Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2017-00682-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2017-00682-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 17001-23-33-000-2017-00682-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
13 de febrero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA / TRASLADO DE CENTRO PENITENCIARIO - Deber de acreditar riesgo / FACULTAD DISCRECIONAL DEL INPEC
Procede estudiar la presunta vulneración de los derechos invocados por no acceder al traslado del señor López Echavarría a un establecimiento penitenciario y carcelario que esté acorde con su clasificación de mínima seguridad y cerca de su núcleo familiar. (…) [L]as normas que regulan el traslado de internos, entre las que se resaltan el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 [Código Penitenciario y Carcelario] que faculta al Director del INPEC para trasladar a los internos entre los establecimientos penitenciarios. (…) Así que corresponde al Director del INPEC, previa recomendación de la Junta Asesora de Traslados, pronunciarse sobre las solicitudes de traslados formuladas por el interno, el director del establecimiento carcelario o el funcionario judicial de conocimiento del proceso penal. Sobre la facultad discrecional del INPEC para decidir las solicitudes de traslado, la Corte Constitucional en sentencia T-275 de 2017 señaló que tal discrecionalidad debe ser respetada por el juez de tutela, salvo que se demuestre que su ejercicio no fue proporcional y razonable o que se desconocieron derechos fundamentales de los internos.(…) Se concluye que la presente solicitud de tutela dirigida a que se ordene al INPEC adelantar los trámites necesarios para su traslado a uno de los establecimientos penitenciarios y carcelarios ubicados en Antioquia, que cumplen con las condiciones de seguridad mínima, necesarias en su caso, debe ser resuelta por el referido Instituto y no directamente por el juez de tutela. La única razón que habilitaría al juez constitucional a pronunciarse en este momento sería que se advirtiera la amenaza o vulneración evidente de los derechos a la vida e integridad física del [actor].(…) La Sala resalta además que si bien el señor López Echavarría se encuentra en un establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, en su interior se destinó como Establecimiento de Reclusión Especial- ERE el pabellón 10A para albergar internos que cumplan las características del artículo 29 de la Ley 165 de 1993, entre las que se destaca la de ex servidor público de elección popular, calidad que ostenta el actor. Además, no está acreditado que el EPAMS La Dorada no cumpla con las medidas de seguridad necesarias para los reclusos o que se le estén limitando los derechos fundamentales del actor. En este punto, debe precisarse que la condición de privación de la libertad por sí sola coarta el ejercicio de varios derechos de los internos, como el de la locomoción, entre otros. La tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, pues no está probado el perjuicio irremediable que pudiera causarse al demandante. En consecuencia, la Sala no avizora del expediente ni de los hechos objeto de la acción la amenaza o vulneración de los derechos a la vida, integridad física, seguridad y unidad familiar. En cuanto al derecho a tener un proceso resocializador adecuado, progresivo y personalizado, el Área de Comando y Vigilancia del EPAMS La Dorada informó que el señor López Echavarría está en la actividad de marroquinería y tiene acceso a las herramientas necesarias para elaborar trabajos de producción artesanal, lo que le permite avanzar en el proceso de resocialización.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00682-01(AC)
Actor: JHON WILLIAM LÓPEZ ECHAVARRÍA
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
Decide la Sala la impugnación presentada por el demandante contra el fallo de 9 de octubre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones
El señor Jhon William López Echavarría, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC- Dirección General, Coordinación de Grupo de Asuntos Penitenciarios, Dirección Regional Viejo Caldas y la Dirección de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad física, a la unidad familiar y a un proceso resocializador adecuado, progresivo y personalizado. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Solicito a esta Honorable Corporación me conceda el amparo constitucional a todos mis derechos fundamentales invocados como vulnerados en la presente demanda.
Se sirva ORDENAR a las accionadas que conforme a sus competencias, en un término no superior a las (48) horas adelanten todos los trámites necesarios tendientes a efectuar mi traslado hacia alguno de los siguientes Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios los cuales son acordes a mi fase de seguridad y cercanos a mi arraigo familiar:
EPC de Santo Domingo Antioquia
EPC de La Ceja Antioquia
EPC de Envigado Antioquia
EPC de Itagüí Antioquia
EP de Marinilla Antioquia.”
Hechos y fundamentos de la acción de tutela
En la demanda de tutela, el señor López Echavarría indicó como hechos y fundamentos relevantes, los siguientes:
Que está privado de la libertad desde hace nueve (9) años. Ha estado recluido en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada- EPAMSLDO por ocho (8) años. Actualmente se encuentra en el pabellón 10A.
