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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00891-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00891-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el diecinueve (19) de mayo de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así: «(…)TERCERO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDÉNASE a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a pagar a la señora MELVA ASUDELO VALENCIA la suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS ($32.595.032). Así mismo deberá frente a los contratos prescritos tomar por el periodo que duraron los mismos, salvo interrupciones, el ingreso base de cotización pensional de la actora (honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora. Se declarará además que el tiempo laborado por la demandante mediante contrato de prestación de servicios, salvo las interrupciones, se debe computar para efectos pensionales.». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicación: 17001-23-33-000-2017-00891-01 (2945-2021) Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00891-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00891-01 (2945-2021)
Demandante: Melva Agudelo Valencia
Demandada: Nación- Ministerio De Defensa - Policía Nacional

Tema: Relación laboral encubierta. Enfermera MODIFICA
SENTENCIA.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil veinte (2020) proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1) La señora Melva Agudelo Valencia instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2) Que se declare la nulidad del acto administrativo S-2017-040580/ARSAN-
JEFAT-3.1 del 03 de octubre de 2017, y, en consecuencia, que entre las partes
existió una relación laboral sin solución de continuidad.

3) Que se reconozcan y paguen los salarios, primas, reajustes o aumentos
de sueldo, sanciones y demás emolumentos que la actora dejó de percibir hasta
la fecha en que dejó de prestar sus servicios a la entidad demandada, y los que
se causen a futuro.

HECHOS

4) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5) Que estuvo vinculada en la dirección de sanidad de la Policía Nacional
desde el 20 de diciembre de 1999 hasta el 02 de enero de 2016, mediante

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contratos de prestación de servicios y su último cargo fue de enfermera jefe en la
clínica La Toscana.

6) Que el tiempo de relación laboral prestó sus servicios sin solución de
continuidad de manera personal y exclusiva a la entidad, bajo estrictas
instrucciones, sin autonomía ni independencia y utilizando elementos de
propiedad de la clínica.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7) La demanda fue admitida el 13 de abril de 2018, la demandada manifestó
que lo que existió entre las partes fue una relación contractual, la cual no genera
el pago de ninguna acreencia de carácter laboral.

8) Que la demandante tenía autonomía para desarrollar sus labores y que si
se presentaba alguna coordinación en el trabajo era porque debía organizarse la
forma en que se prestaba el servicio, que manejaba su tiempo, y lo único que se
le solicitaba era que estuviese disponible para atender los requerimientos del
contratante, por lo que no se cumplía un horario de trabajo.

9) Que cada contrato establecía un tiempo de ejecución determinado y la
contratación de esta clase de servicios profesionales se encuentra legalmente
autorizada.

10) Se celebró audiencia inicial el 21 de noviembre de 2018, se fijó el litigio,
se surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se
programó audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se
dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por las partes.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11) El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 19 de mayo
de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la relación laboral
encubierta entre las partes desde el 20 de diciembre de 1999 al 2 de enero de
2016.

12) Ordenó el reconocimiento y pago de todas las prestaciones y factores
salariales a los que un empleado de igual categoría tendría derecho, tomando
como base el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios por los periodos del 28 de enero de 2014 al 16 de febrero de 2015.

13) Igualmente, ordenó la devolución a la actora de los valores que ella aportó
al sistema de seguridad social en el porcentaje que le correspondería al
empleador y que fueran asumidos inicialmente por la demandante en el periodo
antes indicado, salvo las interrupciones.

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14) Que el tiempo laborado mediante contrato de prestación de servicios,
salvo las interrupciones, se debe computar para efectos pensionales, incluso los
que se declararon prescritos por haber transcurrido un periodo superior a 15 días.

15) Que la actora no contaba con autonomía e independencia para realizar las
labores encomendadas, pues cumplía su actividad de conformidad con los
lineamientos dispuestos por las directivas del centro asistencial, en sus
instalaciones, con el equipo que la misma disponía, y en el horario que
determinaba, que recibía una remuneración y prestaba personalmente el servicio
para el cual fue vinculada, elementos propios de la relación laboral, no de un
contrato de prestación de servicios.

