Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2017-00457-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2017-00457-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2017-00457-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 170012333000201700457-01
Demandante: Antonio José Duque Salazar
Demandados: Nación – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes1;
Departamento de Caldas; Secretaría de Cultura del Departamento de Caldas y
Municipio de Salamina2
Coadyuvante: Javier Elías Arias Idárraga
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación -
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Departamento de Caldas; el
Municipio de Salamina y el señor Javier Elías Arias Idárraga contra la sentencia de
28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 La Ley 2319 de 29 de agosto de 2023, por medio de la cual se reforma la ley 397 de 1997, se cambia la
denominación del ministerio de cultura, se modifica el término de economía naranja y se dictan otras
disposiciones, dispuso en su artículo 2 lo siguiente: “[…] ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 397
de 1997, el cual quedará así:
ARTÍCULO 66. Ministerio de las Culturas, las Arles y los Saberes. Créase el Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios
de participación contemplados en esta ley; el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tendrá a su
cargo, además de las funciones previstas en la presente ley, el ejercicio de las atribuciones generales que
corresponde ejercer a los ministerios, de conformidad con el Decreto 1050 de 1968.
[…]
PARÁGRAFO. A partir de su promulgación, todas las leyes y reglamentaciones que se refieran al Ministerio de
Cultura, deberá leerse como Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la ministra o ministro definido
en este cargo se le denominará ministra o ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes […]”.
2 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_CUADERNOCONSEJOEST(.docx) NroActua 2.
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I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Antonio José Duque Salazar presentó demanda3 contra la Nación –
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Departamento de Caldas; la
Secretaría de Cultura del Departamento de Caldas y el Municipio de Salamina; en
ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener la protección de
los derechos e intereses colectivos: i) a la defensa del patrimonio cultural de la
Nación; ii) a la seguridad y salubridad públicas; y iii) a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] DECLARAR QUE SE ENCUENTRAN VULNERADOS LOS DERECHOS
COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE, de la población usuaria, habitante y
comerciantes de los inmuebles que fueron afectados con el incendio del 6 de abril
que consumió las construcciones que se encontraban sobre la manzana 56, que
corresponde al costado occidental de la Calle Real, carrera 6 entre calles 8 y 9 de
Salamina.
En orden a ello, el Juez emita decisión de fondo mediante la cual se ordena a las
autoridades requeridas en petición, que adopten todas las medidas jurídicas,
técnicas, presupuestales e institucionales, a fin que se preserve el Patrimonio
Cultural y se realicen las intervenciones necesarias para las siguientes acciones que
conduzcan a:
La Recuperación integral del conjunto urbano (Centro Histórico) de Salamina,
Caldas, y su zona de influencia, declarado bien de interés cultural de carácter
Nacional (hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional), en la zona de la carrera
6 entre calles 8 y 9, estableciendo en su integridad los inmuebles que fueron
afectados con el siniestro del 6 de abril de 2017 […]”4.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Manifestó que el conjunto urbano o centro histórico del Municipio de Salamina
fue declarado como bien de interés cultural de ámbito nacional mediante la
Resolución núm. 87 de 2 de febrero de 2005.
3 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 3-6.
4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Página 5.
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3.2. Mencionó que el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP del conjunto
urbano del Municipio fue aprobado mediante Resolución núm. 127 de 24 de enero
de 2017, publicada el 20 de marzo de 2017.
3.3. Señaló que el Municipio fue declarado como Monumento Nacional mediante
Resolución núm. 0002 de 1982, expedida por el Consejo de Monumentos
Nacionales.
3.4. Indicó que el proyecto núm. 18 del Patrimonio Histórico establece el
soterramiento del cableado como medida de prevención de incendios en los
inmuebles y de fortalecimiento de la imagen urbana del Centro Histórico del
Municipio.
3.5. Advirtió que en la noche del jueves 6 de abril de 2017 hubo un incendio de
gran proporción, el cual consumió la manzana completa ubicada en la carrera 6
entre calles 8 y 9. Dicho incidente afectó, entre otras actividades económicas, 7
propietarios y 20 locales comerciales.
3.6. Señaló que el acontecimiento ocurrió sin que estuviera en aplicación el Plan
Especial de Manejo y, al momento de presentar la demanda, no se habían iniciado
actividades de recuperación de la zona ni la remoción de los escombros.
3.7. Adujo que el Municipio de Salamina tiene un alto riesgo de incendios y el
cuerpo de bomberos cuenta con una dotación técnica precaria, así como poco
entrenamiento del personal para este tipo de emergencias. Igualmente, que los
hidrantes que había en el Municipio fueron retirados del sector urbano, circunstancia
que influyó en el incendio del 6 de abril de 2017.
3.8. Agregó que reconstruir la zona siniestrada requiere una importante
intervención que ni el Municipio ni los propietarios de los inmuebles pueden asumir,
en ese sentido solicitó la recuperación del sector afectado en cumplimiento del Plan
Especial de Manejo del Patrimonio Histórico.
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Contestaciones de la demanda
4. El Ministerio de las Culturas, las Artes y las Ciencias5 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos6:
4.1. Señaló que fue notificado de la ocurrencia del incendio y que la
implementación del Plan Especial de Manejo y Protección del conjunto urbano del
Municipio es un proceso a largo plazo.
4.2. Manifestó que, si bien hubo una alteración a la preservación del centro
histórico y hay afectación a los derechos e intereses colectivos, no se puede imputar
que la ocurrencia del incendio sucedió como consecuencia de alguna acción u
omisión por parte de la entidad de orden nacional.
4.3. Mencionó que corresponde al propietario del bien declarado como bien de
interés cultural del ámbito nacional adelantar las acciones necesarias para su
mantenimiento, conservación y preservación. Destacando que dichos bienes no son
propiedad del Ministerio.
4.4. Expuso que al día siguiente del incendio envió a dos profesionales para ver
en detalle lo sucedido y, posteriormente, elaborar la solicitud de ayuda de
emergencia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura – UNESCO.
4.5. Afirmó que, el 28 de junio de 2017, la Comisión Nacional de Cooperación
informó la aprobación del proyecto de emergencia propuesto por Colombia para las
acciones de gestión de riesgos y de reparación por un monto de 70.000 dólares
para efectuar primeros auxilios a los muros de los inmuebles, elaborar el proyecto
de intervención, consolidar los muros, adelantar acciones de mantenimiento,
trabajar socialmente con las personas afectadas e integrar las acciones necesarias
en el Plan de Manejo de Riesgos del Municipio de Salamina.
4.6. Adujo que ha cumplido a cabalidad con lo propio de su competencia y, en
ese sentido, inició gestiones con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, en aras de solicitar ayuda para
adelantar las labores de restauración.
5 Por intermedio de apoderado.
6 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 91-97.
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4.7. Propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
5. El Municipio de Salamina7 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos8:
5.1. Sostuvo que el centro histórico del Municipio es catalogado como bien de
interés cultural de carácter nacional.
5.2. Manifestó que en las pretensiones propuestas no se determinaron
claramente los hechos relacionados con el daño contingente, peligro, amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos por parte del Municipio.
5.3. Señaló que se comprometió desde el momento de la calamidad presentando
apoyo incondicional y adelantando diversas actuaciones administrativas
encaminadas a la obtención de recursos para reiniciar la recuperación integral del
centro histórico como la identificación de los damnificados, reubicación de familias,
revisión documental, cerramiento del área afectada, esquematización del
anteproyecto, alcance de materiales de construcción y preparación del terreno.
5.4. Afirmó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
aportó kits de mampostería, eléctricos y de cubierta en teja Eternit tipo española a
los veinticuatro (24) locales comerciales afectados.
5.5. Indicó que la Corporación Autónoma Regional de Caldas realizó la
exploración geotécnica del sector y el levantamiento topográfico para dar las
recomendaciones de cimentación. Igualmente aportó madera para la reconstrucción
del área afectada, de la estructura de cubierta y de la elaboración de puertas y
ventanas.
5.6. Adujo que la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia se
involucró con la ejecución de los estudios y diseños del proyecto. Asimismo, los
damnificados se han comprometido activamente con trabajo manual en la
reconstrucción de la obra.
6. El Departamento de Caldas9 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos10:
7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 78-81.
9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 56-63.
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6.1. Aseveró que el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) es el
instrumento de gestión del patrimonio cultural mediante el cual se establecen las
acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. En
el Municipio de Salamina fue aprobado mediante Resolución 127 de 24 de enero de
2017; sin embargo, el incendio ocurrió sin que se hubiere iniciado la aplicación de
dicho Plan.
6.2. Manifestó que las intervenciones a inmuebles localizados en áreas de interés
cultural están reguladas por el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 7 de agosto
de 199711 y el Decreto 1080 de 26 de mayo de 201512. Aquellas intervenciones para
el mantenimiento y conservación de los bienes afectados están a cargo del
propietario que, para este caso, es el Municipio de Salamina; la instancia
departamental y nacional podrá concurrir con aporte de recursos si se configuran
los lineamientos y proyectos necesarios para ello.
6.3. Señaló que no puede realizar intervenciones que requieran recursos
económicos, por tratarse de bienes privados y, a pesar de ello, se ha reunido con
distintas autoridades en busca de opciones para formular un proyecto que permita
la recuperación de esta importante zona.
6.4. Aclaró que al día siguiente del incendio inició trámite ante el Ministerio de las
Culturas, las Ciencias y los Saberes con el propósito de conseguir recursos
provenientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo, que acudió a distintas reuniones con
participación del Municipio, el Ministerio, representantes de la Unidad de Patrimonio,
arquitectos y la Secretaría de Cultura.
6.5. Reiteró que no puede predicarse una inversión de dineros públicos a pesar
de encontrarse ubicados en el centro histórico, el cual fue declarado como bien de
interés cultural, por tratarse de bienes privados.
6.6. Indicó que no ha incurrido ni se ha acreditado vulneración alguna de derechos
e intereses colectivos, teniendo en cuenta que no hay norma que faculte a la entidad
territorial de orden departamental a realizar en su totalidad obras de construcción o
levantamiento de edificaciones de propiedad privada.