Que el 23 de marzo de 2017, lo clasificaron en fase de tratamiento de mínima seguridad.
Que en mayo de 2017, por intermedio de la Defensoría del Pueblo- Regional Magdalena Medio, solicitó a la Dirección General del INPEC y a la Oficina de Asuntos Penitenciarios el traslado a una cárcel acorde con su nivel de seguridad y preferiblemente del departamento de Antioquia, dado que su familia reside en Medellín. La petición se negó por falta de cupos.
Que en el mes de julio nuevamente solicitó traslado pero se le indicó que la petición se remitió a la Junta Asesora de Traslados.
Que es obligado a compartir el mismo espacio con reclusos que no se han resocializado y son de alta peligrosidad, quienes lo agreden verbalmente y lo someten a vejámenes al considerar que es un “sapo o informante del INPEC o la guardia” porque no se une a las protestas y riñas entre los internos y contra los uniformados, con lo que se desconoce que ya se encuentra resocializado y que le falta poco tiempo para reincorporarse a la sociedad y reencontrarse con su familia.
Que algunos reclusos representan un riesgo para su vida, seguridad e integridad física.
Que el INPEC no brinda un tratamiento diferenciado a los internos clasificados en fase de mínima seguridad, quienes según su comportamiento y avance en el proceso de resocialización se aproximan a la reincorporación a la sociedad y deben contar con el apoyo de la familia.
Como sustento jurisprudencial cita la sentencia T-275 de 2017 de la Corte Constitucional.
Trámite previo
Mediante auto del 27 de septiembre de 2017, se admitió la acción de tutela y se ordenaron las notificaciones respectivas.
Oposiciones
4.1. La Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC rindió el siguiente informe:
Con Oficio 81001-GASUP-136 del 12 de enero de 2016, se respondió fallo de tutela No. 17001407100220150022500 proferido por el Juzgado 2 Municipal para adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales en el cual se indicaba que se recomendó a la Junta Asesora de Traslados ubicar al interno López Echavarría en el pabellón ERE 10A, lugar de reclusión especial para ex funcionarios públicos.
Mediante Resolución de Traslado No. 900107cdel 15 de enero de 2016, atendiendo tutela de Juzgado 2 Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales, se trasladó al interno al pabellón ERA 10A.
Mediante Oficio 81001-GASUP-5004 del 8 de abril de 2016, ese grupo respondió nueva tutela interpuesta por el interno, notificada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas), en la que se solicitó desvincular al INPEC porque no estaba demostrada la vulneración del derecho de petición.
En Oficio 81001-GASUP-5005 del 8 de abril de 2016, se dio respuesta a una petición de traslado del interno, en el sentido de negar por improcedente.
En Oficio No. 81001-GASUP-02335 de 7 de marzo de 2017 se dio respuesta a la petición de traslado presentada por el interno López Echavarría y se le indicaron las causales de improcedencia del traslado.
Con lo anterior pretende demostrar que cada vez que el interno se dirige a la entidad a solicitar el traslado se le ha dado respuesta oportuna y en los términos exigidos en la Ley 1755 de 2015.
En relación con las fases de tratamiento penitenciario explicó que son: 1) observación, diagnóstico y clasificación; 2) alta seguridad; 3) mediana seguridad; 4) mínima seguridad y 5) confianza. Y precisó que esas etapas pueden ejecutarse en un mismo establecimiento de reclusión independientemente de su categorización, como es alta o mediana seguridad, según lo dispuesto en el parágrafo único.
Por último, señaló que la categoría de los establecimientos de reclusión es de alta, mediana y mínima de seguridad y que el nivel de clasificación de seguridad penitenciaria y carcelaria de los internos es 1, 2 y 3. Esas fases de tratamiento penitenciario no se pueden confundir con la categoría de los establecimientos de reclusión ni con los niveles de seguridad, toda vez que un interno de nivel uno de seguridad puede estar clasificado en cualquiera de las fases de tratamiento penitenciario.
En conclusión, esa dependencia no vulneró ningún derecho al interno López Echavarría, por lo que solicitó la desvinculación del trámite de tutela.
4.2. El Coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección General del INPEC pidió la desvinculación porque es competencia funcional del establecimiento de reclusión en donde se encuentre purgando la pena el recluido, concretamente a la Junta de Patios y Asignación de Celdas. Sin embargo, en su respuesta indicó:
El traslado de internos entre establecimientos de reclusión está regulado en las Leyes 65 de 1993 [arts. 16, 73-78] y 1453 de 2011 [par. Art. 58] y la Resolución 1203 de 2012 de la Dirección General del INPEC, por la cual se reglamentó la Junta Asesora de Traslados y se fijaron pautas para la presentación de solicitudes de traslado y su trámite.
