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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00116-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00116-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero. Confirmar la sentencia del 14 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en el proceso promovido por Myriam Julia herrera Hernández contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia según lo expuesto en las consideraciones que anteceden. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00116-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

20 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00116-01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio), departamento de Caldas
(Secretaría de Educación)

Temas: Intereses moratorios por homologación y nivelación salarial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
demandante, contra la sentencia proferida el 14 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró probadas las excepciones de
falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el departamento de
Caldas; declaró infundada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva planteada por el Ministerio de Educación Nacional, negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas de primera instancia a la parte demandante.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Myriam Julia Herrera Hernández, por
intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones 8450-6 del
11 de septiembre de 2015, 1687-6 del 2 de marzo de 2017 y 5378-6 del 17 de julio
de 2017, expedidas por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas,
mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora por
el pago tardío del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y homologación
salarial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la Nación (Ministerio de Educación Nacional) y a la Secretaría de
Educación departamental de Caldas, a i) reconocer y pagar los intereses moratorios
por el desembolso tardío de la homologación y nivelación salarial, los cuales deben
ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente, por períodos de treinta días,
una vez ocurrido el incumplimiento; ii) liquidar y pagar los intereses reclamados, con
base en el capital neto cancelado, sin incluir el valor que se reconoció por concepto
de indexación salarial; iii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos
del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; iv) disponer el pago de los intereses moratorios en los términos
dispuestos por el artículo 192 ibidem; y v) otorgar costas a favor de la demandante,
en caso de que la entidad presente oposición a las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Myriam Julia Herrera Hernández prestó sus servicios en la Secretaría
de Educación del departamento de Caldas, en calidad de personal administrativo.

ii) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 3500 de 1996, en el
sentido de certificar al departamento de Caldas para la administración del servicio

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Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

educativo.

iii) Producto de lo anterior, a través del Decreto Departamental 0021 de enero de
1997, el departamento de Caldas adoptó la planta de cargos y personal que
prestaba sus servicios para ese ente territorial.

iv) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607
del 9 de diciembre de 2004 indicó que las entidades territoriales debían realizar la
nivelación salarial y aseguró que la diferencia del mayor valor debía ser asumida
por la Nación.

v) El departamento de Caldas efectuó el estudio técnico con el propósito de
homologar y nivelar los cargos, en atención a lo dispuesto en la Directiva Ministerial
10 de 2005 y en la Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, emanadas del
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación departamental.

vi) El estudio técnico se radicó con el No. 2007ER9711 y se aprobó por el Ministerio
de Educación Nacional, mediante comunicación del 30 de marzo de 2007, toda vez
que se encontraba ajustado a las normas de carrera administrativa.

vii) En razón de lo anterior, el departamento de Caldas expidió el Decreto 0399 del
20 de abril de 2007, por medio del cual homologó y niveló los cargos administrativos
pertenecientes a la planta de empleos de esa entidad territorial.

viii) No obstante, la Secretaría de Educación del departamento radicó una solicitud
de revisión y ajuste al proceso de homologación y nivelación salarial, la cual fue
aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, a través del Oficio 2009EE29765
del 1 de junio de 2009.

ix) Con base en la revisión y ajuste a tal proceso, el departamento de Caldas expidió
el Decreto 337 de diciembre de 2010, por medio del cual modificó el Decreto 0399
del 20 de mayo de 2007 y, con ocasión de ello, expidió el Decreto 353 del 15 de

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Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

diciembre de 2010, por el cual incorporó al personal administrativo del
departamento, sector educativo financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones.

x) A través de Oficio 2011EEE63868 del 5 de octubre de 2012, el Ministerio de
Educación Nacional certificó la deuda por homologación y nivelación de cargos
administrativos del departamento de Caldas, por el período comprendido entre 1997
y 2009 y determinó que dicha deuda sería financiada por la Nación, con recursos
propios y del balance del Sistema General de Participaciones de 2011, lo anterior,
de conformidad con lo previsto en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011.

xi) En consideración a todo lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, a través
de la Secretaría de Educación departamental, expidió las Resoluciones 2180-5 del
22 de marzo de 2013, aclarada por la 5568-6 del 22 de agosto de 2013 y modificada
mediante la 4142-6 del 20 de mayo de 2015, por las cuales reconoció y canceló a
la demandante un retroactivo por homologación y nivelación salarial. En ellas, se
señaló, en forma expresa, la fecha de constitución de la obligación que comprende
del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009.

xii) La exposición que antecede permite concluir que la obligación de reconocer el
pago de la homologación salarial inició desde el 10 de febrero de 1997 y se mantuvo
hasta el 31 de diciembre de 2009, pues a partir de 2010 se produjo la incorporación
por homologación y nivelación salarial.

xiii) El retroactivo por concepto de la homologación se pagó así:

a. El reconocido en la Resolución 5568-6 del 22 de agosto de 2013, se liquidó
entre el 11 de febrero de 1997 y el año 2002, pero el pago se produjo el 15
de abril de 2013.
xiv) La obligación de la entidad que entregó al personal y la que lo recibió consistía
en efectuar la homologación de cargos y la nivelación de salarios desde el momento
en que se produjo el traslado a la planta de cargos territorial y, a partir de ahí, la

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Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

demandante debió recibir la diferencia salarial correspondiente.

xv) La «NO nivelación salarial y en consecuencia el pago tardío del retroactivo» da
lugar al reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en los artículos
1608, 1617 y 1649 del Código Civil y normas concordantes.

