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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00906-02

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00906-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se negaron las pretensiones, al considerar que el acto no es susceptible de control judicial. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00906-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00906-02 (1181-2025)
Demandante: Stevenson Andrés Sierra González
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Tema: Naturaleza jurídica del informe administrativo por lesiones.
Decreto 1796 de 2000. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se negaron las
pretensiones, al considerar que el acto no es susceptible de control judicial.

ANTECEDENTES

El señor Stevenson Andrés Sierra González instauró demanda contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio del 30 de mayo de 2017, por medio del cual se
modificó la calificación del Informe Administrativo Nro. 015-028-2014, en el sentido
de indicar que las circunstancias en las que resultó lesionado se originaron en
«actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior».

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozcan, como
indemnización, los puntos otorgados en la Junta Médica Laboral que se realizó el
29 de marzo de 2017.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00906-02 (1181-2025)

Que el 13 de octubre de 2014 sufrió un accidente de tránsito, luego de quedarse
dormido mientras conducía una motocicleta de la institución, y que los días previos
al accidente tuvo que trabajar de manera excesiva y sin contar con los descansos
suficientes.

Que mediante Informe Administrativo Nro. 015-028-2014 del 8 de marzo de 2015,
la oficina jurídica de la Policía Metropolitana de Manizales consideró que los
acontecimientos en los cuales resultó lesionado ocurrieron «en el servicio, por causa
y razón de este» y el 29 de marzo de 2017 le practicaron Junta Médico Laboral en
la que se determinó que presentaba una disminución de la capacidad laboral
correspondiente al 40.50%.

Que, mediante Oficio del 30 de mayo de 2017, el director general de la Policía
Nacional modificó la calificación del Informe Administrativo Nro. 015-028-2014, en
el sentido de indicar que las circunstancias en las que resultó lesionado se
originaron en «actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior».

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas el artículo 29 de la Constitución Política; el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011; y el artículo 15 de la Ley 1794 de 2000. En el
concepto de violación indicó que el acto demandando está viciado por falsa
motivación.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se rechazó en auto del 25 de enero de 2019, porque se estimó que el
acto demandado era preparatorio y, por lo tanto, no era susceptible de control
judicial1.

El demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión, la cual fue
revocada en providencia del 18 de junio de 2020 por parte del Consejo de Estado.
Se indicó que el acto proferido por el director general de la Policía Nacional el 30 de
mayo de 2017, mediante el cual modificó la calificación del informe administrativo
del 20 de abril de 2015, no constituía de manera concluyente un acto administrativo
preparatorio, razón por la cual no podía rechazarse la demanda bajo la premisa de
que se trataba de un acto no susceptible de control judicial 2.

La demanda se admitió en auto del 4 de agosto de 20213. La entidad accionada se
opuso a las pretensiones. Indicó que no existió infracción a las normas en que se
fundaron las decisiones administrativas, como tampoco hubo expedición irregular
del acto impugnado. Que, por error gramatical, se consagró en la hoja de
notificación una calificación diferente a la consagrada en el informe prestacional por

1 Véase el archivo «14ED_C01Principal_013AUTOINADMITEDEMANDAPDF(.pdf)», a índice 26 de SAMAI del

Tribunal.
2 Véase a índice 3 de SAMAI.
3 Véase el archivo «21ED_C01Principal_020AUTOADMITEDEMANDAPDF(.pdf)», a índice 26 de SAMAI del

Tribunal.

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lesión. Propuso como excepciones las de inepta demanda; acto administrativo
ajustado a la Constitución, la ley y la jurisprudencia; y la genérica 4.

El 19 de abril de 2022 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas 5. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del veinticuatro (24) de
enero de dos mil veinticinco (2025), negó las pretensiones. Indicó que aun cuando
el Consejo de Estado determinó que para la admisión de la demanda debía
demandarse aquel acto administrativo que generó la lesión alegada sobre el
derecho subjetivo, este dejó la puerta abierta para nuevas determinaciones en caso
de contar con nuevos elementos probatorios.

Conforme con las pruebas allegadas, determinó que la Subdirección General de la
Policía Nacional expidió la Resolución Nro. 00228 del 7 de marzo de 2018 con la
cual ordenó el reconocimiento y pago de una indemnización por incapacidad relativa
y permanente a favor del demandante, en cuantía de $37.760.630,27; dinero que
fue pagado el 31 de julio de 2018.

