Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00709-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00709-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00709-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandada: Martha Lucía García Ramírez
Tema: Devolución de dineros con ocasión del reconocimiento de una
pensión de jubilación con la inclusión del 100 % de la
bonificación por servicios prestados. Presunción de buena fe
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Quinta de Decisión, por medio de la cual se accedió de manera
parcial a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1.Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a
que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 3904 del 8 de enero de 2015,
por medio del cual la gerente nacional de reconocimiento de la vicepresidencia
de beneficios y prestaciones de la entidad le reconoció a la demandada la
pensión de jubilación con la inclusión de la bonificación por servicios de manera
anual y no mensual.
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reintegro de las sumas de dinero que se pagaron en virtud del
reconocimiento pensional con la inclusión de la bonificación de servicios de
forma anual y no mensual; ii) la devolución por parte de Salud Sanitas de los
valores girados por concepto de salud a favor de la demandada, desde la fecha
de inclusión en nómina de pensionados; y iii) la indexación de las sumas que
resultaren o el reconocimiento de los intereses a los que haya lugar, según sea
el caso.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Martha Lucía García Ramírez nació el 27 de marzo de 1956. A través de
la Resolución GNR 3904 del 8 de enero de 2015 Colpensiones le reconoció la
pensión de jubilación en cuantía de $8.023.828, efectiva a partir del año 2015.
3.2. Al demostrar el retiro del servicio de la Rama Judicial, a partir del 1° de
octubre de 2015, la prestación fue incluida en nómina, en un monto equivalente
al inicialmente reconocido.
3.3. A través de la Resolución GNRN 307534 del 7 de octubre de 2015,
Colpensiones le solicitó autorización para revocar la Resolución GNR 3904 del 8
de enero de 2015, por cuanto la mesada pensional percibida era mayor de la
que debería ser.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales, se señalaron la Constitución Política; el Acto Legislativo 01 de
2005; las leyes «546 de 1971» y 100 de 1993; y los decretos 546 de 1971, 691 de
1994 y 1158 de 1995.
4.1. En cuanto al concepto de violación expuso que, una vez revisado el
expediente prestacional de la demandada, se encontró que el reconocimiento de
su pensión de jubilación se realizó erradamente, toda vez que en la liquidación
de la prestación se incluyó la bonificación por servicios prestados de manera
anual, cuando según la instrucción de la Gerencia Nacional de Reconocimiento
de Colpensiones debe ser de forma mensual3.
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip) NroActua 2», carpeta
2
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Demandante: Colpensiones
1.2. Contestación de la demanda
5. Martha Lucía García Ramírez se opuso a la prosperidad de las pretensiones
con fundamento en que en el acto administrativo acusado no se efectuó un
cálculo claro y preciso que permitiera justificar un presunto error en la liquidación
de la bonificación por servicios prestados. Contrario a ello, la entidad
demandante se limitó a expresar, a través de un simple señalamiento, la
existencia de un error de cálculo en el factor salarial, en una clara transgresión
al derecho fundamental del debido proceso por carencia de motivación en la
decisión4.
6.Propuso las excepciones de: i) inexistencia de pruebas eficaces que
demostraran el hecho discutido; ii) improcedencia de reintegro de los dineros
pagados en virtud del acto demandado; y iii) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, en sentencia
del 18 de noviembre de 2022 accedió de forma parcial a las pretensiones de la
demanda, para lo cual declaró la nulidad parcial del acto acusado, en tanto
reconoció la pensión de jubilación de Martha Lucía García Ramírez con la
inclusión del 100 % de la bonificación por servicios prestados.
8. En consecuencia, ordenó a Colpensiones realizar una nueva liquidación de la
prestación en la que se incluyera la bonificación por servicios prestados en una
doceava parte.
9. Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente5:
9.1. En atención al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, la
liquidación de la bonificación por servicios debe hacerse en una doceava parte y
no sobre el 100 % de la suma correspondiente, como se realizó en el acto de
«4_4_170012333000201700709021EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE2023070792446 (1)»,
subcarpetas «ExpedienteFisicoEscaneado», «01PrimeraInstancia» y «C01Principal», archivo
«04Demanda.pdf».
