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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00113-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00113-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR los ordinales cuarto, quinto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, los cuales quedarán así: “CUARTO. Declárese NO PROBADA la excepción de (i) inexistencia de causa para demandar y, por su parte, DECLARÉSE PROBADA la excepción de (ii) prescripción trienal laboral, salvo los aportes a pensión, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. QUINTO. DECLARAR la prescripción trienal de las sumas causadas con anterioridad al cuatro (4) de mayo de dos mil trece (2013), tiempo que comprende el periodo reclamado, que va desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), salvo lo relativo a los aportes a pensión. (…) SÉPTIMO. ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a que los aportes a seguridad social en pensiones, con inclusión de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se realicen desde la fecha de vinculación de la demandante al cargo de juez, esto es, desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), fecha de su retiro, salvo la interrupción temporal derivada de la licencia no remunerada, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más la adición del 30% correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos aportes operan respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado y lo que debió pagarse con la inclusión del referido concepto. Los pagos por concepto de prima especial de servicios no podrán superar, en ningún caso, los topes remuneratorios fijados anualmente por el Gobierno Nacional. En adición, el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia”. 27 Número Interno: 2302-2023 Demandante: María Isabel Grisales Gómez […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00113-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00113-02 (2302-2023)1
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual, se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad, por un lado, de la Resolución Nº.
DESAJCLR16-3074 del veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016),
expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cali

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Expediente digitalizado.
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Índice 00002 del Samai, Archivo: ED_EXPDIGITA_17001233300020180011(.zip) NroActua 2.

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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

(Valle), mediante la cual, se negó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una adición al salario
básico, así como, la reliquidación de las prestaciones sociales, con inclusión del
citado emolumento con carácter salarial, y, por el otro lado, del acto ficto derivado
del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
porcentaje (30%) adicional a la remuneración básica mensual, con carácter salarial,
desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el cinco (5) de agosto
de dos mil doce (2012), y desde el veinte (20) de diciembre de dos mil doce (2012),
al treinta (30) de enero del dos mil trece (2013); (ii) reliquidar y pagar las
prestaciones sociales de la demandante, durante el tiempo de vinculación antes
relacionado, con adición del 30% de la prima especial de servicios que le fue
sustraído de la remuneración mensual; (iii) pagar las sumas que resulten probadas;
(iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del
CPACA; y (v) reconocer los intereses moratorios del artículo 195 ibidem.

1.2. Los hechos3.

3. De los hechos de la demanda se extrae que la señora María Isabel Grisales
Gómez se desempeñó como juez(a) administrativo oral del circuito judicial de Cali
(Valle del Cauca), desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el
cinco (5) de agosto de dos mil doce (2012), y desde el veinte (20) de diciembre de
dos mil doce (2012), al treinta y uno (31) de enero del dos mil trece (2013), tiempo
durante el cual devengó la prima especial de servicios como una porción del salario.

4. Narró que la parte actora presentó una petición el cuatro (4) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), dirigida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Cali, encaminada a que se reconociera, reliquidara y pagara la prima
especial de servicios del 30%, con carácter salarial, durante el tiempo en el que
fungió como juez de la República, cargo que la hizo beneficiaria del emolumento.

5. Sostuvo que la citada Dirección guardó silencio por espacio de cinco (5) meses,

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Índice 00002 del Samai, Archivo: ED_EXPDIGITA_17001233300020180011(.zip) NroActua 2.

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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

por lo que se interpuso recurso (sin precisar cuál) contra el acto ficto. No obstante,
anotó que, mediante la Resolución Nº. DESAJCLR16-3074 del veintiséis (26) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Seccional Cali, resolvió no acceder a las peticiones incoadas. Frente a dicha
decisión, contenida en el acto expreso, la actora interpuso recurso de apelación.

6. Puntualizó que, después de más de dos (2) meses, e incluso hasta la fecha de
presentación de la demanda, el dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018),
la entidad guardó silencio frente al recurso de alzada, por lo que, en tal virtud, se
configuró el silencio administrativo negativo, en los términos del artículo 86 del
CPACA. Con todo, aseveró que la negativa a reconocer la diferencia salarial entre
lo pagado y lo que legalmente corresponde, comporta la nulidad de los actos.

1.3. Concepto de la violación4.

7. La parte demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados -tanto el
acto expreso, como el ficto- infringieron los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 23, 25, 53, 209 y
215 de la Constitución Política de Colombia; los Convenios de la OIT; los artículos
2º, 12 y 14 de la Ley 4ª de 1992; el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo;
el artículo 7º de la Ley 74 de 1968; los artículos 10, 102, 189 y 269 del CPACA; el
artículo 42 del Decreto 1042 de 1978; y el artículo 12 del Decreto 717 de 1978.

