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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00792-01

Reconocimiento de la cuota parte del bono pensional

Fecha
6 de febrero de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00792-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que amparó los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la señora Beatriz López González, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. La cual quedará así: SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, de la señora Beatriz López González. TERCERO: ORDENAR a la AFP Protección S.A. y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cada una dentro del marco de sus competencias, que, dentro del términos de quince (15) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones tendientes a reconocer, liquidar, emitir y redimir el bono pensional a que haya lugar en favor de la señora Beatriz López González; advirtiéndose, que el ente ministerial asumirá lo respectivo frente a la cuota parte en discusión, sin perjuicio del derecho que le asista de reclamar ante la entidad que corresponda lo pertinente. CUARTO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. QUINTO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00792-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

6 de febrero de 2018

RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA PARTE DEL BONO PENSIONAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL / DILACIÓN EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE BONO PENSIONAL

[L]a Sala concluye que la AFP PROTECCIÓN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que a la fecha no han reconocido y pagado en favor de la [accionante] el bono pensional por ella pretendido, si han adelantado los trámites administrativos pertinentes; cosa distinta es, que hay discusión acerca de quién tiene la obligación de responder por los tiempos laborados por ella al servicio de la hoy ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, es decir, si el departamento de Caldas o si el hospital en calidad de nominador. Al respecto, si bien en principio podría afirmarse que la accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, para que sea allí donde se defina en quien recae la obligación de responder por la cuota parte del bono pensional pretendido, la Sala no desconoce que agotar el respetivo mecanismo judicial si bien resulta eficiente frente a la controversia planteada, no resulta eficaz frente a los derechos de la [accionante], pues ello conllevaría un tiempo prolongado que generaría un menoscabo de su derecho fundamental a la vida digna, salud y a su mínimo vital. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la carga de resolver los impases administrativos a los que se ha visto expuesto el reconocimiento de la cuota parte del bono pensional en favor de la [accionante] recaen única y exclusivamente en las entidades involucradas, esto es, entre el departamento de Caldas y la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, situación que no debe afectar sus derechos fundamentales, pues se recuerda que se trata de una persona de 62 años de edad, desempleada y, sumado a ello, no se puede desconocer que ya cumple con los requisitos para acceder a la devolución del bono pensional pretendido.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00792-01(AC)

Actor: BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) contra la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que amparó los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la señora Beatriz López González dentro del asunto de la referencia.

EL ESCRITO DE TUTELA

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante en su escrito:

La señora Beatriz López González laboró para la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná del 5 de mayo de 1981 a 14 de mayo de 1982, del 8 de abril de 1983 a 31 de julio de 1992 y, del 2 de diciembre de 1996 a 30 de mayo de 2009; periodos en los que siempre estuvo afiliada al Sistema General de Pensiones, por lo que se le realizaron los respectivos descuentos por parte de su nominador. En principio estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida, trasladándose, posteriormente, al régimen de ahorro individual, más exactamente a PROTECCIÓN S.A.

El 6 de diciembre de 2012, la señora López González petición ante su fondo de pensiones el reconocimiento de la pensión mínima, la cual fue atendida de manera desfavorable mediante escrito de 2 de julio de 2013, «teniendo en cuenta que al momento de presentar la solicitud contaba con un total de 1502 semanas cotizadas […] y […] con una saldo de $49.701.753 pesos por aportes obligatorios a Protección S.A. hasta el 02 de julio de 2013».

Con ocasión de la respuesta brindada por PROTECCIÓN S.A., el 8 de mayo de 2013, la actora solicitó ante ellos mismos, la devolución del bono pensional a que hubiere lugar, frente a lo cual, con escrito de 5 de junio de 2013, le informaron que «de acuerdo al Artículo 48 de la Constitución Política por ser afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el Derecho a la Pensión Mensual Vitalicia es irrenunciable y debía ser acreedora al derecho que le correspondía», no obstante por no cumplir con los requisitos para el reconocimiento pensional, quedaba pendiente lo relacionado con la expedición y pago del bono pensional.

El 28 de octubre de 2013, PROTECCIÓN S.A. solicitó ante la Unidad de Prestaciones Sociales de la Secretaría General de la Gobernación de Caldas, el reconocimiento de la cuota parte a su cargo como contribuyente del mencionado bono pensional, quien remitió dicha petición por competencia a la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Entidad esta última, que mediante oficio de 30 de diciembre de 2013, le comunicó al fondo pensional que lo pretendido le compete a la Gobernación de Caldas y/o a la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná.

Con ocasión de la mora en obtener una respuesta de fondo frente al reconocimiento y pago del bono pensional pretendido, la parte actora presentó queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia contra PROTECCIÓN S.A., frente a lo cual, el fondo respondió que el pago pretendido corresponde a tres contribuyentes - Nación, Colpensiones y departamento de Caldas) e informó las gestiones pertinentes adelantadas.

El 19 de marzo y 30 de octubre de 2014, la accionante peticionó ante la ESE Hospital San Marco de Chinchiná y la Secretaria de Hacienda departamental de Caldas, respectivamente, el reconocimiento y pago del pluricitado bono pensional; frente a lo cual, la última de las entidades, con oficio de 10 de noviembre de 2015, señala que la responsable frente a lo peticionado es la ESE ya mencionada.

El 15 de septiembre de 2016, PROTECCIÓN S.A., solicitó a la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección de Pensiones de Patrimonio Autónomo – Dirección Territorial de Salud de Caldas que, en 45 días, el reconocimiento y pago de la cuota pensional correspondiente; petición que fue objetada el 7 de octubre de 2016, «señalando que la certificación de tiempos de servicios para bono pensional no se encontraban ajustados los periodos de trabajo de la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná de acuerdo a los lineamientos de la Territorial de Salud en su Circular 025 del 18 de mayo de 2010». Objeción también presentada, el 26 de octubre de 2016, ante la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ante la solicitud de 26 de enero de 2017, por parte de CENNIS Certificaciones de Empleadores, el 12 de septiembre de 2017, el gerente (e) de la ESE Hospital San Marco de Chinchiná, expidió los certificados laborales necesarios, en formatos 1, 2 y 3, para la despachar el bono pensional de la señora López González.

