República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00836-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
Tema: bomberos –recargos, compensatorios y reliquidación de prestaciones sociales–.
Subtema 1: caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Subtema 2: extremos objeto de reconocimiento –principio de congruencia–. Subtema 3:
procedencia del reconocimiento de horas extras, recargo del 35%, recargos nocturnos,
dominicales, festivos y compensatorios. Subtema 4: descansos compensatorios –artículos
36 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978–. Subtema 5: condena en costas en primera
instancia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida
el 4 de marzo de 2021, por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Los señores Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y Clemencia
Palacio Hurtado, en su condición de bomberos del municipio de Manizales, solicitan
los recargos de los artículos 35, 36, 37 y 39 del Decreto-Ley 1042 de 1978, los
compensatorios previstos en esta última norma y el reajuste de sus prestaciones
sociales con esa incidencia, durante el período laborado del 1 de junio de 2012 al
31 de diciembre de 201. Piden la nulidad de los oficios S.S.A.GH-00958 del 31 de
octubre de 2014 y UGH-188 del 6 de abril de 2009 y del acto ficto negativo derivado
de la ausencia de respuesta a los recursos interpuestos.
En este escenario el Tribunal, en sentencia de primera instancia, declaró no
probadas las excepciones propuestas por el municipio de Manizales, anuló los actos
administrativos demandados y accedió al reconocimiento y pago del valor de las
horas extras que los demandantes laboraron del 1 de junio de 2012 al 31 de
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
diciembre de 2013, sin que exceda de 50 al mes, con un factor de liquidación de
190 horas mensuales. Además, dispuso el reconocimiento de los recargos
nocturnos y los días dominicales, en el mismo período, con igual factor de
liquidación y ordenó la reliquidación de las cesantías pagadas y de las diferencias
en los aportes pensionales. Negó las demás pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas.
Inconformes con esta decisión, ambas partes presentaron recursos de apelación.
La parte demandada reprochó que operó la caducidad del medio de control y alegó,
además, que las horas extras deben ser autorizadas por el empleador, que no
procede el recargo del 35% y que se dejó de analizar la certificación frente a los
recargos nocturnos y dominicales. Por su parte, los demandantes sostuvieron que
los extremos no debieron condicionarse al período que va del 1 de junio de 2012 al
31 de diciembre de 2013 y refirieron que la decisión no hizo referencia a los recargos
nocturnos en dominicales y en festivos. Además, se negó el reconocimiento de
festivos y compensatorios y la condena en costas en primera instancia.
En segunda instancia, la Subsección revocará parcialmente la sentencia de primera
instancia, en cuanto negó el reconocimiento de los recargos en días festivos y
accederá a ello. Adicionará el literal (iii) del ordinal tercero de la decisión, para
disponer que los reajustes a las cesantías deberán hacerse de manera expresa, con
inclusión de los festivos. Modificará el ordinal segundo para declarar la existencia
del acto ficto y, en lo demás, confirmará la sentencia apelada. Por último, se
abstendrá de imponer condena en costas.
2. Antecedentes
2.1. Demanda
1. Los señores Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado, el 25 de mayo de 2017, en ejercicio del medio de control
establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA), presentaron demanda1 en contra
del municipio de Manizales, radicada mediante apoderado judicial.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte demandante solicitó lo siguiente:
i) Declarar la nulidad del Oficio S.S.A.GH-00958 del 31 de octubre de 2014, del
Oficio núm. UGH-188 del 6 de abril de 2009 y del acto presunto negativo derivado
de la ausencia de respuesta a los recursos interpuestos.
ii) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se reconozca, liquide y
1
Samai, índice 2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, páginas 33 a
52, 104 a 123 y 164 a 166 del archivo digital.
2
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Demandado: Municipio de Manizales
pague, en forma retroactiva, los siguientes derechos y prestaciones que se
circunscriben al período laborado entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre
de 2013. En particular, reclamó:
• El recargo establecido en el artículo 35 del Decreto-Ley 1042 de 1978, por el
hecho de haber laborado en horario nocturno de lunes a domingo, sin que la
demandada haya pagado estos recargos.
• El recargo establecido en el artículo 36 del Decreto-Ley 1042 de 1978 por
haber trabajado en horas diurnas que excedieron la jornada laboral máxima de 44
horas semanales.
• El recargo establecido en el artículo 37 del Decreto-Ley 1042 de 1978 por
haber laborado en horas nocturnas que excedieron la jornada laboral de 44 horas
semanales.
• El recargo establecido en el artículo 39 del Decreto-Ley 1042 de 1978, por el
hecho de haber laborado en turnos dominicales y festivos, sin que la entidad
demandada los haya pagado.
• Los compensatorios de que trata el artículo 39 del Decreto-Ley 1042 de 1978,
por el hecho de haber laborado en días dominicales, los cuales no han sido
concedidos ni pagados.
iii) Como consecuencia de lo anterior, también pidió que se revisaran y
reajustaran sus prestaciones sociales correspondientes al período reclamado, con
la incidencia de lo previsto anteriormente.
iv) Igualmente, solicitó que se le ordenara a la entidad demandada pagar las
sumas de dinero indexadas, que se le condenara a reconocer intereses moratorios
a partir de la ejecutoria de la sentencia y que se ordenara el pago de costas y
agencias en derecho.
v) Finalmente, reclamó que se inaplicaran por inconstitucionales los literales d)
y e) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, al contrariar los artículos 25 y 43 de
la Constitución Política.
2.1.2. Hechos
3. Los actores hicieron referencia a los siguientes hechos:
(i) Se vincularon y posesionaron como bomberos adscritos al municipio de
Manizales, cargo que desempeñan en la actualidad, como se extrae de los
desprendibles de pago.
(ii) La entidad viene cumpliendo su misión, para lo cual estableció unos turnos
de 24 horas de servicio y 24 horas de descanso.
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(iii) Han laborado en una jornada laboral de lunes a sábado, para un total de 72
horas a la semana, con lo cual se supera en 28 horas la jornada legal de 44 horas
semanales, sin que la entidad demandada les haya pagado estos excedentes que
constituyen trabajo suplementario con el recargo del 25% para las horas diurnas y
del 75% para las horas nocturnas ordenadas por los artículos 36 y 37 del Decreto-
Ley 1042 de 1978. Esto se prueba con la relación de pagos que da cuenta de que
lo anterior no se les ha reconocido.
(iv) Dentro de la programación de turnos diseñada por la entidad demandada,
esta ha querido que se labore en horas diurnas y nocturnas, sin que el total de las
primeras, incluidas las de los dominicales y festivos, se paguen con el recargo del
35% previsto en el artículo 35 del Decreto-Ley 1042 de 1978. Asimismo, en los
turnos, el municipio ha incluido los domingos y festivos como días ordinarios de
trabajo, sin que la demandada haya pagado el doble del valor de las horas laboradas
en esos días de descanso, como tampoco ha reconocido el compensatorio
dispuesto en el artículo 39 del Decreto ibidem.
(v) En igual sentido, el municipio de Manizales ha dejado de pagarles las
prestaciones sociales, con el valor correspondiente al trabajo suplementario, los
dominicales, festivos y los compensatorios.
(vi) Radicaron reclamación administrativa el 30 de mayo de 2014, ante el
municipio de Manizales, en la que pidieron los recargos nocturnos, horas extras,
dominicales y festivos, entre otros emolumentos, con la cual se interrumpió el
término prescriptivo y se agotó la vía gubernativa.
(vii) La entidad demandada respondió desfavorablemente esta petición en Oficio
núm. S.S.A.GH-00958 del 31 de octubre de 2014, en el cual se remitió al contenido
del Oficio núm. UGH-188 del 6 de abril de 2009, que ya había sido anulado por la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
(viii) Inconformes con lo decidido, interpusieron recursos de reposición y en
subsidio apelación en contra de las citadas decisiones, los cuales a la fecha no se
han resuelto, habiendo transcurrido un término superior a 2 meses, lo que da lugar
a que opere el silencio negativo.
(ix) Finalmente, radicaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación el 6 de febrero de 2017, la cual se declaró fallida
el 25 de abril de ese año.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. El extremo demandante citó como normas vulneradas las siguientes: i)
constitucionales: artículos 6, 13, 25, 53 y 90; ii) legales: Decreto-Ley 2400 de 1968,
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artículos 6 y 7; Decreto-Ley 1042 de 1978, artículos 34, 35, 36, 37, 39, 45 y 46; y
Ley 27 de 1992, artículo 2.
5. En sustento, puso de presente que el Decreto-Ley 1042 de 1978 es aplicable
tanto a las entidades del sector público del orden nacional, como a las territoriales,
ya que este adiciona el Decreto 2400 de 1968. Por ende, son viables las súplicas
de la demanda.
6. Igualmente, el eje central de la reclamación reside en la naturaleza de la
jornada de trabajo desarrollada por los bomberos, la cual se puede calificar como
mixta, bajo un sistema de turnos, en forma permanente y habitual. Asimismo, esta
situación lleva consigo laborar horas nocturnas, incluso en días dominicales y
festivos, los cuales se deben pagar con un recargo del 35% sobre el valor de una
hora ordinaria de trabajo si se realiza dentro de las 44 horas que conforman la
jornada ordinaria. Se pagará sobre el valor de una hora dominical si se ejerce en
domingos o festivos.
7. Seguidamente, en punto al recargo de que trata el artículo 36 del Decreto-
Ley 1042 de 1978, es claro que en todas las semanas se superó la jornada ordinaria
de 44 horas de trabajo, lo que da lugar a que ese excedente deba pagarse con un
recargo del 25%. Para corroborar esta situación puede revisarse la relación de
pagos efectuada por el municipio de Manizales, de la cual no se desprende item
alguno por concepto de horas extras.
8. En línea con lo anterior, se ha generado un servicio extra nocturno que ha
desbordado los límites legales, como da cuenta el recuadro de horas laboradas, ya
que en todas las semanas se superó la jornada máxima legal de 44 horas, lo cual
debía pagarse en un 75% de recargo. Esta situación se evidencia con la relación de
pagos que obra en el expediente, que, en los términos en que se ha expuesto, no
comprende un item relativo a las horas extras.
9. También se aludió al trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Al
respecto, la parte actora sostuvo que la actividad bomberil se ejerce de forma
permanente, las 24 horas del día, de los 365 días del año, sin interrupción. En
consecuencia, este servicio tiene la naturaleza de habitual y queda comprendido en
el contenido del artículo 39 del Decreto-Ley 1042 de 1978.
10. En este punto precisó que, aun cuando aparecen pagos efectuados por la
entidad demandada por concepto de trabajo dominical, ello no era cierto, porque no
se consignó el total de las horas dominicales y festivas trabajadas y los citados
pagos no corresponden con el artículo 39. De ahí se extrae que los dominicales y
festivos no se han pagado doblemente. Tampoco se advierte la concesión de los
compensatorios.
11. En este contexto trajo a colación que, para reconocer las horas extras, debía
partirse de una base legal de 44 horas a la semana, que, como los turnos son
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rotativos y cíclicos, las horas no son iguales para todas las semanas, y que lo mismo
ocurre con los recargos nocturnos, pues cuando la relación de horas extras es 14-
14 el número de recargos nocturnos es de 22, pero cuando la relación es 12-16 los
recargos descienden a 20. Sin embargo, aquí habrán 6 recargos nocturnos
adicionales que se laboran en turno dominical y que se liquidan con un 35% sobre
la hora de ese día.
12. Por consiguiente, expresó que la entidad demandada le debía pagar horas
extras, sin embargo, el número de estas supera las 50 referidas por el inciso d) del
artículo 36 del Decreto-Ley 1042 de 1978. En consecuencia, se pide inaplicar esta
normativa porque la aludida limitación contraría los principios de los artículos 25 y
53 de la Constitución Política.
