República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00798-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson
Castaño Salazar
Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema: no procede la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por la demandante y los vinculados, contra
la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Caldas, el 17 de junio de 2021, que declaró probadas las excepciones
propuestas por la entidad demandada y negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Lucero Grajales de Castaño1 pidió el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes como consecuencia de la muerte de su cónyuge, el señor José Gentil
Castaño Ceballos, que ocurrió el 22 de mayo de 1988. En primera instancia, el
Tribunal negó las pretensiones de la demanda, porque era improcedente aplicar
retrospectivamente la Ley 100 de 1993. Inconforme con esta decisión, la parte
actora apeló para insistir en la aplicación retrospectiva de dicha norma y, a su turno,
los vinculados pidieron que se tuviera en cuenta la demanda de reconvención
presentada al interior del trámite judicial. La Subsección confirmará la sentencia de
primera instancia.
1 Así la identificó el Tribunal desde el auto admisorio de la demanda. Sin embargo, en su registro civil de
nacimiento figura con el nombre de Lucero Grajales Calvo.
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Lucero Grajales de Castaño, mediante apoderado judicial,
presentó demanda2 el 9 de noviembre de 20173, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
con las siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. RDP 004969 del 13 de febrero de
2017, la Resolución núm. RDP 015221 del 11 de abril de 2017 y la Resolución núm.
RDP 018051 del 28 de abril de 2017, que le negaron el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la UGPP al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora, a partir del 22
de mayo de 1988, como consecuencia de la muerte de su cónyuge, el señor José
Gentil Castaño Ceballos; que se le pagaran los aumentos respectivos; se actualicen
las condenas impuestas; se diera cumplimiento a la sentencia; se liquidaran
intereses comerciales y moratorios y se condenara en costas y agencias en derecho
a la entidad demandada.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. La señora Lucero Grajales de Castaño y el señor José Gentil Castaño
Ceballos contrajeron matrimonio el 2 de septiembre de 1970.
6. El señor José Gentil Castaño Ceballos prestó sus servicios en la Policía
Nacional entre 1972 y 1977. Posteriormente, laboró en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) desde el 15 de abril de 1983 al «28 de junio de
1988 (sic: el causante murió el 22 de mayo de 1988)».
7. El señor José Gentil Castaño Ceballos falleció el 22 de mayo de 1988.
8. Al momento de su fallecimiento, el señor José Gentil Castaño Ceballos tenía
un total de 551 semanas.
2 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1, 02Demanda.pdf.
3 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 01ActaReparto.pdf.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
9. La señora Lucero Grajales de Castaño dependía económicamente del
causante hasta su muerte.
10. La demandante, en noviembre de 2017, le solicitó al INPEC el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes. No obstante, el INPEC, en oficio 7210-DGH-GBP-
000584, le indicó a la actora que su solicitud la debía presentar ante la Caja Nacional
de Previsión Social (Cajanal).
11. En cumplimiento de lo anterior, la actora pidió el 23 de noviembre de 2016,
ante la entidad demandada, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
12. La UGPP expidió la Resolución núm. RDP 004969 del 13 de febrero de 2017,
en la que le negó el derecho.
13. Inconforme con esta decisión, la señora Lucero Grajales de Castaño radicó
recurso de reposición y en subsidio apelación.
14. La UGPP confirmó su decisión, en sede de reposición mediante la Resolución
núm. 015221 del 11 de abril de 2017 y, en apelación, a través de la Resolución núm.
RDP 018051 del 28 de abril de 2017. Consideró que el señor José Gentil Castaño
Ceballos no reunió el requisito de 20 años de servicios, en los términos del artículo
1.° de la Ley 12 de 1975.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
15. La parte demandante citó como normas vulneradas los artículos 13, 25 y 53
de la Constitución Política; 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; y 21 del Código Sustantivo
del Trabajo.
16. Al explicar el concepto de violación, expuso que tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993. Además, porque convivió con el causante
ininterrumpidamente hasta el momento de su fallecimiento y que cotizó más de 500
semanas en 1988, por lo cual se superaron las 26 semanas de cotización de la Ley
100 de 1993.
