Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00389-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
16 de agosto de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA – Ampara / OBLIGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO PENSIONAL - A cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL DE SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN - Al ser la accionante una persona de la tercera edad
[Corresponde a la Sala] determinar si: ¿las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la [accionante], en tanto se niegan en reconocerle la pensión de jubilación pretendida, al no existir claridad en quien de asumir el pago y reconocimiento de su bono pensional? (…) [Si] bien en principio podría afirmarse que la accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, para que sea allí donde se defina en quien recae la obligación de responder por la cuota parte del bono pensional pretendido, la Sala no desconoce que agotar el respetivo mecanismo judicial si bien resulta eficiente frente a la controversia planteada, no resulta eficaz frente a los derechos de la [actora], pues ello conllevaría un tiempo prolongado que generaría un menoscabo de su derecho fundamental no solo a la seguridad social, sino a la vida digna, salud y a su mínimo vital, toda vez que de lo allí resuelto, dependerá el reconocimiento o no de la pensión de vejez que pretende. (…) De acuerdo con lo expuesto, es claro que la carga de resolver los impases administrativos a los que se ha visto expuesto el reconocimiento del bono pensional en favor de la [actora], recaen única y exclusivamente en las entidades involucradas, esto es, entre el departamento de Caldas y la ESE Hospital departamental Santa Sofía de Caldas, situación que debe no debe afectar sus derechos fundamentales, pues se recuerda que se trata de una persona de 64 años de edad, cuyo estado de salud se ha deteriorado, tal como lo demuestra su historia clínica y, sumado a ello, no se puede desconocer que ya cumple con los requisitos para acceder a una pensión de vejez, lo cual no ha sido posible dado que el capital acumulado en PORVENIR SA (Régimen de Ahorro Individual con prestación definida), no alcanza para acceder a dicho reconocimiento por lo cual, la emisión del bono pensional pretendido resulta indispensable para ello. Dicho ello, al no existir duda acerca de la procedencia de la expedición del bono pensional, ni respecto de la cuota parte que le corresponde al Ministerio accionado, sino solo a quien tiene la obligación frente al saldo a cargo de las entidades territoriales en contradicción, la Sala encuentra posible emitir una solución a la problemática padecida por la accionante, que conlleve a obtener una respuesta concreta frente a su petición de reconocimiento de una pensión de vejez en su favor. (…) Razón por la cual, en amparo del derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, de la [accionante], se ordenará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adelante las gestiones tendientes a reconocer, liquidar, emitir y redimir el bono pensional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00389-01(AC)
Actor: ALBA MERY LÓPEZ IGLESIAS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la señora Alba Mery López Iglesias, en nombre propio, contra la sentencia de 22 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que rechazó por improcedente la acción de tutela dentro del asunto de la referencia, con ocasión de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional por ella elevada.
EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Relató la actora que nació el 17 de mayo de 1953, por lo que actualmente cuenta con 64 años de edad y reúne los requisitos para pensionarse, consecuencia de ello ha solicitado en diferentes ocasiones ante la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada específicamente a la AFP Porvenir Pensiones y Cesantías, realizar los trámites para obtener el bono pensional correspondiente al tiempo laborado en el Hospital Departamental de Santa Sofía, esto es del 9 de abril de 1980 al 1°. de junio de 1983, así como el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la cual asegura tiene derecho.
Indicó que la AFP PORVENIR se ha negado a recibir su solicitud de reconocimiento y pago de pensión de vejez, por cuanto requiere, previo a ello, el pago del bono pensional, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual hasta la fecha no ha sido cancelado.
Señaló que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados por las entidades accionadas, por lo que considera que cuenta con los requisitos para pensionarse, tales como la edad y tiempo cotizado, agregó que si bien es necesario el pago del bono pensional del tiempo laborado en el Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas y que el fondo de pensiones Porvenir es por capital ahorrado, con el monto que a la fecha tiene almacenado, la AFP PORVENIR puede liquidar su mesada pensional.
Pretensión
Como consecuencia de lo anterior, solicitó:
“1.- Tutelar sus derechos fundamentales invocados y en su lugar:
2.- Ordenar a PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la cual tengo derecho por reunir los requisitos, mientras adelanta todas las gestiones tendientes a obtener el pago del bono pensional por el tiempo laborado en el Hospital Santa Sofía entre el 9 de abril de 1980 al 1° de junio de 1983.
3.- Ordenar a PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS, recibirme la documentación de solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y estudiar mi solicitud con los requisitos que tengo en la actualidad, mientras adelanta todas las gestiones tendientes a obtener el pago del bono pensional por el tiempo laborado en el Hospital Santa Sofía entre el 9 de abril de 1980 y 1° de junio de 1983.
4.- Ordenar a PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS, realizar en el menor tiempo posible todas las gestiones tendientes a obtener el pago del bono pensional por el tiempo laborado en el Hospital Santa Sofía entre el 9 de abril de 1980 y 1° de junio de 1983.
5.- Ordenar a quien corresponda HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA y/o DEPARTAMENTO DE CALDAS, reconocer y pagar el bono pensional por el tiempo laborado en el Hospital de Santa Sofía entre el 9 de abril de 1980 y 1° de junio de 1983.
6.- Ordenar a PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS, que cuando obtenga el pago del bono pensional por el tiempo laborado en el Hospital de Santa Sofía entre el 9 de abril de 1980 y 1° de junio de 1983, proceda a liquidar mi mesada pensional de Vejez.
7.- Ordenar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, que una vez reconocido y pagado por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA y/o DEPARTAMENTO DE CALDAS, el tiempo laborado en el Hospital de Santa Sofía entre el 9 de abril de 1980 y 1° de junio de 1983, proceda en el menor tiempo posible a expedir y cancelar el bono pensional a PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS”.
ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto de 5 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Caldas, admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que ordenó la notificación a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Porvenir Pensiones y Cesantías, al Departamento de Caldas, y al Hospital Departamental de Santa Sofía, en calidad de demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
Departamento de Caldas.
La profesional especializada Grado 3° de la unidad de prestaciones sociales de la Gobernación de Caldas, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en el que manifestó que para efectos del reconocimiento y pago de bonos pensionales se estableció que era necesario que cada institución hospitalaria enviará a la dirección seccional de salud o a la dirección distrital relación completa del personal activo, pensionado o retirado que no tuviera totalmente garantizado el pago del pasivo prestacional, con el fin de que fueran ingresados como beneficiarios.
Informó que una vez cumplido el procedimiento anterior, mediante Resolución 02937 de 20 de noviembre de 2000, el Ministerio de Salud y Protección Social, reconoció la calidad de beneficiarios a quienes fueron reportados por sus empleadores en el contrato de concurrencia, del fondo de pasivos prestacional del sector salud del departamento de Caldas, causado a 31 de diciembre de 1993, es decir, aquellos que no fueron reconocidos como beneficiarios por la Nación deberán ser asumidos por la entidad hospitalaria, hasta tanto no se suscriba un nuevo contrato de concurrencia.
Indicó que dentro del presente asunto la entidad hospitalaria no reportó a la Sra. López Iglesias como personal retirado, por tal razón aquella debe asumir la obligación de cancelar su prestación económica, hasta tanto se suscriba un nuevo convenio que lo incluya y pueda exigir el reintegro.
Igualmente señaló que no le asiste razón a la AFP Porvenir al afirmar que el reconocimiento de la pensión de la señora Alba Mery López Iglesias, no se ha realizado por problemas entre la Gobernación de Caldas y el Hospital Santa Sofía de Caldas, cuando ha quedado demostrado que no existe ningún documento oficial que implique que esta entidad es la responsable por el pago de la prestación, toda vez que fue una negligencia y omisión del empleador al no reportar, en su momento, al personal activo, pensionado o retirado que no tuviera totalmente garantizado el pago del pasivo prestacional.
Por ultimo solicitó denegar las pretensiones de la accionante respecto de la Gobernación, en tanto ésta no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El jefe de oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, manifestó que el presente asunto resulta improcedente, ya que por medio de este medio la accionante pretende obtener el reconocimiento, emisión y pago de un bono pensional tipo A modalidad 2, derecho que como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser objeto de estudio a través de este mecanismo constitucional
Así mismo explicó que existe una discrepancia entre el Departamento de Caldas y la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, consistente en establecer quién es el responsable en reconocer, emitir y pagar la cuota parte del bono pensional de la Sra. Alba Mery López Iglesias, por esta razón la AFP Porvenir debe previamente solicitar una nueva emisión y pago del beneficio en comento, establecer claramente cuál es la entidad responsable de asumir dicha obligación, para así continuar con el trámite de liquidación y redención del mismo. Por lo tanto, la OBP consideró que la presente acción de tutela propende porque se ordene pretermitir el procedimiento administrativo de verificación, certificación y confirmación de la historia laboral de la beneficiaria del bono.
Aclaró que si bien es cierto la AFP Porvenir en fecha 21 de agosto de 2015, ingreso vía magnético al sistema interactivo que alimenta la base de datos de la Oficina de Bonos Pensionales, solicitud para liquidar el bono en favor de la señora Alba Mery López Iglesias, a cargo de la nación, la misma no pudo ser tramitada favorablemente por dicha oficina, con ocasión de la objeción realizada por el Departamento de Caldas, en la cual indicó que la accionante no se encuentra en el listado de beneficiarios del contrato de concurrencia del ente departamental con la E.S.E Hospital Santa Sofía de Caldas.
Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.
El Gerente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en el que manifestó que a su juicio existe un clara ausencia de responsabilidad en cabeza de esta E.S.E., para efectos de ser llamados a responder financieramente por el pago de bonos y/o cuotas partes pensionales que se pretende cobrar.
Igualmente alegó que los pasivos de los Hospitales del departamento de Caldas, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 e inclusive, antes de su transformación en E.S.E, estarían a cargo de la concurrencia entre la Nación y las Entidades Territoriales, de ninguna manera a cargo de los hospitales públicos, y menos de las nuevas entidades o de las entidades posteriormente transformadas en E.S.E.
AFP Porvenir.
La directora de litigios de la AFP Porvenir, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, manifestó que a la fecha la accionante no reúne los requisitos para acceder a una pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es decir no cuenta con un capital que le permita obtener una mesada pensional por lo menos de un 110% del salario mínimo legal.
Por otro lado, informó que la actora acredita un número mínimo de 1.150 semanas y la edad requerida para acceder al beneficio de la garantía estatal de pensión mínima de vejez, por lo tanto la accionante podría tener derecho a ello, no sin previa emisión y pago del bono pensional por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Indicó que de acuerdo a lo anterior ha realizado las gestiones para obtener la emisión del referido bono pensional, sin embargo el empleador, la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, certificó que quien asumía el pago del bono era el departamento de Caldas por existir un contrato de concurrencias entre las entidades.
Señaló que una vez obtenida la información anterior, solicitó ante el departamento de Caldas la emisión del bono del que es beneficiaria la accionante, no obstante, dicho ente departamental objetó su participación en el proceso de expedición del mismo, informando que revisado los archivos no existe vinculación laboral entre este y la señora Alba López Iglesias.
