –artículo 3 del Acuerdo Municipal No. 292 del 6
de agosto de 1997– y (iii) el otrora FPT, bajo la administración del Consorcio Alianza
Turística, que tenía a cargo la contratación del componente electromecánico y
dispuso su entrega bajo la modalidad llave en mano, además de abstenerse de
hacer efectivas las pólizas que garantizaban la calidad de la obra.

El fallo de primer grado señaló que el contratista del proyecto tenía a su cargo
elaborar la totalidad de la obra, desde el diseño hasta la construcción. La modalidad
contractual de llave en mano, por tanto, limitaba la posibilidad de las entidades de
intervenir en el suministro del componente electromecánico. Además, las
autoridades señaladas omitieron verificar los avances y corregir los posibles errores,
a tal punto de conceder el anticipo del 40% del valor de la obra y autorizar
desembolsos posteriores sin advertir esos problemas.

109 Samai, índice 2, documento «532_ED_01CUADERNON1BACUM», p. 188-217.

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El Tribunal, a su turno, criticó fuertemente la conducta procesal de las entidades
demandadas, por cuanto se limitaron a alegar su falta de responsabilidad en las
deficiencias del teleférico:

«En efecto, el Fondo de Promoción Turística adujo que no presentó el proyecto,
Infimanizales y el Municipio de Manizales expresaron que lo radicaron pero no lo
aprobaron, el Fondo de Promoción Turística afirmó que lo autorizó pero no fue
responsable del diseño, construcción y recibo a satisfacción del mismo,
Infimanizales manifestó que informó las observaciones y falencias, Fiducoldex refirió
que sucedió a otra entidad en materia de funciones y competencias y por ello no es
responsable de lo adjudicado por su antecesor, el Consorcio Alianza Turística
aseveró que no designó oficialmente y a través de acto administrativo al supervisor
del proyecto, entre otras situaciones, todas las cuales permiten inferir a este Tribunal
la ausencia de coordinación en la estructuración de un proyecto de ciudad en el que
se invirtieron recursos de diferentes entidades y que a la hora de su ejecución
pareciera no tener responsable»110.

En lo concerniente a los derechos colectivos invocados, la Sala anticipa que
únicamente se mantendrá incólume el amparo otorgado al derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente. Los medios de prueba
reseñados, en especial el informe del desmonte de infraestructura y el informe
técnico, dan cuenta del grave deterioro de la infraestructura y la amenaza que ello
constituía sobre la población colindante.

En lo relativo al derecho a la defensa del patrimonio público, tal como lo precisó la
sentencia de unificación de esta Corporación del 1 de febrero de 2022, el análisis
de su vulneración requiere la confluencia de los elementos: (i) subjetivo, referido al
análisis de la gestión de ese patrimonio a cargo del funcionario, de modo que, si
esta es irresponsable, deshonesta o negligente, se transgrede el derecho colectivo
protegido, y (ii) objetivo, que se relaciona con el deber de las entidades estatales de
gestionar el patrimonio público con apego a los postulados de eficiencia y
transparencia del artículo 209 de la Constitución Política.

Es incuestionable la vulneración del derecho a la defensa del patrimonio público en
el factor objetivo. No puede darse otro calificativo a una obra con vicios estructurales
en su diseño y construcción, la cual derivó en su cierre permanente y el detrimento
de $4.095.439.514 provenientes del erario nacional y municipal. Sin embargo, en
criterio de la Sala, los medios de prueba no permiten inferir una conducta negligente,
deshonesta o irresponsable de las autoridades encargadas. Para arribar a esta

110 Samai, índice 2, documento «613_ED_80SENTENCIAPRIMERAIN», p. 87.

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conclusión, la Sala estudiará las actuaciones puntuales adelantadas por cada una
de las mismas:

• Infimanizales tuvo a su cargo la celebración del contrato No. 2010-07-050
para la construcción del componente de obra civil del teleférico, el cual
transcurrió en condiciones normales y no constituyó detrimento patrimonial
[párrafo 18.5]. William Naranjo Quintero, director operativo de Infimanizales,
fungió como supervisor del contrato No. M-079 de 2010, en el cual autorizó
el pago de un anticipo del 40% del valor del negocio y el inicio de obras
[párrafos 18.8 a 18.10]. Estas actuaciones no son suficientes para constituir
una gestión inadecuada del erario, por cuanto responden a la obligación
contenida en las cláusulas sexta y séptima del contrato111.

• El Consorcio Alianza Turística, autoridad encargada de la administración del
entonces FPT, tuvo a su cargo la celebración del contrato de obra No. M-079
de 2010 para la construcción del componente electromecánico del teleférico
[párrafo 18.7]. En el marco de dicho deber, dicha autoridad suscribió el acta
de liquidación parcial del contrato M-079 de 2010, en la cual advirtió
deficiencias en la calidad de la obra y condicionó el pago de $102.142.423 al
informe final de interventoría [párrafo 18.15]. Al advertir que estas
deficiencias no fueron objeto de corrección, el Consorcio radicó reclamación
ante Seguros del Estado S.A., la cual culminó en el reconocimiento de
$183.486.015,60 por concepto de afectación del amparo de calidad del
servicio [párrafos 18.17 y 18.18].

