Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00234-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00234-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00234-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-2022)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
Demandado: Nación, (Ministerio de Educación Nacional) y departamento de
Caldas - Secretaría de Educación
Temas: Intereses moratorios o legales por homologación y nivelación
salarial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 8 de octubre de 2021, por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo, la señora Rosalba Bermúdez Salazar, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) 8355-6 del 30 de octubre de 2017; y ii) 10265-6 del 27
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
de diciembre de 2017, expedidas por la Secretaría de Educación del departamento
de Caldas, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de los intereses
de mora por el pago tardío del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y
homologación salarial.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) condenar al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas, a reconocer y pagar los intereses
moratorios por el desembolso tardío de la homologación y nivelación salarial, los
cuales deben ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente, por períodos
de treinta días, una vez ocurrido el incumplimiento, hasta el día en que fue efectivo
el pago total del retroactivo por homologación y nivel salarial, es decir el 15 de
abril de 2013; ii) ordenar la liquidación y pago de los intereses reclamados, con
base en el capital neto cancelado, sin incluir el valor que se reconoció por
concepto de indexación salarial; iii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA; iv) disponer el pago de los intereses
moratorios en los términos ordenados por el artículo 192 Ibidem; y v) condenar en
costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Rosalba Bermúdez Salazar prestó sus servicios en la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas, en calidad de personal administrativo.
ii) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 3500 de 1996, con
miras a dar cumplimiento a la Ley 60 de 1993, en el sentido de certificar al
departamento de Caldas para la administración del servicio educativo.
iii) Producto de lo anterior, mediante Decreto 0021 de 1997, el departamento de
Caldas transfirió el personal administrativo del servicio educativo nacional, a las
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
plantas de personal de las entidades territoriales, con iguales cargos, códigos y
salarios que traían desde la Nación; sin embargo, no se tuvo en cuenta que, en la
mayoría de los casos, el personal administrativo del orden territorial tenía un nivel
salarial superior al personal del orden nacional.
iv) A partir de lo expuesto, se generó la obligación en las entidades del orden
nacional, que entregó el personal, y del orden territorial, que lo recibió, de realizar
la homologación de cargos y la nivelación salarial correspondiente, desde el
momento en que se produjo el traslado y, por ende, desde esa fecha, la
demandante debió recibir la diferencia salarial correspondiente.
v) Pese a lo anterior, al momento en que se produjo el traslado, el personal
administrativo incorporado no fue homologado y nivelado salarialmente, respecto
de los cargos pares del nivel territorial.
vi) El 9 de diciembre de 2004 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado emitió concepto 1607 en el que indicó que las entidades territoriales
debían realizar la nivelación salarial y aseguró que la diferencia del mayor valor
debía ser asumida por la Nación.
vii) El departamento de Caldas expidió el Decreto 0399 de 2007 con el propósito
de homologar y nivelar los cargos administrativos de la Secretaría de Educación.
viii) La Secretaría de Educación presentó al Ministerio de Educación Nacional la
modificación parcial del estudio técnico de homologación y nivelación salarial con
el propósito de salvaguardar el derecho a la igualdad, lo que fue aprobado
mediante concepto jurídico del 1.º de junio de 2009.
ix) A través del Decreto 337 de diciembre de 2010 se modificó el Decreto 0399 de
2007 por medio del cual se produjo la homologación y nivelación de cargos.
x) Mediante el Decreto 0353 de 15 de diciembre de 2010 se incorporó por
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
homologación y nivelación salarial al personal administrativo del departamento de
Caldas, sector educativo financiado con recursos del sistema general de
participaciones.
xi) Por virtud de la Resolución 1605-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la
Resolución 4414-6 de 28 de junio de 2013, modificada a su vez por la Resolución
8825-6 de 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional, a través
de la Secretaría de Educación departamental, reconoció y ordenó el pago del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial a favor de la
demandante y, en ella, se indicó expresamente que la fecha en que se constituyó
la obligación fue el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009.
xii) De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría de Educación, el
retroactivo salarial liquidado a partir de 10 de febrero de 1997, se pagó a la
demandante el 15 de abril de 2013, es decir, que este se hizo en forma
extemporánea.