8. Para sustentar las pretensiones del medio de control, explicó que el Gobierno
Nacional, en desarrollo de las normas generales consagradas en la Ley 4ª de 1992,
fijó un porcentaje equivalente al 30% de la remuneración de algunos servidores, a
título de prima especial “sin carácter salarial”, expresión que ha sido objeto de “múltiples
demandas” porque atenta contra la integridad del salario y las prestaciones sociales.

9. Adujo que, anualmente, el Gobierno Nacional expide los decretos que fijan el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, en virtud de los cuales ha
establecido la prima especial de servicios, en cuantía equivalente al 30% del salario,
entendiendo que esa porción “constituye la prima misma”, con lo cual se ha modificado
el alcance de lo regulado en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

10. Puso de presente que, a través de las sentencias del dos (2) de abril de dos mil

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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

nueve (2009), del diecinueve (19) de marzo de dos mil diez (2010) y del veintinueve
(29) de abril de dos mil catorce (2014), proferidas por el Consejo de Estado, se
reconoció que el Gobierno Nacional ha interpretado erróneamente la Ley 4ª de
1992, al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, es decir, al
no concebir la prima especial de servicios como un incremento, plus o adicional al
salario básico mensual. Precisó que la interpretación -equivocada- sobre la forma
de aplicar el porcentaje del 30% de la prima especial de servicios desconoce los
principios de progresividad y favorabilidad contenidos en convenios internacionales.

11. Aseveró que los actos acusados adolecen de falsa motivación, al fundamentarse
en la consideración según la cual la entidad ha liquidado correctamente las
prestaciones sociales, omitiendo que se hace sobre el 70% de lo devengado, y no
sobre la base del 100%, esto es, sin la deducción de la prima especial de servicios.

1.4. La contestación de la demanda5.

12. La entidad accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, para lo cual sostuvo que le ha pagado a la demandante todos los salarios
y prestaciones “conforme a la normatividad vigente”. Expuso que, resulta “inviable” que la
administración acceda a las pretensiones formuladas, comoquiera que, de hacerlo,
se estaría modificando el ordenamiento salarial definido en la Ley, además, se
superarían los topes fijados para el cargo que ostentó la demandante.

13. Después de referirse a la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil
catorce (2014), proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la cual, se declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos por el Gobierno
Nacional entre los años 1993-2007, sostuvo que los efectos de la providencia en
cita rigen hacia el futuro, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro
del sistema normativo. Agregó que no es posible efectuar la reliquidación de las
prestaciones sociales, incluyendo el 30% de la prima especial de servicios como
factor salarial, y disponer el pago de las diferencias deprecadas, habida cuenta que,
de ser así, se inobservaría el ordenamiento legal vigente, que concibió el 30% de la
remuneración mensual como la prima especial sin carácter salarial.

14. Señaló que, con ocasión del proveído antes relacionado, la Dirección Ejecutiva

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Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

radicó una solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cartera que,
mediante oficio del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), con registro
EXDE15-50 del cinco (5) de enero de dos mil quince (2015), indicó que las
sentencias proferidas en “esos juicios”, que simplemente declaran la nulidad de los
actos administrativos, no tienen efectos creadores de derechos individuales.

15. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia de causa para
demandar; y (ii) prescripción trienal de los derechos laborales.

1.5. La sentencia de primera instancia6.

16. Mediante sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Al respecto, dispuso:

“PRIMERO. ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación SUJ-
016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO. INAPLICAR los artículos 6 y 7 del decreto 658 de 2008, 4 del decreto 722 de
2009, 8 del decreto 1388 de 2010, 8 del decreto 1039 de 2011, 8 del decreto 874 de 2012,
8 del decreto 1024 de 2013 y 8 del decreto 194 de 2014.

TERCERO: Declarar la nulidad de las resoluciones DESAJCLR16-3074 de 26 de octubre de
2016 y del acto administrativo ficto presunto negativo, emitidos por la NACIÓN-DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL-Seccional Cali Valle del
Cauca.

CUARTO: Declárese NO PROBADA la excepción (i) inexistencia de causa para demandar
y DECLARÉSE PROBADA la excepción de (ii) prescripción trienal laboral, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: DECLARAR la prescripción del periodo reclamado que va del 1 de julio de 2009 y
hasta el 30 de enero de 2013.

SEXTO. DECLARAR que demandante Dra. MARIA ISABEL GRISALES GOMEZ tiene
derecho al pago de la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 en porcentaje del 30% del salario básico y que es un valor mensual sumado al sueldo
básico, además, que solo constituye FACTOR SALARIAL para efectos de los aportes a
pensión.

SÉPTIMO. ORDENAR a la demandada NACIÓN-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL-SEECIONAL CALI-VALLE DEL CAUCA,
reliquidar los aportes a pensión, teniendo en cuenta la prima especial de servicios regulada
por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como factor salarial, por el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 2009 y hasta el 30 de enero de 2013 y hacer los aportes al FONDO DE
PENSIONES al cual pertenezca la Dra. MARIA ISABEL GRISALES GOMEZ.

