Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2018-00293-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2018-00293-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2018-00293-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 17001233300020180029302 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Acción: Reparación directa
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: PROCESOS DE SELECCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL – No se configura / Su
declaratoria se supedita al desconocimiento del principio de buena fe, en los términos del
artículo 863 del Código de Comercio / EXAMEN DE LA RESPONSABILIDAD POR CULPA IN
CONTRAHENDO - impone analizar el tipo de negociación que se adelantó y los manuales de
contratación de las ESP / EL DAÑO se concreta en la ruptura del deber de obrar de buena fe,
incluidos los deberes secundarios de conducta que le son inherentes / PERJUICIO
INDEMNIZABLE corresponde al interés negativo o de confianza - A diferencia del interés
positivo susceptible de reclamo en la etapa precontractual regida por el EGCAP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia que negó sus pretensiones.
El objeto de la controversia gira en torno a determinar si procede la declaratoria de
responsabilidad precontractual de Gensa S.A. E.S.P. por la selección de un
contratista cuya escogencia cuestiona el demandante, al aducir que la póliza de
seriedad de la oferta no fue pagada en el término señalado en la convocatoria.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.Corresponde a la proferida el 6 de mayo de 2022 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas resolvió lo siguiente (transcripción literal, incluyendo
eventuales errores):
“Primero: Se declaran probadas las excepciones de “Cumplimiento de los requisitos exigidos
en la convocatoria pública” propuesta por Sol de Inírida y, “La Promesa de Sociedad Futura Sol
de Inírida hoy Sociedad Sol de Inírida S.A.S. E.S.P. canceló de manera oportuna la póliza de
seguro de cumplimiento particular” propuesta por Seguros del Estado.
Segundo: Se niegan las pretensiones de la parte demandante Gestión y Soporte S.A.S., y
Deltec S.A., contra Gestión Energética S.A. E.S.P. y Sol de Inírida S.A. E.S.P.
Tercero: Condenar en costas a la parte demandante a favor de las demandadas y la llamada
en garantía en partes iguales. Fijar como agencias en derecho el valor de 3% de la cuantía del
asunto.
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
Cuarto: Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría liquidar los gastos ordinarios
del proceso, devolver a la parte interesada los remanentes, si los hubiere, y archivar el
expediente, previas las anotaciones en el sistema Justicia Siglo XXI”.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 31 de mayo de 2018 1 y
reformada el 15 de marzo de 20192, por Gestión y Soporte S.A.S. y Deltec S.A.,
contra la empresa de servicios públicos mixta Gestión Energética S.A. -en adelante
Gensa- y la sociedad Sol de Inírida S.A.S. E.S.P. -en adelante Sol de Inírida-3, cuyas
pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos, son los siguientes:
Pretensiones
“DECLARATIVAS
1. Que se declare que el documento denominado “Carta Aceptación Convocatoria Pública
Granja Solar”, del 20 de diciembre de 2017, mediante el cual la sociedad GENSA S.A. E.S.P.,
procedió a aceptar la propuesta presentada por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOL
DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. en el marco de la Convocatoria Pública cuyo objeto es
“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A FAVOR DE GENSA DURANTE UN
PERIODO DE 10 AÑOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL
CONTRATO A CELEBRAR, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTRUIR UNA GRANJA
SOLAR, INCLUYENDO TODAS LAS OBRAS Y SUMINISTROS DE EQUIPOS BAJO SU
PROPIO COSTO Y RESPONSABILIDAD, DEBIÉNDOLA INTEGRAR AL SISTEMA HÍBRIDO
SOLAR – DIÉSEL QUE FUNCIONARÁ EN INÍRIDA, ADEMÁS DEBERÁ OPERAR,
ADMINISTRAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES, BAJO SU PROPIO COSTO Y ENTERA
RESPONSABILIDAD, REALIZANDO LA TRANSFERENCIA FINAL DE ACTIVO A GENSA”, es
un Acto Administrativo.
2. Que se declare que LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P.,
integrada por las sociedades ANDITEL S.A.S., GRANSOLAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SL
Y XANTIA -XAMUELS S.A.S., no cumplió con los requisitos necesarios para que su oferta fuera
evaluada y aceptada por GENSA S.A. E.S.P. en el marco de la Convocatoria Pública cuyo
objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A FAVOR DE GENSA DURANTE UN
PERIODO DE 10 AÑOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL
CONTRATO A CELEBRAR, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTRUIR UNA GRANJA
SOLAR, INCLUYENDO TODAS LAS OBRAS Y SUMINISTROS DE EQUIPOS BAJO SU
PROPIO COSTO Y RESPONSABILIDAD, DEBIÉNDOLA INTEGRAR AL SISTEMA HÍBRIDO
SOLAR – DIÉSEL QUE FUNCIONARÁ EN INÍRIDA, ADEMÁS DEBERÁ OPERAR,
ADMINISTRAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES, BAJO SU PROPIO COSTO Y ENTERA
RESPONSABILIDAD, REALIZANDO LA TRANSFERENCIA FINAL DE ACTIVO A GENSA”.
3. Que se declare que GENSA S.A. E.S.P. no debió haber evaluada y aceptada y por tanto no
debió haber tenido en cuenta, la oferta presentada por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P.
4. Que se declare que la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOLAR POWER S.A.S. E.S.P.,
integrada por GESINSO S.A.S. y DELTEC S.A. fue la única proponente que cumplió los
requisitos de la Convocatoria Pública referida en la primera pretensión y que presentó la mejor
oferta válida dentro de dicha convocatoria.
5. Que se declare, como Acto Administrativo que es, la nulidad del documento denominado
“Carta Aceptación Convocatoria Pública Granja Solar” de fecha 20 de diciembre de 2017,
mediante el cual la sociedad GENSA S.A. E.S.P., aceptó la propuesta presentada por la
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. en el marco de la
1 Fls. 26 a 50 del c.1. parte 1.
2 Fls. 2142 a 2171, c.1F-1
3 La demanda inicialmente fue presentada solo contra Gensa, pero el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante auto del 23 de agosto de 2018, inadmitió la demanda y le ordenó a la parte actora integrar a Sol de
Inírida como parte pasiva, dado que “es la titular de los derechos que podrían derivarse de los actos cuya nulidad
se depreca” (folio 357 del cuaderno 2).
2
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
CONVOCATORIA PÚBLICA, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A
FAVOR DE GENSA DURANTE UN PERIODO DE 10 AÑOS, DE CONFORMIDAD CON LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. PARA
CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, EL CONTRATISTA DEBERÁ
CONSTRUIR UNA GRANJA SOLAR, INCLUYENDO TODAS LAS OBRAS Y SUMINISTROS
DE EQUIPOS BAJO SU PROPIO COSTO Y RESPONSABILIDAD, DEBIÉNDOLA INTEGRAR
AL SISTEMA HÍBRIDO SOLAR – DIÉSEL QUE FUNCIONARÁ EN INÍRIDA, ADEMÁS
DEBERÁ OPERAR, ADMINISTRAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES, BAJO SU PROPIO
COSTO Y ENTERA RESPONSABILIDAD, REALIZANDO LA TRANSFERENCIA FINAL DE
ACTIVO A GENSA”, a LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOL DE INÍRIDA, integrada
por las empresas ANDITEL S.A.S., GRANSOLAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.L. y XANTIA
– XAMUELS S.A.S.
DE CONDENA
6. Que se condene a GENSA S.A. E.S.P. al restablecimiento del derecho de GESINSO S.A.S.
y DELTEC S.A., esto es, al pago de los perjuicios ocasionados a estas, según como quede
probado en el proceso.
7. Que se condene a GENSA S.A. a pagar al GESINSO S.A.S. y DELTEC S.A., todas las sumas
de dinero a las que resulte condenada, debidamente actualizadas.
8. Que se condene a GENSA S.A. E.S.P. a pagar a favor de GESINSO S.A.S. y DELTEC S.A.
intereses moratorios sobre las sumas a las que resulte condenada por, a la tasa y desde el
momento que lo declare el Tribunal.
9. Que se condene a GENSA S.A. E.S.P. al pago de las costas y agencias en derecho” 4
Hechos relevantes
3. El 3 de octubre de 2017, Gensa S.A. E.S.P. abrió una convocatoria pública para
contratar el suministro de energía a su favor por diez años. El contratista elegido se
obligaría a construir una granja solar, incluyendo todas las obras y suministros de
equipo, “debiéndola integrar al sistema híbrido solar – diésel que funcionará en
Inírida, además deberá operar, administrar y mantener las instalaciones, bajo su
propio costo y entera responsabilidad”5. Este proceso estaba regido por las normas
del derecho privado, el reglamento de contratación de la empresa y los principios de
la contratación pública.
4. Se postularon cinco oferentes, todos a través promesas de sociedad futura: (i) Sol
de Inírida S.A.S. E.S.P.; (ii) Solar Power S.A.S. E.S.P., cuyos integrantes son las
sociedades demandantes; iii) Energía Solar para Inírida (Ensolinir S.A.S. E.S.P.); iv)
Guainía S.A.S. E.S.P; y, v) Energía Solar Rural S.A.S. E.S.P. –en adelante, Sol de
Inírida, Solar Power, Ensolinir, Guainía, y Energía Solar Rural–. El cierre de la
convocatoria fue el 14 de noviembre de 2017.
5. El capítulo 2, numeral 2.1., del pliego de condiciones estableció que uno de los
documentos jurídicos exigidos a los proponentes era constituir a favor de Gensa una
garantía de seriedad de la oferta, acompañada del correspondiente recibo de pago;
se advirtió que este requisito sería subsanable “siempre y cuando la garantía haya
sido cancelada con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta”6.
4 Fls. 6 a 8, c.1. parte 1.
5 Fl. 9, c. 1. parte 1.
6 Fls. 9, c.1. parte 1, y 2147 del c.1F, parte 1.
3
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
6. En el informe preliminar de evaluación del 27 de noviembre de 2017, Gensa
solicitó a las promesas de sociedad futura Sol de Inírida, Guainía y Energía Solar
Rural subsanar y aportar el correspondiente recibo de pago de la póliza. La primera
aportó certificación expedida por Seguros del Estado S.A. en la que constaba que el
14 de noviembre de 2017 realizó el pago de la citada póliza; Energía Solar Rural
presentó nueva garantía de seriedad de la oferta con pago posterior a la fecha de
cierre de la convocatoria, y Guainía no subsanó.
7. El 7 de diciembre de 2017, Solar Power presentó observaciones frente a los
documentos aportados por Sol de Inírida. Indicó que la certificación allegada era
contraria a la realidad, pues los estados financieros de uno de sus integrantes
evidenciaban que el pago del 14 de noviembre de 2017 fue rechazado al haberse
realizado en una cuenta inactiva de la aseguradora y tuvo que repetirse el 16 de
noviembre, es decir, 2 días después del cierre de presentación de ofertas. Lo anterior
fue confirmado por Seguros del Estado en correo electrónico enviado a Gensa.
8. El 18 de diciembre de 2017, Gensa determinó que la propuesta de Sol de Inírida
había sido debidamente subsanada con la certificación de pago aportada, mientras
que ello no ocurrió respecto del proponente Energía Solar Rural que desde el
principio presentó una póliza que no cumplía con los requisitos mínimos, ni aportó el
recibo de pago a la fecha del cierre y, para subsanar, presentó la garantía corregida
con un comprobante de pago del 7 de diciembre siguiente.
9.En la misma fecha, Gensa realizó la evaluación de las propuestas habilitadas -la
de Solar Power y la de Sol de Inírida-, con empate en la asignación de puntajes. Al
aplicar los criterios de desempate establecidos en el capítulo 3.9. del pliego de
condiciones escogió la oferta de Sol de Inírida.
10. Solar Power controvirtió la anterior decisión por violación de la ley y falsedad
ideológica respecto a la fecha de pago de la póliza del proponente seleccionado 7,
pero Gensa desestimó los reproches. A su vez, presentó acción de tutela por estos
hechos y en curso de dicho trámite conoció que el 20 de diciembre de 2017 Gensa
había emitido carta de aceptación de la oferta de Sol de Inírida.
11. Como Sol de Inírida no debió ser habilitada, Solar Power debió ser elegida. Agregó
que tenía dispuestos los recursos para ejecutar el contrato, e incluso uno de sus
integrantes había obtenido un crédito con el Banco Davivienda por seis mil millones
de pesos ($6.000’0000.000) y ya había seleccionado al constructor de la obra.
12. Estimó los perjuicios en la suma de nueve mil doscientos cuarenta y nueve
millones seiscientos veinte mil noventa y seis pesos M/Cte. ($9.249’620.096), en los
que incluyó el crédito obtenido por uno de sus miembros8.
