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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00114-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00114-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 14 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 17001-23-33-000-2018-00114-01 Demandante : Luzmila Bedoya Espinoza TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00114-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00114 01 (3370-2019)
Demandante: Luzmila Bedoya Espinoza
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y el departamento de Caldas
Tema: Sanción moratoria por ajuste de cesantías
definitivas como resultado de una nueva
reclamación.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

Con la demanda se pretende la nulidad del artículo 5° de la Resolución nro. 8097-
6 del 20 de octubre de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de la sanción por mora.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague la sanción
moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente
a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados a partir del vencimiento
de los 70 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de las cesantías
definitivas, hasta cuando se hizo efectivo el pago total de la prestación; cancelar
los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder
adquisitivo de la sanción por mora, teniendo como base la variación del IPC,
desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; pagar los intereses
moratorios a partir del día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia y
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Demandante : Luzmila Bedoya Espinoza

hasta cuando se lleve a cabo el pago de la sanción moratoria reconocida; y
condenar en costas a la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación con
independencia patrimonial, sin personería jurídica. En la misma norma se le
asignó la competencia al fondo para el pago de las cesantías a los docentes
vinculados en los establecimientos educativos del sector oficial.

Por haber laborado como docente en el departamento de Caldas, la actora en
fecha del 16 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. Dicha prestación fue
reconocida por medio de la Resolución nro. 3935-6 del 14 de mayo de 2015,
donde se incluyeron los factores salariales de sueldo mensual, la prima de
navidad, la prima de vacaciones y la prima de alimentación. Las referidas
cesantías fueron canceladas por intermedio de entidad bancaria BBVA.

Mediante el Decreto 1545 del 19 de julio de 2013 se estableció la prima de
servicios para el personal docente, en cuyo artículo 5 se determinó que constituía
factor salarial para liquidar las cesantías. A través del Decreto 1566 de 2014 se
creó la bonificación por servicios a favor de los docentes, como carácter salarial,
tal como lo dispuso su artículo 1.

El 16 de marzo del 20151 la demandante radicó petición solicitando el ajuste de
las cesantías definitivas para que se incluyera la prima de servicios y la
bonificación por servicios, y en consecuencia se reconociera la sanción mora
desde los 70 días siguientes a la radicación de la petición inicial de las cesantías
definitivas, hasta cuando fuera realizado el pago total de la prestación, con la
inclusión de tales factores.

La entidad demandada por medio de la Resolución nro. 8097-6 del 20 de octubre
de 2017, ajustó las cesantías reconocidas incluyendo los dos factores salariales
conforme a la normatividad, pero negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.

Afirmó la demandante que el pago total de las cesantías con la inclusión de la
prima de servicios se realizó posterior al acto administrativo de reajuste,
trascurriendo un total de 900 días de mora desde la solicitud inicial del 16 de
marzo de 2015.

1 Así se menciona en los hechos de la demanda.

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1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5 y 15 de la Ley
91 de 1989; artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y artículos 4 y 5 de la Ley 1071
de 2006.

En síntesis, en el concepto de violación expone que la demandante laboró como
docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
teniendo un régimen de retroactividad en las cesantías2. Al terminar su relación
laboral se habían expedido los Decretos 1545 de 2013 y 1566 de 2014, mediante
los cuales se establecieron a favor de los docentes la prima de servicios y la
bonificación por servicios respectivamente.

A la señora Bedoya Espinoza le fueron reconocidas las cesantías definitivas en
monto inferior al que tenía derecho, al no incluirse los factores salariales antes
mencionados, constituyendo un pago parcial de la prestación que solo vino a ser
superado el 2 de enero de 2018, con el pago del ajuste.

Aunque la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa debe
entenderse que entre la solicitud y el pago no deben superarse los 70 días
hábiles, el FNPSM canceló la prestación fuera de los términos establecidos en
la Ley.

1.4. Contestación de la demanda3

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de apoderado, se pronunció
sobre los hechos y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las
pretensiones de la demanda, toda vez que la entidad que representa no tiene
obligación alguna con la demandante.

