Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00554-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00554-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00554-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001 23 33 000 2017 00554 01 (3088-2022)
Demandante: Merardo Arias Quiceno
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Confirma sentencia que accedió al derecho porque el demandante
acreditó la convivencia efectiva y material con la causante durante los
cinco años anteriores al fallecimiento.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp contra la sentencia de
primera instancia del 20 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de
Caldas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El accionante instauró demanda2 contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 029131 del 9 de agosto de 2016 y RDP 002123 del 24 de enero de
2017, mediante las cuales la entidad negó la sustitución pensional solicitada.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la entidad reconocer
la sustitución pensional, en su condición de cónyuge supérstite de la señora Marleny del
Carmen Pino Jiménez, a partir del 28 de julio de 2012, con los correspondientes reajustes
anuales de forma retroactiva e indexada, y en consecuencia se realicen los trámites de
inclusión en nómina de pensionados y se disponga sobre la condena en costas.
3. Afirmó que contrajo matrimonio católico con la señora Marleny del Carmen Pino
Jiménez el 31 de julio de 1982 en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en el
municipio de la Dorada, Caldas. De dicha unión nacieron dos hijas, Lina María y Stefanía
Arias Pino, hoy mayores de 25 años3.
1 En adelante Ugpp.
2 Índice 2 de Samai, archivo zip, carpeta Cuaderno 1, folios 5 a 19.
3 Hecho 3.2 ibidem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001 23 33 000 2017 00554 01 (3088-2022)
Demandante: Merardo Arias Quiceno
4. Sostuvo que a la causante le fue reconocida una pensión de invalidez por parte
de Caprecom4, mediante la Resolución 2491 del 25 de octubre de 1995, la cual percibió
hasta el día de su fallecimiento el 27 de julio de 2012.
5. Indicó que mediante escritura pública 2010 del 11 de noviembre de 1997
otorgada en la Notaría Única del Círculo de la Dorada, Caldas, liquidaron la sociedad
conyugal como una gestión netamente patrimonial porque su relación afectiva continuó
en el tiempo hasta el fallecimiento de su esposa. Por tal motivo, el 3 de junio de 2016
reclamó ante la Ugpp el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, la cual fue
negada a través de los actos acusados.
Contestación de la demanda
6. La Ugpp5 se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la negativa
al derecho solicitado se fundamentó en que no se logró acreditar el cumplimiento del
requisito de convivencia previa durante los cinco años anteriores al fallecimiento de la
causante. Indicó que para ello tuvo en cuenta el formulario diligenciado por la causante
al momento de la calificación de pérdida de la capacidad laboral en el cual manifestó ser
soltera, así como también en la escritura pública 2010 del 11 de noviembre de 1997 en
la que las partes liquidaron la sociedad conyugal y en el numeral sexto dispusieron «la
separación de cuerpos posterior a la liquidación de la sociedad conyugal». En
consecuencia, formuló las excepciones de buena fe, prescripción y cualquier otra que se
encuentre probada.
Sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas6 declaró no probadas las excepciones de
«proceder legal y buena fe» formuladas por la entidad; anuló los actos acusados y
condenó en costas a la Ugpp. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la
entidad a reconocer la sustitución pensional al demandante a partir del 3 de junio de 2013
de forma indexada y declaró la prescripción de los derechos reclamados con anterioridad
a dicha fecha.
8. Para arribar a esa decisión, señaló que la norma aplicable es la Ley 100 de
1993, en la medida en que el fallecimiento ocurrió el 27 de julio de 2012. Además, indicó
que como las partes liquidaron la sociedad conyugal, para determinar si se causó el
derecho reclamado era indispensable verificar «el apoyo mutuo, la convivencia efectiva,
la comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del pensionado
o afiliado»7.
4 Caja de Previsión Social de Comunicaciones.
5 Folios 127 a 133 ibidem.
6 Ibidem, archivo denominado «10SentenciaRecursApelación2017-00554», folios 1 a 14.
7 Página 8 de a providencia.
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Demandante: Merardo Arias Quiceno
9. En ese contexto, al valorar el material probatorio encontró acreditados los
requisitos previstos en el artículo 478 ibidem, estos son, la convivencia, el afecto y la
ayuda mutua, precisando, en todo caso, que si bien las partes liquidaron la sociedad
conyugal ello no puso fin a la relación marital entre la pareja.
10. Finalmente, declaró la prescripción extintiva respecto de los derechos
reclamados con anterioridad al 3 de junio de 2013, toda vez que la solicitud de
reconocimiento de la prestación se presentó en el año 2016 y el derecho pensional se
causó a partir del 27 de julio de 2012.