Sostuvo que el Director General del INPEC no puede trasladar internos con medida de aseguramiento del lugar fijado por el juez, salvo que se configure la hipótesis contenida en el artículo 16 del Código Penitenciario o por las causales previstas en el parágrafo del artículo 58 de la Ley 1453 de 2011, siempre teniendo en cuenta todos los aspectos socio-jurídicos y de seguridad.
Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se resalta que la tutela no es el mecanismo para ordenar el traslado y la facultad discrecional del INPEC en las decisiones de traslado de internos, salvo que se advierta que su ejercicio fue irrazonable o se desconocieron derechos fundamentales.
En cuanto a la unidad familiar, advirtió que el distanciamiento es consecuencia de la restricción de derechos al estar privado de la libertad.
Informó que en la Regional Noroeste no se evidencia algún establecimiento que cumpla con las condiciones de mínima seguridad.
Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, puesto que en este caso en particular no se vulneran los derechos fundamentales, los cuales han sido invocados en varias oportunidades, en ejercicio de esta misma acción, actuar que es temerario y desconoce la buena fe.
4.3. El Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada (Caldas) para dar respuesta a la presente acción requirió a varias dependencias para que rindieran el informe respectivo, según su competencia, así:
El Área de Traslados- Jurídica informó:
Que el interno Jhon William López Echavarría TD 3645 está condenado a una pena de 22 años y 1 mes por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.
Que a la fecha de la contestación de la tutela, el interno no ha elevado nueva solicitud de traslado para otros establecimientos de reclusión.
Que por Oficio 81001-GASUP-02335 de 7 de marzo de 2017, la Coordinadora Grupo de Asuntos Penitenciarios dio respuesta a la solicitud de traslado, formulada a través de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de indicarle, en primer lugar, que los EPMSC Medellín y EPMSC Itagüí presentan afectación por fallos de tutela que restringen el ingreso de más internos hasta que baje el nivel de estos. En segundo lugar, le explicó los motivos constitucionales y legales por lo que no procedía la solicitud de traslado.
Que en relación con los internos que el demandante afirma atentan su integridad personal y seguridad, indicó que se encuentran recluidos en el pabellón 10A, por su calidad de ex miembros de la fuerza pública y adultos mayores.
El Área de Comando de Vigilancia señaló:
El artículo 29 de la Ley 65 de 1993 contempla la reclusión en establecimientos especiales cuando el hecho punible lo cometan el personal del INPEC, funcionarios y empleados de la Justicia Penal, del Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, funcionarios con fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas.
Que el INPEC no cuenta con establecimientos de reclusión especial suficientes para albergar internos de casos especiales, por lo que para el caso del EPCAMS de la Dorada actualmente, de conformidad con la Resolución 00578 de 27 de marzo de 2013 del Jefe de Oficina de Planeación, del Asesor Jurídico y del Director del establecimiento carcelario, el pabellón 10A se destinó como Establecimiento de Reclusión Especial- ERE para ex funcionarios públicos, tercera edad e indígenas condenados o sindicados.
Para el caso en discusión, el recluso López Echavarría se encuentra en fase de tratamiento de mínima seguridad, según Acta 637-636-2017 de 23 de marzo de 2017.
Conforme con la Ley 65 de 1993 [art. 10], la finalidad del tratamiento penitenciario es alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante diferentes herramientas como son el trabajo, el estudio, la disciplina, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación. En los artículos 79 a 103 de la referida ley se encuentran los lineamientos generales para las actividades de trabajo, estudio y enseñanza, como la base fundamental para el proceso de tratamiento penitenciario de los internos.
En la misma Ley 65, artículo 142 y siguientes, se advierte que el tratamiento penitenciario se verifica a través del desarrollo de actividades de trabajo, estudio, enseñanza, culturales, deportivas, entre otras y NO a través de las condiciones propias de seguridad de los establecimientos de reclusión o los horarios estipulados en el Reglamento de Régimen Interno. Así que no es correcta la apreciación del demandante, dado que el avance en el tratamiento penitenciario no implica una disminución en los protocolos de seguridad del establecimiento carcelario o las condiciones del proceso de prisionalización ni la ubicación en otras penitenciarias con características de infraestructura diferente, como que refiere el actor.