Que, con ello, quedó demostrado que con posterioridad al acto administrativo del
30 de mayo de 2017, que modificó la calificación del informe administrativo del 20
de abril de 2015, fue expedida la resolución de reconocimiento de indemnización
por lesiones, por lo que la naturaleza jurídica del acto acusado cambió y dejó de ser
definitivo, para convertirse en un acto administrativo preparatorio, ya que la situación
jurídica del patrullero fue definida mediante la Resolución Nro. 00228 del 7 de marzo
de 2018.

Que analizar la legalidad del acto administrativo del 30 de mayo de 2017 resultaba
inocuo, en tanto la demandada reconoció y pagó la suma de dinero que ella misma
determinó por concepto de indemnización, lo cual hizo mediante acto administrativo
que goza de presunción de legalidad, el cual no podía ser objeto de control judicial
por no haberse solicitado su nulidad.

Declaró probada la excepción de inepta demanda y negó las pretensiones, porque
la controversia no era susceptible de control judicial 6.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el
acto del 30 de mayo de 2017, que modificó la calificación del informe administrativo
del 20 de abril de 2015, sí es susceptible de control judicial al tratarse de un acto
administrativo de carácter definitivo porque esa decisión constituyó una declaración
unilateral de la voluntad, pues allí no existió la posibilidad de presentar recurso, dado

4 Véase el archivo «24ED_C01Principal_023CONTESTACIONDEMANDAPOLICIANACIONALPDF(.pdf)», a
índice 26 de SAMAI del Tribunal.
5 Véase el archivo «33ED_C01Principal_032ACTAAUDIENCIAPDF(.pdf)», a índice 26 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 28 de SAMAI del Tribunal.

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que el director general de la Policía Nacional tiene la facultad de modificar el informe
cuando sea contrario a las pruebas allegadas, acorde con el artículo 26 del Decreto
1796 de 2000.

Que la Resolución Nro. 00228 del 7 de marzo de 2018 es un acto administrativo de
ejecución y que, en todo caso, el pago ordenado en ese acto nunca se efectuó,
porque como el director general de la Policía Nacional cambió la calificación que se
le había dado al accidente que sufrió, tuvo que devolver el dinero que le había sido
consignado por concepto de indemnización 7.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 5 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados 8. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si el Oficio del 30 de mayo de 2017,
por medio del cual el director general de la Policía Nacional modificó la calificación
dada en el Informe Administrativo Nro. 015-028-2014, es susceptible o no de control
judicial, en virtud del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

De encontrar que sí lo es, deberá determinarse si se encuentra viciado de nulidad y
si, como consecuencia de ello, debe accederse al restablecimiento del derecho
solicitado.

Naturaleza jurídica del informe administrativo por lesiones

El Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, en la que se otorgó
facultades extraordinarias al presidente para, entre otras, expedir el reglamento de
aptitud psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional.

En ejercicio de esas facultades, se expidió el Decreto 1796 del 2000 que regula la
evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral, y
aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las
escuelas de formación y sus equivalentes en la policía nacional. En su Título IV, se
reguló la figura del informe administrativo por lesiones, así:

«ARTICULO 24. INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES. Es
obligación del Comandante o Jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas
por el personal bajo su mando, describir en el formato establecido para tal
efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se produjeron las

7 Véase a índice 31 de SAMAI del Tribunal.
8 Véase a índice 4 de SAMAI.

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lesiones e informarán si tales acontecimientos ocurrieron en una de las
siguientes circunstancias:

a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o
accidente común.

b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional
y/o accidente de trabajo.

c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado
con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.

d. En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.

PARAGRAFO. Cuando el accidente en que se adquirió la lesión pase
inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado deberá informarlo
por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia.

En todo caso los organismos médico-laborales deberán calificar el origen de la
lesión o afección».

De la lectura de ese decreto se desprende que el informe debe elaborarlo el
comandante o jefe respectivo dentro de los 2 meses siguientes, contados a partir
del momento en que tenga conocimiento del accidente, ya sea por el superior del
lesionado, por informe del directamente lesionado o por conocimiento directo de los
hechos ─artículo 25 ─. Igualmente, el informe puede modificarse por los comandos
de fuerza y por la Dirección General de la Policía Nacional cuando sea contrario a
las pruebas allegadas, dentro de los 3 meses siguientes, contados a partir de su
notificación ─artículo 26─.