Fundamentos de derecho de la demanda
7 Indicó que tal inconformidad la reiteró con oficios del 19, 22 y 26 de diciembre de 2017.
8 En la demanda y su reforma se estimó la cuantía de las pretensiones (fls. 2170 y 2171 del c. 1) pero no se
especifica la manera en que se tasaron los perjuicios reclamados. El actor aportó dos peritajes que se relacionan
más adelante, con los que pretendía demostrar la utilidad dejada de percibir por la no adjudicación del contrato.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
13. Lademandada incurrió en las siguientes infracciones al proferir la carta de
aceptación de la propuesta de Sol de Inírida S.A. E.S.P.:
i) Falta de notificación debida a Solar Power. La decisión se mantuvo bajo reserva,
contraviniendo los principios consagrados en los artículos 209 de la Constitución
Política, 13 de la Ley 1105 de 2007, 23 de la Ley 80 de 1993 y 4 del Manual de
Contratación de la entidad, pues se enteró de ella en el trámite de la acción de tutela,
lo que le impidió ejercer cualquier control efectivo para obtener su revocatoria.
ii) Vulneración de los principios a la igualdad de oportunidades, selección objetiva e
imparcialidad. Se aplicó de forma desigual el requisito de aportar el recibo de pago
de la póliza, pues a Energía Rural se la declaró inhábil por el mismo incumplimiento.
iii) Falsa motivación porque la oferta de Sol de Inírida debió declararse inhabilitada
ante el pago posterior de la póliza a la fecha del cierre de la convocatoria.
Contestación de la demanda
14. Gensa se opuso a las pretensiones. Como excepción previa planteó la de “inepta
demanda por carencia material del objeto de control”, considerando que la carta de
aceptación de la oferta del 20 de diciembre de 2017 no es un acto administrativo, ya
que los artículos 31 de la Ley 142 de 1994 y 8 de la Ley 143 de 1994 fijaron el
régimen de derecho privado para los prestadores de servicios públicos domiciliarios,
por lo que carecen de habilitación legal para expedir actos administrativos 9.
15. De fondo, opuso la excepción de “buena fe exenta de culpa” ya que el proponente
seleccionado presentó la póliza debidamente suscrita y sólo se le requirió aportar el
recibo de pago pues la consignación bancaria allegada figuraba “pendiente”. Resaltó
que Solar Power presentó reproches sustentados en correos y transacciones
bancarias de uno de los integrantes de Sol de Inírida, sin mediar autorización judicial
para acceder a esos datos. Agregó que su actuación respetó los principios de la
contratación de las ESP, y se ajustó al artículo 863 del Código de Comercio10.
16. Solde Inírida 11 planteó las excepciones previas de: i) “inepta demanda por
indebida escogencia de la acción”; ii) “inepta demanda por indebido otorgamiento de
poder”12; y iii) “falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial (…)”13.
17. Como excepciones de mérito propuso: a) “la contratación de las empresas de
servicios públicos se rige bajo el derecho privado” e “inexistencia de acto
administrativo”; b) “cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria
pública”; c) “carencia de motivos fácticos y jurídicos que sustenten la nulidad”, ya que
aportó copia de la póliza suscrita, vigente desde el 14 de noviembre de 2017, sólo
9 Folios 2063 a 2068 del cuaderno 7 y en escrito obrante a folios 2069 a 2071 ibidem, solicitó el llamamiento en
garantía de Seguros del Estado S.A. y de Sol de Inírida.
10 Fls. 2633 a 2654, c. 1H.
11 Fls. 2608 a 2631, c.1H.
12 En atención a que la demanda inicial fue inadmitida mediante auto del 23 de agosto de 2018 y en su
subsanación se incluyó como parte demandada a Sol de Inírida S.A.S. E.S.P., sin que se otorgara nuevo poder
para ejercer acción judicial contra la citada sociedad.
13 Frente a Sol de Inírida, al indicar que respecto a ella no se agotó el citado requisito, y se trató de un nuevo
demandado.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
que la fecha de canje de dichos dineros fue hasta el 16 de noviembre siguiente; y d)
“el contrato de seguro no requiere pago para su existencia, validez y
perfeccionamiento”, conforme a los artículos 1045 y 1066 del Código de Comercio.
18. Seguros del Estado S.A. 14 , llamado en garantía, formuló como excepción “La
promesa de sociedad futura Sol de Inírida… canceló de manera oportuna la póliza
de seguro de cumplimiento particular”15.
Alegatos en primera instancia
19. Surtido el debate probatorio16, al alegar de conclusión, tanto la parte demandante17
como Gensa y Sol de Inírida18 insistieron en los argumentos aducidos en el proceso.
14 Fls. 94 a 196, c. 1H. Mediante escrito del 28 de febrero de 2019, Gensa llamó en garantía a Seguros del Estado
S.A. y a Sol de Inírida (fls. 2069 a 2071, c. 1F-1). En auto del 24 de mayo de 2019 (fls. 2597 y 2598, c. 1H) el
Tribunal Administrativo de Caldas admitió el llamamiento en garantía tanto de la aseguradora como de Sol de
Inírida, quien ya había sido vinculada al proceso como parte demandada.
15 Sobre el llamamiento opuso las excepciones de: i) inexistencia del derecho legal o contractual para llamar en
garantía a Seguros del Estado, por parte de Gensa S.A., ii) falta de legitimación en la causa por activa de Gensa
S.A. para llamar en garantía a Seguros del Estado S.A., y iii) ausencia de cobertura de la póliza de cumplimiento
18-45-101096910.
16 En la audiencia inicial del 10 de agosto de 2021, el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con la
demanda principal, de las que destacan: i) pliego de condiciones de la convocatoria pública, adendas y anexos, ii)
reglamento de contratación de Gensa, iii) respuesta a observaciones 1 a 8 proferidas del 10 de octubre al 10 de
noviembre de 2017, iv) copia del análisis técnico y económico preliminar de ofertas de la convocatoria pública del 28
de noviembre de 2017, v) memorando SEG-079 del 18 de diciembre de 2017, remitido por la Secretaría General de
Gensa a la Comisión Evaluadora cuyo asunto es “Subsanación AJ Ofertas Convocatoria Pública Granja Solar Inírida”,
vi) memorando GGEN-152 con la “Evaluación Técnica y Económica Ofertas convocatoria pública” del 18 de diciembre
de 2017, vii) copia de la oferta, promesa de sociedad futura Solar Power S.A.S. E.S.P. y su otrosí 1, viii) certificación
de 14 de noviembre de 2017 de Seguros del Estado, en la que certificó el pago de la prima de póliza de seriedad
101096910, aportada por Sol de Inírida, ix) cadena de correos entre el gerente comercial de seguros del Estado y el
corredor autorizado por Gensa, en los que se informa fecha de pago de la póliza de Sol de Inírida, x) copia de las
reclamaciones de Solar Power y respuestas de Gensa durante el trámite de la convocatoria pública, xi) comunicación
del 20 de diciembre de 2017, dirigida a Sol de Inírida por Gensa, comunicándole que fue seleccionada para celebrar
el contrato de suministro de energía, xii) copia del registro del sistema interno de Seguros del Estado S.A. donde
consta que Sol de Inírida realizó el pago de la póliza de seriedad el 16 de noviembre de 2017, xiii) solicitud remitida a
Gensa el 16 de marzo de 2018, en la cual Solar Power pidió copia de la carta de aceptación de la oferta, xiv)
certificación de Davivienda a nombre de la sociedad Deltec como integrante de Solar Power, de la aprobación de un
crédito de seis mil millones de pesos con destinación exclusiva para la ejecución del contrato de suministro de energía,
de fecha 22 de noviembre de 2017 (fls. 32 a 357, 365 a 371 y 2174 a 2203 del c.1.). Se decretó el interrogatorio de
parte al representante legal de Sol de Inírida y dos dictámenes periciales aportados: i) de carácter financiero suscrito
por la firma RSM ASSURANCE & AUDIT S.A., mediante el cual se pretendió probar el valor económico de los daños
que sufrieron los demandantes por haber sido privados de ser adjudicatarios (fls. 2204 a 2428, c.1-F), y ii) de carácter
técnico, suscrito por la firma SEDIC S.A., mediante el cual se pretendía probar que los costos presupuestados por
GESINSO y DELTEC, para la ejecución, operación, mantenimiento y administración del proyecto de Granja Solar,
son razonables y corresponden a precios de mercado (fls. 2429 y 2529, c.1-G). Acorde a petición en la reforma a la
demanda, ordenó a Sol de Inírida allegar: i) copia del contrato de suministro de energía, ii) copia de toda la
correspondencia y documentos cruzados con la aseguradora, referida al pago y expedición de la póliza dentro de la
convocatoria pública, y iii) copia de las comunicaciones internas sobre el pago de la garantía de seriedad de la oferta
hasta la firma del contrato. (índice 2 del aplicativo SAMAI). Respecto a Gensa, declaró como prueba documental la
aportada con la contestación de la demanda, dentro de la que se destaca: i) certificado de existencia y representación
legal, ii) pliego de la convocatoria, aviso, adendas, actas de visitas técnicas, inicio y cierre, y anexos, iii) copia de las
ofertas presentadas y demás documentos de acreditación por parte de los diferentes proponentes, iv) copia de las
reclamaciones de los demandantes frente a Gensa sobre irregularidades con la subsanación de la oferta de Sol de
Inírida y sus respectivas respuestas, v) copia de las comunicaciones de la promesa de sociedad futura Solar Power
del 18 de diciembre de 2017, vi) contrato de compraventa de energía No.
001-2018 celebrado entre Gensa y Sol de
Inírida, el 19 de enero de 2018, vii) copia del acta de inicio del 26 de enero de 2018, viii) copia del escrito de tutela
del 18 de diciembre de 2017 interpuesto por Solar Power, xi) oficio 0965 del 9 de enero de 2018 mediante el cual el
Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, le notifica a Gensa denegar la acción
de tutela y revocar medida provisional de suspensión de la convocatoria pública, y xii) solicitud de Solar Power del 26
de marzo de 2018, y su respectiva respuesta dada el 11 de abril de 2018, oficio PRE-0009862018. Se decretaron los
testimonios de José William Sepúlveda Mejía y Sandra Grisales Lezama. Sobre el llamado en garantía, decretó como
prueba la copia de la certificación de paz y salvo expedida el 14 de noviembre de 2017, en la que consta el pago del
seguro (Fl. 2676, c.1-H). 17 Índice 2 del aplicativo SAMAI. 18 Ídem.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
20. El Ministerio Público 19 presentó concepto indicando que los presupuestos que
estructuran la responsabilidad extracontractual del Estado no estaban acreditados;
resaltó que el pago de la póliza de seriedad de la oferta de Sol de Inírida se
encontraba acreditado con la certificación expedida el 14 de noviembre de 2017, por
Seguros del Estado S.A.
Fundamentos de la providencia recurrida
21. El a quo declaró probadas las excepciones de “cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria pública” propuesta por Sol de Inírida, y “la promesa de
sociedad futura Sol de Inírida… canceló de manera oportuna la Póliza de seguro de
cumplimiento particular”, planteada por Seguros del Estado S.A., y negó las
pretensiones por ausencia de daño.
22. Expuso que las decisiones precontractuales proferidas por las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios se sujetan al régimen de derecho
privado y a los principios de la actividad económica y de mercado respectiva, bajo el
contexto de la culpa in contrahendo, siendo necesaria la acreditación de un daño
antijurídico, un hecho irregular imputable a la empresa y el nexo causal entre ambas.
23. En relación con la garantía de seriedad de la oferta, explicó que no es un requisito
formal de la licitación, sino que tiene carácter de habilitante; pero su recibo de pago
puede considerarse irrelevante, también subsanable, y no acarrea por sí mismo el
rechazo de la oferta.
24. Concluyó que hubo prueba del pago oportuno de la póliza, proveniente de la
manifestación expresa del acreedor -Seguros de Estado- que hizo constar que el
pago de la póliza por parte de Sol de Inírida había sido realizado el 14 de noviembre
de 2017, y de acuerdo con las normas del Código Civil y el Código de Comercio, y
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, ello es
prueba suficiente de que dicho pago fue realizado.
25. Rechazó la afirmación del actor de que el representante de Sol de Inírida confesó
en su interrogatorio que no efectuó el pago el 14 de noviembre de 2017, pues éste
señaló que la póliza fue pagada por medio de Anditel (integrante de Sol de Inírida)
el 10 de noviembre de 2017, y aclaró que, con posterioridad, se enteró de que dicho
pago había “rebotado”, pero por temas administrativos entre los bancos sólo se vio
reflejado el 16 de noviembre siguiente.
26. Del contenido de las certificaciones de pago expedidas por Seguros del Estado,
se advierte: i) la expedición de la póliza 101096910; ii) que Sol de Inírida estaba a
paz y salvo en cuanto a su pago el 14 de noviembre de 2017; y iii) que la póliza fue
expedida y se encontraba vigente desde el 10 de noviembre de 2017.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
19 Índice 2 del aplicativo SAMAI.
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27. Los demandantes pidieron revocar la decisión de primera instancia. Insisten en
que según el capítulo 2 y el núm. 3.13 del pliego de condiciones la oferta podía ser
subsanada siempre que se allegara el recibo de pago que acreditara que la garantía
había sido cancelada antes de la fecha de presentación de la oferta; al no haberse
cumplido esa condición procedía su rechazo.
28. El recibo de pago de la póliza sí tuvo importancia en el proceso de selección, al
punto que otro proponente fue descalificado por esa causa. Aunque el a quo se basó
en la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, en el caso concreto este principio
y la forma de entender ciertos requisitos no fue la correcta, pues el objeto del debate
consiste en determinar si la selección se hizo en igualdad de condiciones, y no si por
un excesivo ritual se frustró a un proponente de ser seleccionado.