Recurso de apelación
11. Inconforme con la decisión, la Ugpp interpuso recurso de apelación9 en el que
sostuvo que el material probatorio no es concluyente respecto de una convivencia real y
efectiva entre el demandante y la causante. Cuestionó las declaraciones de Lina María y
Stefanía, por considerar que debido a su condición de hijas de la causante y miembros
de su núcleo familiar les resta imparcialidad por su interés en el resultado del proceso,
además de contener inconsistencias y no acreditar el requisito de dependencia
económica. Señaló que el interrogatorio de parte del actor no desvirtuó los fundamentos
probatorios que llevaron a la entidad a negar el derecho, entre ellos que en el dictamen
de pérdida de capacidad laboral la causante informó que su estado civil era soltera y que
en la escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal las partes afirmaron estar
separadas de cuerpos.
12. De igual forma, indicó que debió valorarse la documentación aportada por el
Fosyga y el Adres, en la cual se certificó la inexistencia de afiliación de parte de Marleny
del Carmen respecto del demandante. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas
y tener en cuenta la conducta procesal desplegada por la entidad.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. Mediante auto del 3 de agosto de 202310 se admitió el recurso de apelación.
El demandante guardó silencio en esta etapa11.
14. Por su parte, la Ugpp12 reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda y en el recurso de apelación.
15. El agente del Ministerio Público13 rindió concepto en el que solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, toda vez que en el plenario obran pruebas suficientes
8 Con la modificación de la Ley 797 de 2003.
9 Ibidem, folios 21 a 29.
10 Índice 22 de Samai.
11 Informe secretarial visible en índice 29 de Samai. En este se da cuenta que el demandante interpuso
apelación adhesiva en el índice 27, pero dicha información no coincide con los documentos visibles en el
referido índice, en el que obra copia de los alegatos de conclusión presentados por la Ugpp.
12 Índice 27 de Samai.
13 Índice 28 de Samai.
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Demandante: Merardo Arias Quiceno
que permiten concluir que sí se acreditó la convivencia, soporte en común, cuidado
personal y asistencia del demandante con la causante. Adicionalmente, indicó que la
entidad no aportó elementos de juicio para soportar los motivos que la llevaron a negar
el derecho y por el contrario «se mantuvo en la defensa de criterios desactualizados a
pesar de los dichos de quienes sí afirmaron la convivencia de la pareja hasta el último
momento de vida de la causante».
III. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)14, modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
17. En atención a los reparos planteados en el recurso de apelación, procederá la
Sala a estudiar si en el expediente existían pruebas suficientes e idóneas que
demostraran el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para acceder a la
sustitución pensional reclamada por el demandante. Para ello, se verificará si se acreditó
la convivencia, en la condición que alega, durante los 5 años anteriores al fallecimiento.
Por último, se analizará si el Tribunal erró al condenar en costas a la entidad.
Análisis del problema jurídico
18. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que confirmará la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones, toda vez que el demandante acreditó
su convivencia real y efectiva con la causante durante los cinco años previos a su
fallecimiento.
19. Previo a realizar el análisis, se precisa que si bien es cierto en la sentencia15 y
en los documentos aportados se refiere indistintamente a «pensión de sobrevivientes» o
«sustitución pensional», lo cierto es que la de sobrevivientes es aquella que se otorga al
núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión, mientras que la sustitución pensional se concede al
núcleo familiar del pensionado fallecido o del afiliado que cumple con los requisitos
exigidos en la ley para obtener dicha prestación16, precisión que impone puntualizar que
14 En atención a que la sentencia recurrida se expidió el 24 de julio de 2020.
15 Específicamente en el numeral segundo reconoce la «pensión de sobrevivientes».
16 Acerca de la diferencia entre estas dos prestaciones, ver, entre otras, las sentencias del 24 de agosto de
2017, radicado 25000 23 42 000 2013 00823 01 (0717-2014) y del 20 de febrero de 2020, radicado 05001
23 33 000 2017 02535 01 (1425-2019, de conformidad como se citó en sentencia del 20 de marzo de 2025,
expedida por este despacho en el radicado 25000 23 42 000 2021 00505 01 (7316-2023).
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el núcleo de la controversia se concreta en el derecho a la sustitución pensional como
quiera que la causante era beneficiaria de una pensión de invalidez.
20. Conforme lo anterior, se recuerda que en el presente asunto el demandante
ostentó la calidad de cónyuge de la causante17 y por consiguiente pretende el
reconocimiento de la sustitución pensional pese a que la sociedad conyugal fue liquidada
mediante escritura pública 2010 del 11 de noviembre de 1997 otorgada en la Notaría
Única del Círculo Notarial de la Dorada, Caldas18.