El 22 de septiembre de 2017, PROTECCIÓN S.A. informó que «el mensaje respecto al Bono Pensional se trasladó en la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público correspondiente a las entidades que deben reconocer el bono como lo son COLPENSIONES y la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná. […] que los bonos son liquidados, expedidos y pagados por la OBP con base en la información.»

Concluye la parte actora señalando que a la fecha ha adelantado todas las acciones necesarias para obtener el reconocimiento y pago del bono pensional respecto del cual tiene derecho, no obstante, han transcurrido más de 5 años, sin que se le hubiere definido algo al respecto, vulnerándose así los derechos fundamentales cuya protección invoca, pues asegura ser una persona desempleada que depende económicamente de su esposo, sin que ello sea suficiente para vivir dignamente.

Pretensión

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

«PRIMERO: Se protejan los derechos fundamentales de petición e información, seguridad social, mínimo vital y debido proceso de la señora BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ.

SEGUNDO: Se dé respuesta clara, suficiente y de fondo por parte de entidades accionadas sobre la emisión del bono pensional de la señora BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ.

TERCERO: Se ordene a la Oficina de Bonos Pensionales – OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expida el bono pensional con destino a la cuenta individual de pensiones de mi mandante en Protección S.A.

CUARTO: Se ordene a la Oficina de Bonos Pensionales y a la AFP PROTECCIÓN S.A., para que una vez llegada la fecha de redención normal del bono pensional de la (sic) BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ adelante el trámite para el reconocimiento de ña pensión de vejez, observándose los términos legales o bien proceda a la devolución de saldos.».

ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto de 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Caldas, admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que ordenó la notificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A., Departamento de Caldas, Dirección Territorial de Salud de Caldas, Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” y la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, en calidad de demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO

ESE Hospital San Marcos de Chinchiná

La gerente del centro hospitalario, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en el que manifestó que a su juicio existe un clara ausencia de responsabilidad en cabeza de esta E.S.E., para efectos de ser llamados a responder financieramente por el pago de bonos y/o cuotas partes pensionales que se pretende cobrar.

Igualmente alegó que los pasivos de los hospitales del departamento de Caldas, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 e inclusive, antes de su transformación en E.S.E, estarían a cargo de la concurrencia entre la Nación y las Entidades Territoriales, de ninguna manera los hospitales públicos, y menos de las nuevas entidades o de las entidades posteriormente transformadas en E.S.E.

Frente al caso concreto de la accionante señaló:

«[…] En este caso, la responsabilidad de atender los tiempos de las señora BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ, es así: por los tiempos del 05 de mayo de 1981 al 14 de mayo de 1982; del 08 de abril de 1983 al 31 de julio de 1992, por expreso mandato de los artículo 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001, corresponde al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al ente territorial departamental o a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por cuanto el Hospital San Macos transfirió al Fondo de Prestaciones Sociales de esa entidad los aportes para pensión de la citada señora. De no atender esta responsabilidad esta entidad, deberá ser atendida conforme a las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, […].

En cumplimiento de esta leyes antes mencionadas, el Hospital San Marcos de Chinchiná, realizó el estudio de las personas que no quedaron incluidas como beneficiarias del Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector Salud, de acuerdo con lo normado en la Ley 60 de 1993 y del Decreto 530 de 1994, no obstante estaban laborando o habían laborado para la red hospitalaria de Caldas antes de 31 de diciembre de 1993, en el cual se incluyó a la señora BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ. […]»

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El jefe de oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, manifestó que el presente asunto resulta improcedente, ya que por lo pretendido por la accionante obtener el reconocimiento, emisión y pago de un bono pensional, derecho que como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser objeto de estudio a través de este mecanismo constitucional

Así mismo explicó que existe una discrepancia entre el Departamento de Caldas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, consistente en establecer quién es el responsable en reconocer, emitir y pagar la cuota parte del bono pensional de la Sra. Beatriz López González, por esta razón la AFP Protección debe previamente solicitar una nueva emisión y pago del beneficio en comento, establecer claramente cuál es la entidad responsable de asumir dicha obligación, para así continuar con el trámite de liquidación y redención del mismo. Por lo tanto, la OBP consideró que la presente acción de tutela propende porque se ordene pretermitir el procedimiento administrativo de verificación, certificación y confirmación de la historia laboral de la beneficiaria del bono.

Lo anterior, teniendo en cuenta que:

«[…]la AFP PROTECCION en fechas 30 de septiembre de 2013, 17 de julio de 2014 y 16 de septiembre de 2016, había solicitado a través del sistema interactivo de esta oficina, la emisión del bono pensional de la accionante, peticiones que tuvieron que ser canceladas por la misma AFP debido no solo al cambio en la historia laboral válida para la liquidación del bono en mención, como consecuencia de las actualizaciones periódicas que del archivo laboral masivo realiza la Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES” (Antes ISS), sino además, a la modificación de la información contenida en las certificaciones laborales relacionadas con el tiempo laborado por la accionante al servicio de la ESE HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ, dado que en primera instancia dicha institución el (sic) sector salud certificó que por los tiempos laborados por la señora LOPEZ GONZALEZ A SU SERVICIO, RESPONDÍA LA dirección territorial de salud caldas (Ver certificaciones No. 000000098 de fecha 28 de Enero de 2015) y posteriormente cambia su posición, indicando por el mismo lapso de tiempo el responsable era ahora el DEPARTAMENTO DE CALDAS (Ver certificación No. 033-2017 de fecha 089 de agosto de 2017) circunstancias estas que no solo modificaron el valor a reconocer por dicho concepto, sino que además generaron una variación respecto de la entidad contribuyente en el bono pensional, sin que hasta la fecha la AFP en mención haya procedido a solicitar nuevamente la emisión y redención del bono pensional de la señora BEATRIZ LOPEZ GONZALEZ. Es probable que dicho trámite no haya sido efectuado por parte de la referida AFP porque la señora LOPEZ GONZALEZ NO ha aprobado la ÚLTIMA Liquidación Provisional que ésta debió presentarle, aceptación con la cual la AFP quedaba facultada –de haberse efectuado- para solicitar correctamente la Emisión y Redención del bono pensional.»

