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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00719-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00719-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 3 de abril de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al municipio de Manizales, a favor de la señora Martha Elena Rueda Valdés. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00719-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00719-01 (4043-2021)
Demandante: Martha Elena Rueda Valdés
Demandado: Municipio de Manizales

Tema: Retiro del servicio. Justa causa para la terminación de relación
laboral. Reconocimiento de derecho pensional. Cumplimiento de
requisitos para acceder a la pensión de jubilación. Edad de retiro
forzoso.

Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia, al verificarse que se
desconoció el mandato contenido en el artículo 2 de la Ley 1821
de 2016.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandada contra la
sentencia de primera instancia del 3 de abril de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 9 de octubre de 2017, la señora Martha Elena Rueda Valdés, por
conducto de apoderada judicial presentó demanda1 contra el municipio de
Manizales, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 491 de 3 de
abril de 20172 y 624 de 10 de mayo de 20173, mediante las cuales se dio por
terminada una relación laboral por reconocimiento de una pensión de vejez. A título
de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó que se ordenara a la
demandada mantenerla en el cargo que venía desempeñando hasta que
manifestara su voluntad de retiro por haberse acogido a la Ley 1821 de 2016.

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones manifestó que nació el 17 de
junio de 1955 y prestaba sus servicios en la Secretaría de Educación del municipio
de Manizales en el cargo de auxiliar administrativo – grado 07.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Por la cual se da por terminada por justa causa una relación laboral en el municipio de Manizales por

reconocimiento pensional». Notificada
3 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 491 de 3de abril de 2017».

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00719-01 (4043-2021)
Demandante: Martha Elena Rueda Valdés

3. Mediante Resolución No. GNR 17662 de 27 de enero de 2015, la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) le reconoció una pensión
de vejez supeditada a su retiro del servicio.

4. El 20 de septiembre de 2015, Colpensiones solicitó a la señora Rueda
Valdés y al municipio de Manizales para que allegaran soportes para verificar la
relación laboral y corregir la historia laboral. Dicho requerimiento fue atendido por la
demandante a través del radicado No. 2015_9666985.

5. A través de la Resolución No. GNR 915 de 3 de enero de 2017,
Colpensiones concedió la pensión de vejez y registró como fecha de ingreso a
nómina de pensionados el 1 de enero de 2017. Contra esta decisión la señora
Rueda Valdés presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, respecto de
la inclusión de factores salariales en la liquidación del derecho pensional y manifestó
su intención de acogerse a la Ley 1821 de 2016 (edad de retiro forzoso).

6. El 23 de febrero de 2017 la demandante le manifestó al municipio de
Manizales su intención de acogerse a la mencionada ley.

7. Mediante Resolución No. 491 de 3 de abril de 2017 la Alcaldía de Manizales
dio por terminada la relación laboral con la señora Rueda Valdés por el
reconocimiento de su derecho pensional a través de la Resolución No. GNR 915 de
3 de enero de 2017, en aplicación del parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de
2003. Decisión contra la que se presentó recurso de apelación.

8. Por Resolución No. GNR 59264 de 27 de febrero de 2017 (notificada el 7
de abril de 2017) Colpensiones revocó la Resolución No. GNR 915 de 3 de enero
de 2017, negó la reliquidación de la mesada pensional y ordenó el retiro de nómina
de pensionados de la demandante dada su manifestación de acogerse a la Ley 1821
de 2016 de conformidad con la Circular Interna No. 1 de 2017.

9. A través de la Resolución No. 624 de 10 de mayo de 2017 la Alcaldía de
Manizales confirmó la Resolución No. 491 de 3 de abril de 2017.

10. Mediante sentencia de tutela de 24 de mayo de 20174, el Juzgado 1
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Manizales, entre otros, amparó
transitoriamente los derechos al trabajo y al mínimo vital de la señora Rueda Valdés
y ordenó a la Alcaldía de Manizales suspender los efectos de las Resoluciones No.
491 y 624 de 2017 y reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando.
Órdenes a las que se les dio cumplimiento a través de la Resolución No. 754 de
2017.

