Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2018-00006-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2018-00006-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2018-00006-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
10 de octubre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 17001-23-33-000-2018-00006-02 (67.508)
Actores: PROCOPAL SA E INGENIERÍA DE VÍAS SAS
(INTEGRANTES DEL CONSORCIO VÍAS DEL
CENTRO)
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: MAYORES CANTIDADES DE OBRA A PRECIOS
UNITARIOS
Síntesis del caso: entre INVIAS y el Consorcio Vías del Centro (conformado por las sociedades
demandantes) se suscribió un contrato para diseñar y construir el proyecto vial Honda – Manizales, a
precios unitarios; el contratista reclama que no le fueron reconocidas todas las cantidades de obra
ejecutadas. Se revoca la sentencia apelada, adversa a las pretensiones y, en su lugar, se reconocen
aquellas que se acreditaron.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante en contra de la
sentencia de 19 de noviembre de 2020 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Caldas – Sala Primera de Decisión negó las pretensiones de la demanda y la condenó en
costas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 22 de enero de 2018 (fl. 14 cdno 1, índice 2 SAMAI),
las sociedades Procopal SA e Ingeniería de Vías SAS,1 integrantes del Consorcio
Vías del Centro, promovieron una demanda en ejercicio de la acción de
1 Mediante el mismo apoderado, constituido por cada uno de sus representantes legales (fls. 1 y ss
cdno. 1 índice 2 SAMAI).
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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00006-02 (67.508)
Demandante: Procopal SA e Ingeniería de Vías SAS
(integrantes del Consorcio Vías del Centro)
Controversias contractuales
controversias contractuales en contra del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) con el
fin de obtener las siguientes pretensiones:
“DELCARATIVAS
PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS incumplió con sus
obligaciones contractuales en el contrato de obra número 0663-2009,
suscrito con el CONSORCIO VÍAS DEL CENTRO integrado por las
sociedades PROCOPAL S.A. e INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., al negarse
a pagar el valor de las obras ejecutadas dentro del plazo del contrato y
con el visto bueno de la interventoría.
PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA DECLARATIVA
PRINCIPAL. Que se declare que en la ejecución del contrato de obra
número 0663-2009, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –
INVÍAS y el CONSORCIO VÍAS DEL CENTRO integrado por las
sociedades PROCOPAL S.A. e INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. se alteró el
equilibrio económico en contra del contratista por razones imputables a la
entidad contratante, al no serle reconocidos al contratista[.]
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA
DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que el INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS se enriqueció sin justa causa por la
ejecución de actividades autorizadas por este en ejecución del contrato
de obra número 0663-2009, suscrito entre el INVÍAS y el CONSORCIO
VÍAS DEL CENTRO integrado por las sociedades PROCOPAL S.A. e
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., ya que lo obligó a ejecutar actividades y
obras no contempladas en el contrato, induciéndolo a que pensara que lo
hacía en ejecución del contrato.
En caso de prosperar esta pretensión y no prosperar alguna de las
anteriores, con base en el artículo 165 del CPACA manifiesto que el medio
de control inherente a la misa es el de reparación directa.
DE CONDENA
PRIMERA DE CONDENA. Que en caso que prospere alguna o algunas
de la anteriores pretensiones, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS – INVÍAS a pagar a las sociedades PROCOPAL S.A. e INGENIERÍA
DE VÍAS S.A.S. integrantes del CONSORCIO VÍAS DEL CENTRO la
suma de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS ($3.952.398.782) del mes de diciembre de 2015.
SEGUNDA DE CONDENA. Que la anterior suma de dinero se actualice
con el IPC hasta el momento de ejecutoria de la sentencia.
TERCERA DE CONDENA. Que se ordene el pago de intereses
moratorios a la tasa máxima legal vigente, desde el momento en que
quede ejecutoriada la sentencia y hasta el momento en el que se haga
efectivo el pago.” (fls. 2-3 cdno 1 índice 2 SAMAI – mayúsculas fijas y
negrillas del original).
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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00006-02 (67.508)
Demandante: Procopal SA e Ingeniería de Vías SAS
(integrantes del Consorcio Vías del Centro)
Controversias contractuales
2. Hechos
Las pretensiones de la demanda se sustentan, en síntesis, en lo siguiente:
1) Previa adjudicación mediante licitación pública, el INVIAS suscribió con el
Consorcio Vías del Centro (integrado por las sociedades demandantes) el contrato
número 0663 de 2009 cuyo objeto fue ejecutar, por el sistema de precios unitarios
con ajustes, los estudios, diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción
del proyecto vial Honda – Manizales cuyo valor sería obtenido de multiplicar las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios ofrecidos, con
un estimado total de $109.155.132.014.
2) El pago de los trabajos se sujetó a la aprobación de actas mensuales de
ejecución, las cuales tenían carácter provisional en relación con las cantidades
aprobadas y podrían ser corregidas en forma posterior.
3) Durante la ejecución del contrato la interventoría dejó de reconocer cantidades
de obra realmente ejecutadas, el contratista solicitó la revisión correspondiente con
el fin de que le fueran pagadas y pidió suspender las obras para garantizar la reserva
presupuestal necesaria para atender sus obligaciones; sin embargo, la interventoría
(a cargo del Consorcio ETSA – PEBSA) exigió continuar la ejecución.
4) Las actividades ejecutadas y no pagadas están contenidas en 18 reclamaciones
que fueron presentadas ante INVÍAS por un valor total de $3.952.398.782 pero, este
se negó a pagarlas por considerar, contrario a lo reclamado, que remuneró en
exceso las cantidades ejecutadas, además, la interventoría ordenó descontar del
acta final de obra la suma de $124.108.672.
5) El contratista solicitó, nuevamente, la revisión de las cantidades de obra
ejecutadas y esta vez la interventoría encontró que existían trabajos impagados
pero, su valor no ha sido reconocido ni se ha liquidado el contrato.
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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00006-02 (67.508)
Demandante: Procopal SA e Ingeniería de Vías SAS
(integrantes del Consorcio Vías del Centro)
Controversias contractuales
3. Contestación de la demanda
En forma oportuna, el Instituto Nacional de Vías se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de cobro de lo no debido, pago, ausencia de
causa sobre la suma pretendida, extemporaneidad del reclamo por mayores
cantidades de obra e inexistencia de reclamación en el acta de recibo definitivo (fls.
203 y ss cdno. 1 índice 2 SAMAI), con los argumentos que se resumen a
continuación:
1) INVÍAS pagó en su totalidad las labores ejecutadas mediante 70 actas, por ende,
no son ciertas las afirmaciones de la demanda según las cuales quedaron algunas
cantidades de obra sin pagar; lo reclamado por el contratista en el presente proceso
no fue objeto de medición ni quedó consignado en las actas de obra ni se
adelantaron los procedimientos idóneos para que pudieran ser cuantificados los
supuestos trabajos no remunerados.