13. A lo anterior agregó que el municipio de Manizales conoce el alcance de la
jornada laboral que implementa, en tanto goza de una posición dominante. De ahí
que si el municipio conoce la prohibición de no pagar más de 50 horas extras al mes
debe, por ministerio de la ley, implementar dicha prohibición, al mismo tiempo que
autoriza y ordena trabajar más de las 44 horas semanales reglamentarias.
14. De acuerdo con lo expuesto, no se puede pretender que el número de horas
extras, que superan las 50 indicadas, se paguen sin el recargo del 25%, si es diurna,
y el 75%, si es nocturna, porque con ello se transgrede el principio de la
remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Resulta aún más
gravoso que estas no se paguen en dinero y pretender que se reconozca en tiempo
compensatorio, el excedente de horas extras, ya que con ello se desnaturaliza la
razón de ser del descanso compensatorio. En virtud de esta situación, pidió que se
aplique el principio de la condición más favorable en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales de derecho.
2.2. Contestación de la demanda
15. La apoderada del municipio de Manizales precisó que los bomberos cumplen
sus labores en una jornada laboral especial. En particular, los turnos a día de hoy son
de 24 horas por 48 horas de descanso, pues la jurisprudencia ha precisado que el
35% nocturno no se debe pagar sino otorgar un descanso. Al efecto, citó el fallo del
31 de marzo de 2017, dentro del expediente con radicado núm. 73001-33-33-004-
2013-00509-02.
16. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda, al considerar que ha
actuado conforme a derecho y no es responsable de las obligaciones que se le
imputan. Sostuvo que el cuerpo oficial de bomberos se creó en el año 1950 y desde
ese entonces la jornada siempre ha sido de 24 horas de servicio por 24 horas de
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descanso. Por tal motivo, comoquiera que se les otorga descanso, los empleados no
tienen derecho a compensatorio en dinero.
17. Igualmente, según las certificaciones expedidas por la Unidad de Gestión
Humana (UGH), se advierte que a los demandantes se les pagó el recargo nocturno
y los dominicales hasta el 31 de diciembre de 2013 y que se les han concedido los
compensatorios. También refirió que, en materia de jornada laboral de las entidades
territoriales, se acogía a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-
1063 del 2000, en la que declaró inexequibles apartes del artículo 3 de la Ley 6 de
1945, e hizo extensiva la aplicación del Decreto-Ley 1042 de 1978 a los empleados
que pertenecen al nivel territorial.
18. Por tanto, al personal bomberil le era aplicable la citada normativa, pero el
tiempo que excede la jornada laboral les fue compensado. Bajo este entendido, para
que proceda el reconocimiento del compensatorio por trabajar los domingos y los
festivos, se requiere que el servidor público acredite que se encuentra en la situación
regulada por el artículo 33 del Decreto-Ley 1042 de 1978, y que se excedió la jornada
laboral por semana, es decir, que se superaron las 66 horas semanas. Igualmente,
debe demostrar que laboró por fuera del horario establecido, mediante autorización
del funcionario competente.
19. Por consiguiente, consideró que no le adeuda valor alguno a la parte actora,
ya que ha efectuado los pagos, por el período reclamado, de acuerdo con los reportes
emitidos por el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales.
Finalmente, pidió que se impusiera condena en costas en contra de la parte
demandante.
20. Planteó como excepciones la caducidad, al considerar que el 27 de julio de
2015 culminó el silencio administrativo con la expedición del Oficio núm. SSA-GH-
0356 derivado de la interposición de un nuevo escrito de petición; cobro de lo no
debido; prescripción del derecho; la obligatoriedad del precedente judicial; el régimen
excepcional del personal bomberil y la genérica. Pidió que se declaren probadas las
excepciones propuestas y se nieguen las pretensiones de la demanda2.
2.3. Trámite procesal relevante en primera instancia
21. Los demandantes, en su escrito original, únicamente pidieron la declaratoria
de nulidad del Oficio S.S.A.GH-00958 del 31 de octubre de 2014 y del acto presunto
negativo derivado de la ausencia de respuesta al recurso de apelación interpuesto
el 12 de noviembre de 2014, en contra de este3. No obstante, en auto del 14 de
marzo de 20184, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas
2
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600(1), cuaderno 1D,
17002233300020170083600(1).pdf, páginas 54 a 63 del archivo digital.
3
Samai, índice 2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, página 35 del
archivo digital.
4
Samai, índice 2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, páginas 97 a
98 del archivo digital.
7
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Demandado: Municipio de Manizales
consideró que el acto administrativo demandado se remitía a lo decidido en el Oficio
núm. UGH 188 del 6 de abril de 2009; de suerte que conformaban un solo acto, ya
que la parte motiva del Oficio del 2014 estaba contenida en el Oficio del 2009.
22. En virtud de lo anterior, se ordenó a la parte demandante anexar el Oficio núm.
188 del 6 de abril de 2009 al trámite judicial, lo que esta cumplió y, en ese punto,
adicionó su demanda, entre otras, para pedir de forma expresa que se anulara el
citado Oficio. Además, comoquiera que el Tribunal advirtió que los aquí demandantes
ya habían presentado demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, pidió
copias de las decisiones judiciales dictadas al interior de dichos trámites.
23. En ese contexto, en la audiencia inicial estudió la cosa juzgada y determinó
que esta no se configuró porque aunque el señor Germán Gómez Montoya ya había
pedido la nulidad del Oficio núm. UGH 188 del 6 de abril de 2009, la cual fue
declarada, la decisión del Tribunal en dicha oportunidad se condicionó a extremos
temporales anteriores. Por ende, no hay lugar a considerar el citado instituto en el
presente proceso judicial frente a los nuevos tiempos de servicio, toda vez que aquí
se pide lo causado del 1 de junio de 2012, en adelante.
24. En ese sentido, dispuso que al momento de dictar sentencia era factible
pronunciarse frente a la declaratoria de nulidad del Oficio núm. S.S.A.GH-00958 del
31 de octubre de 2014, del Oficio núm. UGH-188 del 6 de abril de 2009 y del acto
ficto derivado de la falta de respuesta a los recursos interpuestos contra el primer
acto administrativo5. Asimismo, en la citada etapa procesal descartó la prosperidad
de la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada y determinó que
el acto del 2015 al que se hacía referencia no era el demandado en este proceso,
aunado a que no se allegó copia de este, ni de su notificación.
2.4. Sentencia de primera instancia
25. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
sentencia el 4 de marzo de 2021, en la que resolvió:
PRIMERO. Declárense no probadas las excepciones denominadas “cobro de lo no
debido”, “prescripción del derecho”, “obligatoriedad del precedente jurisprudencial” y
“régimen especial del personal bomberil” formuladas por el municipio de Manizales
dentro del presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
Germán Gómez Montoya, Julio César Orozco Ramírez y Clemencia Palacio Hurtado.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de los Oficios S.S.A-GH 00958 del 31 de octubre de
2014 y del UGH-188 del 6 de abril de 2009 y del silencio presunto negativo derivado de
la no respuesta al recurso de reposición presentado contra los anteriores actos.
5
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600(1), cuaderno 1D,
17002233300020170083600(1).pdf, páginas 276 a 284 del archivo digital y la correspondiente videograbación.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
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TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se ordena al municipio de
Manizales que, a favor de Germán Gómez Montoya, Julio César Orozco Ramírez y
Clemencia Palacio Hurtado:
(i) Reconozca y pague el valor de las horas extras que los demandantes
laboraron entre el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013, sin que se exceda el
reconocimiento y pago de 50 horas extras al mes; dicho factor se liquidará con base en
el valor hora que arroje la división del salario básico mensual respectivo sobre 190, que
es el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral del Decreto 1042 de
1978.
(ii) Reajuste los recargos nocturnos y los días dominicales que laboraron los
demandantes desde el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013 según las
certificaciones de tiempo laborado que reposan a folio 2 a 7 del C.2; factores que se
liquidarán con base en el valor hora que arroje la división del salario básico mensual
respectivo sobre 190, que es el número de horas mensuales de la jornada laboral. Así
mismo, el municipio pagará a los demandantes las diferencias que resulten a su favor
entre lo ya cancelado y lo que debió reconocérseles en virtud del reajuste que aquí se
ordena.
(iii) Reliquide el valor de las cesantías reconocidas y canceladas desde el 1 de
junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013, incluyendo los valores que por concepto de
horas extras, días dominicales y recargos nocturnos se ordenan en la presente
providencia. Así mismo, el municipio pagará a los demandantes las diferencias que
resulten a su favor entre lo ya cancelado y lo que debió reconocérseles en virtud del
reajuste que aquí se ordena.
(iv) Reliquide las diferencias de los aportes pensionales en lo que constituya el
ingreso base de cotización desde el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013,
sumas dinerarias que deberá actualizar. Se deja salvedad que las diferencias que
surjan por este concepto a cargo del municipio de Manizales en su condición de
empleador, debe consignarlas en el fondo de pensiones al cual se hallen afiliados los
demandantes, mientras que las sumas que estén a cargo de los actores en su condición
de empleados, se tomarán de la condena resultante, debiendo la entidad demandada
consignarlas en el fondo de pensiones correspondiente.
Las sumas dinerarias que aquí resulten a favor de los demandantes se actualizarán
conforme a la fórmula contenida en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.
QUINTO: Sin costas por lo previamente expuesto.
26. En sustento, precisó que la entidad demandada propuso como excepciones la
caducidad, cobro de lo no debido, prescripción del derecho, obligatoriedad del
precedente jurisprudencial, el régimen especial del personal bomberil y la genérica.
Al respecto, indicó que la primera de estas se declaró no probada en audiencia inicial,
mientras que las restantes, por versar sobre el fondo del asunto, quedan subsumidas
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Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
en el estudio que se realice.
27. En este contexto, encontró demostrado, de acuerdo con las certificaciones
emitidas por el líder del Proyecto de la Unidad de Gestión de la alcaldía de Manizales,
que el señor Julio César Orozco Ramírez se desempeñó como bombero, código 475,
grado 05, del 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013, en una jornada laboral
de 24 horas de servicio por 24 de descanso. En esa oportunidad se aclaró que si el
actor laboraba un domingo, se le pagaba ese día de forma doble y, además, se le
otorgaba un día de compensatorio.
28. Del mismo modo, la señora Clemencia Palacio Hurtado desempeñó el citado
cargo en los extremos temporales indicados, también con una jornada laboral de 24
horas de servicio y 24 horas de descanso. Cuando laboraba un domingo se le pagaba
este día doble y operaba lo mismo frente al compensatorio. Finalmente, el señor
Germán Gómez Montoya laboró del 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2013 como
bombero, código 475, grado 05 y del 1 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de
ese año como subcomandante de bomberos, código 336, grado 13, con una jornada
laboral idéntica a los anteriores, con pago doble en caso de laborar un domingo y con
reconocimiento de un compensatorio.
29. Igualmente, el Tribunal destacó que en el expediente obraban los calendarios
de las vigencias 2012 y 2013, en los que se consignaron los turnos al mes realizados
por los demandantes, al igual que la información relativa a los compensatorios que
estos causaron en el período comprendido de junio de 2012 a diciembre de 2013.
También se aportó copia de las órdenes de trabajo emitidas por el Cuerpo Oficial de
Bomberos, que contenían la estación en la cual se prestó el servicio, el número de la
orden, el día, las horas de los turnos, entre otros.
30. A raíz de lo anterior, los demandantes radicaron petición el 30 de mayo de
2014, junto con otros bomberos, en la que solicitaron el reconocimiento y pago, con
carácter retroactivo a mayo de 2011, del trabajo suplementario realizado y el reajuste
de sus prestaciones sociales. En punto a ello, la administración emitió respuesta en
el Oficio núm. S.S.A-GH-0958 del 31 de octubre de 2014, en la que indicó que, a
través de Oficio núm. UGH-188 del 6 de abril de 2009, ya se había agotado la vía
gubernativa con una pretensión similar.