xiii) La señora Bermúdez Salazar formuló ante la Secretaría de Educación del
departamento una solicitud orientada a que se reconocieran los intereses
moratorios causados por la tardanza en el pago de su nivelación salarial y, con
ello, interrumpió el fenómeno prescriptivo, la cual fue resuelta de forma negativa
con los actos administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209, 350 de la
Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil y 177
del Código Contencioso Administrativo.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
i) La homologación es un procedimiento mediante el cual se comparan las
funciones y requisitos de un empleo existente en una planta de personal, para
encontrar su empleo equivalente en la planta receptora, en este caso, como
resultado de la descentralización del servicio de educación.
ii) La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno
al empleo de la demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los
intereses moratorios deprecados violó la ley, en la medida en que pretendió
equiparar los intereses a la indexación cuando ambos provienen de una fuente
distinta.
iii) En el empleador recae la obligación de pagar oportunamente los salarios a sus
empleados y, en caso de no cumplir su cometido, debe reconocer los intereses
moratorios que surgen a causa de tal tardanza.
iv) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607
del 9 de diciembre de 2004, indicó que las entidades territoriales, previo al proceso
de homologación, debían realizar la nivelación salarial, pues en virtud del principio
de igualdad, debían recibir iguales salarios a sus homólogos del nivel territorial; sin
embargo, en el caso de la demandante, las diferencias salariales no se pagaron
en forma oportuna y, por ende, es viable reconocer los intereses pretendidos,
decisión que atiende los principios de igualdad y favorabilidad laboral en la
aplicación de la condición más beneficiosa al empleado.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Nación (Ministerio de Educación Nacional)
Por intermedio de apoderado, la demandada contestó la demanda1 y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
1 Expediente digital, folios 89 al 109.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
La entidad no está legitimada en la causa por pasiva en la medida en que de
conformidad con los hechos narrados en la demanda, la Secretaría de Educación
del departamento de Caldas fue la entidad que emitió los actos administrativos
reprochados, aunado a que si bien el Ministerio de Educación Nacional impartió
directrices a las diferentes entidades territoriales para el procedimiento de
homologación, su función no va más allá de eso pues de conformidad con la Ley
715 de 2001, debido a que la educación es descentralizada, está a cargo de la
entidad territorial su administración, distribución y manejo de los recursos del
sistema general de participaciones con destinación específica para el sector
educativo.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
prescripción, inepta demanda y la genérica o innominada.
1.2.2. El departamento de Caldas – Secretaría de Educación
El ente territorial demandado, por conducto de apoderada, contestó la demanda2 y
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque cuando se produjo la
homologación y nivelación salarial, los recursos fueron pagados en forma oportuna
a cada uno de sus beneficiarios.
i) Por la Homologación del cargo la demandante recibió por los años 1997 al
2009 una suma de dinero debidamente indexada según los actos administrativos
expedidos, los cuales no fueron recusados ni demandados.
ii) Así pues, lo que recibió la demandante fueron dineros dentro del proceso
de homologación y nivelación salarial que al estar indexados no le da derecho a
reclamar sanción moratoria alguna en calidad de intereses, ya que se estaría
pretendiendo un doble pago.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
2 Ibidem, folios 121 al 129.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
caducidad, buena fe, inexistencia de la obligación e inaplicabilidad de los intereses
moratorios.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 8 de octubre
de 2021,3 negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:
i) Producto del proceso de descentralización de la educación, los cargos al servicio
de la educación que estaban adscritos a la Nación, debieron ser asumidos por las
entidades territoriales, las cuales empezaron a responder por la educación pública.