• Fiducoldex S.A. administra el Fontur desde el 29 de agosto de 2013 [párrafo
18.19], de modo que no tuvo a su cargo la gestión de los recursos dirigidos
a la construcción del teleférico. Además, esta autoridad ha demostrado una
conducta proactiva en torno a la mitigación del detrimento patrimonial, en
tanto suscribió convenio interadministrativo No. FNT-102-2015 con la

111 Samai, índice 2, documento «662_ED_CUADERNON2PRUEBAS», p. 7-9. Se cita lo pertinente: «SEXTA.

Forma de Pago.- EL ADMINISTRADOR pagará al CONTRATISTA el valor indicado en la cláusula quinta de la
siguiente manera: a) Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato en calidad de
anticipo sobre el valor básico del contrato, una vez sea perfeccionado el contrato, haya sido aprobada la garantía
única y se suscriba acta de inicio conjuntamente con el supervisor, el interventor y el contratista la cual deberá
incluir el plan de inversión del anticipo, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la
respectiva cuenta de cobro y mediante consignación efectuada por la Fiduciaria a la cuenta que para el efecto
abra el CONTRATISTA y/o INTERVENTOR junto con el ADMINISTRADOR (…)».

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Asociación Cable Aéreo de Manizales para seguir aunando esfuerzos en la
recuperación de la obra [párrafo 18.20].

• La Asociación Cable Aéreo de Manizales es administradora de la
infraestructura del teleférico en atención al convenio interadministrativo No.
2011-06-097 del 28 de junio de 2011 y los contratos interadministrativos Nos.
2013-11-112 del 7 de noviembre de 2013 y 2016-04-028 del 1 de abril de
2016 [párrafo 18.12].

En su escrito de contestación, la Asociación manifestó haber empleado las
edificaciones para generar ingresos a partir de la celebración de múltiples
contratos de arrendamiento. Aunque estos negocios no se aportaron al
expediente, la Sala encuentra que fueron registrados en el aplicativo Secop
I112. A su vez, el informe de auditoría presentado el 16 de marzo de 2018 por
la Contraloría General del Municipio de Manizales reportó rendimientos de la
Estación Camino de la Palma por publicidad y arrendamientos en el período
2012-2017, por un valor total de $363.074.395113.

A pesar de las deficiencias de la obra, así como las eventuales omisiones de la
entidad contratante, el supervisor y el interventor, se advierte que las autoridades
adoptaron medidas puntuales para procurar a la rehabilitación de la obra y exigir
actuaciones correctivas al contratista, así como explorar alternativas de rentabilidad
e insistir en la búsqueda de posibles alternativas de solución.

Por otra parte, al margen de los errores estructurales en el componente
electromecánico del teleférico, la obra civil aparece en condiciones aceptables. Ello

112 Enlace: https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html. Los contratos de arrendamiento, cuyos
objetos son idénticos a los indicados en el escrito de contestación, son los siguientes: (i) contrato No. 30-2013
del 27 de marzo de 2013, celebrado con London Pub Beer S.A.S. por valor de $38.400.000; (ii) contrato No. 38-
2013 del 6 de junio de 2013, celebrado con Disconciviles Ltda. por valor de $7.200.000; (iii) contrato No. 53-
2013 del 31 de julio de 2013, celebrado con Huellas de Libertad S.A.S. por valor de $54.000.000; (iv) contrato
No. 05-2014 del 3 de enero de 2014, celebrado con la Fundación Misión Verde por valor de $300.000; (v)
contrato No. 64-2014 del 19 de agosto de 2014, celebrado con London Pub Beer S.A.S. por valor de
$48.000.000; (vi) contrato No. 96-2014 del 4 de noviembre de 2014, celebrado con Huellas de Libertad S.A.S.
por valor de $54.000.000; (vii) contrato No. 48-2015 del 11 de mayo de 2015, celebrado con Carlos Alberto
Castrillón Castaño por valor de $3.000.000; (viii) contrato No. 49-2015 del 14 de mayo de 2015, celebrado con
Huellas de Libertad S.A.S. por valor de $3.600.000; (ix) contrato No. 107-2015 del 10 de noviembre de 2015,
celebrado con Huellas de Libertad S.A.S. por valor de $54.000.000; (x) contrato No. 109-2015 del 13 de
noviembre de 2015, celebrado con Inversiones Pub S.A.S. por valor de $43.200.000; (xi) contrato No. 116-2015
del 26 de diciembre de 2015, celebrado con Huellas de Libertad S.A.S. por valor de $7.440.000; (xii) contrato
No. 136-2016 del 19 de diciembre de 2016, celebrado con London Pub Cocktails por valor de $46.128.000, y
(xiii) contrato No. 111-2017 del 29 de septiembre de 2017, celebrado con Yuri Alejandra Valencia Ospina por
valor de $2.880.000.
113 Samai, índice 2, documento «687_ED_INFORMEDEFINITIVO», p. 21.

