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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00222-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00222-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 18 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°. Revócase la decisión extra petita acerca del pago de la indexación de las sumas causadas desde el 1°. de enero hasta el 14 de abril de 2013, de conformidad con lo indicado en la motivación. 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00222-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Demandante : José Óscar Hernández Valencia
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional y
departamento de Caldas – secretaría de educación
Tema : Reconocimiento de intereses moratorios respecto de
homologación y nivelación salarial

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte
accionante y la Nación – Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia
de 18 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual negó las súplicas de la demanda, pero reconoció, en uso de
facultades extra petita, la indexación de unas sumas dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 2 a 14). El señor José Óscar Hernández Valencia,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el departamento de Caldas – secretaría de educación, para
que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 7647-6 de 5 de
octubre y 10063-6 de 21 de diciembre, ambas de 2017, a través de las cuales se
le negó al demandante los intereses moratorios generados con ocasión del pago
tardío del retroactivo de la homologación y la nivelación salarial, en su
condición de servidor administrativo de la secretaría de educación del referido
ente territorial.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada reconocer y sufragar «[…] los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores
a su causación – 10 de Febrero de 1997 al año 2002 - y en adelante hasta el
día en que fue efectivo el pago total […], esto es, el día 15 de Abril de 2013»

Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

(sic), liquidados con base en el capital neto, sin incluir el concepto de la
indexación salarial; por último, se condene en costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que el Ministerio de Educación
Nacional, por medio de Resolución 3500 de 12 de agosto de 1996, certificó al
departamento de Caldas para la administración del servicio educativo, motivo
por el cual la Nación transfirió al personal administrativo que tenía a su cargo a
ese ente territorial, incluido él, lo que implicaba la homologación de empleos y
nivelación de salarios, dado que «[…] en la mayoría de casos el personal de
carácter Departamental o Municipal contaba con un nivel salarial superior
al del personal administrativo de orden Nacional» (sic).

Que, mediante Decreto 399 de 20 de abril de 2007, modificado con el 337 de 2
de diciembre de 2010, el departamento de Caldas homologó y niveló los cargos
administrativos de la secretaría de educación financiados con recursos del
sistema general de participaciones, previa aprobación por parte de la
mencionada cartera, con concepto jurídico 2009EE29765 de 1°. de junio de
2009.

Afirma que, con Resoluciones 1825-6 de 22 de marzo y 4187-6 de 26 de junio,
ambas de 2013, y 8991-6 de 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de
Educación Nacional, por intermedio de la referida secretaría de educación,
reconoció y ordenó pagar a su favor el retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial, «[…] indicando de forma expresa en su
artículo primero la fecha de constitución de la obligación, esto es, desde el 10
de febrero de 1997 hasta el 31 de Diciembre de 2009» (sic), sin embargo, el
pago «[…] fue efectuado solo hasta el 15 de Abril de 2013» (sic), lo que genera
la obligación de sufragar intereses moratorios.

Agrega que el 5 de abril de 2017 solicitó de la secretaría de educación de Caldas
el reconocimiento de los citados intereses moratorios, negado con las
Resoluciones acusadas.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123,
209 y 350 de la Constitución Política; 1608 (numerales 1 y 2), 1617 y 1649 del
Código Civil; 16 de la Ley 446 de 1998; 177 del Código Contencioso
Administrativo y 12 del Convenio 95 de 1949 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

Arguye que el procedimiento de homologación «[…] se configuraba en una
tarea y un deber por parte de la Nación y sus Entes Territoriales, dentro del
proceso de descentralización efectuar previamente la homologación de cargos
antes de efectuarse la incorporación de los empleados a las plantas de cargos
territoriales y con ello salvaguardar los principios de equidad e igualdad en
materia laboral».

Que, «[m]ediante Resolución No. 1825-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por
la Resolución 4187-6 de 26 de junio de 2013 y modificada por la Resolución
8991-6 del 11 de Diciembre de 2014, se ordenó el reconocimiento y pago de un
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial a [su] favor
[…] desde el momento en que es vinculado(a) a la planta de la Entidad
Territorial (10 de Febrero de 1997), No obstante, dicha obligación solamente
fue cancelada el 15 de Abril de 2013, situación que a todas luces demuestra la
mora en que incurrieron las Entidades demandas, en el pago de las acreencias
laborales producto del proceso de descentralización educacional […]» (sic).