Como consecuencia de ello, los departamentos y municipios debían asumir esos
cargos, para lo cual se debían ajustar a las plantas propias, proceso denominado
homologación; ahora bien, a raíz de lo anterior se debían realizar los ajustes
salariales y prestacionales, lo que derivó en el reconocimiento de las diferencias
que surgieran de tal proceso.
ii) En lo que respecta a los intereses moratorios, estos son incompatibles con la
indexación y no son acumulables; por lo tanto, como se demostró que a la parte
demandante se le reconoció la indexación de las sumas concedidas a título de
nivelación salarial, por el período comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el
31 de diciembre de 2009, es improcedente reconocer los intereses moratorios que
reclama.
iii) De conformidad con la Resolución 1605-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada
por la Resolución 4414-6 de 28 de junio de 2013, modificada a su vez por la
Resolución 8825-6 de 11 de diciembre de 2014, los valores reconocidos como
consecuencia de la homologación y nivelación salarial, fueron indexados y, según
constancia de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, el 15 de
abril de 2013 se realizó el pago a la demandante de los valores netos
3 Ibidem, folios 209 al 233, con ponencia del magistrado Augusto Morales Valencia.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
reconocidos; es decir, que transcurrió poco más de un mes desde la fecha del
reconocimiento, por tal razón no procede indexar ninguna suma a favor de la
demandante.
1.4. El recurso de apelación
La señora Rosalba Bermúdez Salazar, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación4 y lo sustentó así:
i) La incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios invocada por el a
quo para negar las pretensiones de la demanda, no es una figura que pueda
aplicarse en el asunto bajo análisis, comoquiera que una y otra no devienen de
idéntica fuente; en efecto, la mora que se reclama, se produce como una sanción
al empleador por el pago inoportuno de la obligación, mientras que la indexación
resulta de la actualización del valor debido, con el fin de que no se pierda el poder
adquisitivo, producto de la devaluación.
ii) De este modo, en virtud del principio de favorabilidad, igualdad y equidad las
entidades demandadas deben cancelar los intereses moratorios a la tasa máxima
vigente al momento en que se efectúe el pago, lo que equivale a una suma
considerablemente superior a la corrección monetaria o indexación, lo cual cubre
la devaluación de la moneda y el resarcimiento de los perjuicios económicos
causados.
iii) En el caso bajo estudio, la manera en que se deben resarcir los perjuicios
causados a la demandante, producto del pago tardío de las diferencias que
resultaron por el proceso de homologación y nivelación salarial es pagando los
intereses moratorios pretendidos, los cuales son atribuibles al incumplimiento de
obligaciones pecuniarias, sin importar que, en este caso, el deudor sea una
entidad de derecho público.
4 Ibidem, folios 236 al 253.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación
Ni el Ministerio de Educación Nacional ni el departamento de Caldas, Secretaría
de Educación emitieron pronunciamiento alguno en esta instancia.5
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público rindió concepto en el que solicitó fuera confirmada
la sentencia de primera instancia, toda vez que no es jurídicamente procedente el
reclamo por los intereses de mora, no solo porque no existe una disposición
jurídica que así lo consagre frente a situaciones como la analizada en el caso, sino
porque con anterioridad a la fecha en que se homologaron y nivelaron los empleos
no existía una obligación vencida o incumplida. El derecho al reconocimiento y
pago del respectivo retroactivo surgió a partir del proceso y con el marco jurídico
que lo reguló. Además, los efectos del paso del tiempo y de la pérdida del valor
adquisitivo del dinero se compensó con la indexación, lo cual, como se anotó,
excluye la aplicación simultánea de los intereses de mora.6
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento de
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo derivado del proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
5 Constancia secretarial obrante en el índice 13 de la plataforma Samai.
6 Según memorial visible en la plataforma SAMAI, identificado con el índice 11.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
2.2.1. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de
los establecimientos educativos.7
A través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «nacionaliza[r] la educación
primaria y secundaria que oficialmente v[enían] prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».
Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo
356, se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados
por la Nación y las entidades territoriales; de igual manera, debía determinar el
situado fiscal, que comprendía «el porcentaje de los ingresos corrientes de la
Nación que ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos
Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a
través de los municipios, de los servicios que se les asignen».
En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal
se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y
media, y la salud, en los niveles que la ley señale.
Producto de tal previsión constitucional, se expidió la Ley 60 de 19938, en la que
se dispuso la descentralización del sector educativo9 y, de ese modo, empezó la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación de ese servicio. En el parágrafo10 del artículo 15 ibidem, se determinó
que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos,
7 Se apoya la Sala en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Radicación: 1607. 9 de diciembre de 2014. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
8 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
9 En el artículo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese
servicio.