17. En igual sentido, destacó que no existía justificación para que se le otorgara
un tratamiento menos favorable que el de la Ley 100 de 1993. La demandante hizo
referencia a la sentencia T-587 A de 2012 de la Corte Constitucional, que reconoció
la pensión de sobrevivientes al amparo de la Ley 100 de 1993 y no bajo las leyes
vigentes al momento del fallecimiento del causante.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. UGPP
18. La UGPP, mediante apoderada judicial, se opuso a todas las pretensiones
de la demanda. La entidad destacó que era improcedente la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993, que no estaba vigente al momento del fallecimiento, porque
la normativa aplicable eran las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 33 de 1985, 71 de
1988 y los decretos 1160 de 1989 y 1848 de 1969. Sin embargo, el señor José
Gentil Castaño Ceballos incumplió los requisitos para el reconocimiento de la
pensión post mortem4, al acreditar únicamente 10 años, 8 meses y 15 días.
19. Adicionalmente, precisó que, en vigencia de la Ley 1204 de 2008, carecía de
competencia para resolver las reclamaciones dirigidas a obtener el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, al existir controversia entre la demandante y la
señora Adela Salazar. Planteó como excepciones la inexistencia de la obligación y
el cobro de lo no debido; la irretroactividad; la buena fe; la prescripción y la
genérica5.
2.2.2. Vinculados
20. El curador ad litem6 de los señores Adela Salazar, José Gentil Castaño
Salazar y Jhon Edinson Castaño Salazar7 indicó que se acogía a lo probado en el
proceso, ante el desconocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
También se refirió a la imposibilidad de contactar a sus representados 8.
2.3. Sentencia de primera instancia
21. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
sentencia del 17 de junio de 2021, declaró probadas las excepciones de
«inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «irretroactividad» y «buena
fe de la demandada», negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
4 De conformidad con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se refiere a «después de la muerte».
5 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1, 14ContestacionDemanda.pdf.
6 De conformidad con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se refiere a «persona designada por el
juez para asistir en actuaciones judiciales a otra carente de plena capacidad de obrar».
7 El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto del 16 de julio de 2018,
vinculó al presente trámite a los señores Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar, por cuanto en sede administrativa reclamaron el mismo derecho de la accionante. Samai, exp. 17001-
23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD, C01Principal1,
22AutoOrdenaVincular.pdf.
8 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1, 27.ContestacionDemanda.pdf.
4
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Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
22. Como fundamento de la decisión, precisó que, aunque en oportunidades
anteriores admitió la posibilidad de aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993,
el Consejo de Estado replanteó esta posición en la sentencia del 25 de abril de
20139. Indicó que el principio de favorabilidad solo podía analizarse ante la
existencia de dos normas aplicables al caso, siempre que todas estuvieran vigentes.
Por su parte, la retrospectividad operaba cuando la situación no estaba consolidada,
lo que no ocurrió en el caso puntual porque la Ley 100 de 1993 no regía a la fecha
del deceso del señor Castaño Ceballos.
23. Por tanto, a juicio del Tribunal, como el señor José Gentil Castaño Ceballos
falleció el 22 de mayo de 1988, la Ley 100 de 1993 no se encontraba vigente y era
improcedente aplicar esta disposición retrospectivamente, porque el reconocimiento
pensional se regía por las normas vigentes al momento del fallecimiento del
causante, en este caso las leyes 12 de 1975 y 33 de 1985. Así las cosas, según las
pruebas del expediente este último laboró como agente de la Policía Nacional entre
el 1.° de febrero de 1972 y el 7 de septiembre de 1977, y como guardián del INPEC
entre el 15 de abril de 1983 y «28 de junio de 1988» (sic: la fecha de deceso fue el
22 de mayo de 1988). En consecuencia, no tenía los 20 años exigidos para proceder
al reconocimiento de la pensión de jubilación y, por tanto, a la pensión de
sobrevivientes reclamada por la accionante.
24. El Tribunal aclaró que no emitiría pronunciamiento en torno a la situación de
los vinculados, ya que en el proceso se pretendió el reconocimiento a favor de la
señora Lucero Grajales de Castaño, a quien no se le concedió el derecho.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, en los términos del artículo 188 del
CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 202110.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte demandante
25. La accionante pidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. En sustento, manifestó lo siguiente:
26. En el caso particular se debía tener en cuenta lo establecido en el artículo 46
de la Ley 100 de 1993, para dar aplicación retrospectiva a la ley pensional en
procura del principio de favorabilidad. Este criterio ha sido desarrollado en
sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Además, la
favorabilidad no solo opera ante un conflicto de dos normas de distinta o de idéntica
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2013, exp. 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-2009).
10 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1, 36Sentencia.pdf.
5
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Salazar
fuente, sino cuando existe una sola norma que admite diferentes interpretaciones,
evento en el cual se deberá adoptar la disposición más beneficiosa para el
trabajador.