31. En particular, frente al contendido de este último Oficio, el Tribunal de primera
instancia destacó que negó el reconocimiento del trabajo suplementario, al considerar
que este se pagó de acuerdo con la ley y dispuso que no era procedente la
reliquidación de las prestaciones sociales. En relación con esta situación, el Tribunal
aclaró que se interpusieron recursos de reposición y apelación en contra del Oficio
núm. S.S.A-GH-0958 del 31 de octubre de 2014, sin que en el expediente se
evidenciara que fueron resueltos. Finalmente, en atención a una prueba decretada
de oficio, se advertía que los demandantes percibieron los siguientes salarios durante
10
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
los años de 2012 y 2013:
Nombre 2012 2013
Germán Gómez Montoya $1.002.378 $1.026.836 (enero a
agosto) y $1.148.998
(septiembre a
diciembre)
Clemencia Palacio Hurtado $1.002.378 $1.026.836
Julio César Orozco Ramírez $1.002.378 $1.026.836
32. A partir de lo anterior, el Tribunal tuvo por acreditado que a los demandantes
no se les remuneró el trabajo suplementario que realizaron en las vigencias de 2012
y 2013, de conformidad con los parámetros del Decreto-Ley 1042 de 1078. En punto
a la jornada laboral, indicó que, pese a que no existía acto administrativo que
ordenara de manera expresa trabajar en horas que excedieran la jornada máxima
legal, sí existían pruebas documentales que acreditaban la forma de organización de
la jornada de trabajo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, según la
especificidad de la labor desempeñada y que los demandantes no tenían forma de
incumplir.
33. Así las cosas, las certificaciones obrantes a folios 2 a 7 del cuaderno 2
permiten sostener que entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 los
demandantes tenían una jornada laboral de 24 horas de trabajo, por 24 horas de
descanso, lo cual se corrobora con los calendarios. De ahí se extrae que la forma en
que se organizan las jornadas hace inane que se tenga una orden expresa para
atenderlas y exigir el pago del trabajo suplementario. Así pues, lo anterior se debe
tener como el acto que los obliga a cumplirla.
34. Por consiguiente, la jornada de los actores excedió las 44 horas establecidas
en el Decreto-Ley 1042 de 1978, que según la jurisprudencia del Consejo de Estado
equivaldría a un total de 190 horas al mes, porque trabajaron en promedio 240 horas
mensuales, en jornada mixta. En consecuencia, les asiste el derecho a obtener el
reconocimiento y pago de las horas extras, las cuales no pueden exceder 50 horas al
mes6, de ahí que estas, cuando excedan el citado tope, debían pagarse como un
compensatorio, es decir, un día hábil por cada 8 horas de trabajo.
35. Seguidamente, el Tribunal dispuso que los demandantes tenían derecho a
obtener el reconocimiento del trabajo suplementario, para lo cual debía acudirse a las
disposiciones del Decreto-Ley 1042 de 1978. Para fundamentar lo anterior, observó
que existía una competencia concurrente para la fijación del régimen salarial de los
empleados del orden municipal y aunque destacó que el Decreto ibidem, en principio,
era inaplicable para los empleados del orden territorial, esta normativa se extendió
6
De conformidad con el artículo 36 del Decreto-Ley 1042 de 1978, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 10 de 1989.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
por vía jurisprudencial, toda vez que el Consejo de Estado reconoció la necesidad de
igualar las condiciones de los bomberos frente a los demás empleados públicos.
36. Por lo expuesto, refirió que el artículo 33 del Decreto-Ley 1042 de 1978
estableció una jornada ordinaria laboral de 44 horas semanales y excepcionalmente
una de 66 horas diarias, pero solo para el ejercicio de actividades discontinuas,
intermitentes o de simple vigilancia. En este orden, los bomberos estaban sujetos a
una jornada laboral cuyo límite eran 44 horas semanales y los artículos 35 y 36 ibidem
previeron respectivamente un recargo del 35% por realización de labores en horas
diurnas y nocturnas, y la posibilidad de autorizar un descanso compensatorio o pago
de horas extras. Finalmente, el artículo 39 de la citada codificación previó el trabajo
en días de descanso obligatorio y la forma en que se debía regular.
37. De lo visto, el Tribunal concluyó que los demandantes eran sujetos de las
normas del Decreto-Ley 1042 de 1978 para calcular su jornada laboral y obtener el
pago de su trabajo suplementario. Bajo este entendido, como en el caso particular los
actores laboraron en promedio 240 horas al mes, y la jornada ordinaria era de 190
horas mensuales, laboraron 50 horas adicionales al tiempo ordinario, lo que se podía
reconocer en dinero, de conformidad con los límites del artículo 36 ibidem, sin que
hubiera lugar a compensatorio.
38. El Tribunal precisó que, aun cuando en la demanda se pidió inaplicar por
inconstitucionales los literales d) y e) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, frente
al límite de 50 horas al mes, con el restante en tiempo compensatorio, no emitiría
pronunciamiento sobre el particular porque a los actores les asistía el derecho a que
todas sus horas se pagaran en dinero, al no superar el aludido tope.
39. También sostuvo que, aun cuando la entidad demandada reconoció los
recargos nocturnos y dominicales, como se evidenció en la certificación que obra a
folios 2 a 7 del cuaderno 2, el pago de dicho trabajo suplementario se calculó de forma
errada. En concreto, al señor Julio César Orozco Ramírez le pagaron, en junio de
2012, la suma de $133.651 por horas dominicales y el valor de $228.040 por 156
horas de recargo nocturno. No obstante, como este percibió un salario de $1.002.372,
al efectuar el cálculo con 190 horas mensuales el valor del recargo por 156 horas
debió ser de $288.051. Así pues, se tiene que el cálculo matemático se obtuvo a partir
de una operación al calcular una jornada laboral de 240 horas mensuales.
40. En el mismo sentido, el Tribunal dispuso que esta situación se replicaba para
los dominicales, porque en junio de 2012 el citado demandante laboró 32 horas, que
se debieron reconocer en una suma de $337.600, al dividir el salario mensual por 190
horas al mes de acuerdo con la tarifa dispuesta en el Decreto-Ley 1042 de 1978. En
cambio, el municipio demandado no pagó el valor de la hora de la forma correcta sino
que dividió el salario mensual nuevamente por 240 horas mensuales. Resaltó que
esto también ocurrió frente al año 2013.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
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41. Igualmente el Tribunal encontró que esta situación se predicó respecto de los
restantes demandantes, como lo ejemplificó en la providencia. Además, precisó que
los recargos nocturnos se debían compensar de acuerdo con el artículo 34 del
Decreto-Ley 1042 de 1978, con un 35% adicional a cada hora nocturna laborada y
según el tiempo certificado por el ente territorial en los documentos visibles en el
expediente, los cuales no fueron controvertidos por la parte actora.
42. A reglón seguido, el Tribunal dispuso que los demandantes tenían derecho a
una remuneración equivalente al doble del valor del día de trabajo, por cada dominical
en el que laboraron, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, además
de la remuneración ordinaria que le asistía el trabajador que laboró el mes completo,
de la forma en que lo dispone el artículo 39 del Decreto-Ley 1042 de 1978.
43. Consideró que en el proceso no se demostró la labor ejercida en días festivos,
por lo que esta situación no se podía deducir de la jornada laboral, como ocurría para
los dominicales. En consecuencia, no eran procedentes los días compensatorios, ya
que los demandantes laboraron en turnos de 24 horas de descanso por 24 horas
laborales.
44. Finalmente, solo resulta procedente la reliquidación de las cesantías y de los
aportes a pensión con el valor del trabajo suplementario, toda vez que las horas
extras, el recargo nocturno y los dominicales no constituyen factor salarial para las
demás prestaciones sociales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto-
Ley 1042 de 1978 y los artículos 17 y 33 ibidem. Por ende, negó el citado
reconocimiento.
45. Expuso que no se configuró la prescripción porque no transcurrieron más de 3
años entre la fecha en la cual se causó el derecho y aquella en la que se interpuso la
reclamación administrativa, el 30 de mayo de 2014. En línea con esto, la demanda se
presentó el 25 de mayo de 2017.
46. En tal sentido procedía el reajuste de las horas extra diurnas y nocturnas,
dominicales y el recargo nocturno desde el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de
2013 y la reliquidación de las cesantías y aportes a pensión en ese mismo período,
con la salvedad de que las diferencias que surjan por este último concepto, a cargo
del municipio de Manizales, debían consignarse en el fondo de pensiones en el cual
estuvieran afiliados los demandantes, mientras que las sumas a cargo de los actores,
como empleados, se tomarían de la condena resultante y, en ese sentido, se
consignarían al fondo correspondiente.
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47. Dispuso que no había lugar a condenar en costas, en aplicación de lo previsto
en los artículos 365 y 366 del CGP, porque las pretensiones de la demanda solo
prosperaron parcialmente7.
2.5. Recursos de apelación
2.5.1. Parte demandada
48. La apoderada del municipio de Manizales sustentó los siguientes motivos de
inconformidad:
49. No desconoció la vinculación de los funcionarios, ni los extremos certificados
por la UGM. En igual sentido, la actuación administrativa se documentó en debida
forma, pero el derecho al pago no es procedente.
50. Las horas extras deben ser autorizadas por el empleador, pero, en el caso
puntual, ello no ocurrió, porque la organización de turnos no contó con la aprobación
de la UGM.
51. En igual sentido, se desconoció que los turnos obedecen a la labores dentro
de una jornada laboral especial. Por tanto, como los turnos de 24 horas deben tener
un descanso, la jurisprudencia ha previsto que no procede el pago del 35% sino
otorgar un descanso. De este modo no hay derecho a un compensatorio en dinero.
52. Se dejó de analizar la certificación de la UGH, según la cual a los
demandantes se les pagaron los recargos nocturnos y dominicales hasta diciembre
31 de 2013. También se les han otorgado los compensatorios de la forma en que lo
prevé el Decreto-Ley 1042 de 1978. De este modo, invocó como fundamento varias
sentencias del Consejo de Estado, a partir de las cuales dedujo que los bomberos
tienen condiciones de trabajo especiales y que, al concedérseles compensatorios,
se les reconoce el exceso de la jornada.
53. Finalmente, existió una nueva petición presentada el 15 de abril de 2015 que
se atendió mediante respuesta núm. SSA-GH 0356 del 25 de julio de 2015, frente a
los mismos derechos y extremos reclamados. Por ende, no había lugar a afirmar
que existió silencio administrativo negativo, porque la administración dio respuesta
en la que se ratificó en la negativa.
54. Por consiguiente, adujo que la interposición de varias peticiones pueden
inducir a error y demuestran un proceder indebido de los funcionarios, toda vez que
existen más procesos iguales a este, en los cuales se acude a la figura del silencio
administrativo negativo, con el fin de que no se tenga en cuenta la caducidad. De
7
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600(1), cuaderno 1D,
17002233300020170083600(1).pdf, páginas 312 a 342 del archivo digital.
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ahí que no existía claridad de por qué se presentaron varias peticiones, cuando la
acción caduca a los 4 meses. En consecuencia, pese a que la demanda se radicó
por fuera de este plazo, se le dio curso basándose en un silencio administrativo que
no operó.
55. En virtud de lo anterior, la demandada advirtió que formuló la excepción de
caducidad porque el 27 de julio de 2015 terminó el silencio administrativo,
comoquiera que emitió respuesta mediante oficio a un nuevo escrito de petición,
que se ingresó por gestión documental con el radicado núm. GED-11227-15 y frente
al cual no se interpusieron recursos. En consecuencia, pidió que se revoquen los
ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia impugnada8.