10 El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los
servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la
presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los
derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a
la fecha de publicación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que
asuman las entidades territoriales».
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
municipios y distritos; de igual manera, a través de los diferentes artículos de esa
normativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos
educativos, a las entidades del orden territorial.
Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un
proceso de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de
nacionales o nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o
distritos, y el régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían
incorporados, como a los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.11
Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada ley general de la
educación, en cuyo artículo 147 se determinó que la Nación y las entidades
territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el legislador.
Además, en su artículo 148 se fijaron las competencias de la Nación, de manera
específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección y
vigilancia, y administración. En lo que respecta a la financiación de la educación
estatal, se consagró que se produciría con recursos del situado fiscal, más el
aporte de los departamentos, los distritos y los municipios, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 60 de 1993, lo que se consideraban un gasto público social.12
A través del Acto Legislativo 1 de 2001, en su artículo 2, en reemplazo del
denominado situado fiscal, se creó el Sistema General de Participaciones, con el
propósito de «atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los
distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente
su prestación» y, en relación con los recursos que se destinarían para los
11 Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: «El
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».
12 Tales previsiones se consagraron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
departamentos, distritos y municipios, se señaló que se daría prioridad a aquellos
relacionados con la salud y la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
entre otros, de modo que se garantizara la prestación y la ampliación de
coberturas con énfasis en la población pobre.
Más adelante, por medio de la Ley 715 de 200113, se determinaron las
competencias tanto de la Nación como de las entidades territoriales, en materia de
educación14, y a la primera de ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los
recursos del Sistema General de Participaciones, destinados a la cobertura de ese
servicio. En dicha norma se estableció el procedimiento que se debía seguir a
efecto de incorporar las plantas de personal financiadas con recursos del Sistema
General de Participaciones, a las entidades territoriales, así:
Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes
de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán
cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación
definitiva a las plantas que se establezcan.
[…]
Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente
por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo
de dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
13 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
14 Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.
A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o
de acuerdo con esta.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron
renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente,
serán vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello
ocurre, deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más
tardar el 1° de febrero de 2002.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes de prestación de
servicios por los departamentos o municipios, dentro de los dos meses antes y el 1°
de noviembre de 2000, demostrando solución de continuidad durante ese período, y
que cumplan los requisitos del cargo, serán vinculados de manera provisional
durante el año 2002.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron
renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional,
previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido
suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de
la entidad territorial. […]
La incorporación de las plantas de personal aludidas «suponía, de un lado, que los
departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura
orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro,
que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto
formal de los empleos, como su nomenclatura y grado -que podían y pueden
diferir-, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las
funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar
la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación».15
Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 10 del 30
de junio de 2005, con destino a los gobernadores, alcaldes y secretarios de
educación, que tenía como propósito absolver las inquietudes formuladas con
relación a la viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del
sector educativo y de la consecuente nivelación salarial que se podía generar en
las respectivas entidades territoriales y, para ello, fijó las directrices a tener en
cuenta para llevar a cabo ese proceso.
En relación con la retroactividad de la homologación y nivelación salarial, en forma
concreta, en la aludida directiva se estableció que para determinar la deuda era
necesario que la entidad territorial realizara un listado de las reclamaciones,
indicando la fecha de cada una de ellas, y que la retroactividad tan solo se
concedería, en la medida en que el derecho no hubiera prescrito, según lo
consagrado en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código
Procesal Laboral. De igual manera, se determinó que la homologación y
consecuente incorporación conllevaría la nivelación salarial, lo cual se asumiría
con recursos del Sistema General de Participaciones, previa disponibilidad
presupuestal, pero que si no existía disponibilidad, la Nación se haría cargo; sin
embargo, en caso de que la homologación e incorporación se hubiera realizado
contrariando el orden jurídico, el respectivo municipio debía responder por ello con
sus recursos propios. Y, en forma concreta, en torno a la deuda, se definió lo
siguiente:
Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial
deberá enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, la liquidación
individual anualizada de la deuda, el estudio técnico que sirvió de base para la
nivelación y homologación, realizado de conformidad con lo previsto en el numeral
A.1 de la presente Directiva, y los actos administrativos correspondientes mediante
los cuales se hacen efectivas, todo lo anterior debidamente certificado por el
gobernador o alcalde y secretario de educación respectivos.