xvi) El 29 de julio de 2015, la demandante formuló reclamación en la que solicitó el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo
por homologación y nivelación salarial y, con ello, interrumpió el fenómeno
prescriptivo.

xvii) A través de la Resolución 8450-6 del 11 de septiembre de 2015, la Secretaría
de Educación del departamento negó el reconocimiento de los intereses moratorios
reclamados e informó que el Ministerio de Educación Nacional indicó que no hay
lugar a exigencia de estos. La solicitud fue resuelta a través de la Resolución 1687-
6 del 2 de marzo de 2017 y ese acto fue modificado por Resolución 5378-6 del 17
de julio de 2017.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209, 350 de la
Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil y 177 del
Código Contencioso Administrativo.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) La homologación es un procedimiento mediante el cual se comparan las funciones
y requisitos de un empleo existente en una planta de personal, para encontrar su
empleo equivalente en la planta receptora, en este caso, como resultado de la
descentralización del servicio de educación.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

ii) La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno
al empleo del demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los intereses
moratorios reclamados violó la ley, pues su argumento se centró en que no hay
mora atribuible a esa autoridad ya que tuvo que adelantar un proceso administrativo
en virtud del cual, finalmente, se definió el pago, años después de haberse causado,
pero la anterior explicación no es de recibo, pues, lo que en realidad ocurrió es que
las entidades no previeron el reconocimiento de tales intereses, dentro de sus
estudios técnicos.

iii) De conformidad con lo previsto en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 dentro
de las liquidaciones que debía presentar la entidad territorial con ocasión del
proceso de homologación y nivelación salarial estaban no solo los conceptos
derivados del salario y prestaciones sociales, sino las indexaciones e intereses
moratorios producto del pago tardío, es decir, que era obligación del Ministerio de
Educación Nacional, en concurso con la Secretaría de Educación respectiva, prever,
calcular y ordenar el pago de los intereses moratorios objeto del litigio.

iv) Con base en lo expuesto, la administración no puede alegar su propia culpa,
refiriendo que se trató de un pago que surgió producto de un proceso administrativo,
pues este derivaba de la Ley 60 de 1993 y, dentro del marco de lo allí ordenado, se
debían salvaguardar los principios de equidad e igualdad laboral, razón por la cual
se debe acudir al principio de favorabilidad laboral, según el cual se debe aplicar la
norma que resulte más favorable al empleado.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Ministerio de Educación Nacional

La entidad demandada, por conducto de apoderado, contestó la demanda1 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:

1 Folios 82 a 99.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

i) Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 establecieron el procedimiento para incorporar
las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones a las
plantas de personal de las entidades del orden territorial y, en el caso bajo análisis,
tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación y homologación de cargos,
lo que generó los costos derivados del estudio técnico.

ii) En el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que los recursos de participación
para la educación serían destinados para financiar la prestación del servicio
educativo y el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
públicas.

iii) A través de la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005 se establecieron
las directrices orientadas a que se produjera la homologación, así como los criterios
y procedimiento necesarios para el efecto; además, se impuso en las entidades
territoriales la obligación de ajustar sus plantas de personal y todo ese proceso se
siguió en el caso analizado, sin que ello dé lugar al reconocimiento de los intereses
pretendidos.

Finalmente, el apoderado de la entidad planteó las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, prescripción, ineptitud de la demanda y la
genérica, según la cual el juez debe declarar todas aquellas que resulten probadas.

1.2.2. El departamento de Caldas

La entidad territorial accionada, por intermedio de apoderado, contestó la demanda2
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones; al efecto, explicó:

Mediante Decreto 00021 del 10 de Febrero de 1997, SE INCORPORA A LA ESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LAS PLANTAS DE CARGOS DE: DOCENTES, DIRECTIVOS
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PAGADOS CON RECURSOS DEL SITUADO FISCAL PARA EL
SECTOR EDUCACIÓN.

2 Folios 104 a 107.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

En acatamiento a lo dispuesto por la Asamblea Departamental de Caldas Ordenanza
178 de 1996, facultó al gobierno Departamental para que mediante (Decreto 0565 del
8 de julio de 1997) fijará [sic] para la Secretaría de Educación Departamental con
cargo al presupuesto del Departamento de Caldas 12 cargos y con cargo al
presupuesto del situación fiscal 25 cargos.

La Ordenanza 014 de 1992, determino [sic] las distintas categorías de empleos y
escalas de remuneración para los empleados públicos de la Administración central de
la Gobernación de Caldas.

La incorporación a la planta de personal del Departamento de Caldas de los
funcionarios que venían en Educación pagados con recursos del Situado Fiscal hoy
Recursos del Sistema General de participaciones, trajo consigo una desigualdad
salarial para los empleados de Educación incorporados con relación a los del
Departamento de Caldas planta Central.

[…]
El Proceso de Homologación se inició por los trabajadores desde el año 1997, desde
esa fecha, en el estudio técnico realizado revisaron el salario más aproximado de
cada funcionario homologado de la escala salarial de la administración Central, de
acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos para el desempeño del cargo y
(recomendar) en el nivel cargo, grado y salario en la que se debía designar,
respetando los derechos de carrera y la Ley 909 de 2004.

[…]
El estudio técnico se realizó desde el 10 de febrero de 1997 Al (sic) 09 de mayo de
2007, los salarios se consolidaron año por año, en acatamiento a lo orientad por el
Ministerio de Educación.