2) No es cierto que el contratista hubiera manifestado a la interventoría, durante la
ejecución, el hecho de haber quedado trabajos sin remunerar; por el contrario, la
primera solicitud fue realizada por el contratista cuando restaban apenas dos (2)
meses para terminar la ejecución del contrato (25 de mayo de 2015); las posteriores
dieciséis (16) solicitudes fueron radicadas cuando ya había expirado el plazo del
contrato.
3) Efectivamente, la interventoría se opuso a la suspensión de los trabajos y exigió
su continuidad so pena de las decisiones administrativas a las que hubiera lugar.
4) Las cantidades de obra reflejadas en las actas de ejecución eran responsabilidad
del contratista y de la interventoría por expresa disposición legal (art. 23 Ley 1150
de 2007) y convencional (cláusula novena del contrato objeto de la litis y cláusula
7.4 del contrato de interventoría).
5) El contrato fue objeto de ajustes en plazo y valor por $63.848.795.536; para
obtener reconocimientos adicionales debía tramitarse la suscripción de una adición
de contrato antes de ejecutarse los supuestos trabajos y ello no se hizo.
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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00006-02 (67.508)
Demandante: Procopal SA e Ingeniería de Vías SAS
(integrantes del Consorcio Vías del Centro)
Controversias contractuales
4. Llamamiento en garantía
1) El INVÍAS solicitó llamar en garantía a las sociedades Estudios Técnicos SAS y
Paulo Emilio Bravo Consultores SA, integrantes del Consorcio ETSA PEBSA (fls.
374 y ss cdno. 1 índice 2 SAMAI), con el fin de que sean condenadas a indemnizarle
aquello a lo cual llegue a ser condenado aquel en este proceso, por haber
incumplido sus funciones como interventoras del contrato objeto de la controversia,
petición que fue aceptada por el tribunal de primera instancia.
2) En la oportunidad concedida para tal efecto las mencionadas sociedades se
opusieron a las súplicas de la demanda e indicaron que durante la ejecución del
contrato el contratista tan solo presentaron dos (2) solicitudes de reconocimiento de
mayores cantidades de obra y estas fueron atendidas favorablemente, y que lo
reclamado en el proceso no guarda relación con las salvedades consignadas por el
contratista en el acta número 70 de recibo de obra; también se opusieron a las
pretensiones del llamamiento porque el escrito de llamamiento no es claro en
relación con las imputaciones realizadas en contra del llamado, no obstante, se
infiere que se trata de un llamamiento con fines de repetición pero no se acreditó
una actuación dolosa o gravemente culposa atribuible a la interventoría cuya función
es vigilar el cumplimiento del contrato pero, no reemplazar o sustituir a la entidad
contratante.
3) También se citó como llamada en garantía, a instancia de INVÍAS, a la
Aseguradora Solidaria de Colombia - Entidad Cooperativa, que afianzó la calidad
del servicio del consorcio interventor, quien se opuso a las pretensiones de la
demanda por considerar que se reclaman ejecuciones sin respaldo contractual y
que si bien amparó el contrato de interventoría no se ha realizado ninguno de los
riesgos cubiertos por esta, pues, los hechos de la demanda comprometen el
cumplimiento del contrato suscrito entre las partes del proceso y no el de
interventoría.
5. La sentencia apelada
El 19 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Primera
de Decisión desestimó las excepciones formuladas por INVÍAS, denegó todas las
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súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, con apoyo el
siguiente razonamiento:
1) La parte demandante no probó haber ejecutado las mayores cantidades de obra
cuyo pago reclama ni cuáles fueron estas, por ende, no hay prueba del
incumplimiento de INVÍAS cuya carga procesal les correspondía acreditar a los
demandantes quienes, no concretaron la obligación supuestamente incumplida y se
limitaron a manifestar que se les adeudan unas sumas de dinero.
2) Las únicas pruebas relacionadas con la ejecución de estas obras fueron las 18
peticiones que el contratista presentó ante INVÍAS en las cuales enlistó una serie
de trabajos, obras de arte en muros y vía, filtros, pavimentos y su valor, lo cual no
es suficiente para determinar que efectivamente se ejecutaron, es decir, “la parte
actora no desplegó una actividad probatoria suficiente encaminada a acreditar de
manera contundente esta pretensión” (fl. 68 sentencia de primera instancia, cdno.
1C SAMAI).
3) Si bien en oficio de 8 de julio de 2016 la interventoría del contrato recomendó
reconocer al contratista la suma de $1.899.881.999 por mayores cantidades de obra
porque no hacerlo podía configurar un enriquecimiento sin causa para la entidad,
ello “no constituye plena prueba de esas obras que está reclamando la parte
demandante, pues para ello era necesario demostrar, dentro de este trámite judicial,
y como ya se indicó, la cantidad, ubicación, momento de realización, entre otros
aspectos, para así poder considerar que las mismas se llevaron a cabo, que no
habían sido cubiertas por las adiciones y por lo tanto el deber de cancelarlas, lo cual
se pudo hacer a través de un dictamen pericial que ratificara o lo aseverado por la
interventoría, o lo afirmado por la parte actora o lo dicho por el INVÍAS” (fl. 69
sentencia de primera instancia, cdno. 1C SAMAI).
4) Lo probado es que durante la ejecución del contrato se suscribieron 70 actas de
obra que fueron pagadas en su totalidad por INVÍAS, las cuales se fundamentaron
en unas preactas elaboradas en forma conjunta entre la interventoría y el contratista,
por lo cual es llamativo que este último no las hubiera verificado en el momento de
su suscripción; asimismo, es especialmente relevante el testimonio de la
coordinadora del proyecto Lina María Ochoa Lozano, quien declaró que cada
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semana se reunía la interventoría con el contratista y los inspectores de obra para
realizar en conjunto la medida de campo en relación con lo ejecutado y consolidarlo
mensualmente, valores que eran posteriormente avalados por el contratista, dicho
que corroboró el testimonio de Andrés Mauricio Quintero Pinilla, ingeniero residente
del proyecto.
5) Por su parte, el director territorial de INVÍAS declaró que no es normal que luego
de suscritas las actas de obra queden trabajos sin ser reconocidos porque los
trabajos que se ejecutan van siendo plasmados en las preactas y la medición de lo
ejecutado se realiza en forma periódica, por lo cual, “el contratista tenía la
posibilidad, al momento de realizar las preactas y actas de obra, de exponer que las
cantidades que se habían ejecutado no correspondían a las que se estaban
reconociendo, más cuando según del clausulado del contrato, y lo afirmado por los
testigos, existía la posibilidad de incluir en el mes siguiente alguna obra que hubiera
sido realizada y no medida en el mes que correspondía” (fl. 194 sentencia de
primera instancia, cdno. 1C índice 2 SAMAI).