Por su parte, el artículo 144 de la Ley 65 de 1993 establece las fases de tratamiento que inician con: i) la observación, diagnóstico y clasificación del interno, ii) alta seguridad, iii) mediana seguridad, iv) mínima seguridad y v) de confianza. Así que el cambio de fase permite al interno acceder a determinadas actividades educativas y laborales que implican menos restricciones, con lo que se busca desarrollar hábitos y competencias socio- laborales.
Solo los internos que están clasificados en fases de mediana o mínima seguridad pueden acceder a actividades de redención fuera del pabellón a áreas como el rancho y mantenimiento de áreas semiexternas.
Actualmente, el interno López Echavarría está redimiendo pena en la actividad de marroquinería en el área de talleres, en la que tiene acceso a herramientas y las manipula para trabajos de producción artesanal.
Por último, los Directores de establecimientos carcelarios no tienen la facultad de realizar traslado de internos, ello corresponde a la Dirección General del INPEC, a través de la Coordinación Grupo Asuntos Penitenciarios de la sede central que, para este caso, resolvió de fondo y oportunamente la solicitud de traslado elevada por el demandante.
Por lo anterior, ese establecimiento no ha vulnerado ningún derecho fundamental del interno. Por el contrario el actuar ha sido conforme a la ley y reglamentos. En consecuencia, pidió negar las pretensiones de la demanda de tutela.
4.4. La Directora Regional INPEC Viejo Caldas pidió la desvinculación de la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva y que se declare la improcedencia de la acción por carencia actual de objeto. La Directora rindió el siguiente informe:
No se evidencia la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor López Echavarría.
Frente al acercamiento familiar, destacó que una vez se quebranta la ley penal el recluso es consciente de la pérdida de ciertos derechos y garantías constitucionales por haber defraudado a la sociedad, lo que implica un tratamiento penitenciario adecuado conforme lo ordena el juez penal de conocimiento. En este caso, se dispuso que sea el EPAMS La Dorada por tener la infraestructura y características adecuadas para cumplir la pena impuesta.
En esos términos, la tutela no es el medio legal para solicitar el traslado del actor, puesto que la única autoridad legalmente instituida para ordenar traslados de personal interno es el Director General del INPEC, quien previo agotamiento del procedimiento establecido analiza y resuelve si concede o no el traslado, para ello tiene en cuenta el perfil del interno y la disponibilidad de cupos del establecimiento al que quiere ser trasladado.
Las direcciones regionales del INPEC no tienen competencia para ordenar traslados de personal interno menos cuando se trata de un establecimiento fuera de la jurisdicción de la dirección regional.
Finalizó con el hecho de que el INPEC no ha prohibido el contacto familiar. El Instituto procura el contacto del personal interno con sus familiares, por medio de visitas personales, comunicación telefónica, escrita y las visitas virtuales. En este punto, advirtió que es imposible que exista un establecimiento de reclusión en cada uno de los municipios del país.
Providencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante fallo del 9 de octubre de 2017, declaró improcedente el amparo al advertir que el actor ha intentado por este medio constitucional obtener su traslado a otro centro penitenciario.
En este caso, teniendo en cuenta el estado de indefensión del demandante, no procede la declaratoria de temeridad sino la improcedencia de la acción.
Impugnación
El señor Jhon William López Echavarría solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo. Como sustento expone:
“(…) Si bien es cierto, en años anteriores he hecho uso de la acción de tutela, pero lo hice para lograr que las accionadas – siempre arbitrarias-, corrieran mi traslado de los pabellones comunes en los que me obligaron a convivir durante siete años con internos de todos los perfiles y personalidades, no obstante tener pleno conocimiento de mi condición de ex servidor público elegido por voto popular (Edil), y efectivamente el Juez de tutela amparó mis derechos y fui trasladado internamente al patio No. 10A denominado como “especial”. Así las cosas, continué purgando mi pena dentro del mismo penal, bajo el mismo régimen de máxima seguridad.
Ahora bien, cuando hice uso del mecanismo de la tutela me hallaba clasificado en fase de tratamiento de Alta Seguridad, razón por la cual efectuaron mi movimiento dentro de este mismo penal, por estar acorde con mi fase de tratamiento. Pero aunque así lo deseen las accionadas y lo avale el A-quo, nada de esto se debió tener en cuenta al momento de resolverse la actual demanda constitucional, ya que apareció un evento nuevo que modificó considerablemente mi situación esto es, el día 23 de Marzo de 2017 fui clasificado en Fase de Tratamiento de MÍNIMA SEGURIDAD, fase que a todas luces no es compatible con el nivel de seguridad que ostenta este penal de la Dorada. (…)
2) Respecto a lo mencionado por las accionadas en su contestación, sobre la existencia de la Resolución 7302 de Noviembre de 2015 que determina que todas las fases de tratamiento pueden ejecutarse en un mismo establecimiento de reclusión independientemente de su categorización, vale la pena resaltar que la mencionada resolución, jamás podrá estar por encima de la Ley 65 de 1993 modificada por la Ley 1709 de 2014, ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10-3) y su observación General No. 21 del Comité de Derechos Humanos, disposiciones todas que se refieren al tratamiento adecuado, progresivo, personalizado etc, que debe ser garantizado al recluso para procurar su resocialización, que es el fin primordial de la pena privativa de la libertad.