1.5 Contestaciones de la demanda:

1.5.1. Nación – Ministerio de Educación Nacional (ff. 53 a 70). La cartera
accionada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos
son ciertos, unos parcialmente, otros no le constan y los demás no comportan
situaciones fácticas; y propuso la excepción denominada falta de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto no emitió el acto administrativo acusado y
«[…] impartió directrices a las diferentes entidades territoriales para el
procedimiento de Homologación, su función no va más allá de eso, puesto que
como se explicó anteriormente la responsabilidad debido a la
descentralización de la educación autorizada por la Ley radica en Cabeza de
la entidad territorial a la cual está vinculada el docente que reclama su
derecho. Razón por la cual se carece de los soportes documentales e históricos
labo[rales], las que si reposan en las Secretarias de las entidades territoriales
correspondientes […]» (sic). De igual forma, planteó las excepciones de
prescripción e ineptitud de la demanda.

1.5.2 Departamento de Caldas (ff. 80 a 83). El departamento de Caldas, por
intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso
las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva,
caducidad, buena fe, inexistencia de la obligación con fundamento en la ley,

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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

inaplicabilidad de los intereses moratorios y prescripción. Asevera que no es
dable aplicar doble sanción por un mismo hecho.

1.6 La providencia apelada (ff. 128 a 138 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Caldas, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2019, negó las súplicas de
la demanda, pero reconoció, en uso de facultades extra petita, la indexación de
unas sumas (sin condena en costas), al estimar que «[…] el proceso de
nivelación salarial para el caso concreto tuvo su fundamento en la necesidad
legal de incorporar el empleo de la parte demandante, que era de orden
nacional, a la planta de cargos del departamento, y que ante la diferencia
salarial y prestacional entre uno y otro, debían reconocerse los mayores
valores resultantes de dicha homologación actualizados al momento del pago,
sin que el mismo tuviera la connotación del pago tardío de una obligación».

Sin embargo, sostiene que «[…] desde el día siguiente a la fecha final de
indexación -1° de enero de 2013- hasta la fecha del pago efectivo -15 de abril
de 2013-, existe un lapso que no fue indexado, lo que en sentir de esta Sala
amerita ordenar la respectiva actualización […] haciendo uso de la facultad
extra petita y por razones de equidad y justicia».

Por último, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento de Caldas y dispuso que la Nación – Ministerio de Educación
Nacional debía cumplir la orden impartida.

1.7 Recursos de apelación.

1.7.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional (ff. 154 a 165). Este ente,
por intermedio de su apoderado, formula recurso de apelación, toda vez que (i)
no hubo una dilación injustificada del pago por concepto de nivelación salarial;
y (ii) la indexación ordenada no fue solicitada en sede administrativa, ni en la
demanda incoada ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. De igual
manera, aduce que en el proceso se configura la falta de legitimación en la causa
por pasiva, comoquiera que no profirió el acto administrativo cuya nulidad se
depreca.

1.7.2 Parte accionante (ff. 141 a 153 vuelto). Inconforme con el anterior fallo,
el demandante interpuso recurso de apelación, puesto que «[e]n el presente
caso, se reclama el pago de intereses de mora, por el cumplimiento tardío de
obligaciones de carácter laboral, sin embargo el juzgador, considera que para

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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

que [ello] proceda […] debe existir una norma que expresamente [los] regule
[…] en lo que concierne al tema de la homologación y nivelación salarial,
omitiendo su deber legal y constitucional de hacer uso de la analogía […]»
(sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 3 de marzo
de 2020 (ff. 171 y 172) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 30
de noviembre de 2021 (f. 177), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 18 de febrero de 2022 (f. 179), para que aquellas alegaran
de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovecha por los recurrentes1.