2.5.2. Parte demandante
56. El apoderado de la parte demandante también apeló la sentencia de primera
instancia, con sustento en los siguientes aspectos:
57. La decisión ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento y pago de los conceptos desde el 1 de junio de 2012 al 31 de
diciembre de 2013. No obstante, se olvidó que desde la audiencia inicial se puso de
presente que la reclamación comprendía el período de mayo de 2011 al 30 de mayo
de 2014, de ahí que los extremos contenidos en la demanda tuvieron un error de
digitación.
58. Asimismo, esto se consideró desde los hechos, los requisitos de
procedibilidad y las pruebas, que evidencian que desde 2011 se venían causando
los derechos. En particular la petición administrativa se refirió a los derechos y
acreencias laborales de los tres períodos inmediatamente anteriores y en la
audiencia de conciliación también se debatieron estos. Igualmente el Tribunal
descartó que se hubiera configurado la prescripción, lo que permitía reconocer los
períodos contados 3 años hacia atrás desde el 30 de mayo de 2014.
59. Finalmente, en audiencia inicial, las partes acordaron que en la solicitud de
mayo de 2014, se pidió lo causado desde mayo de 2011. En consecuencia, procedía
ordenar lo pertinente a partir de la facultad extra y ultra petita del principio de
congruencia.
60. Además, el fallo no hizo referencia a los recargos nocturnos en días
dominicales y festivos. Si bien reconoció que por este concepto genérico el
empleador del municipio de Manizales no realizó un cálculo adecuado, omitió indicar
si hablaba de recargos nocturnos en días de descanso obligatorio. Por este motivo
pide que se ordene el reconocimiento de esta acreencia de forma puntual y bajo los
8
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600(1), cuaderno 1D,
17002233300020170083600(1).pdf, páginas 346 a 351 del archivo digital.
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presupuestos de ley, la cual tiene fundamento en las bitácoras de turnos frente a
cada año.
61. También reparó en que la labor de los bomberos se presta en días festivos,
por lo cual el hecho de que no se hubieran subrayado estos días no significa que
haya falta de prueba. Lo anterior se pide porque en las bitácoras de turnos allegadas
al expediente, confrontadas con los calendarios, se evidencia que desempeñaron
funciones en esas fechas especiales. Lo mismo ocurre frente a los dominicales, que
aun cuando no fueron señalados de manera expresa en la demanda, fueron objeto
de reconocimiento. Así, tanto los dominicales como los festivos gozan de una
naturaleza similar, como días de descanso obligatorio.
62. La sentencia niega los compensatorios, pero no especifica alguno, de suerte
que se genera una confusión. Al respecto, precisó que no se comprendió el fondo
de la discusión, porque no reclama los descansos compensatorios del artículo 36
del Decreto-Ley 1042 de 1978, sino los del artículo 39 ibidem, este último que
procede sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el
funcionario. Así las cosas, apelar a las horas propias de descanso del empleado,
para suplir sus compensatorios, violenta los principios laborales y avala una
confusión entre el descanso propio, con el descanso compensatorio.
63. De esta forma, se desnaturaliza la norma cuando el nominador pretende que
el bombero descanse en su propio tiempo libre, dentro de las 96 horas que no hacen
parte de la asignación básica, ni de lo acordado, al establecer el sistema de turnos.
Lo anterior, supondría conceder descanso un día festivo o en vacaciones, cuando
debe hacerse con cargo a las 100 horas propias en horas diurnas de lunes a viernes.
64. Finalmente, se opuso a que no se condenara en costas en primera instancia,
toda vez que en el expediente se probaron los gastos ordinarios del proceso y
existen otros procesos en los cuales se ha vencido a la demandada, sin que haya
lugar a desconocer el concepto sancionatorio. Pidió que se revise el fallo enjuiciado
y se revoque y otorgue lo que en derecho corresponde9.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
65. Mediante auto del 7 de abril de 202210, el magistrado ponente admitió los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera
instancia. Dispuso que ante la ausencia de pruebas por decretar en segunda
instancia, prescindiría del período para correr traslado y, una vez surtido el término
de notificación del auto, el expediente ingresaría al despacho para fallo, según lo
prevé el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Con ocasión de lo
9
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600(1), cuaderno 1D,
17002233300020170083600(1).pdf, páginas 353 a 362 del archivo digital.
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anterior, el expediente ingresó al despacho para fallo el 6 de agosto de 2022 11.
66. El 9 de octubre de 2024, la Secretaría efectuó el cambio de ponente12 y el
apoderado judicial de la parte demandante radicó solicitud de impulso procesal13.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
67. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer
inciso del artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
68. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y pese
a que ambas partes apelaron, deberá tenerse en cuenta la competencia del juez de
segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, de ahí que la Sala
se limitará a los argumentos concretos expuestos por los apelantes. En este orden,
corresponde definir si:
69. ¿Se configuró la excepción de caducidad en el caso particular?
70. En caso de que la respuesta a este problema jurídico sea negativa, la
Subsección resolverá los siguientes puntos relativos al fondo del asunto:
71. ¿Los conceptos ordenados en la sentencia de primera instancia no debieron
limitarse a los períodos que van desde el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de
2013?
72. ¿Resulta procedente el derecho al pago ordenado en primera instancia a
favor de los demandantes?
73. ¿Para que proceda el reconocimiento de las horas extras a favor de los
bomberos, estas deben ser autorizadas por el empleador?
74. ¿El hecho de que los turnos de los bomberos obedezcan a 24 horas y deban
contar con un descanso, hace improcedente el pago del 35% relativo a un
compensatorio en dinero?
75. ¿A los demandantes se les pagaron los recargos nocturnos y dominicales
hasta diciembre 31 de 2013 y se les otorgaron los compensatorios que prevé el
Decreto-Ley 1042 de 1978?
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
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Clemencia Palacio Hurtado
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76. ¿La sentencia de primera instancia omitió pronunciarse sobre los recargos
nocturnos en días dominicales y festivos?
77. ¿Procede el reconocimiento de los recargos en días festivos?
78. ¿La sentencia de primera instancia confundió los descansos compensatorios
del artículo 36 del Decreto-Ley 1042 de 1978, con los del artículo 39 de esa
normativa?
79. ¿Debió condenarse al municipio de Manizales, en costas, en la sentencia de
primera instancia?
3.3. De la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
80. La caducidad se configura cuando expira el plazo legal para interponer un
medio de control, impidiendo que se ejerza el derecho de acción correspondiente.
Esta figura jurídica actúa como una sanción, por la inactividad del titular del derecho,
limitando su acceso a la jurisdicción, cuando no actúa dentro del término preclusivo.
81. El fundamento de la caducidad radica en el principio de seguridad jurídica, el
cual exige que los litigios sean resueltos en un tiempo razonable. Por ello, el
legislador establece plazos específicos para que cualquier persona acuda a la
jurisdicción y obtenga una decisión definitiva sobre sus pretensiones. Esta medida
busca evitar la prolongación indefinida de situaciones jurídicas inciertas,
garantizando el equilibrio y la estabilidad en el ordenamiento legal.
82. En este sentido, la ley impone a los interesados la carga de actuar
diligentemente en la defensa de sus derechos, exigiéndoles el ejercicio del derecho
de acción dentro del término previsto. Además, la caducidad se considera una
institución procesal de orden público, lo que significa que no puede ser modificada,
desconocida o alterada por acuerdo entre las partes, asegurando así su carácter
imperativo en la regulación del acceso a la justicia.
83. Ahora bien, en lo relativo al presente asunto, se tiene que la demanda de la
referencia se interpuso para cuestionar la legalidad de los oficios S.S.A.GH-00958
del 31 de octubre de 2014 y UGH-188 del 6 de abril de 2009 y del acto ficto derivado
del silencio administrativo negativo derivado de la ausencia de respuesta a los
recursos interpuestos. De ahí se desprende que, como lo definió el Tribunal en la
primera instancia, la respuesta brindada en 2014 se remitió al contenido de la del
año 2009, y la entidad demandada no cuestiona la interposición de los recursos en
sede administrativa.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
84. Por consiguiente, del contenido de la demanda, y de los aspectos definidos
en primera instancia, la oportunidad para interponer la demanda en el presente
asunto se rige por lo dispuesto en el artículo 164, numeral 1, literal d) del CPACA,
de conformidad con el cual se podrá acudir en sede judicial en cualquier momento,
cuando el escrito inicial «se dirija contra actos producto del silencio administrativo».
Ello implica que, como en el caso concreto los actores interpusieron recursos de
reposición y en subsidio apelación en contra de los oficios demandados, sin que
dentro de los dos meses siguientes se les hubiera notificado decisión expresa sobre
estos, debía entenderse que la decisión era negativa14.
85. En este escenario, el municipio de Manizales en su recurso de apelación,
insiste en la configuración de la excepción de caducidad porque, en su parecer,
como respondió mediante Oficio núm. SSA-GH 0356 del 25 de julio de 2015 una
petición que presentaron los actores el 15 de abril de 2015, frente a los mismos
derechos y extremos reclamados, esto desacreditaba la existencia del silencio
administrativo, en tanto se otorgó respuesta en la que se ratificó en la negativa.
86. En consecuencia, le entidad insistió en que la demanda se radicó por fuera
del plazo legal de 4 meses, pues los actores pretendieron valerse de un supuesto
silencio administrativo, que no operó, para activar el aparato judicial.
87. No obstante, revisado el expediente de la referencia, la Sala constata que el
escrito de petición del 15 de abril de 201515 se radicó únicamente por la demandante
Clemencia Palacio Hurtado y otros bomberos, que no son actores en este asunto.
En punto a ello, el municipio de Manizales emitió respuesta en el Oficio núm. SSA-
GH-0356 del 27 de julio de 201516 en el que manifestó que existió petición similar el
30 de mayo de 2014, que fue resuelta, para la señora Clemencia Palacio, a través
del Oficio núm. SSA.GH-01157 del 9 de junio de 2010. Por tanto, no podía volver a
responder los pedimentos, porque estos ya habían surtido su agotamiento.
88. En consecuencia, se advierte que la solicitud del 15 de abril de 2015 fue
distinta a la presentada el 30 de mayo de 2014, de suerte que no se puede entender
que con el Oficio núm. SSA-GH-0356, del 27 de julio de 2015 que, además, no se
dirigió a todos los demandantes, se dio respuesta a los recursos interpuestos en
contra de los oficios núms. S.S.A.GH-00958 del 31 de octubre de 2014 y UGH-188
del 6 de abril de 2009, demandados en esta sede judicial.
89. De lo expuesto, por lo menos en lo que respecta al asunto objeto de control
en este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se puede entender
que el Oficio núm. SSA-GH-0356 del 27 de julio de 2015, hace las veces de una
14
Artículo 86 del CPACA.
15
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600(1), cuaderno 1D,
17002233300020170083600(1).pdf, páginas 74 a 75 del archivo digital.
16
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600(1), cuaderno 1D,
17002233300020170083600(1).pdf, página 76 del archivo digital.
19
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
respuesta frente a los recursos radicados, en virtud de la cual se podría tener por
satisfecho el supuesto regulado en el inciso tercero del artículo 86 del CPACA, que
dispone lo siguiente:
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad
de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
90. Debido a lo anterior, pese a que el Oficio SSA-GH-0356 se dictó el 27 de julio
de 2015, antes de la notificación del auto admisorio de la demanda, dictado el 3 de
septiembre de 2018, no resolvió los recursos interpuestos por los demandantes en
contra de los oficios aquí demandados. Por oposición, atendió lo planteado en una
nueva petición radicada al número GED 11227-25, en la que intervinieron, de los
aquí demandantes, solo la señora Clemencia Palacio, y en la que se hizo referencia
a una contestación previa.