16) Que, conforme la documentación aportada y las declaraciones recibidas,
el vínculo contractual trascendió más allá de lo pactado, convirtiéndose en una
verdadera relación laboral, en la que estuvieron presentes sus elementos
esenciales: prestación personal del servicio, remuneración como
contraprestación, y subordinación.

17) Que de 21 contratos aportados con la demanda, solo se conoce la fecha
de inicio y de terminación, estos son los contratos 19-7-20.010 de 16 de febrero
de 2004,19-7-20.015 de 14 de marzo de 2005,19-7-20.030 de 2007,19-7-20.161
de 06 de noviembre de 2007,19- 20.186 de 24 de octubre de 2008 y 19-7-20.081
de 27 de abril de 2010; y en cuanto a los demás no es factible determinar la
totalidad de los extremos temporales en aras de concluir si había interrupción o
no de los mismos, pero de acuerdo a las pruebas es factible inferir que sí la hubo.

18) Que al existir suspensiones mayores a 15 días en los contratos sobre los
cuales no se conocen los extremos temporales, existió interrupción de todos los
vínculos anteriores al contrato 19-7-20.006 de 16 de febrero de 2015, que fue el
último suscrito entre las partes.

19) Que también se puede inferir que transcurrieron más de 3 años entre la
finalización de los contratos y la fecha de radicación de la petición, esto es 12 de
septiembre de 2017, por lo que sobre todos estos se declaró la prescripción, con
excepción de los contratos 19-7-20.009 de 28 de enero de 2014 y 19-7-20.006
de 16 de febrero de 2015, pues entre estos y la reclamación no pasaron más de
3 años.

20) Que solamente frente a los contratos 19-7-20.009 de 28 de enero de 2014
y 19-7-20.006 de 16 de febrero de 2015 se reconocerán todas las prestaciones y
factores salariales que se ordenan en la sentencia.

RECURSOS DE APELACIÓN

21) La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que afirmó que
la demanda de atención médica y hospitalaria es tan amplia y a la vez

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desbordante que no se suple con el personal de planta, lo que hace necesaria la
contratación del servicio hoy demandado.

22) Que, en cada uno de los contratos que suscribió la entidad con la
demandante, no se evidencia una subordinación laboral, lo que se puede
constatar son obligaciones referentes al servicio prestado, en tal sentido, no es
cierto que la entidad le impusiera un horario a la actora.

23) Que la entidad demandada tiene la obligación legal de cuidar los intereses
del Estado, representados en la prestación de un servicio público como es la
salud, para lo cual se ve en la necesidad de contratar personal por la modalidad
de prestación de servicios profesionales, para cumplir el legado constitucional de
brindar servicios de salud a los usuarios del subsistema de salud de la policía
nacional, por tanto, en ese entendido debe velar porque los objetos contractuales
y las obligaciones del contratista se cumplan, acontecimiento que no indica que
tal exigencia a un contratista se convierta en una relación laboral.

24) Que en el asunto que nos ocupa, entre las partes, se sostuvo una relación
contractual por prestación de servicios profesionales con compromisos de
obligatorio cumplimiento bajo el amparo legal del Estatuto General de
Contratación Estatal y demás normas conexas, sin que se haya generado en
momento alguno relación laboral.

25) La parte demandante, indicó que, su recurso solo va en contra de la forma
en la cual se declaró la prescripción de los derechos reclamados por la actora en
el proceso, pues para el Tribunal, solo existe prueba de la fecha de Inicio y de la
fecha de terminación de 6 de los 21 contratos y no existe manera de determinar
el tiempo de interrupción entre un contrato y otro, lo que es fundamento para
negar el reconocimiento de la indemnización para 19 de los veintiún contratos
celebrados.