11 “[…] Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución
Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de
la Cultura y se trasladan algunas dependencias […]”.
12 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura […]”.
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6.7. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“inexistencia de obligación conforme a la ley” e “inexistencia de vulneración de
derechos colectivos por parte del Departamento de Caldas”.
Audiencia de pacto de cumplimiento
7. El Tribunal Administrativo de Caldas celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el día 17 de octubre de 201713 sin que existiera acuerdo, por lo cual
declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 28 de enero de
2022, resolvió:
“[…] Primero: DECLÁRANSE no probadas las excepciones denominadas “FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “INEXISTENCIA DE
OBLIGACIÓN CONFORME A LA LEY”, “INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS COLECTIVOS” y “EXCEPCIONES GENÉRICAS”, propuestas por el
Departamento de Caldas; “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”,
propuesta por el Ministerio de Cultura, dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos de la referencia, promovido contra esas entidades
por el señor Antonio José Duque Salazar.
Segundo. DECLÁRANSE responsables de la vulneración o amenaza del derecho
colectivo contenido en el literal f) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo a la
defensa del patrimonio cultural de la Nación al Ministerio de Cultura, al Municipio de
Salamina, Caldas, y al Departamento de Caldas.
Tercero. ORDÉNASE al Ministerio de Cultura, al Municipio de Salamina, Caldas, y al
Departamento de Caldas, en cumplimiento de su función de protección del patrimonio
cultural de la Nación, realizar de manera coordinada y concurrente, un estudio en el
que se determinen las intervenciones necesarias para la recuperación integral del
conjunto urbano –centro histórico– de Salamina, en concreto, la carrera 6 entre calles
8 y 9, inmuebles afectados en el incendio ocurrido el 6 de abril de 2017. Para lo
anterior, se tendrá en cuenta por las accionadas toda actividad ejecutada como
consecuencia de la asignación de recursos por parte de la UNESCO, según quedó
acreditado en este proceso.
Para el cumplimiento de la disposición anterior ORDÉNASE a las entidades
mencionadas que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, tomen las medidas administrativas, técnicas, jurídicas y
presupuestales necesarias para celebrar un contrato que tenga por objeto la
realización del mencionado estudio.
El estudio ordenado, que constituirá el objeto del mencionado contrato, DEBERÁ
REALIZARSE en el término de seis (6) meses siguientes a la finalización del lapso
similar concedido para la adopción de las medidas indicadas en la orden precedente.
ORDÉNASE al Ministerio de Cultura, el Municipio de Salamina, Caldas, y el
Departamento de Caldas, en cumplimiento de su función de protección del patrimonio
cultural de la Nación, destinar los recursos necesarios para concretar la protección
del derecho colectivo amenazado.
13 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 233-236.
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Cuarto. ORDÉNASE al Ministerio de Cultura la revisión del contenido de la
Resolución 127 del 24 de enero de 2017, acto en el que aprobó el Plan Especial de
Manejo y Protección (PEMP) del conjunto urbano (centro histórico) de Salamina,
Caldas, y su zona de influencia, declarado bien de interés cultural de carácter
nacional, hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, en el sentido de incluir en
los proyectos uno que se relacione con la recuperación de los bienes de interés
cultural afectados con el incendio del 6 de abril de 2017, así como un componente de
riesgo por incendio en el conjunto urbano (centro histórico) de Salamina, Caldas, y su
zona de influencia en el que además se determinen las entidades que tendrán a cargo
la reconstrucción de bienes de interés cultural en caso de futuros siniestros. Para el
cumplimiento de esta orden se concede un término de seis (6) meses contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia.
Quinto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado por el señor
el señor Agente del Ministerio Público asignado al Despacho del Magistrado Ponente,
el señor Antonio José Duque Salazar en calidad de accionante, un representante del
Municipio de Salamina, un representante del Departamento de Caldas, un
representante del Ministerio de Cultura y el Defensor del Pueblo – Regional Caldas o
su delegado. El comité se reunirá e informará al Tribunal Administrativo de Caldas
con destino a este expediente, una vez vencidos los términos indicados en esta
providencia.
Sexto. PUBLÍQUESE la parte resolutiva de esta providencia en un diario de amplia
circulación nacional, a costa del Municipio de Salamina. Una vez realizada la
publicación mencionada, se deberá allegar constancia de su realización.
Séptimo. EXPÍDASE copia de este fallo con destino a la Defensoría del Pueblo para
los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
Octavo. Esta sentencia es susceptible del recurso de apelación, en los términos del
artículo 37 de la Ley 472 de 1998. Si no es apelada, archívense las presentes
diligencias, previas las anotaciones respectivas en el programa informático ‘Justicia
Siglo XXI’ […]”14.
Consideraciones del Tribunal
9. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] ¿Las entidades demandadas deben concurrir en la recuperación o
reconstrucción de los bienes inmuebles de interés cultural de la Nación afectados
por el incendio ocurrido en el Municipio de Salamina, Caldas, el 6 de abril de 2017?
[…]”15.
10. Encontró probado, entre otros, que el conjunto urbano del Municipio de
Salamina fue declarado como bien de interés cultural de carácter nacional mediante
Resolución núm. 87 de 2 de febrero de 2005, expedida por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes. Asimismo, que el 6 de abril de 2017 se extendió
un incendio al costado occidental de la carrera 6 entre calles 8 y 9 del centro
histórico.
14 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_03SENTENCIA015(.pdf)
.
15Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_03SENTENCIA015(.pdf)
NroActua 2. Página 6.
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11. El Tribunal advirtió que, en el análisis de las competencias atribuidas en el
ordenamiento jurídico para la protección del patrimonio cultural, el Estado está a
cargo de dicha protección. En ese sentido, expuso las competencias del Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes; de los municipios y de los departamentos
con relación a los bienes de interés cultural (BIC) del ámbito nacional.
12. Indicó que evidenciaba la negativa del Ministerio de las Culturas a la solicitud
de financiación de proyectos relacionados con la reconstrucción del conjunto urbano
de Salamina debido a que se trata de inmuebles con titularidad de sujetos de índole
particular.
13. Agregó que dentro de las competencias del Ministerio se encuentran
establecer aspectos técnicos y administrativos relativos al contenido general de los
Planes Especiales de Manejo y Protección, destinar los recursos que las leyes sobre
la materia le asignen y autorizar las intervenciones en bienes de dicha índole del
ámbito nacional.
14. Advirtió que para el municipio y el departamento aplican las mismas
competencias descritas y, además, en coordinación con el concejo y la asamblea
respectiva, tienen la facultad de destinar los recursos que las leyes y los
presupuestos correspondientes señalan para las acciones relativas al Patrimonio
Cultural de la Nación en lo de su competencia.
15. En atención a lo anterior, todas las autoridades mencionadas tienen la
obligación de concurrir a la financiación de proyectos formulados como
consecuencia de siniestros, como el objeto de esta acción popular.
16. Adujo que los propietarios de los bienes deben soportar las intervenciones
en los BIC por dicha calidad, teniendo como estímulos para la conservación y el
mantenimiento lo establecido en el artículo 77 del Decreto 763 de 10 de marzo de
200916 sobre los gastos deducibles por dichos conceptos, teniendo en cuenta que
no se trata de un bien privado común sino uno especial por sus características
arquitectónicas, urbanas e históricas.
17. Agregó que la competencia relacionada con “[…] [e]stablecer aspectos
técnicos y administrativos relativos al contenido general de los Planes Especiales
de Manejo y Protección, cuya sigla es -PEMP- […]” se cumplió en este caso cuando
el Ministerio de las Culturas expidió la Resolución núm. 127 de 24 de enero de 2017,
16 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de
la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material […]”.
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mediante la cual aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP del
conjunto urbano (centro histórico) de Salamina.
18. En ese sentido, consideró que dicho documento reglamenta los niveles
permitidos de intervención y el tipo de obra que se puede acometer en los bienes
de interés cultural, allí se establece que la entidad territorial de orden municipal tiene
la obligación de preservar y conservar los valores patrimoniales del centro histórico;
sin embargo, no reguló las acciones en caso de siniestros.
19. Respecto a los proyectos para preservar el patrimonio arquitectónico en,
entre otros, la Casa de la Cultura, el Hotel Sanguitama, los edificios de la alcaldía y
el teatro; los cuales están incluidos en el Plan Especial de Manejo y Protección –
PEMP, el Tribunal indicó que algunos de ellos recaen sobre bienes que en principio
podrían tener propietarios particulares como una basílica y un hotel. Los proyectos
están relacionados con intervención de cubiertas, entrepisos, fachadas y culatas en
el área afectada; lo que permite concluir que las entidades accionadas tienen
competencias en conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural
inclusive de aquellos de propiedad particular.
20. Afirmó que no se había cumplido la función de “[…] [d]estinar los recursos
que las leyes anuales de presupuesto le asignen para las acciones relativas al
Patrimonio Cultural de la Nación […]”, debido a que no se acreditó que se asignaran
recursos respecto a los bienes de interés cultural ubicados en la zona del incendio
ocurrido en 2017.
21. En ese orden de ideas, encontró demostrada la vulneración al derecho e
interés colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación por no haber
evidencia de acciones emprendidas frente a aporte de recursos como estudios
técnicos o proyectos de restauración limitándose a exhibir que pidieron apoyo a la
UNESCO en esa materia, omitiendo la atribución asignada por el legislador.
22. Destacó que los bienes privados declarados como bienes de interés cultural
están sometidos a un régimen especial que incluye, entre otras cargas,
inscripciones en el registro de instrumentos públicos, en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en el Plan Especial de Manejo y Protección, además, informar cualquier
transferencia del derecho de dominio al Ministerio; razón por la cual un bien privado
sin esta calidad no puede tener un tratamiento igual.