OCTAVO: ABSOLVER a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-
RAMA JUDICIAL-SECCIONAL MANIZALES de esta demanda.

NOVENO: NO emitir CONDENA EN COSTAS.

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Número Interno: 2302-2023
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

DÉCIMO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá
efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

DECIMOPRIMERO: Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a
petición de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS. Por SECRETARIA hacer las
anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

DECIMOSEGUNDO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este
ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHÍVESE las diligencias”.

17. En sus consideraciones, el juez de primer grado explicó -previo a resolver el
fondo- que, en ejercicio del control de legalidad, “se encontró un error insuperable,
resumido en que los periodos reclamados por la demandante los ejerció en la seccional de Cali, Valle
del Cauca, y al trabar la Litis solo se hizo en contra de la seccional de Manizales, Caldas, por lo que
a través del auto 067 de 16 de junio de 2021, se declaro (sic) la nulidad de todo lo actuado hasta la
contestación de la demanda, inclusive, y se ordenó la vinculación a esta demanda de la seccional
de Cali de Valle del Cauca, la cual fue notificada el 22 de junio de 2021 ”. En consecuencia, la

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Seccional Cali, fue
vinculada y, dentro del término de traslado, allegó el escrito de contestación.

18. Con base en las pruebas arrimadas, el A-quo encontró acreditado que la señora
María Isabel Grisales Gómez laboró al servicio de la Rama Judicial, en el cargo de
juez de la República, específicamente, en el Juzgado Once (11) Administrativo de
Oralidad de Cali (Valle del Cauca), desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve
(2009), hasta el treinta y uno (31) de enero del dos mil trece (2013), tiempo durante
el cual se le excluyó el pago de la prima especial de servicios regulada por el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, en un 30% adicional al salario, “ pues la misma se descontó de
su salario, por lo que existe un saldo impago por concepto de prima especial de servicios ”.

19. De acuerdo con la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), sostuvo que, a efectos de contabilizar el término de
prescripción, se tendría en cuenta la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerían los derechos cobijados en los tres
(3) años anteriores, con sujeción al Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. Con ello,
explicó que, como la reclamación se promovió el cuatro (4) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), la demandante tendría derecho al pago de la diferencia entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de percibir por concepto de prima especial de
servicios y reliquidación de prestaciones sociales, desde el cuatro (4) de mayo de
dos mil trece (2013), por lo que las sumas reclamadas por el periodo de vinculación
(del 1º de julio de 2009 al 31 de enero de 2013) estaban prescritas.

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Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1.6. El recurso de apelación7.

20. Mediante memorial del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cali solicitó revocar el
fallo apelado y, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda. Para el efecto,
alegó que las resoluciones acusadas gozan de presunción de legalidad, en la
medida en que la señora Grisales Gómez “ha percibido la remuneración establecida por el
Gobierno Nacional en los decretos salariales expedidos anualmente, de manera tal que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, le ha cancelado (sic) sus salarios y
prestaciones sociales de conformidad con la norma y particularmente teniendo en cuenta la fijada
para el cargo en que estuvo nombrada”. Adujo que a la entidad le está vedado interpretar

leyes o, para el caso de autos, optar por inaplicarlas, pues, tal facultad está
atribuida, exclusivamente, a los jueces de la República en su respectivo fuero.

21. Hizo hincapié en que no es viable acceder a las pretensiones encaminadas al
reconocimiento, reliquidación y pago de la prima especial de servicios como un
adicional al salario básico, comoquiera que, a su juicio, las actuaciones de la entidad
tienen sustento “en el marco legal que impone este actuar en materia de afectación y ejecución
presupuestal, normas éstas que deben amparar todas las actuaciones públicas de la administración
en cuanto a la ordenación del gasto”. Citó, como fundamento de lo anterior, entre otros,

los artículos 345 y 365 de la Carta Política, el artículo 86 de la Ley 38 de 1989, el
artículo 16 de la Ley 224 de 1995 y el artículo 72 de la Ley 270 de 1996.

22. Anotó que, de autorizarse el pago deprecado sin respaldo presupuestal, se
estaría actuando por fuera del ámbito competencial de la entidad empleadora,
circunstancia que -según indicó- generaría a cargo del ente un detrimento fiscal, de
conformidad con el Decreto 111 de 1996 – estatuto orgánico de presupuesto.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

23. Mediante el auto del tres (3) de mayo de dos mil veintidós (2022)8, el conjuez
ponente del Tribunal Administrativo de Caldas concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada. Luego de resueltas las
manifestaciones de impedimento en esta Corporación9, y una vez reintegrada la
Sala de Subsección, a través del auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil

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Índice 00002 del Samai, Archivo: ED_EXPDIGITA_17001233300020180011(.zip) NroActua 2.
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Índice 00002 del Samai, Archivo: ED_EXPDIGITA_17001233300020180011(.zip) NroActua 2.
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Índices 00009 y 00018 del Samai.