Así las cosas, es arbitrario que las accionadas pretendan que mi fase de tratamiento actual la cumpla en el mismo penal en el que he pasado 10 años y que ya no es acorde a esta fase, donde se procura prepararme para el paso final del proceso que es la reincorporación a la sociedad, y por el contrario, entorpecen mi avance al obligarme a compartir el espacio con internos que son incipientes en el proceso, y sus personalidades y comportamiento son de rebeldía ante la ley y las autoridades lo que los lleva a no aceptar mi moderada y sensata manera de actuar.(…)”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, el señor Jhon William López Echavarría pretende la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad física, a la unidad familiar y a un proceso resocializador adecuado, progresivo y personalizado y, en consecuencia, se ordene el traslado a un establecimiento penitenciario y carcelario acorde con la fase de tratamiento en la que está clasificado [de mínima seguridad].
A la Sala le corresponde resolver la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 9 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró improcedente la solicitud de tutela al encontrar que se han interpuesto varias acciones de tutela con la misma pretensión.
Problema jurídico
En primer lugar, corresponde verificar si el señor López Echavarría en oportunidad anterior promovió acción de tutela con idénticos fundamentos de hecho y de derecho, iguales pretensiones y las mismas partes.
En caso de que se desvirtúe la alegada temeridad, la Sala deberá estudiar si la negativa de traslado a otro centro de reclusión vulnera los derechos fundamentales del actor. Y si el juez de tutela es competente para ordenar el traslado de un recluso a otro establecimiento carcelario.
De la actuación temeraria
De acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria ocurre cuando “sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela [es] presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales (…)”. La sanción para esa conducta es el rechazo o decisión desfavorable de todas las solicitudes.
Frente al particular, la Corte Constitucional ha señalado que se configura la actuación temeraria cuando concurren los siguientes requisitos:
Identidad de partes,
Identidad de hechos,
Identidad de pretensiones; y,
Ausencia de justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela.
Y, en el mismo sentido, la Corporación se refirió a aquellos eventos en los que, a pesar de que se cumpla con los requisitos señalados anteriormente, no hay lugar a declarar la existencia de la temeridad, cuando:
“i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una demanda de igual naturaleza”.
De lo anterior, se advierte que la actuación temeraria se predica en los eventos en que, sin motivo justificado, una misma persona presenta acción de tutela ante varios despachos judiciales de manera sucesiva con base en los mismos hechos y para obtener la protección de los mismos derechos.
El fundamento de la norma que sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, que, de un lado, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con base en el principio de buena fe y, de otro, instituyen como deber de las personas el de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" y "colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia".
Del caso concreto
El 25 de septiembre de 2017, se radicó la presente acción de tutela promovida por el señor López Echavarría contra la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC- Dirección General, Coordinación de Grupo de Asuntos Penitenciarios, Dirección Regional Viejo Caldas y la Dirección de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada-, entidades que, a su entender, vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad física, a la unidad familiar y a un proceso resocializador adecuado, progresivo y personalizado al negarle su traslado del EPAMS La Dorada (Caldas) a uno de los establecimientos penitenciarios y carcelarios adecuados a su fase de clasificación de mínima seguridad.
En los escritos de oposición las demandadas hicieron referencia a dos acciones de tutela anteriores a la de la referencia, por lo que la Sala estudiará si en el sub lite se configuró la actuación temeraria por parte del demandante.