2.1.1 Parte demandante. Por intermedio de apoderado, reitera lo expuesto en
el escrito de alzada y expresa «El juzgador reconoce en el fallo de primera
instancia que, las sumas pagadas fueron indexadas y por tanto, concluye que
no es válido reconocer los intereses de mora, pero pierde de vista que la
condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso del
tiempo, sería los intereses de mora, los cuales comportan tanto un componente
inflacionario como indemnizatorio; emolumentos que durante los alegatos de
conclusión de primera instancia, se solicitaron se pagaran de forma preferente
y favorable, en lugar de la indexación, debido a la injustificada demora en el
pago de dichas acreencias laborales».

2.1.2 Nación – Ministerio de Educación Nacional. La cartera demandada, por
medio de apoderado, sostiene que «[…] el reconocimiento del pago de
indexación no es aplicable, puesto que es utilizado como herramienta para
actualizar sumas de dinero y en este caso en particular la sala ha determinado
reconocer dicha prestación que en el ordenamiento jurídico y conforme a lo
determinado en la norma y la jurisprudencia no es procedente ya que no existió
solicitud ni agotamiento de la vía administrativa, por tanto se deduce que la
condena extrapetita se desvía de la homologación y nivelación salarial
solicitada por la parte demandante» (sic); e insiste en su falta de legitimación

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5

Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

en la causa.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problemas jurídicos. Corresponde en esta oportunidad a la Sala2
determinar si (i) al demandante le asiste derecho al reconocimiento de intereses
moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la
homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
adscrito al sector educativo del departamento de Caldas; (ii) es dable emitir
decisión extra petita dentro de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo;
y, en caso de ser afirmativa alguna de las mencionadas hipótesis, (iii) si la
Nación – Ministerio de Educación Nacional carece de legitimación en la causa
por pasiva o, por el contrario, es la que debe dar cumplimiento a la orden
impartida en este proceso.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Oficios 2007EE13671 de 30 de marzo de 2007 y 2009EE29765 de 1° de
junio de 2009 (ff. 38 a 40), por cuyo conducto el Ministerio de Educación
Nacional informa a la secretaría de educación de Caldas de la aprobación del
estudio técnico de homologación y nivelación salarial de la planta
administrativa de cargos y de su respectiva modificación.

b) Constancia expedida por la secretaría de educación de Caldas el 25 de febrero
de 2016 (f. 37), de acuerdo con la cual el accionante recibió, el 15 de abril de
2013, la suma de $66.158.008 generada con el procedimiento de homologación
salarial.

c) Por medio de las Resoluciones 1825-6 de 22 de marzo y 4187-6 de 26 de
junio, ambas de 2013 (ff. 28 a 31 y 32 a 34), y 8991-6 de 11 de diciembre de
2014 (ff. 35 y 36), la secretaría de educación de Caldas reconoció y liquidó el
pago a favor del actor, por concepto de homologación y nivelación salarial que

2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
6

Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

se generó durante el período del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de
2009, sumas que fueron indexadas desde la fecha inicial hasta el 31 de
diciembre de 2012, para un monto total de $50.837.316.

d) El 5 de abril de 2017 el demandante pide de la secretaría de educación de
Caldas el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados entre el
10 de febrero de 1997 y el 15 de abril de 2013, por cuenta de la cancelación
tardía de la nivelación salarial (ff. 19 a 23).

e) Mediante Resoluciones 7647-6 de 5 de octubre y 10063-6 de 21 de
diciembre, ambas de 2017 (ff. 15 a 18 vuelto), la secretaría de educación de
Caldas negó al accionante el pago de los intereses moratorios reclamados, por
cuanto las sumas sufragadas por concepto del retroactivo del procedimiento de
homologación y nivelación salarial, «[…] fueron en su momento indexadas de
tal manera que se tradujeran en el valor real de la acreencia al momento de su
pago efectivo, lo cual hacia que fuera la forma idónea de impedir el deterioro
inflacionario de los conceptos salariales adeudados, garantizando de esta
manera la aplicación efectiva del principio de equidad y, particularmente del
mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta Política […]».

