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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00152-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00152-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 30 Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020) Demandante: Alberto Jiménez Valencia Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda presentada por el señor Alberto Jiménez Valencia contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Caldas, por los motivos manifestados en las consideraciones de este fallo. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00152-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento de Caldas,
Secretaría de Educación

Temas: Intereses moratorios o legales por homologación y nivelación
salarial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante y la entidad
demandada1, contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión por medio de la cual declaró
fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
el Departamento de Caldas, no probadas las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva, prescripción y genérica formuladas por el Ministerio de
Educación Nacional, reconoció por «razones de equidad y de justicia» un periodo
de indexación, y negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1 Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Alberto Jiménez Valencia formuló demanda
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la
nulidad de las Resoluciones Nos. 6878-6 de 1 de septiembre y 9475-6 de 4 de
diciembre de 2017, expedidas por la Secretaría de Educación del Departamento de
Caldas, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de los intereses de
mora por el pago tardío del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y
homologación salarial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) condenar al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de
Educación departamental, a reconocer y pagar los intereses moratorios por el
desembolso tardío de la homologación y nivelación salarial, los cuales deben ser
liquidados a la tasa del interés bancario corriente, por períodos de treinta días, una
vez ocurrido el incumplimiento; ii) liquidar y pagar los intereses reclamados, con
base en el capital neto cancelado, sin incluir el valor que se reconoció por concepto
de indexación salarial; iii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos
del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; iv) disponer el pago de los intereses moratorios en los términos
ordenados por el artículo 192 ibidem; y v) condenar en costas a la entidad
demandada, en caso de que presente oposición a las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Alberto Jiménez Valencia prestó sus servicios en la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas, en calidad de personal administrativo.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

ii) En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación
Nacional expidió la Resolución 3500 de 1996, mediante la cual certificó al
departamento de Caldas para la administración del servicio educativo.

iii) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607
del 9 de diciembre de 2004, indicó que las entidades territoriales tenían el deber de
realizar la nivelación salarial y aseguró que la diferencia del mayor valor debía ser
asumida por la Nación.

iv) En el año 2008, el Departamento de Caldas, Secretaría de Educación, efectuó el
estudio técnico con el propósito de homologar y nivelar los cargos, el cual se aprobó
por la directora de descentralización del Ministerio de Educación Nacional, a través
del Oficio 2007EE6185 del 21 de diciembre de 2007.

v) Como consecuencia de lo anterior, el departamento expidió el Decreto 0353 de
15 de diciembre de 2010, por medio del cual se produjo la homologación y nivelación
de los cargos administrativos de la Secretaría de Educación, financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones.

vi) Mediante Resolución 1841-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución
4194-6 de 26 de junio de 2013 y modificada por la Resolución 9012-6 del 11 de
diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría
de Educación departamental, reconoció y ordenó el pago a favor del señor Alberto
Jiménez Valencia de un retroactivo por concepto de homologación y nivelación
salarial, con fecha de constitución de la obligación desde el 10 de febrero de 1997
hasta el 31 de diciembre de 2009.

vii) En el año 2010, el departamento de Caldas pagó los valores homologados e
incorporó a partir del 1.º de enero de 2011 al personal administrativo. De
conformidad con el certificado de pago expedido por la Secretaría de Educación de
Caldas, el retroactivo salarial se reconoció al demandante a partir del 10 de febrero
de 1997 hasta el año 2002; el pago se efectuó hasta el 15 de abril de 2013, al igual

3

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

que el retroactivo correspondiente al ajuste de indexación, esto es, en forma
extemporánea, puesto que desde el momento en que fue trasladado a la planta de
cargos de la entidad territorial, debió percibir la diferencia salarial correspondiente.

viii) El 31 de marzo de 2017, el señor Jiménez Valencia solicitó a la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas el reconocimiento y pago de intereses
moratorios por el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial
del personal administrativo adscrito a esa entidad.

ix) Mediante las Resoluciones Nos. 6878-6 de 1 de septiembre y 9475-6 de 4 de
diciembre de 2017, la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas negó
lo solicitado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209, 350 de la
Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil y 177 del
Código Contencioso Administrativo.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) La homologación es un procedimiento mediante el cual se comparan las funciones
y requisitos de un empleo existente en una planta de personal, para encontrar su
cargo equivalente en la planta receptora, en este caso, como resultado de la
descentralización del servicio de educación.

ii) La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno
al empleo del demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los intereses
moratorios reclamados violó la ley, en la medida en que pretendió equiparar los
intereses a la indexación cuando ambos provienen de una fuente distinta.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

iii) En el caso bajo análisis se debe tener en cuenta el principio general del derecho
según el cual lo accesorio corre la suerte de lo principal, de modo que si el derecho
al retroactivo por homologación y nivelación salarial se hubiera extinguido, igual
hubiera ocurrido respecto de la obligación accesoria de pagar los intereses
moratorios derivados de la tardanza por parte del Estado; por lo tanto, es viable
reclamar tales intereses dentro de los tres años siguientes al pago tardío de la
homologación salarial pues fue el momento en que se conoció que no se habían
ordenado.