15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de
2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación que no
hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades territoriales, con la
debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
procedentes en aras de proteger los intereses del Estado (Nación, Departamento,
Distrito o Municipio), de lo cual informarán a este Ministerio en la misma oportunidad
a la que se refiere el inciso anterior.
2.2.2. En torno a los intereses comerciales y/o moratorios
El interés legal es aquel que se tasa en virtud de la ley, a falta de estipulación
concreta de las partes involucradas.
El Código Civil señaló frente a esto lo siguiente:
Artículo 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación
es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está
sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés
superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario;
quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el
cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.
El interés legal se fija en seis por ciento anual…
Por su parte, el interés corriente bancario es la tasa efectiva anual de referencia
que en promedio cobran las entidades financieras sobre los nuevos créditos y que
fue regulado por el Código de Comercio en los siguientes términos:
Artículo 884. Límite de intereses y sanción por exceso. Modificado por el artículo
111 de la Ley 510 de 1999.Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse
réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será
equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase
cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la
Superintendencia Bancaria.
Y finalmente, los intereses moratorios son los que debe pagar el deudor desde la
fecha en la que se constituye en mora y que cesan solo en el momento de
15
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
cancelar la obligación contraída. Los mismos serán fijados por las partes, pero en
caso contrario, el artículo 884 ibidem precisó que:
[…] sí las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y
media veces del bancario corriente […].
Este tipo de intereses que se paga para el resarcimiento tarifado o indemnización
de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la
oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los
daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al
acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.16
La Ley 1437 de 2011 reguló en sus artículos 192 y 195, lo referente a los pagos
derivados del cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. Sobre el particular se destaca lo pertinente:
Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. […]
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir
de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este
Código.
[…]
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios
hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la
causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud»
[…]
Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago
de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el
término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de
este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que
ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del
16 Sentencia C-604-2012
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un
interés moratorio a la tasa comercial.
[…].
En conclusión, los intereses moratorios deben estar previstos en una norma que
los autorice expresamente y que faculte su cobro para el caso del pago de
retroactivos por homologación de cargos y nivelación salarial, o estar incluidos en
el documento que reconoce el derecho, dado su carácter sancionatorio.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Reconocimiento del retroactivo por homologación y nivelación salarial.
El 22 de marzo de 2013, el secretario de educación del departamento de Caldas
expidió la Resolución 1605-6,17 mediante la cual reconoció y ordenó el pago a
favor de la demandante un retroactivo por concepto de homologación y nivelación
salarial, por el período comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2009. Tal decisión fue aclarada por la Resolución 4414-6 de 28 de
junio de 201318 y modificada, a su vez, por la Resolución 8825-6 de 11 de
diciembre de 2014.19
El 1° de febrero de 2017,20 la Secretaría de Educación del departamento de
Caldas expidió una certificación en la que consta que los valores por concepto del
proceso de ajuste de la nivelación y homologación salarial fueron reconocidos a
favor de la actora, además se indicó que el pago se realizó el 15 de abril de 2013.
2.3.2. De la reclamación administrativa adelantada ante la Secretaría de
Educación Departamental de Caldas
17 Expediente digital, folios 53 al 56.
18 Ibidem, folios 57 al 59.
19 Ibidem, folios 60 al 62.
20 Ibidem, folio 63.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
El 4 de abril de 2017, la señora Rosalba Bermúdez Salazar, por intermedio de
apoderado, solicitó a la Secretaría de Educación del departamento de Caldas el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios, producto del pago tardío de las
diferencias salariales que se reconocieron con ocasión del proceso de
homologación y nivelación salarial.21
El 30 de abril de 2017,22 la Secretaría de Educación departamental de Caldas
expidió la Resolución 8355-6, mediante la cual negó la solicitud anterior. Como
fundamento de su decisión, expuso los siguientes argumentos:
i) De conformidad con lo dispuesto en la ley y los parámetros fijados por el
Ministerio de Educación Nacional en la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de
2005, «el reconocimiento y pago de este concepto, debe efectuarse siempre y
cuando los administrados presenten de manera oportuna en términos de ley las
reclamaciones correspondientes».