23. La obligación de protección del patrimonio cultural de la Nación no
desapareció con la presentación del siniestro por el hecho de recaer el mismo en
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bienes privados, por el contrario, la reconstrucción de dicho patrimonio en caso de
que sea posible de acuerdo con criterios técnicos y se debe tener la concurrencia
de las autoridades a las que están sometidos los propietarios de los inmuebles que
conforman el conjunto de bienes de interés cultural.
Recursos de apelación
24. La Nación – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes17 interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que
solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
24.1. Señaló que su actuar no dio lugar a la vulneración del derecho e interés
colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Además, que el artículo
355 de la Constitución Política establece que:
“[…] Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales
de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia […]”.
24.2. Advirtió que ha cumplido a cabalidad con lo de su competencia bajo el
entendido que gestionó solicitudes de ayuda de emergencia para la recuperación
del centro histórico. En las competencias institucionales de las entidades que hacen
parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación (SNPCN) se delimitó
que el Ministerio estaba encargado de la declaratoria y manejo de los bienes de
interés cultural, entendiendo manejo como “[…] la orientación técnica para efectos
del mantenimiento del Patrimonio Cultural de la Nación y la competencia para
autorizar o negar cualquier intervención que se pretenda hacer en estos bienes o
en su zona de influencia […]”.
24.3. Manifestó que corresponde exclusivamente al propietario del bien,
declarado como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, adelantar las acciones
necesarias para su mantenimiento, conservación y preservación; en ese sentido, se
debe tener en cuenta que ninguno de los bienes objeto de la presente acción
popular es propiedad del Ministerio de las Culturas.
24.4. Indicó que la Corte Constitucional señaló que:
17 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_09ANEXO1RECURSOAPELA(.pdf) NroActua 2.
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“[…] la declaración de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de
la Nación, lleva consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad, e
imposición de cargas para los propietarios de éstos que, en concepto de esta
Corporación, se relacionan con su disponibilidad y ello incluye, por supuesto, el uso
o destinación que ha de darse al bien para efectos de su conservación y protección.
En estos eventos, los propietarios de estos bienes, están obligados a tomar las
medidas que sean necesarias para su mantenimiento. En contraposición, el
Estado puede reconocer ciertas compensaciones y beneficios en su favor, tal como
lo establece el artículo 48 de la ley 388 de 1997, las que en todo caso, han de ser
proporcionales a la limitación del derecho a la propiedad que se llegue a imponer
[…]”18.
24.5. Mencionó que el artículo 2350 del Código Civil dispuso que no había
responsabilidad si la ruina del bien acaece por caso fortuito y que si el edificio
pertenece a dos o más personas proindiviso se dividirá entre ellas la indemnización
a prorrata de sus cuotas de dominio. Adujo que en este caso se trató de un hecho
imprevisible que exonera de responsabilidad al Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes.
24.6. Manifestó que, a pesar de la imprevisibilidad, adelantó gestiones como
enviar profesionales para ver en detalle lo sucedido; recopilar información; solicitar
apoyo de emergencia a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura – UNESCO a lo cual se aprobó el proyecto por un monto de
70.000 dólares.
24.7. Adujo que la orden relacionada con revisar el contenido del Plan Especial
de Manejo y Protección desborda las competencias de la entidad, debido a que solo
le corresponde proteger, valorar y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.
24.8. Explicó que la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, está llamada a prosperar, por cuanto no le corresponde realizar medidas
encaminadas a mantener, conservar y reparar Bienes de Interés Cultural del ámbito
Nacional, las cuales son de competencia exclusiva de los propietarios de dichos
bienes.
25. El Municipio de Salamina19 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria, con
fundamento en los siguientes argumentos:
25.1. Señaló que no incurrió en acción u omisión que generara una amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados por la parte actora;
además, adelantó gestiones administrativas y financieras tendientes a la mitigación
18 Corte Constitucional, sentencia C 366 de 2000.
19 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_13ANEXOESCRITORECURS(.pdf) NroActua 2.
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del riesgo de la zona afectada por el incendio de 2017, dentro de lo cual celebró el
Convenio Interadministrativo núm. 174 de 2020 con la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, del cual se derivó el Contrato de Obra núm. SAMC-01-2021
cuyo objeto es la construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de agua
en sitios críticos del área urbana y rural del municipio de Salamina por el sistema de
monto agotable.
25.2. Manifestó que, una vez se ejecutó el contrato se informó a los propietarios
de los inmuebles que ya podían avanzar con los estudios y diseños necesarios para
la realización de las obras. A través de la Resolución núm. 443 de 4 de septiembre
de 2021 se desafectó el lote donde ocurrió el incendio por las condiciones mínimas
de riesgo y, más adelante, se ordenó el otorgamiento de licencias de construcción
que permitieran iniciar los proyectos pertinentes, lo cual se notificó a los propietarios
de los inmuebles.
25.3. Indicó que el Municipio no puede invertir dinero en propiedades particulares
debido a que generaría un detrimento patrimonial, la construcción de las obras
corresponde a sus propietarios.
25.4. Advirtió que en el proceso se evidenció que las propiedades no se
encuentran en grave estado de deterioro, como afirmó el actor. Igualmente, adujo
que no se probó idóneamente la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos invocados ni manifestó imposibilidad para allegar las pruebas
respectivas.
25.5. Mencionó que el deber del Estado de proteger los bienes que conforman el
patrimonio cultural se extiende del ámbito nacional al territorial, concurrencia de la
cual no se puede excluir a la Nación. Adicionalmente, si bien es cierto que el
Municipio de Salamina debe velar por el mantenimiento y conservación de los
bienes declarados como patrimonio cultural, los propietarios de los inmuebles deben
concurrir mediante el aporte de recursos, sobre todo porque el Municipio no tiene
competencia en bienes privados.
26. El Departamento de Caldas20 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
20 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_07ESCRITOAPELACIONGO(.pdf) NroActua 2.
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26.1. Señaló que al ser bienes de propiedad privada no debe intervenir y que el
propietario tiene el deber de velar por la conservación, mantenimiento y protección
del bien, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 397 cuando establece que:
“[…] Para tener acceso a cualquier estímulo, beneficio tributario, autorización de
exportación o cualquier otro que provenga de autoridad pública sobre bienes de
interés cultural, deberá acreditarse por su propietario o por su tenedor legítimo en el
caso del patrimonio arqueológico, el cumplimiento de lo previsto en este artículo en
lo pertinente, así como la realización del correspondiente registro […]”.
26.2. Advirtió que es un trámite que debe hacer el propietario, solicitando la
autorización para intervenir los bienes de interés cultural al Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes; como parte de dicha petición debe radicar los
estudios preliminares del bien a intervenir y los documentos jurídicos establecidos
para el caso.
26.3. Manifestó que el artículo 1 del Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201921
dispuso que “[…] los propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y
custodios, las personas naturales o jurídicas que posean bienes de interés cultural
o ejerzan su tenencia, además de las disposiciones generales referentes al
patrimonio cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones: […] 3. Establecer
mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y la sostenibilidad de
los bienes. […] 4. Solicitar la autorización de intervención ante la autoridad
competente que haya efectuado la declaratoria […]”.
26.4. Indicó que a los municipios les compete, en coordinación con el respectivo
concejo municipal, destinar los recursos que las leyes y los presupuestos
correspondientes señalan para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de la
Nación en lo de su competencia.
27. El señor Javier Elías Arias Idárraga22 interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
27.1. Señaló que la sentencia proferida en primera instancia tardó mucho tiempo
en ser decidida y los seis (6) meses otorgados en las ordenes deberían ser
reemplazados por dos (2) meses con el propósito de no dilatar más la realización
de las medidas impartidas.
21 “[…] Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial […]”.
22 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_05RECURSOJAVIERARIAS(.pdf) NroActua 2.
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27.2. Solicitó que se adicione la sentencia en el sentido de condenar en costas,
a favor del actor popular, a cargo de la parte accionada.
Actuaciones en segunda instancia
28. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
auto de 10 de marzo de 202223 mediante el cual se concedieron, en efecto
suspensivo, los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes; el Departamento de Caldas; el Municipio de
Salamina y el señor Javier Elías Arias Idárraga contra la sentencia proferida, en
primera instancia.
29. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 1.° de
agosto de 202224 mediante el cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de
apelación interpuestos por la Nación - Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes; el Departamento de Caldas; el Municipio de Salamina y el señor Javier
Elías Arias Idárraga contra la sentencia de 28 de enero de 2022 proferida, en
primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas.
30. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 2 de
septiembre de 202225 mediante el cual admitió los recursos de apelación
presentados por la Nación - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el
Departamento de Caldas; el Municipio de Salamina y el señor Javier Elías Arias
Idárraga.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
31. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho a la
defensa del patrimonio cultural de la Nación; v) el marco normativo y jurisprudencial
de los bienes de interés cultural; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
23 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_31AUTOSALAMINACONCED(.pdf) NroActua 2.
24 Cfr. índice 9 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEREVOCAOCORRIGELADECISION(.pdf) NroActua 4.
25 Cfr. índice 9 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 14.
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prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y vii) el análisis del
caso concreto.
Competencia de la Sala
32. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201926, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15027 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.
33. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
34. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la Nación - Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes; el Departamento de Caldas; el Municipio de Salamina y el señor Javier
Elías Arias Idárraga en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
de 28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de
conformidad con los artículos 32028 y 32829 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201230,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472.
Problemas jurídicos
35. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:
26 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
27 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
28 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
29 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
30 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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35.1. Si se demostró o no la vulneración o amenaza de los derechos e intereses
colectivos en razón del incendio ocurrido el 6 de abril de 2017 en el centro histórico
del Municipio de Salamina.
35.2. Si la Nación - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el
Departamento de Caldas y el Municipio de Salamina son o no responsables de la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos; y,
consecuencialmente, si estas entidades son o no competentes para cumplir las
órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, orientadas a la
superación de la situación de vulneración de los derechos e intereses colectivos.
35.3. Si es procedente o no condenar en costas a las entidades accionadas y si el
plazo otorgado en las órdenes impartidas en primera instancia es o no suficiente.
36. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
37. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
38. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
39. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
40. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
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contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
41. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”31.
42. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
43. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho a la defensa del patrimonio
cultural de la Nación
44. Con el propósito de defender el patrimonio cultural, la Constitución Política
dedica un amplio espacio a la protección de la cultura como pilar fundamental del
Estado, que requiere especial protección, fomento y divulgación por parte de las
autoridades públicas e incluso por los particulares.
45. Así, la cultura está amparada por lo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional32 ha denominado la “Constitución Cultural”; esto es, el conjunto de
disposiciones contenidas en la Carta Política que protegen la cultura, su diversidad
y el patrimonio cultural como valores esenciales de la Nación.
46. El fundamento constitucional relacionado con la cultura se evidencia en: i) el
artículo 2.º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos
en la vida cultural de la Nación; ii) los artículos 7.º y 8.º, que le imponen al Estado
el deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la Nación; iii) el artículo
44, que define la cultura como un derecho fundamental de los niños; iv) el artículo
67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores
culturales de la Nación; v) el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar
el acceso a la cultura de los colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas
manifestaciones como fundamento de la nacionalidad; vi) el artículo 71 que también
le impone al Estado la obligación de crear incentivos para fomentar las
manifestaciones culturales; vii) el numeral 8 del artículo 95 que señala como uno de
los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y
naturales; y viii) los artículos 311 y 313, numeral 9, que encomiendan de manera
especial a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
47. Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con la defensa del
patrimonio cultural, el artículo 72 ibidem prevé que el Estado debe protegerlo y
resalta que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
48. En desarrollo de los mandatos constitucionales referidos, el legislador expidió
la Ley 39733, disposición que con las modificaciones introducidas por la Ley 118534,
32 Corte Constitucional, Sentencia C-082 de 12 de febrero de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
33 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política
y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura
y se trasladan algunas dependencias”.
34 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras
disposiciones”.
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definió los objetivos de la política estatal en materia de protección al patrimonio
cultural y arqueológico de la Nación.
49. En el artículo 1.º la Ley 397 definió la cultura como “[…] el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a
los grupos humanos y comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida,
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias […]”.
50. En concordancia, el artículo 4.° ejusdem estableció la forma como se integra
el patrimonio cultural de la Nación, definiendo que se encuentra constituido por “[…]
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico […]”.
51. Asimismo, la disposición en cita precisó los objetivos principales de la política
estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación, indicando que éstos se
concentran en la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio
de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
52. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 4.º ejusdem dispuso
que se aplica a los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados
como bienes de interés cultural, en el caso de bienes materiales, y para las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente
para todo el territorio nacional el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
53. Corolario de lo anterior, la preceptiva señaló que se consideran como bienes
de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de
los territorios indígenas o de las comunidades negras y, en consecuencia, quedan
sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como
monumentos, las áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica,
conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la
promulgación de la ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades
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competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.
Asimismo, consideró como bienes de interés cultural del ámbito nacional los bienes
del patrimonio arqueológico.
54. En relación con la propiedad del patrimonio cultural de la Nación, señaló el
mismo artículo 4.° que los bienes que lo conforman y los bienes de interés cultural,
pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier
orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado, haciendo la salvedad
que los bienes que conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y
se rigen por las normas especiales sobre la materia.
55. Ahora bien, el procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural
y su manejo, el artículo 8. ° de la norma bajo estudio establece lo siguiente:
“[…] ARTICULO 8o. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE BIENES DE
INTERÉS CULTURAL.
Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de
interés cultural del ámbito nacional.
Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados como tales
por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su
competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en
todo el territorio nacional;
b) A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización,
autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los
bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a
través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto
favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del
Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.
Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los
declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales,
de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70
de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien
revista para la comunidad en una división territorial determinada.
Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993,
pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por el
Ministerio de Cultura en la forma prevista en el literal a) de este artículo, en
coordinación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio
Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.
Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio
de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de los
territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de
1993.
Procedimiento
La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento,
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tanto en el orden nacional como territorial:
El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de
Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.
Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad competente para la
declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección.
Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional,
o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el
caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y
Protección si el bien lo requiriere.
Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la
autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de
Manejo y Protección si este se requiriere.
PARÁGRAFO 1o. En caso de que la declaratoria de que trata este artículo surgiere
de iniciativa privada o particular se seguirá el mismo procedimiento, en cuyo caso el
particular solicitante presentará el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección si
este se requiriese, y este será sometido a revisión del respectivo Consejo de
Patrimonio Cultural.
PARÁGRAFO 2o. Revocatoria. La revocatoria del acto de declaratoria de bienes de
interés cultural corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido, previo concepto
favorable del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos
bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de la
revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de interés cultural
efectuadas por el Ministerio de Educación, la revocatoria corresponderá al Ministerio
de Cultura […]” (Destacado fuera del texto).
56. Como se observa, la norma previó que el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y previo concepto favorable del
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, es el responsable de la declaratoria y del
manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.
57. Conforme con ello, la norma dispuso que son bienes de interés cultural del
ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el
Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial
que el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional.
58. En relación con las entidades territoriales, con base en los principios de
descentralización, autonomía y participación, la norma estableció que les
corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades
negras, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo
concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.
Ello, sin perjuicio de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados
bienes de interés cultural del ámbito Nacional por el Ministerio, en coordinación con
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el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, sobre los
valores del bien de que se trate.
59. En concordancia, el referido artículo 8. ° dispuso que para la declaratoria y el
manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios
indígenas, previendo a su vez que los planes de desarrollo de las entidades
territoriales deben tener en cuenta los recursos para la conservación y la
recuperación del patrimonio cultural.
60. Finalmente, el artículo 11 del ordenamiento legal en referencia, fijó el
Régimen Especial de Protección al que están sometidos los bienes de interés
cultural.
61. Asimismo, el Decreto 763 de 10 de marzo de 200935 reguló el patrimonio
cultural de la Nación de naturaleza material en especial en los siguientes aspectos:
i) definió las competencias del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, ii) señaló
los criterios de valoración que orientan y contribuyen a la atribución y definición de
la significación cultural de un bien mueble o inmueble, iii) estableció los planes
especiales de manejo y protección para bienes muebles, iv) creó reglas especiales
para la protección del patrimonio arqueológico, el patrimonio sobre imágenes en
movimiento y el patrimonio archivístico y, v) estableció estímulos especiales para la
conservación y el mantenimiento de bienes de interés cultural.
62. De igual forma, en relación con el tema, el Decreto Reglamentario Único del
Sector Cultura36, estableció los siguientes criterios de valoración para definir la
significación cultural de un bien mueble o inmueble, sin perjuicio de otros que pueda
señalar el Ministerio de Cultura: i) antigüedad, ii) autoría, iii) autenticidad, iv)
constitución del bien, v) forma, vi) estado de conservación, vii) contexto ambiental,
viii) contexto urbano, ix) contexto físico y, x) representatividad y contextualización
sociocultural; y señaló que dichos criterios permiten atribuir a los bienes valores
históricos, estéticos o simbólicos.
35 "Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material".
36 Artículo 2.5.1.2. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario único del Sector Cultura”. De acuerdo con el Decreto, el Patrimonio cultural Inmaterial se integra
en la forma dispuesta en los artículos 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de
2008, y 11-1 de la Ley 397 de 1997 y adicionado por el artículo 8º de la Ley 1185 de 2008. Lo anterior, en
consonancia, con las referidas normas y con la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio
cultural Inmaterial aprobada en París el 17 de octubre de 2003, adoptada por Colombia mediante la Ley 1037
de 2006 y promulgada mediante el Decreto 2380 de 2008.
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63. El artículo 2.4.1.3. de la disposición en cita señaló que el procedimiento para
declarar un bien como de interés cultural es el establecido en el artículo 8.º de la
Ley 397 mencionado supra.
64. Del análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y legales
mencionadas supra, se colige que el patrimonio cultural de la Nación se encuentra
bajo la protección del Estado (art. 72 de la Constitución Política) y el mismo está
constituido por todos los bienes de naturaleza pública o privada a que hace
referencia expresa el artículo 4.° de la Ley 397, entre los que se cuentan los bienes
materiales muebles e inmuebles a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o
antropológico.
65. Finalmente, cabe precisar que por expresa disposición constitucional los
bienes inmuebles declarados como de interés cultural tienen la condición de “[…]
inalienables, inembargables e imprescriptibles […]”37; asimismo, en caso de que
tales bienes se encuentren en manos de particulares, también se encuentran
sometidos al régimen especial previsto en la Ley 397 y en el Decreto 1080 del 26
de mayo de 201538.
Marco normativo y jurisprudencial de los Bienes de Interés Cultural inmuebles
66. Vistos: i) los artículos 2.4.1.10, 2.4.1.4.3. y 2.4.1.4.4. del Decreto núm. 1080
de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201939, sobre la
definición de Bienes de Interés Cultural (BIC), principios generales de las
intervenciones y tipo de obras; ii) el artículo 4 de la Ley 163, sobre la declaración de
sectores antiguos como monumento nacional; iii) el artículo 8 de la Ley 397, sobre
incorporación del PEMP; iv) artículo 212 del Decreto 019 de 2012, sobre Régimen
Especial de los Bienes de Interés Cultural; y v) artículo 10 de la Ley 1185, sobre
faltas contra el patrimonio cultural.
67. Como parte del patrimonio cultural de la Nación se encuentran los Bienes de
Interés Cultural, definidos en el artículo 2.4.1.10 del Decreto 1080 de 2015, en los
siguientes términos:
37 Art. 72 de la Constitución Política.
38 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Cultura”.
39 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura,
en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial”.
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“[…] ARTÍCULO 2.4.1.10. Definición de Bien de Interés Cultural. Son bienes de
interés cultural BIC, aquellos que por sus valores y criterios representan la identidad
nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; estos
pueden ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales […]”.