Por ultimo alegó que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no acepta la solicitud de la garantía mínimo de pensión de vejez hasta tanto el bono pensional se encuentre emitido y pagado.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 22 de junio de 2017, rechazó por improcedente la acción de tutela bajo los siguientes argumentos:
“(…) En el presente caso, refiere la accionante la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales a raíz de la falta de reconocimiento y pago de su pensión de vejez, además de la no emisión y pago de un bono pensional correspondiente al tiempo laborado en el hospital departamental de Santa Sofía.
En el sub examine, evidencia la Sala de Decisión que la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el título III de la ley 1437 de 2011, pues el ámbito de pretensiones formuladas en este trámite de tutela se circunscribe a reconocimiento y pago de una pensión de vejez, que ha sido negada en principio por la falta de emisión y pago de un bono pensional y luego por no cumplir con el monto de capital requerido para pensionarse por el régimen de ahorro individual con solidaridad, lo anterior reconocido en una acto administrativo, mismo que constituye la manifestación de voluntad de la administración, lo que permite acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en virtud de los dispuesto en el artículo 138 de dicha obra, y ante este panorama la tutela se torna improcedente.
(…)
Advierte entonces este Juez Plural que en el sub examine no se acreditó la existencia de un menoscabo con las características que se han identificados por vía jurisprudencial, y si bien es cierto el recurso judicial de la tutela se encuentra regido por el principio de informalidad en virtud del cual no se precisan grandes esfuerzos teóricos, formales o jurídicos para definir la vulneración cuya conjuración se pide ante el juez constitucional, no quiere significar lo anterior que el operador deba suponerlas o que nula carga se exija al accionante en aras de poner de presente esta situación.
(…)
Por manera, no existe dentro del plenario elemento alguno de juicio que avale la procedencia de la acción de constitucional incoada, puesto que (i) la demandante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como herramienta judicial idónea de defensa de sus derechos laborales; (ii) tampoco se acreditó ni se avizora la existencia de un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales de la demandante, razones suficientes que lleven a la Sala de Decisión a declarar la improcedencia del medio de amparo (…)”
LA IMPUGNACIÓN
La señora Alba Mery López Iglesias, impugnó el fallo de 22 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, expresando lo siguiente:
Manifestó que no es de recibo la decisión del Tribunal, al indicar que no se vislumbra la vulneración de sus derechos fundamentales, pese a haber radicado en varias oportunidades documentación ante Porvenir Pensiones y Cesantías, con el fin de que le reconozca y pague la pensión de vejez a que tiene derecho, al considerar que reúne en la actualidad los requisitos para pensionarse, sin obtener respuesta clara, concreta y coherente a lo solicitado trasladando la responsabilidad a otras entidades.
Aseguró que su derecho fundamental a la seguridad social ha sido afectado, puesto que todas las entidades accionadas manifestaron no ser las responsables de emitir y pagar el bono pensional del tiempo laborado en el Hospital Departamental de Santa Sofia de Caldas.
Señaló que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la edad que tiene actualmente, como tampoco su estado de salud, pues actualmente padece de osteoporosis y pérdida de un oído, lo que le dificulta desarrollar la actividad laboral que siempre ha ejercido.
CONSIDERACIONES
Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta providencia se tratarán los siguientes aspectos: competencia, problema jurídico, procedencia de la acción de tutela, normatividad de los bonos pensionales y, solución al caso concreto.
Competencia:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 22 de junio de 2017.
Problema Jurídico.
Consiste en determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para determinar cuál de los entes accionados es el encargado de reconocer y pagar el bono pensional pretendido por la señora Alba Mery López Iglesias?
De ser superado el anterior derrotero, determinar si: ¿ las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la señora Alba Mery López Iglesias, en tanto se niegan en reconocerle la pensión de jubilación pretendida, al no existir claridad en quien de asumir el pago y reconocimiento de su bono pensional?
De la procedencia de la tutela.
El artículo 86 constitucional señala que: « […] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:
« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. […]»
Como se observa, la acción de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
Lo anterior, no quiere decir que el juez constitucional al momento de decidir acerca de la procedencia de la tutela, se limite a determinar la existencia o no de otros mecanismos de defensa judicial frente a la situación planteada, sino que debe establecer las necesidades y circunstancias propias de cada caso, pues no se debe olvidar que la acción de tutela puede interponerse como mecanismo definitivo o transitorio.
Cuando se trata de acciones de tutela encaminadas a obtener la emisión de bonos pensionales, la Corte Constitucional ha aceptado su procedencia de manera excepcional, pues no se puede desconocer que la dilación en la emisión del bono pensional impide que el interesado acceda al reconocimiento de la pensión de jubilación, lo cual conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, en conexidad con los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana. Más exactamente dijo la Alta Corporación:
«[…] que en aquellos casos en los que la liquidación y remisión de bonos pensionales constituye fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de jubilación, procede excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien cumpliendo con los requisitos de ley para obtenerla, queda sometido a una prolongada e indefinida espera con ocasión del trámite para la expedición del bono pensional.».
Sin perjuicio de lo anterior, la misma Corporación advirtió que la acción de tutela no puede ser el mecanismo idóneo, para obtener la expedición o pago del bono pensional, cuando se ejerce para omitir el trámite administrativo correspondiente, o cuando se solicita la protección del derecho de petición, sin que el accionante hubiere presentado una solicitud a la entidad encargada de emitir el bono pensional.
En pronunciamiento más reciente, la Corte Construccional consideró:
«[…] En resumen, la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo para el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional, tratándose de personas de la tercera edad o que se encuentran afectadas por otras situaciones como su condición económica o su deterioro físico o mental permiten un trato diferenciado y preferente, siempre que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales. El juez constitucional deberá evaluar las circunstancias de cada caso en particular y determinar si procede el amparo constitucional como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, o si someter al actor a la espera de un proceso judicial puede ser aún más lesivo y vulnera sus derechos fundamentales, los que no pueden ser efectivamente protegidos a través de los mecanismos ordinarios.