Por la Homologación del cargo del señor (sic) MIRYAN (sic) JULIA HERRERA
HERNÁNDEZ recibió desde el año 1997 al año 2009 una suma de dinero
debidamente indexada, según los actos administrativos Resolución No, 1687-6 del 2
de marzo de 2017, 8450-6 del 11 de septiembre de 2015, 4142-6 del 20 de mayo de
2015, 5568-6 del 20 de mayo de 2015, resolución No. 2180-6 del 22 de marzo de
2013 los cuales no fueron recusados ni demandados.

Como se puede observar Señor Juez, lo que recibió la parte demandante fueron
dineros dentro del proceso de homologación y nivelación salarial que al estar
indexado no le da derecho a la parte accionante a reclamar ninguna sanción
moratoria, en calidad de intereses, ya que se estaría pretendiendo por la parte
demandante que el Departamento de Caldas incurra en doble sanción. [Resalta
la Sala]

Por último, el apoderado de la entidad propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, buena fe, inexistencia de la obligación,
inaplicabilidad de intereses moratorios y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

8

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 14 de junio de
2019,3 declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por el departamento de Caldas; declaró infundada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Ministerio de
Educación Nacional, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de
primera instancia a la parte demandante, con base en los siguientes argumentos:

i) La homologación y nivelación salarial del personal administrativo de los
establecimientos educativos tiene su origen en el proceso de descentralización del
servicio educativo, conforme a lo previsto en las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y
715 de 2001, todo lo cual comporta un proceso legal, con el fin de hacer efectiva la
administración de la educación por parte de las entidades territoriales.

ii) Los intereses moratorios y la indexación no son acumulables y, en el sub lite, se
demostró que las sumas reconocidas a favor de la demandante, a título de
nivelación salarial por el período comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el
31 de diciembre de 2012 le fueron indexadas, lo que hace improcedente el
reconocimiento de intereses moratorios sobre valores ya indexados.

iii) Aunque en el expediente está demostrado que el pago se efectuó al transcurrir
más de un año después de la última de las resoluciones, es un término que,
jurisprudencialmente, se ha considerado como prudencial para ese efecto, lo que
impide la indexación al respecto.

iv) En lo que atañe a la condena en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
se impuso en contra de la demandante, en consideración a la gestión que debió
realizar la entidad demandada para ejercer su defensa en la litis.

1.4. El recurso de apelación

3 Folios 150 a 156.

9

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

La señora Myriam Julia Herrera Hernández, actuando por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación,4 que sustentó así:

i) Cuando el empleador incumple el pago oportuno de las acreencias laborales a
sus empleados, debe asumir las consecuencias; precisamente, entre sus
obligaciones está la de pagar oportunamente los salarios, pues, de no hacerlo, se
causan unos intereses de mora. En el sub lite, el empleado debió recibir, desde un
comienzo, el salario y prestaciones nivelados, pero como no ocurrió así, la entidad
debe resultar condenada al pago de los intereses correspondientes.

ii) En el proceso de homologación de que fue objeto el demandante, que inició en el
año 1997 se debieron asumir, en forma inmediata, los pagos respectivos; por lo
tanto, no es de recibo el argumento de que el largo plazo del proceso fue el que
originó los pagos tardíos.

iii) El personal administrativo depositó su confianza en el buen actuar de la
administración, pero esta, con su actuar tardío, desconoció los principios de la
función administrativa y los derechos de carácter laboral, pues estaba en la
obligación de pagar oportunamente la remuneración fijada para el cargo y las
prestaciones sociales, pero no lo hizo; de ahí que se cause el derecho a los
intereses moratorios reclamados, los cuales se originan desde el momento en que
surgió el derecho a percibir el salario homologado y no desde aquel en que se
expide el acto administrativo que ordena al pago del retroactivo, los cuales se deben
pagar en forma preferente y favorable en lugar de la indexación.

iv) No hay lugar a imponer condena en costas, toda vez que no se demostró un
actuar temerario doloso que imponga esa condena, sino que la gestión de la
demandante estuvo enmarcado en la buena fe.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

4 Folios 163 a 177.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

La Nación, Ministerio de Educación Nacional presentó alegatos de conclusión y
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,5 la parte demandante guardó
silencio durante esta etapa procesal.6

1.6. El Ministerio Público

La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto7 en el
cual solicitó confirmar la providencia recurrida, con excepción del numeral cuarto de
su parte resolutiva que dispuso la condena en costas, aspecto que pidió revocar,
toda vez que del análisis del criterio valorativo, no se infiere que haya sido viable
una condena en tal sentido.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer i) si la demandante tiene o no derecho al
reconocimiento y pago de los intereses comerciales y/o moratorios respecto de las
sumas otorgadas por concepto de retroactivo, producto de la homologación y
nivelación salarial; y ii) si procedía condenar en costas de primera instancia al
demandante.

2.2. Marco normativo

2.2.1. En torno a la homologación y nivelación salarial

A través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «nacionaliza[r] la educación
primaria y secundaria que oficialmente v[enían] prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».

5 Según informe secretarial que obra en folio 194 y el memorial registrado en el índice 15 de la

plataforma SAMAI.
6 Según informe secretarial que obra en folio 194.
7 Folio 194 y memorial registrado en el índice 17 de la plataforma SAMAI.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo 356,
se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados por la
Nación y las entidades territoriales; de igual manera, debía determinar el situado
fiscal, que comprendía «el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que
ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los
municipios, de los servicios que se les asignen».

En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal
se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
y la salud, en los niveles que la ley señale.

Producto de tal previsión constitucional, se expidió la Ley 60 de 19938, en la que se
dispuso la descentralización del sector educativo9 y, de ese modo, empezó la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación de ese servicio. En el parágrafo10 del artículo 15 ibidem, se determinó
que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos,
municipios y distritos; de igual manera, a través de los diferentes artículos de esa
normativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos,
a las entidades del orden territorial.

Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un proceso
de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o
nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el
régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían incorporados,

8 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
9 En el artículo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese

servicio.
10 El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los

servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la
presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los
derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a
la fecha de publicación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que
asuman las entidades territoriales».

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

como a los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido en la Ley 91 de
198911.

Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada ley general de la
educación, en cuyo artículo 147 se determinó que la Nación y las entidades
territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el legislador.
Además, en su artículo 148 se fijaron las competencias de la Nación, de manera
específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección y
vigilancia, y administración. En lo que respecta a la financiación de la educación
estatal, se consagró que se produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte
de los departamentos, los distritos y los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 60 de 1993, lo que se consideraban un gasto público social 12.

A través del Acto Legislativo 1 de 2001, en su artículo 2, en reemplazo del
denominado situado fiscal, se creó el Sistema General de Participaciones, con el
propósito de «atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los
distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su
prestación» y, en relación con aquellos que se destinarían para los departamentos,
distritos y municipios, se señaló que se daría prioridad a aquellos relacionados con
la salud y la educación preescolar, primaria, secundaria y media, entre otros, de
modo que se garantizara la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en
la población pobre.

11 Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: «El

régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».
12 Tales previsiones se consagraron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

Más adelante, por medio de la Ley 715 de 200113, se determinaron las competencias
tanto de la Nación como de las entidades territoriales, en materia de educación 14, y
a la primera de ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los recursos del Sistema
General de Participaciones, destinados a la cobertura de ese servicio. En dicha
norma se estableció el procedimiento que se debía seguir a efecto de incorporar las
plantas de personal financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones, a las entidades territoriales, así:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes
de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán
cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación
definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]
Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente
por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de
dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,

13 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
14 Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.

14

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de
acuerdo con esta.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron
renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente, serán
vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre,
deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1°
de febrero de 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes de prestación de
servicios por los departamentos o municipios, dentro de los dos meses antes y el 1°
de noviembre de 2000, demostrando solución de continuidad durante ese período, y
que cumplan los requisitos del cargo, serán vinculados de manera provisional durante
el año 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron
renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional,
previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido
suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de
la entidad territorial. […]

La incorporación de las plantas de personal aludidas «suponía, de un lado, que los
departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura
orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que
la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de
los empleos, como su nomenclatura y grado -que podían y pueden diferir-, sino de
manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de
responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales
específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual
debió cumplirse dentro del proceso de homologación»15.

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 10 del 30 de
junio de 2005, con destino a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación,
que tenía como propósito absolver las inquietudes formuladas con relación a la

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004,

M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

15

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del sector
educativo y de la consecuente nivelación salarial que se podía generar en las
respectivas entidades territoriales y, para ello, fijó las directrices a tener en cuenta
para llevar a cabo ese proceso.

En relación con la retroactividad de la homologación y nivelación salarial, en forma
concreta, en la aludida directiva se estableció que para determinar la deuda era
necesario que la entidad territorial realizara un listado de las reclamaciones,
indicando la fecha de cada una de ellas, y que la retroactividad tan solo se
concedería, en la medida en que el derecho no hubiera prescrito, según lo
consagrado en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código
Procesal Laboral. De igual manera, se determinó que la homologación y
consecuente incorporación conllevaría la nivelación salarial, lo cual se asumiría con
recursos del Sistema General de Participaciones, previa disponibilidad
presupuestal, pero que si no existía disponibilidad, la Nación se haría cargo; sin
embargo, en caso de que la homologación e incorporación se hubiera realizado
contrariando el orden jurídico, el respectivo municipio debía responder por ello con
sus recursos propios. Y, en forma concreta, en torno a la deuda, se definió lo
siguiente:

[…]
Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial deberá
enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, la liquidación individual
anualizada de la deuda, el estudio técnico que sirvió de base para la nivelación y
homologación, realizado de conformidad con lo previsto en el numeral A.1 de la
presente Directiva, y los actos administrativos correspondientes mediante los cuales
se hacen efectivas, todo lo anterior debidamente certificado por el gobernador o
alcalde y secretario de educación respectivos.

En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación que no
hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades territoriales, con la
debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
procedentes en aras de proteger los intereses del Estado (Nación, Departamento,
Distrito o Municipio), de lo cual informarán a este Ministerio en la misma oportunidad
a la que se refiere el inciso anterior. […]

2.2.2. En torno a los intereses comerciales y/o moratorios

16

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

El interés legal es un porcentaje, fijado por el legislador, para calcular el monto de
la indemnización en casos de mora, cuandoquiera que las partes no hubieran
pactado una suma por ese concepto y, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1617 del Código Civil, se fijó en un 6% anual.

Entre tanto, en el Código de Comercio, en su artículo 884 se estableció el interés
comercial, en el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, el
que debe ser empleado en casos en que no se hubiere hecho ninguna estipulación
convencional al respecto.

Adicionalmente, en el Estatuto Tributario, el interés moratorio se fijó en el
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para el respectivo mes de mora, tal como se determinó en
su artículo 635.

Valga aclarar, además, que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
lo que respecta al pago de las condenas judiciales impuestas a cargo de las
autoridades públicas, en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo se estableció que «las cantidades líquidas
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben
una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia o del auto»; no obstante, en caso de que transcurra un término
superior a 3 meses, posteriores a la ejecutoria, sin que el interesado acuda a la
entidad correspondiente a hacer efectiva la condena o la orden dada en una
conciliación, cesa la causación de los intereses correspondientes, hasta cuando se
presente la respectiva solicitud.