ii) El Ministerio emitió el Comunicado 2014ER11113 de 28 de marzo de 2014
mediante el cual precisó que el reconocimiento de los intereses moratorios tiene
por objeto sancionar y penalizar económicamente a quienes incurran en mora o
incumplimiento de sus obligaciones, la cual se establece a título de indemnización
de perjuicios, por lo cual, respecto al reconocimiento del retroactivo por
homologación no resulta razonable la exigencia de intereses moratorios al no
existir mora en el pago de las obligaciones laborales, sino una simple equiparación
de cargos, consecuencia de una decisión administrativa del Estado, razón por la
cual no puede hablarse de un retardo injustificado.
iii) Los pagos que se realizaron por concepto de retroactivo de homologación y
nivelación salarial no dan lugar a la exigencia de intereses moratorios toda vez
que no existe mora en el pago de las obligaciones laborales por parte del
empleador, sino una simple equiparación de cargos como consecuencia de una
21 Ibidem, folios 37 al 45.
22 Ibidem, folios 28 al 31.
18
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
decisión administrativa del Estado.
iv) Las sumas pagadas fueron en su momento indexadas, de tal manera que «se
tradujeran en el valor real de la acreencia al momento efectivo de su pago, lo cual
hacía que fuera la forma idónea de impedir el deterioro inflacionario de los
conceptos salariales adeudados».
El 27 de diciembre de 2017, con la Resolución 10265-6, el secretario de educación
encargado de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la actora23 en contra de la anterior decisión y
la confirmó en su integridad.24
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el primer problema jurídico planteado, la Sala considera
necesario señalar que el proceso de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos en el departamento de Caldas implicó
el reconocimiento y pago de un retroactivo correspondiente a los años 1997 a
2009, el cual estaba sujeto al cumplimiento de requisitos legales para su
perfeccionamiento.
En esa medida, en atención al concepto expedido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado25 y a la directiva ministerial 10 de 30 de junio
de 2005, el Ministerio de Educación Nacional puntualizó un procedimiento y
presentó unos criterios para tener en cuenta en el proceso de homologación y
nivelación salarial, entre los cuales estaba la elaboración de un estudio técnico y la
determinación de los efectos retroactivos de la deuda, en los siguientes términos:
«EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN
23 Ibidem folios 48 al 52.
24 Ibidem, folios 32 al 35.
25 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de fecha 9 de
diciembre de 2004, Número 1607.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y
nivelación salarial, es preciso que la entidad elabore un listado de las reclamaciones
recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación de la misma. Con base
en este listado, debe proceder a determinar el monto de las deudas respectivas.
Solo se reconocerá el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos que
no hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículo 102 y 103 del
Decreto 1848 de 1969y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a las cuales las
acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y que el simple
reclamo del titular del derecho o prestación debidamente determinado, recibido por
el empleador, interrumpe la prescripción por un lapso igual».
De igual manera, tanto el Ministerio de Educación Nacional como el departamento
de Caldas, llevaron a cabo cada uno de los pasos para materializar la
homologación y nivelación salarial, procedimiento que requirió de varios ajustes,
en atención precisamente a las reclamaciones que se efectuaron por parte de los
funcionarios administrativos y sus apoderados, que incluyó:
i) La elaboración del estudio técnico y su modificación que fue aprobado por la
Nación - Ministerio de Educación Nacional mediante concepto jurídico
2007ER9711, comunicado el 30 de marzo de 2007, y tras la nueva solicitud de la
Secretaría de Educación del departamento, el Ministerio de Educación mediante
Oficio 2009EE29765 del 1.º de junio de 2009 aprobó la modificación.
ii) La homologación y nivelación de los cargos en el departamento de Caldas, que
incluyó la asignación de la correspondiente denominación de código, grado y
asignación mensual, determinado en la planta de cargos homologados, al personal
administrativo del sector educación.
iii) La certificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de la deuda
correspondiente al retroactivo producto del ajuste de la homologación y nivelación
salarial fue realizada mediante el Oficio 2011EE63868 del 5 de octubre de 2012.