26) Que era un deber legal de la entidad demandada aportar los antecedentes
administrativos, en los cuales deberían reposar no solo los contratos, sino las
actas de inicio, las actas de liquidación y todos los documentos relacionados con
los contratos que celebró la demandante con la entidad demandada.

27) Que cada uno de los contratos tiene fijado el tiempo de duración y la fecha
de celebración, de tal manera que, a partir de la fecha de suscripción del contrato,
era posible establecer la fecha de terminación.

28) Que tampoco existe en la jurisprudencia del Consejo de Estado un término
de interrupción que señale claramente cuándo opera la solución de continuidad,
pero establecer un término de quince (15) días, es desproporcionado y
desconoce principios constitucionales del derecho laboral, especialmente el
principio de primacía de la realidad.

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

29) El 22 de septiembre de 2021 fueron admitidos los recursos de apelación,
el 9 de marzo de 2022 se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia. Se
dio traslado para alegar el 14 de diciembre de la misma anualidad y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto por
el lapso de 10 días.

30) La parte demandada manifestó que la demandante desarrolló su
actividad en ejecución del objeto del contrato de prestación de servicios como
enfermera jefe de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional con unas horas
contratadas, las cuales fueron distribuidas según la agenda pactada con la
contratista; labor que fue desarrollada no con órdenes ni subordinación, sino con
sujeción a actividades de instrucción y de coordinación del supervisor del
contrato.

31) Que no se cumplió con un horario sino con una disponibilidad de horas
que se agendaban por el supervisor de acuerdo con la necesidad del servicio de
salud, atendiendo a la naturaleza permanente de la prestación de salud, y por
ello se contrató a la actora para atender dicha necesidad.

32) Que la demandante no tenía jefes, su contrato era vigilado por el
supervisor para el cumplimiento del contrato, dicha vinculación contractual
terminaba por la expiración del plazo pactado entre las partes, no tenía un
régimen laboral asimilable al de empleado de planta ya que cumplía su objeto
contractual descrito en el contrato y las condiciones técnicas.

33) La parte demandante alegó de conclusión, indicando que está acreditado
que la actora desarrolló labores que eran propias de la entidad, es decir, esas
actividades no pueden ser consideradas ajenas o esporádicas a las que
desarrolla la clínica, sino que tenían un carácter permanente, en tanto hacen
parte de los servicios esenciales para el correcto funcionamiento de la entidad.

34) Que se trata de labores especializadas que no pudieran cumplirse por las
personas vinculadas mediante una relación legal y reglamentaria.

35) Que los testigos manifestaron al despacho, que la demandante fue su jefe,
les impartía órdenes y a su vez cumplía horario. Que prestaba sus servicios para
la clínica la toscana de la policía, que laboraba horas nocturnas, también
manifestó que la actora devengaba un salario mensual y coincidieron en
manifestar que recibía órdenes de sus superiores, los uniformados, los médicos
de turno, entre otros.

36) Que para la fecha que se dictó la sentencia no existía jurisprudencia del
Consejo de Estado un término de interrupción que señalara claramente cuándo
opera la solución de continuidad, pero establecer un término de 15 días fue

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desproporcionado y desconoció principios constitucionales del derecho laboral,
especialmente el principio de primacía de la realidad.

37) Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

38) La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral
derivado de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir
con ocasión de esa relación.

39) En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiarán los
periodos reclamados por la actora y el restablecimiento de los derechos para
finalmente analizar lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

40) Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las
figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

41) El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en
la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable.

42) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.

43) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios,
demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de
prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.

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44) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de
los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

45) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

46) Con las pruebas documentales es posible establecer que la demandante
estuvo vinculada a la Policía Nacional - Departamento de Policía de Caldas del
20 de diciembre de 1999 al 2 de enero de 2016, como enfermera jefe.
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47) Por lo tanto, demostrada la prestación del servicio y la remuneración a
partir de los contratos suscritos, se procede a revisar si efectivamente se presentó
la subordinación como argumento principal del recurso del demandado.