6) El contrato 0663 de 2009 fue objeto de 14 adiciones, 10 de ellas en dinero, lo
cual permite inferir que se buscó pagar los derechos del contratista, incluidas las
dos peticiones de reconocimiento de mayores cantidades de obra que se
presentaron antes de finalizar la ejecución del contrato; si bien el contratista
consignó unas salvedades en el acta de entrega de la obra, en el sentido de indicar
que reclamaría por obras ejecutadas y no pagadas, estas no se identificaron en
forma concreta en cantidad y valor, además, en ese momento ya había finalizado la
ejecución del contrato y los planos record no eran la herramienta para medir lo
efectivamente ejecutado, solo fueron entregados en junio de 2016 y no al momento
del recibo final de los trabajos.
7) No existe evidencia de que el contratista hubiera reclamado el pago de las
mayores cantidades de obra durante la ejecución del contrato por lo cual no se
acreditaron los supuestos de hecho en los cuales se fundamentan las pretensiones.
8) La pretensión subsidiaria relacionada con el supuesto desequilibrio económico
del contrato tampoco prospera porque no se fundamentó en hechos externos a las
partes y el contratista no dejó salvedades al momento de suscribir los modificatorios
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del contrato, al tiempo que no se probó la ejecución de mayores cantidades de obra
no pagadas.
9) De igual manera, por no estar demostradas las mayores cantidades de obra
tampoco puede prosperar la pretensión subsidiaria relacionada con la declaración
de enriquecimiento sin causa ni se presentan los supuestos necesarios para que
prospere la “actio in rem verso”.
10) La parte vencida debe asumir las costas del proceso y las agencias en derecho,
cuyo valor se tasó en la sentencia en el equivalente al 3% del valor de las
pretensiones económicas denegadas.
6. El recurso de apelación
En el término legal, la parte demandante apeló el fallo de primera instancia (fl. 188
cdno. 1C índice 2 SAMAI) con el fin de que se revoque lo resuelto por el tribunal y
se acceda a las súplicas, con sustento en lo siguiente:
1) No se le permitió la práctica de pruebas por haberle sido negados en primera
instancia algunos medios probatorios que eran definitivos para sustentar las
pretensiones, tales como el testimonio del director de obra y la exhibición de
documentos; contra el auto del tribunal que las negó se interpuso recurso de
reposición y no el de súplica porque era improcedente; de igual manera, se formuló
una acción de tutela en contra de la decisión que impidió el acopio de las pruebas,
pese a lo cual el a quo cerró la etapa probatoria y ordenó alegar de conclusión2.
2) Está probado que se ejecutaron mayores cantidades de obra, pues, consta en el
expediente que INVÍAS requirió al interventor para que acordara con el contratista
las cantidades por reconocer y este último conceptuó que, si bien el contratista no
informó durante la ejecución sobre estas mayores cantidades, debían reconocerse
las que fueron ejecutadas y no pagadas con el fin de evitar un enriquecimiento sin
causa de la entidad, todo lo cual consta en el oficio de 8 de julio de 2016, documento
que no fue desconocido ni tachado por las partes; el testimonio de Diana Carolina
2 Con similares argumentos la parte demandante solicitó oportunamente la práctica de estas pruebas
en segunda instancia, petición que fue denegada por el magistrado ponente mediante auto de 2 de
junio de 2023 (índice 22 SAMAI).
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Daza, empleada de la interventoría, también acredita la ejecución de mayores
cantidades de obra.
3) La obligación incumplida por INVÍAS fue la principal del contrato, consistente en
pagar las cantidades de obra realmente ejecutadas a los precios unitarios
acordados, lo cual fue expresamente alegado en la demanda.
4) Si se considera que no hay prueba del monto de los perjuicios se debe proferir
condena en abstracto según lo autoriza el artículo 193 del CPACA pero, no podían
negarse las pretensiones con sustento en la ausencia de prueba de la cuantía de
las mayores cantidades ejecutadas cuando estas sí quedaron probadas.
5) El Consejo de Estado ha revaluado la postura según la cual el contratista debía
formular salvedades a los modificatorios contractuales para poder reclamar.
6) Se impuso condena en costas a la parte demandante sin precisar cuál fue la
conducta temeraria o de mala fe que la justificó, por lo cual, cualquiera que sea el
resultado del recurso aquella debe revocarse.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
En esta etapa procesal, (i) el Instituto Nacional de Vías adujo que la sociedad
Ingeniería de Vías SAS no tiene legitimidad por activa para demandar porque esta
no existía cuando se presentó el ofrecimiento y, por la misma razón, no agotó el
requisito de procedibilidad consistente en el trámite conciliatorio prejudicial porque
este lo adelantó Ingeniería de Vías SA, por lo demás, insistió en las excepciones
planteadas en la contestación de la demanda (índice 41 SAMAI); (ii) la interventora
llamada en garantía insistió en que no hay prueba de las mayores cantidades de
obra y que estas no fueron puestas de presente por el contratista durante la
ejecución, al tiempo que las salvedades consignadas en el acta de recibo final no
corresponden con lo reclamado en este proceso (índice 42 SAMAI); (iii) la parte
demandante reiteró los argumentos del recurso con los cuales se pretende
controvertir la valoración probatoria del tribunal de primera instancia (índice 43
SAMAI) y, (iv) la aseguradora llamada en garantía insistió en que en la demanda no
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se cuestionó el cumplimiento de las funciones de la interventoría que, fue aquello
que la compañía aseguró (índice 44 SAMAI). El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Surtido el trámite procesal sin que se advierta nulidad que lo invalide procede la
Sala a resolver de fondo el asunto3, para lo cual se seguirá el siguiente derrotero:
(i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii) diferencia entre los
conceptos de “mayores cantidades de obra” y “obras adicionales” y su impacto en
la decisión de las reclamaciones económicas asociadas a estos, (iii) reconocimiento
de mayores cantidades de obra, (iv) ausencia de responsabilidad de los llamados
en garantía y, (v) costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) La demanda está dirigida a que se declare incumplido al INVÍAS por el hecho de
no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas y, en subsidio, el
desequilibrio económico del contrato o que se presentó un enriquecimiento si causa
en favor de la entidad contratante, todo sobre el supuesto de que se dejaron de
reconocer mayores cantidades de obra.