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permitió su explotación económica por parte de la Asociación Cable Aéreo de
Manizales e implica que, cuanto menos, este componente tiene potencial para
adaptarse a las necesidades del municipio de Manizales. Por ende, aún si los
edificios no se destinan a su propósito original –teleférico–, la Sala no considera que
tal circunstancia sea lesiva del interés general o constituya desviación de poder.

Cabe reiterar que las competencias del juez popular se encuentran orientadas a
medidas preventivas, suspensivas y restaurativas en torno a la protección de
derechos e intereses colectivos [párrafo 4]. No está prevista para suplir otros
mecanismos jurisdiccionales, en especial aquellos relacionados con el juicio de
legalidad de los actos y contratos de la Administración [párrafo 11]. Ello impide a la
Sala pronunciarse sobre la «corrección» de las medidas adoptadas en sede
contractual, especialmente de cara a un contrato terminado, liquidado y en el cual
se hizo efectiva la póliza de calidad del servicio. No es viable adoptar medidas para
la recuperación del patrimonio frente a un contrato cuya ejecución culminó en 2011,
el cual por demás contenía cláusula compromisoria para dirimir las eventuales
controversias de las partes –entre ellas, el incumplimiento contractual–.

Al unificar jurisprudencia sobre la inviabilidad de que la acción popular sea
empleada para anular los contratos administrativos114, la Corporación advirtió –entre
otras cuestiones– que el legislador no previó un término de caducidad para las
acciones populares. Ello no solamente riñe con los términos preclusivos instaurados
para el juicio de legalidad de la actividad contractual, sino con sus respectivos
plazos de selección, ejecución y liquidación, así como con la perentoriedad de la
ejecución de las garantías contractuales y poscontractuales. Es así que la acción
popular no procede para revivir cuestiones que no fueron sometidas oportunamente
a debate judicial por las partes del contrato –las cuales, en caso de no agotarse,
darían lugar a la carencia de objeto de la acción popular–.

La sentencia de unificación citada también refiere a la legitimidad en cabeza de
cualquier persona –en especial, de aquellas ajenas a la relación contractual– para
formular acciones populares relacionadas con un contrato público. Se explicó que,
aún si se pretende la nulidad absoluta del contrato, la ley únicamente permite dicha
pretensión a las partes del negocio jurídico, al Ministerio Público o cualquier tercero

114 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 10, sentencia del 4 de octubre de 2021, rad. 52001-33-

31-008-2008-00304-01(AP)REV [fundamentos jurídicos 126 a 131].

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que acredite un interés directo en el mismo –sin perjuicio de la facultad oficiosa del
juez del contrato, previa garantía del debido proceso de las partes negociales–. Por
ende, sin perjuicio de la defensa de los derechos e intereses colectivos, el juez de
la acción popular no puede resolver sobre controversias cuyo interés corresponde
a ciertas personas delimitadas por la ley115.

Adicional a lo anterior, el estudio del elemento subjetivo del derecho a la defensa
del patrimonio público –que, en este caso, no se encontró configurado– no implica
en modo alguno un juicio de reproche a la asignación de riesgos efectuada por las
partes del contrato, ni mucho menos una determinación de las responsabilidades
individuales a cargo de las autoridades encargadas de su financiación y ejecución.
Tales valoraciones corresponderán, a su turno, al juez del contrato y a las entidades
encargadas del control disciplinario, penal y fiscal.

Es así que la Sala revocará el amparo del derecho a la defensa del patrimonio
público, por cuanto no se acreditó el elemento subjetivo del detrimento patrimonial
en cuanto a las autoridades comparecientes al proceso. Además, un eventual
amparo a este derecho carecería de objeto, en tanto ya no es posible ordenar
medidas de restitución patrimonial frente a un contrato ya ejecutado y liquidado.

El derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y
oportuna amerita una reflexión similar. Su trasgresión es evidente en este asunto,
ya que la inoperancia del sistema de cable aéreo priva a los residentes de Manizales
de un medio idóneo para transportarse al Ecoparque Los Yarumos. Sin embargo,
las conclusiones del informe técnico son contundentes en cuanto a la inviabilidad
de restablecer las condiciones de la obra, además de su carga onerosa exorbitante:
trece mil millones de pesos, casi tres veces lo invertido actualmente en el proyecto.

115 Ibidem [fundamentos jurídicos 132 a 142]. En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2026, rad. 67084; en esta decisión, al estudiar la carencia actual de
objeto frente al derecho colectivo a la protección del patrimonio público, se efectuó el siguiente razonamiento:
«(…) esta conclusión no desconoce que de los negocios celebrados puedan subsistir secuelas residuales de
índole litigiosa o patrimonial, pero ello no excluye que la operación principal ya se ejecutó y agotó su finalidad
propia. La función de aseguramiento fue trasladada y los afiliados fueron asignados a EPS receptoras, mientras
que las dos entidades centrales del negocio desaparecieron jurídicamente. En ese contexto, cualquier
controversia remanente sobre validez, cumplimiento, liquidación, restituciones, clarificación de cuentas o
eventuales reintegros se proyecta sobre efectos retrospectivos de contratos ya consumados y no sobre
relaciones negociales todavía operativas o capaces de incidir hoy, de manera directa, en la prestación del
servicio de salud o en una fuente actual de riesgo colectivo susceptible de ser conjurada mediante una orden
del juez popular. Se trata, en su caso, de asuntos cuyo conocimiento y resolución corresponde a otros
escenarios judiciales o administrativos, según su naturaleza, como los procesos declarativos, ejecutivos,
arbitrales, concursales, liquidatorios o las actuaciones de inspección, vigilancia, control o responsabilidad a que
haya lugar» (se destaca).