Ahora bien, para la determinación de los intereses moratorios en los casos
previamente señalados por el CPACA, en el artículo 195 ibidem se estableció que los
que se causan desde la ejecutoria corresponden a «una tasa equivalente al DTF»,
pero en caso de que venza el término de 10 meses previsto en el inciso segundo
del artículo 192 o el de 5 días señalado en el numeral 3 del aludido artículo 195, sin

17

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

que la entidad hubiera pagado el crédito reconocido judicialmente, el valor del
interés moratorio corresponderá al de la tasa comercial.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas, que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

i) El 22 de marzo de 2013,16 el secretario de educación del departamento de Caldas
expidió la Resolución 2180-6, por la cual reconoció y ordenó un pago a favor de la
demandante, producto de la homologación y nivelación salarial. En la parte
resolutiva del acto se relacionan, entre otros, los siguientes conceptos: sueldo,
prima técnica, bonificación servicios prestados, prima de servicios, bonificación
especial de recreación, prima de navidad e indexación. De sus consideraciones se
desprende lo siguiente:

Que por medio de Decreto departamental No 0337 del 2 de diciembre de 2010 se
modificó la homologación y nivelación salarial de los cargos administrativos de la
planta de personal del Departamento de Caldas – Sector Educación, financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones, que fue aprobada inicialmente por
el Decreto departamental 0339 del 20 de abril de 2007.

[…]
Que el Departamento de conformidad con lo anterior, mediante el Decreto 0339 del
20 de abril de 2007, homologó y niveló los cargos administrativos del personal
perteneciente a la planta de cargos del Departamento de Caldas pagada con
Recursos del Sistema General de Participaciones.

[…]
Que la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de Caldas
realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal administrativo
financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, por el período
comprendido a partir del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009, que arrojó
un valor bruto de (CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS) $57.341.662.202.oo pesos
que comprende: sueldos, prima técnica, prima de antigüedad, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación especial de
recreación, sueldo vacacional, indemnización de vacaciones, prima de navidad, horas
extras y cesantías personal retirado.

16 Folios 49 a 52.

18

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

ii) El 22 de agosto de 2013,17 la Secretaría de Educación del departamento de
Caldas expidió la Resolución 5568-6, por medio de la cual aclaró el acto
administrativo anterior. Para tal efecto incluyó un valor por concepto de ajuste a la
indexación y, en razón de ello, manifestó lo siguiente:

Que en la Resolución número: 2180-6 del [sic] marzo 22 de 2013, se liquidó por
concepto de indexación, tomando como índice inicial el mes de febrero de 1997, e
índice final el 31 de diciembre de 2010, fecha de reconocimiento de la deuda por el
Ministerio de Educación nacional (IPC FINAL 201.66).

Que una vez verificado el valor adeudado por concepto de indexación a cada
funcionario, se observó una diferencia entre el valor total calculado por el Ministerio
de Educación Nacional y el valor calculado por la Secretaría de Educación, lo cual
obliga a la SED a hacer el correspondiente ajuste, liquidando el valor inicial de la
indexación teniendo como base el IPC inicial del mes de enero de 1997 (IPC INICIAL
80,92).

iii) El 20 de mayo de 2015,18 la Secretaría de Educación de Caldas expidió la
Resolución 4142-6, por medio de la cual modificó el acto administrativo anterior en
cuanto a los valores reconocidos por los conceptos ya citados, e, incluso, ordenó un
ajuste a la indexación.

iv) El 25 de febrero de 2016, el profesional universitario de la Secretaría de
Educación de Caldas emitió certificación en la cual consta que los valores
reconocidos por concepto de retroactivo de homologación y nivelación salarial al
demandante a través de las Resoluciones 2180-6 del 22 de marzo de 2013,
aclaratoria núm. 5568-6 del 22 de agosto de 2013 y modificatoria 4142-6 del 20 de
mayo de 2015, se pagaron el 15 de abril de 2013; dentro de la certificación se
señalan, en forma discriminada, los valores devengados y el valor correspondiente
a la indexación.

v) El 29 de julio de 2015,19 la demandante, por intermedio de su apoderado, formuló
petición ante la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, con miras a
que se reconocieran a su favor los intereses moratorios por el pago tardío de la

17 Folios 53 a 55.
18 Folio 58.
19 Folios 37 a 41.

19

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

homologación y nivelación salarial, desde cuando el derecho se hizo exigible hasta
cuando se produjo el pago efectivo, los cuales se deben liquidar mes por mes, año
por año, conforme al interés corriente bancario.

vi) El 11 de septiembre de 2015,20 la Secretaría de Educación del departamento de
Caldas expidió la Resolución 8450-6, por la cual dio respuesta a la anterior petición
en los siguientes términos:

[…]
Que respecto de los intereses moratorios el Ministerio emitió comunicado número
2014ER11113 del 28 de marzo de 2014; en el cual manifiestan que el reconocimiento
de los intereses moratorios tiene un objetivo y es sancionador y penalizar
económicamente a quienes incurran en mora o incumplimiento de sus obligaciones,
la cual se establece a título de indemnización de perjuicios, desde el momento en que
el deudor se constituye en mora de pagar a su acreedor.