Dirección Territorial de Salud de Caldas.

El subdirector jurídico de la entidad, informó sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, que para efectos del reconocimiento y pago de bonos pensionales se estableció que era necesario que cada institución hospitalaria enviará a la dirección seccional de salud o a la dirección distrital relación completa del personal activo, pensionado o retirado que no tuviera totalmente garantizado el pago del pasivo prestacional, con el fin de que fueran ingresados como beneficiarios.

Frente a la situación particular de la accionante, comunicó que:

«[…] Así las cosas, se hace procedente iniciar por identificar la responsabilidad por el pasivo que causó la autora cuando laboró para la ESE HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ entre el 5 DE MAYO DE 1981 HASTA EL 14 DE MAYO DE 1982 Y DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1983 HASTA EL 31 DE JULIO DE 1992, siendo entonces indispensable indicar que el legislador mediante la expedición de la Leyes 60 de 1993, 10 de 1993, 715 de 2001 y 1438 de 2011 creó y luego eliminó el Fondo Prestacional el sector salud, el cual estuvo previsto como una cuenta especial de la Nación, para garantizar el pago, de entre otros, el pasivo prestacional por concepto de reservas para pensiones y pensiones de jubilación que fue causado desde Septiembre de 1979 hasta Diciembre de 1993.

No obstante lo anterior, dichas normas, hoy obligan a la Nación (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) y a los entes territoriales (MUNICIPIOS, DISTRITOS Y DEPARTAMENTOS) a concurrir con el pago de ese pasivo causado hasta el año 1993, de ahí que las sentencias proferidas dentro de los procesos rotulados 110010325000201150012500 del 21 de octubre de 2010 del Consejo de Estado; 71698 del 6 de febrero de 2014 emitida por la Corte Suprema de Justicia; y la Sentencia T-404 de 2015 de la Corte Constitucional, hayan reiterado que el pasivo pensional causado al 31 de diciembre de 1993 sea responsabilidad de la Nación y las entidades territoriales.

[…]

Para el caso específico de la señora BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ, se tiene que además que aquella no figura en el listado de beneficiarios del extinto fondo del pasivo prestacional del sector salud, ni siquiera en calidad de RETIRADA a 31 de diciembre de 1993, se aúna el hecho que el Contrato 083/01 solamente constituyó partidas presupuestales para asumir la deuda prestacional de quienes a la fecha figuraban como ACTIVOS Y JUBILADOS por haberse considerado en su momento el pasivo pensional de grupo de los RETIRADOS como un pasivo incierto.

No obstante, en su momento debieron entonces la NACIÓN Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES mediante la suscripción de un nuevo contrato: (i) incluir a todos y cada uno de las personas que laboraron en algún momento dentro de los centros Hospitalarios del Departamento de Caldas en calidad de retirados y, (ii) proporcionar la financiación de dichas carga prestacional.

Otra arista que reviste la situación de la accionante, es que aquella no figura dentro del listado de beneficiarios de pasivo prestacional del sector salud en calidad de retirada, personas que certificaba antes el Ministerio de Salud hoy gestiona el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin embargo éste tiene pleno conocimiento de dicho personal por cuanto las entidades de salud, hoy descentralizadas, tienen la obligación legal de reportar a través de la herramienta PASIVOCOL de dicho Ministerio, el personal: ACTIVO, JUBILADO Y RETIRADO, contando así con la información requerida para calcular el monto de dicho pasivo pensional y de contera incluirlos como beneficiarios de nuevos contratos de concurrencia que solventen así sus acreencias laborales.

[…]

Colofón de lo expuesto, y al compás de la normativa, jurisprudencia y actuaciones administrativas citadas, es claro que la obligación consistente en la financiación de los partes para pensión causados a favor de la señora BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ, por periodos laborados entre el 5 DE MAYO DE 1981 HASTA EL 14 DE MAYO DE 1982 Y DESDE EL 6 DE ABRIL DE 1983 HASTA EL 31 DE JULIO DE 1992 deben ser asumidos concurrentemente por la NACIÓN en cabeza del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el DEPARTAMENTO DE CALDAS, entendiéndose por ello la suscripción de un nuevo contrato, qué como 083 de 2001 cubra a los funcionarios retirados sin distinción alguna.

[…]»

Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.

El fondo pensional, actuando a través de su representante legal, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en los mismos términos normativos expuestos por las demás entidades ya referenciadas, frente a la problemática de los trabajadores del sector salud del departamento de Caldas y los contratos de concurrencia.

En lo que respecta a la situación particular de la señora Beatriz López González, reiteró las actuaciones realizadas frente a ella, tal como se narró en el escrito de tutela, para concluir que la problemática presentada en este caso obedece a que no se ha definido a cargo de quien está la cuota parte pensional en discusión, si de la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná o del departamento de Caldas.

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

La entidad, a través de la gerencia de defensa, solicitó la desvinculación del asunto por carecer de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la accionante actualmente se encuentra afiliada a la AFP Protección S.A., siendo esta la competente para suministrar cualquier información respecto del bono pensional pretendido.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 23 de noviembre de 2017, amparó los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la accionante, por lo que ordenó a Pensiones y Cesantías Protección S.A., ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colpensiones, Dirección Territorial de Salud de Caldas y departamento de Caldas que, «de manera coordinada […] emita respuesta en lo relativo a las entidades responsables de realizar para el bono pensional de la actora por los periodos laborados en el E.S.E. Hospital San Marcos de Chinchiná antes de diciembre de 1993, […]».

Lo anterior, al considerar que las respuestas emitidas por las diferentes entidades, con ocasión de las múltiples peticiones elevadas por la accionante con el fin de obtener el reconocimiento y pago del bono pensional pretendido, no determinan a cargo de quien está el aporte de los periodos en discusión.