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Por ende, aunque la Sala estima vulnerado este derecho, se declarará la carencia
actual de objeto por daño consumado frente al mismo. Esto obedece a que se hace
imposible la adopción de medidas por parte del juez popular para su reparación o
restablecimiento, las cuales supondrían un cargo presupuestal excesivamente
oneroso en cabeza de las autoridades encargadas del proyecto e implicarían una
fuerte modificación a sus esquemas presupuestales y de gasto116.

21. Frente a la responsabilidad de las entidades recurrentes en la trasgresión de los
derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, así como de acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente
y oportuna, la Sala confirmará lo resuelto por el juez de primer grado.

De entrada, es necesario precisar el grado de «responsabilidad» que atañe a la
acción popular. Este mecanismo está orientado a imponer obligaciones de ejecución
y abstención a quienes, con su conducta activa u omisiva, pongan en amenaza o
trasgredan un derecho o interés colectivo. No está previsto, en principio, para
determinar responsabilidades de índole patrimonial, fiscal o sancionatorio, sin
perjuicio de que el juez pueda condenar al pago de perjuicios a favor de la entidad
pública no culpable que tuviera a cargo los derechos colectivos bajo amparo
–artículo 34 de la Ley 472 de 1998–117.

Si bien es necesaria la concurrencia de todas las entidades para el amparo de los
derechos colectivos que aquí se determinan vulnerados, ello no tiene como objeto
determinar la relación causal entre la actuación de estas autoridades y la trasgresión
de los derechos colectivos amparados –en este caso, el de seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, de naturaleza eminentemente preventiva–.
Por el contrario, el juez de la acción popular debe verificar cuáles autoridades tienen

116 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 2 de octubre de 2025, rad. 19001-23-33-000-2014-

00039-01. En esta decisión, se explica que la carencia actual de objeto opera «cuando el juez no puede impartir
órdenes para corregir la vulneración de los derechos colectivos, debido a que las circunstancias que motivaron
la acción han desaparecido (hecho superado), o bien porque el perjuicio se materializó de manera irreversible,
haciendo imposible su reparación (daño consumado)».
A su turno, cita otra decisión dictada por la Sección Primera (sentencia del 8 de febrero de 2018, rad. 25000-
25-41-000-2013-00817-01) para explicar que la imposibilidad de restituir las cosas a su estado anterior debe
estar plenamente acreditada.
117 Algunos doctrinantes vinculan a la acción popular con las acciones de responsabilidad civil, con su carácter

indemnizatorio, pues ambas requieren la existencia de un daño, la imputación del mismo y el deber de repararlo
(Henao, J., 2000, Responsabilidad del Estado colombiano por daño ambiental; responsabilidad por daños al
medio ambiente. Bogotá: Universidad Externado de Colombia). Otros han referido a un régimen atípico de
responsabilidad; ver Zuluaga, D. C. (2021). Las acciones populares, un régimen de responsabilidad atípico del
estado, trabajo de grado para optar al título de Magíster en Derecho Administrativo, Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana.

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a su cargo la adopción de medidas preventivas, de protección o de restitución. En
el presente asunto, ello implica revisar su participación en la obra del cable aéreo y
las obligaciones legales o contractuales que tenían respecto de la misma.

El Municipio de Manizales, en su recurso de apelación, esgrimió que la actividad
contractual recayó en autoridades con autonomía legal, administrativa y financiera,
incluyendo a Infimanizales como establecimiento público descentralizado del orden
municipal. Con todo, la Sala enfatiza que el Municipio de Manizales conservaba el
control de tutela frente a la actuación adelantada por Infimanizales, en virtud del
principio de coordinación que gobierna la función administrativa –artículo 209 de la
Constitución–118.

Por otra parte, dicha autoridad fue gestora de la iniciativa presentada al entonces
FPT, con el fin de mejorar la oferta turística del municipio, y recibió a satisfacción la
obra entregada por el Consorcio Alianza Turística. Por demás, al ser destinatario de
la obra civil, la eventual adecuación de su uso podría beneficiar al Municipio de
Manizales.

La participación en la obra de Infimanizales y del Consorcio Alianza Turística.
administrador del FPT, es más directa y evidente. Ambas entidades estructuraron
el proyecto, lo dotaron de recursos provenientes de sus respectivas carteras y
tuvieron un rol activo en la etapa de ejecución contractual; el Consorcio Alianza
Turística fue la entidad contratante e Infimanizales ejerció la supervisión de la obra
mediante su director operativo, William Naranjo Quintero. Al margen de que las
deficiencias de la obra –las cuales, según el informe técnico, ocurrieron entre los
años 2011 y 2013– podrían tener origen en la omisión de estas funciones, ambas
entidades tuvieron un rol preponderante en el sistema de cable aéreo, situación que
les impone atender las órdenes impartidas por el Tribunal para la defensa de los
derechos colectivos amparados.