4 Ibidem, archivo «23ConstanciaRemision.pdf».
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_170012333000201700709021EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE2023070792446 (1)»,
archivo «19SentenciaPrimeraInstancia.pdf».
3
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Demandante: Colpensiones
reconocimiento pensional.
9.2. Si bien el acto acusado no contaba con la liquidación que permitiera
demostrar que la bonificación por servicios prestados se incluyó en un 100 % y
no en una doceava parte, lo cierto es que al expediente fue allegada otra
documentación que permitió concluir que el citado factor salarial sí se computó
de manera indebida.
9.3. No se desvirtuó el principio de la buena fe que ampara a la demandada,
razón por la cual no está obligada a devolver lo que ya le fue pagado por el
concepto reclamado.
9.4. La nulidad del acto administrativo acusado únicamente producirá efectos
a partir de la ejecutoria de la sentencia, en respeto de los derechos adquiridos
de buena fe.
9.5. Es improcedente ordenar a Salud Sanitas reintegrar los valores girados
por concepto de salud a favor de la demandada, toda vez que la demanda no se
promovió en contra de esa entidad y en ese sentido lo solicitado escapa al tema
objeto de controversia en este asunto.
9.6. No hay lugar a la condena en costas, toda vez que no se observa que la
demanda hubiere sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal,
en consideración a lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
1.4. Los recursos de apelación
9.7. Martha Lucía García Ramírez interpuso recurso de apelación con
fundamento en que el a quo desconoció que la entidad demandante no
demostró que la liquidación de la bonificación por servicios prestados haya sido
de manera errada, pues de ninguna de las pruebas aportadas se puede concluir
de forma fehaciente dicha situación6.
10. Colpensiones disintió de la decisión de primera instancia solo en cuanto negó
el restablecimiento del derecho pedido en la demanda al considerar lo
siguiente7:
10.1. Los dineros pagados en exceso a la demandada por la liquidación
6 Ibidem, archivo «21ConstanciaRdoRecursoDemandada.pdf».
7 Ibidem, «22ConstanciaRdoRecursoDemandante.pdf».
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pensional con la inclusión de la bonificación por servicios en un 100 % deben
ser devueltos a la entidad, por cuanto se trató de decisiones ilegales que
comprometieron los recursos públicos.
10.2. Es evidente la mala fe de la demandada, pues conoció dentro del
procedimiento administrativo de la existencia del error en la liquidación de la
prestación económica y guardó silencio para impedir su revocación, bajo la
consideración de que no contaba con argumentos suficientes para acreditar que
la entidad no tenía la razón jurídica para ello, sino que esperó la intervención de
un juez de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para que se declarara
la nulidad, situación que ha permitido el transcurso del tiempo para continuar
con un pago superior al que no tiene derecho.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de
apelación; no obstante, cuando ambas partes discutan toda la providencia, el
superior resolverá sin limitaciones.
14. En esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta
instancia se contraen a determinar ¿si se debe mantener la inclusión del 100 %
de lo recibido por concepto de bonificación por servicios en el ingreso base para
liquidar la pensión de jubilación de la demandada? y, en caso negativo, ¿si se
desvirtuó la presunción de buena fe que la ampara y en consecuencia hay lugar
a ordenar la devolución de las sumas de dinero pagadas por la liquidación de su
mesada pensional así reconocida?
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2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Contexto normativo y jurisprudencia sobre la liquidación de la
bonificación por servicios en la mesada pensional en el régimen de la
Rama Judicial
15. El artículo 6 del Decreto 546 de 19718, estableció para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público una pensión de jubilación
en los siguientes términos:
«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20
años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de
este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
16. En cuanto a la base de liquidación de la pensión el artículo 12 del Decreto
717 de 19789, modificado por el artículo 4 del Decreto 911 de 197810, dispuso:
«De otros factores de salario: Además de la asignación básica mensual fijada por la
Ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual
y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.
Son factores de salario:
a. Los gastos de representación,
b. La prima de antigüedad,
c. El auxilio de transportes,
d. La prima de capacitación,
e. La prima ascensional,
f. La prima de servicio,
g. Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».
17. Porsu parte, en relación con la bonificación por servicios prestados, el
Decreto 1042 de 197811 creó el emolumento para los empleados públicos de los
8 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
9 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de
remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones».