27. Por tanto, el señor José Gentil Castaño Ceballos, al momento de su
fallecimiento, había cotizado más de 551 semanas, es decir, superó el requisito de
26 semanas previsto en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, la señora Lucero
Grajales de Castaño tiene derecho al reconocimiento pensional.
28. Explicó que las declaraciones rendidas por las señoras Mariluz Castaño
Grajales, Soranguel Castaño, Soranny Álvarez Castaño, María Teresa Grajales y
Soraida Álvarez, probaron que la demandante convivió con el causante hasta finales
de 1979 y que dependió económicamente de él hasta su fallecimiento.
29. Por consiguiente, todas las testigos afirmaron que la actora convivió con el
causante hasta mediados de 1978. De esta circunstancia también dio cuenta la
demandante, quien declaró que era maltratada por su esposo y viajó a la ciudad de
Bogotá, en donde residió en la casa de su padre. Al efecto, a juicio de la actora, de
estas pruebas también se desprendía que, durante el tiempo restante de 1978, ella
y el señor José Gentil Castaño mantuvieron una relación sentimental, a pesar de la
distancia, y que quedó embarazada de su tercer hijo. Igualmente, se demostró que
regresó al municipio de Manzanares en marzo de 1979, cuando su hijo tenía 2
meses de nacido y que en esa localidad residió el causante con los otros dos hijos.
30. Así, la actora dijo que retomaron su convivencia, la cual mantuvieron hasta
diciembre de 1979, cuando se vio obligada a regresar a Bogotá por el maltrato que
su esposo ejercía sobre ella. Inclusive, según relató la demandante, de los
testimonios se extraía que los esposos mantuvieron contacto hasta 1982.
31. La accionante también destacó que los testimonios demostraron la ayuda
económica que le brindaba el causante. En concreto, la señora María Teresa
Grajales afirmó que la actora no solo recibía apoyo de este último, sino de los padres
del señor José Gentil Castaño, lo cual, a su juicio, reforzaba la dependencia
absoluta.
32. Al efecto, la accionante manifestó que el apoderado de la señora Adela
Salazar tachó los testimonios de las señoras Mariluz Castaño Grajales, Soranguel
Castaño, María Teresa Grajales y Soraida Álvarez. No obstante, pidió que no se
rechazaran de plano dichas declaraciones, porque las testigos tuvieron
conocimiento directo de los hechos.
33. En este entendido, para la demandante la UGPP, al emitir los actos
administrativos demandados, desconoció las disposiciones legales que rigen la
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Salazar
seguridad social y los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad, que
deben aplicarse obligatoriamente. Por consiguiente, las resoluciones enjuiciadas
quebrantan esos preceptos al desconocer la obligación que tiene el Estado de
proteger a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Así pues, en
el caso concreto se incurrió en violación de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de
1993 y 13 y 53 de la Constitución Política, ya que la demandante es beneficiaria del
derecho pensional reclamado, al haber convivido interrumpidamente con el señor
José Gentil Castaño hasta su muerte.
34. Por los motivos expuestos, para la accionante no existe justificación para dar
un tratamiento menos favorable que el previsto en la Ley 100 de 1993. Citó la
sentencia T-587 A de 2012 de la Corte Constitucional frente a la aplicación
retrospectiva de la ley pensional por favorabilidad, la cual, adujo, era plenamente
aplicable a su situación particular11.
2.4.2. Terceros vinculados
35. Los señores Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson
Castaño Salazar interpusieron recurso de apelación, a través de apoderado12, en
contra de la sentencia de primera instancia, en el que pidieron que esta se revocara
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda, así:
36. El recurso señaló que se debía tener en cuenta la demanda de reconvención
presentada el 13 de marzo de 2020, y acceder a lo pretendido en esta.
37. Pidieron la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 199313. En particular,
sostuvieron que, como el señor José Gentil Castaño Ceballos, al momento del
fallecimiento, había cotizado 551 semanas, superó el requisito de 26 semanas
previsto en la ley. Agregó que entre el causante y la señora Adela Salazar existió
una convivencia ininterrumpida por más de 12 años, por ello, se debe acceder al
reconocimiento pensional14.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. Mediante auto del 18 de abril de 202415, se admitieron los recursos de
11 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1, 38Apelacion.pdf.