De los pocos datos que se pueden extraer de los documentos aportados con las contestaciones se advierte que, en efecto, existen los siguientes procesos de tutela promovidos por el señor López Echavarría contra el INPEC:
Acción de tutela 1
Radicado
17001-40-71-002-2015-00225-00
Juzgado de conocimiento
Juzgado 2º Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales
Derechos invocados
No es posible verificar con el material probatorio que obra en el expediente
Pretensión
Traslado del pabellón 10B del EPAMS La Dorada al pabellón 10A
Supuesto fáctico
El interno fungió como Edil por lo que debe estar en un pabellón de reclusión especial
Fallo de tutela
Ordenó traslado al pabellón 10A
Acción de tutela 2
Radicado
2016-00128-00
Juzgado de conocimiento
Juzgado 1º Promiscuo de Familia
Derechos invocados
Petición
Pretensión
Traslado a otro establecimiento penitenciario
Supuesto fáctico
Solicitud de traslado no resuelta por el INPEC
Fallo de tutela
Ordenó dar respuesta a la solicitud
En este contexto, se observa que si bien existe identidad de partes y que las solicitudes de tutela estaban encaminadas al traslado del señor López Echavarría, de la poca información que se tiene se concluye que los hechos y fundamentos que las soportaron fueron diferentes entre sí y frente a la presente acción también porque como lo aduce el demandante, existen un hecho y sustento nuevo, que es la clasificación en la fase de mínima seguridad desde el 23 de marzo de 2017. En ese entendido, queda desvirtuada la temeridad endilgada por el a quo.
En ese orden de ideas, procede estudiar la presunta vulneración de los derechos invocados por no acceder al traslado del señor López Echavarría a un establecimiento penitenciario y carcelario que esté acorde con su clasificación de mínima seguridad y cerca de su núcleo familiar.
Sea del caso referirse a lo que aparece probado en el expediente:
El señor Jhon William López Echavarría fue elegido Edil de Medellín para el periodo 01/01/2008 al 31/12/2011.
El 15 de mayo de 2008 lo capturaron y mediante sentencia fue condenado a pena privativa de la libertad de 22 años y un (1) mes por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.
Ha estado recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad La Dorada- Regional Viejo Caldas [en adelante EPAMS La Dorada] por más de 8 años en distintos pabellones.
Actualmente se encuentra ubicado en el pabellón ERE 10A, piso 2, pasillo 1, celda 16. Anteriormente estaba en el pabellón 10B pero, en cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado Segundo Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales, el Director General del INPEC, mediante Resolución 900107 de 15 de enero de 2016, ordenó el traslado dentro del mismo establecimiento EPAMS La Dorada al pabellón 10 A, al demostrar que fungió como Edil y que estaba en fase de Mediana seguridad.
El 27 de febrero de 2017, el interno, por intermedio de la Defensoría del Pueblo- Regional Magdalena Medio, solicitó traslado para un establecimiento penitenciario ubicado en Medellín.
En Oficio 81001-GASUP 02335 de 7 de marzo de 2017, notificado el 31 siguiente, la Coordinadora Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC dio respuesta a la petición de la siguiente manera:
“El EPMSC MEDELLÍN, EPC LA PAZ (Itagüí) y EL COMPLEJO DE PEDREGAL se encuentran afectados por Fallos De Tutela, los cuales restringen el ingreso de más internos hasta tanto no baje el nivel de hacinamiento.
(…)
Ahora bien, El INPEC no pretende desconocer el derecho constitucional a la unidad familiar, sino que en su función de administrar los Establecimientos de Reclusión ha establecido procedimientos para regular los diferentes aspectos que conllevan el Sistema Penitenciario y Carcelario. Sumado a lo anterior, el Instituto se ve en la disyuntiva entre el acercamiento familiar en el proceso de resocialización de los privados de la libertad o la necesidad de descongestión o de brindar seguridad a la población reclusa o Establecimientos. Esto explica que el INPEC deba realizar una ponderación de principios con el fin de cumplir su misión.
(…)
Finalmente se le informa que el INPEC cuenta con la tecnología necesaria en las ciudades capitales para realizar visitas virtuales (…)”.
Mediante Acta 637-636-2017 del 23 de marzo de 2017, el Consejo de Evaluación y Tratamiento del EPAMS La Dorada ubicó al señor López Echavarría en la fase de tratamiento de mínima seguridad.
En el escrito de tutela, el señor López Echavarría indicó que en el mes de mayo de 2017 acudió a la Defensoría del Pueblo- Regional Magdalena Medio con el fin de que por su conducto se formulara solicitud de traslado “hacia una cárcel acorde a mi nivel de seguridad y preferiblemente del Departamento de Antioquia por ser mi arraigo familiar de la ciudad de Medellín.” Solicitud que fue negada, según informó.
El demandante también sostuvo que en el mes de julio nuevamente formuló petición en el mismo sentido, la que se remitió a la Junta Asesora de Traslados del INPEC.
En relación con las peticiones de mayo y julio de 2017, no existe prueba en el expediente de que se hubieran radicado ni de las respuestas dadas por las entidades demandadas.