48) En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las declaraciones
de las señoras María Gladys Toro, Angela Marcela Zapata, Mariela García
Echeverry.

49) La señora María Gladys Toro, indicó que fue compañera de la
demandante en la clínica La Toscana donde eran jefes de enfermeras. Que sus
funciones principales eran distribuir medicamentos, bañar pacientes, coordinar
turnos de auxiliares de enfermería, acompañar el servicio de ambulancia, etc.

50) Que la actora cumplía turnos de 12 horas, que su horario se controlaba
por cuadro de turnos y si no se cumplían le hacían un informe. Que siempre que
se iba a ausentar, tenía que pedir permiso a quien tuviera el mando en ese
momento, podía ser al jefe de sanidad o al coronel, pues según la testigo, todos
daban órdenes.

51) Que entre uno y otro contrato transcurría un lapso de 15 o 20 días, a veces
hasta un mes y durante ese tiempo no se podía laboral en la clínica. Que, al
finalizar el turno, debía entregar un informe de las actividades a quien seguía en
turno.

52) La señora Angela Marcela Zapata, manifestó que conoció a la
demandante en la clínica La Toscana cuando entró a trabajar en el 2013.

53) Que la actora le debía dar cuentas de su trabajo al director de sanidad o a
los coroneles y era a ellos a quienes debía pedir permiso cuando se tenía que
ausentar del trabajo. Que desarrolló los contratos de manera ininterrumpida y
estos se liquidaban cuando se terminaban. Que en algunas ocasiones debían
salir de la clínica a atender eventos en los municipios del departamento.

54) La señora Mariela García Echeverry declaró que conoció a la
demandante porque fue su jefe cuando trabajó en el 2007 en la clínica. Que la
actora recibía órdenes de un coordinador, de los coroneles y de todos los
uniformados.

55) Estas declaraciones muestran que la demandante realizó tareas de jefe de
enfermería en la entidad accionada, las cuales comprendían el acompañamiento
a los médicos especialistas en las rondas médicas, la realización de los
procedimientos y la aplicación de los medicamentos conforme lo recetaban los
médicos a los pacientes, la organización de las auxiliares de enfermería a su
cargo, la prestación del servicio en las áreas o servicios que la entidad le
indicaba, etc., deberes que cumplía dentro de turnos.

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56) Se allegaron los cuadros de turno de enfermería de la demandante del
2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 donde se observan algunas
denominaciones alfanuméricas y horas de servicio de un periodo determinado.

57) Los testigos manifestaron que la demandante estaba supeditada a las
órdenes del coordinador, de los médicos de la entidad hospitalaria y del coronel,
que la actora debía cumplir con los turnos en las jornadas y dependencias
específicas y definidas por el centro asistencial y, que no tenía ningún margen de
libertad o autonomía para poder cambiarlas o modificarlas.

58) En el presente caso, contrario a lo afirmado por la entidad apelante, no
puede hablarse de coordinación, porque el desempeño de las funciones estaba
sujeto a condiciones específicas contenidas en las órdenes de servicio y el
direccionamiento de la entidad, de manera directa y a través del coordinador o
jefe de enfermería sobre el tiempo u horario y, la forma y el modo en que debía
prestarse la asistencia en los servicios asignados.

59) Si bien es cierto que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que
el cumplimento de un horario no involucra por sí mismo prueba de la
subordinación1, así como ha establecido que ciertos servicios específicos deben
sujetarse a la prestación dentro de las instalaciones de la entidad contratante y
bajo unos parámetros mínimos de coordinación que permitan supervisar el
cumplimento del objeto contratado, es igualmente cierto que estas condiciones
de coordinación no pueden despojar al contratista de la libertad técnica y
administrativa, que son diferencia fundamental de la prestación dependiente del
servicio.