68. La ley 397 establece, en su artículo 7, modificado por el artículo 4 de la Ley
1185, lo siguiente:
"[…] ARTICULO 7o. CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. A
partir de la vigencia de la presente ley, el Consejo de Monumentos Nacionales se
denominará Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y será el órgano
encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección
y manejo del patrimonio cultural de la Nación […]”.
69. En ese sentido, el artículo 8 de la misma ley establece el procedimiento para
la declaratoria de un bien como de interés cultural, dentro de lo cual se define si
dicho bien necesita un Plan Especial de Manejo y Protección por parte del Consejo
Nacional o Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según sea el
caso. Y sobre el Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural,
establece que, cuando se requiera, al realizar la declaración se incorporará el Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP) del bien al Plan de Ordenamiento
Territorial, el cual consiste en un instrumento de gestión del patrimonio cultural por
medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección
y sostenibilidad en el tiempo.
70. Para propender por la conservación de los inmuebles se estableció la
regulación de las intervenciones permitidas, las cuales deben responder al artículo
21240 del Decreto Ley 019 de 10 de enero de 201241:
“[…] ARTÍCULO 212. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL. El numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el
artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, quedará así:
‘2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al
bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título
enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción,
demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse
de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido.
La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá
contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la
Nación, según el caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete
al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de
Manejo Arqueológico.
40 El cual modificó el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, a su vez modificado por el artículo 7 de
la Ley 1185 de 2008.
41 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”.
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Núm. único de radicación: 170012333000201700457-01
Asimismo, la intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá
contar con la autorización de la entidad territorial que haya efectuado dicha
declaratoria.
La intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de profesionales idóneos en
la materia. La autorización de intervención que debe expedir la autoridad
competente no podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna
otra clase de autorización o licencia que corresponda expedir a otras
autoridades públicas en materia urbanística.
Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o
que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá
comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva
declaratoria. De acuerdo con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener
en el bien inmueble de interés cultural, la autoridad correspondiente aprobará su
realización o, si es el caso, podrá solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial
de Manejo y Protección que hubiera sido aprobado para dicho inmueble.
El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial,
por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de
acciones materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá
garantizar el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si éste hubiere
sido aprobado’ […]” (Destacado fuera del texto).
71. Para toda intervención se requiere aplicación de los principios generales
previstos en el artículo 2.4.1.4.3. del Decreto 1080 de 2015:
“[…] ARTÍCULO 2.4.1.4.3. Principios generales de intervención. Toda
intervención de un BIC deberá observar los siguientes principios:
1. Conservar los valores culturales del bien.
2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias
para la conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de
las fuentes de deterioro.
3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para
garantizar la conservación y estabilidad del bien.
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario.
5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin
que medie una valoración crítica de los mismos.
6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la
estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los
originales.
7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas.
8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles […]”
72. En busca de dicha protección el artículo 1042 de la Ley 1185, sobre faltas
contra el patrimonio cultural, previó que:
“[…] ARTÍCULO 10. El artículo 15 de la Ley 397 de 1997 quedará así:
42 El cual modificó el artículo 15 de la Ley 397 de 1997.
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‘Artículo 15. De las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación. Las
personas que vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de
la Nación, incurrirán en las siguientes faltas:
[…]
Las que constituyen faltas administrativas y/o disciplinarias:
[…]
4. Si la falta consiste en la intervención de un bien de interés cultural sin la
respectiva autorización en la forma prevista en el numeral 2 del artículo 11 de
este título, se impondrá multa de doscientos (200) a quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por parte de la autoridad que hubiera
efectuado la respectiva declaratoria. En la misma sanción incurrirá quien realice
obras en inmuebles ubicados en el área de influencia o colindantes con un inmueble
de interés cultural sin la obtención de la correspondiente autorización, de
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 11 de este título.
También será sujeto de esta multa el arquitecto o restaurador que adelante la
intervención sin la respectiva autorización, aumentada en un ciento por ciento
(100%) […] La autoridad administrativa que hubiera efectuado la declaratoria de un
bien como de interés cultural podrá ordenar la suspensión inmediata de la
intervención que se adelante sin la respectiva autorización, para lo cual las
autoridades de policía quedan obligadas a prestar su concurso inmediato a efectos
de hacer efectiva la medida que así se ordene. En este caso, se decidirá en el curso
de la actuación sobre la imposición de la sanción, sobre la obligación del implicado
de volver el bien a su estado anterior, y/o sobre el eventual levantamiento de la
suspensión ordenada si se cumplen las previsiones de esta ley. […] Lo previsto en
este numeral se aplicará sin perjuicio de la competencia de las autoridades
territoriales para imponer sanciones y tomar acciones en casos de acciones que se
realicen sin licencia sobre bienes inmuebles de interés cultural en virtud de lo
señalado en el numeral 2 del mismo’ […]” (Destacado fuera de texto).
73. De acuerdo con ello, el artículo 2.4.1.4.4. del Decreto 1080 de 2015
estableció una relación de “[…] [l]as diferentes obras que se pueden efectuar en las
áreas afectadas de los BIC, sus colindantes, espacios públicos y sus zonas de
influencia, de acuerdo con el nivel de Intervención permitido cuando cuentan con
este o con el proyecto de intervención presentado ante la autoridad que hubiere
efectuado la declaratoria como BIC, y que deben contar con la previa autorización
de intervención […]”.
74. En los tipos de obras permitidas, según los respectivos niveles de
intervención, se encuentran: i) primeros auxilios, correspondientes a obras urgentes
cuando el mismo esté en peligro de ruina o riesgo inminente; ii) reparaciones
locativas, consistente en obras puntuales con el propósito de mantener el inmueble
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original; iii)
reforzamiento estructural, radica en mejorar el comportamiento estructural con el
objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente; iv)
adecuación, orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original; v) restauración,
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consiste en recuperar y adaptar un inmueble con el fin de conservar sus valores
estéticos, históricos y simbólicos; vi) obra nueva, se trata de edificar en terrenos no
construidos; vii) ampliación, son obras para incrementar el área construida; viii)
demolición, obra que consiste en derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones; ix) modificación, obras tendientes a cambiar el diseño arquitectónico
o estructural de una edificación; x) reconstrucción, va dirigida a rehacer total o
parcialmente la estructura espacial y formal de un inmueble; y xi) cerramiento se
trata de cerrar un predio que no sea de espacio público.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos
legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los
habitantes
75. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”43.
76. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
201144, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad45; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio46; y iv) atención de los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible47.
77. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a
los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de
2008, Radicado núm. 250002324000200500901-01 (AP). C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de abril de 2011.
Radicación número: 630012331000200400688-01(AP). C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno.
45 Inciso segundo, Art. 58 de la Constitución Política.
46 Numeral 1, Art. 95 de la Constitución Política.
47 Art. 3 de la Ley 388 de 1997.
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prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos48. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del
suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros49.
78. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
Análisis del caso concreto
79. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
80. El Tribunal Administrativo de Caldas amparó el derecho e interés colectivo a
la defensa del patrimonio cultural de la Nación, luego de considerar que se probó
su vulneración con la ocurrencia del incendio del jueves 6 de abril de 2017, el cual
consumió la manzana ubicada en la carrera 6 entre calles 8 y 9 del centro histórico
del Municipio de Salamina. En ese sentido, ordenó a las entidades accionadas la
realización de un estudio en el que determinen cuales son las intervenciones
necesarias para la recuperación integral del sector y se destinen los recursos
necesarios para concretar la protección del derecho.
81. Adicionalmente, ordenó a la entidad de orden nacional accionada que
revisara el contenido del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP del conjunto
urbano del Municipio de Salamina en el sentido de incluir en los proyectos uno que
se relacione con la recuperación de los bienes de interés cultural afectados con el
incendio objeto de esta acción, así como un componente de riesgo por incendio en
48 Art. 5 de la Ley 388 de 1997.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de febrero de
2007, Rad. número: 630012331000200400243-01(AP), C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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el conjunto urbano del Municipio en el que se determinen las entidades que tendrán
a cargo la reconstrucción de bienes de interés cultural en caso de futuros siniestros.
82. Contra esta decisión, por un lado, la Nación - Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes; el Departamento de Caldas y el Municipio de Salamina
interpusieron recursos de apelación que fundamentaron en que no hay prueba
suficiente para determinar la existencia de vulneración a los derechos e intereses
colectivos, que no son las autoridades competentes para asumir las labores
ordenadas. Por otro lado, el señor Javier Elías Arias Idárraga adujo en su recurso
de apelación que los términos otorgados son demasiado extensos y que se debe
condenar en costas a la parte accionada.
83. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, son las siguientes50:
83.1. Copia de la Resolución núm. 87 de 2 de febrero de 2005, mediante la cual
se declararon “[…] cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos
de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de Interés Cultural de
Carácter Nacional […]”.
83.2. Copia de las peticiones radicadas los días 4, 5, 6 y 22 de mayo de 201751,
suscritas por los señores Antonio José Duque Salazar, Aurelio Giraldo Calderón y
Hernando Hincapié Galvis, mediante las cuales solicitaron a las entidades
accionadas y al ministro de Defensa Nacional que adopten medidas para preservar
el patrimonio cultural y la recuperación del centro histórico en la carrera 6 entre
calles 8 y 9 del Municipio de Salamina.
83.3. Copia del Oficio núm. H.C.M.-OF126-2017 de 19 de mayo de 201752,
expedido por el presidente del Concejo del Municipio de Salamina, en el cual se
informó que mediante Oficio núm. H.C.M.-OF119-2017 de 13 de mayo de 2017 se
había solicitado al Secretario de Planeación que convocara al Concejo para conocer
lo que se había adelantado, los pasos a seguir y el plan de contingencia para
problemáticas de esa índole.
50 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
51 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 8-21.
52 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 27 y 28.