2) El tribunal de primera instancia denegó todas las súplicas de la demanda; las
principales, por considerar que no se probó la ejecución de mayores cantidades de
obra porque las actas suscritas por las partes fueron elaboradas con participación
3 En forma preliminar se verifica que no operó la caducidad del medio de control, toda vez que, el
plazo contractual con adiciones finalizó el 31 de julio de 2015 según consta en el acta de recibo
definitivo de obra (fl. 1 cdno. 5 carpeta actas de entrega y recibo, índice 2 SAMAI), a partir del día
siguiente corrió el término cuatro (4) meses para liquidarlo el contrato en forma bilateral según se
pactó en la cláusula vigésima tercera del contrato (fl. 141 cdno. 1) y, luego, los dos (2) meses
adicionales para la liquidación unilateral hasta el 2 de febrero de 2016, a partir del día siguiente, 3
de febrero de 2016 inició a contabilizarse el plazo extintivo para demandar, el cual vencía en principio
el 3 de febrero de 2018, por lo cual se concluye que la demanda, presentada el 22 de enero de 2018
(fl. 14 cdno 1, índice 2 SAMAI), fue oportuna, máxime porque el término estuvo suspendido entre el
27 de mayo y el 4 de agosto de 2016 con ocasión el trámite conciliatorio prejudicial surtido entre las
partes (fl. 104 cdno. 1). También se verifica que, contrario a lo afirmado por INVÍAS en los alegatos
de conclusión de segunda instancia, las demandantes sí están legitimadas en la causa; el hecho de
la transformación de la sociedad Ingeniería de Vías de sociedad anónima a sociedad por acciones
simplificada, la cual ocurrió el 26 de noviembre de 2015 (fl. 31 cdno. 1), no desdice de su previa
participación como parte del contrato e integrante del consorcio contratista ni tampoco le impide
reclamar los derechos derivados de la ejecución del contrato ni convocar a la contraparte a una
audiencia de conciliación prejudicial. Aunque estos argumentos no fueron planteados en forma
oportuna, la Sala los resuelve porque tienen que ver con un presupuesto procesal que puede ser
verificado aun oficiosamente.
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del contratista quien no las objetó y, las subsidiarias, porque no se demostraron
hechos externos que hubieran afectado la ecuación económica del contrato ni el
hecho de que hubieran quedado saldos impagados en favor del contratista.
3) La parte apelante cuestiona la valoración probatoria realizada por el tribunal,
considera que están probadas las mayores cantidades de obra por lo cual hay lugar
a su reconocimiento, aunque eventualmente deba realizarse en abstracto ante la
ausencia de prueba que permita su cuantificación específica.
4) La Sala revocará la sentencia apelada y concederá las pretensiones principales
de la demanda porque está demostrado que el contratista ejecutó cantidades de
obra mayores a las que se le pagaron, por lo que se impone reconocer su valor a
título de incumplimiento contractual ya que, el precio definitivo del contrato debía
calcularse multiplicando las cantidades ejecutadas por los valores unitarios
pactados. Se negarán las súplicas en contra de los llamados en garantía por INVÍAS
porque no se realizó imputación concreta de alguna conducta en contra de las firmas
que conformaron el consorcio interventor, no hubo daño patrimonial para el llamante
ni se realizó ninguno de los riesgos amparado por la Aseguradora Solidaria de
Colombia – Entidad Cooperativa.
2. Diferencia entre los conceptos de “mayores cantidades de obra” y “obras
adicionales” y su impacto en la decisión de las reclamaciones económicas
asociadas a estos
1) Para resolver el fondo de la presente controversia es necesario reiterar la
diferencia existente entre los conceptos de mayores cantidades de obra y obras
adicionales; (i) las primeras ocurren cuando la remuneración del contratista no está
acordada como una suma global fija de dinero en el momento de la suscripción del
contrato, situación que ocurre generalmente en los contratos a precios unitarios en
los que las partes acuerdan el valor de los distintos ítems objeto de la ejecución y el
valor total del contrato es determinable mediante la multiplicación de las cantidades
de obra ejecutadas por el valor contractualmente establecido, de modo que el precio
final de la obra puede ser superior al inicialmente estimado; (ii) por el contrario, las
obras adicionales, con independencia de la forma de remuneración pactada,
consisten en obras o trabajos nuevos, que no hicieron parte del contrato debido a
que nunca hubo acuerdo sobre su realización, alcance y remuneración, por ende,
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para poder ser ejecutadas requieren del previo acuerdo solemne de voluntades
entre las partes en el cual acepten en forma inequívoca modificar el alcance de lo
inicialmente contratado.
2) En esa perspectiva, la ejecución y remuneración de las mayores cantidades de
obra en los contratos a precios unitarios no implica modificación del contrato ni
variación de su precio, por el contrario, la remuneración del contratista (precio de la
obra) es perfectamente determinable con la simple operación aritmética en la cual
se multipliquen las cantidades efectivamente ejecutadas por un importe que las
partes conocen, han consentido y pactado en el respectivo contrato, por
consiguiente, son mayores cantidades de obra las ejecuciones de rubros o labores
que hacen parte del contrato, entendidos estos como aquellos respecto de los
cuales existe acuerdo escrito sobre su alcance y remuneración en los términos del
artículo 41 de la Ley 80 de 19934.
3) Como consecuencia obligada de lo anterior, el simple desfase o diferencia entre
las cantidades de obra previstas al momento de la celebración del negocio jurídico
-que conduce a que el precio del contrato sea superior al inicialmente estimado- y
las finalmente ejecutadas no modifica el contrato siempre que correspondan a obras
o trabajos con acuerdo previo respecto de su alcance y remuneración y,
consecuencialmente, no constituyen adición ni entrañan una modificación
contractual en cuanto a alcance y precio.
4) Por ende, la Sala entiende que se presentan mayores cantidades de obra siempre
que (i) el contrato se haya pactado a precios unitarios, en forma tal que no exista
duda respecto de que el valor presupuestado al momento de la suscripción del
contrato corresponde a un estimado y el precio real se determinará multiplicando el
valor total de lo realmente ejecutado por los precios acordados, (ii) exista acuerdo
expreso e inequívoco sobre las obras o trabajos reclamados y su valor, esto es, que
hagan parte integral del contrato y, (iii) no se altere, modifique o reforme el objeto
contractual; en síntesis, son mayores cantidades de obra las que no implican
modificación del contrato.
4 Ley 80 de 1993, “artículo 41. Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
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5) Por el contrario, son obras adicionales todas aquellas que implican la
modificación o variación de lo expresa y puntualmente acordado, situación que
ocurre, por ejemplo, cuando se incluyen obras o trabajos no previstos (en alcance
y/o precio).