La Sala, a su turno, desestima las consideraciones esgrimidas por Infimanizales en
cuanto al carácter separado de las obras civiles y electromecánicas. Esta
concepción de la obra respalda la conclusión del informe técnico en cuanto a su

118 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia C-727 de 2000. Debe señalarse que, conforme al parágrafo

del artículo 2 de la Ley 489 de 1998, las reglas relativas a las entidades descentralizadas y racionalización
administrativa se aplican a las entidades territoriales en lo pertinente, sin perjuicio de su autonomía.

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e intereses colectivos

falta de unidad funcional, además de evidenciar la falta de coordinación entre las
entidades del nivel nacional y municipal. Ello, a su vez, desatiende el rol que la
entidad ejercía como supervisora del contrato de obra electromecánica, a través de
su director operativo William Naranjo. En suma, aunque el componente civil de la
obra se encuentra en buenas condiciones, Infimanizales tenía el deber de
supervisar el buen funcionamiento de la totalidad de la obra.

Tampoco se halla razón al Consorcio Alianza Turística cuando refiere que no tenía
facultades frente a las especificaciones técnicas y presupuestales del proyecto
presentado por el Municipio. Tal afirmación se desvirtúa en los soportes aportados
por la propia autoridad, que incluyen el formato de calificación de proyectos [párrafo
18.3]. De igual modo, se aportó la evaluación preliminar efectuada en el proceso de
selección abreviada No. 034 de 2010 –el cual derivaría en el contrato No. M-079 de
2010–, en la cual Infimanizales y el FPT revisaron las propuestas efectuadas por los
proponentes Sistrac S.A. y la Unión Temporal Coservicios-Sytecsa-ECA119

Finalmente, en cuanto a Fiducoldex S.A. –administradora del Fontur–, la Sala no
formula reproches de carácter subjetivo en relación con los derechos colectivos
afectados. Las deficiencias de la obra ocurrieron con anterioridad al contrato de
fiducia mercantil No. 137 de 2013. Sin embargo, el patrimonio autónomo ha asumido
un rol activo en la rehabilitación de la obra pública del sistema teleférico, incluyendo
el convenio interadministrativo FNT-102 de 2015. No se puede desconocer que,
tanto en vigencia del FPT como del Fontur, el proyecto de cable aéreo ha
comprometido recursos de la Nación cuya administración, actualmente,
corresponde a Fiducoldex. Por ende, aunque esta autoridad no concurrió en la
trasgresión de derechos colectivos, es necesaria su participación y colaboración
para restablecerlos en debida forma.

22. Los ordinales cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia ordenaron
al Municipio de Manizales, Infimanizales y Fiducoldex S.A., con la asesoría y
acompañamiento de la Asociación Cable Aéreo Manizales, desmontar la estructura
electromecánica existente en las estaciones Camino de la Palma y Ecoparque los
Yarumos, así como definir el destino de los bienes que integran la obra civil y
electromecánica del proyecto y socializar las fallas que impidieron su operación. En

119 Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 328-340.

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su recurso de apelación, Infimanizales pidió que se le reembolsen los gastos
incurridos por el desmonte de la infraestructura electromecánica o, en su defecto,
expresar «cuál será la responsabilidad respecto de cada uno de los condenados».

Al revisar el alcance de las órdenes impartidas por el Tribunal, la Sala debe tener
en cuenta el rol del juez de la acción popular frente a las actuaciones de la
Administración pública. El juez administrativo, al decidir las acciones populares, no
puede erigirse en «coadministrador» para señalarle a la Administración planes de
«mejora», modificar sus planes de inversión o incidir en sus planes de desarrollo y
esquemas presupuestales, por cuanto ello contraviene la separación funcional del
poder público e impide la adopción y correcta ejecución de medidas que sólo están
en el ámbito de las autoridades administrativas (arts. 6, 113 y 209 de la Constitución
Política), en válido ejercicio de su potestad discrecional (art. 44 del CPACA).

El juez no está exceptuado del marco de la legalidad, por el contrario, debe dar
ejemplo de obediencia a sus mandatos inexorables (art. 230 de la Constitución)120.
Por lo anterior, el juez está coligado a los fines de la acción popular, consistentes
en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio de esos derechos e intereses y restituir las cosas a su estado anterior,
cuando fuere posible [párrafo 4]. Las medidas de protección en cabeza del operador
judicial, de carácter preventivo y restitutivo, no pueden ejercerse para sustituir o
complementar a las autoridades que tienen a su cargo la garantía de los derechos
e intereses colectivos bajo estudio.

Sin perjuicio de que estas reflexiones imponen límites a la actividad del juez popular,
en el caso bajo estudio, la Sala considera que las órdenes de desmonte impuestas
por el Tribunal –tanto en la medida cautelar decretada el 20 de marzo de 2018 como
en la sentencia del 9 de julio de 2021– no desbordan las competencias del operador
judicial ni contravienen la actuación administrativa adelantada hasta el momento.