iv) Las entidades, dentro de los estudios técnicos, no proyectaron el pago de
intereses como resultado de la aprobación del pago tardío de la homologación; por
lo tanto, la controversia al respecto debe someterse a instancias judiciales como la
de la referencia.

v) El reclamo de los intereses moratorios obedece a que la administración canceló
las sumas resultantes de la homologación y nivelación salarias varios años después
de haberse causado y en la certificación en que consta su pago no se refleja por
concepto de intereses.

vi) El artículo 53 de la Constitución Política establece, como principio fundamental,
la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos de los trabajadores; por lo tanto, la
administración no puede desconocerlos o desmejorarlos a su antojo, en perjuicio
del trabajador y, para el caso concreto, ese incumplimiento se evidencia en la
omisión de reconocer los intereses reclamados.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Departamento de Caldas

El Departamento de Caldas, por intermedio de apoderado, contestó la demanda 2 y
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a

2 Folios 62 a 69.

5

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

continuación:

i) Cuando se produjo la homologación y nivelación salarial, los recursos fueron
pagados en forma oportuna a cada uno de sus beneficiarios. Además, los dineros
recibidos por la demandante fueron indexados, por lo cual no tiene derecho a
reclamar la sanción moratoria en calidad de intereses en tanto que con ello el
departamento de Caldas incurriría en una doble sanción.

ii) El departamento no está legitimado en la causa por pasiva toda vez que fue el
Ministerio de Educación Nacional el que asignó los recursos para el reconocimiento
de la homologación salarial. Adicionalmente, propuso las excepciones de buena fe,
inexistencia de la obligación a inaplicabilidad de los intereses moratorios.

1.2.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional

La entidad accionada, por intermedio de apoderado, contestó la demanda 3 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:

i) Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 establecieron el procedimiento para incorporar
las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones a las
plantas de personal de las entidades del orden territorial y, en el caso bajo análisis,
tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación y homologación de cargos,
lo que generó los costos derivados del estudio técnico.

ii) En el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que los recursos de participación
para la educación serían destinados para financiar la prestación del servicio
educativo y el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
públicas.

iii) A través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005 se establecieron las

3 Folios 71 a 90.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

directrices orientadas a que se produjera la homologación, así como los criterios y
procedimiento necesarios para el efecto; además, se impuso en las entidades
territoriales, la obligación de ajustar sus plantas de personal y todo ese proceso se
siguió en el caso analizado, sin que ello dé lugar al reconocimiento de los intereses
pretendidos.

iv) Finalmente, el apoderado de la entidad planteó las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva e ineptitud de la demanda.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión mediante sentencia proferida
el 23 de septiembre de 2019,4 declaró fundada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el Departamento de Caldas, no probadas las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y genérica
formuladas por el Ministerio de Educación Nacional, reconoció por «razones de
equidad y de justicia» un periodo de indexación, negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.

i) Producto del proceso de descentralización de la educación, los cargos al servicio
de ésta que estaban adscritos a la Nación, debieron ser asumidos por las entidades
territoriales, las cuales empezaron a responder por la educación pública. Como
consecuencia de ello, los departamentos y municipios debían asumir esos cargos,
para lo cual se debían ajustar a las plantas propias, proceso denominado
homologación; ahora bien, a raíz de lo anterior se debían realizar los ajustes
salariales y prestacionales, lo que derivó en el reconocimiento de las diferencias
que surgieran de tal proceso.

ii) En lo que respecta a los intereses moratorios, estos son incompatibles con la
indexación y no son acumulables; por lo tanto, como se demostró que a la parte

4 Folios 138 a 144.

7

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

demandante se le reconoció la indexación de las sumas concedidas a título de
nivelación salarial, es improcedente reconocer los intereses moratorios que
reclama.

iii) Al revisar, en detalle, la situación planteada, se hace evidente que el
reconocimiento de los valores causados por homologación y nivelación salarial se
produjo mediante Resolución 9012-6 de 11 de diciembre de 2014, y, en ella, no solo
se ordenó el pago de capital correspondiente, sino de la indexación por el período
del 11 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2012. Como el señor Jiménez
Valencia no planteó reparo alguno en torno al valor liquidado, incluso, con corte a la
expedición de dicha resolución, se debe entender que convino con lo que en ella se
decidió.

iv) Finalmente, sostuvo:

De las pruebas allegadas se constata, de acuerdo a la certificación expedida por la
Secretaría de educación de Caldas, que el pago reconocido (…) se hizo a través de
la entidad bancaria el día 15 de abril de 2013 y posteriormente se canceló el ajuste
de la indexación en el mes de diciembre de 2014, pero con fecha de indexación inicial
del 11 de febrero de 1997 y final de diciembre de 2012.