29. Gensa tuvo por subsanado dicho requisito con documentos que no daban cuenta
de que la garantía se hubiere pagado antes a la fecha de presentación de la oferta,
pues con los aportados se indicaba que Sol de Inírida estaba a paz y salvo y que
Seguros del Estado S.A. había recibido el pago; situaciones que son distintas, porque
el primer caso se refiere a cuándo se hizo el pago, mientras que en el segundo alude
a si el pago fue efectivo.
30. Está probado que Sol de Inírida al presentar la oferta se encontraba en mora en
el pago de la garantía y según el artículo 1068 del Código de Comercio ello conlleva
su rechazo. No se puede permitir que se obvien las reglas del proceso de selección
con fundamento en hechos posteriores, ya que ello conllevaría a violar el principio
de que nadie puede beneficiarse de su propia culpa, y desconocería los principios
de la función administrativa.
31. El a quo analizó de forma aislada e incongruente las pruebas, al afirmar que el
pago se hizo el 14 de noviembre de 2017, obviando que: i) las certificaciones
bancarias que señalan que el pago del 14 de noviembre de 2017 fue rechazado; ii)
la cadena de correos en la que consta que Seguros del Estado informó a Gensa el
rechazo del pago, y que se solicitó a Sol de Inírida realizar una transacción posterior;
y, iii) el recibo de pago expedido por la aseguradora el 21 de noviembre de 2017 que
contradice la certificación previa sobre el paz y salvo.
Trámite de segunda instancia
32. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, aplicable al asunto, no se corrió traslado para
alegar de conclusión.
33. El Ministerio Público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
34. De acuerdo con el objeto del proceso y en función de los cargos de la apelación, la
Sala se ocupará de analizar la responsabilidad precontractual debatida bajo las
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siguientes premisas: (i) naturaleza del acto demandado; (ii) la responsabilidad in
contrahendo en el derecho común; y, (iii) el análisis del caso concreto.
35. La ruta así marcada permitirá establecer si se encuentra acreditado el daño alegado
por los demandantes derivado de la no escogencia de su oferta; para estos fines, se
analizará si los hechos que fundan la censura, y que se concretan en la aceptación de
una propuesta que incumplió la fecha límite del pago de la póliza, configuran un evento
de responsabilidad precontractual.
• Naturaleza del acto demandado
36. La especialidad con la que el legislador estableció el régimen de los actos y
contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en línea con el
mandato constitucional que ampara dicha singularidad, quedó establecido en los
artículos 3120 y 3221 de la Ley 142 de 1994 que impuso la aplicación del derecho
privado a su actividad, como regla general.
37. Diversas posturas se generaron en torno a la naturaleza de los actos de las
empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter estatal. Para unos, se
trataba de actos administrativos por el carácter público del prestador; para otros, el
régimen que los gobierna les asigna la connotación de actos precontractuales o
contractuales sujetos al derecho común, sin categorizarlos como administrativos.
38. Respecto a los actos precontractuales, esta Corporación acogió la segunda
posición y unificó su jurisprudencia 22 precisando que bajo el régimen de derecho
privado los prestadores de servicios públicos no están habilitados constitucional ni
legalmente para emitir actos administrativos, salvo en los casos que la ley les
atribuya tal potestad, y agregó que la selección de un contratista por las ESP no hace
parte de tales excepciones. De esta forma, los actos precontractuales no
corresponden a un acto administrativo, sino a actuaciones que se rigen por derecho
privado.
39. Bajo este contexto, la disputa del actor no está llamada a ser definida como un
asunto encaminado a desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo,
pues de lo que se trata de analizar es la responsabilidad precontractual de la
empresa por presunta violación al principio de buena fe23.
20 “ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de
2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios
públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa (…)”.
21 “ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en
cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de
todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de septiembre de
2020, exp. 42003. M.P. Alberto Montaña Plata.
23 Como adelante será precisado, Gensa S.A. es una empresa de servicios públicos mixta, cuyo objeto social
consiste principalmente en la prestación de uno o más de los servicios públicos domiciliarios de que trata el
artículo 1º. de la Ley 142 de 1994 o la realización de una o varias actividades que la ley considera como
complementarias, a una y otra actividad. Por tanto, sus actos y contratos se encuentran sometidos al derecho
privado.
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40. En este escenario, las tratativas y actuaciones en sede precontractual deben ser
analizadas bajo el mecanismo de reparación directa, el cual está diseñado para
examinar la responsabilidad de la administración con fuente en hechos, omisiones,
operaciones administrativas, y cualquier otra causa generadora de un daño
antijurídico, que se explica en el carácter integrador de este medio de control según
se desprende del artículo 140 del CPACA.
41. La conclusión sobre la aplicación del régimen privado y el análisis que en sede de
responsabilidad por culpa in contrahendo adoptó el a quo en el caso concreto, no
tuvo oposición o queja del actor en su alzada. Sin embargo, estas precisiones sirven
a la Sala para indicar que la correcta identificación del medio de control, de cara a la
naturaleza de los actos de las ESP en el ámbito precontractual, determinan que el
origen del daño así reclamado no puede ubicarse en los vicios de ilegalidad -que
atañen a los actos administrativos-, sino que se trata de un reproche de conducta
ubicado en el marco de las tratativas negociales, que impone que su examen esté
guiado por los preceptos que gobiernan ese régimen de responsabilidad, a la guisa
de lo dispuesto en el artículo 863 del Código de Comercio, que establece que “las
partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual,
so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”.
42. De lo anterior se desprende que no basta con modificar el rumbo procesal aducido;
como tampoco es suficiente afirmar que tales actos carecen de la connotación de
administrativos pues, si aun bajo estas premisas el fallador reconduce el análisis a
un examen de perjuicios por la ilegalidad del acto precontractual y estudia sus vicios
recreando el mecanismo de nulidad y restablecimiento, inevitablemente desarticula
la tesis que concretó la jurisprudencia atrás citada, ya que sin la presencia de un acto
administrativo qué anular, el menoscabo con origen en la etapa precontractual debe
situarse en la órbita del dispositivo de reparación directa que indemniza el daño
antijurídico derivado, en estos casos, de la conducta transgresora del principio de
buena fe; no como efecto de la declaratoria de nulidad del acto.
43. Con este horizonte, para concretar el escenario de análisis que concita la atención
de la Sala, resulta pertinente referirse al marco en el que se edifica la responsabilidad
de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la fase prenegocial, a la luz
del marco normativo que atañe al derecho privado.
• Responsabilidad por culpa in contrahendo en la actividad precontractual de
los prestadores de servicios públicos domiciliarios
44. Alanalizar este modelo de responsabilidad, la Sección Tercera 24 de esta
Corporación explicó que, desde sus orígenes en el derecho romano, el régimen de
responsabilidad precontractual descansaba en las nociones de dolo y violencia,
como delitos, antes de que se erigieran en vicios de consentimiento 25 ;
posteriormente consideró como un injusto que en la etapa de tratativas preliminares26
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias del 26
de noviembre de 2015, Exp. 51376; y 1º de abril de 2016 Exp. 41.217 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
25 HINESTROSA, Fernando. “Tratado de las Obligaciones II, de las fuentes de las obligaciones, El Negocio
Jurídico” Volumen I, Ed, Universidad Externado de Colombia, abril de 2015, Pág. 721.
26 Ibidem.
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uno de los negociantes decidiera romper injustificadamente con ellas o asumiera un
comportamiento desleal o incorrecto causando daño a otro, y diferenció entre la
libertad de los negociantes para sustraerse de las negociaciones de forma justificada,
respecto de los casos en que lo hace culposamente causando un daño.
45. De allí derivó la premisa consistente en que en la etapa precontractual las partes
asumen una obligación de “diligentia in contrahendo”, esto es, el deber de desplegar
un comportamiento correcto y leal, cuya inobservancia es fuente de reparación de
daños. Entonces, en los eventos en que alguna de las partes decide apartarse de
manera unilateral e intempestiva de las negociaciones o asume una conducta
negligente y causa un daño a quien confió en la seriedad de los acercamientos -
culpa in contrahendo- es posible activar este instituto.
46. La conducta que da lugar a esta forma de responsabilidad es aquella que
contraviene la buena fe 27 , y representa el comportamiento “incorrecto y desleal,
culposo, falto de diligencia, cuidado, e incluso omisivo en la etapa de negociaciones
o tratativas preliminares (…)”28; características que para ser aducidas como fuente
de daños imponen precisar previamente las condiciones particulares de cada
relación negocial para analizar si la conducta realizada representa una de tales
incorrecciones.
47. En el ordenamiento jurídico nacional la responsabilidad precontractual se
fundamenta en el artículo 863 del Código de Comercio, con proyección en los
artículos 87129 ib. y 1603 30 del Código Civil que, con redacción similar, y en una
lectura integral que incluye el camino de formación del contrato, exige a las partes el
deber de obrar conforme a los postulados de la buena fe, la lealtad y el respeto a los
derechos y expectativas de los sujetos involucrados tanto en el estadio
precontractual, como contractual.
48. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, en sentencia del
28 de julio de 1998 resaltó el contexto legal de las tratativas negociales y los deberes
de conducta asociados al principio de buena fe –se cita in extenso dada su relevancia
en la materia–:
“Los diferentes caminos que pueden transitar las partes con miras a ajustar un contrato, son de
variada índole y, por supuesto, con alcances de distinto temperamento. De un lado, la relación
negocial puede surgir a partir de una oferta que, como ha quedado dicho, es un acto unilateral
con relevancia jurídica - en la medida que es irrevocable (artículo 846 del Código de Comercio)-
27 La Corte Constitucional, en sentencia C-544 de 1994, señaló: “La buena fe ha sido, desde tiempos
inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber
de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que
los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente
ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta
contraria al orden jurídico y sancionado por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se
presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben
comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe”.
28 Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 5 de julio de 2018, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Expediente: 59.530.
29 “ARTÍCULO 871. <PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y,
en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la
naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
30 “ARTÍCULO 1603. <EJECUCIÓN DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de
la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.
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, por medio de la cual una persona formula a otra un proyecto de negocio jurídico, propuesta
que, de ser aceptada en forma pura y simple, dará lugar al contrato, obviamente si se aúnan
los requisitos que le son propios. Si la aceptación de la oferta no coincide totalmente con ésta,
porque contiene otras condiciones o reservas, origina una nueva propuesta o contraoferta
(artículo 855 ejusdem), que se somete a consideración del oferente originario.
Ahora bien, de no ser aceptada la propuesta, se trunca el nacimiento de la relación contractual,
a menos, claro está, que los interesados entablen conversaciones preliminares (“tratativas”),
que pueden desembocar, dependiendo de la complejidad de las negociaciones, en la
elaboración de documentos “borradores” en los cuales puntualicen el estado de las mismas …
sin que pueda decirse que el contrato se ha perfeccionado, pues están aún a la espera de
futuras coincidencias sobre otros aspectos del mismo.
En todo caso, durante toda esta etapa precontractual deben actuar con lealtad y buena fe
exenta de culpa “so pena de indemnizar los perjuicios que se causen” (artículo 863 ibidem),
como acontece, por ejemplo, cuando alguna de ellas, traicionando la confianza que la otra ha
depositado en la seriedad de las conversaciones, las interrumpe injustificada y abruptamente.
Quiérese poner de presente, entonces, que esas negociaciones preliminares no son
jurídicamente irrelevantes, toda vez que los interesados se encuentran apremiados a
comportarse con lealtad y buena fe, acatando la ética social existente en el entorno dentro del
cual actúan, comprometiendo su responsabilidad patrimonial por transgredir esos particulares
deberes de conducta"31. (Se resalta)
49. La Sala realza una premisa que no puede pasar inadvertida, y es que la llamada
etapa precontractual está diseñada para que los sujetos interesados en una eventual
relación negocial dispongan de ese escenario para entablar los diálogos necesarios
y acercamientos que les permitan, en ejercicio de la autonomía de su voluntad,
avanzar o no hacia la consolidación de un vínculo contractual, según el tipo y
naturaleza del negocio jurídico que se trate. De modo que es igualmente legítimo
continuar hacia la celebración del contrato, como sustraerse de hacerlo, con la
precisión de que esta segunda posibilidad no equivale a que tal conducta se adopte
en desconocimiento del deber de actuar de buena fe, de ser así, la ley establece la
obligación de indemnizar los perjuicios que se causen (art. 863 del C. Co).
50. En línea de lo dicho, si bien los acercamientos negociales aun cuando tienen la
característica de no imponer la celebración del contrato ni generar obligaciones en
su etapa germinal, “cuando han llegado a tal punto que permita prever que el contrato
debería poderse formalizar y una de las partes rompe las negociaciones sin un justo
o atendible motivo (culpa in contrahendo, es decir, culpa en el curso de
negociaciones contractuales; responsabilidad precontractual), la contraparte tendrá
derecho al resarcimiento del daño”32.