60) De hecho, la entidad no desconoce que era quien programaba la jornada
de prestación del servicio de la demandante, comprobándose así, que la
demandante no tenía ningún margen de libertad en ese sentido.

61) Así las cosas, la conclusión del Juez de primera instancia de encontrar
probada la subordinación, se considera debidamente soportada en las pruebas,
de las que se desprende que no había autonomía para la prestación del servicio
en condiciones de tiempo, modo y lugar.

62) Así las cosas, se encuentran plenamente acreditados los elementos
esenciales de una relación laboral entre las partes y, por tanto, la decisión debe
ser confirmada en este punto.

De la prescripción e interrupciones contractuales

63) Demostrada la subordinación, se procede a verificar los periodos de
prestación del servicio con sus interrupciones. Si bien los mismos no están
determinados de forma específica en los contratos, es posible realizar el conteo
1 Ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda del .14 de julio de 2022, expediente 2015-00185-01 (2088-2018) y del 31 de agosto de 2023,
expediente 2015-01074 (0803-2021)-

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de estos pues cada contrato cuenta con fecha y plazo, por lo que se entenderá
que cada uno inició el día que dice en el contrato y finalizó al expirar el tiempo
pactado:

Contratos Plazo Objeto Salario
1776 de 13 de 6 meses contados Prestar sus servicios $9.273.660
diciembre de a partir de la profesionales como
1999 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Jefatura de Sanidad - $1.545.600
aprobada la Departamento de
garantía única, de Policía Caldas
lo cual no reposa
prueba.

13/12/1999-
13/06/2000

Sin interrupción
2011 de 16 de 6 meses contados Prestar sus servicios $9.273.600
junio de 2000 a partir de la profesionales como
iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Jefatura de Sanidad - $1.545.600
aprobada la Departamento de
garantía única, de Policía Caldas
lo cual no reposa
prueba.

16/06/2000-
16/12/2000

Sin interrupción
20414 de 19 de 4 meses contados Prestar sus servicios $6.182.400
noviembre de a partir de la profesionales como
2000 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Jefatura de Sanidad - $1.545.600
aprobada la Departamento de
garantía única, de Policía Caldas
lo cual no reposa
prueba.

19/11/2000-
19/04/2001

Sin interrupción
19-7-20.113 de 8 meses contados Prestar sus servicios $12.364.800
16 de marzo de a partir de la profesionales como
2001 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana de $1.545.600
aprobada la Manizales o en sitio de
garantía única, de Caldas que se requiera.
lo cual no reposa
prueba.

16/03/2001-
16/11/2001
15 días de
interrupción
19-7-20.443 de 5 meses más 27 Prestar sus servicios $9.119.040
03 de diciembre días contados a profesionales como
de 2001 partir de la Enfermera Jefe en la Mensual:
iniciación de Clínica La Toscana de $1.545.600
labores, una vez Manizales o en sitio de
aprobada la Caldas que se requiera.
garantía única, de
lo cual no reposa
prueba.

03/12/2001-
30/05/2002

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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10

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00891-01 (2945-2021)

10 días de
interrupción
19-7-20.230 de 3 meses contados Prestar sus servicios $4.869.000
11 de junio de a partir de la profesionales como
2002 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana de $1.623.000
aprobada la Manizales o en sitio de
garantía única, de Caldas que se requiera.
lo cual no reposa
prueba.

11/06/2002-
11/10/2002
60 días de
interrupción
19-7-20.444- 4 meses más 2 Prestar sus servicios $6.600.200
20.442 de 11 de días contados a profesionales como
diciembre de partir de la Enfermera Jefe en la Mensual:
2002 iniciación de Clínica La Toscana de $1.623.000
labores, una vez Manizales o en sitio de
aprobada la Caldas que se requiera.
garantía única, de
lo cual no reposa
prueba.

11/12/2002-
13/04/2002
58 días de
interrupción
19-7-20.309 de 5 meses contados Prestar sus servicios $8.115.000
16 de junio de a partir de la profesionales como
2003 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana o $1.623.000
aprobada la en sitio de Manizales
garantía única, de que se requiera.
lo cual no reposa
prueba.