6) La mencionada diferencia resulta fundamental para efectos de analizar la
prohibición del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 19935 y el debido
acatamiento al deber de selección objetiva en aquellos casos en los que la cuantía
de la contratación es relevante para determinar la modalidad de escogencia del
contratista; lo anterior porque en las mayores cantidades de obra no ocurre
materialmente una adición de lo inicialmente pactado, sino que, se insiste, con
independencia del trámite presupuestal que ello impone a la parte contratante para
efecto de la erogación correspondiente, se trata en forma pura y simple de aplicar
un recurso metodológico o aritmético para la determinación del valor final de la
remuneración de lo efectivamente ejecutado. Las partes han estipulado el precio
de cada ítem unitario y acordado la ejecución de los que sean necesarios para la
ejecución del determinado objeto, de modo que su pago no excede los límites del
negocio jurídico inicialmente convenido. En estos casos es claro que se mantiene
inalterado el objeto contractual previamente identificado, planificado y
preestablecido, siempre que no se utilice esta forma de remuneración con el fin de
desconocer los procedimientos de selección objetiva de contratistas dispuestos por
el legislador, ni tampoco para variar o modificar el objeto contractual originalmente
pactado.
7) Por su parte, la adición del contrato -o contrato adicional según se menciona en
forma impropia esta figura en referencia al derogado artículo 58 del Decreto-ley 222
de 1983 que así denominaba las alteraciones en plazo y valor- sí implica la
modificación de lo inicialmente contratado, por el hecho de agregar obras o trabajos
que, aunque relacionados con el objeto inicial, exceden el alcance del contrato por
no haber sido inicialmente previstos y no haber sido materia de pacto expreso. En
estos eventos debe existir acuerdo entre las partes en el objeto y la contraprestación
y debe elevarse a escrito como la ley lo dispone para los contratos estatales y, por
supuesto, se someten al límite previsto en la ley en relación con su cuantía.
5 Ley 80 de 1993, “Artículo 40. (…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.”. La Sala no
se refiere al artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 por estar derogado.
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8) En esa perspectiva, la Sala se aparta, con base en las disposiciones legales
citadas, de lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-214 de
2022, en relación con los conceptos de adición contractual, mayor cantidad de obra,
contrato adicional y, particularmente, respecto de la supuesta necesidad de suscribir
contratos adicionales para efectos de la ejecución de mayores cantidades de obra
y de la afirmación según la cual estas están sujetas en todos los casos al límite
previsto por la ley para la adición de contratos, por las siguientes razones:
a) El caso que resolvió la Corte Constitucional en la referida sentencia no tenía
relación con una reclamación de mayores cantidades de obra y, por ende, lo
afirmado en relación con ese específico punto corresponde a dichos de paso u obiter
dictum, los cuales no constituyen precedente obligatorio.
b) En efecto, el caso que fue revisado por dicha Corte en sede de revisión de tutela
correspondió a una sentencia penal condenatoria por el delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales en contra de un ordenador del gasto en el marco
de un contrato de obra para la construcción de un parque en el distrito de Cartagena,
a precios unitarios, al cual se agregaron ítems no previstos inicialmente consistentes
en la construcción de 15 módulos para vendedores ambulantes, lo cual se acordó
mediante el adicional número 1) y, 30 módulos más para vendedores estacionarios,
pacto que se perfeccionó cuando ya había expirado el plazo contractual, incluida la
prórroga de 60 días pactada en la adición número 1.
c) En la referida causa penal se encontró configurado el hecho punible antes
mencionado por considerar la justicia ordinaria que el entonces alcalde del distrito
de Cartagena Alberto Rafael Eduardo Barboza Senior era penalmente responsable
por el hecho de haber suscrito un contrato adicional por fuera del plazo de ejecución
del contrato en lugar de adelantar el procedimiento de selección correspondiente
por tratarse de un nuevo contrato, decisiones judiciales que fueron cuestionadas por
el condenado en sede de tutela.
d) En ese ámbito de comprensión, la Corte Constitucional estimó que no hubo
defecto en las sentencias de condena porque una vez vencido el plazo de ejecución
del contrato y suscrita el acta de recibo del contrato no era jurídicamente posible
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adicionarlo, lo cual hacía irrelevante la distinción entre mayores cantidades de obra
y adición de contrato, pues, no se estaba en presencia de ninguna de dichas figuras.
8) Por último, la Sala precisa que los acuerdos de voluntades suscritos por las partes
de un contrato con los cuales se modifique el objeto contractual luego de expirado
el plazo, no corresponden a una adición de contrato sino a un negocio jurídico nuevo
sujeto a las reglas y procedimientos de selección de contratistas.
9) Como se aprecia a simple vista, por razón de ser el negocio jurídico cuestionado
uno nuevo por haberse celebrado cuando ya había expirado el contrato inicial, el
caso que resolvió la Corte era ajeno al concepto fáctico y jurídico de mayores
cantidades de obra y de adición de contrato, por lo tanto, lo afirmado en la sentencia
de unificación en relación con estos conceptos jurídicos no constituye la razón de la
decisión y, por ende, tampoco es precedente obligatorio sobre el particular.
10) Contrario a ello, la Sala reitera, en línea con lo expuesto infra, que las mayores
cantidades de obra corresponden a una estimación matemática de un precio
determinable por haber sido pactado previamente el valor individual de cada ítem,
no constituyen, en modo alguno, a una modificación contractual ni requieren de un
acuerdo de voluntades adicional y, menos aún, de uno nuevo; además, que la
inclusión de nuevos ítems por ejecutar puede pactarse mediante adiciones del
contrato y no implica un nuevo negocio siempre que ello se haga con antelación al
vencimiento del plazo contractual.
3. Reconocimiento de mayores cantidades de obra en el caso concreto
La Sala considera que, tal como lo alegó la parte apelante, sí hay prueba de la
ejecución de mayores cantidades de obra no remuneradas al contratista, como se
explica a continuación:
1) Con ocasión del trámite conciliatorio prejudicial promovido por el contratista,
INVÍAS le solicitó al interventor pronunciarse en relación con las mayores
cantidades de obra reclamadas y la respuesta fue emitida el 8 de julio de 2016 en
los siguientes términos: (i) el contratista solo pidió el reconocimiento de las mayores
cantidades alegadas el 25 de mayo de 2015, cuando faltaban dos (2) meses para
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terminar la ejecución y, a partir de esa fecha presentó dieciséis (16) peticiones
encaminadas a que se le reconocieran, cada una relacionada con diferentes
trabajos; (ii) en el momento de la suscripción del acta parcial número 70 se encontró
que existían algunas sumas en favor del contratista y otras en contra, por lo cual se
realizó la compensación correspondiente; (iii) las actas parciales de obra tenían
carácter provisional, según la cláusula octava del contrato en relación con las
cantidades aprobadas por la interventoría y, (iv) la elaboración de los planos record
quedó pendiente cuando se suscribió el acta de recibo definitiva y estos eran los
que daban cuenta de la descripción detallada de las obras, esto es, reflejaban la
realidad de lo construido.