21. En ese contexto, se impone recordar que esta Corporación ha fijado la regla
según la cual la calidad de beneficiario de la sustitución pensional impone demostrar que
al momento del fallecimiento del titular de la prestación la sociedad conyugal se encuentre
vigente, exigencia que obedece a las consecuencias legales que acarrea su disolución
y liquidación en tanto que ello supone, en principio, la pérdida del derecho, aun cuando
los demás efectos del matrimonio católico permanezcan, pues una vez producida la
separación de bienes, los recursos del pensionado dejan de integrar el patrimonio común
que antes compartían19.
22. No obstante, la referida regla se ha matizado al aceptar que aun cuando la
sociedad conyugal se haya disuelto y liquidado es dable acceder a la sustitución siempre
que se demuestre que hubo convivencia con el causante durante los cinco años previos
al fallecimiento, excepción que responde a un criterio de realidad en tanto el fenecimiento
patrimonial surgido del vínculo matrimonial no impide20 la continuidad de la vida en
común. En otras palabras, la liquidación de la sociedad conyugal no constituye un
obstáculo para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional cuando las pruebas
demuestren que pese a ello persistió la convivencia efectiva con fines de apoyo,
comprensión, solidaridad y ayuda mutua. Al respecto, esta Corporación indicó:
[…] el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se separen y además
liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás efectos civiles del
17 Las partes contrajeron matrimonio católico el 31 de julio de 1982, tal como da cuenta la partida de
matrimonio y el registro civil de matrimonio visibles en ibidem, Cuaderno 1, folios 25 y 28.
18 Información que se extrae de los actos acusados en donde se indicó: «Que en la fotocopia de la escritura
2010 del 11 de noviembre de 1997, de la Notaría Única del Círculo de la Dorada – Caldas, acto de
liquidación de sociedad conyugal en el cual obran como otorgantes peticionario y causante en el numeral
sexto declararon los comparecientes la separación de cuerpos posterior a la liquidación de la sociedad
conyugal».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de septiembre de 2018, radicado 25000 23 42
000 2013 00618 01 (3232-2017); expresamente indicó «el hecho de que las personas que conforman un
matrimonio se separen y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás
efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona, son causales suficientes
para perder aquél derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes se refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la
masa patrimonial que alguna vez conformaron».
En la sentencia del 19 de marzo de 2020, radicado 25000 23 42 000 2014 03649 01 (0544-2018) se indicó
«[..] la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la liquidación de la sociedad conyugal implica
la pérdida del derecho a la sustitución pensional, a menos que se configure una situación excepcional y
muy particular relacionada con condiciones de vulnerabilidad y especial protección constitucional».
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022, radicado
15001 23 33 000 2015 00814 01 (5017-2019); sentencia del 21 de septiembre de 2023, radicado 25000 23
42 000 2019 01568 01 (4358-2022).
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matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona, son causales suficientes
para perder aquél derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes se refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del
afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron; Sin
embargo, el cónyuge supérstite si puede tener derecho al reconocimiento de la
mencionada prestación, si demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del pensionado
o afiliado […]21
23. En línea con lo expuesto, esta Corporación22 ha señalado que la convivencia «no
se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que
los elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo.
Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja de mantener un
hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir y mantener una
familia».
24. Ahora bien, a efectos de verificar la convivencia en los términos expuestos, se
impone precisar que la norma aplicable para determinar el derecho a la sustitución
pensional es aquella vigente al momento del fallecimiento de la causante. En el presente
asunto, se tiene que la muerte de Marleny del Carmen Pino Jiménez ocurrió el 27 de julio
de 201223 y por tanto la resolución del problema jurídico debe atender a lo previsto en los
artículos 4624 y 4725 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la
Ley 797 de 2003, respectivamente.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2016, número
interno (2650-15).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicado
05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia del 24 de octubre
de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de abril de 2001, en
el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
23 Según registro civil de defunción con indicativo serial 07286595, visible en índice 2 de Samai, ibidem,
folio 23.
24 Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca
y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos inmediatamente anteriores al fallecimiento y se
acrediten las siguientes condiciones […]
25 Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. <Expresiones “compañera o compañero
permanente” condicionalmente exequibles> <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años con anterioridad a su
muerte.
b. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
<Aparte subrayado condicionalmente exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente,
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25. Acorde con ello, en el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de
controversia el reconocimiento de la pensión de invalidez26 y el fallecimiento de su
titular27. A partir de estos hechos probados, la Sala encuentra necesario analizar las
pruebas que apuntan a establecer la convivencia real y efectiva entre las partes, por el
tiempo establecido en la ley, en la medida en que uno de los reparos está dirigido a
cuestionar su acreditación. Al respecto se tiene:
a. Registro Civil de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía de Merardo Arias
Quiceno28.