11. Como fundamento de la vulneración alegó que los actos demandados
violaron el contenido de la Ley 1821 de 2016, según el cual quien se acoja a dicha

4 Rad. 2017-00354-00.

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Demandante: Martha Elena Rueda Valdés

ley no le resulta aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797
de 2003.

Contestación de la demanda

12. A través de auto dictado en audiencia de 13 de mayo de 2019, el Tribunal
Administrativo del Caldas tuvo por no contestada la demanda, por cuanto a pesar
de que el 21 de marzo de 2019 se requirió al municipio de Manizales para que
aportara los documentos que demostraran la respectiva representación legal de la
entidad, no se atendió dicho requerimiento.

Sentencia apelada

13. Mediante sentencia de 3 de abril de 2020, el Tribunal Administrativo del
Caldas declaró la nulidad de los actos demandados. Para ello, señaló que las
Resoluciones Nos. 491 de 3 de abril de 2017 y 624 de 10 de mayo de 2017, pese a
que se fundaron en la causal de retiro del servicio prevista en el parágrafo 3 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, desconocieron las reglas fijadas en la Ley 1821 de
2016, comoquiera que la señora Rueda Valdés informó a su empleador la decisión
de mantenerse en el cargo por no haber adquirido la edad de retiro forzoso.

14. Agregó que no se ordenaría restablecimiento del derecho alguno, toda vez
que la demandante había sido reintegrada al cargo sin solución de continuidad en
cumplimiento de una orden judicial de tutela.

15. Finalmente, condenó en costas a la demandada en consideración a que la
demandante debió incurrir en gastos procesales acudir al proceso a través de
abogado, la naturaleza del proceso, su duración y las gestiones realizadas en él.

Recurso de apelación

16. El municipio de Manizales presentó recurso de apelación en el que
manifestó que el tribunal erró en la interpretación y aplicación de la Ley 1821 de
2016 y desconoció las pruebas obrantes en el proceso.

17. Adujo que en el proceso se demostró que la señora Rueda Valdés manifestó
su intención de permanecer en el cargo hasta el 23 de febrero de 2017, esto es,
luego de haber cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación,
haberse proferido el acto de retiro del servicio e incluso ostentar la calidad de
pensionada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante autos de 27 de enero y 22 de septiembre de 2022, se admitió el
recurso de apelación contra la sentencia de 3 de abril de 2020 y posteriormente, se
corrió traslado para alegar de conclusión.

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Demandante: Martha Elena Rueda Valdés

19. El municipio de Manizales solicitó que se revocara la decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas. Sostuvo que no hubo una valoración objetiva de la
totalidad de las pruebas arrimadas al proceso. Señaló que el acto de retiro del
servicio de la demandante (Resolución No. 637 de 30 de septiembre de 2016) (i)
fue proferido antes del 30 de diciembre de 2016; y (ii) sirvió de sustento para que
Colpensiones la incluyera en nómina de pensionados a partir del 1 de enero de
2017. En otras palabras, los mencionados hechos (retiro del servicio e inclusión en
nómina de pensionados) estaban consolidados antes de la entrada en vigencia de
la Ley 1821 de 2016.

20. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si para el caso de la señora Martha Elena
Rueda Valdés, el reconocimiento pensional constituía o no justa causa para la
terminación de su relación laboral con el municipio de Manizales dada su
manifestación de voluntad de permanecer en el servicio y acogerse a la Ley 1821
de 2016.

Análisis del problema jurídico

23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 3 de abril de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, al precisar que la manifestación
de interés de la demandante de acogerse a la Ley 1821 de 2016 era válida y hacia
inaplicable la causal para dar por terminada la relación laboral.

24. El parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 señala que el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez constituye justa
causa para dar por terminada una relación laboral, tanto en el sector público como
en el sector privado y el empleador podrá invocarla cuando la pensión ha sido
reconocida o notificada por la respectiva administradora del sistema general de
pensiones. Dicho enunciado normativo fue declarado condicionalmente exequible
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1037 de 2003, bajo el entendido
de que además de la notificación del reconocimiento de la pensión debe notificarse
la inclusión en la nómina de pensionados.