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor hizo parte
del personal administrativo del servicio educativo oficial que, como
consecuencia de la descentralización de este, fue homologado y nivelado
salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Caldas;
(ii) con las Resoluciones 1825-6 de 22 de marzo y 4187-6 de 26 de junio, ambas
de 2013, y 8991-6 de 11 de diciembre de 2014, tal ente territorial reconoció al
accionante el retroactivo resultante de la nivelación salarial por el período
comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009, sumas
que fueron indexadas desde la fecha inicial hasta el 31 de diciembre de 2012;
(iii) un valor superior al reconocido en tales actos administrativos fue cancelado
el 15 de abril de 20133; y (iv) mediante Resoluciones 7647-6 de 5 de octubre y
10063-6 de 21 de diciembre de 2017, la secretaría de educación de Caldas negó
el reconocimiento y pago de intereses moratorios, solicitado por el demandante,
al estimar que la mencionada obligación fue satisfecha de manera oportuna, en
los términos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional y debidamente
indexada.

3
Obra en el expediente constancia expedida por la secretaría de educación de Caldas que da cuenta de que el
pago se efectuó en dicha fecha y, además, fue un hecho aceptado por las partes en la demanda y en la
contestación a esta.
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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
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Al respecto, cabe precisar que la homologación y nivelación salarial para el
personal administrativo de la secretaría de educación de Caldas se dio como
resultado de la descentralización del servicio educativo ordenada por las Leyes
60 de 19934 y 715 de 20015. En este sentido, la sala de consulta y servicio civil
de esta Corporación, en concepto 1607 de 9 de diciembre de 20046, expresó:
«Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de
descentralización del servicio educativo, previa la homologación de los cargos
previstos en las plantas de personal nacional y departamentales en lo
relacionado con la clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y
remuneración, etc. de los empleos, incorporan en iguales o equivalentes
condiciones el personal administrativo que reciban en virtud de la
certificación».

Con fundamento en dicha consulta, el Ministerio de Educación Nacional
mediante la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución 2171
de 17 de mayo de 20067, fijó el procedimiento que debían seguir las entidades
territoriales para la homologación de la planta de personal administrativo,
adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema general de
participaciones.

Por medio de oficio 2007EE13671 de 30 de marzo de 2007, la referida cartera
aprobó el estudio técnico de homologación y nivelación salarial efectuado por
el departamento de Caldas. Luego, el referido ente estatal presentó al Ministerio
de Educación Nacional propuesta de modificación del aludido estudio,
autorizada con oficio 2009EE29765 de 1°. de junio de 2009, en el cual se ordenó
al ente territorial adelantar los trámites respectivos para hacer efectiva la
homologación de los cargos de la planta de personal administrativo, con la
expedición de los decretos de homologación general de cargos y de
incorporación a los servidores.

Así las cosas, el departamento de Caldas dictó el Decreto 337 de 2 de diciembre
de 2010, que modificó el 399 de 20 de abril de 2007, en el que se homologan y

4
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
5
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
6
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, consejero ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce,
concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, actor: Ministro de Educación Nacional.
7
«Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las entidades
territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
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José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

nivelan salarialmente los cargos administrativos de la secretaría de educación
de Caldas, financiados con recursos del sistema general de participaciones y la
unidad de presupuesto de la secretaría de hacienda de tal ente territorial expidió
certificado de disponibilidad presupuestal 3500003137 de 7 de marzo de 2013,
para sufragar el procedimiento, por la suma de $57.341.662.202.

Posteriormente, la secretaría de educación de Caldas, a través de Resoluciones
1825-6 de 22 de marzo y 4187-6 de 26 de junio, ambas de 2013, reconoció el
retroactivo, causado entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009,
por un monto de $46.384.690, pero pagó la suma de $66.158.008 el 15 de abril
de 2013, por dicho concepto; contra tales actos administrativos el accionante
formuló una petición por aparentes inconsistencias en los valores resultantes.