b. Partida de matrimonio y Registro Civil de matrimonio entre Marleny del Carmen Pino
y Merardo Arias Quiceno celebrado el 31 de julio de 198229.
c. Declaraciones extraprocesales rendidas30 por Merardo Arias, en la primera de ellas,
manifestó haber vivido de forma ininterrumpida y permanente durante 30 años con
Marleny del Carmen Pino desde el 31 de julio de 1982 hasta el día de su fallecimiento
el 27 de julio de 2012 y que su último lugar de residencia fue en la Urbanización Pitalito
en la Dorada, Caldas. Indicó que de dicha unión procrearon dos hijas Lina María y
Stefanía, quienes actualmente son mayores de edad y que con su difunta esposa se
colaboraban económicamente. En la segunda declaración31, indicó que junto con su
esposa liquidaron la sociedad conyugal; sin embargo, nunca se separaron de cuerpos,
ni tampoco dieron terminación al vínculo matrimonial.
d. Declaraciones extraprocesales rendidas32 por Stefanía y Lina María Arias Pino, hijas
de Marleny y Merardo; quienes coincidieron en la narración en señalar que sus padres
convivieron como pareja en la urbanización Pitalito ubicada en el municipio de la
Dorada, Caldas, de manera ininterrumpida compartiendo su morada, su lecho y su
mesa, brindándose apoyo mutuo en todos los aspectos de su vida desde el año 1994
y hasta el 27 de julio de 2012, fecha en la que falleció la causante.
loa beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la
compañera permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco
años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente; […]
26 A la señora Marleny del Carmen Pino le fue reconocida una pensión de invalidez por parte de Caprecom
mediante la Resolución 2491 del 25 de octubre de 1995, al determinar que sufrió una pérdida de
capacidad laboral del 100%; posteriormente a través de Resolución 0718 del 15 de abril de 1997 se
reliquidó dicha prestación; índice 2 de Samai folios 36, 37, 48 a 50 y 52 a 55 e información extraída de los
actos administrativos acusados.
27 Según registro civil de defunción visible en índice 2 de Samai, ibidem, folio 23, consta que Marleny del
Carmen falleció el 27 de julio de 2012.
28 En la cédula consta que nació el 20 de abril de 1955 (folios 20 y 21) sin embargo, en el registro civil de
nacimiento consta que nació el «28» de abril de 1955; (índice 2 de Samai, archivo zip denominado
05ExpedienteAdministrativo-PinoJimenezMarlenydelCarmen; folio 162).
29 Cuaderno 1, folios 25 y 28.
30 Visible en índice 2 de Samai, en el archivo zip denominado 05ExpedienteAdministrativo-
PinoJimenezMarlenydelCarmen; folio 94. Fue rendida el 5 de mayo de 2016 ante la Notaria Única del
Círculo de la Dorada, Caldas.
31 Información que se extrae de la Resolución RDP 045915 del 6 de diciembre de 2016, (la cual si bien no
fue demandada, se puede tener en cuenta pues ese acto que hace parte del expediente administrativo
aportado por la entidad); fue rendida ante la Notaria Única del Círculo de la Dorada, Caldas.
32 Visibles en ibidem, folios 30 a 33. Fueron rendidas el 14 de enero de 2016.
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Demandante: Merardo Arias Quiceno
e. Declaración extraprocesal rendida por Alcira Arias Quiceno33, hermana de Merardo y
cuñada de la causante en la que manifestó conocer hace 32 años a Marleny del
Carmen y constarle que convivieron en la misma casa desde que contrajeron
matrimonio hasta el día de su fallecimiento.
f. Declaración rendida por Regulo Rendón34, quien manifestó haber sido compañero de
trabajo de la causante y conocerla desde hace 35 años y adujo conocer a Merardo
desde hace 39 años. Afirmó que le consta que convivieron como pareja en la misma
residencia desde mediados de 1982 hasta julio de 2012, fecha en que falleció Marleny
del Carmen.
g. Información extraída de la Resolución RDP 02123 del 24 de enero de 2017, según la
cual en el informe investigativo realizado por Caprecom figura el formulario del
dictamen de pérdida de capacidad laboral del 5 de octubre de 2007 35 emitido por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se observa que en las «casillas
destinadas para datos básicos la causante manifestó ser soltera».
h. Información extraída de la Resolución RDP 02123 del 24 de enero de 2017, según la
cual en el informe investigativo realizado por Caprecom figura la Escritura pública
2010 del 11 de noviembre de 1997, otorgada por la Notaría Única del Círculo de la
Dorada, Caldas que contiene «el acto de liquidación de sociedad conyugal en el cual
obran como otorgantes peticionario y causante [y] en el numeral sexto declararon los
comparecientes la separación de cuerpos posterior a la liquidación de la sociedad
conyugal»36.
i. Oficios S11610070219034705S00001954570037 del 7 de febrero de 2019 y
S11910130219044027S000019444100 del 13 de febrero de 2019 38 de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud39
en los que consta que Merardo Arias Quiceno se encuentra activo en el régimen
contributivo y que dentro de las bases de datos no figura como beneficiario de la
causante.