LA IMPUGNACIÓN

AFP Protección S.A., impugnó el fallo de 23 de noviembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, al señalar que ha a la fecha ha actuado acorde con sus competencias, por lo cual no puede endilgársele vulneración alguna, y si bien, no se ha podido solucionar lo referente al reconocimiento, expedición y bono pretendido por la accionante, es con ocasión de la discusión existente en quien debe asumir lo pertinente respecto de una de las cuota partes que componen el mismo, correspondiente al periodo de 5 de mayo de 1981 al 31 de julio de 1992, si la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná o el departamento de Caldas.

En cuanto al reconocimiento de la pensión en favor de la accionante, señaló que si bien es cierto cuenta con 4 meses para emitir respuesta de fondo al respecto, contados desde la presentación de la solicitud, advirtió que en el caso bajo estudio ello no es posible hasta tanto no se resuelva lo pertinente al bono pensional; pues es con este último que se financia la prestación pretendida; razón por la cual, solicitó la aclaración de la orden de ampro emitida por el a quo.

Administradora Colombina de Pensiones – Colpensiones, presentó impugnación insistiendo en la falta de legitimación por pasiva con que cuenta en el asunto, en tanto la señora Beatriz López González se encuentra afiliada actualmente a la AFP Protección S.A.

CONSIDERACIONES

Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta providencia se tratarán los siguientes aspectos: competencia, problema jurídico, procedencia de la acción de tutela, normatividad de los bonos pensionales y, solución al caso concreto.

Competencia:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 23 de noviembre de 2017.

Problema Jurídico.

Consiste en determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para determinar cuál de los entes accionados es el encargado de reconocer y pagar el bono pensional pretendido por la señora Beatriz López González?

De ser superado el anterior derrotero, determinar si: ¿las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la señora Beatriz López González, en tanto se niegan a reconocerle la pensión de jubilación pretendida, al no existir claridad en quien de asumir el pago y reconocimiento de una las cuota partes que componen su bono pensional?

De la procedencia de la tutela.

El artículo 86 constitucional señala que: « […] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. […]»

Como se observa, la acción de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

Lo anterior, no quiere decir que el juez constitucional al momento de decidir acerca de la procedencia de la tutela, se limite a determinar la existencia o no de otros mecanismos de defensa judicial frente a la situación planteada, sino que debe establecer las necesidades y circunstancias propias de cada caso, pues no se debe olvidar que la acción de tutela puede interponerse como mecanismo definitivo o transitorio.

Cuando se trata de acciones de tutela encaminadas a obtener la emisión de bonos pensionales, la Corte Constitucional ha aceptado su procedencia de manera excepcional, pues no se puede desconocer que la dilación en la emisión del bono pensional impide que el interesado acceda al reconocimiento de la pensión de jubilación, lo cual conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, en conexidad con los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana. Más exactamente dijo la Alta Corporación:

«[…] que en aquellos casos en los que la liquidación y remisión de bonos pensionales constituye fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de jubilación, procede excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien cumpliendo con los requisitos de ley para obtenerla, queda sometido a una prolongada e indefinida espera con ocasión del trámite para la expedición del bono pensional.».

Sin perjuicio de lo anterior, la misma Corporación advirtió que la acción de tutela no puede ser el mecanismo idóneo, para obtener la expedición o pago del bono pensional, cuando se ejerce para omitir el trámite administrativo correspondiente, o cuando se solicita la protección del derecho de petición, sin que el accionante hubiere presentado una solicitud a la entidad encargada de emitir el bono pensional.

En pronunciamiento más reciente, la Corte Construccional consideró:

«[…] En resumen, la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo para el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional, tratándose de personas de la tercera edad o que se encuentran afectadas por otras situaciones como su condición económica o su deterioro físico o mental permiten un trato diferenciado y preferente, siempre que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales. El juez constitucional deberá evaluar las circunstancias de cada caso en particular y determinar si procede el amparo constitucional como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, o si someter al actor a la espera de un proceso judicial puede ser aún más lesivo y vulnera sus derechos fundamentales, los que no pueden ser efectivamente protegidos a través de los mecanismos ordinarios.

Ahora bien, entre afiliados, beneficiarios y las administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, pueden presentarse controversias o trámites que si bien no pretenden el reconocimiento de una prestación económica, resultan vitales para el afiliado y las entidades que comparten la información sobre cotizaciones, capital acumulado, el trámite de bonos pensionales, reservas actuariales, y cuotas partes, que tienen como finalidad la construcción de la historia laboral, documento esencial que sirve de base para el reconocimiento de la pensión, la indemnización sustitutiva, o la devolución de saldos. Estos conflictos entre afiliados o beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son competencia de la jurisdicción del trabajo, razón por la cual, en principio, la acción de tutela resulta improcedente en estos casos.

No obstante lo anterior, la Corte, por ejemplo, en los eventos en los cuales se discute la liquidación o la emisión de un bono pensional, ha señalado que siempre que este trámite constituya un elemento fundamental para que se consolide el derecho a la pensión de vejez o jubilación, y, en consecuencia, un medio para preservar el mínimo vital, la tutela resulta procedente. Para estos casos, el precedente de la Corporación ha desarrollado los criterios de procedencia para el reconocimiento y pago de pensiones a través de acciones de tutela cuando media la exigencia de un bono pensional, señalando:

“(i) La omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, cuando se trata de personas de la tercera edad cuyo sustento depende del reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación. (ii) Los trámites administrativos que dilaten de manera injustificada la decisión de fondo sobre el derecho a la pensión de jubilación, constituyen una vía de hecho que puede dar lugar a sanciones disciplinarias de los funcionarios involucrados. Por último (iii) la tutela no debe ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional cuando se la utiliza para pretermitir el trámite administrativo correspondiente o cuando se solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante hubiera presentado una solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el bono.”

La conclusión a la que se llega es que resulta procedente la acción de tutela frente a las controversias o trámites que resultan fundamentales para el reconocimiento de prestaciones definitivas como la pensión de vejez, la devolución de saldos, o la indemnización sustitutiva, que en consecuencia, vulneran derechos fundamentales en conexidad con el mínimo vital, petición, debido proceso y seguridad social, siempre que del análisis del caso en concreto se demuestren circunstancias especiales respecto de la persona que reclama el amparo, ya sea por su condición económica, física, mental, o porque se trata de un sujeto de especial protección.»