[…]
Que por lo anterior y en caso (sic) que nos ocupa, el cual corresponde a los pagos
que se realizaron por concepto de retroactivo de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo; no resulta razonable la exigencia de interese (sic)
moratorios toda vez que no existe mora en el pago de las obligaciones laborales por
parte del empleador sino una simple equiparación de cargos como consecuencia de
una decisión administrativa del Estado […]

vii) El 2 de marzo de 2017,21 la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
expidió la Resolución 1687-6 mediante la cual negó el derecho a los intereses
moratorios reclamados por la demandante.

viii) El 17 de julio de 2017,22 la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
emitió la Resolución 5378-6, por la cual modificó el acto administrativo anterior, en
el sentido de indicar que aquel resolvía el recurso de reposición interpuesto en
contra de la primera decisión, la cual no se reponía.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. La reclamación de intereses moratorios respecto de los valores
reconocidos por homologación y nivelación salarial

20 Folios 31 y 32.
21 Folios 33 a 35.
22 Folio 36.

20

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

A fin de analizar el problema jurídico planteado, se debe señalar que, según la
demanda, la pretensión de la señora Herrera Hernández está orientada a que se
reconozcan, a su favor, los intereses moratorios de las sumas concedidas por
concepto de nivelación salarial, como resultado de la homologación de que fue
objeto, efecto para el cual solicitó tener en cuenta lo previsto en los artículos 1608,
1617 y 1649 del Código Civil.

Para resolver la controversia anterior, se debe indicar que en Concepto 1607 de
2004, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 23 se
analizó lo relativo al proceso de homologación aludido y se resolvieron las
inquietudes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los siguientes
términos:

[…]
1. Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización
del servicio educativo, previa la homologación de los cargos previstos en las plantas
de personal nacional y departamentales en lo relacionado con la clasificación,
funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los empleos,
incorporan en iguales o equivalentes condiciones el personal administrativo que
reciban en virtud de la certificación.

2. En virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Acto Legislativo No. 1 de 2001, que
modificó el artículo 357 de la Constitución, el Sistema General de Participaciones
debió comprender en la base inicial, a 1º de noviembre de 2000, los costos
provenientes de la homologación e incorporación del personal administrativo
realizada por las entidades territoriales con fundamento en la ley 60 de 1993. Si así
no se hizo y los mayores costos por los conceptos mencionados provienen de
homologaciones realizadas conforme a la normatividad aplicable para la
adopción de las plantas, la Nación debe asumirlos; de lo contrario, serán de
cargo de los departamentos.

3. En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de los dispuesto en la ley 715 de 2001, si el proceso se
cumplió conforme a derecho y existe disponibilidad, debe asumirlos el SGP; si
no existe disponibilidad, serán de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio
homologó e incorporó al personal administrativo contrariando el orden jurídico,
responderá con sus recursos propios. [Se resalta]. […]

Bajo el marco anterior, y a fin de decidir el fondo del asunto, la Sala debe señalar
que para llevar a cabo el proceso de homologación y nivelación salarial que, en

23 M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

21

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

últimas, dio lugar a que se produjera el pago del retroactivo correspondiente a los
años 1997 a 2009, se tuvieron que surtir diferentes gestiones por parte de la
administración, entre ellas, las siguientes:

i) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 10 del 30 de junio de 2005,
producto del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en la cual se estableció el procedimiento para hacer efectiva la
homologación de cargos.

ii) Atendiendo la directiva aludida, mediante el Decreto 0399 de 20 de abril de 2007,
el departamento de Caldas homologó y niveló los cargos administrativos de esa
entidad territorial.

iii) El departamento presentó ante el Ministerio de Educación Nacional, un estudio
técnico de ajuste a la homologación y nivelación salarial, el cual fue aprobado
mediante Oficio 2009EE29765 del 1 de junio de 2009.

iv) A través del Decreto 0337 del 2 de diciembre de 2010 se modificó la
homologación y nivelación salarial de los cargos administrativos de la planta de
personal del departamento de Caldas.

v) En consecuencia, y después de liquidar y revisar el retroactivo a pagar, la Unidad
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Caldas expidió
el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3500003137 del 7 de marzo de 2012,
con el propósito de pagar la nivelación y homologación del personal administrativo.

vi) Por medio de las Resoluciones 2180-6 del 22 de marzo de 2013, 5568-6 del 22
de agosto de 2013, aclaratoria, y 4142-6 del 20 de mayo de 2014, modificatoria, el
departamento de Caldas liquidó y pagó a la demandante las sumas
correspondientes a la homologación y nivelación salarial, con inclusión de la
correspondiente indexación y ajuste a esta.

Sobre lo anterior, es preciso clarificar lo siguiente:

22

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

En primer lugar, tal como se desprende de las actuaciones desarrolladas con miras
a realizar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo que pasó a hacer parte de la Secretaría de Educación del
departamento de Caldas, este tuvo ocurrencia en el año 2007, producto del Decreto
0399 del 20 de abril de ese año.