El retiro de la infraestructura abandonada se encamina, directamente, a evitar el
daño contingente derivado de un eventual desprendimiento del cableado en el
sector colindante –rol que la ley le asigna al juez, de manera obligatoria, a través
del artículo 2 de la Ley 472 de 1998–. Además, en dictamen pericial rendido a este

120 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C: sentencia del 14 de diciembre de 2022, rad. 67220 AP,

y salvamento de voto parcial a la sentencia del 24 de abril de 2024, rad. 15001-23-33-000-2014-00488-01.

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e intereses colectivos

proceso, se calificó que el desmonte de los componentes y equipos esenciales de
la infraestructura electromecánica resultó ser la mejor actuación técnica121.

De manera acertada, la Sala encuentra que el Tribunal se abstuvo de señalar
responsabilidades individuales en la ejecución del desmonte, así como de imponer
órdenes relativas a la proveniencia y destinación específica de los recursos públicos
o la celebración y ejecución de contratos estatales. El rol del juez de la acción
popular se contrae a la imposición de órdenes para proteger los derechos e
intereses colectivos en contienda; corresponde a la Administración dar
cumplimiento a esas órdenes, en el marco de su discrecionalidad y conforme a las
competencias constitucionales, legales y contractuales del caso, sin que el operador
judicial sustituya dicho rol de ejecución o influya en el mismo.

Por demás, en el caso sub examine, las autoridades han demostrado la voluntad de
buscar soluciones a la problemática por la inoperatividad del sistema de cable
aéreo. Esto se constata a través de las siguientes actuaciones:

(i) Convenio interadministrativo No. FNT-102-2015, suscrito entre el Fontur
y la Asociación Cable Aéreo de Manizales, con el objeto de «aunar
humanos, administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica
para realizar las obras complementarias y puesta en funcionamiento del
Teleférico Eco Parque Los Yarumos (…)» [párrafo 18.20];

(ii) Oficio ALC-2908 del 1 de noviembre de 2016, por el cual la Alcaldía de
Manizales informó al Presidente de la República la necesidad de retomar
la operación del cable aéreo al Ecoparque Los Yarumos122;

(iii) Oficio del 6 de diciembre de 2016, por el cual la Alcaldía de Manizales
solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de
Transporte y a Fontur una solución definitiva a la inoperancia del cable
aéreo123;

121 Samai del Tribunal, índice 78, documento «100ED_TESTIGODO_CUMENTAL» –enlace OneDrive–,
carpetas «PRUEBAS» e «INFORME TÉCNICO». Se cita: «…este desmonte realizado del sistema coincide con
ser la mejor actuación técnica que se haya tenido con respecto a esta infraestructura electromecánica; dado
que los resultados y diagnóstico presentados en el presente informe sobre su estudio y estado, se hubieran
hecho igualmente evidentes si este mismo examen que hoy realizamos de forma especializada y exhaustiva,
se hubiera realizado desde o en el momento que el sistema salió definitivamente de operación en el año 2012».
122 Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 284-287.
123 Ibidem, p. 288-290.

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(iv) Oficio ALC-05952017 del 3 de marzo de 2017, por el cual la Alcaldía de
Manizales informó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las
condiciones críticas del cable aéreo e insistió en la necesidad de dar
solución a este problema124;

(v) Oficio DM-2013 del 22 de mayo de 2017, por el cual la Viceministra de
Turismo informa a la Alcaldía de Manizales que «se están explorando al
interior de las entidades involucradas las mejores alternativas» y que, una
vez adoptada una decisión, se determinará el curso idóneo a seguir entre
las autoridades del orden nacional y territorial125, y

(vi) Oficio No. 12012017 del 3 de mayo de 2017, por el cual la Alcaldía de
Manizales reiteró al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al
Fontur la necesidad de una solución inmediata y urgente referida a la
reposición o desmonte del sistema126.

Por lo expuesto, la Sala no se pronunciará sobre la solicitud planteada por
Infimanizales, encaminada al reembolso de los gastos del desmonte de la
infraestructura electromecánica o a la delimitación de responsabilidades
patrimoniales frente a los condenados. Dicha petición escapa al objeto de la acción
popular [párrafo 4] y no se relaciona con lo resuelto en el fallo de primera instancia,
que ordena el desmonte de la infraestructura eléctrica –obligación de hacer–. Los
desacuerdos sobre el cumplimiento de los convenios interadministrativos vigentes,
así como las responsabilidades de índole legal o contractual, son del resorte de
otros medios de control y exceden la competencia del juez de la acción popular.

Más allá de lo anterior, las órdenes de reasignación de los bienes que integran el
sistema y de socialización de las situaciones que impidieron su operación serán
revocadas. Aunque estas órdenes podrían calificarse como accesorias e
inmediatamente relacionadas con el desmonte, la Sala considera que estas
medidas desbordan el mandato legal de protección a los derechos e intereses
colectivos, constituyendo así una indebida intromisión del juez de la acción popular
en los asuntos de la Administración.