Dicho lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela impetrada por la señora Beatriz López González se torna procedente, toda vez que la no expedición de su bono pensional, es con ocasión de la duda existente en quien debe asumir una cuota parte pensional, si el departamento de Caldas o la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná; lo cual, tiene incidencia directa en su no reconocimiento pensional, toda vez que pese a que hoy cuenta con la edad y tiempo de semanas requeridas, no tiene el capital suficiente para ello, al ser beneficiaria del Régimen de Ahorro Individual.

Del derecho fundamental a la seguridad social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio; y, a su turno, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes.

También se considera oportuno resaltar que la consagración del Estado como social y de derecho, en el artículo 1.º de la Carta Fundamental, no es una mera fórmula utilizada por el Constituyente de 1991, sino una forma de organización política garantista de una concepción trascendente de ser humano: dotado de dignidad y titular de un mínimo de condiciones de subsistencia que le permitan el ejercicio, a su turno, de los demás bienes jurídicos amparados por la misma Constitución Política y por las normas que, en general, integran nuestro ordenamiento.

La concepción de un ser humano integral, entonces, ha permitido revaluar la justiciabilidad de los derechos constitucionales, pues, sin sujeción estricta a la clásica división entre derechos con poco y aquellos con amplio contenido prestacional, se ha considerado que hay situaciones especiales susceptibles de amparo e intervención a través de la vía de tutela con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la vida en condiciones, se reitera, de dignidad.

Así, respecto a la fundamentalidad y la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho a la seguridad social, la Corte Constitucional ha sostenido:

«[…] La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.

8.-La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.

[…]

14.- Con todo, la jurisprudencia de la Corte ha establecido, de acuerdo con el principio en mención, que la pretensión de amparo del derecho a la seguridad social por vía de tutela resulta admisible a condición de satisfacer los requisitos de procedibilidad de la acción. Así las cosas, en este tipo de pretensiones es menester que se acredite el cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) en primer lugar, es necesario que la controversia planteada suponga un problema de relevancia constitucional, conclusión a la que arriba el juez de tutela no sólo a partir del análisis del conjunto de condiciones objetivas en las que se encuentre el accionante, sino al adelantar un examen de la cuestión a partir de un prisma constitucional, el cual le permite inferir la necesidad de realizar un pronunciamiento para efectos de garantizar la aplicación de los principios superiores en el caso concreto. (ii) En segundo término, es preciso que el problema constitucional planteado aparezca probado de manera tal que la verificación de la vulneración del derecho fundamental no requiera un esfuerzo probatorio que desborde las facultades y competencias del juez de amparo. (iii) Para terminar, es necesario demostrar que el mecanismo judicial ordinario dispuesto por el ordenamiento resulta insuficiente para proteger, en el caso concreto, la garantía a la seguridad social como instrumento de materialización de la dignidad humana. […]».

Normatividad aplicable a los bonos pensionales - Responsabilidad del pasivo pensional causado con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 del personal del sector de la salud que no cuenta con acuerdo de concurrencia.

De conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales «constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones». Fueron contemplados por el legislador como una herramienta para solucionar los inconvenientes presentados con el traslado de aportes, ahorros y capitales entre los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, de manera que permiten utilizar los aportes para pensión que un afiliado haya realizado a una Administradora del Régimen de prima media con solidaridad, como el Instituto de Seguros Sociales, cajas o fondos del sector público.

La Ley 60 de 1993 en su artículo 33 creó el extinto Fondo Nacional de Salud, el cual tenía como objetivo garantizar el pago del pasivo prestacional de servidores del dicho sector, por conceptos de cesantías, reservas de pensiones y pensiones de jubilación, causados hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993.

Así mismo el numeral 3 del artículo 33 Ibídem, dispuso que: «La responsabilidad financiera para el pago del pasivo prestacional de los servidores de las entidades o dependencias identificadas en el numeral 2, reconocidas en los términos de la presente ley, se establecerá mediante un reglamento expedido por el Gobierno Nacional que defina la forma en que deberán concurrir la Nación y las entidades territoriales, para cuyo efecto se tendrá en cuenta la proporción en que han concurrido los diversos niveles administrativos a la financiación de las entidades y dependencias del sector salud de que trata el presente artículo, la condición financiera de los distintos niveles territoriales y la naturaleza jurídica de las entidades».

Por su parte, la Ley 100 de 1993 en su artículo 242, introduce algunas precisiones al referirse a dicho Fondo Prestacional, como el hecho que éste cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993. Sin embargo, el mismo articulado señaló que las entidades del sector salud deberían seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas y se establezca la concurrencia de cada entidad territorial; es decir, hasta tanto no se celebren los contratos de concurrencia entre las entidades territoriales y el fondo.

Posteriormente, se expidió el Decreto 530 de 1994, por medio del cual reglamentó los artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993. Este decreto facultó al Ministerio de Salud para llevar a cabo la certificación de los beneficiarios del Fondo, con base en la información que le fuera entregada por las entidades de salud y una vez se determinará el grupo de beneficiarios, debían definirse las responsabilidades financieras de la Nación y los entes territoriales con el fin de suscribir los correspondientes contratos de concurrencia.

Seguidamente, la Ley 715 de 2001, suprimió el Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud y determinó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es la entidad responsable para el pago del porcentaje de las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias de dicho fondo, conforme a los convenios de concurrencia correspondientes. Igualmente facultó al ente Ministerial para continuar con la ejecución de los contratos que fueron suscritos por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la presente Ley y para la suscripción de los nuevos convenios.

La mencionada Ley, fue reglamentada mediante Decreto 306 de 2004 (el cual derogó el citado Decreto 530 de 1994 a través de su artículo 13), en el que se dispuso que el pasivo prestacional causado a 31 de diciembre 1993 estaría constituido por: cesantías, pensiones, reserva pensional de activos y reserva pensional de retirados; por tanto, incluyó una reserva pensional para las personas retiradas antes del 31 de diciembre de 1993 y que según el literal d) estaría definida como “las reservas requeridas para el pago de bonos o las cuotas partes de bonos de los servidores públicos que prestaron sus servicios en las instituciones hospitalarias beneficiarias y se encontraban retirados a dicha fecha”. No obstante, sujetó la existencia de dicha reserva a la celebración de los respectivos acuerdos de concurrencia los cuales incluían como partes del mismo a la Nación, las entidades territoriales y las entidades del sector salud.