Ahora bien, entre afiliados, beneficiarios y las administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, pueden presentarse controversias o trámites que si bien no pretenden el reconocimiento de una prestación económica, resultan vitales para el afiliado y las entidades que comparten la información sobre cotizaciones, capital acumulado, el trámite de bonos pensionales, reservas actuariales, y cuotas partes, que tienen como finalidad la construcción de la historia laboral, documento esencial que sirve de base para el reconocimiento de la pensión, la indemnización sustitutiva, o la devolución de saldos. Estos conflictos entre afiliados o beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son competencia de la jurisdicción del trabajo, razón por la cual, en principio, la acción de tutela resulta improcedente en estos casos.
No obstante lo anterior, la Corte, por ejemplo, en los eventos en los cuales se discute la liquidación o la emisión de un bono pensional, ha señalado que siempre que este trámite constituya un elemento fundamental para que se consolide el derecho a la pensión de vejez o jubilación, y, en consecuencia, un medio para preservar el mínimo vital, la tutela resulta procedente. Para estos casos, el precedente de la Corporación ha desarrollado los criterios de procedencia para el reconocimiento y pago de pensiones a través de acciones de tutela cuando media la exigencia de un bono pensional, señalando:
“(i) La omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, cuando se trata de personas de la tercera edad cuyo sustento depende del reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación. (ii) Los trámites administrativos que dilaten de manera injustificada la decisión de fondo sobre el derecho a la pensión de jubilación, constituyen una vía de hecho que puede dar lugar a sanciones disciplinarias de los funcionarios involucrados. Por último (iii) la tutela no debe ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional cuando se la utiliza para pretermitir el trámite administrativo correspondiente o cuando se solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante hubiera presentado una solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el bono.”
La conclusión a la que se llega es que resulta procedente la acción de tutela frente a las controversias o trámites que resultan fundamentales para el reconocimiento de prestaciones definitivas como la pensión de vejez, la devolución de saldos, o la indemnización sustitutiva, que en consecuencia, vulneran derechos fundamentales en conexidad con el mínimo vital, petición, debido proceso y seguridad social, siempre que del análisis del caso en concreto se demuestren circunstancias especiales respecto de la persona que reclama el amparo, ya sea por su condición económica, física, mental, o porque se trata de un sujeto de especial protección.»
Dicho lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela impetrada por la señora Alba Mery López Iglesias se torna procedente, toda vez que la no expedición de su bono pensional, es con ocasión de la objeción presentada por el departamento de Caldas, para asumir el pago del bono pensional de la referida señora; lo cual, tiene incidencia directa en su no reconocimiento pensional, toda vez que pese a que hoy cuenta con la edad y tiempo de semanas requeridas, no tiene el capital suficiente para ello, al ser beneficiaria del Régimen de Ahorro Individual; razón por la cual se revocará la decisión del a quo.
Del derecho fundamental a la seguridad social.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio; y, a su turno, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes.
También se considera oportuno resaltar que la consagración del Estado como social y de derecho, en el artículo 1.º de la Carta Fundamental, no es una mera fórmula utilizada por el Constituyente de 1991, sino una forma de organización política garantista de una concepción trascendente de ser humano: dotado de dignidad y titular de un mínimo de condiciones de subsistencia que le permitan el ejercicio, a su turno, de los demás bienes jurídicos amparados por la misma Constitución Política y por las normas que, en general, integran nuestro ordenamiento.
La concepción de un ser humano integral, entonces, ha permitido revaluar la justiciabilidad de los derechos constitucionales, pues, sin sujeción estricta a la clásica división entre derechos con poco y aquellos con amplio contenido prestacional, se ha considerado que hay situaciones especiales susceptibles de amparo e intervención a través de la vía de tutela con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la vida en condiciones, se reitera, de dignidad.
Así, respecto a la fundamentalidad y la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho a la seguridad social, la Corte Constitucional ha sostenido:
«[…] La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.
8.-La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.
[…]
14.- Con todo, la jurisprudencia de la Corte ha establecido, de acuerdo con el principio en mención, que la pretensión de amparo del derecho a la seguridad social por vía de tutela resulta admisible a condición de satisfacer los requisitos de procedibilidad de la acción. Así las cosas, en este tipo de pretensiones es menester que se acredite el cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) en primer lugar, es necesario que la controversia planteada suponga un problema de relevancia constitucional, conclusión a la que arriba el juez de tutela no sólo a partir del análisis del conjunto de condiciones objetivas en las que se encuentre el accionante, sino al adelantar un examen de la cuestión a partir de un prisma constitucional, el cual le permite inferir la necesidad de realizar un pronunciamiento para efectos de garantizar la aplicación de los principios superiores en el caso concreto. (ii) En segundo término, es preciso que el problema constitucional planteado aparezca probado de manera tal que la verificación de la vulneración del derecho fundamental no requiera un esfuerzo probatorio que desborde las facultades y competencias del juez de amparo. (iii) Para terminar, es necesario demostrar que el mecanismo judicial ordinario dispuesto por el ordenamiento resulta insuficiente para proteger, en el caso concreto, la garantía a la seguridad social como instrumento de materialización de la dignidad humana. […]».
Normatividad aplicable a los bonos pensionales - Responsabilidad del pasivo pensional causado con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 del personal del sector de la salud que no cuenta con acuerdo de concurrencia.
De conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales “constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones”. Fueron contemplados por el legislador como una herramienta para solucionar los inconvenientes presentados con el traslado de aportes, ahorros y capitales entre los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, de manera que permiten utilizar los aportes para pensión que un afiliado haya realizado a una Administradora del Régimen de prima media con solidaridad, como el Instituto de Seguros Sociales, cajas o fondos del sector público.