En este punto, se observa que la Coordinadora del Grupo Asuntos Penitenciarios del INPEC y el Director del EPAMS La Dorada, en sus escritos de oposición, hacen referencia al Oficio 81001-GASUP 02335 de 7 de marzo de 2017, con el que se dio respuesta a una petición de traslado formulada por el señor López Echavarría en febrero del mismo año, esto es, con anterioridad a la clasificación en la fase de mínima seguridad.
Concretamente en la respuesta de tutela de 2 de octubre de 2017 dada por el Director del EPAMS se lee del informe rendido por el Área de Traslados- Jurídica que “Revisando detalladamente la Hoja de Vida y la planilla de recibido de Derechos de Petición, se evidenció que el interno JHON WILLIAM LOPEZ ECHAVARRÍA TD 3645, a la fecha NO ha elevado solicitud alguna ante esta Administración en lo que se refiere a solicitud de Traslado para otros Establecimientos de Reclusión del País.”
De lo anterior, y ante la falta de soporte probatorio, no se advierte vulneración alguna de los derechos invocados, puesto que no existe prueba de la petición formulada por el demandante relacionada con el traslado a otro centro carcelario, teniendo en cuenta su nueva clasificación de mínima seguridad, ni tampoco de la negativa de traslado dada por el INPEC.
Ahora bien, como lo que pretende el señor López Echavarría es que por este mecanismo constitucional se ordene el traslado a uno de los establecimientos penitenciarios y carcelarios ubicados en el departamento de Antioquia, concretamente al de Santo Domingo, La Ceja, Envigado, Itagüí o Marinilla, teniendo en cuenta como hecho nuevo su clasificación en la fase de mínima seguridad, corresponde estudiar si tal pretensión es procedente por esta vía tutelar.
Valga hacer mención a las normas que regulan el traslado de internos, entre las que se resaltan el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 [Código Penitenciario y Carcelario] que faculta al Director del INPEC para trasladar a los internos entre los establecimientos penitenciarios. La norma señala:
“ARTÍCULO 73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella.”
Por su parte, el artículo 74 ibídem se refiere a quiénes están legitimados para formular la solicitud de traslado, así:
“ARTICULO 74. SOLICITUD DE TRASLADO. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484" \l "52" Modificado por el art. 52, Ley 1709 de 2014. El traslado de los internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por:
1. El director del respectivo establecimiento.
2. El funcionario de conocimiento.
3. El interno.”
El artículo 75 de la misma normativa consagra las causales de procedencia de traslado, que son:
“ARTICULO 75. CAUSALES DE TRASLADO. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484" \l "53" Modificado por el art. 53, Ley 1709 de 2014. Son causales del traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento Penal:
1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado por médico oficial.
2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.
3. Motivos de orden interno del establecimiento.
4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de Disciplina.
5. Necesidad de descongestión del establecimiento.
6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad.
PARAGRAFO. Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento indicará el motivo de éste y el lugar a donde debe ser remitido el interno.”
Como medidas excepcionales, el artículo 77 de esa ley dispuso:
“ARTÍCULO 77. TRASLADO POR CAUSAS EXCEPCIONALES. Cuando un detenido o condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas, se tomarán respecto de él medidas rigurosas de seguridad, que pueden ser en los casos más graves y por excepción, hasta el traslado a otro establecimiento.
Sólo en estos casos excepcionales y con suficiente justificación, podrá el Director de un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad correspondiente.”
Debe existir una Junta Asesora de Traslados que es la encargada de recomendar al Director del INPEC los traslados que sean necesarios, al respecto el artículo 78 dispone:
“ARTICULO 78. JUNTA ASESORA DE TRASLADOS. Para efectos de los traslados de internos en el país, se integrará una junta asesora que será reglamentada por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Esta Junta formulará sus recomendaciones al Director del Instituto, teniendo en cuenta todos los aspectos sociojurídicos y de seguridad.”
Así que corresponde al Director del INPEC, previa recomendación de la Junta Asesora de Traslados, pronunciarse sobre las solicitudes de traslados formuladas por el interno, el director del establecimiento carcelario o el funcionario judicial de conocimiento del proceso penal.
Sobre la facultad discrecional del INPEC para decidir las solicitudes de traslado, la Corte Constitucional en sentencia T-275 de 2017 señaló que tal discrecionalidad debe ser respetada por el juez de tutela, salvo que se demuestre que su ejercicio no fue proporcional y razonable o que se desconocieron derechos fundamentales de los internos.