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Núm. único de radicación: 170012333000201700457-01
83.4. Copia de Oficio núm. MC12299S2017 de 13 de junio de 201753, expedido
por la Directora de Patrimonio (E) del Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, mediante el cual se indicó que los días 7, 8 y 9 de abril de 2017 se realizó
una visita técnica en la cual se recorrió la zona en donde se constató que se perdió
el perfil del centro histórico “[…] causando una ruptura al continuo urbano
homogéneo con características arquitectónicas contextuales importantes en la
conformación de la unidad del bien de interés cultural declarado […]” y afirmó que
no puede realizar intervenciones que impliquen recursos económicos para su
recuperación por tratarse de bienes privados; sin embargo, ha adelantado reuniones
con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A. - Findeter, con el fin de buscar opciones de gestión y
definir las acciones necesarias para lograr la oportuna formulación de un proyecto
que permita la recuperación de dicha zona. Además, que realizará el
acompañamiento técnico que dicha formulación requiera.
83.5. Copia del Oficio núm. S-DIAC-17-047523 de 13 de junio de 201754,
expedido por el Director de Asuntos Culturales de la Cancillería, en el cual se
informó que, a través de esa entidad, “[…] el Ministerio de Cultura, alertó de manera
inmediata sobre la situación presentada en Salamina, a la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, con el propósito de solicitar
asistencia al Fondo de Emergencia del Centro de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, para la reconstrucción de este municipio en tanto que parte del Paisaje
Cultural Cafetero […]”.
83.6. Copia del informe preliminar55 titulado “[…] del diagnóstico del área afectada
por el incendio ocurrido el jueves 06 de abril de 2017 en el Municipio de Salamina
[…]”. En el mismo se resaltó que el sector bajo estudio se encuentra dentro del
centro histórico, de acuerdo con el punto 16.3.1.3 del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Salamina, el cual cuenta con técnicas de construcción
tradicionales que llevan alrededor de 150 años. Adicionó lo siguiente:
“[…] Para darle una mayor dimensión a la pérdida producto del incendio, nos
encontramos con que la zona afectada hace parte del Paisaje Cultural Cafetero
Colombiano, siendo Salamina su cuna, debido a las prácticas relacionadas con el
cultivo y producción de café, y su arquitectura tradicional caracterizada por
edificaciones que se construyen en laderas con materiales que el entorno provee.
Adicionalmente, el incendio ocasionó la pérdida de alrededor de 400 obras de
Germán Gómez, uno de los pintores más importantes del país que ha expuesto en
53 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 23-24.
54 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 25-26.
55 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Páginas 64-75.
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Europa y países [a]mericanos con más de 50 años de trabajo, entre el surrealismo
y realismo con técnica precolombina; así como la pérdida de la casa de la Familia
Gutiérrez Gómez, la que conservaba uno de los únicos pasadizos o balancines que
tenían las edificaciones tradicionales Salamineñas y era el único taller artesanal de
joyería.
A partir de allí, la Secretaría de Cultura del Departamento y la Fundación Escuela
Taller de Caldas han realizado un diagnóstico preliminar del área afectada, dejando
como resultado la pérdida de un total de 82,5 metros de largo por 25 metros de
ancho, 2.062,5 m3 de Tapia y 2.282,5 m2 de Bahareque; calculando que la
reconstrucción del lugar, con sus características originales para conservar el
Patrimonio Arquitectónico, costaría alrededor de $ 9.487.500.000 pesos.
[…]”.
84. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
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Solución a los problemas jurídicos
85. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes, con la claridad de que no se abordarán asuntos o materias
que no fueron controvertidas.
Análisis de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos,
en el caso concreto
86. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -UNESCO-, en junio de 2011, declaró como Patrimonio Histórico y Cultural
de la Humanidad al “Paisaje cultural del café de Colombia”, con los criterios de
selección “v” y “vi” que corresponden respectivamente a: i) ser un ejemplo
sobresaliente de un asentamiento humano tradicional, de un uso de la tierra o del
mar que sea representativo de una cultura (o culturas), o de la interacción humana
con el medio ambiente, especialmente cuando éste se ha vuelto vulnerable bajo el
impacto de un cambio irreversible; y ii) estar directa o tangiblemente asociado con
eventos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, con obras artísticas y literarias
de excepcional importancia universal.
87. En una porción del mapa que aparece en la información de la declaración
mencionada, en la lista del patrimonio mundial, se encuentra incluido el Municipio
de Salamina:
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88. De acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, la Sala destaca
que, entre los documentos aportados, se encuentra la Resolución núm. 87 de 2 de
febrero de 2005, mediante la cual se declararon “[…] cuatro (4) sectores urbanos,
localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca,
como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional […]” relacionados a
continuación:
“[…] • SECTOR COMPRENDIDO POR LOS BARRIOS EL PRADO, BELLAVISTA
Y UNA PARTE DE ALTOS DEL PRADO, localizado en la ciudad Barranquilla -
Atlántico.
• CENTRO URBANO DE MONGUÍ, localizado en el municipio de Monguí - Boyacá.
• CONJUNTO URBANO DE SALAMINA, localizado en el municipio de Salamina -
Caldas.
• CENTRO URBANO DE ZIPAQUIRÁ, localizado en el municipio de Zipaquirá -
Cundinamarca […]”.
89. En esa misma línea, mediante Resolución núm. 127 de 24 de enero de 201756
expedida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se aprobó el Plan
Especial de Manejo y Protección -PEMP- del centro histórico del Municipio de
Salamina y su zona de influencia, declarado bien de interés cultural de ámbito
nacional, el cual tiene dentro de sus objetivos “[…] disponer de los criterios y
lineamientos de planificación que garanticen la protección, recuperación,
conservación, revitalización, sostenibilidad y divulgación del Centro Histórico de
Salamina (Caldas) y su zona de influencia, teniendo en cuenta sus condiciones
patrimoniales, sociales, ambientales y económicas […]”.
90. En los niveles de intervención y tipos de obras permitidos en el Plan Especial
de Manejo y Protección -PEMP- del centro histórico del Municipio de Salamina se
encuentran: i) nivel 1: conservación integral; ii) nivel 2: conservación del tipo
arquitectónico; y iii) nivel 3: conservación contextual. Respecto al nivel de
conservación contextual se indica que “[…] aplica a inmuebles ubicados en el área
afectada y su zona de influencia que no tienen características arquitectónicas
representativas, pero cuya compatibilidad con el contexto urbano se debe garantizar
para asegurar la preservación del trazado, los perfiles, paramentos, alturas, índices
de ocupación y volúmenes edificados […]”. Igualmente, en los tipos de obras
permitidas en el nivel 3 se encuentra la reconstrucción.
56 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del conjunto urbano (Centro
Histórico) de Salamina, Caldas, y su zona de influencia, declarado bien de interés cultural de carácter nacional
(hoy Bien de Interés Cultural del ámbito nacional)”.
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91. El día 6 de abril de 2017 ocurrió un incendio en la carrera 6 entre las calles 8
y 9 del Municipio de Salamina, del que se realizó un informe preliminar, que fue
allegado por el Departamento de Caldas en su contestación, en el cual se destacó
que la zona afectada se encuentra ubicada en el centro histórico del Municipio y
“[…] hace parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, siendo Salamina su
cuna, debido a las prácticas relacionadas con el cultivo y producción de café, y su
arquitectura tradicional caracterizada por edificaciones que se construyen en
laderas con materiales que el entorno provee […]”.
92. El mismo documento señaló que “[…] el incendio ocasionó la pérdida de
alrededor de 400 obras de Germán Gómez, uno de los pintores más importantes
del país que ha expuesto en Europa y países [a]mericanos con más de 50 años de
trabajo […] así como la pérdida de la casa de la Familia Gutiérrez Gómez, la que
conservaba uno de los únicos pasadizos o balancines que tenían las edificaciones
tradicionales Salamineñas y era el único taller artesanal de joyería […]”.
93. De lo anterior, advirtió que al realizar un diagnóstico preliminar del área
afectada se tiene que la pérdida consta de “[…] un total de 82,5 metros de largo por
25 metros de ancho, 2.062,5 m3 de Tapia y 2.282,5 m2 de Bahareque; calculando
que la reconstrucción del lugar, con sus características originales para conservar el
Patrimonio Arquitectónico, costaría alrededor de $ 9.487.500.000 pesos […]”.
94. Adicionalmente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes señaló
mediante Oficio núm. 410-2017 que “[…] dada la condición del Paisaje Cultural
Cafetero como Patrimonio Mundial, se informó que el Ministerio estaba solicitando
la ayuda de emergencia a la Unesco […]”.
95. De lo anterior, la Sala considera que se demostró la calidad bajo la cual se
encuentran catalogados los inmuebles ubicados en el centro histórico del Municipio
de Salamina, los cuales, además, hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero como
patrimonio cultural teniendo en cuenta que los elementos ubicados en el conjunto
urbano del Municipio conforman un conjunto integrado de bienes con suma
importancia y relevancia a los cuales se les atribuyen valores para ser transmitidos
de una época a otra, de forma generacional, por ser patrimonio cultural de la Nación,
en razón a la intención de proteger su esencia.
96. Asimismo, la Sala considera que es evidente la afectación a los bienes
declarados como de interés cultural de ámbito nacional, los inmuebles quedaron
destruidos generando importantes pérdidas como las manifestadas previamente. En
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ese sentido, se encuentra configurada la vulneración a los derechos e intereses
colectivos en el asunto bajo estudio por la ausencia de protección de los inmuebles.
97. Si bien se demostró que ya existe el instrumento de planeación para los
bienes declarados de interés cultural, el Plan Especial de Manejo y Protección del
Municipio de Salamina, la Sala está de acuerdo con el planteamiento expuesto por
el Tribunal relacionado con que hace falta la inclusión de un proyecto relacionado
con la recuperación de los bienes afectados por el incendio y la determinación de
las entidades que tendrán a cargo la reconstrucción de bienes de interés cultural en
caso de futuros siniestros; sin embargo, considera que debe agregarse un elemento
preventivo en cuanto a medidas de cuidado a dichos bienes como la sugerida en el
proceso sobre soterrar las líneas eléctricas, o lo que se examine como viable en el
centro histórico bajo estudio.