10 Reglamentario del Decreto 546 de 1971.
11 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
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ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional y dispuso que
se pagaría cada vez que el empleado cumpliera un año continuo de labor, de la
siguiente manera:
«Artículo 45: A partir de la expedición de este Decreto, créase una bonificación
por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un
año continuo de labor en una misma entidad oficial.
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los
enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se
tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación,
siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.
Artículo 46.- La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los
empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este
decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la
asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación
que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a
percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de
asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos
cincuenta pesos ($100.750).
Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3)
factores de salario señalados en el inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio».
18. Asu vez, la bonificación por servicios prestados fue creada mediante el
Decreto 247 de 1997 para «los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
(Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la
Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las
altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los mismo términos establecidos en
los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo
modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997» y se le
otorgó carácter salarial y efectos para determinar la pensión.
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
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19. Así las cosas, la bonificación por servicios prestados fijada, en principio, para
los empleados del orden nacional, fue creada para los servidores de la Rama
Judicial mediante el Decreto 247 de 1997 como un factor salarial al que estos
tendrían derecho cumplido un año continuo de labores y que debía tenerse en
cuenta para efectos pensionales.
20. Sobre este emolumento, en sentencia del 29 de junio de 200612 esta
corporación consideró que «es computable para efectos pensionales y por
consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora, como es una prima anual, se debe
tener en cuenta su doceava parte para la liquidación pensional».
21. Estecriterio ha sido reiterado en sentencia del 31 de julio de 202013, al
establecer que:
«[L]a bonificación por servicios prestados constituye un factor salarial que se paga
siempre que el empleado cumpla un año de servicios en forma continua en la misma
entidad oficial, motivo por el cual para efectos de la inclusión del referido
emolumento en la liquidación de la pensión del accionado debe hacerse en una
doceava parte, y no sobre el 100%, tal como lo determinó el a quo, habida cuenta
de que este se recibe de manera anual, y en razón a ello, resulta contrario a derecho
lo dispuesto en la sentencia de tutela de 30 de mayo de 2008, emitida por el Juzgado
Séptimo (7°) Penal de Manizales, y por ende, es dable declarar la nulidad de las
Resoluciones 46558 de 11 de septiembre de 2008 y UGM 38867 de 20 de marzo de
2012, que fueron expedidas en cumplimiento de esa decisión». [Se resalta].
22. De tal forma, para calcular el monto de la mesada pensional se toma la
doceava parte de la bonificación por servicios prestados y no el 100 %, puesto
que se causa por cada año laborado por el empleado.
2.2.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la
devolución de prestaciones periódicas
23. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido
y entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de junio de 2006, expediente 15001-
23-31-000-2000-02396-01(7559-05), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2020.
Radicación número: 05001-23-33-000-2013-00450-02(2641-17), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
palabra al estar ligado a su propia declaración14.
24. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos15, «(l)a buena fe (del
latín, bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental
de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u
opinión, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación
con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina
"principio de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real
Academia de la Lengua Española16, como honradez.
25. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199517, sostuvo que «(l)a
buena fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del
derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en
nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que
los demás procedan en al (sic) misma forma».
26. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el
Código Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»18.
27. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de
una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá
probarlo». Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de
la buena fe como rector de los contratos en las etapas precontractual y
contractual y su ejecución.
su turno, el Código Contencioso Administrativo19 en su artículo 136,
28. A
numeral 2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas
podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados,
pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
14 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
15Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una
%20conducta.
16 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
17 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
18 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del
23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
19 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
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fe». (Negrilla del texto original).
29. El
desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
30. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional20 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo
haría una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la
existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la
«confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
31. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular
y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por
su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a
la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire
contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso
de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos
tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga
incorporar elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real
significado, suscitando en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la
actuación pública según las circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la
Sala).
32. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos
que se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga
resaltar que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó
bajo ese principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el
caso concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar
20 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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honesto de cada parte.
33. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200421, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que
componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la
buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio
de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser
entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y
honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe
incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que
una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es
decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De
igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la
administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico». (Se
resalta).
34. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas a la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros22.
35. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del
artículo 164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda
en contra de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó
que «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe»,
postulado que tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido
prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones adoptadas de
manera errónea por la administración.
36. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
21 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
22 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
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confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la
expresión de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta
en criterios sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la
apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse
de manera subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»23, en
otras palabras, el beneficiario del derecho reconocido por la administración
actúa con la convicción en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la
cual el ordenamiento colombiano protege a quienes se benefician de
prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
37. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el
derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser
previa a la expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un
hecho concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el
propósito de acceder al derecho.
38. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de
buena fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de
marzo de 200824, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada
por quien la alega. En este fallo se dijo lo siguiente:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por
la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en
este sentido la decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio
de la buena fe, ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos
dolosos y de mala fe para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está
obligado a devolver lo que ya le fue pagado por este concepto25».
39. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 201626, la
corporación indicó:
23 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de
septiembre de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
24 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
25 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita
Olaya Forero.
26 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-
13).
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
12
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir27 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de
mala fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y
para desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite—
en el desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se
afirma en el recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas,
desde el 31 de marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de
la pensión de jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f.
309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho:
(…)28
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente
que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre
prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los
particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se
presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la
presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios
públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al
principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos (…)
(…)
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c),
del CPACA».
40. En pronunciamiento del 18 de marzo de 202129, sostuvo:
«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un
error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos
legales, no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar
de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
41. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las
27 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro
Valdemar Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de
vista que a mi poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por
parte de CAJANAL unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por
servicios (…)» (F. 309)».
28 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
29 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
13
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
autoridades se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda
acreditar lo contrario se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal
principio. Para ello, quien lo alega debe direccionar su teoría del caso a
demostrar una conducta deshonesta que le permitió el acceso a un derecho a
efectos de demostrar que actuó con desconocimiento de los postulados de la
buena fe.
42. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el
pensionado incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de
la actuación administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la
pensión.
43. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda
de lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras
fraudulentas, como la presentación de documentos que no gozan de veracidad,
o que contienen información que no revelan la realidad, indican una actuación
temeraria e intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no
tendría derecho sin ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la
devolución de los dineros recibidos como consecuencia del irregular
reconocimiento de la prestación30.
44. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
45. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales
antes descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe
se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
30 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01,
Magistrada Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de
reintegro de los dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de
jubilación, dada la mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera
malintencionada presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para
dolosamente hacerse acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía
derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por
sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de
devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien
lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original).».
14
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones
dudosas con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con
todo, se hace necesario que se demuestre la comisión de tales conductas
dudosas, deshonestas o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una
prestación para que proceda la devolución de esas sumas de dinero pagadas.
2.3. Lo probado dentro del proceso
46. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
46.1. Martha Lucía García Ramírez nació el 27 de marzo de 195631 y laboró al
servicio de la Rama Judicial como juez en los periodos comprendidos entre 16
de diciembre de 1987 y el 15 de junio de 1988 y el 1 de agosto de 1988 y el 31
de mayo de 2015, esto es por 27 años, 3 meses y 26 días32.
46.2. A través del certificado de salarios mes a mes del 30 de enero de 201433
y las constancias 057 del 30 de enero de 201434 y 1342 del 22 de octubre de
201435, expedidas por el coordinador del grupo de ejecución presupuestal y
pagos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, se indicaron los valores devengados por la demandada entre los
años 1988 a 2009 y del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2014, por
concepto de asignación básica mensual y factores salariales.
46.3. A través de la Resolución 3904 del 8 de enero de 201536, suscrita por la
gerente nacional de reconocimiento de la vicepresidencia de beneficios y
prestaciones de Colpensiones, se le reconoció una pensión de jubilación en
cuantía de $8.023.828; sin embargo, el disfrute de la prestación quedó
condicionado al retiro del servicio.
31 Según cedula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_4_170012333000201700709021EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE2023070792446 (1)»,
subcarpetas «ExpedienteFisicoEscaneado», «01PrimeraInstancia» y «C01Principal», archivo
«05AnexosDemanda.pdf», folio 52.
32 De conformidad el certificado de información laboral del 30 de enero de 2014, con las
constancias 057 del 30 de enero de 2014 y 1342 del 22 de octubre de 2014, el Oficio 432 del 24
de abril de 2015 y la Resolución GNR 307534 del 7 de octubre de 2015. Ibidem, folios 48 y 49,
283 a 285, 29 a 32 y 129 a 136, respectivamente.