33 Visible en índice 2 de Samai, en el archivo zip denominado 05ExpedienteAdministrativo-
PinoJimenezMarlenydelCarmen; folio 195. Fue rendida el 22 de octubre de 2016 ante la Notaria Única del
Círculo de la Dorada, Caldas.
34 Visible en índice 2 de Samai, en el archivo zip denominado 05ExpedienteAdministrativo-
PinoJimenezMarlenydelCarmen; folio 202. Fue rendida ante la Notaria Única del Círculo de la Dorada,
Caldas. Información que se extrae de la Resolución RDP 02123 del 24 de enero de 2017.
35 Visible en índice 2 de Samai, en el archivo zip denominado 05ExpedienteAdministrativo-
PinoJimenezMarlenydelCarmen; folio 202. Información que se extrae de la Resolución RDP 02123 del 24
de enero de 2017, pues la entidad no allegó el referido dictamen junto con los antecedentes administrativos.
36 Ibidem.
37 Ibidem, folios 177 y 176; visible también en el archivo denominado cuaderno 3.
38 Ibidem, folio 182
.
39 En adelante Adres. Se precisa que dicha entidad es la encargada de administrar los recursos que hacen
parte del Fosyga. Al respecto ver: Ley 1753 de 2015; Decretos 1429 de 2016; 2265 de 2017.
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Demandante: Merardo Arias Quiceno
j. Interrogatorio de parte al demandante Merardo Arias Quiceno40 en su versión
expuso:
Que convivió con su esposa Marleny «en las buenas y en las malas» hasta el día de su
fallecimiento, en la urbanización Pitalito en la Dorada Caldas ubicada en la calle 40b # 4- 10;
unión de la cual nacieron dos hijas. Que su esposa sufrió un accidente que le ocasionó
inmovilidad de la cintura hacia abajo, circunstancia que hizo necesario que su cuidado fuera
asumido de manera conjunta por él, sus hijas y una señora que colaboraba con las labores
domésticas. Precisó que una vez él se pensionó, en el 2003, dispuso de mayor tiempo, lo que
le permitió participar de forma más activa en la movilización y atención permanente de su
esposa.
Relató que, previo a su deceso, Marleny estuvo incapacitada en la unidad de cuidados
intensivos, entubada y no podía comunicarse verbalmente y él la acompañó durante dicho
proceso hasta su fallecimiento. Agregó que, con ocasión de la muerte, él asumió los gastos
correspondientes a la misa y a la cremación.
Señaló que los gastos del hogar eran sufragados de manera compartida, en tanto ambos
eran pensionados de «la empresa». Como consecuencia de ello, cada uno contaba con
seguro médico propio, razón por la cual ninguno figuraba como beneficiario del otro dentro
del sistema de salud.
Frente al formulario en el cual la causante declaró que era soltera, explicó que el estado de
ánimo de su esposa era variable, alternando entre episodios de histeria, enojo, alegría o risa.
Indicó que, en algunas ocasiones manifestaba que sus hijas la habían abandonado, situación
que él desmentía explicándole que estas se encontraban estudiando. A lo anterior, añadió
que Marleny ingería diariamente entre 10 y 15 medicamentos, circunstancia que, a su juicio,
podría explicar dicha declaración.
En lo concerniente a la liquidación de la sociedad conyugal, manifestó que una vez su esposa
adquirió el estado de invalidez, expresó su intención de proceder con dicha liquidación, frente
a lo cual él no presentó oposición. Afirmó que como resultado de ese trámite, la mayoría de
los bienes quedaron a nombre de la causante. Finalmente, sostuvo que nunca existió
separación de cuerpos entre ellos y que, si bien en el documento del 11 de noviembre de
1997 podría consignarse una situación distinta, lo cierto es que siempre convivieron bajo el
mismo techo.
k. Testimonios rendidos en audiencia de pruebas41 por Stefanía y Lina Marías Arias Pino,
quienes coincidieron en la narración en señalar que sus padres Marleny y Merardo
convivieron durante toda la vida en la urbanización Pitalito en la Dorada Caldas y
siempre se apoyaron. Adicionalmente, señalaron lo siguiente:
• Stefanía Arias Pino afirmó ostentar la calidad de hija de nacimiento de Merardo y Marleny,
por lo que le consta que sus padres estuvieron casados y convivieron en la calle 40b # 4-
10 en la urbanización Pitalito en la Dorada Caldas hasta el fallecimiento de su madre,
evento tras el cual se trasladaron a la vivienda de su abuela ubicada en la calle 18 # 5-18
del mismo municipio.