12 Aunque en el recurso de apelación el apoderado invocó la calidad de «curador ad litem», lo cierto es que el
Tribunal Administrativo de Caldas le reconoció personería al abogado Carlos Arturo Grajales Vasco para actuar
en nombre y representación de los señores Adela Salazar y Jhon Edinson Castaño Salazar en auto del 18 de
diciembre de 2019, en el que se convocó a audiencia inicial. También le reconoció personería para actuar en
nombre del señor José Gentil Castaño Salazar, en audiencia de pruebas celebrada el 3 de noviembre de 2020.
13 Los argumentos jurisprudenciales de ambos recurrentes coinciden sustancialmente, al citar el contenido de
la sentencia T-587A de 2012, que consideraron plenamente aplicable al caso.
14 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1, 39Apelacion.pdf.
15 Samai, índice 26.
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Salazar
apelación interpuestos por la parte demandante y los vinculados al proceso, y
prescindió del término de traslado a las partes. Se le reconoció personería a la
apoderada de la UGPP.
2.5.1. Concepto del Ministerio Público
39. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado consideró que
a la demandante no le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, porque la
normativa vigente al momento del fallecimiento era la Ley 33 de 1985. Sin embargo,
el señor José Gentil Castaño Ceballos trabajó para la Policía Nacional y el INPEC
por un tiempo inferior a los 20 años requeridos.
40. En consecuencia, como el causante falleció en 1988 y solo acreditó 10 años
de servicio en las dos entidades en las cuales estuvo vinculado, no se podía acceder
a las pretensiones de la demanda. Además, resultaba improcedente la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993. Pidió confirmar la sentencia de primera
instancia16.
41. El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia17, sin pronunciamiento
de las partes.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
42. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es
competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de
conformidad con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
43. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del
Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:
44. ¿Procede la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge supérstite
de un servidor público fallecido antes de la entrada en vigor de dicha ley?
45. ¿El Tribunal debió pronunciarse sobre la demanda de reconvención
presentada en el curso del proceso?
16 Samai, índice 31.
17 Samai, índice 33.
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Salazar
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
46. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados
por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la
prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de
lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES18> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
18 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993;
[…].
47. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es
la protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»19. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que su finalidad es salvaguardar o mantener el nivel de vida que tenía el beneficiario
antes del deceso del pensionado20.
48. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201321, precisó que «el derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado».
Por tanto, estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29
de 201022 y noviembre 1º de 201223, en las que, en materia de sustitución pensional
se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación
de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».
49. En este contexto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha reconocido que24, aunque con anterioridad la jurisprudencia admitía la
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
20 Sentencia T-085 de 2021.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
22 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la
que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
23 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a
pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo
Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el
complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones,
y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su
momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa
legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005
queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025).
10
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por el principio de favorabilidad, esta
postura fue rectificada con ocasión a la expedición de la sentencia del 25 de abril
de 201325. Esta última providencia, de manera expresa, dispuso lo siguiente:
[…] Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte […] se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que
ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153
de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo
por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el
contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley
100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir
del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional previsto en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los
derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en
vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más años
de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en
materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior […].
50. A raíz de lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda de la
corporación ha estimado que es improcedente la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 199326. Asimismo, la Subsección B ha considerado que la norma aplicable
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la que esté en vigor al
momento del fallecimiento del causante27, esto es, cuando surge el derecho a la
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2013, exp. 76001-23-31-000-2007-0161101 (1605-09).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30
de marzo de 2017, exp. 05-001-23-33-000-2013-00843-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2017, exp. 15-001-23-33-000-
2013-00783-01.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025), M.P Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
11
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
prestación.
51. Recientemente, en la sentencia SU-082 de 202228, expedida en el marco del
análisis del régimen pensional aplicable a la fuerza pública, la Corte Constitucional
consideró que debía aplicarse la normativa vigente al momento del fallecimiento de
los conscriptos y los soldados voluntarios. Aunque analizó la aplicación del principio
de favorabilidad, determinó que esto no era posible para efectos de emplear la Ley
100 de 1993, ya que ello conllevaría a una aplicación retroactiva de la ley, que,
además, no está respaldada en el régimen especial de la fuerza pública.
52. Igualmente, la Corte Constitucional, en la providencia citada, descartó la
aplicación retrospectiva de la ley, porque para la fecha del deceso, que tuvo lugar
en 1992, no existía una norma que habilitara la posibilidad de reconocer la pensión
de sobrevivientes a favor de los familiares del fallecido.
3.4. Hechos probados relevantes
53. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
54. El señor José Gentil Castaño Ceballos nació el 22 de julio de 195129. Por su
parte, la señora Lucero Grajales Calvo nació el 17 de abril de 195330.