51. Esta plataforma determina la estructura de análisis de la responsabilidad in
contrahendo, que descansa en la demostración de un actuar no guiado por el
principio de la buena fe exenta de culpa y de una repercusión cierta en el patrimonio
del afectado, que corresponde al elemento del daño. En estos términos, el examen
de esta clase de responsabilidad impone identificar el tipo de tratos que se están
desenvolviendo entre las partes, para definir el mayor o menor grado de
consolidación en el que avanza el pretendido negocio jurídico y sus bases, dentro de
una multiplicidad de rutas prenegociales que se pueden adoptar a fin de abordar los
31 Corte Suprema de Justicia. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Exp. 4810.
32 MESSINEO, Francesco, “Doctrina general del contrato”, T. 1, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos
Aires, 1952, pág. 309.
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términos, condiciones y elementos relevantes y así, determinar su interés o
desinterés en lograr un acuerdo.
52. Este razonamiento, aplicado a la actividad precontractual de los prestadores de
servicios públicos conduce a identificar el tipo de figura utilizada para lograr el
acercamiento de las voluntades, pues no será lo mismo estar en presencia, p. ej., de
una oferta mercantil que frente a una invitación o convocatoria a presentar ofertas,
entre otras figuras.
53. Luego de definir el tipo de negociación y su avance, para lo cual resulta
determinante acudir al manual de contratación de la respectiva ESP, se requiere
definir los deberes incumplidos bajo los cuales se formula el reproche de conducta,
con el objeto de determinar la existencia o no del daño que se reclama; y finalmente,
constatar la existencia o no de un perjuicio indemnizable derivado de aquel daño,
aspecto que impone distinguir entre el interés positivo o negativo susceptible de
reconocimiento en la etapa pre negocial.
54. Como se indicó, en el primer eslabón de esta ruta de análisis se ubica el daño, y
comoquiera que éste se concreta en la ruptura o desconocimiento del deber de
actuar de buena fe en los tratos preliminares, la Sala estima necesario referirse a los
denominados deberes secundarios que explican aquel postulado, en la medida que
determinan la guía de comportamiento que deben seguir los sujetos comprometidos
en el tráfico negocial durante este periodo.
55. La doctrina y la jurisprudencia han señalado que tales deberes se refieren, en
general, a los principios de lealtad y corrección que consisten principalmente en
manifestar claramente las circunstancias personales, objetivas, directas o indirectas
que puedan rodear tal etapa, e incidir en un futuro negocio jurídico –p. ej. una
extensión de las obligaciones pre y post contractuales33–. Y en concreto, aluden a
los deberes de información, de secreto, de protección y conservación, y de no
abandonar las negociaciones sin justa causa, entre otros34.
56. En cuanto al deber de información cuyo origen anida en el derecho romano, se
pregonó la máxima “caveta emptor o bien emptor debet ese curiosus” que explicaba
que cada una de las partes que iban a suscribir un contrato tenía que informarse y
adquirir los conocimientos necesarios para determinar si el negocio jurídico satisfacía
o no sus intereses35.
57. Con la estructuración y desarrollo de la responsabilidad precontractual se entendió
que toda persona que emprendiera tratos negociales debía manifestar a su
contraparte -como deber de conducta- las circunstancias subjetivas y objetivas de
significativa importancia que pudieran afectar la concreción del negocio o su
33 OVIEDO ALBÁN, Jorge. “Tratos preliminares y responsabilidad precontractual”, Jornadas colombo argentinas
de derecho privado: Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI, Bogotá (Colombia) N° 115: 83-116,
22 de abril de 2008, pág. 94. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14577.
34 DÍEZ-PICAZO, Luis, “Fundamentos del derecho civil patrimonial”, tomo 1, Thomson Civitas, Madrid, 2007,
sexta edición, pág. 311.
35 MONSALVE CABALLERO, Vladimir. “La buena fe como fundamento de los deberes precontractuales de
conducta: una doctrina europea en construcción”. Revista de Derecho No. 30. On-line version ISSN 2145-9355,
Barranquilla, julio a diciembre de 2008. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972008000200003.
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desarrollo normal, incluyendo aspectos técnicos de la operación y posibles riesgos a
futuro36.
58. El contenido de este deber entraña dos aspectos centrales: que la información sea
relevante y que sea suficiente, con miras a que la toma de la decisión sobre suscribir
un contrato esté plenamente revelada. La Corte Suprema de Justicia ha señalado
que: “…dentro de los deberes de corrección y lealtad que se exigen a toda persona
que emprenda tratos negociales, se encuentra el que atañe con las informaciones o
declaraciones que está llamado a suministrar, cuando a ellas hay lugar, en relación
con el objeto, circunstancias o particularidades del acuerdo en camino de
consumación, y cuya importancia, si bien variable, resulta substancial para efectos
de desembarazar el consentimiento del destinatario de artificios o vicios que lo
afecten”37.
59. Como se advierte, este deber se proyecta en doble perspectiva, pues puede ser
punto de quiebre en el actuar de buena fe que regenta la etapa precontractual ante
el rompimiento de las negociaciones por omisión o insuficiencia de la información
otorgada; pero también puede constituirse en génesis de un vicio del consentimiento
ante la concreción del negocio jurídico en esas condiciones. Así que goza de
reconocimiento en ambos escenarios; para el caso concreto basta situarse en la
primera de tales perspectivas.
60. Adicionalmente, la doctrina ha establecido que corresponderá al juez determinar
cuál de las partes actuó conforme a derecho o no, teniendo que evaluar la
consideración relativa al conocimiento especializado entre las partes, es decir, “si
estamos hablando de un negocio entre dos comerciantes o expertos en el comercio,
en este caso será mayor el grado de diligencia exigible para los dos sujetos
negociales o si, por el contrario, se da el caso de una relación entre experto del
comercio y profanos o consumidores, en este caso se deberá propender por proteger
en todo la parte débil de la relación”38.
61. De otra parte, emerge el deber de secreto y confidencialidad que consiste en
guardar reserva sobre la información personal o con relevancia patrimonial que con
ocasión del proceso precontractual se haya conocido de la otra parte39. Aclárese que
la información que se somete a secreto puede ser de cualquier naturaleza, personal,
comercial, laboral, entre otros. Es así como:
“Al momento de presentación de la oferta, o aun en las tratativas precontractuales, una parte
puede manifestar detalles técnicos, de producción, de mercadeo, industriales, etc., para
explorar el interés contractual de la otra y conocer los alcances del futuro acuerdo. Surge
entonces el deber de la confidencialidad que reside en la obligación de no utilizar esta
información fuera del ámbito en el que fue confiada. El no proceder así contraría la buena fe y
lealtad negocial, al igual que utilizarla para el propio provecho o en perjuicio de quien la
proporcionó, sea que el contrato llegue o no a su conclusión” 40.
36 HERRERA OSORIO, Fredy y MAHECHA PULIDO, Alejandro, “Revisión general de los deberes secundarios
de conducta de las sociedades fiduciarias en el contrato de fiducia”. Derecho y Realidad Núm. 18 z II semestre
de 2011 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC ISSN: 1692-3936, pág. 42.
37 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 4 de abril del 2001, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5716.
38 MONSALVE CABALLERO, Vladimir. Op. Cit.
39 CUADRADO PÉREZ, Carlos, Oferta, aceptación y conclusión del contrato, Studia Albortoniana, dirigido por
Evelio Verdera y Tulles, LXXXIV, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2003, pág. 48.
40 OVIEDO ALBÁN, Jorge. Op. Cit, pág. 98.
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62. En Colombia, este deber está previsto en la Ley 256 de 199641, que en su artículo
16 determinó que la violación de los secretos es un acto de competencia desleal, al
igual que la compra de información confidencial, el espionaje o cualquier
procedimiento análogo. A su vez, el artículo 2.16 de los Principios Unidroit consagra
que si una de las partes proporciona información confidencial en el curso de una
negociación, la otra no podrá revelarla o utilizarla de forma injustificada, sin importar
que el negocio llegue o no a celebrarse; premisa que apuntala la trascendencia de
los postulados que emergen del principio de buena fe bajo una óptica transversal en
el derecho que irradia el período precontractual42.
63. Por su parte, el deber de protección y conservación se orienta a la custodia y
salvaguarda de los bienes objeto de la negociación, incluyendo las relaciones con
personas vinculadas al posible negocio jurídico a celebrar, a fin de protegerlos de
daños patrimoniales o personales que se puedan generar con ocasión o en el
interregno de las tratativas43.
64. Para la doctrina italiana, la obligación de custodia y cuidado opera respecto a
aquellos bienes que la otra parte le ha entregado para su examen de cara a la
realización del contrato. Así, quien, habiendo recibido los bienes en el ejercicio de su
experimentación, uso, o simple tenencia, no emplea la diligencia debida y por tanto
le causa daños a aquellos bienes entregados, debe responder por ellos 44.
65. El deber de no abandonar las negociaciones sin justa causa, reprocha que los
sujetos generen “falsas expectativas en torno a la celebración de un contrato que
nunca se perfeccionará, manifestando por lo menos prudencia a la hora de retirarse
del proceso de negociación”45. La escuela italiana ha dicho que puede advertirse un
comportamiento doloso cuando una de las partes inicia y continúa las negociaciones
con la intención de no concluir el contrato; y se obra con culpa cuando se induce a
la otra parte a confiar en la conclusión del mismo sin haber la suficiente
determinación respecto a la perfección del contrato. En estos casos, se incurriría en
violación del deber mencionado46.
66. Conforme a las anteriores precisiones, de hallarse configurada la transgresión del
principio de buena fe en el periodo precontractual, es decir, en los casos en que se
acredite el daño, se pasará a analizar el factor de resarcimiento derivado de la
responsabilidad civil por culpa in contrahendo que corresponde, por regla general, al
denominado interés negativo. La Corte Suprema de Justicia lo ha explicado en los
siguientes términos:
41 “ARTÍCULO 16. VIOLACIÓN DE SECRETOS. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin
autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que
se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas
de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley (…)”.
42 Colombia es país miembro del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado a partir del 19 de
abril de 1940, ratificado mediante la Ley 32 de 1992, a través de la cual se aprueba el “Estatuto Orgánico del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado”. De allí que los Principios Unidroit, como desarrollo
de esos acuerdos, son principios internacionales que se aplican a los contratos de tal naturaleza regidos bajo el
derecho privado; pero, a su vez, tienen valor interpretativo bajo el ordenamiento nacional al estar ajustados de
manera integral al Código Civil y al Código de Comercio colombianos.
43 OVIEDO ALBÁN, Jorge. Op. Cit, pág. 99.
44 MONSALVE CABALLERO, Vladimir. Op. Cit.
45 OVIEDO ALBÁN, Jorge. Op. Cit, pág. 101.
46 BIANCA, C. Massimo, Diritto civile. 3, Il contratto, Giuffré editore, Milano, 2000. Citado en OVIEDO ALBÁN,
Jorge. Op. Cit, pág. 101.
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Asunto: Reparación directa
“(…) cuando esa ruptura brusca del procedimiento, adoptada en forma unilateral y sin causa
justificada por el anunciante, se sucede antes de culminar aquel en el perfeccionamiento del
contrato, mediante la adjudicación al concursante mejor calificado, es decir mientras subsiste
aún el período preparatorio, los participantes perjudicados tienen derecho a una indemnización
cuya medida ya no se encadena con el interés de cumplimiento o interés positivo –exigible
únicamente en la hipótesis de contratos efectiva y válidamente realizados-, sino que vendrá
dada por el que comúnmente se llama ‘(…) interés negativo o de confianza (…)’, ordenado por
definición hacia el restablecimiento de la situación patrimonial negativa en la que puedan
encontrarse aquéllos por la confianza que tuvieron en que el curso normal de la negociación
no se interrumpiría”.
(…) la fuente del derecho al resarcimiento del que ella es objeto, no es contractual, sino que
emerge, al tenor del ordenamiento positivo nacional (art. 863 del C. de Co.), del principio
general de la buena fe que, como tantas veces se ha reiterado, no impera solamente en las
relaciones jurídicas ya establecidas; y en fin, la comentada indemnización debe ser integral, o
sea comprensiva del daño emergente y del lucro cesante (…), es decir reunidos por una
relación causal adecuada al hecho definido como generador de responsabilidad,
entendiéndose que por el primero de aquellos conceptos –daño emergente- el damnificado
podrá demandar el reembolso de los gastos ocasionados con motivo de tales negociaciones,
mientras que a título de ganancias frustradas habrá lugar a reclamar beneficios ciertos que se
hayan dejado de percibir en razón de las actuaciones precontractuales que no progresaron
debido al retiro injustificado de la otra parte, este último teniendo en cuenta, obviamente, que
no se trata de lucro cesante por incumplimiento de la propia relación negocial proyectada –pues
una utilidad de esa naturaleza integra sin duda el interés positivo o de cumplimiento que, como
se advirtió antes, presupone un contrato ab initio válido y perfecto- sino de la pérdida que
significa el que, por haber confiado en que el otro negociador haría lo necesario para llegar a
la perfección del vínculo contractual proyectado, se haya abandonado una posición
económicamente favorable y existente en realidad al momento del evento dañoso -v. gr. la
posibilidad cierta de celebrar otro contrato distinto- que le habría reportado ventaja” 47 (se
resalta).