33 Ibidem, folios 42 a 47.
34 Ibidem, folios 283 a 285.
35 Ibidem, folios 29 a 32.
36 Ibidem, folios 123 a 128.
15
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
46.4. A través de Resolución GNR 307534 del 7 de octubre de 201537,
Colpensiones ordenó la inclusión en nómina de la pensión a partir del 1 de
octubre de 2015 y no desde la fecha de retiro del servicio, con fundamento en
que la liquidación efectuada en la Resolución GNR 3904 del 8 de enero de 2015
no se encontraba ajustada a derecho y por lo tanto debía evitarse un detrimento
del tesoro público. Precisó que una vez se efectuara una nueva liquidación de la
prestación se reconocería a partir del día siguiente a la última cotización, previo
al retiro del Sistema General de Pensiones.
46.5. Adicionalmente, la entidad solicitó a la beneficiaria de la prestación su
consentimiento escrito para revocar la Resolución GNR 3904 del 8 de enero de
2015, con fundamento en que esta incluyó en la liquidación la bonificación por
servicios prestados como un factor mensual y no anual, lo cual se veía reflejado
en la diferencia de liquidaciones en ambos actos administrativos. Para soportar
ello se anexó la respectiva liquidación38.
46.6. El 26 de octubre de 201539, Martha Lucía García Ramírez manifestó
expresamente que no otorgaba su consentimiento para revocar la Resolución
GNR 3904 del 8 de enero de 2015, por considerar que dicho acto se encontraba
ajustado a derecho.
46.7. Por medio de la Resolución GNR 32826 del 30 de enero de 201640, el
gerente nacional de reconocimiento de la vicepresidencia de beneficios y
prestaciones de Colpensiones confirmó la Resolución 307534 del 7 de octubre
de 2015 al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra.
46.8. A través de la Resolución GNR 76049 del 11 de marzo de 201641,
Colpensiones negó la petición de la demandada en el sentido de que el pago de
las mesadas pensionales fuera a partir del 1 de junio de 2015, toda vez que su
retiro del servicio fue a partir de tal fecha, pues hasta tanto la beneficiaria diera
autorización para revocar la Resolución GNR 3904 del 8 de enero de 2015, no
podía accederse al pago de la prestación desde la fecha solicitada.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
47. En el asunto Colpensiones demandó la Resolución 3904 del 8 de enero de
37 Ibidem, folios 129 a 136.
38 Ibidem, folios 208 a 233.
39 Ibidem, folio 307.
40 Ibidem, folios 183 a 189.
41 Ibidem, folios 23 a 27.
16
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
2015 por medio de la cual la entidad le reconoció la pensión de jubilación a Martha
Lucía García Ramírez, únicamente en cuanto incluyó el 100 % la bonificación por
servicios prestados y no la doceava parte de este factor salarial.
48. Al respecto, en cuanto a los factores salariales a incluir para la liquidación de
la prestación, el acto administrativo dispuso:
«Que conforme a la Circular 054 de 2010 expedida por el Procurador General de la
Nación y la Circular Interna 01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y
Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones, la forma de liquidación de la presente
prestación, se efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Decreto
546 de 1971, incluyendo como ingreso base de cotización los factores salariales
establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo
establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978».
49. En consideración a lo anterior, la entidad determinó la cuantía de la pensión
en un valor de $8.023.828; no obstante, no puede extraerse del acto
administrativo el porcentaje sobre el cual se liquidó el factor controvertido.
50. Ahora bien, al plenario se aportó la Resolución GNR 307534 del 7 de octubre
de 2015, por medio de la cual el gerente nacional de reconocimiento (e) de
Colpensiones le solicitó a la demandada consentimiento para revocar la
Resolución GNR 3904 del 8 de enero de 2015, toda vez que no se encontraba
ajustada a derecho por contener un error en la liquidación de la bonificación por
servicios prestados. En el acto administrativo se consideró lo siguiente:
«Que una vez revisada la liquidación efectuada en la Resolución GNR 3904 del 08
de enero de 2015, se evidencia que en la misma se incluyó el factor salarial de
Bonificación por Servicios como un factor mensual, siendo lo correcto señalar que es
un factor anual.