iv) El 28 de diciembre de 2012, la Gobernación de Caldas y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, acordaron celebrar el acuerdo de pago para
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
reconocer la deuda del personal administrativo de la Secretaría de Educación de
Caldas, entre ellos, la demandante.
v) El 24 de diciembre de 2012, se celebró contrato de encargo fiduciario
irrevocable de administración de pagos entre el departamento de Caldas y
Fiduciaria Bogotá S.A.
vi) La Secretaría de Educación del departamento de Caldas expidió la Resolución
1605-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4414-6 de 28 de junio
de 2013, modificada a su vez por la Resolución 8825-6 de 11 de diciembre de
2014, mediante la cual, se liquidó un retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial a favor de la accionante a partir del 10 de febrero de 1997 hasta
31 de diciembre de 2009, y el pago se realizó el 15 de abril de 2013.
De lo anterior se colige que el proceso de homologación y nivelación salarial del
año 1997 al 2009 se materializó después de cumplir con los requerimientos
legales y el cumplimiento de la totalidad de las etapas, que eran de obligada
observancia para las entidades demandadas.
Así las cosas, en atención a los valores relacionados en los actos administrativos
mencionados no se observa que en manera alguna el Ministerio de Educación
Nacional o el departamento de Caldas hayan incurrido en una dilación injustificada
del pago, toda vez que este, se itera, fue realizado el 15 de abril de 2013.
Además, el departamento de Caldas ordenó la indexación de las sumas
reconocidas con lo que mantuvo el valor o poder adquisitivo constante de la
moneda en razón de la depreciación que sufrió por el paso del tiempo sin
aumentar su valor nominal, salvaguardando de este modo la equidad e igualdad
laboral que echa de menos la demandante, en la medida que trajo a valor
presente la suma adeudada, fundado en principios constitucionales como la
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equidad, la justicia y la reparación plena26, lo que se verifica al constatar los
valores totalizados por el pagador que corresponden al mayor valor que incluye la
indexación, tal y como lo certificó la entidad territorial el 1°de febrero de 2017.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de intereses moratorios,
conforme lo ha señalado esta Sección en asuntos similares27 no hay lugar a ellos.
toda vez que:
i) Por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar previstos en
una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de estos
para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoció el derecho.
En el sub lite se impone colegir que tampoco se generó a cargo de la entidad el
pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido.
Bajo este entendido comoquiera que no se dijo nada al respecto en la resolución
que reconoció el retroactivo y tampoco hay norma que expresamente lo consagre,
no procede, el reconocimiento de los intereses moratorios.
ii) No es procedente acudir a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil,28
pues en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las
partes involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
mayo de 2013, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 25000 23 24
000 2006 00986-01
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9
de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número de radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01
(2624-2019): (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 19 de julio de 2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 660012333000-2016-
00565-01 (4947-2018); (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación
73001-23-33-000-2014-00265-01 (3484-2015).
28 «Artículo 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar una
cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o
empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las
disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se
fija en seis por ciento anual. […]»
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
se expuso, el reconocimiento de las sumas de dinero obedeció a la homologación
y nivelación que debió realizarse para que las plantas de personal administrativo,
se ajustaran a la nueva reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura,
funciones y requisitos de los empleos del nivel territorial.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201629, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,30 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia, toda vez que no se demostró su
causación.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el
acervo probatorio, se concluye que la demandante no tiene derecho a los
intereses moratorios que solicita, por cuanto quedó acreditado que no hubo
retardo en el pago de la obligación, toda vez que se realizó después de adelantar
el cumplimiento de las etapas señaladas en la ley, e igualmente no estaban
incluidos en el documento que reconoció el derecho ni existe norma que los
consagre expresamente.
En ese orden, la Sala confirmará la sentencia del 8 de octubre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 8 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora
Rosalba Bermúdez Salazar contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional) y
30«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00234-02 (1396-22)
Demandante: Rosalba Bermúdez Salazar
el departamento de Caldas, Secretaría de Educación, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia
Segundo. – Sin condena en costas.
Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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