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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

veintiséis (2026) 10 , el despacho sustanciador, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 116 del CPACA, avocó conocimiento del asunto y, en el mismo proveído,
admitió el recurso de apelación, en los términos del artículo 247 ejusdem,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El proceso ingresó al despacho
para fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de las partes11.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

24. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 12 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Cuestión previa.

25. Mediante auto del diecisiete (17) de octubre de dos mil diecinueve (2019)13, el
despacho ponente de la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la demanda y, en consecuencia, ordenó notificar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Caldas y del nivel central. Más adelante, a
través del auto del dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), se declaró la
nulidad de lo actuado hasta la contestación de la demanda, inclusive, al advertir que
los actos acusados fueron expedidos por la Dirección Seccional de Cali – Valle del
Cauca, que no fue vinculada al presente trámite, por lo que se sostuvo:

“Es claro que la reclamación administrativa se inició ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL Seccional Cali, Valle del Cauca y es lógico
que dicha seccional y no la de Manizales, fue la que resolvió el derecho de petición a través
de la resolución DESAJCLR16-3074 de 26 de octubre de 2016. Por otro lado, el numeral 7°
del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 predica la responsabilidad funcional que tienen los
Directores Seccionales de Administración Judicial, de representar a la Rama Judicial en los
procesos judiciales, en el ámbito de su jurisdicción.

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Índice 00032 del Samai.
11
Índice 00037 del Samai.
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“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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Índice 00002 del Samai, Archivo: ED_EXPDIGITA_17001233300020180011(.zip) NroActua 2.

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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

(…) Dado que ya es visible la necesidad de ordenar la vinculación de la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL de Cali, Valle
del Cauca, para que se pronuncie frente a los hechos de la demanda y especialmente,
respecto a los actos administrativos atacados y que, este control de legalidad se dio en
ejercicio del proyecto del fallo que finalizará esta instancia, es necesaria decretar la nulidad
de algunas de las etapas que se surtieron para llegar a este punto, entre otras, para proteger
el debido proceso de la entidad vinculada, en consecuencia, se decreta la nulidad de todo lo
actuado hasta la contestación de la demanda, inclusive, es decir que se anularán las etapas
contempladas en los artículos 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182 y 182A del CPACA”.

26. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cali, a través de
apoderado, contestó la demanda en la que propuso las excepciones de inexistencia
de causa para demandar y prescripción trienal de los derechos laborales. Luego de
surtido el trámite de instancia, mediante sentencia del diez (10) de noviembre de
dos mil veintiuno (2021), el Tribunal “absolvió” a la Seccional Manizales “de la
demanda”, mientras que dirigió la condena contra la Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cali.

27. Ahora, si bien se advierte que el periodo de servicios -como juez- que sustenta
el reconocimiento de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 fue prestado por la demandante en Cali, y que los actos administrativos
enjuiciados fueron expedidos por la Seccional Cali, circunstancia que, bajo la égida
del artículo 156, determinaba inicialmente la competencia territorial en el distrito
judicial del Valle del Cauca, lo cierto es que, dicha situación no comporta, en el
estado actual del proceso, un vicio que afecte la validez de la actuación.

27.1. Al respecto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 16 del Código
General del Proceso (aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA), la
jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables, de manera que, en lo que toca al factor territorial, la competencia
territorial se entiende prorrogable. Esta Corporación, en auto del catorce (14) de
julio de dos mil veinticinco (2025)14, sostuvo que, “según el artículo 16 del Código General
del Proceso se prorrogó la competencia del aludido juzgado. En efecto, la disposición citada
establece que la falta de competencia por causas distintas a las subjetivas o funcionales es
prorrogable si no se alega a tiempo, y el juez continuará conociendo del caso ”. De igual manera,

en proveído del veintiuno (21) de julio de dos mil veintiséis (2026) 15 , esta
Colegiatura indicó que, “a excepción de la falta de competencia causada por los factores

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, auto del 14 de julio de 2025,
Rad. 41001-33-33-010-2023-00064-01 (1142-2024), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 21 de julio de 2026, Rad. 86001-23-
33-000-2025-00026-01 (30724), C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

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subjetivo y funcional (cuya competencia no se extiende), el juez que asumió el conocimiento del
proceso mantendrá su competencia sin que se afecte lo actuado debido a irregularidades o nulidades
procesales, siempre y cuando las partes no invoquen la falta de competencia de manera oportuna.
El saneamiento se basa en el silencio de las partes y, salvo en casos de falta de competencia
funcional o subjetiva, la competencia permanecerá en el juez que primero conoció el caso ”.