91. Por consiguiente, la Sala encuentra que la respuesta al primer problema
jurídico formulado es negativa, dado que no se configuró la excepción de caducidad
en el caso particular. Esta situación da lugar a proseguir con el estudio de los
restantes cargos de la alzada, dirigidos a cuestionar el fondo del asunto. Para ello
se realizará una conceptualización sobre el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al presente asunto, luego se establecerán los hechos probados relevantes
y, por último, se resolverá el caso concreto.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al presente asunto
92. El Decreto-Ley 1042 de 197817 previó, en su artículo 1, el siguiente campo
de aplicación:
ARTÍCULO 1. Del campo de aplicación. El sistema de nomenclatura, clasificación
y remuneración de cargos que se establece en el presente Decreto regirá para los
empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, con las
excepciones que se establecen más adelante.
93. De manera que si bien la citada disposición estaba prevista para regir a los
empleados públicos del orden nacional, la jurisprudencia de esta Sección ha
17
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
20
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
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permitido su extensión a las entidades territoriales. En particular, ha destacado lo
siguiente18:
El régimen que gobierna a los empleados públicos del orden territorial es el Decreto
1042 de 1978, pues si bien dicho precepto en principio rigió para los empleados de la
rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 2 de la Ley 27 de 1992 hizo extensivas
a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de
administración de personal contenidas no solamente en él, sino en los Decretos Leyes
2400 y 3074 de 1978, y las Leyes 13 de 1984 y 61 de 1987. La extensión de la anterior
normatividad fue reiterada por el artículo 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998,
en armonía con el artículo 3° de esta misma ley y posteriormente por la Ley 909 de
2004.
De acuerdo con el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, la jornada ordinaria laboral
de los empleados públicos corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas semanales. La
mencionada disposición también prevé la existencia de una jornada especial de doce
(12) horas diarias, sin exceder el límite de 66 horas semanales, para empleos cuyas
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple
vigilancia. Dentro de los límites fijados por la norma, el jefe del organismo podrá
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con el tiempo diario
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya
trabajo suplementario o de horas extras; por otra parte, el trabajo realizado el sábado
no da derecho a remuneración adicional, salvo que exceda la jornada máxima
semanal, aplicándose lo dispuesto para las horas extras.
La regla general para empleos de tiempo completo es de 44 horas semanales […] y
por excepción la Ley 909 de 2004 […] creó empleos de medio tiempo o de tiempo
parcial. La jornada laboral se encuentra íntimamente ligada al salario, el cual puede
tener variables según la naturaleza de las funciones y las condiciones en que se
deben ejercer; dentro de dichas variables se encuentra por ejemplo el trabajo
nocturno comprendido entre las 6 p.m. y las 6 a.m., que tiene una sobre remuneración
del 35%, o el trabajo suplementario por dominicales y festivos, así como el ordinario
o habitual y el ocasional, que tiene una regulación específica.
94. Concretamente, el citado Decreto-Ley 1042 de 1978 reguló, en su artículo 33,
que la jornada de trabajo correspondía a 44 horas semanales, salvo los empleos
que desempeñaran actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia
que tendrían una duración 12 horas diarias, sin exceder el límite de las 66
semanales. Además, previó que el jefe del organismo podía establecer el horario de
trabajo y compensar la jornada del día sábado con un tiempo diario adicional de
labor, sin que este compensatorio constituya trabajo complementario u horas extras.
95. Por su parte, el artículo 35 dispone que cuando los empleados trabajen en
horas mixtas y, ejerzan sus labores en jornada diurna y nocturna, la parte del tiempo
desarrollado en estas últimas se remunerará con un recargo del 35%, pero podía
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, exp. 27001-
23-33-000-2019-00063-01.
21
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
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compensarse con períodos de descanso. Seguidamente, el artículo 36 ibidem,
modificado tácitamente por el artículo 12 del Decreto 660 de 2002, atiende lo relativo
a las horas extras diurnas y prevé lo relativo al pago de horas extras, o a la
autorización de un descanso compensatorio. En igual sentido, el artículo 37 de la
aludida normativa regula lo relativo a las horas extras nocturnas, con un recargo del
75% sobre la asignación básica mensual y, el artículo 39, el trabajo ordinario en días
dominicales y festivos.
96. De este modo, para el caso concreto de los bomberos, la falta de regulación
de su jornada laboral permite la aplicación del Decreto-Ley 1042 de 197819 que
habilita el reconocimiento del trabajo suplementario, en garantía de la igualdad
laboral y de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos previstos en las normas.
3.5. Hechos probados relevantes
97. Los señores Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado radicaron escrito de petición el 30 de mayo de 2014 ante
la oficina de Atención al Usuario y Correspondencia de la Alcaldía de Manizales en
la que pidieron lo siguiente:20
✓ El reconocimiento, liquidación y pago con retroactividad a mayo de 2011, del
recargo del 25% establecido en el artículo 36 del Decreto-Ley 1042 de 1978
por el hecho de haber laborado horas extras diurnas.
✓ El reconocimiento, liquidación y pago con retroactividad a mayo de 2011, del
recargo del 75% establecido en el artículo 37 del Decreto-Ley 1042 de 1978,
por el hecho de haber laborado horas extras nocturnas.
✓ El reconocimiento, liquidación y pago con retroactividad a mayo de 2011, del
recargo del 35% establecido en el artículo 35 del Decreto- Ley 1042 de 1978,
por el hecho de haber laborado en una jornada mixta.
✓ El pago doble, con retroactividad a mayo de 2011, establecido en el artículo
39 del Decreto-Ley 1042 de 1978, por el hecho de haber laborado
habitualmente en días dominicales y festivos.
✓ El reconocimiento, liquidación y pago con retroactividad a mayo de 2011, de
los días compensatorios establecidos en el artículo 39 del Decreto-Ley 1042
de 1978, por el hecho de haber laborado en días dominicales y festivos.
✓ El reajuste de las prestaciones sociales, con inclusión de los valores
reclamados, los cuales inciden en su liquidación.
✓ La indexación de las sumas reconocidas y el pago de los intereses de mora
y comerciales a que haya lugar.
19
Ibidem.
20
Samai, índice 2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, páginas 78 a
81 del archivo digital.
22
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
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Demandado: Municipio de Manizales
98. El líder del proyecto de la Unidad de Gestión Humana del municipio de
Manizales emitió el Oficio núm. S.S.A-GH-0958-01 del 31 de octubre de 2014 en el
que dio respuesta y manifestó lo que se trascribe a continuación:
En atención a su derecho de petición donde en agotamiento de la vía gubernamental
solicita el reconocimiento y pago en forma retroactiva a mayo de 2011 del recargo
nocturno del 25%, conforme al artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, de horas extras
laborales, el 75% por haber laborado horas extras nocturnas, el 35% por haber
laborado jornada mixta conforme al artículo 35 del Decreto 1042 de 1978,
dominicales en forma retroactiva y compensatorios conforme al artículo 39 del
Decreto 1042 de 1978, así como el reajuste de sus prestaciones sociales, primas,
vacaciones, primas extra legales debidamente indexadas, me permito dar respuesta
en los siguientes términos:
Por delegación del señor Alcalde mediante Oficio A.L.C 784 del 30 de mayo de 2014
le informo que mediante Oficio UGH-188 de fecha 6 de abril de 200921 le fue agotado
vía gubernativa por similar pretensión.
En tal sentido no podemos acceder a su solicitud22.
99. Inconformes con esta decisión, los peticionarios interpusieron recurso de
reposición y en subsidio apelación en contra del acto administrativo contenido en el
Oficio núm. SSA-GH-0958-1 el 12 de noviembre de 2014. En esta oportunidad
pidieron que se revoquen los oficios núms. SSA-GH-0958-1 del 31 de octubre de
2014 y UGH-188 del 6 de abril de 2009, se acceda a las pretensiones de la petición
y se estudie la solución de la presente reclamación mediante uso del mecanismo
alternativo de la conciliación prejudicial23.
100. Para la fecha de interposición de la demanda, 25 de mayo de 2017, había
transcurrido el plazo de dos (2) meses previsto en el artículo 86 del CPACA para
que operara el silencio administrativo, frente a la interposición de los recursos, sin
que la entidad haya demostrado que dio respuesta. En igual sentido, como quedó
visto, tampoco se probó que hubiera emitido respuesta antes de la notificación del
21
En este Oficio la Secretaría de Servicios Administrativos de Gestión Humana de la Alcaldía de Manizales se dirigió a los señores Juan Carlos
Rendón y otros y en este puso de presente que: «reconoce y paga en la nómina quincenal a los bomberos, las siguientes prestaciones salariales
que le son reportadas por el profesional especializado (comandante de bomberos); recargos nocturnos, dominicales y festivos conforme a lo
previsto en el Decreto 1042 de 1978. Las prestaciones sociales, tales como cesantías, primas y vacaciones, al momento de su liquidación,
tienen incluidos estos factores salariales. Queda como evidencia, las nóminas y actos administrativos que son notificados a los funcionarios en
cada caso. Los compensatorios por laborar en dominicales y festivos, igualmente son reconocidos con un día compensatorio, según
compensación interna a cargo de los jefes de servicio. El régimen pensional obedece en cada caso particular a la situación de transición que
presente el solicitante ante el ente administrador de pensiones al que se encuentre afiliado. Con respecto al reconocimiento y pago de tiempo
suplementario diurno y nocturno, queda vigente el concepto SJ-410 del 23 de mayo de 2009, emitido por la Secretaría jurídica en su parte
considerativa y de conclusiones. Para concluir, la administración municipal no debe a los peticionarios de la referencia recargos nocturnos,
dominicales y festivos, ya que los mismos se cancelan en las nóminas quincenales, las prestaciones sociales de cesantías, primas y vacaciones
tienen incluidos los factores salariales de la Ley 1042 de 1978. El Concepto SJ-0410 de 2008, que es acogido en su totalidad, no permite el
reconocimiento de tiempo suplementario, toda vez que los peticionarios no cumplen los presupuestos para su reconocimiento». Samai, índice
2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, páginas 187 y 188 del archivo
digital.
22
Samai, índice 2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, páginas 82 a
86 del archivo digital.
23
Samai, índice 2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, páginas 87 a
90 archivo digital.
23
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
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auto admisorio proferido al interior de este trámite, para que se considerara que el
acto expreso era el que debía ser demandado.
3.6. Análisis del caso concreto
101. El Tribunal, en la sentencia apelada, condicionó los reconocimientos
ordenados a favor de los demandantes, al período comprendido del 1 de junio de
2012 al 31 de diciembre de 2013. Lo anterior, a partir del contenido de la demanda
y la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial, que limitó a estos extremos
el objeto de la controversia.
102. Aunque la Sala no pasa por alto que en la audiencia inicial el apoderado de
la parte demandante advirtió que incurrió en error de digitalización en la demanda,
pues quiso referir al 1 de junio de 2011, el magistrado sustanciador resolvió que la
fijación del litigio debía ceñirse a las pretensiones de la demanda; ya cuestión
distinta sería el análisis de la prescripción mediante el cual se debía verificar cuándo
se presentó la petición. En estos términos, se superó la etapa correspondiente y,
posteriormente, el apoderado de los actores recurrió la decisión probatoria con el
fin de que esta se extendiera a los períodos de 2011, en adelante.
103. En particular, insistió en que incurrió en un error en la demanda, pero los
derechos se podían extraer de la petición presentada en sede administrativa, ya que
la reclamación se radicó en 2014 y esto daba lugar a estudiar los derechos
causados tres años antes en el año 2011. No obstante, una revisión de la audiencia
permite establecer que en la citada oportunidad el magistrado sustanciador rechazó
el recurso de apelación interpuesto.