Por lo tanto, la indexación a que tuviera derecho a la parte actora se liquidaría del 1
de enero de 2013 al 14 de abril de 2013 (…)

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. El señor Alberto Jiménez Valencia, actuando por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación,5 tendiente al reconocimiento y pago de intereses
moratorios, con ocasión del pago tardío de la homologación y nivelación salarial que
sustentó así:

i) La sentencia usada como referencia por el a quo no es aplicable a la presente
controversia porque lo pretendido no es el pago de intereses moratorios sobre
sumas indexadas ni sobre sumas reconocidas en sentencia judicial. Lo que se

5 Folios 147 a 159.

8

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

reclama es el pago de los intereses moratorios causados por el pago tardío de la
homologación y nivelación salarial sobre el capital neto sin indexación.

ii) Si bien la indexación y los intereses de mora son conceptos con una finalidad
diferente y, en ese sentido, los intereses moratorios por el pago incumplido de
obligaciones dinerarias deben ser vistos como una sanción y nunca como una
prestación social como lo concluyó el a quo, lo cierto es que no son incompatibles
pues de la lectura de los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011, lo que se
advierte es que en caso de condenas a sumas líquidas de dinero estas deberán ser
ajustadas con base en el IPC y también devengarán intereses de mora en caso de
no ser pagadas oportunamente. Si se considera su incompatibilidad, en virtud del
principio de favorabilidad, se deben reconocer los intereses moratorios corrientes,
lo cual cubre el componente inflacionario y el indemnizatorio, es decir, la
devaluación de la moneda y el resarcimiento de los perjuicios económicos
causados.

iii) Independientemente de la forma de vinculación, de la relación laboral surgen una
serie de cargas u obligaciones de ambas partes y en especial para el empleador
corresponde pagar en forma cumplida y completa los salarios y prestaciones
sociales, de manera que un incumplimiento al respecto le implicaría asumir las
consecuencias económicas de su actuar, a fin de resarcir los perjuicios que cause.
Obligación que tiene sustento en los artículos 90 Constitucional; 1617 del Código
Civil; y en el derecho establecido en el numeral 1.º del artículo 33 de la Ley 734 de
2002. Al respecto, en Sentencia C – 188 de 1999, la Corte Constitucional señaló
que «las entidades de derecho público, están obligadas a asumir las consecuencias
de su retraso en el cumplimiento de las respectivas obligaciones, pagando los
respectivos intereses en las mismas condiciones que se le exige al administrador;
aún más justificable cuando son de carácter laboral».

1.4.2. El apoderado de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, actuando
por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación,6 que sustentó así:

6 Folios 160 a 171.

9

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

i) En el presente lo solicitado no resulta de demoras en el proceso de homologación
e incorporación del personal administrativo, toda vez que el mismo se desarrolló a
cabalidad y entera satisfacción, pues en realidad esta mora se desencadenó por
cuenta del pago tardío por parte del Departamento de Caldas, razón que considera
suficiente para que se declare una falta de legitimación en la causa por parte de la
cartera ministerial a la que representa.

ii) Es claro que la entidad no es el titular de la obligación objeto de la presente
demanda, en razón a que no tuvo injerencia en los trámites administrativos
efectuados para el reconocimiento y pago de las obligaciones reclamadas por la
accionante, y mucho menos en las posteriores reclamaciones.

iii) Finalmente solicitó que se exonere al Ministerio de Educación Nacional del pago
de la indexación monetaria por la tardanza en la cancelación del retroactivo por
parte del Departamento de Caldas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante7

La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.

1.5.2. Parte demandada8

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de su apoderado,
descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.

7 Índice 14 de Samai.
8 Índice 12 de Samai.

10

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

1.6. El Ministerio Público

Guardó silencio.
2. Consideraciones

2.1. Asunto previo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3289 de Código General del Proceso,
cuando se trata de apelante único, el juez de segunda instancia se debe pronunciar
sobre los asuntos materia de reproche invocados por los recurrentes; No obstante,
en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin
limitaciones.

En el presente caso, la parte demandante y la Nación- Ministerio de Educación
Nacional presentaron recurso de apelación, por lo que se resolverá sin limitación.

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el demandante tiene o no derecho a i) el
reconocimiento y pago de los intereses comerciales y/o moratorios respecto de las
sumas otorgadas por concepto de retroactivo, producto de la homologación y
nivelación salarial y ii) si procede la indexación de valores durante periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 14 de abril de 2013, tal y como fueron

9 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

11

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

reconocidos por el a quo por razones de equidad y justicia. En caso de que el
anterior problema jurídico se resuelva favorablemente, se procederá a estudiar la
falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional.

2.3. Marco normativo

2.3.1. En torno a la homologación y nivelación salarial

A través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «nacionaliza[r] la educación
primaria y secundaria que oficialmente v[enían] prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».

Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo 356,
se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados por la
Nación y las entidades territoriales; de igual manera, debía determinar el situado
fiscal, que comprendía «el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que
ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los
municipios, de los servicios que se les asignen».

En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal
se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
y la salud, en los niveles que la ley señale.

Producto de tal previsión constitucional, se expidió la Ley 60 de 1993 10, en la que
se dispuso la descentralización del sector educativo11 y, de ese modo, empezó la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la

10 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
11 En el artículo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese

servicio.

12

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

prestación de ese servicio. En el parágrafo12 del artículo 15 ibidem, se determinó
que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos,
municipios y distritos; de igual manera, a través de los diferentes artículos de esa
normativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos,
a las entidades del orden territorial.

Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un proceso
de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o
nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el
régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían incorporados,
como a los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido en la Ley 91 de
198913.

Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada ley general de la
educación, en cuyo artículo 147 se determinó que la Nación y las entidades
territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el legislador.
Además, en su artículo 148 se fijaron las competencias de la Nación, de manera
específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección y
vigilancia, y administración. En lo que respecta a la financiación de la educación
estatal, se consagró que se produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte
de los departamentos, los distritos y los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 60 de 1993, lo que se consideraban un gasto público social14.

12 El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los

servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la
presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los
derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a
la fecha de publicación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que
asuman las entidades territoriales».
13 Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: «El

régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».
14 Tales previsiones se consagraron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.

13

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

A través del Acto Legislativo 1 de 2001, en su artículo 2, en reemplazo del
denominado situado fiscal, se creó el Sistema General de Participaciones, con el
propósito de «atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los
distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su
prestación» y, en relación con los recursos que se destinarían para los
departamentos, distritos y municipios, se señaló que se daría prioridad a aquellos
relacionados con la salud y la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
entre otros, de modo que se garantizara la prestación y la ampliación de coberturas
con énfasis en la población pobre.

Más adelante, por medio de la Ley 715 de 200115, se determinaron las competencias
tanto de la Nación como de las entidades territoriales, en materia de educación 16, y
a la primera de ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los recursos del Sistema
General de Participaciones, destinados a la cobertura de ese servicio. En dicha
norma se estableció el procedimiento que se debía seguir a efecto de incorporar las
plantas de personal financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones, a las entidades territoriales, así:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes
de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán
cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación
definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]
Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente

15 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
16 Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de
dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de
acuerdo con esta.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron
renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente, serán
vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre,
deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1°
de febrero de 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes de prestación de
servicios por los departamentos o municipios, dentro de los dos meses antes y el 1°
de noviembre de 2000, demostrando solución de continuidad durante ese período, y
que cumplan los requisitos del cargo, serán vinculados de manera provisional durante
el año 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron
renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional,
previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido
suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de
la entidad territorial. […]

La incorporación de las plantas de personal aludidas «suponía, de un lado, que los
departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura
orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que
la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de
los empleos, como su nomenclatura y grado -que podían y pueden diferir-, sino de

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de
responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales
específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual
debió cumplirse dentro del proceso de homologación»17.

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 10 del 30 de
junio de 2005, con destino a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación,
que tenía como propósito absolver las inquietudes formuladas con relación a la
viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del sector
educativo y de la consecuente nivelación salarial que se podía generar en las
respectivas entidades territoriales y, para ello, fijó las directrices a tener en cuenta
para llevar a cabo ese proceso.

En relación con la retroactividad de la homologación y nivelación salarial, en forma
concreta, en la aludida directiva se estableció que para determinar la deuda era
necesario que la entidad territorial realizara un listado de las reclamaciones,
indicando la fecha de cada una de ellas, y que la retroactividad tan solo se
concedería, en la medida en que el derecho no hubiera prescrito, según lo
consagrado en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código
Procesal Laboral. De igual manera, se determinó que la homologación y
consecuente incorporación conllevaría la nivelación salarial, lo cual se asumiría con
recursos del Sistema General de Participaciones, previa disponibilidad
presupuestal, pero que si no existía disponibilidad, la Nación se haría cargo; sin
embargo, en caso de que la homologación e incorporación se hubiera realizado
contrariando el orden jurídico, el respectivo municipio debía responder por ello con
sus recursos propios. Y, en forma concreta, en torno a la deuda, se definió lo
siguiente:

Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial deberá
enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, la liquidación individual
anualizada de la deuda, el estudio técnico que sirvió de base para la nivelación y
homologación, realizado de conformidad con lo previsto en el numeral A.1 de la
presente Directiva, y los actos administrativos correspondientes mediante los cuales

17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004,

M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

se hacen efectivas, todo lo anterior debidamente certificado por el gobernador o
alcalde y secretario de educación respectivos.

En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación que no
hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades territoriales, con la
debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
procedentes en aras de proteger los intereses del Estado (Nación, Departamento,
Distrito o Municipio), de lo cual informarán a este Ministerio en la misma oportunidad
a la que se refiere el inciso anterior.

2.3.2. En torno a los intereses comerciales y/o moratorios

El interés legal es un porcentaje, fijado por el legislador, para calcular el monto de
la indemnización en casos de mora, cuandoquiera que las partes no hubieran
pactado una suma por ese concepto y, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1617 del Código Civil, se fijó en un 6% anual.

Entre tanto, en el Código de Comercio, en su artículo 884 se estableció el interés
comercial, en el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, el
que debe ser empleado en casos en que no se hubiere hecho ninguna estipulación
convencional al respecto.

Adicionalmente, en el Estatuto Tributario, el interés moratorio se fijó en el
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para el respectivo mes de mora, tal como se determinó en
su artículo 635.

Valga aclarar, además, que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
lo que respecta al pago de las condenas judiciales impuestas a cargo de las
autoridades públicas, en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo se estableció que «las cantidades líquidas
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben
una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia o del auto»; no obstante, en caso de que transcurra un término
superior a 3 meses, posteriores a la ejecutoria, sin que el interesado acuda a la
entidad correspondiente a hacer efectiva la condena o la orden dada en una

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

conciliación, cesa la causación de los intereses correspondientes, hasta cuando se
presente la respectiva solicitud.