Indicó que su madre sufrió un accidente en el año 1994, a consecuencia del cual quedó
parapléjica, lo que obligó a adecuar una habitación en el primer piso de la vivienda familiar.
Señaló que su cuidado fue asumido principalmente por su padre, con apoyo de ella, de su
hermana y de una empleada doméstica o enfermera. Precisó que Merardo atendió a su
40 Audiencia de pruebas celebrada el 31 de mayo de 2022, visible en índice 29 de Samai - Tribunales.
41 Ibidem.
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esposa de manera permanente durante casi 20 años, inclusive cuando estuvo en cuidados
intensivos, brindándole asistencia en su aseo personal, colocación de sondas, vestido,
cambio de pañal y traslado a la silla del baño. Dicha atención perduró hasta el fallecimiento
de Marleny.
Refirió que ambos trabajaban en Telecom y sufragaban conjuntamente los gastos del
hogar, situación que se mantuvo aun después de pensionarse. Añadió que su padre
asumía el pago de servicios, estudios universitarios y gastos no cubiertos oportunamente
por la EPS relacionados con medicamentos o sondas para la causante.
En relación con el formulario de 2007 en el que su madre declaró que era soltera, explicó
que ella la acompañó a dicho trámite y que tal manifestación pudo obedecer a que la
causante consumía medicamentos psiquiátricos y neurológicos fuertes, lo que le generaba
episodios de desorientación y negación de su núcleo familiar donde decía que no tenía
hijas, ni esposo y que estaba sola.
Finalmente, desconoce si sus padres realizaron la liquidación de la sociedad conyugal y
aclaró que las distintas direcciones que obran en el expediente corresponden a la vivienda
familiar, la casa de su abuela y la sede del sindicato, esta última utilizada para efectos de
recibir correspondencia.
• Lina María Arias Pino manifestó su condición de hija natural de Merardo y Marleny, por lo
que le consta que sus padres estuvieron casados y convivieron en la calle 40b # 4-10 en
la urbanización Pitalito en la Dorada Caldas hasta el fallecimiento de su madre.
Indicó que tras el accidente que dejó a Marleny en silla de ruedas, se adecuó una
habitación en el primer piso de la casa, en la cual permanecía la familia debido a los
cuidados permanentes que aquella requería, tales como colocación de sondas, cambios
de pañales, limpieza de escaras y asistencia para su movilización, los cuales eran
asumidos principalmente por su padre, con apoyo de ella y de su hermana, teniendo en
cuenta que una vez estas se trasladaron a Bogotá a estudiar, él quedaba a cargo del
cuidado diario, mientras ellas regresaban a visitarlos durante las vacaciones de mitad de
año, semana santas, días festivos y fin de año. En ese contexto, afirmó que Merardo cuidó
de Marleny durante cerca de 20 años.
Sostuvo que sus padres nunca se separaron de cuerpos y que aunque cuando ella tenía
aproximadamente nueve años se llevó a cabo la liquidación de la sociedad conyugal, la
convivencia se mantuvo de manera continua e ininterrumpida.
Refirió que su madre estuvo en coma durante tres meses en el Hospital Santa Sofía y que
el certificado de defunción fue suscrito por su padre, quien la acompañaba al momento del
fallecimiento. Además, los gastos de defunción fueron sufragados por un seguro que
ambos pagaban para atender dichas eventualidades.
En relación con el sostenimiento económico, manifestó que ambos padres eran
pensionados. Respecto del formulario del 2007 en donde Marleny indicó que era soltera,
señaló que el carácter de su madre era complicado debido al consumo de múltiples
medicamentos neurológicos, circunstancia que pudo incidir en la información allí
consignada.
Finalmente, indicó que antes del fallecimiento de su madre, sus padres diligenciaron un
formulario en «APENCOM» en el que dejaron constancia de que, en caso de fallecer
alguno de ellos, la pensión se trasladaría al otro.
26. Al valorar en su conjunto las declaraciones que anteceden, se aprecia
congruencia frente al hecho de que el demandante y Marleny del Carmen fueron esposos
y convivieron de forma permanente e ininterrumpida en la urbanización Pitalito en La
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Dorada, Caldas, hasta el fallecimiento de esta última. Además, que Merardo estuvo a
cargo de su cuidado cerca42 de veinte años y hasta el día de su deceso. Igualmente, que
ambos sostenían el hogar43 y que la causante, dado su estado de salud, le eran
suministrados medicamentos neurológicos y psiquiátricos que afectaban su estado de
ánimo, sin que existan medios de convicción que demeriten las circunstancias fácticas
acreditadas y frente a las que la entidad apelante se opone bajo la tesis encaminada a
desvirtuar la convivencia en razón de la liquidación de la sociedad conyugal y el formulario
en el que Marleny indicó que era soltera.