Expuso que al FNPSM no le corresponde pagar la sanción moratoria, por cuanto
no tuvo relación laboral de ningún tipo con la docente. De hecho, tal como consta
en los anexos de la demanda, la relación laboral existió entre la señora Bedoya
Espinoza y la entidad territorial, la cual tiene la responsabilidad de reconocer y
pagar las prestaciones sociales.

Acto seguido, propuso las excepciones de “falta de integración del contradictorio
– litisconsorcio necesario”, “ineptitud sustancial de la demanda por falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional”, “inexistencia del demandado – falta de relación con el reconocimiento
del derecho, conexo o derivado del acto administrativo expedido por la entidad

2 Periodo comprendido entre el 20 de febrero de 1974 y el 30 de diciembre de 2014.
3 Folios 53 a 76 del expediente físico.

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territorial certificada. Falta de competencia del Ministerio de Educación para
expedir el acto administrativo y reconocer el derecho reclamado”, “caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, “prescripción”, “régimen
prestacional especial e inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al régimen
docente”, “detrimento patrimonial del estado”, “cobro de lo no debido”, “buena fe”
y “genérica”.

Por su parte, el departamento de Caldas4 se opuso a todas y cada una de las
pretensiones formuladas en la demanda. Argumentó que la Secretaría de
Educación se encarga únicamente de recibir y radicar las solicitudes de
prestaciones sociales de los docentes que pertenezcan a la entidad territorial,
certificar los tiempos, el régimen salarial, realizar los proyectos de los actos
administrativos, y enviarlos con destino a la entidad fiduciaria, quien se encarga
de su estudio, verificación y aprobación y posterior pago.

En ese escenario, el ente territorial cumplió con los términos legales dentro del
trámite para el pago de las cesantías, recayendo la responsabilidad de la demora
del pago en la entidad fiduciaria.

Por último, propuso las excepciones de “falta de legitimación por pasiva”,
“inexistencia de la obligación con fundamento en la Ley”, “buena fe” y
“prescripción”.

1.5. Sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 28 de marzo de
2019, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.

Como sustento de su decisión, consideró el juez de primera instancia que el
Consejo de Estado ha sido reiterativo en afirmar que el pago tardío del reajuste
de las cesantías reconocidas no es un supuesto que genere sanción moratoria.

Si bien la parte demandante hace alusión a la sentencia del 27 de marzo de 2007
proferida por el Consejo de Estado, aclaró que en esa providencia se definió el
medio de control a utilizarse frente a unos asuntos de carácter laboral, entre
ellos, la sanción moratoria cuando existe un pronunciamiento expreso sobre las
cesantías y el interesado no está de acuerdo con el valor reconocido.

Sostuvo que al no demandarse el acto administrativo que reconoció las cesantías
definitivas, lo que existe es una solicitud de reajuste de esta prestación; la cual
se resolvió a su favor aun cuando el acto de reconocimiento se encontraba en

4 Folios 84 a 87 del expediente físico.
5 En audiencia inicial folios 99 a 110 del expediente físico.

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firme, no solo porque no existen pruebas de recursos contra el mismo, sino
porque no se demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Advirtió que el Tribunal Administrativo de Caldas en anteriores oportunidades se
ha pronunciado sobre casos análogos, a saber, la sentencia del 21 de febrero de
2019 identificada con radicado 2018-00107.

1.6. Recurso de apelación6.

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, al considerar que el a quo aplicó
indebidamente un precedente en el cual se persigue una sanción por mora con
base en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación completa de
las cesantías, supuesto fáctico que difiere del presente asunto, por lo tanto, no
atendió las causales de nulidad alegadas incurriendo en violación al debido
proceso.

Además, adujo que, si bien existió un pronunciamiento expreso sobre las
cesantías y un pago, este debe considerarse parcial, pues al no estar de acuerdo
con el monto reconocido se presentó la petición que culminó con el pago total de
las cesantías mediante el ajuste otorgado, configurándose la hipótesis de pago
inferior al que tenía derecho, establecido en la sentencia de unificación con
radicado 76001 23 31 000 2000 02513 01 del 27 de marzo de 2007. «d) Existe
pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado
no está de acuerdo con el monto reconocido» y en la sentencia con radicado nro.
19001 23 31 000 2003 02134 01 de la Sección Segunda.