98. Por lo anterior, la Sala confirmará el ordinal segundo y modificará el ordinal
cuarto de la sentencia de 28 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, en primera instancia, por un lado, en cuanto se declara la vulneración de
los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio cultural de la Nación
y, por el otro, que se incluya un aparte en el Plan Especial de Manejo y Protección
en el que se determinen medidas preventivas para evitar la ocurrencia de siniestros
en la zona de interés cultural.
De la responsabilidad y competencia de las autoridades apelantes, en el caso
concreto
99. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
recurrentes con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación
de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En ese orden
y en armonía con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes
o no las medidas impartidas por el Tribunal y si esas autoridades son o no
competentes para cumplir las órdenes.
100. El artículo 8 de la Constitución Política establece que “[…] es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación
[…]”. Asimismo, el artículo 70 supra señala que “[…] la cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad […]”.
101. En desarrollo de lo anterior, el artículo 11 de la Ley 397 dispuso, sobre el
régimen para los bienes de interés cultural, que no se podría efectuar intervención
alguna sin la correspondiente autorización del Ministerio de las Culturas, así como
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que las intervenciones deben realizarse bajo la supervisión de profesionales en la
materia debidamente acreditados ante dicha autoridad. Igualmente, es la entidad
encargada de imponer las sanciones patrimoniales previstas para aquellos que
cometan faltas contra el patrimonio cultural de la Nación.
102. Adicionalmente, el parágrafo 2 del artículo 22 supra, sobre infraestructura
cultural, prevé que “[…] [e]l Ministerio de Cultura podrá cofinanciar las estructuras
de carácter artístico y cultural, determinar los criterios para su adecuada y racional
utilización con fines de fomento y participación comunitaria y prestar la asesoría
técnica […]”.
103. Teniendo en cuenta que el artículo 457 de la Ley 397 dispuso que la política
estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos
principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad
y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad
cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
104. Igualmente, el mismo artículo señala que los bienes de interés cultural
pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier
orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado.
105. El artículo 5 supra determinó que “[…] son entidades públicas del Sistema
Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, el Ministerio de Cultura, […] los
Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en general, las
entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollen, financien, fomenten
o ejecuten actividades referentes al patrimonio cultural de la Nación. […] El Sistema
Nacional de Patrimonio Cultural estará coordinado por el Ministerio de Cultura, para
lo cual fijará las políticas generales y dictará normas técnicas y administrativas, a
las que deberán sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema […]”.
106. Respecto a las competencias de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes, entre otras, se encuentran las siguientes: “[…]
9. Orientar el diseño y la puesta en marcha de instrumentos para la protección del
patrimonio cultural mueble e inmueble […] 16. Adelantar gestiones y atender las
obligaciones derivadas de convenios e intercambios internacionales en favor del
Patrimonio Cultural de la Nación [...]”.
57 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 12 de marzo de 2008.
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107. En ese sentido, la Sala destaca las funciones principales que tiene el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes respecto al patrimonio cultural de
la Nación, en tanto determina los lineamientos para propender por la permanencia
y cuidado de los bienes que han sido catalogados como de interés cultural, como
los bienes inmuebles objeto del presente caso.
108. Asimismo, posterior a la ocurrencia del siniestro, el Ministerio de las Culturas
realizó una visita técnica los días 7, 8 y 9 de abril de 2017 para efectuar un recorrido
en la zona y establecer un diagnóstico de las afectaciones producidas al patrimonio
cultural, quienes contaron con acompañamiento de la administración municipal y la
población afectada. En dicha visita se encontró que “[…] se perdió completamente
el perfil oriental de la manzana 56, correspondiente al costado occidental de la ‘calle
real’ carrera 6 entre calles 8 y 9, principal vía del centro histórico, conformado por
ocho inmuebles de naturaleza privada, dedicados en su mayoría a la actividad
comercial con presencia en segundo lugar de vivienda, causando una ruptura al
continuo urbano homogéneo con características arquitectónicas contextuales
importantes en la conformación de la unidad del bien de interés cultural declarado
[…]”58.
109. En ejercicio de sus funciones, el Ministerio de las Culturas las Artes y los
Saberes remitió solicitud de ayuda por emergencia a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, informando
lo sucedido en el Municipio de Salamina el 6 de abril de 2017.
110. En respuesta, mediante Oficio S-UNESCO-17-050759 de 28 de junio de
2017, la Cancillería informó que, en respuesta a la solicitud de asistencia por
emergencia mencionada, el Director del Centro de Patrimonio Mundial confirmó la
aprobación de lo solicitado por el Ministerio de las Culturas por un monto de US$
70.000 incluyendo unos elementos relacionados con los resultados esperados de
dicha inversión en donde menciona que se deben realizar estudios técnicos, trabajo
social y un plan de manejo de riesgos.
111. Si bien el Ministerio de las Culturas ha manifestado reiteradamente que no
puede hacer aportes económicos por los daños ocurridos en los bienes inmuebles,
por tratarse de bienes privados; mencionó que ha adelantado reuniones con la
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Findeter, con el fin de buscar
opciones de gestión y definir las acciones necesarias para lograr oportunamente la
58 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01EXP_20170045700C1(.pdf)
NroActua 2. Página 208.
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formulación de un proyecto que permita la recuperación de dichos bienes. Además,
indicó que “[…] realizará todo el acompañamiento técnico que pueda requerir la
posible formulación de un proyecto de intervención para la zona afectada en el
incendio, garantizando que el planteamiento esté acorde con los valores culturales
presentes en este bien de interés cultural […]”.
112. Adicionalmente, el Departamento de Caldas solicitó apoyo al Ministerio de
las Culturas indicando que el Municipio necesitaba recursos económicos para
recuperar los inmuebles y, más adelante, el Ministerio realizó una visita técnica el
19 de mayo de 2017 por parte de un ingeniero civil de la Dirección de Patrimonio.
113. Asimismo, del recuento normativo mencionado supra se desprende que el
deber del Estado, en relación con la protección de los bienes que conforman el
patrimonio cultural, se extiende del ámbito nacional al territorial e incluye a todas las
autoridades que el legislador ha previsto que participen en la formulación de los
programas de manejo y conservación de los bienes de interés cultural, entre las
cuales se encuentran principalmente el Ministerio de Cultura y las entidades
territoriales
114. El Ministerio de Cultura es el encargado de fijar las políticas públicas y
establecer normas técnicas y administrativas a las que deben sujetarse las
entidades y personas que integran el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación actuando en labores como las señaladas en el artículo 4 del Decreto 763 de
2009, respecto al Régimen Especial de Protección de Bienes de Interés Cultural, en
los siguientes términos:
“[…] vi. Actuar como instancia competente en lo relacionado con la aplicación del
Régimen Especial de Protección, cuya sigla es -REP-, de que trata el artículo 11 de
la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, respecto
de los bienes que declare como BIC del ámbito nacional o de los declarados como
tal con anterioridad a la Ley 1185 de 2008.
vii. Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los
declarados como tal antes de la expedición de la Ley 1185 de 2008, si tales bienes
requieren dicho plan, previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
viii. Autorizar las intervenciones en BIC del ámbito nacional, así como aquellas que
se pretendan realizar en sus áreas de influencia y/o en bienes colindantes con
dichos bienes […]”.
115. En la misma norma se establece, respecto a los departamentos, lo siguiente:
“[…] A los departamentos a través de las gobernaciones, de conformidad con el
artículo 8º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de
2008, les corresponde cumplir respecto de los BIC del ámbito departamental que
declare o pretenda declarar como tales, competencias análogas a las señaladas en
el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo.
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Núm. único de radicación: 170012333000201700457-01
También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes declarados como
monumentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos
u otras denominaciones efectuadas por las asambleas departamentales o
gobernaciones, homologadas a BIC de conformidad con lo establecido en el artículo
4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, literal
‘b’.
Del mismo modo les compete, en coordinación con la respectiva Asamblea
Departamental, destinar los recursos que las leyes y los presupuestos
correspondientes señalan para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de
la Nación en lo de su competencia […]”.
116. Sobre la labor de los municipios, el artículo mencionado supra prevé lo
siguiente:
“[…] A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad
con el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185
de 2008, les corresponde cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que
declare o pretenda declarar como tales, competencias análogas a las señaladas en
el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo.
También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes incluidos en los
Planes de Ordenamiento Territorial y los declarados como monumentos, áreas de
conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones
efectuadas por los concejos municipales y alcaldías, homologadas a BIC de
conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificado
por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, literal ‘b’.
Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo Concejo Municipal,
destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes
señalan para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de
su competencia.
A los municipios les corresponde la formulación del PEMP para los bienes del Grupo
Urbano y los Monumentos en espacio público localizados en su territorio […]”.
117. Para la Sala se ha evidenciado que las autoridades accionadas actuaron
adelantando trámites para contribuir supliendo necesidades generadas por la
ocurrencia del siniestro; sin embargo, a la fecha no se ha demostrado que se haya
logrado la superación de la vulneración y, por ende, las entidades accionadas deben
adoptar las medidas pertinentes para la recuperación y conservación de los
inmuebles que son objeto de pronunciamiento.
118. En ese sentido, la Sala comparte la decisión del Tribunal en cuanto a la
realización de un estudio inicial que permita la determinación de las intervenciones
necesarias para la recuperación integral del centro histórico del Municipio de
Salamina, incluyendo los avances que ya se han logrado producto de los aportes
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
• UNESCO.
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119. Más adelante, la Sala considera que es necesario evaluar con los propietarios
de los inmuebles afectados si encuentran viabilidad para asumir lo que requiere
reestablecer las condiciones en las cuales deben quedar los bienes de interés
cultural y, en caso que no sea posible, las entidades accionadas deberán evaluar
las medidas adecuadas para garantizar la superación de la vulneración a los
derechos e intereses colectivos estudiando posibilidades de adquirir los bienes
inmuebles para que el Estado se haga cargo de la reconstrucción o restauración de
los mismos.
120. Al respecto, el artículo 72 de la Constitución Política establece:
“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en
manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener
los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.”