55. Los señores José Gentil Castaño Ceballos y Lucero Grajales Calvo
celebraron matrimonio el 2 de septiembre de 1970, como se desprende del registro
civil de matrimonio con el indicativo serial núm. 0674725631.
56. Según los certificados de información laboral emitidos por la Policía Nacional
el 29 de abril de 2008, el señor José Gentil Castaño laboró como agente en esa
institución del 1.° de febrero de 1972 al 7 de septiembre de 197732.
57. Posteriormente, a partir del certificado de información laboral expedido por el
INPEC, el 25 de febrero de 2008, se establece que se desempeñó como guardián
sentencia del 25 de julio de 2024, exp. 17001-23-33-000-2017-00888-01 (5592-2023), M.P Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24
de mayo de 2024, exp. 76001-23-33-000-2017-00148-01 (5265-2022), M.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
28 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
29 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, página 48 del
archivo digital. Registro civil de nacimiento con indicativo serial núm. 53222637.
30 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, página 43 del archivo digital. Registro civil de nacimiento con indicativo
serial núm. 17183252.
31 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, páginas 46 y 48 del archivo digital.
32 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, página 203 del
archivo digital.
12
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
en la entidad del 15 de abril de 1983 al «28 de junio de 198833». No obstante, el
certificado emitido por el INPEC, el 5 de septiembre de 2017, dio cuenta de que el
causante laboró en ese cargo del 28 de julio de 1983 al 21 de mayo de 198834. En
consecuencia, la fecha final que se tendrá en cuenta será el 21 de mayo de 1988,
toda vez que el causante falleció el 22 de mayo de 1988, como se desprende del
registro civil de defunción35.
58. La accionante, el 23 de noviembre de 201636, radicó reclamación ante la
UGPP en la que pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su
condición de cónyuge supérstite del señor José Gentil Castaño Ceballos37.
59. La UGPP expidió la Resolución núm. RDP 004969 del 13 de febrero de
201738, que le negó a la señora Lucero Grajales de Castaño la pensión reclamada.
En sustento, la entidad indicó que el causante falleció el 22 de mayo de 1988 y
prestó sus servicios en las siguientes entidades y períodos: (i) en la Policía Nacional,
del 1.° de febrero de 1972 al 7 de septiembre de 1977; y (ii) en el INPEC del 15 de
abril de 1983 al 22 de mayo de 1988. En consecuencia, laboró por 10 años, 8 meses
y 15 días (551 semanas), razón por la cual incumplió los 20 años de servicios, en
los términos del artículo 1.° de la Ley 12 de 1975.
60. Inconforme con esta decisión, la señora Lucero Grajales de Castaño
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación39. Insistió en la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993 por favorabilidad, toda vez que el señor José
Gentil Castaño Ceballos, al momento de su muerte, tenía 551 semanas cotizadas.
61. La UGPP resolvió el recurso de reposición a través de la Resolución núm.
RDP 015221 del 11 de abril de 201740. Confirmó en todas sus partes la Resolución
núm. RDP 004969 del 13 de febrero de 2017, porque el causante no demostró los
20 años al servicio del Estado, pues solo acreditó que laboró por 10 años, 8 meses
y 15 días.
33 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, página 165 del
archivo digital.
34 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, página 276 del
archivo digital.
35 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, página 19 del
archivo digital.
36 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, página 3 del archivo digital. Esta fecha se extrae del contenido de la
Resolución RDP 004969 del 13 de febrero de 2017.
37 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 03DerechoPetición.pdf.
38 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, páginas 3 a 7 del archivo digital.
39 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, páginas 24 a 38 del archivo digital.
40 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, páginas 12 a 14 del archivo digital
13
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
62. Finalmente, la UGPP expidió la Resolución RDP 018051 del 28 de abril de
201741, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la actora. Indicó
que, de conformidad con la fecha de fallecimiento del causante la normativa
aplicable eran las leyes 71 de 1988, 33 de 1973 y los decretos 1160 de 1989 y 1848
de 1969. Por esta razón, era improcedente aplicar la Ley 100 de 1993. Ratificó que
el tiempo de servicios laborado por el actor fue de 10 años, 8 meses y 15 días y
confirmó la Resolución RDP 004969 del 13 de febrero de 2017.