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Demandante: Martha Elena Rueda Valdés

25. Por su parte, la Ley 1821 de 2016 modificó la edad de retiro a cargos
públicos a 70 años y señaló expresamente que podrán permanecer voluntariamente
aquellos empleados públicos que hayan completado los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación, siempre y cuando sigan contribuyendo al régimen de
seguridad social. Razón por la cual no les sería aplicable lo dispuesto en el
parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 20035.

26. A partir del marco normativo expuesto y de las pruebas incorporadas al
proceso, la Sala encontró probado que la señora Rueda Valdés presentó recurso
de reposición en contra de la Resolución No. GNR 915 de 3 de enero de 2017, es
decir, que dicho acto administrativo a través del cual se reconoció una pensión de
vejez y dispuso su inclusión en nómina de pensionados desde el 1 de enero de
2017, no estaba en firme para la fecha en la que se expidió la Resolución No. 491
de 3 de abril de 2017 y, en consecuencia, esta última carece de sustento como
quiera que tomó como fundamento una decisión administrativa no ejecutoriada.

27. Lo mismo ocurre con la Resolución No. 624 de 10 de mayo de 2017 del
municipio de Manizales, toda vez, que para esa época, adicionalmente ya había
sido expedida la Resolución No. GNR 59264 de 27 de febrero de 20176 de
Colpensiones, por medio de la cual se revocó la Resolución No. GNR 915 de 3 de
enero de 2017 y ordenó el retiro de la demandante de la nómina de pensionados.

28. Por tanto quedó acreditado que para la fecha de presentación del escrito
por medio del cual la señora Rueda Valdés manifestó al municipio de Manizales su
voluntad de acogerse a la edad de retiro forzoso de 70 años (23 de febrero de 2017),
la demandante (i) contaba con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, (ii)
estaba en ejercicio de funciones públicas y (iii) no estaba inscrita en nómina de
pensionados; motivo por el cual cumplía los presupuestos para que no le fuere
aplicable la causal de terminación de la relación laboral por justa causa prevista en
el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 1821 de 2016.

29. Por lo anterior, contrario a lo sostenido por la parte demandada en el
recurso de apelación, no se advierte una interpretación indebida de la Ley 1821 de
2016, toda vez que el tribunal, en la sentencia de primera instancia, concluyó
acertadamente que en el caso concreto resultaba aplicable la consecuencia jurídica
prevista en dicha normativa, habida cuenta de que se acreditaron los supuestos
fácticos requeridos para ello. En efecto, ante la existencia de un reconocimiento
pensional supeditado al retiro del servicio o que aún no se encontraba en firme,
aunado a la falta de inclusión en nómina de pensionados y a la manifestación
expresa de voluntad de permanecer en el servicio hasta alcanzar la edad de retiro
forzoso, no existía justa causa para dar por terminada la relación laboral.

5 Artículos 1 y 2.
6
Notificada el 7 de abril de 2017.

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30. Asimismo, no se configura el alegado desconocimiento de las pruebas
obrantes en el expediente, toda vez que el elemento de convicción cuya valoración
echa de menos el municipio de Manizales esto es, la Resolución No. 637 de 2016,
no fue incorporado al proceso, en razón a que la demanda se tuvo por no
contestada, decisión que no fue objeto de recurso alguno. Aunado a ello, del acervo
probatorio se desprende que la señora Rueda Valdés continuó prestando sus
servicios hasta el mes de abril de 2017, circunstancia que incluso se refleja en las
Resoluciones Nos. 491 y 624 de 2017, actos administrativos en los que no se hizo
referencia a la mencionada decisión previa.

31. En conclusión, existe mérito suficiente para confirmar la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos demandados.

32. En lo que respecta a la decisión del tribunal sobre el restablecimiento del
derecho, esto es, no ordenar nada con ocasión del reintegro sin solución de
continuidad dado por la orden de tutela, la Sala no se pronunciará porque no fue
objeto de apelación.

Condena en costas en segunda instancia

33. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

34. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

35. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

36. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Caldas.

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Demandante: Martha Elena Rueda Valdés

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 3 de abril de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al municipio de
Manizales, a favor de la señora Martha Elena Rueda Valdés. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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