67. El interés negativo o de confianza, también denominado costo de oportunidad,
emerge porque el negocio "no alcanzó a perfeccionarse o, porque celebrado, se
declaró nulo, [y] ya no puede pedirse su cumplimiento, sino la reparación del daño
sufrido por confiar en la validez de este"48. En otras palabras:
“Se considera que los perjuicios indemnizables por la responsabilidad precontractual en que
incurra una persona se reflejan exclusivamente en el llamado interés negativo, que comprende
los gastos comprometidos con la finalidad de celebrar el contrato frustrado y, en su caso, una
indemnización por la pérdida de probabilidades concretas para celebrar otro contrato similar;
acá se incluye tanto el lucro cesante como el daño emergente” 49.
68. Esta Corporación ha señalado que el interés negativo es aquel que compensa los
perjuicios generados ante las negociaciones frustradas, lo cual incluye el daño
emergente –gastos ocasionados con motivo de tales negociaciones– y el lucro
cesante, pero no aquel derivado del “incumplimiento de la propia relación negocial
proyectada … sino de la pérdida que significa el … haber confiado en que el otro
negociador haría lo necesario para llegar a la perfección del vínculo contractual
proyectado”50.
47 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de noviembre de 1989, G.J. t. CXCVI,
2° semestre de ese año, pág. 123, reiterada en sentencia del 5 de julio de 2011. Rad. 19001-3103-003-2000-
00183-01. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda.
48 Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles, vol. 2, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1965, p. 391.
49 Marín Vélez, G. A. (2004). La responsabilidad precontractual en Colombia. Opinión Jurídica. 3(5). DOI:
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/1324. Pág. 73.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de noviembre de 2019, Exp. 2500023-
2600020030078301(38241), M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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69. Por su parte, el interés positivo51 se materializa en la expectativa de cumplimiento
de las prestaciones que surgen del contrato válidamente celebrado y los eventuales
beneficios que pueda reportar la cabal ejecución de sus prestaciones; de ahí que
este tipo de perjuicios apunta a la defraudación del interés positivo o ejecución exacta
del contrato, y en la práctica implica ser colocado patrimonialmente como si el
contrato hubiera desplegado su efecto principal: el cumplimiento.
70. Con las anteriores distinciones, el perjuicio resarcible en sede de responsabilidad
por culpa in contrahendo corresponde al interés negativo o de confianza, situación
que difiere de lo que ocurre en los casos en que se declara la ilegalidad del acto de
adjudicación en la actividad precontractual regida por el EGCAP, en el que se
reconoce el interés positivo, en la medida que quien lo aduce en juicio reclama para
sí el derecho de haber sido adjudicatario y, por esta vía el de haber celebrado el
contrato estatal; esta posición es la que le autoriza a pretender los beneficios
económicos del negocio jurídico como si éste se hubiese suscrito y ejecutado para
restituir el estatus jurídico vulnerado.
Caso concreto
71. En el presente asunto, se controvierte la actividad precontractual de Gestión
Energética S.A. E.S.P. (Gensa) que acorde a su certificado de existencia y
representación legal aportado con la contestación de la demanda y su reforma, es
una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad por acciones,
del tipo de las anónimas, que cuenta en la composición de su capital con un aporte
estatal de 93.19% en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
72. La Ley 143 de 1994, que entre otras cosas regula el régimen de generación,
interconexión, transmisión y comercialización de electricidad en el territorio nacional, al
igual que la Ley 142 de 1994, dispuso la participación en las actividades del sector de
diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, en un contexto de libre
competencia52 y estableció que el régimen de contratación aplicable a las “empresas
públicas” que presten el servicio de energía es el derecho privado, salvo los casos en
que la Comisión de Regulación de Energía y Gas imponga forzosamente la inclusión
de cláusulas excepcionales al derecho común.
73. Como prestadora de servicios públicos domiciliarios 53 su actividad precontractual y
contractual se rige por el derecho privado; y dado que la selección de contratistas no
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de mayo de 2000, Exp. 11.725.
M.P. Ricardo Hoyos Duque.
52 Artículo 7, Ley 143 de 1994.
53 El objeto social de Gensa según su certificado de existencia y representación legal es: “Objeto Social: El objeto
principal de la sociedad es el desarrollo de las siguientes actividades: 5.1. Prestación de uno o más de los
servicios públicos de que trata la Ley 142 de 1994 o la realización de una o varias actividades que la ley considera
como complementarias, o una y otra actividad. Podrá desarrollar entre otras, actividades propias del sector
eléctrico tales como generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización. 5.2. Promover y/o
ejecutar proyectos hidroeléctricos y de cualquier otra fuente de energía convencional, y no convencional o
alternativa, incluyendo los posibles trasvases hídricos… 5.3. Construcción, administración, operación,
mantenimiento y reparación de todo de infraestructura eléctrica… 5.4. Realizar inversiones y actividades
comerciales de energéticos de uso industrial, o cualesquiera otros productos, con destino a la industria, al
comercio y al sector público en general… 5.5. La sociedad prestará directa o indirectamente, en forma total o
parcial, el servicio de alumbrado público… 5.6. La sociedad podrá incursionar y desarrollar proyectos
relacionados con la eficacia energética en todas sus líneas de actuación, entre otras, lo relacionado con la
movilidad eléctrica”. Fl, 2706, c. 1H.
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es parte de las excepciones legales que dan lugar a la expedición de actos
administrativos el estudio del acto jurídico demandado, denominado “Carta Aceptación”
será analizado bajo la óptica del régimen de derecho común y bajo el cauce del medio
de control de reparación directa54.
Tratos preliminares
74. Acorde a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 10 del manual de contratación de
Gensa55 y el pliego de condiciones, el 3 de octubre de 2017 se publicó convocatoria
para adelantar proceso de selección, cuya tipología correspondió a una “solicitud
pública de ofertas”, con el fin de celebrar un contrato de suministro de energía a favor
de Gensa, por un período de 10 años.
75. En los artículos 10 y 11 del citado manual de contratación, se dispuso acerca de
las modalidades de escogencia (destacándose para este caso la solicitud pública de
ofertas que fue la adelantada); y se advirtió a quienes decidieran participar de tales
procesos, que Gensa no tenía deber de aceptar las ofertas que le fuesen
presentadas, reservándose tal derecho:
“CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ARTÍCULO DÉCIMO. - SOLICITUD DE OFERTAS: La solicitud de ofertas se llevará a cabo
bajo las siguientes modalidades:
1. Solicitud de una (1) oferta
2. Solicitud de pluralidad de ofertas
3. Solicitud pública de ofertas.
(...)
3. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS (modificado por el Acuerdo No. 183 del 31 de julio de
2013)
Se hará solicitud pública de ofertas, mediante un aviso en un periódico de amplia circulación o
a través de la página web de GENSA S.A. E.S.P., cuando el contrato que se pretenda celebrar
sea superior a los tres mil (3.000) SMLMV.
(…)
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: En las
condiciones y términos de la solicitud de oferta se señalará claramente el objeto que persigue
GENSA S.A. E.S.P. con la contratación y los criterios que se tendrán en cuenta para la
evaluación.
Dentro de estos criterios de evaluación y calificación podrán estar el precio, el plazo, la
experiencia, la estructura organizacional, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad del
bien o servicio a ofrecer, la capacidad técnica y la capacidad financiera.
Las ofertas que se reciban en respuesta a una invitación o solicitud no obligan a GENSA S.A.
E.S.P. a su aceptación”56 (se subraya).
76.En virtud de lo anterior, el 3 de octubre de 2017, se publicó en el periódico El
Tiempo 57 , el aviso de la convocatoria para presentación de ofertas a fin de
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A FAVOR DE GENSA DURANTE UN
PERIODO DE 10 AÑOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
54 Estos criterios fueron tenidos en cuenta en el auto proferido el 15 de octubre de 2020, en el que, entre otros
asuntos, esta Corporación se pronunció sobre los recursos de apelación interpuestos por las demandadas contra
providencia del 28 de enero de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, en la audiencia inicial,
mediante el cual se declararon no probadas, entre otras, las excepciones de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción. Al considerar que la comunicación demandada no era un acto administrativo, adecuó
el medio de control procedente, en este caso, al de reparación directa.
55 Fls. 84 y 85, c.1. parte 1.
56 Fls. 84 y 85, c.1. parte 1.
57 Fl. 414. c. 1A-1.
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EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL
CONTRATO A CELEBRAR, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTRUIR UNA GRANJA
SOLAR, INCLUYENDO TODAS LAS OBRAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS BAJO SU
PROPIO COSTO Y RESPONSABILIDAD, DEBIÉNDOLA INTEGRAR AL SISTEMA
HÍBRIDO SOLAR-DIÉSEL QUE FUNCIONARÁ EN INÍRIDA, ADEMÁS DEBERÁ OPERAR,
ADMINISTRAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES, BAJO SU PROPIO COSTO Y
ENTERA RESPONSABILIDAD, REALIZANDO LA TRANSFERENCIA FINAL DEL ACTIVO
A GENSA".
77. Dentro de los requisitos jurídicos para participar, el pliego de condiciones subrayó
que las ofertas que recibiera la empresa en respuesta a la invitación efectuada no
obligaban a su aceptación (núm. 1.5.1.), y el marco legal de la convocatoria sería el
derecho privado58.
78. La Sala constata que Gensa adelantó una invitación a ofertar o solicitud pública
de ofertas, y no una oferta mercantil; conviene señalar las distinciones entre estas
figuras, como brevemente se pasa a precisar.
79. Conforme a lo prescrito en el artículo 845 y ss. del Código de Comercio, la oferta
mercantil es un acto firme, inequívoco, preciso y completo, con una expresión de
voluntad decidida a celebrar un contrato, y en el que no hay duda que está plasmado
un proyecto de negocio con la incorporación de todos los elementos esenciales del
mismo. De manera que la aceptación por parte del interesado ocasiona el nacimiento
del contrato, en tanto no requiera el agotamiento de un requisito de
perfeccionamiento adicional.
80. Al ser un acto unilateral que contiene una manifestación de voluntad indiscutible,
trae aparejada una consecuencia definida por la ley, y es su carácter irrevocable -
artículo 860 del Código de Comercio-, pues está “revestido de tal seriedad [el
proyecto de negocio jurídico] que no pueda menos que tenerse la certeza de que
podrá perfeccionarse como contrato, con el lleno de todos los requisitos legales, si
ella es aceptada por aquel o aquellos a quienes va dirigida…”59.
81. Por su parte, las simples invitaciones a contratar distan de la certidumbre que
irradia la oferta, son manifestaciones dirigidas a una o varias personas a emprender
negocios sin que tengan el alcance de una proposición con la inclusión de todos los
elementos esenciales del contrato. Sobre los aspectos diferenciadores de ambas
figuras, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:
“El anuncio … es la pauta del concurso y al propio tiempo contiene tanto la característica del
contrato proyectado como las reglas fundamentales a través de la cuales queda vinculado el
anunciante, aspecto este último determinable del carácter atribuible a este tipo de actos y del
papel que juega en procedimientos de esta naturaleza, habida cuenta que su significación no
es fatalmente la misma en todos los supuestos posibles, pues en unos, quizá los más comunes,
no habrá verdaderas ofertas sino apenas simples invitaciones a formularlas, mientras en otros,
ante una declaración concluyente hecha en tal sentido, por quien tomó la iniciativa de convocar
al concurso, forzoso será estimar que éste se abrió para ser celebrado el contrato sin reserva,
es decir involucrando una oferta completa y obligatoria de contratar con el concursante que
resultare favorecido … lo corriente es, entonces, que de no presentarse factores que abonen
la otra alternativa, una invitación a concursar representa tan sólo la posibilidad de concurrir al
58 Fl. 57. c.1. parte 1.
59 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 029-1995 del 8 de marzo de 1995, radicación 4473.
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certamen formulando las verdaderas ofertas bajo el supuesto de que el anunciante se ha
reservado para sí la libertad de adjudicar o no, lo que equivale que el anunciante se ha
reservado para sí la libertad de adjudicar o no, lo que equivale a decir que el proyectado
contrato no podrá tenerse por perfeccionado sino mediante la adjudicación, caso por cierto
diferente a aquel en que la invitación es una auténtica oferta, vale decir una proposición que,
en los términos que indican los artículo 845, 846 y 860 del C. de Co., dejará vinculado
contractualmente al proponente –anunciante- por el solo hecho de haberse formulado, con
acatamiento de las reglas del concurso, la correspondiente aceptación por alguno de los
llamados a participar en su realización”60.
82. De esta forma, y para efectos del sub lite, al tratarse de una invitación a presentar
propuestas, se está ante unas tratativas previas que carecen de la fuerza que impone
la oferta y hacen parte solamente de una invitación en la que se hizo reserva expresa
de la entidad de no estar obligada a seleccionar alguna, de lo que parecería inferirse,
por lo menos de manera preliminar, que haber escogido una propuesta
prescindiendo de otra, cabía dentro del margen de acción y facultades de la referida
ESP –y conociendo tal posibilidad, acudieron los interesados–.