63. Con ocasión de una petición presentada por la señora Adela Salazar, el 30
de marzo de 2017, la UGPP expidió la Resolución RDP 020976 del 22 de mayo de
201742, en la que le negó la pensión de jubilación post mortem y la pensión de
sobreviviente a las señoras Lucero Grajales de Castaño y Adela Salazar. Precisó
que, en vigencia de la Ley 1204 de 2008, la administración carecía de competencia
para resolver estas reclamaciones, cuando existía controversia.
64. En la audiencia de pruebas celebrada en el curso de este trámite judicial, el
Tribunal recibió los testimonios de las señoras Mariluz Castaño Grajales43,
Soranguel Castaño44, Soraida Álvarez45, Soranny Álvarez Castaño46 y María Teresa
Grajales47, quienes relataron sobre la relación entre la demandante y el causante.
3.5. Caso concreto
65. En el asunto bajo análisis, la accionante en calidad de cónyuge supérstite
solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP, que le
negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Como fundamento de
41 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, páginas 18 a 21 del archivo digital.
42 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, páginas 337 a 346.
43 La testigo, en su condición de hija de Lucero Grajales de Castaño, afirmó que lo que decían en su casa era
que los señores José Gentil Castaño Ceballos y Lucero Grajales de Castaño se casaron en 1970 en Montebonito
(Caldas) y vivieron hasta que ella tenía 6 años en Manzanares (Caldas), cuando su madre se fue a vivir a
Bogotá. Relató que de esta unión procrearon hijos y que el señor José Gentil Castaño Ceballos debía mantener
económicamente a la demandante porque ella nunca trabajó. Mencionó que después de que el causante murió
quien velaba por la accionante era su padre. Según manifestó la testigo, ella escuchó que debía enviársele
dinero a la señora Lucero Grajales de Castaño, situación que también le comentó su madre.
44 La testigo, en su condición de cuñada de Lucero Grajales de Castaño, indicó que los contrayentes tuvieron 3
hijos y que se separaron en 1978. Asimismo, expresó que el causante era quien aportaba económicamente
para el mantenimiento tanto del niño menor como de la causante, y que esa colaboración la mantuvo hasta la
muerte.
45 La testigo, en su condición de sobrina de José Gentil Castaño Ceballos, dio cuenta de que él se casó con
Lucero Grajales de Castaño, que tuvieron 3 hijos y que se separaron en 1978 por maltrato. No obstante, ella
volvió a Manzanares y convivieron hasta 1979. Puso de presente que la demandante se dedicó en Bogotá a
labores domésticas, no obstante, el causante le colaboró hasta su fallecimiento.
46 La testigo, en su condición de sobrina de José Gentil Castaño Ceballos, entre otras circunstancias, expuso
que el causante le colaboró a la demandante económicamente hasta su fallecimiento.
47 La testigo, en su condición de hermana de Lucero Grajales de Castaño, dio cuenta de los hijos que esta tuvo
con José Gentil Castaño Ceballos y de la relación que mantuvieron. Además, que el causante la visitaba y le
ayudaba para su manutención y de la su hijo. También relató que la demandante hizo varias cosas, le ayudaba
al papá y tuvo un puesto de comidas, trabajó mucho con su padre en el negocio de la zapatería.
14
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
la demanda indicó que la retrospectividad habilita la aplicación de la Ley 100 de
1993 en su caso particular, por favorabilidad.
66. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el derecho a la pensión de sobrevivientes se consolida al momento de
la muerte del causante, lo que permitía establecer que el señor José Gentil Castaño
Ceballos falleció el 22 de mayo de 1988, y no completó el tiempo exigido en las
leyes 12 de 1975 y 33 de 1985 para el reconocimiento pensional a favor de la
cónyuge sobreviviente. Adicionalmente, determinó que era improcedente aplicar la
Ley 100 de 1993.
67. Inconformes con esta decisión, la parte demandante y los terceros vinculados
interpusieron recursos de apelación. La parte actora insistió en la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por favorabilidad. Por su parte, los terceros
vinculados pidieron que se tuviera en cuenta la demanda de reconvención
presentada en el curso del proceso y que se le otorgara la pensión de sobrevivientes
a la señora Adela Salazar.