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, por oficio
2014EE21121 de 20 de marzo de 2014, solicitó de la secretaría de educación de
Caldas efectuar el cálculo de la liquidación hasta la fecha en que se realizó el
giro de los recursos por parte de la Nación y, con oficio 2014EE61673 de agosto
de 2014, autorizó realizar los pagos de la indexación de las diferencias dejadas
de recibir.

Por último, la secretaría de educación de Caldas dictó la Resolución 8991-6 de
11 de diciembre de 2014, que modificó la 41887 de 26 de junio de 2013, y
ordenó sufragar a favor del actor las diferencias resultantes de la nivelación
salarial desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009 y la
actualización de los valores que había dejado de recibir, del «10 de febrero de
1997 al 31 de diciembre de 2012», para un total de $50.837.316.

Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos al actor el
22 de marzo de 2013 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se
realizó el 15 de abril del mismo año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede
pregonarse que esa «tardanza» implica que se generen intereses de alguna
naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos administrativos
mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el
simple retardo o incumplimiento de él, y, además, ello debe tener su previsión
legal al respecto.

Sobre el particular, esta subsección, en providencia de 25 de abril de 20198, al

8
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente:
César Palomino Cortés, expediente 66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18).
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Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

analizar un caso análogo al que ahora nos ocupa, precisó:

Siendo este el contexto fáctico y jurídico en el que se dio la
nivelación salarial del actor, se señala que esta Sala ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia del pago de
intereses moratorios presuntamente causados en razón de la
nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación de
los cargos del sector educativo que dependían de la Nación y
pasaron a las entidades territoriales, en desarrollo del proceso de
descentralización del referido sector ordenado por la Ley 60 de
1993. Así pues, en sentencia del 28 de septiembre de 2017 se partió
de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento de la
nivelación salarial respecto del pago efectivo, indicando que
“trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que
reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un
lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en cuenta la
magnitud de los trámites económicos y administrativos para
culminar el proceso homologación y nivelación salarial”9.

En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se
señaló que no es procedente acceder al pago de los intereses
moratorios respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales,
porque tratándose de derecho sancionatorio debe existir una norma
que ordene su pago, así:

“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses
moratorios en el presente caso, teniendo en cuenta la
naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en
cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este
entendido si no se dijo nada al respecto en las resoluciones
que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia,
entrar a reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses
moratorios deben estar consagrados en una norma que los
autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de los
mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el
documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se
evidencian en el presente asunto”10.

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado
73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de
diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
10

Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de
2018, se reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios
cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y
además no existe una norma que autorice dicho reconocimiento11.

Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante,
empleado administrativo al servicio de la educación oficial, que por cuenta de
la descentralización de ese sector fue homologado y nivelado salarialmente en
la planta de personal de la secretaría de educación de Caldas, no puede reclamar
intereses moratorios por el pago tardío a su favor de los dineros por concepto
del correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que se hizo exigible el 22
de marzo de 2013 (cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los
valores causados entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009),
fue pagada el 15 de abril siguiente, plazo que no resulta irracional o caprichoso
dados los trámites administrativos que deben surtirse, cuanto más si dicha
sanción económica no quedó plasmada dentro del referido trámite o en alguna
disposición legal.

Ahora bien, pese a que el demandante fue incorporado a la planta de la secretaría
de educación de Caldas a partir de 1997 y tenía derecho a que le sufragaran los
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos en forma correcta desde
esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar la pérdida del poder
adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al mandato
constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes
sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago de intereses
moratorios.

Por otra parte, respecto de la decisión extra petita adoptada por el a quo,
referente a la indexación del retroactivo resultante del procedimiento de
homologación salarial, que se causó desde el 1°. de enero hasta el 14 de abril de
2013, cabe anotar que el Tribunal de instancia desconoció el principio de
congruencia, habida cuenta de que decidió sobre un asunto que no fue
pretendido con el medio de control presentado y frente al cual la parte
demandada no ejerció su derecho de contradicción y defensa.

Al respecto, el artículo 187 del CPACA prevé que «[l]a sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación

11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino
Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
11

Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen»; por ende, para decidir un asunto el juzgador debe basarse en lo
expuesto en la demanda, su contestación y las pruebas allegadas al proceso.