16/06/2003-
16/11/2003
63 días de
interrupción
19-7-20.010 de 12 meses más 18 Prestar sus servicios $18.843.000
16 de febrero de días contados a profesionales como
2004 partir de la Enfermera Jefe en la Mensual:
iniciación de Clínica La Toscana o $1.570.250
labores, una vez en sitio de Manizales
aprobada la que se requiera.
garantía única, lo
cual acaeció el 19
de febrero de
2004.

19/02/2004-
06/03/2005.
10 días de
interrupción
19-7-20.015 de 8 meses más 15 Prestar sus servicios $11.152.479
14 de marzo de días contados a profesionales como
2005 partir de la Enfermera Jefe en la Mensual:
iniciación de Clínica La Toscana o $1.394.059
labores, una vez en sitio de Manizales
aprobada la que se requiera.
garantía única, lo
cual acaeció el 16
de marzo de 2005.

16/03/2006-
30/01/20062

2 Según acta de liquidación de dicho contrato obrante en expediente digitalizado Fl. 73

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00891-01 (2945-2021)

Sin interrupciones
19-7-20.012 de 10 meses Prestar sus servicios $16.000.000
2006 contados a partir profesionales como
de la iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana o $1.600.000
aprobada la en sitio de Caldas que
garantía única, de se requiera.
lo cual no reposa
prueba

01/02/2006-
01/12/2006

67 días de
interrupción
19-7-20.030 de 8 meses contados Prestar sus servicios $14.080.000
2007 a partir de la profesionales como
iniciación de Enfermera Jefe en la
labores, una vez Clínica La Toscana o Mensual:
aprobada la en sitio de Caldas que $1.760.000
garantía única, lo se requiera.
cual acaeció el 08
de marzo de 2007.

08/03/2007-
08/11/2007

Sin interrupciones
19-7-20.161 de 11 meses Prestar sus servicios $19.360.000
06 de noviembre contados a partir profesionales como
de 2007 de la iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana o $1.760.000
aprobada la en sitio de Caldas que
garantía única, lo se requiera.
cual acaeció el 08
de noviembre de
2007.

08/11/2007-
07/10/2008

23 días de
interrupción
19-20.186 de 24 8 meses contados Prestar sus servicios $14.080.000
de octubre de a partir de la profesionales como
2008 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana o $1.760.000
aprobada la en sitio de Caldas que
garantía única, lo se requiera.
cual acaeció el 01
de noviembre de
2008.

01/11/2008-
30/06/2009

15 días de
interrupción
19-7-20.150 de 8 meses más 10 Prestar sus servicios $15.400.000
16 de julio de días contados a profesionales como
2009 partir de la Enfermera Jefe en la Mensual:
iniciación de Clínica La Toscana o $1.925.000
labores, una vez en sitio de Caldas que
aprobada la se requiera.
garantía única, de
lo cual no reposa
prueba

16/07/2009-
26/03/2010

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00891-01 (2945-2021)

38 días de
interrupción
19-7-20.081 de 7 meses contados Prestar sus servicios $19.404.000
27 de abril de a partir de la profesionales como
2010 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana o $2.772.000
aprobada la en sitio de Caldas que
garantía única, lo se requiera.
cual acaeció el 05
de mayo de 2010.