Ahora bien, para la determinación de los intereses moratorios en los casos
previamente señalados por el CPACA, en el artículo 195 ibidem se estableció que los
que se causan desde la ejecutoria corresponden a «una tasa equivalente al DTF»,
pero en caso de que venza el término de 10 meses previsto en el inciso segundo
del artículo 192 o el de 5 días señalado en el numeral 3 del aludido artículo 195, sin
que la entidad hubiera pagado el crédito reconocido judicialmente, el valor del
interés moratorio corresponderá al de la tasa comercial.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

i) El 22 de marzo de 2013,18 la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas
expidió la Resolución 1841-6, por la cual reconoció y ordenó un pago a favor del
demandante, por concepto de ajuste de la homologación y nivelación salarial. En su
parte resolutiva se observa, además, un pago por valor de $33.607.734, por
concepto de indexación de las sumas adeudadas. De sus consideraciones se
desprende lo siguiente:

Que en atención a lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 10 de 2005 y en la
Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, y que en consecuencia la Secretaría de Educación del Municipio de
Manizales, elaboró y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio
técnico para el correspondiente Ajuste a la Homologación y nivelación salarial
antes definida, con base en la modificación presentada por el Departamento de
Caldas, mediante Decreto; de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos
para el desempeño del cargo y el de recomendar el nivel, cargo y grado salarial que
se debe asignar.

(…)
Que la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de
Manizales realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal
administrativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, por el

18 Folios 29 a 32 del cuaderno principal.

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período comprendido a partir del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009que
arrojó un valor bruto de […]

Que por lo expuesto, es procedente ordenar el pago de los valores adeudados a
personal administrativo de las Instituciones Educativas, por concepto de Ajuste a la
Homologación y Nivelación salarial.

ii) El acto administrativo anterior, fue aclarado por la Resolución N.º 4194-6 de 26
de junio de 2013,19 y modificado por la Resolución N.º 9012-6 de 11 de diciembre
de 2014.20

iii) En el mes de febrero de 2016, la profesional universitaria del Área de Recursos
Humanos de la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación
del departamento de Manizales expidió certificación en la cual consta que los
valores por concepto de retroactivo de AJUSTE A LA HOMOLOGACIÓN Y
NIVELACIÓN SALARIAL reconocidos al demandante a través de los actos antes
mencionados, se pagaron el 15 de abril de 2013.21

iii) El 31 de marzo de 2017,22 la parte actora, por intermedio de su apoderado,
formuló petición ante la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, con
miras a que se reconocieran a su favor los intereses moratorios por el pago tardío
de la homologación y nivelación salarial, desde cuando el derecho se hizo exigible
hasta cuando se produjo el pago efectivo.

iv) El 11 de septiembre de 2017,23 la Secretaría de Educación del departamento del
Manizales expidió la Resolución N.º 6978-6, por el cual dio respuesta a la anterior
petición en los siguientes términos:

Qué teniendo en cuenta que este ministerio aprobó el estudio de
homologación de administrativos de la secretaría educación se procedió
a actualizar en nómina a las nuevas denominaciones y salarios y efectuar
los pagos con los nuevos sueldos.

19 Folios 33 a 35 del cuaderno principal
20 Folios 36 y 37 del cuaderno principal.
21 Folio 38 del cuaderno principal.
22 Folios 13 a 17 del cuaderno principal
23 Folios 16 y 17 del cuaderno principal.

19

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

(…)
Que respecto de los intereses moratorios al ministerio de mi tío comunicado
número 2014ER1113 del 28 de marzo de 2014; en el cual manifiestan que el
reconocimiento de los intereses moratorios tiene un objeto y es el sancionar y
penalizar económicamente a quienes incurran en mora o incumplimientos
obligaciones, la cual se establece a título de indemnización de perjuicios,
desde el momento en que el deudor se constituye en mora de pagar a su
acreedor.
(…)
Qué por lo anterior y en caso que nos ocupa, el cual corresponde los pagos
que se realizaron por concepto de retroactivo de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo; no resulta razonable la exigencia de
intereses moratorios toda vez que no existe mora en el pago de las
obligaciones laborales por parte del empleador sino una simple equiparación
de cargos como consecuencia de una decisión administrativa del Estado
fundamentada (…= La cual tiene un procedimiento legal establecido el cual
permitió determinar el monto y reconocer y para establecer cuál es eran las
fuentes de financiación y la asignación de recursos para el pago, por lo tanto
no podría hablarse de un retardo injustificado imputable al deudor que lleve la
obligación a un estado patológico que justifique el pago de los perjuicios
traducidos a los intereses moratorios.

Que por medio de actos administrativos individualizados y debidamente
motivados emitidos en el mes de diciembre 2014 se modificaron las
resoluciones expedidas en el año 2013, por medio de los cuales se efectuaron
los pagos por concepto de revisión y ajuste del proceso de homologación y
Nivelación salarial; y en los cuales no se había efectuado el reconocimiento de
la indexación con vigencia de la fecha en la que se efectuó el pago en el año
2013; de igual manera tampoco se efectuó reconocimiento de pago de
intereses moratorios reclamados por los funcionarios; cuyo reconocimiento de
personería jurídica para actuar se le concedió a la doctora (…) a lo peticionado;
por lo que no se encuentra a paz y salvo alguno de la gestión que debe darle
el peticionario a esta administración.