Al comprobarse que el FNPSM y la Secretaría de Educación excluyeron como
factor salarial la prima de servicios, la sanción debe imponerse desde que se
debía realizar el pago de las cesantías definitivas, es decir cuando venció el
término de la petición inicial, y hasta que se pagó la diferencia insoluta.

Alegó que i) los derechos laborales no son dádivas de la administración, para
considerar que al haber accedido al ajuste de las cesantías, ésta haya actuado
de manera generosa, por el contrario, la suma reconocida corresponde al
legítimo ejercicio de un derecho; ii) La solicitud de ajuste de las cesantías
definitivas fue radicado cuando aún no habían transcurrido tres (3) años de la
desvinculación del servicio, lo cual legitima la reclamación y el reconocimiento
realizado más allá de las consideraciones efectuadas respecto a las cesantías
definitivas; iii) El Ministerio de Educación Nacional actuó de mala fe al
desconocer la prima de servicios como factor salarial para efectos de la
liquidación de las cesantías; iv) En el expediente y en la hoja de revisión
expedida por la entidad fiduciaria encargada de los recursos del FNPSM, se

6 Folios 117 a 121 del expediente físico.

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consagra expresamente la negación de la prima de servicios bajo el entendido
que esta no se encuentra en el manual de liquidación, misma que termina siendo
incluida posteriormente y v) los actos proferidos por la administración legitiman
el ejercicio de la acción al haber emitido pronunciamiento expreso respecto al
ajuste de las cesantías y la sanción por el no pago total de las mismas, más allá
de la renuncia a términos.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto de 5 de noviembre de 2019, se dispuso correr traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.

Las partes y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación
guardaron silencio.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si procede el reconocimiento
de la sanción moratoria, contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
como consecuencia de un ajuste posterior de las cesantías definitivas, a partir
del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud
inicial de la prestación o concierne la confirmación de la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
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A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y ii) caso
concreto.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Actuación administrativa

De conformidad a lo previsto en la primera parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8- CPACA-, una de las formas
de iniciar la actuación administrativa, es a través del ejercicio del derecho de
petición en interés particular9, y su objeto es obtener resolución de lo pretendido.

La misma se rige por los principios consagrados en la Constitución Política, en
la parte primera del CPACA y en leyes especiales, concretamente el «debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad».

Además, está sujeta a un procedimiento compuesto por unas etapas y términos
preclusivos, la cual finaliza con la expedición de una decisión definitiva, esto es
con un acto administrativo; contra el cual, dentro del término de ejecutoria
proceden los recursos en sede administrativa, prerrogativa que permite la
revisión de la decisión. 10 , adquiriendo firmeza, entre otros «3. Desde el día
siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos». 11

Acto administrativo que se presume legal mientras no haya sido anulado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o suspendido.12

De la normatividad citada se desprende que, la petición de cesantías definitivas
es una actuación administrativa que inicia a solicitud de parte.

Actuación que tiene un término especial para su resolución definido en la ley, y
la jurisprudencia, como se advierte seguidamente.

2.3.2. Solicitud de cesantías definitivas y sanción moratoria

8 En adelante CPACA.
9 Artículo 4 CPACA
10 El trámite y decisión para los asuntos no sujetos a régimen especial se encuentra previsto en

los artículos 74 a 85 de la misma codificación
11 Artículo 87 ibidem.

12 Artículo 88 CPACA

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El artículo 1° de la antedicha Ley 244 de 1995, establece que la entidad
empleadora deberá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reclamación del
interesado, expedir el acto administrativo correspondiente, sin perjuicio de las
solicitudes incompletas, las cuales deben subsanarse para que inicie el término
de la referencia, tal como se transcribe a continuación:

«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los
servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la
Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta,
deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta
anexar.
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los
términos señalados en el inciso primero de este artículo».