En lo atañedero a la presunta facultad que se atribuye el a quo, para decidir extra
petita, la Corte Constitucional, en fallo T-873 de 16 de agosto de 200112, indicó
que «[a]l contrario de los procesos laborales a los cuales asimila el demandante
su asunto, el ejercicio de la función judicial en materia contencioso
administrativa13, la competencia del juez al momento de fallar no le permite
decidir ultra petita o extra petita, porque la resolución judicial que se extienda
más allá de lo pedido o que se tome fuera del petitum de la demanda, a más de
resultar violatoria del derecho de defensa de la contraparte sería contraria a la
estructura misma del proceso que en esta materia se guía por el principio de
que la materia del litigio se define por las partes y, estas al hacerlo, delimitan
la competencia del juzgador».

En similar sentido, se pronunció esta Corporación el 20 de mayo de 2010 14, al
sostener que «[l]a sentencia proferida por el juez de lo contencioso
administrativo, a su turno, debe ser motivada y resolver todos los puntos objeto
de controversia formulados por las partes demandante y demandada dentro de
la oportunidad procesal respectiva. En este sentido, a la luz de lo establecido
en el artículo 170 del C.C.A.15 [hoy 18716 del CPACA], debe concluirse que la
sentencia proferida por el juez de lo contencioso administrativo no puede ser
infra, extra o ultra petita, sino, en virtud de la naturaleza predominantemente
rogada de la jurisdicción, sujetarse a todos y cada uno de los aspectos
sometidos a su decisión».

Derrotero reiterado por esta sala el 17 de octubre de 201717, al precisar que «[…]

12
Corte Constitucional, sentencia T-873 de 2001, M. P. Jaime Araujo Rentería.
13
Acerca del proceso contencioso administrativo Cfr. BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho procesal
administrativo, Cuarta ed. 4a. reimpresión. Señal Editora. Medellin : 1998, pags. 196 y ss.
14
Consejo de Estado, sección segunda, expediente: 25000-23-25-000-2002-12297-01 (3712-2004), C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
15
«La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas,
las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas
las peticiones […]».
16
«La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen».
17
Consejo de Estado, sección segunda, expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 (3605-14).
12

Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos,
pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá
proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue
solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido
(ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las
pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las
razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, por ello, el principio
de congruencia de la sentencia garantiza el oportuno uso del derecho de
defensa por las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las
herramientas establecidas en la ley para tal propósito».

En ese orden de ideas, conforme a lo anterior, resultaría contrario a la naturaleza
de esta jurisdicción admitir la aplicación de las facultades ultra y extra petita,
que invocó el Tribunal de instancia, como sí opera en la jurisdicción ordinaria
laboral18, dado que ello vulneraría el principio de justicia rogada, el cual impone
la carga a la persona que acude al aparato jurisdiccional de solicitar en la
demanda, de manera específica, lo que se quiere; así como el de congruencia,
que consiste en la obligación que tiene la autoridad judicial de decidir de
acuerdo con lo pedido y probado; por tanto, deberá revocarse la orden impuesta
en el fallo apelado, al constatarse que lo pretendido por el actor era el pago de
los intereses moratorios, en los términos analizados en precedencia, y no la
indexación dispuesta por el a quo.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, en cuanto negó las súplicas de la demanda, y revocará la orden de
indexación con fundamento en facultades extra petita.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

18
Las facultades ultra y extra petita de las que se reviste a un juez ordinario laboral están consagradas en el
artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al prever que «[e]l Juez de primera
instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando
los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al
pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores
a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas».
13

Expediente: 17001-23-33-000-2018-00222-01 (2532-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José Óscar Hernández Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y otro

FALLA:

1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 18 de diciembre de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto negó las súplicas de la
demanda en el proceso instaurado por el señor José Óscar Hernández Valencia
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el departamento de
Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°. Revócase la decisión extra petita acerca del pago de la indexación de las
sumas causadas desde el 1°. de enero hasta el 14 de abril de 2013, de
conformidad con lo indicado en la motivación.

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

14

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