La Ley 60 de 1993 en su artículo 33 creó el extinto Fondo Nacional de Salud, el cual tenía como objetivo garantizar el pago del pasivo prestacional de servidores del dicho sector, por conceptos de cesantías, reservas de pensiones y pensiones de jubilación, causados hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993.
Así mismo el numeral 3 del artículo 33 Ibídem, dispuso que: “La responsabilidad financiera para el pago del pasivo prestacional de los servidores de las entidades o dependencias identificadas en el numeral 2, reconocidas en los términos de la presente ley, se establecerá mediante un reglamento expedido por el Gobierno Nacional que defina la forma en que deberán concurrir la Nación y las entidades territoriales, para cuyo efecto se tendrá en cuenta la proporción en que han concurrido los diversos niveles administrativos a la financiación de las entidades y dependencias del sector salud de que trata el presente artículo, la condición financiera de los distintos niveles territoriales y la naturaleza jurídica de las entidades”.
Por su parte, la Ley 100 de 1993 en su artículo 242, introduce algunas precisiones al referirse a dicho Fondo Prestacional, como el hecho que éste cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993. Sin embargo, el mismo articulado señaló que las entidades del sector salud deberían seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas y se establezca la concurrencia de cada entidad territorial; es decir, hasta tanto no se celebren los contratos de concurrencia entre las entidades territoriales y el fondo.
Posteriormente, se expidió el Decreto 530 de 1994, por medio del cual reglamentó los artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993. Este decreto facultó al Ministerio de Salud para llevar a cabo la certificación de los beneficiarios del Fondo, con base en la información que le fuera entregada por las entidades de salud y una vez se determinará el grupo de beneficiarios, debían definirse las responsabilidades financieras de la Nación y los entes territoriales con el fin de suscribir los correspondientes contratos de concurrencia.
Seguidamente, la Ley 715 de 2001, suprimió el Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud y determinó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es la entidad responsable para el pago del porcentaje de las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias de dicho fondo, conforme a los convenios de concurrencia correspondientes. Igualmente facultó al ente Ministerial para continuar con la ejecución de los contratos que fueron suscritos por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la presente Ley y para la suscripción de los nuevos convenios.
La mencionada Ley, fue reglamentada mediante Decreto 306 de 2004 (el cual derogó el citado Decreto 530 de 1994 a través de su artículo 13), en el que se dispuso que el pasivo prestacional causado a 31 de diciembre 1993 estaría constituido por: cesantías, pensiones, reserva pensional de activos y reserva pensional de retirados; por tanto, incluyó una reserva pensional para las personas retiradas antes del 31 de diciembre de 1993 y que según el literal d) estaría definida como “las reservas requeridas para el pago de bonos o las cuotas partes de bonos de los servidores públicos que prestaron sus servicios en las instituciones hospitalarias beneficiarias y se encontraban retirados a dicha fecha”. No obstante, sujetó la existencia de dicha reserva a la celebración de los respectivos acuerdos de concurrencia los cuales incluían como partes del mismo a la Nación, las entidades territoriales y las entidades del sector salud.
No obstante la sección segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de octubre de 2010, decretó la nulidad parcial de la expresión " y las instituciones hospitalarias concurrentes" contenida en el literal d) artículo 3º, en los incisos 3º y 4º del numeral 1 del artículo 7º y en los artículos 10º y 11º del Decreto 306 de 2.004, al considerar que el ejecutivo había excedido el ejercicio de la potestad reglamentaria, al pretender que, en la financiación del pasivo pensional contribuyeran las instituciones hospitalarias, cuando en virtud de la Ley 715 de 2001, solo deberían hacerlo, la Nación y los entes territoriales.
Por esta razón, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado, el Gobierno expidió el Decreto 700 de 2013, con el cual determinó que la concurrencia del pago del pasivo de las personas reconocidas como beneficiarias del Fondo Prestacional del Sector Salud, sería asumida únicamente entre la Nación y las entidades territoriales, excluyendo expresamente a las entidades del sector salud.
Solución al Caso Concreto.
La señora Alba Mery López Iglesias acude a la acción de tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago del bono pensional, respecto del cual asegura tiene derecho, con ocasión del tiempo laborado en el Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas (09/04/1980 al 01/06/1983), en tanto este resulta necesario para que le sea reconocida la pensión de vejez pretendida.
De manera subsidiaria, solicita se ordene a Porvenir SAS, que mientras se soluciona lo pertinente al reconocimiento y pago del ya mencionado bono pensional, le reconozca y pague una pensión de vejez teniendo en cuenta los requisitos de tiempo y edad que hoy acredita; sin perjuicio de pretender, posteriormente, la reliquidación a que haya lugar.
Para mayor claridad, la Sala realiza un recuento de la información acreditada al expediente, de conformidad con el material probatorio aportado, así:
La actora nació el 17 de mayo de 1953 en la ciudad de Manizales y, actualmente cuenta con 64 años de edad, tal como consta en la copia de su cédula de ciudadanía.
La accionante laboró para el Hospital departamental Santa Sofía de Caldas, hoy ESE, del 4 de abril de 1980 al 01 de junio de 1983, según Formato 1, certificado de información laboral de periodos de vinculación para pensiones y bonos pensionales, de 26 de abril de 2017, expedida por dicha entidad, en la que ocupó el cargo de empleada de cocina. Asimismo, se adjunta certificado de salarios mes a mes, Formato 3B.
La accionante, actuando a través de apoderada judicial, el 6 de septiembre de 2016, presentó derecho de petición ante la AFP PORVENIR, insistiendo en la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que asegura tiene derecho, radicada bajo el No 0205670005404100 el 28 de marzo de 2016.