27.2. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Caldas, a través de la
Sala de Conjueces, asumió el conocimiento del proceso y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Cali, una vez vinculada, ejerció su derecho de
defensa y contradicción. En ese sentido, contestó la demanda en la oportunidad
debida, sin cuestionar ningún aspecto relativo a la competencia en razón del
territorio, asunto sobre el que guardó silencio durante todo el trámite. Como
consecuencia de lo anterior, entiende la Sala que operó la prórroga de la
competencia y, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la administración
de justicia, en conjunto con la tutela judicial efectiva, no se advierte configurada
ninguna irregularidad que invalide lo actuado, por lo que se decidirá de fondo.

2.3. Problema jurídico.

28. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en
un error al reconocer la prima especial de servicios prevista en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, como un adicional al salario básico o, por el
contrario, a la demandante se le han pagado los salarios y prestaciones
conforme al ordenamiento vigente, en los términos de la recurrente?
(ii) ¿La observancia de las normas en materia de presupuesto constituye un
presupuesto para el cumplimiento de las órdenes adoptadas por el A-quo,
de acuerdo con la censura de la entidad apelante?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

29. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
ejercer distintas funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral

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19, literal e), ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes

marco, en virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la
determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación
particular de la materia, así como, su aplicación concreta -vía decreto-16.

30. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 17 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador18. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”19.

31. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta; sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo20. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se
entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,

16
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
17
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
19
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.

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sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia21.

32. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo22.

33. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199223, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

34. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se a alude, corresponde al
género que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “ salario” es
sólo una especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios
o primas que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

35. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
23
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

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cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional24.

36. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

37. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

38. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

14

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reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

39. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores

de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

40. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

41. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley
476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
«[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima

especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

42. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de

15

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estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)25, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en decretos
que fijaron el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en punto a la
naturaleza de la prima especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo con los
criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues
como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna
manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos
demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son
contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.

43. A su turno, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del
trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para efectos de la
pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a percibirla como
un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.

44. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:

1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29
de abril de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).

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pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso
y un techo.

45. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no
constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996. De igual manera, la Sala de
Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción de las acreencias
derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes términos26: “Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se tendrá en
cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual sentido, precisó que27:

“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo
de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.

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3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace
exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada
por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto
1848 de 1969”.

46. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)28, el
Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse
de manera retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo
en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de
prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que,
tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 constitucional, 29 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad, y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

47. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo, o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción,
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.

48. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto
de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no
desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste,
la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una obligación
de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y a los

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).
29
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.

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principios de irrenunciabilidad e igualdad, como se expuso ut supra30.

49. Con fundamento en los derroteros trazados en las citadas providencias, y en la
norma aplicable al caso de autos, se procede a decidir el presente asunto.

2.4. Hechos probados.

50. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante petición del cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dirigida a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cali (Valle del Cauca), la
señora María Isabel Grisales Gómez solicitó “la liquidación y pago de las diferencias
salariales existentes entre las que me han sido canceladas y las que realmente me corresponden
contabilizando come factor salarial la prima especial equivalente al 30% de mis ingresos laborales,
por el tiempo en el que me desempeñé como Juez Once Administrativa del Circuito Judicial de
Santiago de Cali, esto es, desde el 01 de Julio de 2009 al 5 de agosto del ano 2012 y desde el 20
de diciembre de 2012 a! 30 de enero del ano 2013 ”. Ante la falta de respuesta frente a la

petición anterior, mediante memorial del doce (12) de octubre de dos mil dieciséis
(2016)31, la actora interpuso recurso de apelación contra el acto ficto derivado del
silencio administrativo negativo que, en sus términos, se configuró. Así, precisó:

“MARÍA ISABEL GRISALES GÓMEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Manizales,
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.314.227, me permito, a través del presente
escrito, conforme lo dispone el articulo 74 del CPACA, presentar Recurso de Apelación
contra el silencio ficto o presunto de reliquidar y pagar las diferencias salariales existentes
entre las que me han sido canceladas y las que legalmente me corresponden contabilizando
como factor salarial la prima especial equivalente al 30% de mis ingresos laborales, desde
el primero (1) de julio de 2009 al 5 de agosto del 2012, y desde el 20 de diciembre de 2012
al 30 de enero del año 2013. La reclamación administrativa inicial, se remitió al señor Director
Ejecutivo Seccional del Valle del Cauca, el día 4 de mayo del ano 2016, a través de la
Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, según guía No. RN565708931C0.