De igual manera, el artículo 2° ibidem, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo
que reconoce las cesantías, para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor
público, para cancelar esta prestación social».

Ahora bien, la norma igualmente dispone una sanción moratoria cuando se
incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago.

El parágrafo del artículo en comento estipula la sanción mora, de la siguiente
manera:

«Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a éste».

Posteriormente, con la Ley 1071 de 2006 13 , se introdujo lo atinente al
reconocimiento de las cesantías parciales de los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuno reconocimiento y cancelación; y se establecieron
los términos para efectuar dicho pago, así:

13 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las

cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan
términos para su cancelación.”
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«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la
solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este
artículo».

Igualmente, el artículo 5° ibidem, consagró un término para el pago de las
cesantías parciales o definitivas y la correspondiente sanción por el
incumplimiento del mismo, consistente en el pago de un día de salario por cada
día de retraso, así:

«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este».

Sobre el tópico en comento, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la
fecha de causación de la sanción moratoria. Es así, como el aludido cuerpo
colegiado adujo que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir
de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15
días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley
1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día
en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

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Para mayor ilustración se trae a colación, las reglas jurisprudenciales fijadas por
esta Corporación en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la
exigibilidad de la sanción moratoria en comento:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se
ACTO ESCRITO tiene en cuenta 10 días, después de 45 días 70 días posteriores
EXTEMPORANEO para el computo cumplidos 15 para posteriores a la a la petición
(después de 15 días) del término de expedir el acto ejecutoria
pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Aviso ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO siguiente de entrega del aviso

ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la renuncia
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del recurso
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria

2.3.3. De la naturaleza de las cesantías

Las cesantías conciernen a una prestación social a cargo del empleador, que
constituye un auxilio para el trabajador en caso de quedar cesante.

En el ordenamiento jurídico, existen dos sistemas para la liquidación y pago de
las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.

En el régimen retroactivo, el valor del auxilio está en poder del empleador durante
la vigencia de la relación laboral y se paga con base en el último salario
devengado, conforme a las Leyes 6a de 1945, 65 de 1946 y el Decreto 1160 de
1947.

Y en el régimen anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968 y, después, en
la Ley 50 de 1990, las cesantías se liquidan anualmente y deben consignarse a
la Administradora del Fondo de Cesantías, el 14 de febrero de cada año.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00114-01
Demandante : Luzmila Bedoya Espinoza

El carácter unitario o periódico de esta prestación, en criterio de la jurisprudencia
de esta Corporación14 lo define la terminación del vínculo laboral. En tal sentido,
este órgano ha precisado que mientras subsista la vinculación, la prestación
social es periódica, no obstante, se considera como prestación unitaria cuando
ha culminado el vínculo laboral del trabajador con la administración.

2.4 Caso concreto

Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala
acreditado que la parte demandante en fecha del 16 de marzo de 201515, solicitó
el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
mediante Resolución nro. 3935-6 del 14 de mayo de 201516, reconoció y ordenó
dicho pago por la suma de $73.298.497. Acto administrativo notificado el 22 de
mayo de ese año, decisión que quedó en firme al no acreditarse la interposición
de recurso.

El 3 de agosto de 201717, la señora Luzmila Bedoya Espinoza presentó solicitud
de ajuste de las cesantías reconocidas, por la no inclusión de la prima de
servicios y la bonificación por servicios en la liquidación. Asimismo, pidió la
sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día
de salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días
hábiles después de haberse radicado la solicitud de cesantías.

La Secretaría de Educación de Caldas a través de la Resolución nro. 8097-6
emitida el 20 de octubre de 2017 18 , ajustó las cesantías definitivas de la
peticionaria, aumentando la suma a $75.204.062, valor que quedó a disposición
el 23 de diciembre de 2017, tal como se evidencia en el certificado bancario de
pago emitido por el banco BBVA19. De otro lado, negó el reconocimiento de la
sanción moratoria.