• Con oficio 0200001127286300 de 14 de enero de 2016, la coordinación de bonos pensionales de PORVENIR SA, requirió al grupo de pasivo prestacional del sector salud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de verificar la situación de la señora Alba Mery López Iglesias, respecto del contrato de concurrencia, para así establecer quién es el responsable del reconocimiento y pago del bono pensional en su favor.
En respuesta de la anterior solicitud, la AFP PORVENIR, mediante oficio 4107412007508300 de 4 de febrero de 2016, informó:
«[…] Esta Administradora ha venido adelantando el trámite correspondiente a la conformación de su historia laboral y por consiguiente a la liquidación de su bono pensional, por lo tanto, es válido mencionar que el avance del bono pensional depende de la Entidades que hacen parte del mismo y en su caso está conformado por Entidades del Sector Público.
Por lo anterior, el pasado 14 de enero del 2016 fue enviado al Grupo Pasivo Prestacional del Sector Salud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público comunicado con radicado de salida 0200001127286300, realizando la consulta del contrato de concurrencia para la E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas con el Departamento de Caldas, con el fin de establecer quien es el responsable del reconocimiento y pago de su bono pensional a su favor […]»
• Mediante oficio 2-2016-005992 de 22 de febrero de 2016, la subdirectora de la dirección de regulación económica de la seguridad social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informó a PORVENIR SA que:
«[…], es preciso resaltar que revisada la documentación que contiene la información del pasivo prestacional de las entidades del sector salud del Departamento de Caldas, se pudo establecer que a señora ALBA MERY LÓPEZ IGLESIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.312.496, no quedó inscrita en calidad de beneficiario por parte del Hospital Santa Sofía de Caldas, en la certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.
[…] Con base en lo dicho, se concluye que con los recursos de los contratos de concurrencia no es posible financiar los pasivos de aquellas personas que no quedaron inscritos como beneficiarios del extinto Fondo de Pasivo Prestacional del Sector Salud, por lo cual el pasivo causado por la señora ALBA MERY LÓPEZ IGLESIAS, debe ser financiado en su totalidad con recursos propios del Hospital Santa Sofía de Caldas, en su condición de entidad empleadora […]»
Posteriormente, con oficio 0200001136950800 de 26 de septiembre de 2016, la entidad le señaló a la parte actora que:
«[…] El trámite del bono pensional del caso en particular, se ha dilatado en virtud a que en el proceso de emisión ante la Oficina de Bonos Pensionales OBP adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el empleador Departamento de Caldas objetó la solicitud de reconocimiento y pago, razón por la cual es necesario confirmar certificación laboral, y remitir oficio reintegrando solicitud a que haya lugar. […]»
El departamento de Caldas, señaló que no le asiste razón a la AFP Porvenir al afirmar que el reconocimiento de la pensión de la señora Alba Mery López Iglesias, no se ha realizado por problemas entre el ente departamental y el Hospital Santa Sofía de Caldas, cuando ha quedado demostrado que no existe ningún documento oficial que implique que esa entidad es la responsable por el pago de la prestación, toda vez que fue una negligencia y omisión del empleador al no reportar en su momento al personal activo, pensionado o retirado que no tuviera totalmente garantizado el pago del pasivo prestacional.
El Hospital Santa Sofia E.S.E, al respeto manifestó que a su juicio existe un clara ausencia de responsabilidad en cabeza de la E.S.E., pues los pasivos de los hospitales del departamento de Caldas, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 e inclusive, antes de su transformación en E.S.E, estarían a cargo de la concurrencia entre la Nación y las Entidades Territoriales.
El a quo declaró improcedente la acción de tutela, porque, a su juicio, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la actora cuenta con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar la pensión de vejez a la que considera tener derecho, y además, no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
De conformidad con todos los supuestos fácticos anteriormente señalados, la Sala concluye que PORVENIR SA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que a la fecha no han reconocido y pagado en favor de la señora Alba Mery López Iglesias el bono pensional por ella pretendido, si han adelantado los trámites administrativos pertinentes; cosa distinta es, que hay discusión acerca de quien tiene la obligación de responder por los tiempos laborados por ella al servicio del Hospital departamental Santa Sofía de Caldas, es decir, si el departamento de Caldas o si el hospital en calidad de nominador.
Al respecto, si bien en principio podría afirmarse que la accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, para que sea allí donde se defina en quien recae la obligación de responder por la cuota parte del bono pensional pretendido, la Sala no desconoce que agotar el respetivo mecanismo judicial si bien resulta eficiente frente a la controversia planteada, no resulta eficaz frente a los derechos de la señora López Iglesias, pues ello conllevaría un tiempo prolongado que generaría un menoscabo de su derecho fundamental no solo a la seguridad social, sino a la vida digna, salud y a su mínimo vital, toda vez que de lo allí resuelto, dependerá el reconocimiento o no de la pensión de vejez que pretende.
Pues se insiste, la problemática presentada nada tiene que ver con el tiempo cuyo bono pensional se pretende, pues está debidamente certificado y acreditado por la ESE Hospital departamental de Santa Sofía de Caldas, que la señora Alba Mery López Iglesias, laboró para dicha institución médica como empleada de cocina, durante el tiempo comprendido entre el 09/04/1980 al 01/06/1983.
Es decir, el definir en quien recae la obligación de responder por la cuota parte del bono pensional pretendido por la actora, es una problemática de origen netamente administrativo, cuyos efectos la interesada no tiene la obligación de soportar, pues de acuerdo con el decir de las accionadas, la disputa está en que, según el dicho del departamento de Caldas, en su momento, la institución hospitalaria no reportó el nombre de la accionante con ocasión del contrato de concurrencia celebrado, y por su parte, la ESE, asegura que precisamente con ocasión de dicho contrato, el ente departamental debe responder por la carga prestacional en discusión.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
«[…] una vez la persona cumple los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico para acceder a una pensión, le son inoponibles las diferentes disputas que se pudieren presentar entre las entidades potencialmente obligadas a garantizar su derecho prestacional. En estos eventos, procede la acción de tutela para amparar sus derechos fundamentales y remover los obstáculos que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad social en su faceta pensional, ordenando el pago de la prestación a la entidad que se presente, en principio, como la principal obligada, y facultándola para que dentro de un término razonable acuda a la respectiva jurisdicción especializada a discutir su responsabilidad.»