2) En el documento en mención, en el cual se sustenta el recurso que ahora se
decide, la interventoría explicó que analizó los reclamos del contratista con el
siguiente procedimiento y contenido:
“La reclamación económica elevada por el contratista (…) asciende
a $3.952.398.782,49 pesos colombianos.
Para llegar a ese valor, el contratista elaboró, por cada kilómetro en
el cual reclamaba el pago de mayores cantidades, un formato que
recopila información de las diferentes pre-actas de cada ítem,
especificando la geometría de donde sale la cantidad y la abscisa donde
se ejecutó. Igualmente, presentó el resumen de la pre-acta donde se
multiplica la cantidad de obra presuntamente ejecutada de más por el
precio unitario, de manera que al sumar el resultado de todos los ítems,
se obtiene un valor por kilómetro. La suma de todos estos valores por
kilómetro arroja los $3.952.398.782,49 reclamados.
Para evaluar esta solicitud y su cuantía la interventoría adelantó el
siguiente procedimiento de verificación y depuración:
771. Inicialmente, se analizaron todos los ítems que el contratista
pretendía cobrar, encontrando que algunos de estos ítems no se
podrían verificar directamente en campo sin realizar la destrucción
de algunas obras; tal es el caso de las excavaciones o los llenos
estructurales para cunetas y muros. En este sentido, esta clase de ítems,
no visibles ni verificables en campo sin destruir obra construida, se
excluyeron de forma inmediata dada la imposibilidad de su
verificación o medición, sin afectar la obra ya construida.
2. Para las cantidades restantes, procedió a corroborar que no
hubieran sido pagadas, y para ello, revisó cada una de las
actividades reclamadas frente a todas las setenta actas parciales de
pago, validando que la actividad o ítem reclamado no estuviera pagado
ni directamente ni dentro de otro grupo de ítems o actividades más
grandes. En ese paso de la verificación se descontaron relativamente
pocas cantidades de las reclamadas por el contratista.
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3. Posteriormente, se corrigieron en los formatos elaborados por el
contratista algunos errores aritméticos.
4. Contando con la seguridad que las cantidades restantes no se
habían pagado en las actas parciales, se procedió a verificar en
campo las mismas haciendo la debida medición, para validar su
existencia y que las medidas reclamadas coincidieran con la
realidad. En esta parte del proceso, se descartaron cantidades completas
o parte de la cantidad reclamada, ya fuera porque no se encontraban en
campo o porque la medida no era como se estaba reclamando.
5. La siguiente verificación se concretó en comparar las cantidades
que pasaron los filtros anteriores con los diseños de la obra y todo
aquello que estuviera excediendo los diseños se excluyó, salvo lo que
contara con autorizaciones de la interventoría por la necesidad detectada
en el momento. Un ejemplo de ello estuvo en las cantidades de pavimento
solicitadas para pago, sobre anchos que estaban por fuera de los diseños
y no contaban con la debida autorización de la interventoría.
6. Cabe destacar que en la información entregada por el contratista
también se detectaron inconsistencias en los reclamos, puesto que
se encontraron casos donde cobraba el concreto de una obra y el acero
de otra pero en la misma abscisa. Esta situación fue debidamente
corregida y las cantidades no aplicables se descartaron de
inmediato.
El resumen del ejercicio realizado arrojó que existen mayores
cantidades ejecutadas no pagadas al contratista de obra y que eran
inherentes a la misma. A continuación, se presenta el resumen de los
valores de tales cantidades por tramo y los soportes detallados se
entregan en medio magnético adjunto a este documento. Del valor final
de mayores cantidades, se ha descontado el valor reconocido en el Acta
No 70, en respuesta a los dos primeros derechos de petición, de manera
que, en criterio de la interventoría, el mayor valor ejecutado y no
pagado a la fecha, por concepto de mayores cantidades de obra,
asciende a la suma de $1.899.881.990.” (fls. 323 – 324 cdno. 1 índice 2
SAMAI – negrillas adicionales).
3) Aunque las partes suscribieron un acta de entrega y recibo final de obra, se dejó
la siguiente anotación frente a la cual ninguna manifestó reparos:
“Pendiente la entrega de los planos record con metas físicas ejecutadas
debidamente abscisado y localizado escala 1:500 de las obras
ejecutadas, y planos en planta donde se visualicen tanto lo ejecutado
como lo no ejecutado, perfiles estructurales por tramo de obra ejecutada
para el Tramo III Potro Rojo – Delgadillas) ruta 5006. Se hace claridad
que las características de la obra que se recibe, tales como:
descripción detallada de todos los trabajos realizados durante la
ejecución del mismo, con su localización exacta, longitud, anchos,
altura, espesores, profundidad, diámetros, etc, puede[n] estar
aproximadas o sujetas a variaciones por no contar con los planos
record definitivos; tal y como se establece en el manual de interventoría
de obra pública.”(fl. 22 pruebas parte DDA, actas de entrega y recibo
definitivo, índice 2 SAMAI- se resalta).
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4) De igual manera, la Sala pone de presente el hecho que durante la ejecución del
contrato se suscribieron 70 actas parciales de obra, hecho que las partes no
discuten, con sustento en las cuales fue pagada la remuneración del contratista, sin
embargo, la cláusula segunda del contrato es expresa e inequívoca en determinar
que el valor del contrato sería el resultante de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por los precios unitarios acordados, en los siguientes términos:
“CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. El precio de este
contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar
las cantidades de obra ejecutada, por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista
de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las
cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no
viciarán ni invalidarán el contrato (…)” (fl. 127 cdno. 1 índice 2 SAMAI –
mayúsculas fijas del original – negrillas de la Sala).
5) Ahora bien, según la estipulación novena del contrato6, las actas de obras se
acordaron como un instrumento para medir la remuneración mensual y el avance
acordado, pero, en la cláusula octava se determinó que tenían carácter provisional
y podían ser objeto de posteriores verificaciones:
“CLÁUSLA OCTAVA: ACTAS DE OBRA y AJUSTES. El valor básico
de la respectiva acta de obra será la suma que resulte de multiplicar
las cantidades de obra mensual por los precios unitarios de la
propuesta del CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO. ACTAS DE
OBRA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la
cuota parte establecida en el programa de inversiones para el mes
correspondiente. Las actas de obra mensuales tendrán carácter
provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las
cantidades de obra aprobadas por el interventor. El interventor
podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar
el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan
con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto
de que el INSTITUTO se abstenga de pagarlas al CONTRATISTA hasta
que el interventor dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el acta
de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse
como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato.” (fl. 132
cdno. 1 índice 2 SAMAI – destaca la Sala).