El informe administrativo por lesiones hace parte de la etapa inicial a partir de la
cual se tiene conocimiento del hecho que generó la lesión y sirve de sustento para
que los organismos médico-laborales califiquen el origen de la lesión o afectación
y, en tal sentido, es un acto preparatorio.

Sobre su naturaleza, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó
que este:

«[…] tiene la característica de no poner fin a la actuación administrativa de
reconocimiento de las prestaciones generadas por las lesiones, que es el efecto
final buscado por la ley y al cual se llega cumpliendo todos los pasos del
procedimiento especial por ella señalado.

En este orden de ideas, el informe administrativo por lesiones constituye un acto
administrativo preparatorio, de acuerdo con la terminología empleada por el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo9, por cuanto se dicta para
hacer viable la expedición del acto siguiente que es el dictamen de la Junta
Médico-Laboral y en últimas, del acto definitivo, cual es la resolución de
reconocimiento y liquidación de prestaciones correspondientes a la persona
lesionada, pues ésta se basa en él, ya que dependiendo de la calificación dada
a los hechos, se otorgan las respectivas prestaciones»10 (negrillas originales).

9 Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-339/96.
10 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 22 de abril de 2004. Exp. 1558. C.P.

Gustavo Aponte Santos.

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De ese modo, tal informe no comporta una decisión administrativa definitiva,
teniendo en cuenta que:

«[…] es a los “organismos médico-laborales” a los que les corresponde calificar
las afecciones, es dable aseverar que es un acto administrativo de trámite,
puesto que aunque los comandantes de los miembros de la fuerza pública están
en la obligación de elaborarlo en el evento en que estos resulten heridos, no
crea, modifica o extingue una situación jurídica, pues solo es un soporte de la
junta médico-laboral militar o de policía, cuanto más si no pone fin al trámite
administrativo.

Es oportuno advertir que el acto administrativo definitivo en las actuaciones
administrativas adelantadas para determinar el origen de las heridas de los
uniformados de la fuerza pública, es el acta de la junta médico-laboral militar o
de policía, o la del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, en
caso de ser convocado»11 (cursivas originales).

Conforme con lo expuesto, el informe administrativo por lesiones es un acto
preparatorio o de trámite que, como los de ejecución de una decisión administrativa
o jurisdiccional, no son susceptibles de control judicial, porque solo los actos que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación, son objeto de análisis de legalidad por la jurisdicción.

Resolución del caso concreto

Verificado el expediente, es claro que el debate se centra en que el demandante no
está de acuerdo con la modificación de la calificación del Informe Administrativo Nro.
015-028-2014, puesto que se estimó que el accidente de tránsito en el que se vio
involucrado ocurrió en «actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden
superior», de acuerdo con el literal d, del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

Así las cosas, como fue precisado en párrafos anteriores, el informe administrativo
por lesiones o aquel que lo modifica no es un acto enjuiciable ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo porque, aun cuando se trata de una declaración
unilateral emanada del comandante o jefe respectivo y tiene efectos jurídicos sobre
los administrados ─la persona lesionada─, este no pone fin a la actuación
administrativa de reconocimiento o de no reconocimiento de las prestaciones
generadas por las lesiones.

En ese sentido, se precisa que la Resolución Nro. 00228 del 7 de marzo de 2018
se expidió con base en la disminución de capacidad que determinó la Junta Médico
Laboral el 29 de marzo de 2017, sesión que se realizó con ocasión de lo reportado
en el Informe Administrativo Nro. 015-028-2014 del 8 de marzo de 2015. Por
consiguiente, a juicio de la Sala, dicha resolución no es el acto administrativo
definitivo que debió enjuiciarse pues, tal y como lo sostuvo el apelante, hubo un acto
posterior que le ordenó devolver los dineros que le habían pagado por la
indemnización, motivo por el cual fue ese acto administrativo el que le causó un
perjuicio y el cual debió demandar, al ser el que en últimas concluyó la actuación de
la Administración.

11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de mayo de 2017. Rad. 25000-23-42-

000-2017-00785-01(AC). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el veinticuatro (24) de
enero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por
medio de la cual se negaron las pretensiones, al considerar que el acto no es
susceptible de control judicial.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 12 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de enero de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual
se negaron las pretensiones, al considerar que el acto no es susceptible de control
judicial.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

12 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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