05/05/2010-
19/03/2011

22 días de
interrupción
19-7-20.050 de 7 meses contados Prestar sus servicios $12.936.000
11 de abril de a partir de la profesionales como
2011 iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana o $1.848.000
aprobada la en sitio de Caldas que
garantía única, de se requiera.
lo cual no reposa
prueba

11/04/2011-
11/11/2011
No es posible
determinar el término
de interrupción
19-7-20.024 de No se conoce la No se conoce
20 de marzo de fecha, pues se No se conoce la fecha, la fecha, pues
2012 indica en la pues se indica en la se indica en la
cláusula SEXTA. cláusula «PRIMERA: El cláusula
PLAZO DE objeto del presente «TERCERA.
EJECUCIÓN: El contrato es el que se VALOR DEL
plazo de ejecución indica el Anexo No.1 CONTRATO:
del contrato es el "DATOS DEL Para efectos
señalado en el CONTRATO”.» y no se legales, fiscales
anexo No.1 cuenta con este y
“DATOS DEL (sic) presupuéstales,
CONTFLATO”. y el valor del
no se cuenta con contrato
este asciende a la
suma descrita
en el anexo
No.1 "DATOS
DEL
CONTRATO”.»
y no se cuenta
con este
No es posible
determinar el término
de interrupción
19-7-20.012 de 10 meses Prestar sus servicios $19.065.820
30 de enero de contados a partir profesionales como
2013 de la iniciación de Enfermera Jefe en el Mensual:
labores, una vez Área de Sanidad $1.906.582
aprobada la Caldas.
garantía única, de
lo cual no reposa
prueba

30/01/2013-
30/11/2013
58 días de
interrupción
19-7-20.009 de 10 meses más 15 Prestar sus servicios $20.819.873
28 de enero de días contados a profesionales como
2014 partir de la Enfermera Jefe en el Mensual:
iniciación de Área de Sanidad $2.084.987
labores, una vez Caldas.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00891-01 (2945-2021)

aprobada la
garantía única, de
lo cual no reposa
prueba.

28/01/2014-
13/12/2014
63 días de
interrupción
19-7-20.006 de 10 meses Prestar sus servicios $19.828.450
16 de febrero de contados a partir profesionales como
2015 de la iniciación de Enfermera Jefe en la Mensual:
labores, una vez Clínica La Toscana. $1.982.845
aprobada la
garantía única, de
lo cual no reposa
prueba.

16/02/2015-
02/02/2016

Prescripción.

64) De conformidad con las sentencias citadas con anterioridad3, la
reclamación administrativa encaminada a que se declare la existencia de una
relación laboral con el Estado y se reconozcan sus consecuencias prestacionales
debe presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del
vínculo contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva.

65) Sin embargo, diferente a lo concluido por el Tribunal, «[e]n aquellos
contratos de prestación de servicios pactados por un interregno determinado y
que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno
de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización».
Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada
caso.

66) En este caso, entre la finalización de la terminación del contrato 19-7-
20.012 de 30 de enero de 2013 (30 de noviembre de 2013) y el inicio del contrato
19-7-20.009 de 28 de enero de 2014 (28 de enero de 2014) transcurrieron 58
días en los cuales el demandante no demostró que hubiera desarrollado alguna
actividad a favor de la entidad, este término se considera ostensiblemente amplio
y desvirtúa la solución de continuidad.

67) Se tiene entonces que, como la reclamación administrativa se presentó el
12 de septiembre de 2017 y la demanda el 14 de diciembre de la misma
anualidad, los periodos anteriores al 28 de enero de 2014 se encontrarían
prescritos, exceptuando los aportes para pensión, los cuales de conformidad con
la sentencia pluricitada, son imprescriptibles.

3 Sentencias de Unificación CE-SUJ2 del 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 29 de noviembre

de 2022, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00891-01 (2945-2021)

68) Si bien, en las subsiguientes vinculaciones transcurrieron 63 días de
interrupción, la reclamación fue presentada dentro de los 3 años siguientes a esta
fecha; por lo que no afecta el fenómeno de la prescripción.

69) Por consiguiente, la Sala confirmará la decisión de ordenar el pago por los
periodos indicados en la demanda y de declarar probada la prescripción, pero por
lo expuesto en la presente providencia.

De las prestaciones a reconocer.

70) El Tribunal en el restablecimiento del derecho se refirió al pago de las
prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a
dicha entidad, liquidadas conforme al valor en que fue contratado y por los
periodos que se encontraron probados.