En esa misma providencia concluyó que “(…) siendo el Inpec el principal responsable de garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos carcelarios, dentro de una discrecionalidad reglada, es el competente para decidir de forma razonable y proporcional sobre la procedencia de las peticiones de traslado de los reclusos”.
Se concluye que la presente solicitud de tutela dirigida a que se ordene al INPEC adelantar los trámites necesarios para su traslado a uno de los establecimientos penitenciarios y carcelarios ubicados en Antioquia, que cumplen con las condiciones de seguridad mínima, necesarias en su caso, debe ser resuelta por el referido Instituto y no directamente por el juez de tutela.
La única razón que habilitaría al juez constitucional a pronunciarse en este momento sería que se advirtiera la amenaza o vulneración evidente de los derechos a la vida e integridad física del señor López Echavarría.
En el escrito de tutela el actor indica que algunos reclusos representan un riesgo para su vida, seguridad e integridad física pero no existe prueba que soporte esa afirmación. Si bien, informa los nombres de los internos, de la cartilla biográfica de cada uno, aportada por el INPEC, se observa que están recluidos en el pabellón 10A, uno por su condición de ex miembro de la fuerza pública y el otro por ser adulto mayor y que han tenido una conducta ejemplar en los últimos años.
La Sala resalta además que si bien el señor López Echavarría se encuentra en un establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, en su interior se destinó como Establecimiento de Reclusión Especial- ERE el pabellón 10A para albergar internos que cumplan las características del artículo 29 de la Ley 165 de 1993, entre las que se destaca la de ex servidor público de elección popular, calidad que ostenta el actor.
Además, no está acreditado que el EPAMS La Dorada no cumpla con las medidas de seguridad necesarias para los reclusos o que se le estén limitando los derechos fundamentales del actor. En este punto, debe precisarse que la condición de privación de la libertad por sí sola coarta el ejercicio de varios derechos de los internos, como el de la locomoción, entre otros.
La tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, pues no está probado el perjuicio irremediable que pudiera causarse al demandante.
En consecuencia, la Sala no avizora del expediente ni de los hechos objeto de la acción la amenaza o vulneración de los derechos a la vida, integridad física, seguridad y unidad familiar. En cuanto al derecho a tener un proceso resocializador adecuado, progresivo y personalizado, el Área de Comando y Vigilancia del EPAMS La Dorada informó que el señor López Echavarría está en la actividad de marroquinería y tiene acceso a las herramientas necesarias para elaborar trabajos de producción artesanal, lo que le permite avanzar en el proceso de resocialización.
Por lo indicado, la Sección revocará el fallo impugnado que declaró improcedente la solicitud de tutela y, en su lugar, la negará.
La solicitud de amparo en relación con los demás derechos invocados se negará.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR el fallo del 9 de octubre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar:
NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Jhon William López Echavarría, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Fl.7-8
Fl. 18
Fls. 25-27
T-435/09 y T-739/12
Fls. 40-43
Fl. 76
Fls. 82-87
Sentencias T-923 de 2010, T-718 de 2011, T-084 de 2012, T-151 de 2012 y T-181 de 2012, Corte Constitucional.
Fl. 20
Fls. 21 reverso y 22
Información tomada de la Resolución 900107 de 15 de enero de 2015 del INPEC, por la cual se ordena un traslado. Fl. 44
Según Cartilla Biográfica del interno. Fls. 47-49
Ib.
Establecimiento de Reclusión Especial
Ib.
Fl. 44
Según se advierte del Oficio 81001-GASUP 02335 de 7 de marzo de 2017. Fls. 62-63
Fl. 62 reverso
Fl. 9
Fls. 18, 19, 40, 45 y 46
Fl. 40
Ver entre otras, las sentencias T-439 de 2006; T-435 de 2009 y T-017 de 2014.
ARTICULO 29. RECLUSION EN CASOS ESPECIALES. Cuando el hecho punible haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la Justicia Penal, cuerdo de Policía inicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. Esta situación se extiende a los exservidores públicos respectivos.
La autoridad judicial competente o el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta.
HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14622" \l "5" Adicionado por el art. 5, Decreto Nacional 2636 de 2004 con el siguiente inciso. También procederá la reclusión en establecimiento o pabellón especial cuando se haya ordenado el arresto de fin de semana, el arresto ininterrumpido, el cumplimiento de fallos de tutela que impliquen privación de la libertad superior a diez (10) días y las privaciones de la libertad a las que se refiere el inciso cuarto del artículo 28 de la Constitución Política.
PARAGRAFO. Las entidades públicas o privadas interesadas podrán contribuir a la construcción de los centros especiales. En el sostenimiento de dichos centros, podrán participar entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.
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