No obstante la sección segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de octubre de 2010, decretó la nulidad parcial de la expresión "y las instituciones hospitalarias concurrentes" contenida en el literal d) artículo 3º, en los incisos 3º y 4º del numeral 1 del artículo 7º y en los artículos 10º y 11º del Decreto 306 de 2.004, al considerar que el ejecutivo había excedido  el ejercicio de la potestad reglamentaria, al pretender que, en la financiación del pasivo pensional contribuyeran las instituciones hospitalarias, cuando en virtud de la Ley 715 de 2001, solo deberían hacerlo, la Nación y los entes territoriales.

Por esta razón, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado, el Gobierno expidió el Decreto 700 de 2013, con el cual determinó que la concurrencia del pago del pasivo de las personas reconocidas como beneficiarias del Fondo Prestacional del Sector Salud, sería asumida únicamente entre la Nación y las entidades territoriales, excluyendo expresamente a las entidades del sector salud.

Solución al Caso Concreto.

La señora Beatriz López González acude a la acción de tutela con el fin de obtener una solución frente al reconocimiento y pago del bono pensional, respecto del cual asegura tiene derecho, con ocasión del tiempo laborado en el Hospital departamental San Marcos de Chinchiná Caldas (05/05/1981 a 14/05/1982 y 08/04/1983 a 3107/1992), en tanto este resulta necesario para que le sea reconocida la pensión de vejez pretendida.

Para mayor claridad, la Sala realiza un recuento de la información acreditada al expediente, de conformidad con el material probatorio aportado, así:

La actora nació el 24 de octubre de 1955 en la ciudad de Manizales y, actualmente cuenta con 62 años de edad, tal como consta en la copia de su cédula de ciudadanía.

La accionante laboró para el Hospital San Marcos de Chinchiná (Caldas), hoy ESE, del 5 de mayo de 1981 a 14 de mayo de 1982, de 8 de abril de 1983 a 31 de julio de 1992 y 2 de diciembre de 1996 a 30 de mayo de 2009, según Formato 2. Reporte de semanas cotizadas en Colpensiones a enero de 2014.

Oficio 3455972 de 5 de junio de 2013, a través del cual Protección SA informa a la accionante que no es procedente su solicitud de devolución de saldos, en tanto tiene derecho a una pensión mensual vitalicia.

Oficio de 2 de julio de 2013, a través de la cual Protección S.A. informa a la accionante que no es posible acceder al reconocimiento de la garantía de pensión mínima, pero si a la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual, quedando pendiente el pago del bono pensional.

Oficio U.P.S. 1450 de 10 de octubre de 2013,a través del cual la generación de Caldas remite a la Dirección territorial de Salud de Caldas el oficio 368195 proveniente de Proyección S.A., a través del cual se solicita el reconocimiento de la cuota parte a que haya lugar como contribuyente en el bono pensional de la accionante. Remisión reiterada a través de oficio U.P.S. de 31 de octubre de 2013.

Oficio sin identificar, a través del cual Protección S.A. requiere a la Dirección territorial de Salud de Caldas el reconocimiento y pago de la cuota parte del bono pensional de la señora Beatriz López González.

Oficio DG-100-0762 de 30 de diciembre de 2013, a través del cual la Dirección Territorial de Salud de Caldas informa a Protección S.A. que la Gobernación de Caldas y/o la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, son las competentes para resolver acerca del cobro de la cuota parte de bono pensional tipo A pretendida.

Oficio 1729 de 10 de noviembre de 2014, a través del cual la Gobernación de Caldas comunica a la accionante que el bono pensional pretendido con ocasión de los tiempos laborados con el Hospital San Marcos de Chinchiná, debe ser asumido por dicho ente hospitalario.

La accionante, actuando a través de apoderada judicial, el 6 de septiembre de 2016, presentó derecho de petición ante la AFP PORVENIR, insistiendo en la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que asegura tiene derecho, radicada bajo el No 0205670005404100 el 28 de marzo de 2016.

Oficio GA-120-0790 de 7 de octubre de 2016, dirigido a Protección S.A., a través del cual la Dirección Territorial de Salud de Caldas, objeta la solicitud de reconocimiento del bono pensional correspondiente al tiempo que la accionada laboró en el Hospital San Marcos de Chinchiná, por lo que señala que:

«[…] La ESE Hospital San Marcos de Chinchiná , debe corregir los certificados laborales para bono pensional de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en la mentada circular, enviándolos a la administradora para realizar la corrección en el aplicativo de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y así indicar de nuevo la solicitud de reconocimiento y pago a la entidad competente. […]»

Comunicación 316013 de 26 de enero de 2017, a través de la cual Ceniss Certificaciones de Empleadores No-ISS, reitera por tercera vez a la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, expedir en debida forma y actualizada la historia laboral de la señora Beatriz López González, con el fin de adelantar el trámite pensional en debida forma.

Oficio 20.9-3616 de septiembre 12 de 2017, a través del cual la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná remite a la accionante sus certificados laborales para la emisión del bono pensional en formatos 1, 2 y 3, así como la relación de salarios devengados durante los años 1981 a 1982, 1983 a 1992 y 1996 a 2009.

De conformidad con todos los supuestos fácticos anteriormente señalados, la Sala concluye que la AFP PROTECCIÓN SA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que a la fecha no han reconocido y pagado en favor de la señora Beatriz López González el bono pensional por ella pretendido, si han adelantado los trámites administrativos pertinentes; cosa distinta es, que hay discusión acerca de quién tiene la obligación de responder por los tiempos laborados por ella al servicio de la hoy ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, es decir, si el departamento de Caldas o si el hospital en calidad de nominador.