68. Para resolver el recurso de apelación, se destaca que la parte actora probó
que estuvo casada con el señor José Gentil Castaño Ceballos48; y que este último
prestó sus servicios como agente de la Policía Nacional del 1.° de febrero de 1972
al 7 de septiembre de 197749, posteriormente, como guardián del INPEC desde el
15 de abril de 1983 al 21 de mayo de 1988, de suerte que de conformidad con la
Resolución núm. RDP 004969 del 13 de febrero de 2017 el tiempo de servicios
acreditado fue de 551 semanas; y que falleció el 22 de mayo de 1988. Finalmente,
se acreditó que la demandante le pidió a la UGPP el reconocimiento pensional en
calidad de cónyuge supérstite del señor José Gentil Castaño Ceballos. Sin embargo,
la entidad lo negó mediante los actos administrativos demandados.
• En cuanto a la demanda de reconvención presentada en el curso del
proceso
69. La Sala destaca que el 13 de marzo de 2020, la señora Adela Salazar, por
conducto de apoderado judicial, radicó demanda de reconvención50 en contra de la
UGPP y la señora Lucero Grajales de Castaño, en la que pidió que se declarara que
le asiste el derecho a obtener la pensión de sobrevivientes de su compañero
permanente, el señor José Gentil Castaño Ceballos. Lo anterior, dado que acreditó
que convivió con el causante por más de 12 años ininterrumpidamente.
48 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, 05AnexosDemanda.pdf, páginas 46 y 48 del archivo digital.
49 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, página 203 del
archivo digital.
50 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1A, 07DemandaReconvención.pdf.
15
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
70. No obstante, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de
Caldas profirió auto, el 17 de septiembre de 202051, en el que rechazó la demanda
de reconvención por extemporánea, al no haberse presentado dentro del plazo
establecido en el artículo 172 del CPACA. En consecuencia, en la sentencia apelada
el Tribunal limitó el análisis a los problemas jurídicos fijados en la audiencia inicial y
no emitió pronunciamiento sobre la situación de los vinculados.
71. En consecuencia, la Sala encuentra que el Tribunal definió lo relativo a la
demanda de reconvención en auto del 17 de septiembre de 2020, por lo que esta
situación procesal quedó zanjada en la etapa procesal oportuna, sin que la parte
haya interpuesto recurso contra dicha decisión. Por tanto, no se puede reabrir la
discusión en segunda instancia y predicar una omisión en resolver la demanda de
reconvención, que dé lugar a la aplicación del inciso segundo del artículo 287 del
CGP52.
72. Por sustracción de materia, resulta improcedente el estudio de los cargos
formulados por los vinculados, en tanto pretenden el reconocimiento pensional a
favor de la señora Adela Salazar, quien alegaba tener la calidad de compañera
permanente, dado que, se insiste, la demanda de reconvención fue rechazada. Así
pues, la Sala se deberá limitar en el presente asunto a definir el derecho de la señora
Lucero Grajales de Castaño, en su condición de demandante.
• En cuanto a la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes
73. Ahora bien, se debe precisar que, en atención a la fecha de fallecimiento del
señor José Gentil Castaño Ceballos, el 22 de mayo de 1988, la norma que gobierna
el derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento de la
contingencia, es decir, la muerte del afiliado. Esto acorde con la sentencia de la
Sección Segunda del 25 de abril de 201353, que fijó como regla que «se aplican las
normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia en materia de pensión
de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento, sin
perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores».
51 Samai, exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal1A, 14AutoResuelveDemandaReconvencion.pdf.
52« El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero sí dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria».
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
74. Por consiguiente, la norma vigente aplicable al presente asunto son las leyes
12 de 1975 y 33 de 198554 y el causante incumplió el requisito de 20 años de
servicios, para que la demandante tuviera derecho a la sustitución pensional, como
pasa a explicarse.
75. Al respecto, la Sala tiene probado que el señor José Gentil Castaño Ceballos
laboró como agente de la Policía Nacional del 1.° de febrero de 1972 al 7 de
septiembre de 197755. Posteriormente, que este se desempeñó como guardián del
INPEC, desde el 15 de abril de 1983 al 21 de mayo de 1988.
76. Lo anterior, guarda relación con el contenido de los actos administrativos
demandados, los hechos de la demanda, la valoración en conjunto de las pruebas
y la fecha del deceso. Por ende, se tiene que el causante efectivamente laboró por
10 años, 8 meses y 12 días, por consiguiente, no reunió los 20 años de servicios
exigidos por la Ley 33 de 1985 para beneficiarse de la pensión de jubilación. Y, por
ello, no se causó el derecho a la sustitución pensional regulada en la Ley 12 de
197556.
• Sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993
77. Puntualmente, en el recurso de apelación, la demandante insiste en la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, a la fecha de
fallecimiento del señor José Gentil Castaño Ceballos, el 22 de mayo de 1988, esta
disposición no estaba vigente. Además, en los términos de la jurisprudencia pacífica
y reiterada de la Sección, resulta improcedente aplicar esta normativa a situaciones
anteriores, dado que ello implicaría desconocer el principio de irretroactividad de la
ley.
78. Al respecto, conviene destacar que el número de semanas cotizadas, la
convivencia alegada y la supuesta dependencia económica no constituyen
presupuestos para aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993, en materia de
54
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y
llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Ver Artículo 45 Decreto Nacional 1045
de 1978
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su
naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten
de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su
consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que,
por vía general, establezca el Gobierno».
55 Samai exp. 17001-23-33-000-2017-00798-00, índice 58, 17001233300020170079800D01NYRD,
C01Principal, c02AntecedentesAdministrativos, 02AnexosAntecedentes, ecm 4442300.pdf, página 203 del
archivo digital.
56 «ARTÍCULO 1.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un
empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de
jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas».
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
pensión de sobrevivientes. El criterio que debe prevalecer en el presente asunto es
el establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
25 de abril de 201357, que rectificó la postura y fijó como regla la improcedencia de
aplicar de forma retrospectiva la Ley 100 de 1993, por ser la decisión del órgano de
cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa.
79. Este criterio ha sido reiterado por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado al afirmar la improcedencia de aplicar por favorabilidad y
retrospectividad el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993,
a situaciones que se consolidaron antes de su vigencia, ya que ello contrariaría el
principio de irretroactividad de la ley58.
80. La Sala no desconoce que la Corte Constitucional defendió la
retrospectividad en sede de tutela. Empero, se resalta que en la sentencia SU-082
de 2022, en el marco del análisis del régimen pensional aplicable a la fuerza pública,
descartó la aplicación de la Ley 100 de 1993 y acogió el criterio de aplicar la norma
vigente a la fecha de fallecimiento.
81. Por ende, se advierte que no hay lugar a aplicar la providencia T-587 A de
2012, toda vez que, en el ámbito del proceso contencioso-administrativo, el
precedente vinculante es el establecido en la sentencia del 25 de abril de 2013, que
resulta de obligatoria observancia.
82. Por lo tanto, la eventual convivencia y la dependencia, sobre las cuales
pudieron dar cuenta las testigos Mariluz Castaño Grajales, Soranguel Castaño,
Soraida Álvarez, Soranny Álvarez Castaño y María Teresa Grajales, no son
elementos que permitan aplicar la Ley 100 de 1993 de forma retrospectiva. De modo
que, por sustracción de materia, no hay lugar a estudiar dichas declaraciones.
83. A lo anterior, la Sala agrega que el hecho de que el causante hasta su
fallecimiento hubiera cotizado más de 551 semanas no hace procedente el
reconocimiento, porque no tiene derecho a la aplicación de la Ley 100 de 1993 y el
causante no cumplió los 20 años de servicio exigidos por la Ley 33 de 1985.
84. De ahí se deriva que la decisión del Tribunal estuvo ajustada a derecho, toda
vez que los actos administrativos demandados no incurrieron en los vicios de
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2013, exp. 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09).
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
24 de mayo de 2024, exp. 76001-23-33-000-2017-00148-01 (5265-2022), M.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16
de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025), M.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25
de julio de 2024, exp. 17001-23-33-000-2017-00888-01 (5592-2023), M.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
ilegalidad alegados, dado que la Ley 100 de 1993 no era la normativa aplicable al
momento en que se consolidó el derecho. Por los motivos expuestos, los problemas
jurídicos se responden negativamente, lo que conduce a confirmar la sentencia
apelada.
4. Costas
85. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 59 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
86. En suma, la norma aplicable al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante – en este
caso, la Ley 33 de 1985 y la Ley 12 de 1975–, normas bajo las cuales no se
reunieron los requisitos para causar el derecho a la sustitución pensional. Por otro
lado, la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 es improcedente conforme
al precedente de esta Sección.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
59 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00798-01 (5858-2022)
Demandante: Lucero Grajales de Castaño
Demandada: UGPP
Vinculados: Adela Salazar, José Gentil Castaño Salazar y Jhon Edinson Castaño
Salazar
Falla
Primero: Confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Yury Tatiana Novoa
Peñaloza, identificada con cédula de ciudadanía número 1.033.688.727 y portadora
de la tarjeta profesional número 268.119 del Consejo Superior de la Judicatura, en
los términos del memorial que obra en Samai en el índice 35.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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