6 “El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de
actas mensuales de obra, refrendadas por el CONTRATISTA, interventor, los supervisores del
contrato y de proyecto y el ordenador del respectivo pago (…) las actas de obra deberán elaborarse
por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y de la interventoría y presentarse al INSTITUTO
(…)” (fl. 134 cdno 1 – mayúsculas fijas del original).
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6) En ese contexto, la Sala destaca que, en los términos del artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, el cruce final y definitivo de cuentas correspondiente a aquello que
cada una de las partes adeuda a la otra es el contenido en la liquidación del contrato,
etapa en la cual es posible establecer el balance real de las obligaciones entre las
partes; no obstante, el presente contrato no fue liquidado por lo cual nada impide
reconocer las cantidades que el contratista demuestre que ejecutó y no le fueron
pagadas mediante las actas parciales que, según lo pactaron las partes eran,
claramente, provisionales. Asimismo, la Sala precisa, como lo hizo en reciente
providencia de unificación la Sección Tercera de la Corporación, que la
circunstancia de haber solicitado y suscrito los acuerdos modificatorios y
suspensiones en forma voluntaria y bilateral7 no constituye per se una renuncia del
contratista a reclamar por tal concepto ni impide resolver de fondo tales súplicas 8.
7) En ese marco fáctico y conceptual, debe advertirse que en la cláusula décima del
contrato se pactó un procedimiento para la reclamación de obras complementarias
y adicionales, el cual debía tener lugar durante la ejecución; sin embargo, en este
caso lo pretendido por el contratista es el pago de las cantidades de obra específica
y puntualmente correspondientes al objeto contratado, por lo cual no estaban
sujetas a dicho procedimiento contractual ni a autorización expresa de la contraparte
distinta a la otorgada en virtud del contrato y, por ende, el hecho de que se
reclamaran hacia el final de la ejecución no impide su reconocimiento; a diferencia
de las obras adicionales y/o complementarias, las mayores cantidades de obra
hacen parte del precio pactado, por lo tanto, deben ser reconocidas y pagadas a los
precios unitarios pactados siempre que se acredite que fueron ejecutadas a
satisfacción de la entidad y que hicieron parte del objeto contratado.
8) La defensa de INVÍAS se fundamentó en el hecho consistente en que las preactas
y las actas de obra eran elaboradas con intervención del contratista, lo cual está
7 Las firmadas en este caso corresponden a ampliaciones de plazo y valor, estas últimas con el fin
de disponer de las apropiaciones presupuestales para remunerar al contratista en exceso de lo
inicialmente previsto; con independencia de estas, INVÍAS tenía la obligación de remunerar las
cantidades de obra realmente ejecutadas (1. CONTRATO-ADICIONES-PRORROGAS-
ACLARACIONES-MODIFICACIONES OK.).
8 Cfr. Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 3912, MP
Guillermo Sánchez Luque.
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acreditado con las estipulaciones del contrato que así lo disponían9 y con la prueba
testimonial acopiada10, empero, a juicio de la Sala, este particular hecho no es
suficiente para denegar las súplicas de la demanda porque existe una prueba no
desvirtuada en relación con la existencia de cantidades de obra efectivamente
ejecutadas y no remuneradas, máxime si se tiene en cuenta que, tal como se expuso
infra, dichas actas tenían carácter provisional, al tiempo que su finalidad era permitir
los pagos mensuales y controlar el avance de la ejecución contractual, mas no
constituir un cruce de cuentas final y definitivo de las obligaciones entre las partes.
9) Desde otro punto de vista, debe resaltarse que no es objeto de este proceso la
discusión sobre el cumplimiento oportuno de la entrega de los planos record por
parte del contratista, no obstante, se indicó que estos eran insumo indispensable
para la medición exacta de las cantidades de obra ejecutadas, afirmación que no
fue desvirtuada y, por el contrario, quedó plasmada en el acta de recibo como
justificación del carácter provisional de esta.
10) En ese contexto, (i) está probado, con el informe detallado de la interventoría,
que quedaron cantidades de obra sin ser remuneradas, (ii) las partes no realizaron
ningún esfuerzo probatorio para contradecir o desvirtuar la veracidad de ese informe
ni lo controvirtieron, (iii) se conoce que las actas parciales de ejecución eran apenas
provisionales, (iii) en el acta de recibo final se dejó constancia de que esta era
provisional y no impedía otros reconocimientos, (iv) lo reclamado por el contratista
es la remuneración de lo contratado y no de obras adicionales o complementarias,
9 Cláusula novena. (…) las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas de
obra, son responsabilidad exclusiva del interventor y del CONTRATISTA. (fl. 250 cdno. 1).
10 La ingeniera civil Lina María Ochoa Lozano (25,25 audiencia de pruebas 1), quien laboró para la
interventoría como residente de un tramo de obra y, luego, hacia el final del proyecto, fungió como
coordinadora de proyecto (desde el año 2011 hasta el 2015), narró el procedimiento para la
aprobación de las actas parciales, en el cual los residentes de obra del contratista y la interventoría
elaboraban pre-actas que luego eran verificadas por la interventoría para suscribir la correspondiente
acta, de las cuales se firmaron 70 para el pago mensual que se realizaba al contratista sobre las
cuales no hubo objeciones, que no conoció los planos record de la obra porque no habían sido
aprobados cuando se retiró de la interventoría y que el contratista reclamó mayores cantidades de
obra al finalizar el contrato.
Por su parte, el testigo Andrés Mauricio Quintero Pinilla (audiencia de pruebas 2 en su totalidad),
ingeniero civil especialista en vías y transporte, también fue trabajador de la interventoría como
auxiliar administrativo y, luego, como residente de tramo, también declaró que las preactas y actas
de obra se realizaban por parte de los residentes de la interventoría y del contratista y se validaban
mensualmente; tampoco conoció los planos record del proyecto y solo supo que estaban en
elaboración.
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(v) no se alteró el objeto del contrato y, (v) la suscripción de documentos
modificatorios al contrato no implica la renuncia del derecho a formular
reclamaciones económicas.
11) Ahora bien, debe precisarse que el hecho consistente en que esta evidencia
hubiera sido obtenida luego de que el contratista citó a la parte contratante a una
conciliación prejudicial no implica que sus resultados estén sometidos a la
confidencialidad en los términos del artículo 76 de la Ley 23 de 199111, toda vez que
lo que está legalmente protegido por esta son las fórmulas de acuerdo propuestas
por las partes, mas no las evidencias ventiladas con ocasión del trámite
correspondiente, las cuales están sujetas a la valoración integral por parte del juez
si son debidamente decretadas, practicadas y controvertidas en el curso del proceso
judicial correspondiente, como acontece en este proceso.