Que la sumas canceladas por este concepto, fueron en su momento indexadas
de tal manera que se tradujeron en el valor real de la acreencias al momento
de su pago efectivo, lo cual hacía que fuera la forma idónea de impedir el
deterioro inflacionario de los conceptos salariales adeudados, garantizando de
esta manera la aplicación efectiva del principio de equidad y particularmente
del mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la carta política, de
conformidad con el cual los principios mínimos fundamentales del derecho al
trabajo.

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

v) El 20 de septiembre de 2017, el actor interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación,24 el cual fue resuelto el 4 de diciembre de 2017, a través de
Resolución N.º 9475-6, confirmando la decisión inicial.25

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos en el departamento de Caldas implicó el
reconocimiento y pago de un retroactivo correspondiente a los años 1997 a 2009,
el cual estaba sujeto al cumplimiento de requisitos legales para su
perfeccionamiento.

En esa medida, en atención al concepto expedido por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado26 y a la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005,
el Ministerio de Educación Nacional puntualizó un procedimiento y presentó unos
criterios para tener en cuenta en el proceso de homologación y nivelación salarial,
entre los cuales estaba la elaboración de un estudio técnico y la determinación de
los efectos retroactivos de la deuda, en los siguientes términos:

EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN

Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y nivelación
salarial, es preciso que la entidad elabore un listado de las reclamaciones recibidas,
indicando en cada caso, la fecha de presentación de la misma. Con base en este listado,
debe proceder a determinar el monto de las deudas respectivas.

Solo se reconocerá el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos que no
hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículo 102 y 103 del Decreto
1848 de 1969y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a las cuales las acciones que
emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo del titular del
derecho o prestación debidamente determinado, recibido por el empleador, interrumpe la
prescripción por un lapso igual.

24 Folios 26 a 28 del cuaderno principal.
25 Folios 8 y 19 del cuaderno principal.
26 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de fecha 9 de
diciembre de 2004, Número 1607.

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

De igual manera, tanto el Ministerio de Educación Nacional como el departamento
de Caldas, llevaron a cabo cada uno de los pasos para materializar la homologación
y nivelación salarial; procedimiento que requirió de varios ajustes, en atención
precisamente a las reclamaciones que se efectuaron por parte de los funcionarios
administrativos y sus apoderados, que incluyó:

i) La elaboración del estudio técnico y su modificación que fue aprobado por la
Nación (Ministerio de Educación Nacional) mediante concepto jurídico 2007ER9711,
comunicado el 30 de marzo de 2007, y tras la nueva solicitud de la Secretaría de
Educación del Departamento, el Ministerio de Educación mediante oficio
2009EE29765 del 1.º de junio de 2009 aprobó la modificación.

ii) La homologación y nivelación de los cargos en el departamento de Caldas, que
incluyó la asignación de la correspondiente denominación de código, grado y
asignación mensual, determinado en la planta de cargos homologados, al personal
administrativo del sector educación.

iii) La certificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de la deuda
correspondiente al retroactivo producto del ajuste de la homologación y nivelación
salarial fue realizada mediante el Oficio 2011EE63868 del 5 de octubre de 2012.

iv) El 28 de diciembre de 2012, la Gobernación de Caldas y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, acordaron celebrar el acuerdo de pago para reconocer
la deuda del personal administrativo de la Secretaría de Educación de Caldas, entre
ellos, la demandante.

v) El 24 de diciembre de 2012, se celebró contrato de encargo fiduciario irrevocable
de administración de pagos entre el departamento de Caldas y Fiduciaria Bogotá
S.A.

vi) La Secretaría de Educación del municipio de Manizales expidió la Resolución
1841-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4194-6 de 26 de junio
de 2013, y modificada, a su vez, por la Resolución 9012-6 de 11 de diciembre de

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

2014, se liquidó a partir del 10 de febrero de 1997 hasta 31 de diciembre de 2009,
y el pago se realizó el 15 de abril de 2013.

De lo anterior se colige que el proceso de homologación y nivelación salarial del año
1997 al 2009 se materializó después de cumplir con los requerimientos legales y el
cumplimiento de la totalidad de las etapas, que eran de obligada observancia para
las entidades demandadas.

Con fundamento en lo anterior y a fin de abordar los problemas jurídicos planteados,
a continuación, la Sala se pronunciará sobre i) el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo derivado del proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas; y ii) la procedencia de la indexación de
valores por el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2013 y el 14 de abril de
2013.

2.5.1. Sobre el reconocimiento de intereses moratorios

De los valores relacionados en los actos administrativos mencionados no se
observa que en manera alguna el Ministerio de Educación Nacional o el
departamento de Caldas hayan incurrido en una dilación injustificada del pago, toda
vez que este fue realizado el 15 de abril de 2013.