En el expediente está demostrada la fecha en que se produjo el pago de las
diferencias salariales que resultaron del aludido proceso, esto es, el 15 de abril de
2013.24 Los aludidos pagos, tuvieron como sustento las Resoluciones 2180-6 del 22
de marzo de 2013, 5568-6 del 22 de agosto de 2013, aclaratoria, y 4142-6 del 20
de mayo de 2014, modificatoria, en las cuales no solo se ordenó el reconocimiento
y pago de las diferencias salariales y prestacionales producto del proceso de
homologación y nivelación salarial, sino que también se ordenó la indexación
de los valores correspondientes.25

Hecha la anterior precisión se debe señalar que en el expediente no figura el
Decreto 0399 del 20 de abril de 2007, por el cual se produjo la homologación y
nivelación salarial con el fin de determinar si en él se reconocieron intereses
moratorios o si se indexó la suma ordenada o si se abstuvo de realizar tales
reconocimientos, carga procesal que correspondía a la parte demandante, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16726 del Código General
del Proceso, según el cual «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»27.
En consecuencia, el análisis tan solo se circunscribirá a verificar si procedía el
reconocimiento de los intereses moratorios respecto de las sumas reconocidas por
concepto de la homologación y nivelación salarial ordenada a favor del

24
Folio 58.
25 Tal como se enunció en las pruebas relacionadas en los numerales i), ii) y iii) del acápite «2.3

Hechos probados» de esta providencia.
26 Artículo 167.Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho

de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
27 Valga aclarar, en todo caso, que la petición de intereses moratorios de que trata la demanda, tan

solo se radicó el 27 de julio de 2015, es decir que, incluso, si se hubiera allegado prueba, el derecho
estaría prescrito, pues se hubiera tratado sobre intereses de una suma reconocida mediante una
resolución del año 2008, es decir, que transcurrieron por lo menos 7 años, entre el acto que reconoció
el derecho y la reclamación de los intereses moratorios derivados de este.

23

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

demandante, a través de las Resoluciones 2180-6 del 22 de marzo de 2013, 5568-
6 del 22 de agosto de 2013, aclaratoria, y 4142-6 del 20 de mayo de 2014,
modificatoria.

Al respecto, la Sala advierte que en las resoluciones previamente citadas la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas reconoció y ordenó el pago
por concepto de la homologación y nivelación salarial, lo que comprendió no solo
los valores correspondientes al sueldo, prima técnica, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, bonificación especial por recreación y prima de
navidad, sino que también se reconoció una suma por concepto de la indexación,28
y ajuste a la indexación.29 La disposición anterior, en torno a la actualización de
las sumas debidas cumplió con la finalidad de evitar que la accionante se viera
afectada por la pérdida del valor adquisitivo de las sumas causadas por concepto
de las diferencias salariales y prestacionales.

Ahora bien, la demandante pretende el reconocimiento de intereses moratorios
sobre las sumas anteriores, en el entendido de que se trata de diferencias salariales
y prestacionales que se habrían causado desde el 10 de febrero de 1997 y hasta el
31 de diciembre de 2009, es decir, que la administración las habría pagado en forma
tardía y que por el cumplimiento extemporáneo de su obligación se debió causar
una penalidad en su contra. No obstante, esta Corporación ya ha tenido oportunidad
de pronunciarse en forma contraria a la pretensión de intereses moratorios en
procesos con identidad fáctica a la planteada en el sub examine, así:

Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como tal de
homologación se consolidó desde 1997 hasta 2009 y que el pago del retroactivo al
libelista se dio hasta el año 2013, lo cierto es que no se observa que en modo alguno
el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento de Caldas hayan incurrido en
una dilación injustificada del pago a través de maniobras dolosas o evasivas que
buscaran enervar la obligación, sino que en efecto se debieron surtir múltiples etapas
propias e inherentes al desembolso y transferencia de recursos de la Nación a
entidades territoriales, en las que además se efectuaron sendos ajustes, pero todo

28 Que, según Resolución 2180-6 del 22 de marzo de 2013, correspondió a la suma de $17.643.347.

Folios 49 a 52.
29 Ordenada en la Resolución 4142-6 del 20 de mayo de 2015, por valor de $2.575.816. Folios 56 y

57.

24

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

bajo el entendido de que se canceló el monto correspondiente a la indexación para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo.

Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían que
primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la medida que conforme
se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa justificante de la
tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el reconocimiento de una
actualización monetaria con base en el IPC y no el pago de una indemnización por
mora, habida cuenta de que tampoco se demostró el actuar doloso de la
administración para evitar cumplir con la obligación, aunado al hecho de que en el
contexto normativo aplicable al asunto, no se previó expresamente el reconocimiento
de dicha sanción en caso de dilación en el proceso en comento, lo cual convalida el
actuar de las demandadas, así como el acto cuestionado.30

Por último, es importante aclarar que esta Subsección también ha concluido que es
improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios pretendidos, por las
siguientes razones:

De igual manera, tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos similares31 no
puede concluirse que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un interés,
deba acudirse en subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil,32 pues
en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las partes
involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso,
el reconocimiento de las sumas de dinero obedecieron a la homologación y nivelación
que debió realizarse para que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a
la nueva reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos de los empleos del nivel territorial.

Finalmente, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios33 en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2020,

radicación: 17001233300020170061701, número interno: 1124-2019; M.P. William Hernández
Gómez.
31 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, Consejero ponente William
Hernández Gómez, número interno 0905-2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2017, Consejera
ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 2077-2015. »
32 Cita propia del texto transcrito «ARTICULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE

DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la
mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. […]»
33 Cita propia del texto transcrito: «Señala el artículo 884 del Código de Comercio Modificado por el

Art. 111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes
no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente
y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990».

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Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo
nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco
hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.

Se debe precisar que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte
el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho,
supuestos, que no se evidencian en el presente asunto.34

Con base en el anterior antecedente, se debe concluir que como los intereses
pretendidos en la demanda no estaban contemplados en norma expresa que los
autorice o que faculte su cobro, tampoco es procedente acceder a las pretensiones
de la demanda, y esta constituye una razón adicional para confirmar la sentencia
proferida por el a quo que las resolvió en forma desfavorable en lo relativo al pago
de los intereses pretendidos.