Pues bien, superado ampliamente el término legal con que contaba la Administración para
responder la petición, se entiende que ha sido negada la prestación contenida en el articulo
14 de la Ley 4a de 1992, bajo los criterios y objetivos que señala el artículo 2 ídem. Los
argumentos con que la administración ha negado la petición planteada en idénticos casos,
como el que aquí se plantea, tiene que ver con que la nulidad de los decretos del Gobierno
Nacional contentivos de las disposiciones salariales, no tienen la virtud de restablecer el
derecho particular, en tanto que la acción impetrada para el control de legalidad fue la de
simple nulidad, cuya finalidad es la de tutelar la legalidad abstracta, por lo que dicha
sentencia no restablece el derecho particular que solo se logra mediante la acción de nulidad
con restablecimiento del derecho que reclama cada accionante”.

b) A través de la Resolución Nº. DESAJCLR16-3074 del veintiséis (26) de octubre

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo
de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de dos mil dieciséis (2016)32, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Cali (Valle del Cauca) resolvió no acceder a las peticiones promovidas
por la señora Grisales Gómez, para lo cual expuso los siguientes motivos:

“Que una vez estudiada la petición se observa que lo solicitado, es la adición al salario fijado
por el Gobierno Nacional, con las consecuencias salariales y prestacionales que del
reconocimiento y pago de la prima especial se deriven, así como las diferencias que resulten
de reliquidar salarios y prestaciones sociales causadas por los servidores judiciales en su
condición de Magistrados de Tribunal y/o Jueces de la Republica, cuyo sustento es para
el(los) peticionario(s) entre otras, la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de
abril de 2014, mediante la cual el máximo órgano de cierre en lo Contencioso Administrativo
declaró la nulidad de los artículos que en los decretos de salarios establecieron como prima
sin carácter salarial el 30% de la asignación básica de los cargos en ellos enlistados.

(…) Que, al respecto, sobre las sentencias esgrimida como fundamento de la petición,
deberá recordarse que los efectos de un fallo judicial que pone término a un proceso
originado en una acción de nulidad, no crea efectos particulares, por lo que se debe solicitar
en caso de tener el derecho, el restablecimiento del derecho.

Que ahora, es preciso señalar que la Dirección Seccional de Administración Judicial como
Autoridad Administrativa no tiene la facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón
a que son los Jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias los que tienen la
facultad, a diferencia de la autoridad administrativa que únicamente esta sometida a su
imperio y debe darle estricto cumplimiento.

Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali, ha efectuado los pagos de salaries y demás prestaciones de
conformidad con los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

c) Contra la anterior resolución, la demandante interpuso recurso de apelación, de
fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)33, medio de impugnación
que, para la fecha en la que se promovió la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, no se había resuelto, por lo que se configuró el acto ficto.

d) Mediante el Oficio DESAJCL16-7069 del cuatro (4) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016)34, la coordinación del área de recursos humanos de la Dirección
Seccional en cita, remitió el denominado “certificado de tiempo de servicios y factores de los
años 2009-2013”, en el que se acredita que la señora Grisales Gómez fungió como

juez once (11) administrativo oral de Cali, durante el periodo comprendido entre el
primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009) y el treinta y uno (31) de julio de dos
mil trece (2013), evidenciándose una licencia no remunerada que tuvo lugar entre
el seis (6) de agosto de dos mil doce (2012) y el diecinueve (19) de diciembre de
ese mismo año. También se observa que, durante el periodo de vinculación como
juez, la señora Grisales Gómez devengó los conceptos que se pasan a relacionar:

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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

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Número Interno: 2302-2023
Demandante: María Isabel Grisales Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.5. Análisis del caso concreto.

51. En el asunto sub examine, la señora María Isabel Grisales Gómez pretende la
nulidad de la Resolución Nº. DESAJCLR16-3074 del veintiséis (26) de octubre de
dos mil dieciséis (2016), expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Cali (Valle), mediante la cual, se negó el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
como una adición al salario básico, así como la reliquidación de las prestaciones
sociales, con inclusión del citado emolumento con carácter salarial, y, por el otro
lado, del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo frente al recurso de
apelación interpuesto contra el acto administrativo primigenio.

52. Con base en las pruebas que fueron allegadas al plenario, la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad de los actos enjuiciados y,
como consecuencia de lo anterior, concluyó que a la demandante le asiste el
derecho al pago de la prima especial de servicios, “en porcentaje del 30% del salario
básico y que es un valor mensual sumado al sueldo básico, además, que solo constituye factor
salarial para efectos de los aportes a pensión”; sin embargo, declaró probada la excepción

de prescripción extintiva del periodo reclamado que va desde el primero (1º) de julio
de dos mil nueve (2009) hasta el treinta (30) de enero de dos mil trece (2013)35, es
decir, durante todo el tiempo en que fungió como juez de la República. Por otro lado,
ordenó a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Seccional Cali, a reliquidar los aportes a pensión “teniendo en cuenta la prima especial
de servicios, como factor salarial, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 y hasta el
30 de enero de 2013 y hacer los aportes al fondo de pensiones (…)”.