Además, el departamento de Caldas ordenó la indexación de las sumas
reconocidas, tal y como se relacionó anteriormente, con lo que mantuvo el valor o
poder adquisitivo constante de la moneda en razón de la depreciación que sufrió
por el paso del tiempo sin aumentar su valor nominal, salvaguardando, de este
modo, la equidad e igualdad laboral que echa de menos la demandante en la medida
que trajo a valor presente la suma adeudada, fundado en principios constitucionales
como la equidad, la justicia y la reparación plena,27 lo que se verifica al constatar los

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de

mayo de 2013, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 25000 23 24 000
2006 00986-01

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Demandante: Alberto Jiménez Valencia

valores totalizados por el pagador que corresponden al mayor valor que incluye la
indexación, tal y como lo certificó la entidad territorial el 2 de marzo de 2016.28

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de intereses moratorios,
conforme lo ha señalado esta Sección en asuntos similares29 no hay lugar a ellos.
toda vez que:

i) Por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar previstos en
una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de estos
para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoció el derecho.

En el sub lite se impone colegir que tampoco se generó a cargo de la entidad el
pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo
este entendido comoquiera que no se dijo nada al respecto en la resolución que
reconoció el retroactivo y tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no
procede, el reconocimiento de los intereses moratorios.

ii) No es procedente acudir a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil, 30
pues en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las
partes involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya se
expuso, el reconocimiento de las sumas de dinero obedeció a la homologación y

28 Folio 31.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 9 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número de radicación 08001-
23-31-000-2014-00852-01 (2624-2019): (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2019, C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 660012333000-2016-00565-01 (4947-2018); (iii) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1
de marzo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación 73001-23-33-000-2014-
00265-01 (3484-2015).
30 «Artículo 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar

una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. […]»

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nivelación que debió realizarse para que las plantas de personal administrativo, se
ajustaran a la nueva reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura,
funciones y requisitos de los empleos del nivel territorial.

2.5.2. Sobre la procedencia de la indexación

Respecto a las sumas reconocidas por el a quo, en el numeral tercero de la
sentencia de primera instancia, a título de indexación del valor total recibido por
concepto de retroactivo homologación y nivelación salarial menos lo recibido por
indexación de los conceptos referidos entre el 1.º de enero de 2013 y el 14 de abril
del mismo año, conviene precisar que una de las características que circunscriben
las actuaciones judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
refieren a que el proceso se desarrolla de manera general bajo la justicia rogada, y
solo de manera excepcional, cuando la misma ley lo autoriza, o cuando se observan
situaciones de evidente vulneración de garantías constitucionales que ameritan la
protección inmediata, se permite la actuación oficiosa de los jueces.

En ese sentido resulta claro que los medios de control instituidos deben
desarrollarse con base en los presupuestos fácticos y jurídicos que determine la
parte activa quien debe presentar sus peticiones con precisión, claridad y
completitud, sin que le sea dado al juez fijar circunstancias más gravosas para el
Estado, pues se presume la buena fe y diligencia de sus decisiones en virtud del
principio de legalidad, debido proceso, derecho de defensa y contradicción que
reposan sobre la base constitucional y que evitan que una de las partes sea
sorprendida con decisiones que afecten sus intereses cuando aquello no fue objeto
de debate en la definición del litigio.

Lo anterior con base en el principio procesal de la congruencia contenido en el
artículo 281 del CGP, que dispone las bases para que dentro del proceso exista
coherencia entre lo pretendido con la demanda, lo discutido, lo probado y lo que
consecuentemente resuelva la autoridad judicial atendiendo a los límites
determinados por los extremos procesales que en ella participan. La excepción a la
regla se contempla legalmente e implica que el juez podría fallar más allá o por fuera

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de lo solicitado por las partes en asuntos concretos y determinados. Al respecto, la
norma dispone:

Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si
así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por la demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

Parágrafo 1.º En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando
sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o
adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir
controversias futuras de la misma índole.

Parágrafo 2.º En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en
cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la
justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho
agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de
tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez
de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o
probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto
del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos
e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten
estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho
agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o
parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles
indígenas.

En materia laboral el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social consagra esa posibilidad así:

Artículo 50. Extra y ultra petita. El Juez podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o
indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido
discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas
mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son
inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que
no hayan sido pagadas.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

Al respecto esta Subsección ha fijado una posición restrictiva sobre su uso como
quedó expuesto en la sentencia del 7 de octubre de 201931 que precisó lo siguiente:

Le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el fallo de primera instancia es
incongruente porque (i) lo solicitado en vía gubernativa (ii) las pretensiones de la demanda
(iii) los argumentos del concepto de violación y (iv) la defensa de la entidad demandada,
no corresponden con lo que se decidió, esto es, el reconocimiento y pago de horas extras
En otros términos, nos encontramos ante la presencia de una sentencia extra petita, que
si bien en materia laboral es procedente, dado que el juez puede pronunciarse sobre el
pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, con
fundamento en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; lo cierto, es que el ejercicio
de dicha facultad procede siempre y cuando los hechos que los originen hayan sido
discutidos en el proceso y estén debidamente probados, circunstancia que no ocurrió en
el sub judice, como se evidenció. En conclusión y toda vez que en la providencia apelada
se concedió un derecho que no fue reclamado en la vía judicial, la Sala de Subsección
está de acuerdo en afirmar que vulneró los derechos al debido proceso, audiencia y
defensa de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

En el mismo sentido, en providencia del 30 de mayo de 2019 esta Corporación
señaló:32