27. Ante este panorama, la Sala considera que de las pruebas documentales y
testimoniales se colige, con el mayor grado de probabilidad, que Marleny del Carmen y
Merardo mantuvieron una vida en común con vocación de permanencia, en la cual,
aunque liquidaron la sociedad conyugal44 en 1997, quedó acreditado que continuaron su
relación marital, conservando la unidad familiar45, el apoyo y asistencia46 del actor con
respecto al cuidado de su esposa, hasta el 27 de julio de 2012, fecha del fallecimiento de
la pensionada. Lo anterior demuestra que el vínculo afectivo y de convivencia no se
extinguió con la liquidación patrimonial, pues incluso con posterioridad a dicho trámite47
Merardo continuó a su lado de forma permanente e ininterrumpida, estando atento al
cuidado de su cónyuge, lo cual denota su deseo de mantener una familia, así como
también el deber de solidaridad48 con su esposa.
28. En ese contexto, en cuanto al primer reparo de la entidad consistente en que
se desestimen las declaraciones de las hijas del demandante, en atención a que por su
parentesco carecen de imparcialidad, esta Sala precisa que tal circunstancia no
constituye una causa que derive en la desestimación de las testimoniales ni autoriza a su
exclusión. Por el contrario, descartar dichos testimonios por la sola existencia de un
presunto interés familiar desconoce el principio de valoración integral de la prueba. En
ese sentido, el parentesco es únicamente un elemento que debe ser ponderado con
mayor rigurosidad bajo las reglas de la sana crítica49, en conjunto con los demás medios
probatorios.
29. En tal escenario, se advierte que quienes se encontraban en una posición
privilegiada para conocer de manera directa las circunstancias de tiempo, modo y lugar
42 En atención a que el accidente fue en el año 1994 y su fallecimiento en el 2012.
43 De las declaraciones se advirtió que pagaban conjuntamente los gastos del hogar; y que posterior al
accidente de la causante, Merardo era quien sufragaba algunos de los medicamentos o sondas que
requiriera Marleny.
44 De la Resolución RDP 02123 del 24 de enero de 2017 se extrae «[…] Escritura Pública 2010 del 11 de
noviembre de 1997, proferida en la notaría Única del Círculo de la Dorada Caldas, la cual contenía el acto
de liquidación de sociedad conyugal en el cual obran como otorgantes peticionario y causante en el numeral
sexto declararon los comparecientes la separación de cuerpos posterior a la liquidación de la sociedad
conyugal».
45 Durante su matrimonio formaron una verdadera familia, en la cual procrearon dos hijas.
46 En atención a la condición de invalidez de Marleny del Carmen, su esposo cuidaba y atendía sus
necesidades. Es decir, la asistencia de Merardo respecto de su esposa.
47 Se precisa que el accidente de Marleny fue en 1994; la liquidación de la sociedad conyugal en 1997.
48 Deber de apoyo y auxilio con la pareja.
49 En todo caso se precisa que el artículo 211 del Código General del Proceso en cuanto a la imparcialidad
del testigo dispone que «El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las
circunstancias de cada caso».
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en que se desarrolló la convivencia de sus padres eran sus hijas Stefanía y Lina María,
quienes fueron consistentes y coherentes en sus declaraciones al referirse a las
dinámicas de su la vida familiar.
30. Frente a dichas pruebas, esta Corporación50 ha indicado lo siguiente:
Los motivos y pruebas de la tacha se analizarán en la sentencia, a menos que se haya
propuesto por medio de incidente. Vale decir que la tacha de los testigos no hace
improcedente la recepción de sus testimonios ni la valoración de los mismos, sino que
exige del juez un análisis más severo con respecto a cada uno de ellos para
determinar el grado de credibilidad que ofrecen y cerciorarse de su eficacia
probatoria. [Se destaca]
31. En el anterior contexto, la Sala considera que las declaraciones rendidas por
las hijas de la causante y el demandante sí constituyen pruebas idóneas para demostrar
el requisito de convivencia entre sus padres con miras al reconocimiento pensional
reclamado, más aún cuando se analizan en conjunto con la declaración rendida por el
señor Regulo Rendón, compañero de trabajo de la causante, así como aquella brindada
por su hermana, todo lo cual redunda en desatender el reparo concerniente a la
valoración que hiciera el a quo de los aludidos testimonios.