Al respecto, si bien en principio podría afirmarse que la accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, para que sea allí donde se defina en quien recae la obligación de responder por la cuota parte del bono pensional pretendido, la Sala no desconoce que agotar el respetivo mecanismo judicial si bien resulta eficiente frente a la controversia planteada, no resulta eficaz frente a los derechos de la señora López González, pues ello conllevaría un tiempo prolongado que generaría un menoscabo de su derecho fundamental a la vida digna, salud y a su mínimo vital.

Pues se insiste, la problemática presentada nada tiene que ver con el tiempo cuyo bono pensional se pretende, pues está debidamente certificado y acreditado por la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, que la señora Beatriz López González, laboró para dicha institución médica en el área de enfermería, durante los tiempos comprendidos entre el 05/05/1981 y 15/07/1982 y 08/07/983 a 31/07/1992, diferente es, que se encuentre en discusión acerca de quién debe asumirlos.

Es decir, el definir en quien recae la obligación frente a la cuota parte del bono pensional pretendido por la actora, es una problemática de origen netamente administrativo, cuyos efectos la interesada no tiene la obligación de soportar, pues de acuerdo con el decir de las accionadas, la disputa está en que, según el dicho del departamento de Caldas, la institución hospitalaria nominadora es la que debe responder, por su parte, esta última asegura que es el ente departamental quien tiene la carga prestacional en discusión.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] una vez la persona cumple los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico para acceder a una pensión, le son inoponibles las diferentes disputas que se pudieren presentar entre las entidades potencialmente obligadas a garantizar su derecho prestacional. En estos eventos, procede la acción de tutela para amparar sus derechos fundamentales y remover los obstáculos que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad social en su faceta pensional, ordenando el pago de la prestación a la entidad que se presente, en principio, como la principal obligada, y facultándola para que dentro de un término razonable acuda a la respectiva jurisdicción especializada a discutir su responsabilidad.»

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la carga de resolver los impases administrativos a los que se ha visto expuesto el reconocimiento de la cuota parte del bono pensional en favor de la señora Beatriz López González, recaen única y exclusivamente en las entidades involucradas, esto es, entre el departamento de Caldas y la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, situación que no debe afectar sus derechos fundamentales, pues se recuerda que se trata de una persona de 62 años de edad, desempleada y, sumado a ello, no se puede desconocer que ya cumple con los requisitos para acceder a la devolución del bono pensional pretendido.

Dicho ello, al no existir duda acerca de la procedencia de la expedición del bono pensional, ni respecto de la cuota parte que le corresponde al Ministerio accionado, sino solo a quien tiene la obligación frente al saldo a cargo de las entidades territoriales en contradicción, la Sala encuentra posible emitir una solución a la problemática padecida por la accionante, que conlleve a obtener una respuesta concreta frente a su petición de reconocimiento y pago del bono pensional pretendido en su favor.

En cuanto e procedimiento para la liquidación, expedición, emisión y redención de bonos pensionales, la Corte Constitucional en sentencia T-056 de 2017, señaló:

«[…] Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema. Doctrinalmente han sido definidos como “un valor a favor de un afiliado que se traslada a uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones, el cual representa la deuda pensional causada desde el momento en que el afiliado inició su vida laboral hasta la fecha efectiva del traslado, en razón de las vinculaciones laborales, legales o reglamentarias que tuvo con las diferentes entidades de previsión que asumen el pago de la obligación”.

Los bonos pensionales se pueden clasificar en: 1) de acuerdo con su emisor, 2) dependiendo del régimen al cual se traslada el afiliado: bono tipo A, es el bono que le corresponde a quien se traslada del régimen de pensiones de prestación definida al régimen de ahorro individual. El bono tipo B es cuando el traslado ocurre del régimen de ahorro individual al régimen con prestación definida y 3) los bonos especiales tipo E y C.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio la agenciada se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, la Sala estudiará los bonos pensionales tipo A, que a
su vez, presentan dos modalidades: Modalidad 1, que corresponde a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992, y la Modalidad 2, que se refiere a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1º de julio de 1992. Los bonos pensionales tipo A, serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de la selección o traslado al régimen de ahorro individual, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a 5 años. Cuando el tiempo en la última entidad pagadora de pensiones sea inferior a 5 años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicios.

Por otra parte, el procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A presupone el agotamiento de las siguientes etapas: (i) conformación de la historia laboral del afiliado; (ii) solicitud y realización de la liquidación provisional; (iii) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; (iv) emisión; (v) expedición; (vi) redención y (vii) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:

(i) Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.

(ii) Conformada la historia laboral, la Administradora de Fondos de Pensiones, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.

(iii) Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9ª del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.

(iv) Realizada la liquidación provisional, la AFP debe dar a conocer la liquidación provisional al afiliado para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.

(v) Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.

(vi) La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.

(vii) Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.»

En un caso con supuestos fácticos y jurídicos similares, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de tutela de 20 de febrero de 2011, consideró:

«[…] Finalmente, en relación con el tercer argumento del impugnante, concerniente con el trámite que se debe seguir para el pago del bono pensional, en el cual participan otras entidades, como son la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías y el Departamento de Caldas, ha de señalarse que aun cuando el reconocimiento y pago de prestaciones pensionales exceda, per se, los límites propios de la acción de tutela, al tratarse de asuntos propios de la esfera ordinaria y no de la constitucional, no por ello ha de dejarse de lado que el amparo invocado puede otorgarse transitoriamente mientras las instancias pertinentes deciden el asunto, cuando bienes jurídicos superiores puedan verse comprometidos.

En lo tocante con la temática específica encuentra la Sala procedente el amparo para remover los obstáculos que administrativamente afectan el derecho al mínimo vital de la accionante, ya que ella es una persona de 62 años de edad, y que, como lo manifestó en la petición elevada ante la accionada, no labora y se encuentra vinculada al sistema subsidiado de salud, de donde se infiere que es un sujeto de especial protección para el Estado. Nótese que de conformidad con lo que obra en el expediente, la señora MARÍA BEATRIZ ARIAS OSPINA ha estado reclamando el pago de los dineros que le corresponden por concepto de devolución de saldos desde el año 2007, para lo cual ha presentado peticiones en diferentes entidades, y aún se encuentra pendiente el pago del bono pensional a que tiene derecho. Adicionalmente, del material probatorio arrimado a la actuación se desprende que la A.F.P. también ha desplegado la actuación que le corresponde en orden a que las entidades responsables paguen el mentado bono.