83. No obstante, definir las pretensiones de quien reclama ser destinatario de un
perjuicio en sede de este especial tipo de responsabilidad, impone ingresar en las
exigencias del concurso con el fin de analizar si, como insiste el actor, se presentó
un trato desigual entre oferentes ante la misma regla, y si ello es constitutivo de un
agravio a los deberes de buena fe, lealtad y corrección que den lugar a la
configuración del daño aducido, aunque éste se hubiere identificado como un
perjuicio representado en el valor del beneficio dejado de recibir, asunto que por
supuesto no guarda relación con la responsabilidad que se reclama, y es un referente
para la decisión que se apresta a tomar la Sala.
84.Entre los requisitos jurídicos, el núm. 2.1.2 del pliego (como fue denominado por
la ESP) estableció que se debía constituir una garantía de seriedad de la oferta a
favor de la empresa y aportarla con el recibo de pago de la prima:
“2.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS
(...) 2.1.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El oferente deberá constituir a favor de GESTION ENERGÉTICA S.A. ESP en formato entre
Entidades Particulares, una garantía de seriedad de la oferta expedida por una compañía de
seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.
(…) El oferente debe presentar el correspondiente recibo de pago de la prima. La garantía de
seriedad de la oferta, deberá ser presentada en original.
(…) Si el cierre se llegare a prorrogar, el oferente se obliga a reajustar la vigencia de la garantía.
Se deberá anexar el correspondiente recibo de pago de la garantía. (Subsanable siempre
y cuando la garantía haya sido cancelada con anterioridad a la fecha de presentación de
la oferta)”61. (Se resalta)
85. Bajo estas reglas, los oferentes sí tenían el deber de presentar el recibo de pago
de la referida póliza, siendo subsanable siempre que ésta se pagara antes de la
60 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 1989, gaceta judicial
2435, Magistrado Ponente: José Alejandro Bonivento Fernández.
61 Fl. 61. c.1. parte 1.
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fecha de presentación de la propuesta, hasta el 14 de noviembre de 2017, fecha de
cierre de la convocatoria.
86. Se dispuso que los aspectos jurídicos, financieros y técnicos (incluida la póliza)
harían que la propuesta fuera habilitada o rechazada, y lo único que otorgaba puntaje
eran los aspectos económicos62 (numerales 3.3. y 3.4).
87. El informe de evaluación preliminar estaría a disposición de los oferentes y las
observaciones podían hacerse hasta el 7 de diciembre de 2017, “en consecuencia
no aceptará, ni revisará documentos, correos o cualquier otra manifestación
relacionada con el informe y las propuestas, que se presenten por fuera del término
ya establecido”63.
88. Según el pliego, una oferta era admisible si cumplía con todos los requisitos y no
estuviera comprendida en uno de los siguientes casos: “-Cuando la propuesta no
esté firmada o esté incompleta por no incluir alguno de los documentos solicitados
en el Pliego de Condiciones, o cuando contengan defectos insubsanables, o cuando
siendo subsanables no fueron presentados dentro del término señalado por GENSA
S.A. E.S.P.; -Cuando se compruebe la inexactitud en la información suministrada por
el oferente o en la contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta
y que sean objeto de evaluación. (...); -Cuando se presenten inconsistencias en los
poderes y demás documentos que se presenten en las diferentes etapas de la
presente convocatoria (…)" 64.
89. Presentaron oferta las siguientes promesas de sociedades futuras65:
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA INTEGRANTES
i) Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios
SAS – EDEMSA Ingeniería y Servicios SAS.
Solar para Inírida ENSOLINIR S.A.S. E.S.P. ii) Energía Renovable de Colombia S.A. ESP.
ENREVSA ESP.
iii) JHM Consultoría S.A.S.
i) Deltec S.A.
Solar Power S.A.S. E.S.P. ii) GESINSO S.A.S.
i) Anditel S.A.S.
Sol de Inírida S.A.S. E.S.P. ii) Gransolar Desarrollo y Construcción S.L.
iii) Xantia Xamuels S.A.S.
i) JE Jaimes Ingenieros S.A.
ii) Proyectos de Ingeniería S.A. PROING S.A.
Guainía S.A.S. E.S.P. iii) Disico S.A.
iv) Nelson Ríos Villamizar.
v) José Enrique Jaimes.
Energía Solar Rural S.A.S. E.S.P. i) Furel S.A.
ii) Suncolombia S.A.S.
iii) Cellvoz Colombia Servicios Integrales S.A.
ESP.
90. Sol
de Inírida presentó póliza de seriedad de la oferta 18-45-101096910 que
cumplía con todas las exigencias del pliego de condiciones, pues: i) la fecha de
expedición era del 10 de noviembre de 2017; ii) su vigencia se estipuló del 14 de
62 Fl. 66. c.1. parte 1.
63 Fl. 66. c.1. parte 1.
64 Fls. 66 y 67. c.1. parte 1.
65 Propuestas contenidas a fls. 855 a 2062, cuadernos 1B-2 a 1E-2.
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noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018; iii) figuraba como tomador: Promesa
de Sociedad Futura Sol de Inírida y como asegurado GENSA S.A. ESP; iv) su objeto
era correcto; y, v) la suma asegurada correspondió al porcentaje exigido66.
91. El 27 de noviembre de 2017, mediante memorando SEG-067 67 , la Secretaría
General de Gensa remitió las ofertas a la Comisión Evaluadora haciendo ciertas
observaciones sobre los aspectos jurídicos. Respecto de la propuesta de Solar
Power se limitó a decir que era válida jurídicamente, y frente a los demás, se resaltan
algunas de las anotaciones relacionadas con la presentación de póliza de seriedad
de la oferta, su respectivo pago y subsanación hasta el 7 de diciembre de 2017:
Propuesta Observación
“Su oferta será válida jurídicamente, siempre y cuando subsane el
Sol de Inírida S.A.S. certificado de existencia y representación legal de Xantia Xamuels
E.S.P. S.A.S., quien es integrante de la promesa de sociedad futura, y dicho
documento no cumple con la vigencia de expedición del mismo, toda
vez que tiene fecha del 9 de octubre de 2017 y según el numeral 2.1.3
del pliego de condiciones, para el caso de Personas Jurídicas, su
certificado de existencia y representación legal debía ser emitido por la
Cámara de Comercio del domicilio social, con una fecha no mayor a un
(1) mes anterior a la fecha de cierre de esta convocatoria, la cual se
llevó a cabo el 14 de noviembre de 2017, superando el término exigido.
Así las cosas y teniendo en cuenta que es un aspecto subsanable,
deberá presentar dicho documento dentro del término de observaciones
al informe preliminar.
Adicionalmente, según lo dispuesto en el numeral 2.1.2. del pliego de
condiciones, el oferente debía presentar el recibo de pago de la prima
de la garantía de seriedad de la oferta expedido por la compañía de
seguros, sin embargo, únicamente presentaron la copia de la pantalla
del portal virtual del Banco Davivienda S.A., mediante la cual el oferente
le realizó a Seguros del Estado S.A., la transferencia electrónica del
valor de la prima, pero la misma se encontraba en estado pendiente por
confirmar. Por lo anterior se solicita se presente el recibo de pago de la
prima debidamente expedido por la compañía de seguros. (…)”.
Guainía S.A.S. E.S.P. “Su oferta será válida jurídicamente, siempre y cuando presente el
recibo de pago de la garantía de seriedad de la oferta, debidamente
expedido por la compañía de seguros CHUBB SEGUROS DE
COLOMBIA S.A., según lo dispuesto en el numeral 2.1.2 del pliego de
condiciones. (...)”.
Energía Solar Rural “Su oferta será válida jurídicamente, siempre y cuando presente
S.A.S. E.S.P. nuevamente la garantía de seriedad de la oferta, según lo dispuesto en
el numeral 2.1.2. del pliego de condiciones, toda vez que deberá
subsanar los siguientes aspectos:
1. El valor asegurado...
2. No presentaron el recibo de pago de la garantía de seriedad de la
oferta, debidamente expedido por la compañía Seguros del Estado S.A.
(...)”
92. El28 de noviembre de 2017, la Profesional en Gerencia de Generación de
Proyectos de Gensa, mediante memorando GEN-134 68 remitió a la Comisión
Evaluadora el resultado preliminar del análisis técnico y económico de las
propuestas, en el que se informó que la oferta de Guainía S.A. E.S.P. fue declarada
inhábil por no pasar la evaluación de los indicadores financieros.
66 Fl. 354, c.1. parte 2.
67 Fls. 150 a 157. c.1. parte 2.
68 Fls. 158 a 162, c.1. parte 2.
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93. Este hecho se considera relevante toda vez que, parte de la argumentación
esgrimida en la demanda y en el recurso de apelación se sustenta en que hubo
violación a los principios de igualdad, selección objetiva y buena fe, al haberse
aplicado de forma diferencial las reglas de subsanación de la presentación del recibo
de pago de la póliza de garantía de seriedad de la oferta. Afirmación que carece de
fundamento, pues se evidencia que la exclusión del proceso de selección del
oferente Guainía S.A. E.S.P. se dio por un factor diferente, no haber superado los
requisitos financieros.
94. El 7 de diciembre de 2017, Sol de Inírida presentó certificado de Seguros del
Estado con fecha del 14 de noviembre de la misma anualidad, en el que se hizo
constar que esa promesa de sociedad futura “se encontraba a la fecha a Paz y Salvo
por concepto en el pago de las siguientes pólizas (101096910), recaudo que se
recibió en nuestras cuentas el día 14 de noviembre de los corrientes”69.
95. El 14 de diciembre de 2017 70 , Solar Power puso en conocimiento de Gensa,
correos electrónicos del 13 y 14 de diciembre de 201771, cruzados entre el Gerente
Comercial de Seguros del Estado y aquella empresa, en los que se menciona que el
pago efectuado por Sol de Inírida el 14 de noviembre de 2017 rebotó al haberse
hecho a una cuenta inactiva de la aseguradora, y que advertido el error, se procedió
con una nueva transacción el 16 de noviembre siguiente, en los siguientes términos:
a) Correo del 13 de diciembre de 2017 de Seguros del Estado al corredor de seguros
autorizado por Gensa en el pliego de condiciones, informándole lo siguiente:
"Sobre el pago de la prima de seguros correspondiente a la póliza de cumplimiento No. 18-45-
101096910, me permito dar precisión mediante los siguientes puntos, a la información
entregada a usted:
-Como consta en el documento adjunto con membrete de Davivienda, el cliente realiza una
transacción a favor Seguros del Estado el 14 de noviembre de 2017, por valor de $2.333.768,
oo y con destino a nuestra cuenta de Banco de Bogotá No. 8465445.
-Como aparece en la Copia Para Pago en Bancos... que se entrega al cliente con la póliza, en
la parte inferior se indica el nombre del banco y el número de la cuenta de Seguros del Estado,
citados en el punto anterior y utilizados por el cliente para efectuar la transacción.
-Por razones administrativas y según los acuerdos de servicio internos entre el Banco y nuestra
compañía, la transacción realizada a la citada cuenta es rechazada por el Banco y el cliente
efectúa nuevamente la transacción a nuestra cuenta No, 08099343 del Banco de Bogotá, tal y
como consta en nuestros registros internos".
b) Correo electrónico del 14 de diciembre de 2017 de Seguros del Estado al corredor
autorizado de Gensa, en el que dijo: "En atención a su solicitud, le informó que ante
la transacción rechazada le dimos instrucciones al cliente para que efectuara
nuevamente la transacción a otra cuenta, quedando efectiva esta segunda
transacción el 16 de noviembre de 2017".
96. Gensa se pronunció el 18 de diciembre de 2017, con memorando SEG-07972, en
el que determina que se subsanó lo requerido a Sol de Inírida y declara habilitada su
oferta, mientras que, respecto de Energía Solar Rural -que el demandante señala al
69 Fl. 359, c.1. parte 2.
70 Fl. 710, c. 1B-1.
71 Fls. 711 a 713, c. 1B-1.
72 Fls. 163 a 165, c.1. parte 2.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
que se le aplicó de forma diferencial esta exigencia- advierte la Sala que, Gensa
declaró no hábil jurídicamente la propuesta de este otro oferente, nuevamente, por
razones diferentes a las que tuvo en cuenta para continuar evaluando al proponente
que terminó siendo seleccionado y que tienen que ver con que, allegó prueba de
pago hasta el 7 de diciembre de 2017 dadas las correcciones a la póliza, sin que
hubiera aportado constancia de pago a la presentación de la oferta:
Propuesta Observaciones
Sol de Inírida S.A.S. "OFERENTE No. 3 PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOL DE
E.S.P. INÍRIDA S.A.S. ESP: Su oferta es válida jurídicamente, teniendo en
cuenta que:
(…) 2. Adicionalmente, según lo dispuesto en el numeral 2.1.2. del
pliego de condiciones, el oferente presentó certificación de pago de
seguros el 14 de noviembre de 2017, donde acredita que realizó el
pago, encontrándose a paz y salvo por concepto de la prima.
Energía Solar Rural “Su oferta no es válida jurídicamente, teniendo en cuenta las siguientes
S.A.S. E.S.P. consideraciones:
(...) 2. El pliego de condiciones expresamente manifestaba que la póliza
era subsanable, siempre y cuando la garantía hubiera sido cancelada
al momento de presentación de la oferta. Es decir, el oferente Promesa
de Sociedad Futura Energía Solar Rural S.A.S. ESP., debía acreditar
que el 14 de noviembre de 2017 cuando fue presentada la oferta, la
garantía de seriedad de la oferta No. 1545101086789 Anexo 0, se
encontraba debidamente pagada.