104. De ahí se extrae que el apoderado de los demandantes vuelve sobre la
demanda y la fijación del litigo, esta última ventilada en la audiencia inicial, con lo
cual pasa por alto el artículo 117 del CGP que prevé que los términos procesales
son perentorios. También desconoce el principio de preclusión en materia procesal,
conforme al cual, una vez definida una etapa, no es posible revivir esta oportunidad.
Al respecto, es clave considerar que el artículo 173 del CPACA prevé la oportunidad
para reformar la demanda, por una sola vez, en punto a las pretensiones.
105. Así las cosas, precluida la oportunidad para reformar la demanda y, definido
lo relativo a la fijación del litigio, no es posible revivir estas oportunidades. Lo
anterior, permite sustentar que, los extremos consignados en la demanda y la
fijación del litigio constituyen el límite para la competencia, tanto de la primera, como
de la segunda instancia.
106. Por consiguiente, la fijación del litigio era la etapa procesal pertinente para
hacer objeciones, y el asunto no debió trasladarse a la interposición de un recurso
de apelación, que se rechazó por improcedente, en contra del decreto de pruebas
24
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
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en la primera instancia, y ahora en la alzada interpuesta contra la sentencia de
primera instancia.
107. En este sentido, aun cuando para el demandante los hechos, los requisitos
de procedibilidad y las pruebas evidenciaban la causación de los derechos a partir
del año 2011, ello no modifica las pretensiones de la demanda y la fijación del litigio,
etapas que enmarcan y delimitan el debate jurídico que se va a efectuar. Por ende,
tampoco tiene incidencia que el Tribunal Administrativo de Caldas, haya tenido por
presentada la petición el 30 de mayo de 2014, para descartar la configuración de la
prescripción, con el eventual reconocimiento de los derechos causados en el año
2011, porque este estudio se definió a partir de la fecha de causación del derecho,
en 2012. Así pues, el asunto se resolvió, al amparo de los extremos previamente
definidos.
108. En punto a ello, si bien los demandantes plantean que deben reconocerse
los períodos a partir del 2011, en aplicación de las facultades extra y ultra petita, la
jurisprudencia de la Sección Segunda ha indicado que, pese a que esto podría
resultar procedente en materia laboral, el ejercicio requiere que los hechos se hayan
discutido y estén probados en el expediente24. Aplicado lo anterior, al caso puntual,
lo discutido se limitó a los extremos temporales del 1 de junio de 2012 al 31 de
diciembre de 2013, período frente al cual también se condicionó la práctica de las
pruebas. En razón a ello es que las constancias emitidas por el municipio de
Manizales, frente a las cuales se profirieron las órdenes, dan cuenta de los pagos
efectuados y de los compensatorios, referidos al período que va de junio de 2012 a
diciembre de 2013.
109. Ahora bien, superado lo anterior, la Sala pone de presente, en relación con
la vinculación laboral de los demandantes, que la respuesta emitida por el líder del
Proyecto de Gestión Humana de la Secretaría de Servicios Administrativos, con el
consecutivo núm. SSA-GH-794, del 22 de mayo de 2017, da cuenta que, en las
vigencias de 2012 y 2013, los señores Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez
Montoya y Clemencia Palacio Hurtado se desempeñaron como bomberos25.
110. En particular, las certificaciones emitidas por el líder de proyecto de la Unidad
de Gestión Humana del municipio de Manizales, el 21 de mayo de 2019,
consignaron que los señores Julio César Orozco Ramírez y Clemencia Palacio
Hurtado desempeñaron el cargo de bomberos, código 475, grado 5, adscritos al
municipio, por el interregno del 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013, con
una jornada laboral de 24 horas de servicio por 24 de descanso.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, exp. 11001-
03-25-000-2013-01223-00(3095-13).
25
Samai, índice 2, 20ED_CORREOS_RVENVIOPROCESODIGITA(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, cuaderno 1, páginas 235 y
236 del archivo digital.
25
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
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111. Por su parte, el señor Germán Gómez Montoya, ejerció el mismo cargo, pero
del 1 de junio de 2012 al 31 de agosto de 2013, mientras que del 1 de septiembre
de 2013 al 31 de diciembre de ese año, fue subcomandante de bomberos, código
336, grado 3, adscrito al municipio, con una jornada laboral de 24 horas de servicio
por 24 horas de descanso26. Por consiguiente, está demostrada la vinculación y no
se cuestiona que a los demandantes les resulte aplicable el Decreto-Ley 1042 de
1978, como lo dispuso el Tribunal y lo aceptó la propia entidad en el curso del trámite
judicial.
112. El municipio de Manizales, por su parte, reprocha que el pago no es
procedente. Puntualmente, aduce que las horas extras tienen que ser autorizadas
por el empleador, lo cual no ocurrió en el caso bajo estudio, porque la organización
de los turnos no contó con la aprobación de la UGM. Lo anterior, se deriva de que
el Tribunal en la sentencia apelada indicó que, pese a no existir acto administrativo
que de manera expresa ordenara que se trabajara en horas que excedieran la
jornada máxima legal, sí existían pruebas documentales que acreditaban la forma
de organización de la jornada de trabajo del Cuerpo Oficial de Bomberos del
municipio de Manizales, que los demandantes no tenían forma de incumplir.
113. Por consiguiente, a juicio del Tribunal, la forma en que se estableció la
jornada de 24 horas hacía inane contar con una orden expresa, con el fin de acceder
al pago del trabajo suplementario. En consecuencia, la sentencia de primera
instancia consideró que a los actores les asistía el derecho, por cuanto se superó la
jornada de 44 horas establecida en el Decreto-Ley 1042 de 1978. Frente al
argumento expuesto, la Subsección27 se pronunció y expresó los siguientes
motivos:
En ese sentido, la Sala resalta que, si bien es cierto, no obra en el plenario
constancia de la autorización del trabajo suplementario, no es menos cierto que, los
demandantes cumplen con un sistema de turnos 24 horas de servicio por 24 horas
de descanso (24 x 24), impuesto por la entidad demandada; que conforme a la
certificación de los turnos laborados por los actores expedida por la accionada, se
desprende que, incluye horas diurnas y nocturnas, alternando en una semana 4 días
de trabajo y 3 de descanso, y en la siguiente, 3 días de labor y 4 de descanso, por
lo que en una semana laboraba 72 horas y en la otra 96, lo que arroja un promedio
de 360 horas laboradas en el mes, superando de esta forma la jornada ordinaria
legal de 44 horas semanales que equivalen a 190 horas mensuales, por ende,
conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección, «se sobreentiende que al
establecerse el sistema de turnos esta va implícita», toda vez que, los actores no
pueden disponer arbitrariamente del horario, turnos (diurnos y nocturnos), para el
desempeño de sus funciones.
26
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, pruebas,
17001233300020170083600.pdf, páginas 2 a 7 del archivo digital.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de agosto de 2005, exp.
25000234200020200011901 (4113-2024).
26
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
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114. De ahí que, aplicado lo anterior al caso particular, el hecho de que en el caso
concreto no obre la autorización a favor de los demandantes para laborar en trabajo
suplementario, no les impide acceder al pago, porque está demostrado que cumplen
el sistema de turnos de 24 horas de servicio por 24 horas de descanso, y de los
cuadros que obran en el expediente, por el período comprendido del 1 de junio de
2012 al 31 de diciembre de 2013, se puede evidenciar que la entidad registra horas
nocturnas y en dominicales, tan es así que, con fundamento en ello, emite las
constancias en las cuales hace referencia a unos pagos, sustentados en los
aludidos conceptos28.
115. Por ende, es factible concluir que, del material probatorio allegado por el
municipio de Manizales, este reconoce que los actores ejercieron la labor
suplementaria, y la información consignada en los cuadros de turnos elaborados por
la entidad se asume fidedigna, en tanto no fue tachada de falsa por la partes. Al
respecto, del propio testimonio rendido por Carlos Arturo Yela Gómez, quien fue el
líder de la Unidad de Gestión Humana29 en la época, se desprende que allí se
consignaba toda la información frente a las horas causadas por el trabajador.
116. En concreto, este último dispuso que el comandante era quien elaborada el
cuadro de turnos previamente y le notificaba al bombero las horas que debía laborar
en la respectiva semana o quincena, razón para considerar que toda la información
quedaba allí reportada, salvo en materia de compensatorios, que era una novedad
otorgada de forma discrecional por el comandante de bomberos.
117. Del mismo modo, la entidad demandada afirmó, en su apelación, que se
desconoció el hecho de que los turnos obedecen a labores dentro de una jornada
laboral especial, por tanto, como en los turnos de 24 horas debe existir un descanso,
la jurisprudencia ha previsto que no procede el pago del 35%, sino otorgar ese
descanso. De este modo, considera que no hay derecho a compensatorio en dinero.
118. Sin embargo, el referido argumento contradice la jurisprudencia, porque aun
cuando se ha reconocido que la jornada de los bomberos es excepcional 30, en 24
horas diarias, esta situación debe necesariamente implicar el reconocimiento del
trabajo suplementario, en tanto no es posible predicar una situación de desigualdad
con otros servidores31. De esta forma lo ha referido esta Subsección:
Para la Sala es claro, como lo ha venido reiterando, que las labores realizadas por los
bomberos implican una disponibilidad permanente por lo que es razonable que dicho
personal no esté sujeto a una jornada ordinaria de trabajo sino a una jornada especial,
28
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, pruebas,
17001233300020170083600.pdf, páginas 2 a 7 del archivo digital.
29
Videograbación de la audiencia de pruebas.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente: 66001-23-31-000-2003-00039-01(9258-05). Sentencia de 31 de octubre de 2013,
Expediente: 25000-23-25-000-2010-00515-01(1051-13); y sentencia del 12 de febrero de 2015. Expediente: 25000-23-25-000-2010-00725-01
(1046-13).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de agosto de 2024, exp. 25000-
23- 42000- 2019-00423- 01.
27
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
la cual debe ser regulada por el jefe del organismo mediante la expedición del
respectivo acto administrativo que determine la necesidad, oportunidad y
conveniencia de aplicar dicha excepción, con la consecuente remuneración salarial
para los empleos que se vean sometidos a esa jornada máxima legal excepcional,
atendiendo los parámetros establecidos por el Decreto 1042 de 1978 aplicable a los
empleados públicos territoriales, es decir, dentro de los límites allí previstos y
observando la forma de remuneración establecida para las jornadas mixtas y el
trabajo habitual en dominicales y festivos, cuando la misma implique tiempo de trabajo
nocturno en dominicales y festivos.
Lo anterior, por cuanto, como se señaló en la sentencia ya mencionada, de fecha 12
de febrero de 2015, un régimen especial tendiente a excluir o disminuir los beneficios
laborales mínimos correspondientes a la jornada ordinaria previstos en el Decreto
1042 de 1978, no consulta principios constitucionales32.
119. En línea con esto, la entidad plantea que se dejó de analizar la certificación
de la UGH, según la cual a los demandantes se les pagaron los recargos nocturnos
y los dominicales hasta diciembre 31 de 2013. Por consiguiente, alude a que existen
decisiones emitidas por el Consejo de Estado en las cuales, al concedérseles los
compensatorios, se les reconoce en exceso la jornada normal que realizan.
120. De una revisión de la sentencia apelada, la Sala encuentra que, contrario a
lo que plantea el extremo demandado, el Tribunal Administrativo de Caldas valoró
este supuesto con fundamento en las certificaciones obrantes en el expediente, y
con sustento en estas, consideró que, efectivamente, fueron reconocidos por el
municipio de Manizales. No obstante, consideró la primera instancia que el pago se
calculó de forma errada, porque a los demandantes se les pagó según una jornada
laboral de 240 horas mensuales, cuando debió hacerse con una de 190.