De acuerdo con lo expuesto, es claro que la carga de resolver los impases administrativos a los que se ha visto expuesto el reconocimiento del bono pensional en favor de la señora Alba Mery López Iglesias, recaen única y exclusivamente en las entidades involucradas, esto es, entre el departamento de Caldas y la ESE Hospital departamental Santa Sofía de Caldas, situación que debe no debe afectar sus derechos fundamentales, pues se recuerda que se trata de una persona de 64 años de edad, cuyo estado de salud se ha deteriorado, tal como lo demuestra su historia clínica y, sumado a ello, no se puede desconocer que ya cumple con los requisitos para acceder a una pensión de vejez, lo cual no ha sido posible dado que el capital acumulado en PORVENIR SA (Régimen de Ahorro Individual con prestación definida), no alcanza para acceder a dicho reconocimiento por lo cual, la emisión del bono pensional pretendido resulta indispensable para ello.
Dicho ello, al no existir duda acerca de la procedencia de la expedición del bono pensional, ni respecto de la cuota parte que le corresponde al Ministerio accionado, sino solo a quien tiene la obligación frente al saldo a cargo de las entidades territoriales en contradicción, la Sala encuentra posible emitir una solución a la problemática padecida por la accionante, que conlleve a obtener una respuesta concreta frente a su petición de reconocimiento de una pensión de vejez en su favor.
En cuanto e procedimiento para la liquidación, expedición, emisión y redención de bonos pensionales, la Corte Constitucional en sentencia T-056 de 2017, señaló:
«[…] Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema. Doctrinalmente han sido definidos como “un valor a favor de un afiliado que se traslada a uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones, el cual representa la deuda pensional causada desde el momento en que el afiliado inició su vida laboral hasta la fecha efectiva del traslado, en razón de las vinculaciones laborales, legales o reglamentarias que tuvo con las diferentes entidades de previsión que asumen el pago de la obligación”.
Los bonos pensionales se pueden clasificar en: 1) de acuerdo con su emisor, 2) dependiendo del régimen al cual se traslada el afiliado: bono tipo A, es el bono que le corresponde a quien se traslada del régimen de pensiones de prestación definida al régimen de ahorro individual. El bono tipo B es cuando el traslado ocurre del régimen de ahorro individual al régimen con prestación definida y 3) los bonos especiales tipo E y C.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio la agenciada se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, la Sala estudiará los bonos pensionales tipo A, que a su vez, presentan dos modalidades: Modalidad 1, que corresponde a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992, y la Modalidad 2, que se refiere a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1º de julio de 1992. Los bonos pensionales tipo A, serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de la selección o traslado al régimen de ahorro individual, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a 5 años. Cuando el tiempo en la última entidad pagadora de pensiones sea inferior a 5 años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicios.
Por otra parte, el procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A presupone el agotamiento de las siguientes etapas: (i) conformación de la historia laboral del afiliado; (ii) solicitud y realización de la liquidación provisional; (iii) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; (iv) emisión; (v) expedición; (vi) redención y (vii) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:
(i) Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.
(ii) Conformada la historia laboral, la Administradora de Fondos de Pensiones, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.
(iii) Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9ª del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.
(iv) Realizada la liquidación provisional, la AFP debe dar a conocer la liquidación provisional al afiliado para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.
(v) Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.
(vi) La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.
(vii) Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.»
En un caso con supuestos fácticos y jurídicos similares, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de tutela de 20 de febrero de 2011, consideró:
«[…] Finalmente, en relación con el tercer argumento del impugnante, concerniente con el trámite que se debe seguir para el pago del bono pensional, en el cual participan otras entidades, como son la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías y el Departamento de Caldas, ha de señalarse que aun cuando el reconocimiento y pago de prestaciones pensionales exceda, per se, los límites propios de la acción de tutela, al tratarse de asuntos propios de la esfera ordinaria y no de la constitucional, no por ello ha de dejarse de lado que el amparo invocado puede otorgarse transitoriamente mientras las instancias pertinentes deciden el asunto, cuando bienes jurídicos superiores puedan verse comprometidos.
En lo tocante con la temática específica encuentra la Sala procedente el amparo para remover los obstáculos que administrativamente afectan el derecho al mínimo vital de la accionante, ya que ella es una persona de 62 años de edad, y que, como lo manifestó en la petición elevada ante la accionada, no labora y se encuentra vinculada al sistema subsidiado de salud, de donde se infiere que es un sujeto de especial protección para el Estado. Nótese que de conformidad con lo que obra en el expediente, la señora MARÍA BEATRIZ ARIAS OSPINA ha estado reclamando el pago de los dineros que le corresponden por concepto de devolución de saldos desde el año 2007, para lo cual ha presentado peticiones en diferentes entidades, y aún se encuentra pendiente el pago del bono pensional a que tiene derecho. Adicionalmente, del material probatorio arrimado a la actuación se desprende que la A.F.P. también ha desplegado la actuación que le corresponde en orden a que las entidades responsables paguen el mentado bono.