Se evidencia que el Tribunal accionado, al confirmar la sentencia de primera instancia, se
pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por la demandante y con ello hizo más
gravosa su situación y transgredió el principio de congruencia al fallar de
forma extra petita. Efectivamente, la corporación judicial decidió estudiar la forma en que
debía fijarse la prima de antigüedad y llegó a la conclusión de que la misma no debía
concretarse sobre un 38.5 % del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del
58.5 % de aquella. Sobre el particular, se recuerda que el artículo 281 del Código General
del Proceso, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 de la Ley
1437 de 2011, dispuso que las sentencias deben ser consonantes con los hechos y
pretensiones de la demanda, con las demás oportunidades previstas en el Código y con
las excepciones probadas. Así mismo, señaló que el demandado no puede condenarse
por objeto distinto al pretendido en la demanda ni por una causa distinta. En esa línea de
pensamiento, se precisa que las sentencias judiciales deben ser congruentes con lo
solicitado y discutido en el proceso, lo cual constituye una garantía del debido proceso y
del derecho de defensa. Sin embargo, en el caso bajo estudio el Tribunal Administrativo
de Casanare transgredió este principio al ir más allá de lo solicitado en la demanda.
Ciertamente, la labor de la corporación judicial se limitaba a examinar si el [actor]
demostró la ilegalidad del acto administrativo demandado, pero no podía hacer más
gravosa su situación y afectar los porcentajes que ya le había reconocido la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 7 de octubre de 2019. Radicado 66001 23 31 000 2012 00065 01 (3706/14).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 30 de mayo de 2019. Radicado 11001 03 15 000 2019 01946 00.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

En conclusión, en criterio de la Sala no es dable proferir decisiones con base en
asuntos que no han sido discutidos por las partes en vía administrativa y que
tampoco fueron planteados en la demanda.

En efecto, en el presente caso, se observa que la parte demandante no planteó el
reconocimiento de indexación sobre las sumas reconocidas desde la fecha del acto
que así lo ordenó hasta la fecha real de pago, como tampoco hizo mención en su
escrito de demanda a la actualización monetaria. Sin embargo, el a quo ordenó una
indexación que correspondía a la generada desde la fecha de expedición de la
mentada decisión hasta el momento puntual del pago, determinación que evidencia
un análisis que supera los extremos propios del período solicitado con la demanda.

Adicionalmente, se encuentra probado que la Secretaría de Educación del
departamento de Caldas efectuó la liquidación indexada de las sumas adeudadas
año a año, esto es, entre 1997 y 2009, con lo que se constata que sí hubo
compensación efectiva por el retraso en el pago de aquella obligación.

Por lo anterior, el haber impuesto una condena en primera instancia concerniente a
una indexación bajo criterios de equidad y justicia sin que ésta hubiese sido
pretendida, implica que el fallo impugnado fue más allá de lo que constituía materia
de decisión al margen de la argumentación esbozada, cuando en realidad, la
situación concreta no encaja en ninguno de los supuestos excepcionalmente
contemplados tanto legal como jurisprudencialmente para la procedencia de tal
pronunciamiento extra petita.

Finalmente, en consideración a que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la
demanda, la Sala, por sustracción de materia, no se referirá a la falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada por la parte demandada en el recurso de apelación.

2.5. De la condena en costas

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201633, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Ahora, al margen de este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la demandante, en la medida que a pesar de que resultó vencida en
segunda instancia, lo cierto es que se revocará parcialmente la decisión apelada, lo
cual permite al juez abstenerse de fijar la carga en comento según el numeral 5.°
del artículo 365 del CGP.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio, la Sala
considera que el demandante no tiene derecho a los intereses moratorios que
solicita por cuanto quedó acreditado que no hubo retardo en el pago de la obligación,
toda vez que se realizó después de adelantar el cumplimiento de las etapas
señaladas en la Ley, e igualmente no estaban incluidos en el documento que
reconoció el derecho ni existe norma que los consagre expresamente.

De igual forma, no tiene derecho a la indexación ordenada por el a quo toda vez
que esta no fue pretendida, y la situación concreta no encaja en ninguno de los
supuestos excepcionalmente contemplados tanto legal como jurisprudencialmente
para la procedencia de un pronunciamiento extra petita en el que se reconozca la
referida indexación.

En ese orden de ideas, la Sala revocará el numeral tercero de la sentencia apelada,
en cuanto dispuso:

CUARTO: RECONOCER POR RAZONES DE EQUIDAD Y JUSTICIA, QUE POR PARTE DE LA NACIÓN,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SE LE RECONOZCA A LA PARTE ACTORA UNA INDEXACIÓN
TENIENDO COMO BASE LA SUMA DE $21.892.980, Y COMO LÍMITES TEMPORALES PARA LA
LIQUIDACIÓN DEL 1.º DE ENERO DE 2013 Y EL 14 DE ABRIL DE 2013 (…)

En todo lo demás se confirmará la sentencia del 23 de septiembre de 2009, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de
septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de
Decisión por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00152-01 (0474-2020)
Demandante: Alberto Jiménez Valencia

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda presentada por el señor Alberto Jiménez Valencia contra la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y
el Departamento de Caldas, por los motivos manifestados en las consideraciones
de este fallo.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

GMSM

31

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