121. En vista de lo anterior, de las constancias emitidas por el líder del proyecto
de la Unidad de Gestión Humana del municipio de Manizales, el 21 de noviembre
de 2019, los señores Clemencia Palacio Hurtado, Julio César Orozco Ramírez y
Germán Gómez Montoya, devengaron valores por concepto de horas nocturnas y
dominicales en las vigencias de 2012 y 2013. A modo de ejemplo, el señor Julio
César Orozco, percibió, por concepto de recargo nocturno, por un total de 156
horas, un valor de $228.040.
122. No obstante, aplicada la fórmula avalada por la jurisprudencia, frente al
cálculo, con una jornada laboral de 190 horas33, con la asignación percibida por el
señor Julio César Orozco Ramírez que, en el año 2012, ascendió a la suma de
$1.002.37834, arroja como resultado que el valor correspondiente al recargo
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, exp. 27001-
23-33-000-2019-00063-01.
33 Recargo ordinario nocturno = Asignación Básica / 190 x 35% x No. de horas laboradas (156).
34
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf)
NroActua 2, cuaderno 1D, 17001233300020170083600(1).pdf, página 306 del archivo digital.
28
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
nocturno debió ascender a la suma de $288.051, como lo determinó el Tribunal. En
cambio, este evidenció que la entidad dio aplicación a la citada operación
matemática, pero con una jornada laboral de 240 horas semanales, lo que resulta
en una suma de $228.040.
123. Similar situación se replicó para los días dominicales, toda vez que el Tribunal
indicó que el señor Julio César Orozco Ramírez, para el mes de junio de 2012,
laboró un total de 32 horas, las que debieron reconocerse en la suma de $337.600,
pues este es el resultado de dividir el salario mensual, por 190 horas al mes,
multiplicarlo por el número de horas laboradas, y luego por dos, conforme a la tarifa
dispuesta en el Decreto-Ley 1042 de 1978. Sin embargo, el municipio de Manizales
realizó un pago de forma equívoca, porque dividió el salario mensual, por 240 horas
mensuales, y eso lo multiplicó por las 32 horas laboradas, lo que arroja un total de
$133.651. De ahí que el Tribunal determinó que no se pagó lo que correspondía.
124. Por consiguiente, es claro que, al no discutirse la fórmula con 190 horas
semanales laboradas y el cálculo empleado, sino únicamente la supuesta falta de
valoración probatoria, de las certificaciones que dieron cuenta de los pagos por
dominicales y recargos nocturnos, la Sala despachará de manera desfavorable los
cargos de la entidad apelante. En particular, se advierte que los documentos
aludidos fueron efectivamente valorados y se constató el cálculo indebido de los
conceptos reconocidos, lo cual se tuvo por extendido respecto de todos los actores.
125. Por su parte, los demandantes apelan y cuestionan que la decisión no se
refirió a los recargos en días dominicales y festivos, en particular señalan que se
omitió indicar si se hacía referencia a recargos nocturnos en días de descanso
obligatorio. Además, agregaron que la labor de los bomberos se ejerce los días
festivos, por lo que el hecho que no se hayan referido de forma subrayada a estos
días, no significa falta de prueba, más aún cuando las bitácoras de turnos allegadas
al expediente, las cuales se confrontaron con los calendarios, permiten establecer
que desempeñaron funciones en esas fechas especiales. En este orden, para la
parte actora, tanto los dominicales como los festivos gozan de una naturaleza
similar, en tanto constituyen días de descanso obligatorio.
126. Pues bien, del recuento expuesto se tiene que el Tribunal en la sentencia de
primera instancia se refirió a los recargos nocturnos conforme al cálculo de horas
reportadas por el municipio, de lo cual se desprende que comprendió la totalidad
del período laborado y no habría fundamento para considerar que se trató de días
de descanso con el fin de efectuar un reconocimiento adicional. Del mismo modo,
el Tribunal abordó los recargos en días dominicales. En particular, sustentó que,
aunque el municipio de Manizales los pagó, lo hizo de forma errónea, ya que tomó
el salario mensual y lo dividió en 240 horas mensuales y eso lo multiplicó por 32
horas. Empero, debió hacerse con la tarifa establecida en el Decreto-Ley 1042 de
1978, obtenida de dividir el salario mensual, por 190 horas al mes, multiplicarlo por
29
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
el número de horas laboradas, y luego por dos. Por tal razón, la providencia accedió
a reconocer el pago de los emolumentos reclamados, que no se pagaron de
conformidad con la ley.
127. Cuestión distinta ocurrió frente a los festivos, porque en lo que tiene que ver
con esta reclamación, el Tribunal no encontró demostrado el trabajo habitual en
esos días, al suponer que no se podía deducir de la jornada laboral que tenían los
demandantes, inferencia que sí era factible frente a los dominicales. Al respecto, los
actores refieren que, en las bitácoras de turnos allegadas al proceso, se evidenciaba
que desempeñaron funciones en esas fechas especiales. En este orden, frente al
reconocimiento de los dominicales y festivos, el artículo 39 del Decreto-Ley 1042 de
1978 dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 39. Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin
perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten
servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la
naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días
dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble
del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute
de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a
que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.
La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado
en la asignación mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales
y festivos.
128. De lo anterior se desprenden al menos dos consecuencias por ejercer la labor
en días dominicales o festivos; la primera obtener una remuneración equivalente al
doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado; y, la
segunda, el disfrute de un día de descanso compensatorio. Sobre este aspecto, la
Sala precisa que, según la respuesta al Oficio núm. 4309 de 2019, emitida por parte
del comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, los demandantes laboraron en
horas festivas, aunque no en todos los meses, porque hubo algunos que registraron
cero (0) horas por ese concepto.
129. Además, de los formatos y órdenes legibles allegadas por los actores, para
las vigencias de 2012 y 2013, se evidencia de forma concreta que la señora
Clemencia Palacio:
30
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
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✓ Laboró el 28 de marzo de 2013 (jueves santo) según la orden del día número
4212, de las 18:00 a las 21:00 y de las 04:00 a las 06:0035.
✓ Laboró el 1 de mayo de 2013 (miércoles festivo) según la orden del día número
4246, de las 6:00 a las 8:0036.
✓ Laboró el 13 de mayo de 2013 (lunes festivo) según la orden del día número
4256, de las 18:00 a las 21:0037.
✓ Laboró el 10 de junio de 2013 (lunes festivos), según se consignó en la orden
del día número 428638.
✓ Laboró el 14 de octubre de 2013 (lunes festivo) según al orden del día número.
441239, de las 14:00 a las 18:00 y de las 02:00 a las 04:00.
130. Lo hasta aquí relacionado coincide en su generalidad con el calendario de
2013, allegado por la entidad demandada, conforme al cual la citada demandante
laboró durante la vigencia de 2013 el 28 de marzo, el 1 de mayo, el 10 de junio, con
la precisión que se dejó de seleccionar, en los cuadros de turnos, el 13 de mayo.
De ahí que, a partir de una valoración integral, la información completa reportada al
municipio está respaldada con las órdenes firmadas cada día, y de las cuales
también se llevaba un registro documental, como dio cuenta en sede judicial el
testigo Jorge Iván Quintero Jaramillo, comandante del cuerpo oficial de bomberos,
quien suscribió la constancia de los compensatorios.
131. Así las cosas, la Sala considera que, como la jornada establecida a favor de
los actores era de 24 horas de labor, por 24 horas de decanso40, de lunes a domingo,
y además en el expediente obran pruebas que evidencian el ejercicio en las citadas
fechas especiales, con horas causadas, en casi todos los meses de las vigencias
de 2012 y 2013, los demandantes sí demostraron su labor.
132. Ahora bien, revisados los pagos allegados, no se advierte que el municipio
de Manizales hubiera reconocido valor alguno por concepto de los festivos a favor
de los aquí demandantes, ya que aun cuando el testigo, líder de la Unidad de
Gestión Humana en la época, precisó que los pagos de nómina correspondían a lo
reportado en las planillas, en las constancia allegadas a esta foliatura únicamente
se reconocieron horas dominicales y recargos nocturnos a favor de los tres
demandantes, de suerte que era carga de la entidad demostrar que asumió los
citados con precisión y claridad, frente a los cuales reconoció de forma expresa en
los calendarios que sí se causaron en fracciones de horas.
35
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf)
NroActua 2, Cuaderno 1C, 17001233300020170083600 (1).pdf, página 12 y 243 del archivo digital.
36
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf)
NroActua 2, Cuaderno 1C, 17001233300020170083600 (1).pdf, página 24 del archivo digital.
37
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf)
NroActua 2, Cuaderno 1C, 17001233300020170083600 (1).pdf, página 27 del archivo digital.
38
Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf)
NroActua 2, Cuaderno 1C, 17001233300020170083600 (1).pdf, página 273 del archivo digital.
39
Samai, expediente de primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, archivo 004anexos, página 8 del archivo digital.
40
De esta situación también dio cuenta, en su testimonio, el comandante del cuerpo oficial de bomberos para la época.
31
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
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133. Frente a ello, no existiría algún criterio para advertir que en los dominicales
se incluyeron propiamente los festivos, no solo porque esto no fue alegado por las
partes, sino porque así no se evidencia de la literalidad del documento, que es
prueba de lo allí contenido, sin que la Sala pueda entrar a hacer disquisciones que
son propias del sistema de liquidación de la entidad.
134. En consecuencia, resulta procedente reconocer a favor de los aquí
demandantes una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo,
por los festivos que fueron laborados del 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de
2013, y que a la fecha la entidad demandada no ha pagado, como lo prevé el artículo
39 del Decreto-Ley 1042 de 1978, aspecto frente al cual se revocará la sentencia
de primera instancia, que lo negó, para en su lugar, ordenar lo correspondiente.
135. En particular, se dispondrá que la entidad demandada reconozca a favor de
los aquí demandantes, por los festivos en que laboraron, una remuneración
equivalente al doble del valor de un día de trabajo, por cada festivo, tal como se
dispuso para los dominicales. Se precisará que, como se ordenó para estos últimos,
el cálculo deberá efectuarse con la jornada laboral máxima de 190 horas.
136. Finalmente, los demandantes aluden a que la sentencia de primera instancia
confundió los descansos compensatorios del artículo 36 del Decreto-Ley 1042 de
1978, con los del artículo 39 de esa normativa. Revisada esta providencia, la Sala
observa que el Tribunal Administrativo de Caldas reconoció que los actores tenían
derecho al disfrute de un día de compensatorio, de la forma prevista en el citado
artículo, pero a la vez negó el reconocimiento de los citados, en razón a que los
actores laboraron en una jornada de turnos de 24 horas de descanso, por otras 24
horas de trabajo, razón por la cual no se les adeudaba nada por este concepto.
137. Al respecto, la Sala considera que la sentencia no confundió los
compensatorios del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 con los de la artículo 39;
precisamente negó los primeros, al considerar que no procede pago en dinero, toda
vez que las horas no exceden el tope de las 50 previstas por ley41 y negó los últimos
con el aludido fundamento, al considerar la jornada de turnos de 24 horas. Bajo este
entendido, la Sala comparte que, al tener en cuenta que, por cada turno de 24 horas
laboradas, se otorgaba un descanso de 24 horas, se satisfacía el día de
compensatorio previsto en el artículo 39 del Decreto-Ley 1042 de 1978, como lo ha
puesto de presente la jurisprudencia de la Subsección, en casos similares:
En el presente caso quedó demostrado que el demandante laboró de manera
habitual y permanente los domingos y festivos, en razón a la jornada que había sido
establecida correspondiente a 24 horas de labor por 24 de descanso de lunes a
domingo, por lo que se considera que el sistema de turnos compensaba el descanso
41
De conformidad con los límites establecidos por el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley de
1989.