No obstante lo anterior, y en virtud del principio de la reformatio in pejus procederá a
efectuar la liquidación en nómina de pensionados, respecto a los valores ordenados
en dicho acto administrativo, y en consecuencia de lo anterior, solicitarle a la señora
GARCÍA RAMÍREZ MARTHA LUCÍA su consentimiento para revocar la citada
Resolución.
Así mismo se le indica a la señora GARCÍA RAMÍREZ MARTHA LUCÍA que
comoquiera que la liquidación efectuada de la Resolución GNR 3904 del 8 de enero
de 2015, no se encuentra ajustada a derecho, el reconocimiento de la prestación,
será efectiva a corte de nómina, es decir, a partir del 01 de octubre de 2015 en aras
de evitar un detrimento del tesoro público; pero que una vez se efectúe una nueva
liquidación de la pensión de vejez, la misma se reconocerá a partir del día siguiente
(a) la última cotización, previo al retiro del sistema general de pensiones» (sic).
51. Asimismo, se aportó la Resolución GNR 76049 del 11 de marzo de 2016, por la
17
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
cual Colpensiones le negó una solicitud de la demandada relacionada con el pago
de las mesadas pensionales que en su criterio se le adeudaban a partir del 1 de
junio de 2015, en tanto se había retirado del servicio a partir de esa fecha. En esta
oportunidad la entidad consideró lo siguiente:
«(…) por medio de Acto Administrativo GNR 307534 del 7 de octubre de 2015 se
procedió a realizar la inclusión en nómina de pensionados de la solicitante, a partir
del 1º de octubre de 2015, con una cuantía equivalente a $8.023.028.
Que adicionalmente la Resolución antes citada solicitó a la señora GARCÍA
RAMÍREZ MARTHA LUCÍA, autorización para revocar el Acto Administrativo GNR
No. 3904 del 08 de enero de 2015.
Que la anterior Resolución se notificó el 13 de octubre de 2015 y la señora GARCÍA
RAMÍREZ MARTHA LUCÍA encontrándose en el término otorgado, interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación, motivo por el cual se procedió a
resolver lo recurrido confirmando la Resolución GNR 307534 del 7 de octubre de
2015.
Que la resolución anterior así mismo procedió por medio de Requerimiento interno
No. 2016-903085, a iniciar acción de lesividad, puesto que la petente no otorgó
consentimiento para revocar el Acto Administrativo GNR No. 3904 del 08 de enero
de 2015.
Que la señora GARCÍA RAMÍREZ MARTHA LUCÍA solicita el 26 de enero de 2016
por medio de radicado No. 2016-727873, “… el pago de las mesadas pensionales
que se me adeudan a partir del primero de junio de 2015 correspondientes a la
pensión de jubilación reconocida mediante resolución GNR No. 3904 del 8 de enero
de 2015, toda vez que me retiré del servicio a partir de esa fecha (…)» (sic).
52. En relación con el porcentaje en que se liquidó la bonificación por servicios
prestados, Colpensiones manifestó lo siguiente:
«Que los factores que se tuvieron en cuenta en el estudio de la presente prestación,
fueron los estipulados por el Decreto 1158 de 1994.
(…)
ARTÍCULO 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así:
"Base de cotización".
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por
los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;
(…)
Que adicionalmente es menester mencionarle a la petente que revisada la
liquidación de prestación en primera oportunidad, se evidencia que la
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS fue ingresada de manera errónea,
toda vez que dicho factor salarial se ingresa de manera anual y no mensual,
conforme con la instrucción No. 06 de la Gerencia Nacional de Reconocimiento de
esta entidad, con relación a la inclusión correcta de factores salariales devengados
por el trabajador.
ANUALES
• Vacaciones
• Prima de Navidad
• Bonificación por servicios prestados
• Quinquenios (Contraloría)
• Bonificación por permanencia para entes territoriales
Que al no haberse presentado autorización de revocatoria directa por parte de la
señora MARTHA LUCÍA GARCÍA RAMÍREZ, esta entidad procedió a realizar acción
de lesividad bajo el radicado No. 2016-903085 y como se le indicó en la Resolución
GNR No. 32826 del 30 de enero de 2016» (sic).