[…]
En este sentido, la entidad obligada en sede de tutela, puede acudir a las vías ordinarias para que “[e]n un proceso posterior, el juez competente puede reasignar la responsabilidad por el pago de la obligación y condenar a la entidad responsable al pago de los perjuicios causados”, lo anterior en cuanto “esta disputa y la carga que ella conlleva, debe asignarse a las entidades que, por su estructura administrativa y financiera, tienen capacidad para asumir transitoriamente la carga pensional en discusión, y no por el titular del derecho de cuya satisfacción depende la realización de su derecho fundamental al mínimo vital.” (T-634/08).
De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que al no existir discusión sobre la procedencia del bono pensional, ni respecto de la cuota parte que le corresponde al Ministerio accionado, sino solo en cuanto a la responsabilidad que por el saldo tienen entidades territoriales, resulta procedente ofrecer un remedio efectivo con el fin de materializar una respuesta concreta a la petición de la accionante.
Ahora bien, dado que en el presente asunto no se pretende el reconocimiento de la pensión, sino la devolución de saldos, y que para ello se requiere el pago del bono pensional, la Sala destaca que según el artículo 24 del Decreto 1299 de 1994
Es al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a quien le corresponde la emisión y pago de los bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación, por lo que esta Corporación estima que no existe reparo en que sea dicha entidad la que adelante las gestiones para emitir y liquidar el bono requerido a favor de la accionante, sin perjuicio de que en lo que no le corresponda pueda repetir lo pagado contra la entidad que judicialmente sea declarada como responsable».
[…]”»
Razón por la cual, en amparo del derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, de la señora Alba Mery López Iglesias, se ordenará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adelante las gestiones tendientes a reconocer, liquidar, emitir y redimir el bono pensional que le corresponde a la señora Alba Mery López Iglesias, al ser la encargada de ello en los términos del artículo 24 del Decreto 1299 de 1994; sin perjuicio de que pueda repetir lo pagado, en lo que corresponda, contra la entidad que judicialmente sea declarada como responsable.
Señala la norma:
«Artículo 24.- Emisión de los bonos pensionales. Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento, liquidación, emisión y pago de los bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación. […]»
Además, se ordenará a PORVENIR SA que, una vez cumplida la anterior orden, resuelva acerca de la solicitud de reconocimiento de una pensión de vejez, elevada por la señora Alba Mery López Iglesias.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 22 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por la señora Alba Mery López Iglesias, contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento de Caldas, Hospital Departamental Santa Sofía y Porvenir Pensiones y Cesantías.
SEGUNDO. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, de la señora Alba Mery López Iglesias, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. ORDENAR al JEFE DE LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que, en el término de quince (15) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, ADELANTE las gestiones tendientes a reconocer, liquidar, emitir y redimir el bono pensional que le corresponde a la señora Alba Mery López Iglesias, sin perjuicio del derecho que le asista de reclamar ante la entidad que corresponda, el pago de la cuota parte en discusión.
CUARTO. ORDENAR al FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, una vez cumplida la orden emitida en el numeral anterior, RESUELVA acerca de la solicitud de reconocimiento de una pensión de vejez, elevada por la señora Alba Mery López Iglesias.
QUINTO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
SEXTO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 27 de marzo de 2017.
Folios 1 a 14.
Ff. 73 vto.
Ff. 38 a 60.
Ff. 38 a 60.
Ff. 38 a 60.
Ff. 38 a 60.
Fls. 45 a 48.
Visible a folios 51 y 60.
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
Ver sentencia SU-961 de 1999.
Sentencia T – 147 de 2006 y T – 910 de 2006 con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-050 de 2004. M.P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencias T-671 de 2000 M.P. Alejandro Martínez; T-1103 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1119 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño y, T-1124 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Citas del fallo T-589 de 2004; y Sentencia T-596 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
T-056 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sentencia T-1061 de 2012.
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros
Artículo 2
Expediente: 11001-03-25-000-2005-00125-00(5242-05). Consejero Ponente Alfonso Vargas Rincón.
Decreto 700 de 2013 art. 3: la financiación del pasivo prestacional del sector salud. La financiación del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993 por concepto de cesantías y pensiones de los trabajadores del sector salud que hubieren sido reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales
Folio 3.
Folio 13 y 14.
Folios 17 y 18.
Folios 19 y 20.
Folio 26.
Folios 153 y 154, vto.
Folio 24.
Folios 35 a 37.
Folios 81 a 86.
Folios 13 a 18.
T-613 de 2010.
Folios 169 a 188.
Según información rendida a través del escrito de oposición a la acción de tutela emitida por PORVENIS SAS
Artículo 115 de la Ley 100 de 1993.
Problemas Actuales de la Seguridad Social Bonos Pensionales, Fernando Castillo Cadena, Editorial Ibáñez, Universidad Javeriana.
Artículo 118 de la Ley 100 de 1993 Los bonos pensionales serán de tres clases: a) Bonos pensionales expedidos por la Nación; b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional a que se refiere el Capítulo III del presente Título, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora. Artículo 119 del Decreto Ley 1299 de 1994 : a) por la Nación en los casos de que rata el artículo 16 del presente Decreto, b) por el Instituto de Seguros Sociales en los casos del artículo 17, c) por las Cajas, Fondos o entidades del Sector Público del nivel Nacional, d) por empresas públicas o privadas o por Cajas o Fondos de Previsión Social del Sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y e) por las Cajas, Fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.
Bono tipo A (ley 1299 de 1994), Bono tipo B (Ley 1314 de 1994)
Bonos que se expiden a favor de los trabajadores que se trasladan al régimen de prima media al entonces exceptuado régimen de Ecopetrol. (Decreto 876 de 1998).
Bonos que se expiden a los que se trasladan al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. (Decreto 816 de 2002.)
Artículo 14 Decreto 1299 de 1994.
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Expediente: 17001-22-13-000-2010-00344-01
Por el cual se dictan las normas para la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales.
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