Por otro lado, y en torno a la condena en costas impuesta a cargo de la parte
demandante en la sentencia de primera instancia la Sala considera necesario
señalar que la postura de la Subsección ha estado orientada a considerar que, a
causa de la evolución normativa y en razón a las reglas contenidas en el artículo
356 del Código General del Proceso, la condena en costas, en la actualidad, se rige
por un criterio objetivo valorativo. Así se discurrió en la providencia en la que se hizo
el análisis pertinente:

a- En virtud de lo anterior y conforme la evolución normativa del tema, puede
concluirse que el legislador cambió su posición al respecto35, para regular la condena
en costas a ambas partes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo con un
criterio netamente objetivo, excepto en cuanto corresponda a los procesos en los que
se ventile un interés público, en los cuales está legalmente prohibida la condena en
costas.
[…]

El análisis anterior permite las siguientes conclusiones básicas sobre las costas:

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2018,
radicación 73001-23-33-000-2014-00221-01, número interno: 1914-15, M.P. William Hernández
Gómez.
35 Cita propia del texto transcrito «Teniendo en cuenta los criterios por los cuales la Corte

Constitucional en la sentencia C-043 de 2004 declaró exequible la expresión “teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes podrá”»

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Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –
CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP36, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

En el presente caso, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 393 del
Código de Procedimiento Civil, condenó en costas a la parte demandante y fijó como
agencias en derecho el 1% del valor de las pretensiones.

La anterior decisión la fundamentó en el Acuerdo 1887 de 200337 del Consejo
Superior de la Judicatura, el cual prevé que las tarifas máximas de agencias en
derecho se establecen en salarios mínimos legales mensuales vigentes o en un
porcentaje hasta del 20% relativo al valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia.

[…]

36 Cita propia del texto transcrito «“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en
derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en
primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al
proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas:(…)”»
37 Cita propia del texto transcrito «Artículos 3.º y 4.º en concordancia con el numeral 3.1.2 del artículo 6.º.»

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Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

En consecuencia, la condena en costas impuesta por el a quo estuvo ajustada a
derecho.38 [Resalta la Sala]

Bajo el anterior criterio y en atención a las consideraciones allí expuestas, las cuales
se acogen, en su integridad, a efecto de resolver la controversia que se analiza, se
advierte que en el expediente está demostrado que las entidades demandadas sí
ejercieron la defensa durante el trámite de la primera instancia, en forma escrita,
con los memoriales de contestación de la demanda39 y alegatos de conclusión,40 y,
en forma presencial, con su asistencia durante la audiencia inicial;41 por lo tanto, se
debe concluir que sí confluyeron los criterios objetivo y valorativo para que el tribunal
impusiera una condena al respecto, a cargo de la parte demandante.

En efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debe haber una
disposición o decisión acerca de la condena en costas, bien sea imponiéndola o
absteniéndose de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió condenar en
costas.

Ahora bien, en virtud del criterio valorativo era necesario que el juez revisara si las
costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de acuerdo con la
actividad que efectivamente hubiera desplegado la parte contraria, en ejercicio de
la defensa de los intereses de su representado; así, en el caso en estudio y de
acuerdo a las actuaciones que se relacionaron con antelación, se hizo evidente que
los apoderados de las dos entidades que conformaron la parte demandada
ejercieron el derecho de defensa, bien sea presentando memoriales de contestación
de la demanda y alegatos de conclusión o acudiendo a la audiencia inicial ejerciendo
la representación judicial que les fue encomendada.

En torno al punto anterior, es importante aclarar que si bien es cierto la demandante

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación:

13001-23-33-000-2013-00022-01, número interno: 1291-2014, M.P. William Hernández
Gómez.
39 Folios 82 a 99 y 104 a 107.
40 Folios 142 y 143.
41 Como consta en el acta de folios 132 a 135.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

advierte que no hubo mala fe en su actuar y, por ello, no procede la condena en
costas; sin embargo, es oportuno señalar que esta Sala ha considerado que para la
valoración que debe realizar el juez, con miras a determinar si hay o no lugar a
imponer costas, no se incluye el aspecto relativo a la mala fe o temeridad de las
partes, pues, de lo que se trata es de verificar la actuación o gestión que haya
realizado la parte contraria a aquella a la cual le resultan desfavorables las
pretensiones y no de evaluar la conducta leal, adecuada, prudente, oportuna y
decorosa de la parte que resulta vencida en la actuación, pues tales circunstancias
no impiden la imposición de la condena en costas.

Las razones anteriores dan lugar a considerar que no procede revocar la condena
en costas impuesta en primera instancia, por el a quo.

2.5. La condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,42 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA., concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas; que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia; y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,43 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en consideración
que aunque el recurso de alzada le fue resuelto desfavorablemente, el análisis
realizado por la Sala, da lugar a concluir que no se debe imponer condena al
respecto.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que i) la señora Myriam Julia Herrera Hernández no tiene derecho al
reconocimiento, liquidación y pago de intereses moratorios y/o legales sobre el valor
concedido por concepto del retroactivo de homologación y nivelación salarial
reconocido; y ii) no es procedente revocar la condena en costas de primera instancia
impuesta en contra de la parte demandante. Con base en lo anterior, se confirmará
la sentencia recurrida y no se condenará en costas de segunda instancia a la
accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

43«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00116 01 (4510-19)
Demandante: Myriam Julia Herrera Hernández

F AL L A

Primero. Confirmar la sentencia del 14 de junio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas en el proceso promovido por Myriam Julia herrera
Hernández contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento
de Caldas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia según lo
expuesto en las consideraciones que anteceden.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG

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