53. Inconforme con la decisión de primera instancia, la demandada interpuso
recurso de apelación, con arreglo al cual solicitó revocar el fallo impugnado. Para
sustentar la alzada, expuso los siguientes motivos de inconformidad: (i) por un lado,
que la accionada ha pagado los salarios y prestaciones de conformidad con los
decretos expedidos anualmente por el Gobierno Nacional; y (ii) por el otro lado, la
imposibilidad de efectuar reconocimientos sin el debido respaldo presupuestal,
circunstancia que derivaría en un detrimento. Para efectos metodológicos, se
abordarán los reparos antes expuestos, en el orden que se pasa a proponer.

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Aunque las certificaciones acreditan que laboró hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), así lo declaró
el Tribunal de instancia.

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2.5.1. Del derecho a la prima especial de servicios y su alcance.

54. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado
que la señora María Isabel Grisales Gómez se desempeñó como juez en el Juzgado
Once (11) Administrativo Oral de Cali desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve
(2009) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), con una
interrupción derivada de una licencia no remunerada, por el periodo comprendido
entre el seis (6) de agosto de dos mil doce (2012) y el diecinueve (19) de diciembre
de ese mismo año, según consta en el Oficio DESAJCL16-7069 del cuatro (4) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016)36, expedido por la coordinación del área de
recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional
Cali. En la referida documental, se hizo constar que, durante el tiempo en que la
actora se desempeñó como juez, percibió la prima especial de servicios (de la que
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992), como una porción de la asignación.

55. En este estadio, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia del dos (2)
de septiembre de dos mil diecinueve (2019)37, proferida por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda de esta Corporación, la prima especial de servicios se erige
como un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al amparo del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, “los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala
de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero de
1993”. En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia, tienen

derecho, en los términos precisados por esta Colegiatura, al reconocimiento y pago
de las diferencias que, por concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que
la prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la liquidación de la
pensión de jubilación, como en efecto se dispuso en la Ley 332 de 1996.

56. En punto al carácter salarial limitado del emolumento, esto es, el circunscrito a
los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones, esta Sección, en
la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), reiteró que la
prestación en comento sólo se considera factor salarial para efectos pensionales,

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 2 de
septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.

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de manera que su reconocimiento en otros ámbitos entraña el desconocimiento del
marco legal y excede la voluntad del legislador. Esta línea se acompasa con la tesis
que, tiempo atrás, respaldó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
en la cual se declaró exequible la expresión “sin que constituya factor salarial” contenida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido que: “el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución ”, por lo

que, “(…) el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no
lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo,
ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional”.

57. Con base en lo expuesto, es claro que los beneficiarios de la prima especial de
servicios a la que se refiere el pluricitado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, tienen
derecho, por un lado, a que se reconozca el emolumento como un incremento o
adicional al salario básico, sin que sea dable fraccionar la asignación o, en otros
términos, sustraer el 30% del total, y sin que en ningún caso se superen los topes
máximos fijados por el Gobierno Nacional; y, por el otro lado, a que se reliquiden las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios.

58. En el sub judice, es dable sostener que, durante el período de vinculación de la
demandante a la Rama Judicial, en uno de los cargos que generan el mentado
beneficio, y hasta tanto subsistió la misma, le asistió el derecho al reconocimiento y
pago del incremento pretendido, esto es, a que se le pagara un valor adicional a su
salario básico mensual, equivalente al 30% por concepto de prima especial de
servicios, y a que se reliquidaran las prestaciones sociales sobre el 100% de la
asignación (sin sumar ni restar el 30% que, en su momento, se sustrajo del ingreso).

59. Revisado el sentido de la decisión del Tribunal, la Sala encuentra ajustado el
reconocimiento del derecho a favor de la señora Grisales Gómez y, al tiempo,
considera que el reparo del recurso relacionado con el pago efectivo de los salarios
y prestaciones a favor de la demandante, no tiene vocación de prosperidad, pues,
el mismo se sustenta en haber sufragado el 30% de la asignación básica, como una
porción de aquella, y no como un adicional o sobresueldo, con lo cual se desconoce
la naturaleza y alcance del emolumento bajo estudio. Sin perjuicio de lo anterior,

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observa la Sala que la existencia del derecho no presupone el pago de las
diferencias deprecadas, máxime cuando el A-quo declaró la prescripción de las
sumas causadas antes del cuatro (4) de mayo de dos mil trece (2013), esto es, para
todo el periodo de vinculación de la parte actora al cargo que le otorgó el derecho,
aspecto sobre el cual no se profundizará al no haber sido objeto del recurso.

60. Ahora, en lo que toca a la inconformidad frente a la orden emanada del juez de
primer grado, sobre la base de las alegadas limitaciones presupuestales, la Sala
destaca que, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 334 de la
Carta Política, ninguna autoridad puede invocar la sostenibilidad fiscal para limitar,
afectar o negar la protección de los derechos fundamentales. En armonía con lo
expuesto por la Corte Constitucional38, esta situación no es una justificación que
valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales por parte de
las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento legal y jurisprudencial
para afectar el derecho reclamado. Por lo tanto, le corresponde a la administración
reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades financieras que
se pudieran presentar, para lo cual deberá “cre(ar) una partida presupuestal, si no existiere,
o (…) realizar las operaciones necesarias para obtener los fondos, bajo el entendido de que los
créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional .”