12) Por lo expuesto, de conformidad con los medios de convicción allegados al
proceso y su análisis integral es claro que se probó el incumplimiento contractual de
INVÍAS porque no pagó al contratista la totalidad de las cantidades de obra
realmente contratadas y ejecutadas y, además, se demostró el valor de lo
impagado, por lo cual no hay lugar a imponer condena en abstracto; nótese que el
informe de la interventoría, que revela la existencia de trabajos no remunerados,
explica en forma detallada la metodología empleada para su determinación
mediante criterios que la Sala comparte por estar debidamente sustentados; en
efecto, (i) aquellas cantidades cuya medición es imposible no pueden ser materia
de reconocimiento y el contratista debió prever tal circunstancia para su oportuna
medición y remuneración y no lo hizo, por lo cual no hay lugar a remunerarlas, (ii)
las que habían sido pagadas debían excluirse, (iii) al igual que los yerros aritméticos
del contratista, (iv) solo podían incluirse previa verificación de su existencia y
medición, (v) en la medida en que correspondían al objeto del contrato y a los
diseños aprobados.
13) En esas condiciones, el valor a reconocer al contratista será el establecido en
el informe de interventoría no controvertido ni desvirtuado por las partes, que
11 Ley 23 de 1991, “artículo 76. La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen
deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no
incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar.”.
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ascienden a la suma de $1.899.881.990, al tiempo que se niegan las reclamaciones
del contratista en exceso de esa suma por carecer de prueba de su real ejecución
y recibo a satisfacción por la contratante; sobre este punto, debe repararse en el
hecho de que aquello que se deniega no corresponde a perjuicios cuya cuantía está
pendiente por acreditarse -por lo cual no procede la condena en abstracto solicitada-
, sino que, hay lugar a reconocer única y exclusivamente lo probado; es decir, para
que prospere la pretensión de reconocimiento de mayores cantidades de obra no
basta con demostrar que se ejecutaron, por cuanto, además, debe probarse en qué
medida o cantidad y solo en esta forma pueden ser reconocidas.
14) Estas sumas se actualizarán con el IPC desde la época en que fueron
establecidas por la interventoría hasta la del presente fallo con el fin de compensar
la pérdida de su poder adquisitivo, según lo pedido en la pretensión segunda de
condena y solo causarán intereses desde la ejecutoria de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA (según la pretensión tercera de condena).
En ese contexto:
VA = VH * índice final
índice inicial
VA = $1.899.881.990 144,02 septiembre de 2024
93,02 julio de 2016
VA = $2.941.528.748
4. Ausencia de responsabilidad de los llamados en garantía
La sentencia de primera instancia no se pronunció sobre la responsabilidad de los
llamados en garantía por sustracción de materia, debido a que no hubo condena
patrimonial en contra de la llamante; no obstante, como ahora se impone condena
en contra de INVÍAS hay lugar a resolver ese aspecto de la controversia, a lo cual
se procede con apoyo en el siguiente razonamiento:
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1) INVÍAS no precisó la imputación de responsabilidad en contra de las sociedades
Estudios Técnicos SAS y Paulo Emilio Bravo Consultores SA, integrantes del
Consorcio ETSA PEBSA, ni les imputó conducta alguna que permita analizar su
eventual responsabilidad como llamadas en garantía; por el contrario, la condena
patrimonial que soportará la llamante corresponde a la obligación de la contratante
de remunerar las obras ejecutadas y recibidas por esta y no a un daño patrimonial
derivado de la obligación de pagar una indemnización.
2) En similar sentido, tampoco existe fundamento contractual para que la
aseguradora del contrato de interventoría deba responder a INVÍAS por el valor de
la condena porque no se realizó ninguno de los riesgos que aquella amparó a través
de la póliza número 435-47-994000002166 con la cual se garantizó el cumplimiento,
calidad, anticipo y pago de salarios del contrato de interventoría.
3) En ese contexto, las pretensiones del llamamiento en garantía no prosperan.
5. Costas
En los términos del numeral 5 del artículo 365 del CGP no se impondrá condena en
costas en relación con las pretensiones de la demanda instaurada por los
integrantes del consorcio contratista toda vez que la demanda prosperó
parcialmente y, de igual manera, la defensa del INVÍAS en relación con la cuantía
del reclamo que fue inferior a la pretendida en el proceso, sin embargo, INVÍAS será
condenado, en ambas instancias, a pagar las costas del proceso en relación con las
pretensiones del llamamiento en garantía porque estas no prosperaron (artículo 188
del CPACA), su valor se tasará en forma concentrada en el tribunal de primera
instancia en los términos de los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias
en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA:
1°) Revócase la sentencia de 19 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas – Sala Primera de Decisión y, en su lugar se dispone:
PRIMERO. Declárase que el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)
incumplió el contrato número 0663-2009 por el hecho de no pagar la
totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.
SEGUNDO. Condénase al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) a
pagar a las sociedades PROCOLPAL SA e INGENIERÍA DE VÍAS
SAS, integrantes del CONSORCIO VÍAS DEL CENTRO, en
proporción de su participación en esa figura asociativa, la suma de
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS ($2.941.528.748), correspondientes al valor de las
mayores cantidades de obra acreditadas, la cual incluye la
actualización de su valor hasta la época de esta sentencia.
TERCERO. Cúmplase la condena y cáusense intereses en los
términos del artículo 192 del CPACA.
CUARTO. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO. Abstiénese de imponer condena en costas en relación con
la demanda promovida por el consorcio contratista.
SEXTO. Condénase en costas procesales al Instituto Nacional de
Vías en favor de las llamadas Estudios Técnicos SAS y Paulo Emilio
Bravo Consultores SA, integrantes del Consorcio ETSA PEBSA y
Asguradora Solidaria de Colombia – Entidad Cooperativa. Tásense en
forma concentrada en el tribunal de primera instancia.
2°) Abstiénese de imponer condena en costas de segunda instancia en relación
con la demanda promovida por el consorcio contratista.
25
Expediente: 17001-23-33-000-2018-00006-02 (67.508)
Demandante: Procopal SA e Ingeniería de Vías SAS
(integrantes del Consorcio Vías del Centro)
Controversias contractuales
3°) Condénase en costas al Instituto Nacional de Vías en favor de las llamadas
Estudios Técnicos SAS y Paulo Emilio Bravo Consultores SA, integrantes del
Consorcio ETSA PEBSA y Aseguradora Solidaria de Colombia – Entidad
Cooperativa. Tásense en forma concentrada en el tribunal de primera instancia.
4°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas
las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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