3. Mediante comunicación radicada en Gensa S.A. ESP el 7 de
diciembre de 2017 bajo el No. 0095012017, el oferente dentro de los
documentos que debía subsanar presentó el anexo 1 de la garantía de
seriedad de la oferta No. 1545101086789, subsanando los requisitos
exigidos tales como, el valor asegurado de la garantía de seriedad de
la oferta por la suma de $2.442.687.577, y aclararon que el nombre del
tomador y garantizado es la promesa de sociedad futura Energía Solar
Rural S.A.S. ESP, discriminando en las observaciones de la misma, las
sociedades que integraban y suscribieron dicha promesa.
4. De igual manera, presentaron un recibo de comprobante de cheques
posfechados No. 150151127 del 7 de diciembre de 2017, por concepto
del Anexo 1 de la garantía de seriedad No. 1545101086789. Sin
embargo, nunca acreditó que la póliza inicialmente adjuntada dentro de
la oferta correspondiente al Anexo 0 y la cual tenía errores en su
expedición, se había efectuado el pago al 14 de noviembre de 2017,
fecha en la cual se llevó a cabo el cierre de la convocatoria pública y
apertura de las ofertas presentadas dentro de la misma. El oferente
tenía la carga de la prueba, en el sentido que era su deber demostrar
que el valor de la prima que había generado el Anexo 0 de la garantía
de seriedad de la oferta No. 150151127, por la suma de $247.913,
había sido cancelada al momento de presentar la oferta, toda vez que
era el elemento que permitía subsanar los defectos de la misma.
5. Sin embargo, revisados los documentos adjuntos, no se encontró
ninguna certificación por parte de la compañía de Seguros del Estado
S.A. que acreditará (sic) que el pago de la prima inicialmente causada,
por la suma de $247.913, había sido cancelada al 14 de noviembre de
2017, más cuando la garantía de seriedad de la oferta fue expedida por
dicha compañía el 10 de noviembre de 2017 y tenía como fecha límite
de pago el mismo 14 de noviembre de 2017.
6. Que ante la ausencia de prueba del requisito que permitía habilitar la
subsanación de la garantía de seriedad de la oferta, por parte del
oferente No. 5.... Gensa S.A. ESP no puede validar jurídicamente la
oferta presentada por este proponente (...)".
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
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Asunto: Reparación directa
97. El mismo 18 de diciembre de 2017, mediante memorando GGEN-152, se envió a
la Comisión Evaluadora el resultado de la evaluación técnica y económica de las
propuestas habilitadas, esto es, las de Solar Power y Sol de Inírida. Entre estas se
presentó empate y aplicándose el criterio 2 de desempate previsto en el numeral 3.9.
del pliego, referente a quien aportó la mayor experiencia técnica, quedó en primer
lugar la oferta de Sol de Inírida.
98. El 18 de diciembre de 2017, Solar Power presentó escrito ante Gensa en el que
pidió rectificar el informe final de evaluación y reiteró el pago tardío de la prima de la
póliza de seriedad de la oferta de Sol de Inírida, con las pruebas y argumentos
previamente expuestos 73 . En esa misma fecha, presentó denuncia por posible
violación de la ley e indebida adjudicación contractual ante la Procuraduría General
de la Nación, la Contraloría General de la República y la Presidencia de la República,
por esa circunstancia74.
99. El19 de diciembre de 2017 75 , Solar Power envío a Gensa recibo de caja y
pantallazo del banco Davivienda, presuntamente correspondiente a los movimientos
bancarios de uno de los integrantes de Sol de Inírida, y de éste se sirvió para indicar
que la transferencia por valor de $2’333.768, valor de la póliza presentada por dicha
promesa de sociedad futura, fue rechazado el 14 de noviembre de 2017 y vuelto a
consignar el 16 de noviembre de ese año:
100.Los mismos argumentos fueron presentados una vez más por los demandantes
ante Gensa en escrito del 22 de diciembre de 201776. La empresa mediante oficios
del 20, 21 y 27 de diciembre de 201777 reiteró que no se accedía a los reclamos
porque la póliza allegada fue expedida acorde a los requerimientos de la empresa,
en la medida que al momento de subsanar se allegó un certificado expedido por la
propia aseguradora indicando que desde el 14 de noviembre de 2017 Sol de Inírida
estaba a paz y salvo con el pago de la prima de la póliza; además, al valorar las
pruebas allegadas para acreditar el presunto desembolso tardío, señaló que la forma
en que se pudieron obtener tales registros podía constituir una violación al debido
73 Fl. 755, c. 1B-1.
74 Fls. 725 a 730, c. 1B-1.
75 Fl. 685, c. 1A-2. Se precisa que este mismo día Solar Power mandó directamente a la junta directiva,
informando las presuntas irregularidades en el proceso de selección. Fls. 686 y 687, c. 1B-1.
76 Fls 731 y 732. c. 1B-1.
77 Fls 340 a 351, c.1. parte 2.; Fls. 754 a 761, c. 1B-1.
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proceso de dicha sociedad, pues corresponden a movimientos bancarios de terceros
y se consideró que fueron obtenidos en violación a la reserva bancaria y el derecho
a la intimidad78.
101.Al analizar el avance de las tratativas, la Sala no considera que se hubiese
presentado una ruptura intempestiva de las negociaciones que atentara contra la
buena fe del proponente; la aplicación de la regla, en los términos señalados en el
pliego, no puede inscribirse en tal categoría. Lo que concluyó Gensa al analizar los
cuestionamientos relativos a la fecha extemporánea de pago del referido seguro, fue
consistente con la documentación aportada por Sol de Inírida que, al momento de la
subsanación de la oferta, allegó una certificación de Seguros del Estado en la que
dicha entidad hacía constar que el oferente se encontraba a paz y salvo para la fecha
en que se cerró la convocatoria, siendo ello prueba suficiente del pago.
102.Esta Subsección ya ha tenido oportunidad de analizar el pago y su forma de
acreditación, precisando lo siguiente:
“19. En términos generales, el pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo
de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación (artículo 1626 Código Civil), esto es,
de una conducta positiva o de abstención –de dar, hacer o no hacer– que goza de relevancia
jurídica, dada la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 Ibidem) que una
persona puede adquirir bien por concurso de su voluntad, por la causación de un daño a otro o
por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil).
20. El Código Civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación y
a pesar de que a tal efecto y en sus normas se refiere a la “carta de pago” (artículos 1628,
1653, 1654 y 1669), que es la declaración documental del acreedor de haber sido satisfecho;
en el artículo 1757 consagró la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente
válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada
por el Código de Procedimiento Civil (artículo 175) y que se mantiene vigente aún hoy con el
Código General del Proceso (artículo 165).
21. Por tanto, la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, es una prueba que, por provenir del
acreedor, tiene plena capacidad de acreditar el pago o solución de una obligación; no obstante,
no es la única, dado que el ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de
cualquier medio legalmente válido para tal fin y, en consecuencia, en tanto en esta materia no
hay una tarifa probatoria, para la acreditación del pago no puede reclamarse exigencias
probatorias específicas. Así, el juez debe apoyarse en medios allegados y valorarlos
conjuntamente al amparo de la sana crítica y la objetividad probatoria para fundar su decisión,
según lo dictan el Código de Procedimiento Civil (artículo 187) y hoy, el Código General del
Proceso (artículo 176)”79.
103.Gensa fue clara en desestimar los reproches de la parte actora contra la
escogencia de Sol de Inírida, sin que tenga cabida la censura enmarcada en el
desconocimiento del art. 106880 del estatuto mercantil en tanto la manifestación del
acreedor81 de que su deudor está a paz y salvo respecto de una póliza expedida y
78 Por estos mismos hechos los demandantes presentaron acción de tutela contra Gensa y Seguros del Estado
el 18 de diciembre de 2018, la cual fue declarada improcedente mediante fallo del 5 de enero de 2018 proferido
por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla (fl. 817, c.1B-1).
79 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez. 22
de noviembre de 2021. Rad.: 68001-23-31-000-2007-00173-01(54518)
80 “1068. <MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA>. <Artículo subrogado por el artículo 82 de la Ley 45 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:> La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se
expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador
para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.”
81 En este punto es necesario tener en cuenta que al dar respuesta a la demanda y al llamamiento en garantía,
sobre el pago oportuno de la póliza, Seguros del Estado S.A. a lo largo de su intervención y al sustentar la
excepción de fondo denominada “La promesa de sociedad futura Sol de Inírida… canceló de manera oportuna
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
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Asunto: Reparación directa
vigente, impide tener por configurada la mora. Además, al analizar los documentos
aportados como prueba del pago extemporáneo la entidad determinó excluir de
valoración los extractos bancarios de Anditel -uno de los integrantes del proponente
seleccionado- ante la circunstancia de haber sido aportados por quien no es su titular
y sin especificar la forma en que los obtuvo, desconociéndose su origen y la forma
en que se accedió a la información bancaria de un tercero. Al momento de presentar
la demanda tampoco lo específico y no se pidió como prueba oficiar a las entidades
bancarias respectivas para que el juez ordenara levantar tal reserva y pudiera
asignarle algún efecto demostrativo.
104.De manera que no está configurada la vulneración al principio de buena fe en el
comportamiento de Gensa al haber evaluado en los términos en que lo hizo, y al
tener por acreditado el pago de la póliza de Sol de Inírida a través de la certificación
expedida por el propio acreedor, lo que evidencia que no vulneró el deber de igualdad
de trato entre quienes presentaron sus propuestas de negocio, pues de los
comprobantes de cheques posfechados No. 150151127 del 7 de diciembre de 2017
presentados por el proponente Energía Solar Rural, no se podía colegir que su pago
se había efectuado el 14 de noviembre de 2017.
105.En este sentido, no media una conducta merecedora de reproche, pues la
razonabilidad aplicada por GENSA al momento de decidir si aceptaba o no una oferta
se ciñó a las reglas de desempate definidas en el pliego, sin que ello entrañe un
quiebre abrupto, repentino e inopinado, en desmedro del trato igualitario de los
proponentes en la fase precontractual.
106. Si bien hay que considerar que bajo el manual de contratación y el pliego de
condiciones, la entidad había exteriorizado como una pauta inherente a sus procesos
de escogencia, que la presentación de ofertas no le imponía la obligación de aceptar
alguna de ellas, lo cierto es que en este caso la Sala no se decanta por el mero
ejercicio de tal pauta como elemento definitorio de un estado de irresponsabilidad,
pues como se ha indicado, la causa petendi se reconduce a la afectación del derecho
al trato que merecían todas las propuestas bajo el deber de buena fe en la etapa
precontractual.
107.Debe precisar la Sala que la lesión pregonada no se proyecta como afectación
al derecho de haber contratado por presentar la mejor propuesta, pues aquí se hace
presente la facultad que Gensa se reservó de no contratar, que comprendía la de
hacerlo, eso sí, en ambos casos bajo las premisas de obrar bajo cánones propios de
la buena fe, cuya trasgresión autoriza a quien se ve lesionado a obtener una
indemnización del interés negativo que ostenta, a fin de restituir su estado financiero
al que se tenía antes de iniciar el proceso contractual, sin lugar a reconocimiento del
interés positivo.
la póliza de seguro de cumplimiento particular”, manifestó: “Sin lugar a dudas, el pago de la mentada póliza se
realizó el día 14 de noviembre del año 2017 por parte de la Promesa de Sociedad Futura Sol de Inírida y así lo
certificó la compañía de Seguros del Estado S.A. (…) Todo lo anterior para significarle al despacho, que los
hechos de la demanda que hacen mención de un no pago oportuno de la póliza de seriedad de oferta quedan
totalmente desvirtuados y por ende las pretensiones de la demanda deben declararse como no probadas”. Fls.
2659 a 2671, c. 1H.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
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Asunto: Reparación directa
108.En este punto valga reiterar que, en el numeral 1.10 del pliego de condiciones,
se estableció que Gensa aclaró que solamente se estaba haciendo una invitación a
negociar, sin compromiso u obligación de suscribir un contrato por la simple
participación:
“GENSA expresamente declara que la presente convocatoria constituye una invitación a
negociar, de tal suerte que asume que al presente proceso de convocatoria, no les son
aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, en sus artículos 845 a 859
y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 864 del mismo Código, la relación contractual
respectiva, únicamente se entenderá celebrada cuando GENSA S.A. ESP envíe mediante
comunicación escrita, la aceptación de la propuesta que resulte ganadora.
Así las cosas y teniendo en cuenta que la presente convocatoria, constituye una invitación a
negociar, los interesados deberán tener en cuenta que ésta y los documentos que se produzcan
en desarrollo de la misma, no implican la realización de un compromiso contractual por parte
de GENSA S.A. E.S.P., ni la obligación de suscribir contrato” 82.