61. En reciente sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)39, esta
Sala de Subsección, reiteró que la alegada imposibilidad económica y presupuestal
de la entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, puesto que, las limitaciones financieras no exoneran
a la administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales.
En tal virtud, el segundo reparo esgrimido por la entidad tampoco prospera.

2.5.2. Precisiones finales sobre el alcance del restablecimiento del derecho.

62. Con el propósito de adecuar el alcance de las órdenes impartidas por el A-quo,
con los lineamientos decantados por esta Corporación, se modificará el ordinal
cuarto, a efectos de precisar que, dada la naturaleza irrenunciable e imprescriptible
de los aportes pensionales, la excepción de prescripción trienal declarada no cobija
tal concepto. En ese sentido, se modificará el ordinal séptimo, con miras a ordenar

38
Corte Constitucional de Colombia, sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 3 de julio de
2026, Rad. 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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a la entidad demandada a que los aportes a seguridad social en pensiones se
realicen desde la fecha de vinculación al cargo de juez de la República, esto es,
desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el treinta y uno (31) de
enero de dos mil trece (2013), fecha de su retiro, salvo la interrupción derivada de
la licencia no remunerada, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el
100% del salario básico mensual, más la adición del 30% correspondiente a la prima
especial de servicios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 476 de 1998.
Dichos aportes serán respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente
pagado y lo que debió pagarse con la inclusión del referido concepto.

63. Asimismo, se modificará el ordinal quinto, con el propósito de puntualizar que la
prescripción trienal cobija las sumas causadas con anterioridad al cuatro (4) de
mayo de dos mil trece (2013), por lo que, comprende el periodo reclamado por la
actora, que va desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el treinta
y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), salvo lo relativo a los aportes a pensión.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tribunal no precisó la fecha de contabilización
de los tres (3) años hacia atrás desde la presentación de la reclamación
administrativa, y omitió que la fecha de retiro fue el treinta y uno (31) de enero.

64. Además, se adicionará el ordinal séptimo para consignar, por un lado, que los
pagos por concepto de prima especial de servicios no podrán superar, en ningún
caso, los topes remuneratorios fijados por el Gobierno Nacional, y, por el otro lado,
que el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan
efectuado pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia.

2.6. Conclusiones

65. Con fundamento en las pruebas que fueron valoradas razonada, conjunta e
integralmente, y al amparo del marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala
encuentra que los reparos esgrimidos por la entidad apelante no tienen vocación de
prosperidad. Sin embargo, atendiendo a los lineamientos decantados por esta
Corporación, y sin desconocimiento del principio de la non reformatio in pejus, la
Sala ajustará algunas disposiciones de la parte resolutiva, por lo que: (i) modificará
el ordinal cuarto y quinto, relacionados con la prescripción, a efectos de precisar los
extremos temporales y la inoperancia del fenómeno frente a los aportes
pensionales; (ii) modificará el ordinal séptimo, con miras a precisar el alcance del

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restablecimiento del derecho y los límites al cumplimiento de la orden judicial; (iii)
y, en lo demás, se confirmará el fallo de primera instancia.

2.7. Condena en costas.

66. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales cuarto, quinto y séptimo de la parte resolutiva
de la sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual, se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, los cuales quedarán así:

“CUARTO. Declárese NO PROBADA la excepción de (i) inexistencia de causa para
demandar y, por su parte, DECLARÉSE PROBADA la excepción de (ii) prescripción
trienal laboral, salvo los aportes a pensión, por las razones expuestas en la parte motiva
de este proveído.

QUINTO. DECLARAR la prescripción trienal de las sumas causadas con anterioridad al
cuatro (4) de mayo de dos mil trece (2013), tiempo que comprende el periodo reclamado,
que va desde el primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el treinta y uno (31)
de enero de dos mil trece (2013), salvo lo relativo a los aportes a pensión.

(…)

SÉPTIMO. ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a que los aportes a seguridad social en pensiones, con inclusión
de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se realicen desde
la fecha de vinculación de la demandante al cargo de juez, esto es, desde el primero
(1º) de julio de dos mil nueve (2009), hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece
(2013), fecha de su retiro, salvo la interrupción temporal derivada de la licencia no
remunerada, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario
básico mensual, más la adición del 30% correspondiente a la prima especial de
servicios. Dichos aportes operan respecto de las diferencias derivadas entre lo
efectivamente pagado y lo que debió pagarse con la inclusión del referido concepto.

Los pagos por concepto de prima especial de servicios no podrán superar, en ningún
caso, los topes remuneratorios fijados anualmente por el Gobierno Nacional. En adición,
el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado
pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia”.

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SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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