121. En ese sentido, se trata de unos bienes que ostentan características
particulares como la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; así
como prevé la posibilidad para el Estado de adquirir los bienes que se encuentren
en manos de particulares, carga que se deriva de su afectación al servicio de la
sociedad con el propósito de mantener en el tiempo los elementos especiales de
carácter cultural que los hicieron merecedores de la categorización de bien de
interés cultural.
122. Si bien en el Oficio de 7 de abril de 2017, expedido por el Municipio de
Salamina, se señaló que había realizado un censo en el lugar del incendio y se
concluyó que había ocho (8) propietarios, veintidós (22) comerciantes que tenían
sus locales allí y trece (13) familias que vivían en dichos inmuebles afectados. La
Sala considera que se debe realizar un análisis de las características que se
necesita para la restauración, reconstrucción o las medidas que se consideren
pertinentes respecto a los inmuebles afectados, ello con seguimiento de los
lineamientos que determine el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
para dicho sector.
123. De esa forma, se confirmará la inclusión del Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes; el Departamento de Caldas y el Municipio de Salamina como
responsables de asumir medidas en aras de lograr la superación de la vulneración
de los derechos e intereses colectivos.
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124. Asimismo, el señor Javier Elías Arias Idárraga argumentó, en su recurso de
apelación, que el plazo para la ejecución de las medidas ordenadas debía ser
inferior al establecido en tanto consideraba que podían gestionarse en dos (2)
meses. Al respecto, la Sala considera que por organización los términos se
reestablecerán apartando cuatro (4) meses para adoptar las medidas necesarias
para celebrar el contrato que tenga como objeto la realización del estudio, seis (6)
meses para la realización del estudio, un (1) mes para realizar una reunión con los
propietarios de los inmuebles y decidir las medidas a asumir.
125. De allí, si los propietarios de los inmuebles consideran que no pueden asumir
la restauración o reconstrucción de los bienes de interés cultural, las entidades
accionadas deberán estudiar la viabilidad de adquisición de los bienes inmuebles
para, posteriormente, adelantar la realización del proyecto de restauración.
126. Es por lo mencionado que se modificará el ordinal tercero de la sentencia
proferida, en primera instancia, en los términos mencionados previamente.
Sobre el argumento del señor Javier Elías Arias Idárraga en relación con la
condena en costas
127. El señor Javier Elías Arias Idárraga indicó que en el caso sub examine debía
proceder la condena en costas procesales en favor de la parte actora; sin embargo,
en la sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019, proferida por la Sala
Veintitrés Especial de Decisión del Consejo de Estado, el Consejo de Estado fijó las
siguientes reglas de unificación:
“[…] PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su
armonización con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la
liquidación de las costas, así:
2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de
las agencias en derecho.
2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibídem.
2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
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Núm. único de radicación: 170012333000201700457-01
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código general del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.
2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las
agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte
demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo
365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago
de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su
comprobación, conforme con lo previsto en el artículo 366 del Código general
del Proceso.
2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas […]” (Destacado fuera de texto).
128. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la regla jurisprudencial fijada
por la Sala Veintitrés Especial de Decisión del Consejo de Estado, la Sala considera
que, para efectos de condenar en costas procesales, se requiere que en el caso
concreto: i) se encuentren causadas y ii) se liquidarán en la medida de su
comprobación.
129. La Sala observa que, en el caso sub examine, no existe prueba de las
expensas en que se pudo haber incurrido al interior del proceso por la parte actora,
toda vez que, al revisarse el expediente no obra soporte de pago alguno en que
haya incurrido el actor popular en relación con el proceso de la referencia; de igual
manera, tampoco se encuentra probada una pretensión de reconocimiento de
agencias en derecho ni se encuentran probada su causación en clave a una
participación activa y relevante dentro del proceso que culminó con la declaratoria
de amenaza de los derechos e intereses colectivos en este caso concreto.
130. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
131. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:
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“[…] Quinto. CONFÓRMASE un comité de verificación que estará integrado por el
señor el señor Agente del Ministerio Público asignado al Despacho del Magistrado
Ponente, el señor Antonio José Duque Salazar en calidad de accionante, un
representante del Municipio de Salamina, un representante del Departamento de
Caldas, un representante del Ministerio de Cultura y el Defensor del Pueblo –
Regional Caldas o su delegado. El comité se reunirá e informará al Tribunal
Administrativo de Caldas con destino a este expediente, una vez vencidos los
términos indicados en esta providencia […]”.
132. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el
sentido de precisar que: i) el Magistrado Ponente del Tribunal deberá presidir el
comité de verificación; y ii) los representantes de las autoridades obligadas a
adoptar las medidas de la parte resolutiva deberán allegar informes al comité de
verificación, cada dos (2) meses, de los avances gestionados frente a lo que a cada
una corresponde, como se señalará en la parte resolutiva de la sentencia.
133. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones de la Sala
134. En suma, la Sala considera que las autoridades apelantes tienen
competencia y responsabilidad de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la
presente sentencia, teniendo en cuenta que su participación es valiosa para
garantizar la restauración y conservación de los bienes de interés cultural del centro
histórico en el Municipio de Salamina, resaltando que no se ha demostrado el
cumplimiento de lo ordenado ni superación de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos.
135. En consecuencia, se modificarán los ordinales tercero, cuarto y quinto de la
parte resolutiva de la sentencia de 28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en primera instancia. Asimismo, se confirmarán los demás
ordinales de la mencionada sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
Tercero. ORDÉNASE al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; al
Municipio de Salamina y al Departamento de Caldas, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias que, si no se ha hecho y en
cumplimiento de su función de protección del patrimonio cultural de la Nación:
3.1. Realicen de manera coordinada y concurrente, un estudio en el que se
determinen las intervenciones necesarias para la recuperación integral del conjunto
urbano –centro histórico– del Municipio de Salamina, específicamente de los
inmuebles afectados por el incendio ocurrido el 6 de abril de 2017 en la carrera 6 entre
calles 8 y 9. Para lo anterior, se tendrá en cuenta por las accionadas toda actividad
ejecutada como consecuencia de la asignación de recursos por parte de la UNESCO,
según quedó acreditado en este proceso.
Para el cumplimiento de la disposición anterior, ORDENAR a las entidades
mencionadas que, en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, tomen las medidas administrativas, técnicas, jurídicas y
presupuestales necesarias para celebrar un contrato que tenga por objeto la
realización del mencionado estudio.
El estudio ordenado, que constituirá el objeto del mencionado contrato, DEBERÁ
REALIZARSE en el término de seis (6) meses siguientes a la finalización del lapso
similar concedido para la adopción de las medidas indicadas en la orden precedente.
3.2. En el mes siguiente a la finalización del estudio mencionado, realicen una
reunión con todos los propietarios de los inmuebles afectados por el incendio de 6 de
abril de 2017 en el Municipio de Salamina, en la cual las entidades accionadas
expongan los requisitos y alcances de los recursos y estándares que se requieren
para restaurar los bienes en cumplimiento a las directrices del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes con el propósito de determinar si los propietarios
deciden asumir los gastos siguiendo dichos lineamientos. La decisión de los
propietarios debe ser compartida al Municipio de Salamina, quien deberá comunicar
a las demás entidades accionadas, al mes siguiente a la realización de la reunión.
3.3. Si los propietarios deciden asumir los costos del proyecto de restauración de
los bienes, ORDENAR al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; al
Municipio de Salamina y al Departamento de Caldas realizar el acompañamiento
técnico y administrativo para garantizar la finalización de dicho proyecto y proteger el
derecho colectivo vulnerado.
3.4. Si los propietarios consideran que no pueden asumir los costos del proyecto,
ORDENAR al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; al Municipio de
Salamina y al Departamento de Caldas, en cumplimiento de su función de protección
del patrimonio cultural de la Nación:
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3.4.1. En los tres (3) meses posteriores a conocer la decisión de los propietarios,
realizar un estudio de viabilidad de adquisición de los bienes inmuebles de interés
cultural afectados en el incendio de 6 de abril de 2017.
3.4.2. Posteriormente, si se considera viable, a los seis (6) meses siguientes al
término anterior, destinar los recursos necesarios para concretar la adquisición de los
bienes inmuebles objeto de esta acción popular.
3.4.3. Una vez se adquieran los bienes inmuebles, llevar a cabo en los doce (12)
meses siguientes a la adquisición, el proyecto de restauración o reconstrucción de los
bienes de interés cultural ubicados en el Municipio de Salamina afectados por el
incendio 6 de abril de 2017.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
Cuarto. ORDENAR al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que realice
una revisión del contenido de la Resolución núm. 127 de 24 de enero de 2017, acto
mediante el cual se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del
conjunto urbano (centro histórico) del Municipio de Salamina y su zona de influencia,
declarado bien de interés cultural de ámbito Nacional, en el sentido de incluir:
4.1. Un proyecto que se relacione con la recuperación de los bienes de interés cultural
afectados con el incendio del 6 de abril de 2017, así como un componente de riesgo
por incendio en el conjunto urbano (centro histórico) de Salamina, Caldas, y su zona
de influencia.
4.2. Un aparte en el que se determinen las entidades que tendrán a cargo la
reconstrucción de bienes de interés cultural en caso de futuros siniestros.
4.3. Un aparte en el que se determinen las medidas preventivas para evitar la
ocurrencia de siniestros similares en la zona de interés cultural.
Para el cumplimiento de esta orden se concede un término de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
Quinto. CONFORMAR un comité de verificación que estará integrado por: i) la parte
actora; ii) un representante del Municipio de Salamina; iii) un representante del
Departamento de Caldas; iv) un representante del Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes; v) el Defensor del Pueblo – Regional Caldas o su delegado; y
vi) el Magistrado Ponente, quien deberá presidir el Comité.
Los representantes de las autoridades obligadas a adoptar las medidas de la parte
resolutiva allegarán informes, cada dos (2) meses, al comité de verificación sobre
los avances gestionados frente a lo que a cada una corresponde.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
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el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.
CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 28 de enero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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