52.1. Por medio de la Resolución GNR 32826 del 30 de enero de 2016, el
gerente nacional de reconocimiento de la vicepresidencia de beneficios y
prestaciones de Colpensiones confirmó la Resolución 307534 del 7 de octubre
de 2015 al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra. En este
acto se consideró:
«Que conforme a Instrucción No. 06 de la Gerencia Nacional de Reconocimiento de
la Administradora Colombina de Pensiones- COLPENSIONES se impartió directriz
acerca de la manera correcta de realizar la inclusión de los factores salariales
devengados por el trabajador para efectos de determinar el valor de la prestación,
así:
“Respecto a los factores salariales se establecen tres categorías a saber: ANUALES,
SEMESTRALES Y MENSUALES, los cuales se deben incluir de la siguiente forma
dentro del sistema, para su correcta liquidación:
ANUALES
Vacaciones
Prima de Navidad
Bonificación por servicios prestados
Quinquenios (Contraloría)
19
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
Bonificación por permanencia para entes territoriales”.
Que de esta manera se deja claro que el factor salarial BONIFICACIÓN POR
SERVICIOS PRESTADOS corresponde a la categoría anual, por lo que al momento
de realizarse la liquidación de la prestación mediante la resolución GNR No. 3904 del
08 de enero de 2015, el mismo debió incluirse anualmente teniendo en cuenta el
mes en el que se certifico.
Que al ser esta es la manera correcta inclusión del factor salarial mencionado y al no
encontrarse el acto administrativo mencionado ajustado derecho, se hace pertinente
emitir otra decisión que refleje lo establecido por las normas jurídicas aplicables al
caso concreto» (sic).
53. Ahora, revisado el acto de reconocimiento pensional, se advierte que si bien,
como lo sostiene la parte demandada, no cuenta con una liquidación que
permita demostrar que la bonificación por servicios prestados se incluyó en un
100 % y no en una doceava parte, lo cierto es que, como lo concluyó el a quo y
esta Subsección en el auto que resolvió el recurso de apelación interpuesto
sobre la medida cautelar decretada, al expediente fue allegada otra
documentación que permite inferir que el citado factor salarial sí se computó en
ese porcentaje, lo cual se sustentó en el estudio que la entidad realizó en las
diferentes actuaciones administrativas.
54. Al efecto se aportó al expediente el certificado de salarios mes a mes en el
que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial registró las sumas de
dinero sobre las cuales efectuó las respectivas cotizaciones42 y, en torno a la
bonificación por servicios prestados, indicó las sumas de dinero que
corresponden al 100 % de su valor, tal y como se pudo constatar en el
certificado expedido por el coordinador del Grupo de Ejecución Presupuestal y
Pagos de la Dirección Seccional de Manizales43. Por ejemplo, para el año 1997,
en el primer documento referido se indicó por ese concepto un valor de
$ 447.595,05, el cual, coincide con lo certificado para igual año y concepto como
factores salariales percibidos.
55. Así las cosas, tal como lo consideró la decisión de primera instancia, a partir
del análisis de la actuación administrativa, las normas citadas y el criterio
jurisprudencial mencionado, el acto acusado es ilegal, toda vez que reconoció la
pensión de jubilación de Martha Lucía García Ramírez con inclusión del 100 %
de la bonificación por servicios prestados, cuando lo correcto era tomar la
doceava parte del emolumento comoquiera que se causa por cada año laborado
42 Índice 2 de Samai, archivo denominado «05.AnexosDemanda», páginas 42 a 47.
43 Índice 2 de Samai, archivo denominado «05.AnexosDemanda», páginas 283 a 285.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
por el empleado.
56. Ahora bien, para resolver el punto en lo referente a la devolución de los
dineros pagados con ocasión del reconocimiento pensional, se recuerda, como
ya se vio, que el legislador expresamente dispuso en el literal c) del numeral 1
del artículo 164 del CPACA que no habría lugar a la recuperación de las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe, lo que guarda
correspondencia con la presunción contenida en el artículo 83 de la Constitución
Política.