71) Para la Sala, esa decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista para cancelarle las
mismas prestaciones que a este; además, si se delega esto en la entidad, surgen
inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a
partir de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil
profesional del demandante?

72) Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica
y ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones. En esas
condiciones, cualquier decisión en ese sentido devendría incierta, impidiendo su
cumplimiento material y efectivo.

73) Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia
se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se
superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone
la entidad.

74) El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de
manera pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como
finalidad establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por
ello, la sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a
cumplirla y su beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.

75) De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.

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76) Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la
administración tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta
y de no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso
ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis
de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario
para completar la sentencia.

77) En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente
el conflicto y preste verdadero mérito ejecutivo, para lo cual tendrá en cuenta los
honorarios pactados y liquidará la condena de manera concreta.

78) Así, para el caso los honorarios pactados en los contratos de prestación
de servicios constituirán la base para calcular las prestaciones sociales a que
haya lugar tal como lo indicó el Tribunal conforme lo dispuesto en los Decreto
1042 y 1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional aplicable a los
empleados públicos.

79) De este modo, las prestaciones a reconocer corresponden a aquellas a
cargo del empleador y a las que tiene derecho un servidor público vinculado a
una entidad pública del orden nacional, por ser la demandada de tal orden,
según las exigencias previstas en las normas antes citadas, es decir, las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a
las cesantías, bonificación por servicios prestados y la prima de servicios.

80) Por su parte, no es procedente en el caso bajo análisis reconocer
el auxilio de transporte, los subsidios de alimentación y familiar, ni
la compensación monetaria de la dotación de vestido y calzado, debido a
que el valor de los honorarios mensuales que la demandante percibió, en los
años en que estuvo vinculada, excedió los límites salariales definidos en las
normas4 que reglamentaron los mentados beneficios.

81) Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $32.595.032:

4 Leyes 15 de 1959, 21 de 1982 y 70 de 1988 y Decretos 1042 de 1978 y los que fijan el incremento anual

del auxilio de transporte.

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82) En consecuencia, la Sala modificará el numeral tercero de la parte resolutiva
de la sentencia apelada, en el sentido de determinar el monto que deberá pagar
la entidad y a través del cual se ordenó a la demandada pagar e indexar las
sumas que debe a la demandante, porque la liquidación realizada previamente
ya incluye la corrección monetaria.

Aportes a la seguridad social en pensiones

83) En el caso, al haberse demostrado la configuración de los elementos de
la relación laboral, procede el pago de los aportes a pensión, como lo ordenó el
a quo; sin embargo, no es posible ordenar el reintegro o compensación de los
aportes a la seguridad social, porque, como se determinó en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, estos tienen la
connotación de parafiscales para la financiación del Sistema General de
Seguridad Social.

84) De este modo, no son ingresos ni beneficios económicos para la parte
interesada, por lo que, no corresponde el pago de estos rubros directamente a
la demandante ni es posible el reembolso de estos.

85) Es por esto, que se modificará el numeral TERCERO de la sentencia
apelada en este sentido.

De la condena en costas

86) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

87) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un

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interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

88) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

89) En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas de
segunda instancia, toda vez que se están haciendo ajustes a la decisión del
Tribunal, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el diecinueve
(19) de mayo de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, el cual quedará así:

«(…)TERCERO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONDÉNASE a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA
NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a pagar a la señora MELVA
ASUDELO VALENCIA la suma de TREINTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS
($32.595.032).

Así mismo deberá frente a los contratos prescritos tomar por el periodo
que duraron los mismos, salvo interrupciones, el ingreso base de
cotización pensional de la actora (honorarios pactados), mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, por lo que la demandante deberá acreditar
las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos
contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el
caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

Se declarará además que el tiempo laborado por la demandante mediante
contrato de prestación de servicios, salvo las interrupciones, se debe
computar para efectos pensionales.».

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Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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