124 Ibidem, p. 41-50.
125 Ibidem, p. 302-303.
126 Ibidem, p. 311-313.

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e intereses colectivos

En primer lugar, no es viable ni conveniente que el eventual comité de verificación
del cumplimiento de las órdenes impartidas tenga la posibilidad de influir en la
distribución de los bienes que otrora integraban el cable aéreo de las estaciones
Camino de la Palma y Ecoparque Los Yarumos. La situación jurídica de esos bienes
está comprendida en los contratos No. 2010-07-050 y M-079 de 2010 [párrafos 18.5
y 18.7], que destinan las obras a Infimanizales y la Alcaldía de Manizales,
respectivamente127, así como el convenio interadministrativo No. 2011-06-097 del
28 de junio de 2011 y los contratos interadministrativos Nos. 2013-11-112 del 7 de
noviembre de 2013 y 2016-04-028 del 1 de abril de 2016, por los cuales se acordó
la entrega por Infimanizales a la Asociación Cable Aéreo de Manizales del sistema
de cable aéreo y sus bienes inmuebles e inmuebles por adhesión y destinación
[párrafo 18.12].

El juez de la acción popular no es el juez de los contratos referidos. Este medio de
control procura la protección de derechos e intereses colectivos, mas no está
previsto para definir la situación jurídica de los bienes y obras pertenecientes al
Estado. La orden de reasignación de los bienes que integraban el sistema de cable
aéreo, impartida por el Tribunal, podría otorgar al comité de verificación de
cumplimiento potestades excesivas frente al margen de discrecionalidad
administrativa y conlleva a una coadministración indebida de los bienes de la
República. Por ende, esta orden será revocada.

En lo atinente a la socialización de las razones de la falla, la Sala advierte que esta
orden podría perseguir fines de satisfacción en el marco de las medidas no
pecuniarias que integran la reparación integral. En efecto, al unificar criterio sobre
las formas de reparación del daño antijurídico, la Sección Tercera definió la
satisfacción como una serie de medidas morales de carácter simbólico y colectivo,
encaminadas a indemnizar perjuicios no materiales, reintegrar la dignidad de las
personas afectadas y lograr la reconstrucción y socialización de la verdad128. El

127 Ello se corrobora en el acta de liquidación final del contrato No. 2010-07-050, en el cual consta el recibido

de la obra por parte de Infimanizales (Samai, índice 2, documento «530_ED_01CUADERNO1201700», p. 337-
339), así como el acta de entrega al Municipio de Manizales e Infimanizales del inventario relacionado con el
contrato M-079 de 2010 (Samai, índice 2, documento «533_ED_02CUADERNO1A2017», p. 357-360).
128 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 32.988 [fundamento jurídico

15.5]. La decisión, a su turno, refiere a: (i) Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas; (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre
de 2007, rad. 29273, y sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 18.436, y (iii) RODRIGUEZ OLMOS, Fernando,
“El derecho a la reparación de las víctimas en los procesos de justicia transicional. Especial referencia al
esquema colombiano a propósito de las sentencias C-180 y C-286 de 2014”, en Revista Visión Jurídica, editorial
Ibáñez, Bogotá, 2014, pp. 110 a 137. Ver también: https://www.unidadvictimas.gov.co/medidas-de-satisfaccion/.

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empleo de estas medidas está reservado a situaciones de extrema gravedad, de
modo que son excepcionales y extraordinarias129.

Aunque la Sala no desconoce el impacto social de las fallas que provocaron la
inoperancia del cable aéreo entre la Estación Camino de la Palma y la Estación
Ecoparque Los Yarumos, en este asunto, no se considera procedente ni adecuado
la adopción de medidas de socialización de la falla.

El juez debe contraerse a evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro y
devolver las cosas a su estado anterior; el carácter indemnizatorio de la acción
popular, excepcionalmente previsto a favor de la entidad pública no culpable que
tenga a su cargo la protección de los derechos colectivos –artículo 34 de la Ley 472
de 1998– no incluye la adopción de estas medidas de carácter no pecuniario.
Sumado a ello, aunque en este caso se acreditó la amenaza del derecho colectivo
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, no se produjo
un daño antijurídico que imponga la adopción de medidas de reparación integral. En
ese sentido, la orden de desmonte impuesta por el Tribunal resulta suficiente para
atender el objeto de la acción popular –artículo 2 de la Ley 472–.

Es así que el acto de socialización dispuesto por el Tribunal comporta un límite a la
discrecionalidad de la Administración en las actuaciones que estime procedentes
frente a la comunidad y podría considerarse un acto de intromisión política para
establecer responsabilidades de cara a la inejecución de la obra, razones suficientes
para infirmar esta medida.

23. Fiducoldex S.A. se opuso a la compulsa de copias ordenada en primera
instancia a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la
República y la Fiscalía General de la Nación. Argumentó que esta actuación se hizo
sin hacer un análisis frente a la caducidad de las respectivas acciones o frente a las
actuaciones ya adelantadas por dichas autoridades.

La Sala no acogerá esta solicitud, por cuanto la compulsa de copias corresponde a
un deber legal del servidor público, consistente en denunciar ante las autoridades
competentes los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las cuales tenga

129 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de febrero de 2026, rad. 71363.

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conocimiento –artículo 67 del Código de Procedimiento Penal y artículo 34 del
entonces Código Disciplinario Único, retomado en el artículo 38 del Código General
Disciplinario–.