57. En este caso, en consideración a los hechos enunciados con anterioridad, la
Sala observa que Martha Lucía García Ramírez presentó petición a
Colpensiones para obtener la pensión de jubilación con el convencimiento de
cumplir con los requisitos de ley para su reconocimiento, sin que se observe o
se demuestre que acudió a documentos falsos o medios fraudulentos y, en
consecuencia, solicitó a la entidad de previsión social el reconocimiento
pensional, cuya tesis fue compartida otorgándole la prestación mediante la
Resolución GNR 3904 del 8 de enero de 2015, suscrita por la gerente nacional
de reconocimiento de la vicepresidencia de beneficios y prestaciones, con la
inclusión del factor cuestionado en sede judicial.
58. Así entonces, la Sala considera que no se puede afirmar que aquella haya
obrado con mala fe para obtener la pensión de jubilación, pues siempre
argumentó que su condición de empleada pública por más de 20 años la hacía
merecedora de dicha prestación, lo cual sustentó y sostuvo en sede
administrativa, soportando sus afirmaciones con documentos veraces y en
normas que rigen la prestación. Aunado a que, en la solicitud de reconocimiento
pensional, de manera alguna se reclamó la forma en que debía liquidarse la
prestación, ni la inclusión de algún porcentaje de la bonificación por servicios44.
59. Se recuerda, que para que resulte procedente ordenar el reintegro de los
valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una
prestación social sin tener derecho a ella, deberá estar acreditada la mala fe con
que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales
otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser
desvirtuada.
60. Por lo tanto, la Sala considera que no procede el reintegro de las sumas
recibidas por la demandada, pues no se acreditó en el proceso ni en sede
44 Índice 2 de Samai, archivo denominado «05.AnexosDemanda», páginas 293 a 300.
21
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
administrativa la mala fe con que aquella pudo haber actuado para obtener el
pago del beneficio pensional otorgado y no existe prueba que demuestre fraude,
maniobras o actos ilegales tendientes a lograr tal reconocimiento, es decir,
Colpensiones no acreditó una actitud inmoral o ilegal de la pensionada.
61. Loanterior, puesto que no basta que el ente de previsión demandante
exponga la falta de legalidad del reconocimiento pensional, sino que resultaba
necesario que se acreditara todo el material probatorio tendiente a demostrar
que la conducta de la demandada se apartó del postulado de la buena fe, en
atención a que este mandato constitucional se encuentra ligado a los derechos
al buen nombre y la dignidad humana, lo que se echa de menos dentro del
expediente.
62. El hecho de que Martha Lucía García Ramírez haya presentado ante
Colpensiones la solicitud de reconocimiento de su pensión de jubilación no
conlleva por sí a un actuar fraudulento ni doloso dirigido a defraudar a la
administración, pues, se reitera, no se comprobó de tal proceder que hubiera
obrado de mala fe para obtener el pago de la prestación y, por el contrario, se
advierte que acudió en forma legítima a la entidad a la que a lo largo de su
historia laboral efectuó aportes.
63. En consecuencia, al no encontrar prueba que determine que la demandada
desplegó una conducta fraudulenta, deshonesta o maliciosa para lograr que el
ente previsional demandante accediera a la pensión de jubilación con la
inclusión de la bonificación por servicios prestados en un 100 %, lo procedente
era negar el reembolso o la devolución de sumas de dineros pagadas, como lo
determinó el a quo.
64. Así entonces, la Sala confirmará la sentencia proferida el 18 de noviembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
65. Lanorma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
66. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a
las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
67. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma45.
68. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
69. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
70. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el acto acusado es
parcialmente ilegal, toda vez que reconoció la pensión de jubilación de Martha
Lucía García Ramírez con inclusión del 100 % de la bonificación por servicios
prestados, cuando lo correcto es tomar la doceava parte del emolumento
comoquiera que se causa por cada año laborado por el empleado.
71. No procede el reintegro de las sumas recibidas por la demandada, pues no se
acreditó en el proceso ni en sede administrativa la mala fe con que aquella pudo
haber actuado para obtener el pago del beneficio pensional otorgado y no existe
prueba que demuestre fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr tal
reconocimiento, es decir, Colpensiones no acreditó una actitud inmoral o ilegal
de la pensionada.
45En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación
70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00709-02 (3936-2023)
Demandante: Colpensiones
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Colpensiones
en contra de Martha Lucía García Ramírez, por las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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