De cara a la premisa normativa citada y lo acreditado en el proceso, en criterio
de la Sala, no es dable contabilizar la sanción moratoria desde la petición inicial
de cesantías, en atención a que la reclamación realizada con el fin de obtener
un ajuste a las cesantías y que dio lugar a la expedición de la Resolución nro.
8097-6 emitida el 20 de octubre de 2017, no da lugar a revivir los términos frente
a la primera actuación, como lo pretende la recurrente, ya que como se indicó en

14 Al respecto, ver sentencias del 25 de abril de 2019 con radicado 25000-23-42-000-2016-03390-

01(4082-17) y del 23 de enero de 2020 con radicado 25000-23-42-000-2017-05670-01(1553-18).
15 Así se evidencia en la Resolución nro. 3935-6 del 14 de mayo de 2015.
16 Folio 32 del expediente físico.
17 Así se evidencia en la Resolución nro. 8097-6 del 20 de octubre de 2017.
18 Folios 33 y 34 del expediente físico.
19 Folio 36 del expediente físico.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00114-01
Demandante : Luzmila Bedoya Espinoza

precedencia los términos y etapas de la actuación administrativa son preclusivos.
Así, que el reconocimiento y pago contenido en la Resolución nro. 3935-6 del 14
de mayo de 2015, no constituye un pago parcial para esos efectos.

La apelante argumentó que la sentencia de primera instancia es contraria al
debido proceso, al aplicar la regla de interpretación contenida en la sentencia de
4 de octubre de 2018, que resolvió un asunto diferente al demandado, además
no se consideraron las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con 19001 23 31 000 2003 02134 01, y de la Sala Plena, identificada
bajo el número 76001 23 31 000 2000 02513 01, en las que apoya su
pretensión. Sin embargo, para la Sala que no le asiste razón a la recurrente.
Véase:

La sentencia del 4 de octubre de 201820, aunque resolvió un asunto diferente al
de la actora, también se refirió a la no procedencia de la sanción moratoria de la
Ley 244 de 1995, por lo que no se advierte la vulneración al debido proceso.

Por su parte, la sentencia de unificación del 27 de marzo de 2007, proferida por
la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 76001 23 31 000 2000 02513 01,
se ocupó de determinar un asunto de carácter procesal, al definir el medio de
control procedente tratándose del reclamo de las cesantías y de la sanción
moratoria, para lo cual tuvo en cuenta las diferentes hipótesis que se pueden
presentar, entre las que se encuentra cuando «5.3.4. Existe pronunciamiento
expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de
acuerdo con el monto reconocido», en cuyo caso, concluyó que, al existir

20 Respecto al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de la reliquidación de la

s cesantías reconocidas, el Consejo de Estado en providencia del 4 de octubre de 2018 de la S
ección Segunda - Subsección B, proceso con radicado interno 3490-15 expuso:
“
(...)
Esta Subsección, en sentencia del 17 de octubre de 2017, dentro del expediente con radicación
No. 080012333000201200017 (2839-14), con ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra
Vélez, señaló:
“(...) En tal sentido, si bien se causó una diferencia en la liquidación de las cesantías
definitivas, la cancelación pago inoportuna de esa diferencia no puede considerarse mora
en el pago de tal prestación, que tenga la magnitud de generar la sanción a que alude la
norma señalada.
(...)
La Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sostenido que la finalidad del legislador
con la norma aludida, fue determinar el término perentorio para el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas de los servidores públicos, sin que una diferencia en la
liquidación de la prestación social, conlleve a la autoridad judicial a imponer la sanción
frente a una circunstancia fáctica que no se encuentra prevista en la ley.”
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el Consejo de Estado ha sido reiterativo en
considerar que el Legislador no previó dentro de los supuestos de hecho que generan la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 o de la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006) el
pago tardío de reajustes de las cesantías reconocidas, siendo procedente dicha sanción frente al
reconocimiento y pago tardío de dicha prestación, más no así, se insiste, en la relación con el
pago tardío de reajustes reconocidos respecto de las mismas.”
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Radicado : 17001-23-33-000-2018-00114-01
Demandante : Luzmila Bedoya Espinoza

discusión respecto del contenido del acto administrativo, la vía procesal para su
reclamo era la nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo que no aconteció en este caso, donde se encuentra acreditado que la petición
de cesantías definitivas fue resuelta mediante Resolución nro. 3935-6 del 14 de
mayo de 2015, quedando en firme y, además, no fue objeto de demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa21.