32
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
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previsto en la norma. Por consiguiente, no es del caso reconocer el compensatorio
por las 120 horas restantes, en consideración a la jornada desarrollada por el
demandante, teniendo en cuenta que por cada turno de 24 horas laboradas gozaba
de un descanso de 24 horas, lo cual equivale a un día de descanso compensatorio,
con lo que se satisface el contenido del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, que
consagra el derecho a disfrutar un día de descanso compensatorio (cuya duración
mínima debe ser de 24 horas) por trabajo habitual en domingos y festivos; en otras
palabras, en cuanto al descanso compensatorio, concluye la Sala que este sí fue
consagrado en el sistema de turnos y disfrutado por el demandante42.
138. Además de ello, se destaca que en el expediente quedó demostrado que los
demandantes laboraron los domingos y festivos, por lo que tendrían derecho al
disfrute de los días de descanso compensatorio. No obstante, la entidad demandada
probó, mediante respuesta brindada en el Oficio núm. UGRCOBM097-20 del 3 de
febrero de 202043, que los actores disfrutaron sus días de descanso compensatorio.
139. En concreto, esta prueba pone de presente que el señor Julio César Orozco
disfrutó, en el período comprendido de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013,
un total de 10 días de compensatorio en el año 2012 y 23 en el 2013. Por su parte,
el señor Germán Gómez Montoya disfrutó en ese mismo interregno de 15 días y 17
días de compensatorio respectivamente, y la señora Clemencia Palacio Hurtado 19
días de en 2012 y 29 días en 2013. Por consiguiente, el municipio de Manizales
logró acreditar que les otorgó a los actores los compensatorios a los que tenían
derecho, los cuales fueron efectivamente disfrutados, sin que los citados hubieran
controvertido o tachado este documento de falso.
140. De ahí que, por lo menos en virtud de la carga probatoria que le asistía a la
entidad demandada, en los términos del artículo 167 del CGP, la Sala considera
que esta la satisfizo, al probar que los demandantes disfrutaron de unos días de
descanso compensatorio, en el período en el cual reclaman, sin que los actores
hayan pedido un diferencial frente a lo causado y otorgado. Tampoco dieron cuenta,
en el trámite del proceso, que les hizo falta algún día para completar lo previsto en
el artículo 39 ibidem, a partir de un cálculo concreto de los domingos y/o festivos en
los que hubieran laborado; esto es, una confrontación con los días específicos en
virtud de los cuáles se otorgaron estos compensatorios.
141. Al respecto, en el testimonio rendido por el comandante del cuerpo oficial de
bomberos, este dio cuenta que se allegaba la información sobre los compensatorios
y frente a qué días en específico se compensaba; de ahí que, en principio, estos
compensatorios, correspondientes a un día de trabajo de 24 horas, una vez
causados, se podían disfrutar y ello era potestativo del bombero. Además, agregó,
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, exp. 27001-
23-33-000-2019-00063-01.
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Samai, índice 2, 18ED_CORREOS_RVENVIOLINKPROCESOSS(.pdf) NroActua 2, 17001233300020170083600, pruebas,
17001233300020170083600.pdf, páginas 15 a 20 del archivo digital.
33
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
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que existía una revisión frente a cuáles compensatorios fueron efectivamente
concedidos, con la particularidad de que estos casi simpre se disfrutaban. También
respondió a la pregunta que le formuló el municipio de Manizales y refirió que no
entendía por qué en este proceso se alegaba que no se pagaron los
compensatorios, cuando estos fueron efectivamente reconocidos.
142. Con ocasión de lo anterior, no procede ordenar compensatorio alguno, no
solo porque este fue previsto en el sistema de turnos de 24 horas, sino porque, de
las pruebas aportadas por la entidad demandada, lo que se logra extraer es que los
demandantes efectivamente los disfrutaron.
143. En este orden de ideas, los actores reclamaron por unos compensatorios, sin
controvertir lo demostrado por el municipio de Manizales, de suerte que lo único que
se puede tener por demostrado es que estos ya los disfrutaron, en virtud del régimen
del cual eran beneficiarios y del cual obra el soporte correspondiente.
144. Seguidamente, la Sala precisa que la parte demandante, en su apelación,
indicó que no pidió los dominicales de manera expresa en su demanda, pero aún
así estos se reconocieron. Sin embargo, esto no corresponde con lo demostrado en
este proceso, toda vez que los señores Julio César Orozco Ramírez, Germán
Gómez Montoya y Clemencia Palacio Hurtado, solicitaron el recargo establecido en
el artículo 35 del Decreto-Ley 1042 de 1978, por el hecho de haber laborado en
turnos dominicales, sin que se haya efectuado el pago y, por ese mismo motivo,
solicitaron los compensatorios de que trata el artículo 39 del Decreto ibidem.
145. Por ende, la sentencia de primera instancia diferenció el reconocimiento de
los domingos y festivos, no por un asunto de derecho, sino porque frente a estos
últimos no encontró demostrado en el expediente que se hubieran laborado, carga
que le asistía a la parte demandante, aspecto frente cual la Sala encuentra
procedente revocar la decisión de primera instancia.
146. Comoquiera que, de acuerdo con el Tribunal, el reconocimiento del trabajo
sumplementario a favor de los demandantes, en virtud de la aplicación del Decreto
-Ley 1042 de 1978, implica el reajuste de la reliquidación de las cesantías y de los
aportes pensionales, y este aspecto no fue apelado, la entidad demandada deberá
tener en cuenta los valores ordenados por concepto de festivos, para efectuar los
citados reajustes. En particular, se adicionará el literal (iii) del ordinal tercero de la
sentencia apelada porque este hizo referencia a los conceptos expresos, de manera
que se agregarán los festivos.
147. Por último, el extremo demandante consideró que debió condenarse en
costas en primera instancia al municipio de Manizales, porque en el expediente se
demostraron los gastos ordinarios del proceso. Sin embargo, la Sala no modificará
la decisión en lo pertinente, porque aun cuando esta aplicó un criterio objetivo, en
34
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
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virtud del cual negó la imposición de una condena, no se advierte temeridad ni mala
fe por parte del municipio de Manizales, por lo que, en aplicación de la tesis
mayoritaria de esta Subsección, la referida condena no podría imponerse.
148. Asimismo, no sobra poner de presente que, como la primera instancia lo
definió en el presente asunto, no se configuró la cosa juzgada respecto del Oficio
núm. UGH-188 de abril de 2009, porque si bien fue objeto de nulidad en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el aquí demandante, Germán
Gómez Montoya, lo cierto es que los períodos allí reconocidos se limitaron a
vigencias anteriores, diferentes a las que son objeto de este asunto. Por ende, la
nulidad declarada en este proceso frente al citado oficio, que quedó comprendido
en la motivación del Oficio núm. OF-SA-GH-00958 del 31 octubre de 2014, se da
con ocasión a la negativa de la entidad a reconocer los derechos de los actores por
el período comprendido del 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
149. Finalmente, se tiene que en la sentencia de primera instancia se declaró la
nulidad del acto ficto negativo derivado de la no respuesta al recurso de reposición
presentado contra los oficios demandados de los años 2014 y 2009. Aunque esta
decisión no se cuestiona, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia para
declarar, de manera expresa, además de la nulidad del acto ficto, su existencia.
3.7. Conclusión
150. La Sala concluye que, en el caso particular, no se configuró la excepción de
caducidad, lo que daba lugar a efectuar un análisis de fondo del asunto. En razón a
ello, los conceptos ordenados en la sentencia de primera instancia sí debieron
limitarse a los períodos que van desde el 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de
2013 y resultó procedente el pago ordenado en primera instancia, además, de los
festivos que los demandantes laboraron. Por su parte, para que proceda el
reconocimiento de horas extras a favor de los bomberos, no se requiere en un caso
como el analizado que estas sean autorizadas por el empleador y, el hecho de que
los turnos obedezcan a 24 horas y deban contar con un descanso, no hace
improcedente el pago del 35%, esto es, un compensatorio en dinero.
151. Seguidamente, a los demandantes se les pagaron los recargos nocturnos y
los dominicales hasta el 31 de diciembre de 2013, pero no de la forma en que lo
prevé el Decreto-Ley 1042 de 1978. Así, se tiene que la sentencia de primera
instancia no omitió pronunciarse frente a los recargos nocturnos, sino que los
concedió en punto a las horas específicas certificadas por el municipio, sin que haya
lugar a discutir que eso se dio en fracciones de descanso obligatorio para conceder
un reconocimiento adicional. Igualmente, se pronunció sobre los recargos en días
dominicales y festivos, concedió los primeros y negó los segundos, por falta de
prueba de que en esos días específicos los demandantes hubieran laborado, esta
última decisión que revoca la Sala en esta oportunidad.
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
152. Por consiguiente, de los documentos allegados al plenario, encuentra la Sala
que procede el reconocimiento de los recargos en días festivos. Seguidamente, la
sentencia de primera instancia no confundió los descansos compensatorios del
artículo 36 del Decreto-Ley 1042 de 1978, con los del artículo 39 de esa normativa
y, por último, no debió condenarse al municipio de Manizales en costas en la
sentencia de primera instancia. En ese sentido, procede la nulidad de los actos
demandados con la precisión frente a la existencia del acto ficto negativo de la
ausencia de respuesta frente al recurso de reposición interpuesto.
153. Por las citadas razones, la Sala revocará parcialmente la sentencia de
primera instancia, en cuanto negó el reconocimiento de los recargos en días festivos
y accederá a ello. Adicionará el literal (iii) del ordinal tercero para disponer que los
reajustes a las cesantías deberán hacerse de manera expresa, con inclusión de los
festivos. Modificará el ordinal segundo para declarar la existencia del acto ficto y, en
lo demás, confirmará la sentencia apelada.
3.8. Costas
154. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 44 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que, para
decretar la condena en costas, se debe verificar que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero. Revocar parcialmente la sentencia apelada, en cuanto negó el
reconocimiento de los recargos en días festivos. En consecuencia, adicionar el
ordinal tercero en el siguiente sentido:
La entidad demandada deberá reconocer y pagar, por concepto de los días
44
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a
razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-
administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes,
«sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al
considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de
una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
// Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las
partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En
el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016,
M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
festivos que laboraron los demandantes en el período comprendido del 1 de
junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013, una remuneración equivalente al
doble del valor de un día de trabajo, por cada festivo laborado, con el valor
de la hora que arroje la división del salario básico mensual respectivo, sobre
190, que es el número de horas mensuales de la jornada laboral.
Segundo. Adicionar el literal (iii) del ordinal tercero de la sentencia apelada el cual
quedará así:
(iii) Reliquide el valor de las cesantías reconocidas y canceladas desde el 1 de junio
de 2012 al 31 de diciembre de 2013, incluyendo los valores que por concepto de
horas extras, días dominicales y festivos y recargos nocturnos se ordenan en la
presente providencia. Así mismo, el municipio pagará a los demandantes las
diferencias que resulten a su favor entre lo ya cancelado y lo que debió
reconocérseles en virtud del reajuste que aquí se ordena.
Tercero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual quedará así:
SEGUNDO: Declarar la nulidad de los oficios S.S.A-GH 00958 del 31 de octubre de
2024 y del UGH-188 del 6 de abril de 2009 y la existencia y nulidad del acto ficto
presunto derivado de la no respuesta al recurso de reposición presentado contra los
anteriores actos.
Cuarto. Confirmar, en lo demás, la sentencia apelada, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00836-01 (4600-2021)
Demandantes: Julio César Orozco Ramírez, Germán Gómez Montoya y
Clemencia Palacio Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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