Por demás, sin perjuicio del deber de denuncia en cabeza de los servidores
públicos, el juez de la acción popular no tiene a cargo la determinación de
responsabilidades de carácter personal o subjetivo –ni siquiera en el marco de una
eventual afectación a la moralidad administrativa–. Esas decisiones corresponderán
a las autoridades competentes, cuya actuación es independiente y autónoma. En
vista de que la Sala no tiene competencia para pronunciarse sobre la definición de
responsabilidades a nivel particular, se mantendrá la compulsa de copias ordenada
por el Tribunal, a fin de que las autoridades oficiadas provean sobre lo de su cargo.

24. La Sala advierte que, el 15 de marzo y 14 de junio de 2024, Infimanizales y
Fiducoldex S.A. presentaron informes de cumplimiento a lo resuelto 130. En vista de
que lo actuado por las autoridades podría satisfacer el amparo a los derechos
colectivos ordenado en esta acción popular, se condicionará la conformación del
comité de verificación –ordinal sexto de la sentencia de primera instancia– a que el
Tribunal determine si la información obrante en los informes es suficiente para dar
por cumplidas las órdenes judiciales.

25. En síntesis, la Sala (i) revocará el amparo de los derechos colectivos al
patrimonio público y de acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y
oportuna, por cuanto se configuró la carencia actual de objeto; (ii) revocará las
órdenes de reasignar los bienes que integran la obra y la socialización de las fallas
que impidieron su operación, y (iii) condicionará la conformación del comité de
verificación a lo que el Tribunal resuelva frente a los informes de cumplimiento
presentados por Infimanizales y Fiducoldex S.A.; las demás declaraciones y
condenas impuestas se mantendrán incólumes.

Condena en costas

26. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 prescribe que las costas se impondrán bajo
las reglas del procedimiento civil y, de manera específica, dispuso que «sólo podrá

130 Samai del Tribunal, índices 79 y 80.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

condenar el demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe».

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera concentrada
el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
en los términos del artículo 366 del CGP131.

En sentencia de unificación132, la Sala Especial de Decisión No. 27 analizó la
procedencia de las costas procesales en la acción popular, al tenor de las normas
referidas. Se cita textualmente la regla de unificación en cuanto al alcance del
artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización con las disposiciones
concordantes en materia de costas:

«2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de
las agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibídem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de

131 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]».
132 Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia del 6 de agosto de 2019, rad. 15001-33-33-

007-2017-00036-01.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo previsto
en el artículo 366 del Código general del Proceso.

2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas»133.

La Sala no impondrá condena en costas, en atención a que los recursos
prosperaron parcialmente y la sentencia de primera instancia será modificada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el ordinal quinto y MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto
y sexto de la sentencia del 9 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas. En su lugar, se dispone:

«Tercero. DECLÁRANSE responsables de la vulneración o amenaza de los
derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, al Municipio de Manizales e Infimanizales, así como a la empresa
Sistemas de Transporte por Cable-Sistrac S.A., el Consorcio Alianza Turística
integrado por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica – Acodres y
la sociedad L´Alianxa Travel Network Colombia S.A., en calidad de administrador
del otrora Fondo de Promoción Turística.

133 Ibidem.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

REVÓCASE el amparo del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y
DECLÁRASE la carencia actual de objeto por daño consumado del a derecho
colectivo a la prestación de los servicios públicos eficientes y oportunos.

Cuarto. ORDÉNASE al Municipio de Manizales, Infimanizales y Fiducoldex como
administrador de Fontur, con la asesoría y acompañamiento de la Asociación Cable
Aéreo Manizales, desmontar la estructura electromecánica existente en las
estaciones Camino de la Palma y Ecoparque los Yarumos en la ciudad de
Manizales. Para el cumplimiento de esta orden se concede un término de seis (6)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

Vencido el término anterior, las entidades deberán remitir en el lapso de diez (10)
días, un informe al comité de verificación en el que se detallen las actividades
realizadas, el cual a su vez dentro de un periodo igual informará al Tribunal
Administrativo de Caldas mediante escrito con destino a este expediente.

Quinto. REVOCADO.

Sexto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado por el señor
Personero del Municipio de Manizales, quien lo presidirá, convocará e informará, el
señor Agente del Ministerio Público asignado al Despacho del Magistrado Ponente,
el señor Enrique Arbeláez Mutis en calidad de accionante, un representante de
Fiducoldex como administrador de Fontur -antes Fondo de Promoción Turística-, un
representante del Municipio de Manizales, un representante de Infimanizales, un
representante de la Asociación Cable Aéreo Manizales y el Defensor del Pueblo –
Regional Caldas o su delegado. El comité se reunirá e informará al Tribunal
Administrativo de Caldas con expediente, conforme a lo dispuesto en esta
providencia.

La conformación del comité de verificación está sujeta a la verificación de los
informes de cumplimiento del 15 de marzo y 14 de junio de 2024, en tanto el Tribunal
Administrativo de Caldas determine si tales actuaciones atienden lo ordenado en
sede judicial».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00334-01 (68235)
Demandante: Personería Municipal de Manizales y otro
Demandado Nación-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y otros
Asunto: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

62

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