Igual situación acontece con la providencia de 11 de julio de 201322, invocada
por la parte actora, la cual resolvió una situación disímil a la discutida en este
caso, en tanto la condena impuesta fue consecuencia de la no cancelación de
las cesantías dentro del término de los 45 contados a partir de la firmeza del acto
administrativo que las reconoció.

De otro lado, si bien se alegó la violación a los derechos laborales, dado que la
solicitud se hizo cuando todavía no habían trascurrido 3 años de la
desvinculación, para la Sala tal violación no puede aducirse cuando se omite por
parte del interesado dentro del término legal su reclamo; lo que no constituye una
mera formalidad, sino el procedimiento que rige la relación entre las autoridades
y los particulares con plena garantía y observancia del debido proceso, y a través
del cual se hacen valer los derechos.

Así las cosas, a diferencia de lo expresado por la recurrente, la actuación
administrativa que inició la señora Luzmila Bedoya Espinoza con la solicitud del
16 de marzo de 2015 finalizó con la Resolución nro. 3935-6 del 14 de mayo de
2015; notificada a la parte interesada el 22 del mismo mes y año; sin que la
interesada la objetara en sede administrativa o judicial. Prestación que tiene el
carácter de unitaria.

En ese escenario, se reitera la nueva petición presentada más de 2 años
después, aunque obtuvo que la administración realizara un ajuste a la cesantía,
no revive los términos de la actuación administrativa culminada. Por lo que, no
se hacen extensivo los términos para el reconocimiento de la sanción moratoria,
como consecuencia de un ajuste posterior de las cesantías definitivas, a partir
del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud
inicial de la prestación.

En un caso de supuestos fácticos similares a los aquí tratados, esta Corporación
en sentencia del 6 de octubre de 202223, identificada con radicado nro. 17001-

21 En la resolución 5988-6 se consignó: La anterior resolución se notificó debidamente...quedando

el acto administrativo en firme.
22 Radicado 19001 23 31 000 2003 02134 01 del 11 de julio de 2013.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

C.P: Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 6 de octubre de 2022, con radicado nro. 17001 23
33 000 2018 00189 01 (845-2022).
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Demandante : Luzmila Bedoya Espinoza

23-33-000-2018-00189-01 (845-2022), dispuso que la falta de ejercicio de los
mecanismos de defensa judiciales oportunos no puede ser subsanada con una
petición posterior que en todo caso fue debidamente atendida por la parte
demandada.

«De igual modo, mal haría esta Corporación en reconocer una sanción moratoria
cuando fue la demandante quien, además, no presentó el recurso de reposición que
procedía contra la liquidación inicial y dejó trascurrir más de dos años para
presentar la reclamación sobre la inclusión de nuevos factores salariales. La falta
de ejercicio de los mecanismos de defensa judiciales oportunos no puede ser
subsanada con una petición posterior que en todo caso fue debidamente atendida
por la parte demandada. La subsección reitera que “una cosa es efectuar la
liquidación y cancelación de la prestación social de acuerdo a las directrices
tomadas por la entidad demandada en su momento y, otra es, reconocer fuera del
plazo determinado por el legislador la prestación aludida”».

Aunado a lo anterior, la existencia de mala fe por parte de la entidad pública
encargada del reconocimiento de las cesantías aducida en el recurso no
determina en esta jurisdicción la causación de la sanción.

Así las cosas, ante la no prosperidad del recurso, se confirmará la sentencia de
primera instancia.

2.5. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
parte demandante; si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, no puede
observarse que la demanda y el recurso de apelación hubiesen sido presentados
con carencia de fundamentación legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.
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Demandante : Luzmila Bedoya Espinoza

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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