[…]

En este sentido, la entidad obligada en sede de tutela, puede acudir a las vías ordinarias para que “[e]n un proceso posterior, el juez competente puede reasignar la responsabilidad por el pago de la obligación y condenar a la entidad responsable al pago de los perjuicios causados”, lo anterior en cuanto “esta disputa y la carga que ella conlleva, debe asignarse a las entidades que, por su estructura administrativa y financiera, tienen capacidad para asumir transitoriamente la carga pensional en discusión, y no por el titular del derecho de cuya satisfacción depende la realización de su derecho fundamental al mínimo vital.” (T-634/08).

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que al no existir discusión sobre la procedencia del bono pensional, ni respecto de la cuota parte que le corresponde al Ministerio accionado, sino solo en cuanto a la responsabilidad que por el saldo tienen entidades territoriales, resulta procedente ofrecer un remedio efectivo con el fin de materializar una respuesta concreta a la petición de la accionante.

Ahora bien, dado que en el presente asunto no se pretende el reconocimiento de la pensión, sino la devolución de saldos, y que para ello se requiere el pago del bono pensional, la Sala destaca que según el artículo 24 del Decreto 1299 de 1994

Es al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a quien le corresponde la emisión y pago de los bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación, por lo que esta Corporación estima que no existe reparo en que sea dicha entidad la que adelante las gestiones para emitir y liquidar el bono requerido a favor de la accionante, sin perjuicio de que en lo que no le corresponda pueda repetir lo pagado contra la entidad que judicialmente sea declarada como responsable.

[…]”»

Razón por la cual, se modificará la orden de amparo emitida por el a quo, para, en su lugar, amparar el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, de la señora Beatriz López González, se ordenará a la AFP Protección S.A. y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, dentro del términos de quince días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones tendientes a reconocer, liquidar, emitir y redimir el bono pensional que a ella le corresponde, cada una dentro del marco de sus competencias; advirtiéndose, que el ente ministerial asumirá lo respectivo frente a la cuota parte en discusión, al ser la encargada de ello en los términos del artículo 24 del Decreto 1299 de 1994, sin perjuicio de que pueda repetir lo pagado, en lo que corresponda, contra la entidad que judicialmente sea declarada como responsable.

Señala la norma:

«Artículo 24.- Emisión de los bonos pensionales. Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento, liquidación, emisión y pago de los bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación. […]»

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que amparó los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la señora Beatriz López González, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. La cual quedará así:

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, de la señora Beatriz López González.

TERCERO: ORDENAR a la AFP Protección S.A. y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cada una dentro del marco de sus competencias, que, dentro del términos de quince (15) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones tendientes a reconocer, liquidar, emitir y redimir el bono pensional a que haya lugar en favor de la señora Beatriz López González; advirtiéndose, que el ente ministerial asumirá lo respectivo frente a la cuota parte en discusión, sin perjuicio del derecho que le asista de reclamar ante la entidad que corresponda lo pertinente.

CUARTO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

QUINTO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 15 de febrero de 2017.
Folios 1 a 13.
Ff. 7134.
Ff. 138 a 180.
Ff. 3182 a 187.
Ff. 188 a 191, vto.
Ff. 195 a 201, vto.
Ff. 214 a 216, vto.
Visible a folios 51 y 60.
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
Ver sentencia SU-961 de 1999.
Sentencia T – 147 de 2006 y T – 910 de 2006 con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-050 de 2004. M.P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencias T-671 de 2000 M.P. Alejandro Martínez; T-1103 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1119 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño y, T-1124 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Citas del fallo T-589 de 2004; y Sentencia T-596 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

T-056 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sentencia T-1061 de 2012.
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros
Artículo 2
Expediente: 11001-03-25-000-2005-00125-00(5242-05). Consejero Ponente Alfonso Vargas Rincón.
Decreto 700 de 2013 art. 3: la financiación del pasivo prestacional del sector salud. La financiación del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993 por concepto de cesantías y pensiones de los trabajadores del sector salud que hubieren sido reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales
Folio 15.
F. 65.
Ff. 50 a 52.
F. 27.
FF. 28 a 30.
Ff. 31 a 33.
F. 34.
Ff. 40
Ff. 46 48.
F. 56 vto.
Folios 19 y 20.
Ff. 115 y 116.
F. 106 vto.
F. 106 vto.
Ff. 117 a 124.
Folios 155 a 170.
T-613 de 2010.
Artículo 115 de la Ley 100 de 1993.
Problemas Actuales de la Seguridad Social Bonos Pensionales, Fernando Castillo Cadena, Editorial Ibáñez, Universidad Javeriana.
Artículo 118 de la Ley 100 de 1993 Los bonos pensionales serán de tres clases: a) Bonos pensionales expedidos por la Nación; b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional a que se refiere el Capítulo III del presente Título, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora. Artículo 119 del Decreto Ley 1299 de 1994 : a) por la Nación en los casos de que rata el artículo 16 del presente Decreto, b) por el Instituto de Seguros Sociales en los casos del artículo 17, c) por las Cajas, Fondos o entidades del Sector Público del nivel Nacional, d) por empresas públicas o privadas o por Cajas o Fondos de Previsión Social del Sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y e) por las Cajas, Fondos y entidades territoriales  que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.
Bono tipo A (ley 1299 de 1994),  Bono tipo B (Ley 1314 de 1994)
Bonos que se expiden a  favor de los trabajadores que se trasladan al régimen de prima media al entonces exceptuado régimen de Ecopetrol. (Decreto 876 de 1998).
Bonos que se expiden a los que se trasladan al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. (Decreto 816 de 2002.)
Artículo 14 Decreto 1299 de 1994.
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Expediente: 17001-22-13-000-2010-00344-01

Por el cual se dictan las normas para la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales.

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