109. A su vez, en el numeral 1.17 del pliego de condiciones se indicó que todos los
costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta estarían
a cargo del oferente 83 . Igualmente, en el numeral 3.16, Gensa dispuso que en
ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, se reservaba el derecho de
aceptar o no alguna oferta, o de aceptarla total o parcialmente, y así mismo, en
cualquier momento, de suspender o terminar el proceso de convocatoria, sin que por
ello se generara algún tipo de responsabilidad, indemnización o devolución del valor
de la inscripción a favor de los oferentes 84 . Todas estas reglas se conocieron y
aceptaron por quienes presentaron sus propuestas.
110.Estas disposiciones son concordantes con lo establecido en el manual de
contratación de Gensa, en cuyo artículo 11 expresamente se determinó que las
ofertas que se recibieran en respuesta a una invitación o solicitud de oferta no
obligaban a la empresa a su aceptación85.
111.Conforme a lo anterior, los demandantes, quienes participaron en el referido
proceso de selección como integrantes de la promesa de sociedad futura Solar
Power, conocían de antemano que el simple hecho de participar y generar la
documentación a fin de cumplir con los requisitos del pliego de condiciones no les
otorgaba derecho o expectativa alguna a ser adjudicatarios, es decir, no les concedió
per se un interés positivo que pudiera reclamarse por esta vía; y el interés negativo
que podía surgir de la violación del deber de actuar de buena fe en los tratos previos,
analizado bajo la tipología y condiciones del proceso que la entidad adelantó, no se
materializó pues no se presentó la incorrección aducida. Por ende, como aspecto
adicional a la determinación que adopta la Sala de negar las pretensiones de la
demanda, se precisa que en el sub lite no se configuró el daño antijurídico reclamado.
112.Podría decirse que este aspecto debe tratarse desde el inicio como elemento
definitorio, pues sin daño no hay responsabilidad, y sin uno y otro se diluye el
escenario en el que pueda hacer presencia un conflicto de este tipo. Pero en este
caso, la Subsección ha optado por empezar su análisis en punto al régimen de la
responsabilidad, reservando los apartes finales al elemento del daño, en la medida
82 Fl. 58. c. 1. parte 1.
83 Fl. 61. c.1. parte 1.
84 Fl. 67, c.1. parte 1.
85 Fl. 86, c.1. parte 1.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
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Asunto: Reparación directa
que, sin desconocer su preponderancia, se busca una aproximación metodológica
bajo la cual la ausencia de transgresión a la buena fe en las tratativas
precontractuales permita descartar que tal daño antijurídico se haya presentado, lo
que impone analizar primero las particularidades de este régimen de
responsabilidad. Sumado a que, de esta forma, se tiene la intención de avanzar en
la consolidación del recto entendimiento que se debe dar a la responsabilidad
precontractual en el escenario de los regímenes especiales o exceptuados para
definir los contornos precisos y claros en un momento del desarrollo jurisprudencial
en el que los operadores administrativos, los contratistas del Estado, y la labor de los
jueces en sede contencioso administrativa, se ven enfrentados a una nueva manera
de definir este tipo de conflictos, y en el que el juicio de legalidad de los actos
precontractuales de las ESPD se desplaza a un verdadero juicio de responsabilidad
por violación de deberes precontractuales, asunto que impone subrayar y tener
claridad sobre el perjuicio llamado a ser indemnizado.
113. En estos términos, como corolario del análisis efectuado en esta providencia, la
Sala quiere remarcar la distinción entre el daño y el perjuicio que se puede reclamar
bajo el circuito que atañe a la responsabilidad in contrahendo. Tal y como quedó
expresado párrafos atrás, en la actividad precontractual regida por el derecho
privado, el daño se hace consistir en la ruptura intempestiva e injustificada de los
tratos previos en desconocimiento del deber de actuar de buena fe, así que este
panorama reclama el examen de tal postulado y de los deberes secundarios que lo
informan.
114. Ante la constatación de tal ruptura, es decir, evidenciado el daño, el perjuicio
susceptible de reclamo e indemnización corresponde al interés negativo o de
confianza, puesto que aquello que es objeto de reparación es el súbito abandono de
quien avanza en un estado negocial y se margina de éste, a costa del daño cierto,
relevante y patrimonialmente objetivo que tal conducta genera en el sujeto que confió
razonadamente en la concreción de un negocio jurídico.
115.La Sala es asertiva en precisar que el daño que así se gesta, no concibe ni se
corresponde con el interés positivo o de cumplimiento; es decir, quien aduce esta
responsabilidad en juicio no puede postular a su favor la utilidad que le habría
reportado la celebración del negocio jurídico, y ello deriva de la aplicación del artículo
863 del Código de Comercio que reconoce en los acercamientos y tratativas la
función jurídica de aproximar las voluntades con la posibilidad de contratar o no, pero
con el límite que demarca el deber de actuar de buena fe sin despojarse de los
deberes de conducta asociados a éste.
116.Por manera que no habiendo un derrotero que imponga bajo el derecho común
un destino de adjudicación o su equivalente86, como sí ocurre, por regla general,
frente a los procesos de selección regidos bajo el EGCAP, escapa de esta modalidad
de reparación el perjuicio que exceda esta etapa, lo que descarta que su proyección
se cimiente en lo que habría sido la suscripción y ejecución cumplida del contrato.
86 Dejando a salvo el tratamiento legal asignado a la oferta mercantil, o según los términos de la invitación
respectiva.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
117.Más allá de que esta Sala no halló configurado el daño aducido, lo que basta
para negar las pretensiones -aspecto que con lógica impide avanzar en un análisis
de perjuicios- la Subsección no se reserva la mención de que el actor reclamó un
interés positivo que según el régimen jurídico aplicable al proceso de contratación
del que participó y dentro del cual se profirió la carta de aceptación demandada, no
corresponde al que atañe a la etapa precontractual; manifestación que únicamente
se hace por resultar ilustrativo en torno a las precisiones inherentes al régimen. Los
dictámenes periciales decretados como prueba se orientaron a demostrar el valor de
las utilidades futuras frustradas dejadas de percibir por la no adjudicación del
contrato 87 y si el costo presupuestado para el desarrollo del proyecto por los
demandantes fue acertado en sus valores y componentes, es decir, si se encontraba
a precios razonables del mercado88. Lo que no demuestra el daño, ni se aviene la
demostración de un interés negativo –esto último resulta inane ante la inexistencia
del daño-.
118.En ese orden de ideas, sin lesión de los deberes que se imponen en la fase de
negociación en sede de responsabilidad in contrahendo, la Sala concluye que no se
presentó el daño que se reclama; en este sentido, no sólo porque las pretensiones
de responsabilidad no están llamadas a ser declaradas sino también en tanto el
87 Fls. 2202 a 2289, c. 1F-2. "Determinará el perito el valor del lucro cesante que sufrieron Deltec y Gesinso, tras
la no adjudicación de la Convocatoria Pública para "Contratar el suministro de energía a favor de GENSA durante
un periodo de 10 años, de conformidad con las condiciones establecidas en la Convocatoria Pública", para ello
determinará las utilidades frustradas y dirá además: A. Si el "Modelo Financiero Granja Solar 2,47 MWp Puerto
Inírida", preparado por DELTEC y GESINSO para la ejecución del proyecto y presentado en la solicitud de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Caldas, es acertado, verificando sus supuestos o variables... B. Cuál era el monto inicial de la
inversión para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la "PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL"
presentada por Diverxia Infraestructure, sociedad internacional que actúa como integrador de soluciones de
Energía Solar... C. Qué valor tenían los créditos aprobados a DELTEC y GESINSO necesarios para la realización
del proyecto... D. Si el costo presupuestado para el desarrollo del proyecto "Modelo Financiero Granja Solar 2,47
MWp Puerto Inírida", es acertado en sus valores y componentes y se encuentran a precios razonables del
mercado... E. Y, si los costos por operación, mantenimiento (AOM) administración, presupuestados para el
desarrollo del "Modelo Financiero Granja Solar 2,47 MWp Puerto Inírida" son razonables y se encuentran a
precios de mercado..."
CONCLUSIÓN: el lucro cesante dejado de recibir por las demandantes por la no adjudicación es de
$6.197.245.464 "como valor presente neto de las "utilidades futuras frustradas" a pesos de diciembre de 2017,
descontadas a la tasa de interés puro (tasa legal) del 6% anual, más $3.052. 374.632 de impuesto sobre la renta
que tendría que pagar DELTEC y GESINSO, reconocérsele las "utilidades frustradas" ya que perderían su calidad
de rentas exentas, tras la no adjudicación del proyecto, para un total de $9.249.620.096 como indemnización
integral".
88 Fls. 2429 a 2459, c. 1G-1. Dictamen pericial elaborado por SEDIC S.A. Ingenieros Consultores. Perito: Gabriel
Jaime Correa Henao. "1. Determinará el Perito Técnico, si el costo presupuestado para el desarrollo del proyecto
"Modelo Financiero Granja Solar 2,47 MWp Puerto Inírida", es acertado en sus valores y componentes y se
encuentran a precios razonables de mercado. 2. Establecerá si los costos de operación, mantenimiento y
administración presupuestados para el desarrollo del "Modelo Financiero Granja Solar 2,47 MWp Puerto Inírida",
son razonables y se encuentran a precios de mercado". Sobre la pregunta uno concluyó: "El costo global
presentado como Presupuesto en la Propuesta económica de Diverxia Infraestruture (sic) (PT-03),
correspondiente a 1,3614 USD/Wp, para una granja solar de 2,47MW, por un total de USD $3.362.734,70
constituye un precio de mercado competitivo, adecuado para el desarrollo técnico de este tipo de proyectos,
según fundamentos de estudios de mercado internacionales, actualmente disponibles como información pública".
Sobre la segunda pregunta concluyó: "Para la capacidad instalada en proyectos similares, se suele estimar entre
el 6% y el 9% de los ingresos mensuales para los costos de operación y mantenimiento, los cuales incluyen las
provisiones para: alquileres, nóminas, insumos, gastos bancarios, de seguros, entre otros, que suelen constituir
los costos fijos para operación, administración y mantenimiento (AOM) del proyecto. En este caso, según los
términos de contratación se reconocen ingresos anuales por valor de $2.367.674.863. Dado que los costos de
operación y mantenimiento sumarán $264.597.385 anuales, significa [que] el presupuesto establecido en el
modelo es suficiente, razonable y conservador dado que corresponde a aproximadamente al 11% de los ingresos.
En el caso, dada la dificultad logística para acceder a la localización del proyecto, se suele considerar razonable
el mayor costo estimado para operación y mantenimiento, respecto de otros proyectos similares en zonas más
cercanas a las sedes administrativas de las empresas. El modelo financiero estima posibles imprevistos por $80
millones en la determinación de la inversión (CAPEX del proyecto); lo que equivaldría al 0,8% del valor del mismo;
lo que es razonable en la evaluación de proyectos de este tipo".
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
perjuicio que se reclama no corresponde a la lesión susceptible de haberse inferido,
la Sala verifica la falta de acreditación del daño susceptible de indemnización,
requisito ineludible de toda reparación.
119. En los términos referidos, se impone confirmar la sentencia que negó las
súplicas de la demanda.
Costas
120. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el Código General del Proceso. El artículo 365
del citado Estatuto, en su numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación.
121.Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte
demandante, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y se le resolvió desfavorablemente.
122. Adicionalmente, el artículo 361 ibidem prevé que las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación
directa con cuantía que implicó que la parte demandada vencedora (Gensa S.A. E.S.P.
y Sol de Inírida S.A.S. E.S.P.) tuviera que designar y sufragar abogados que ejercieran
la defensa judicial de sus intereses, expensas que se generan por la sola vigilancia del
proceso 89 , motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho en la suma
equivalente al cero punto dos por ciento (0.2%) del valor de las pretensiones negadas,
esto es, la suma de dieciocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos
cuarenta pesos ($18’499.240)90, que se dividirá en partes iguales a favor de cada una
de las demandadas.
123.Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, la
condena en costas será pagada por cada uno de los demandantes, en función de su
particular interés en las resultas del proceso91, según dispone el numeral 6 del artículo
365 del CGP92. Las agencias en derecho se asumirán en los siguientes porcentajes:
89 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho, se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193.
90 El total de las pretensiones solicitadas equivalen a la suma de $9.249’620.096, según la reforma a la demanda.
Fls. 2170 y 2171, c. 1F-1.
91 Esto, acorde al porcentaje de participación que cada sociedad tenía en la promesa de sociedad futura Solar
Power, acorde al artículo 6 del contrato de promesa de sociedad futura. Fl. 172. c.1. parte 2.
92 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes
iguales entre ellos”.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00293-02 (68.643)
Demandante: Deltec S.A. y otro
Demandado: Gestión Energética S.A. E.S.P. y otro
Asunto: Reparación directa
Pretensión del proceso de Porcentaje respecto de la
Demandante
reparación directa totalidad de las pretensiones
Deltec S.A. $4.624’810.048 50%
Gesinso S.A.S. $4.624’810.048 50%
TOTAL $9.249’620.096 100%
124.Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada
por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso.
125.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de Gensa S.A. E.S.P. y Sol de Inírida S.A.S. E.S.P. Para el
efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de dieciocho millones
cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta pesos ($18’499.240), la cual
se dividirá en partes iguales a favor de cada una de las demandadas. Las costas se
liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados
en el artículo 366 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta el porcentaje
del 50% a cargo de cada uno de los demandantes.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
32
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