32. Frente al cuestionamiento que se hace al interrogatorio de parte rendido por
el demandante según el cual no desvirtúa los fundamentos en los que se basó la entidad
para negar el derecho reclamado, se observa que la demandada no allegó el documento
que da cuenta de ese hecho, pues solo se menciona en uno de los actos acusados51.
Con todo, la Sala advierte que los testimonios practicados confieren un mayor grado de
corroboración52 de los hechos tendientes a demostrar la convivencia y por esa vía le
restan credibilidad a la tesis esgrimida para oponerse a las pretensiones bajo la tesis de
que dicha convivencia no existió.
33. En relación con la información que supuestamente contiene la escritura pública
de liquidación de la sociedad conyugal según la cual la pareja se encontraba separada
de cuerpos, la Sala encuentra que el aludido documento no fue allegado al proceso para
corroborarla53 y en todo caso, los testimonios obrantes en el proceso54 son consistentes
y concordantes en desvirtuar la supuesta separación.
34. Ahora bien, la Sala advierte que le asiste razón a la apelante cuando afirma
que el a quo omitió valorar la documentación aportada por el Adres55, lo que le impone a
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de enero de 2012,
radicado 11001 03 15 000 2011 00615 00 (PI).
51 Ver literal g) del párrafo 25.
52 No solo el demandante lo mencionó en su versión, sino también las hijas de la causante, quienes
conocían de manera directa su situación familiar.
53 Ver literal h) del párrafo 25. En todo caso, se precisa que en la demanda se reconoció la existencia de
esa escritura, pero únicamente se refirió que a través de ella se produjo la liquidación de la sociedad
conyugal. Ver párrafo 5.
54 No solo las de las hijas del causante, sino las de la hermana de este y un compañero de trabajo de la
causante. Ver párrafo 25, literales e) y f).
55 Precisión respecto del Fosyga efectuada en el párrafo 25, literal i), pie de página 40.
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la corporación reparar en el valor que para el caso concreto y el problema jurídico ofrece
esa información.
35. Como se verifica en la certificación expedida por el Adres, esta solo tiene por
objeto acreditar la forma de afiliación al sistema de salud, bien sea en calidad de cotizante
o de beneficiario. En el caso concreto, se tiene que Merardo figura actualmente como
cotizante de MEDIMAS EPS S.A.S.56, dentro del régimen contributivo, circunstancia que
por sí sola no desvirtúa la convivencia ni la existencia de una vida en común con la
causante, en tanto que, ser beneficiario de salud respecto del causante, no constituye un
requisito legal ni es el único medio para acreditar la convivencia exigida para el
reconocimiento de la sustitución pensional.
36. En ese orden de ideas, el hecho de que el actor no aparezca registrado como
beneficiario en el sistema de salud de la causante, según la información del Adres, lo
único que refleja es la modalidad de afiliación en salud. Además, con las declaraciones
se logró establecer que tanto Merardo como Marleny del Carmen laboraron en Telecom,
razón por la cual cada uno cotizaba al sistema de salud de forma independiente. Tal
circunstancia, lejos de constituir un indicio acerca de la falta de acreditación del requisito
de convivencia o de terminación del vínculo marital, resulta plenamente compatible con
la dinámica familiar acreditada en el proceso en la que se indicó que ambos tenían
ingresos pensionales y que sufragaban de forma compartida todos los gastos del hogar.
37. Finalmente, en lo atinente a la condena en costas en primera instancia, el
Tribunal las ordenó a cargo de la entidad demandada porque fue la parte que resultó
vencida en el juicio57, argumento que resulta suficiente para prohijar la decisión que sobre
el particular se adoptó en la sentencia impugnada por obedecer al régimen legal que
orienta la materia.
38. En línea con ello, no es de recibo la argumentación de la entidad tendiente a
la absolución de costas porque no se valoró su conducta en el proceso, ya que el artículo
188 del CPACA58 impone un criterio objetivo para el efecto, y por tanto la decisión del
Tribunal se ajusta a lo normado en la citada disposición citada.
Condena en costas
39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
56 Tal como quedó consignado en el párrafo 25, literal i), pie de página 38.
57 Debido a que fundamentó su condena en virtud de lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del
Proceso.
58 [...] Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas [...].
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40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En ese contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que si bien no prosperaron los argumentos del recurrente, que buscaba la revocatoria
de la sentencia, sí se acogió uno de los reproches formulados en cuanto se examinó una
prueba que dejó de analizarse por parte del Tribunal59, por manera que no puede
predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en esta instancia. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de septiembre de 2021, emitida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
59 En la medida en que el Tribunal omitió estudiar la certificación expedida por el Adres.
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Demandante: Merardo Arias Quiceno
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG
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