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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00485-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00485-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal cuarto a la sentencia proferida el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, el cual queda así: CUARTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA A LA NACION–PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, proceda a reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas por la Dra. DIANA PATRICIA MAZO VELASQUEZ, por el período comprendido desde 7 de septiembre de 2016 y hasta que cobre ejecutoria esta sentencia o deje la demandante de ocupar el cargo de Procuradora Judicial II Penal, tomando como base de liquidación el 100% del salario básico mensual, y devolverle las diferencias causadas. SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal décimo segundo a la sentencia proferida el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, el cual queda así: «Décimo segundo: Se ORDENA a Procuraduría General de la Nación, liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, a partir del siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), y hasta el momento de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, si la demandante siguiere vinculada en su calidad de procuradora judicial II, teniendo en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización será el cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios, en los términos previstos 28 Número Interno: 0419-2023 Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez Demandado: Procuraduría General de la Nación en dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00485-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026).

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00485-02 (0419-2023)1
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis, contra
la sentencia de veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021), proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Diana Patricia Mazo Velásquez, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar:

«Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. Acto administrativo u oficio Nro. SG - 004264 del 06 de junio de 2018, suscrita por la
Dra. Liliana García Lizarazo, secretaria general de la Procuraduría General de la Nación,
la cual fue notificada por correo electrónico el día 18 de junio de 2018 mediante el oficio
SIAF Nro. 73210 del 12 de junio de 2018, según oficio enviado por la Coordinadora Centro
de Atención al Servidor - CAS - Dra. Tatiana Marcela Cuervo Pamplona.

1
Expediente digital
2
Expediente híbrido, Samai, gestión otros despachos, documento 03ED-CUADERNO-03DEMANDA

2

Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Y como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del
derecho, condene a la NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a:

1.- Reintegrar y pagar a la Dra. DIANA PATRICIA MAZO VELÁSQUEZ el mayor valor de
la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado a título de salario, bonificación por
servicio, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías,
intereses a las cesantías y demás emolumentos prestacionales desde el momento en que
mi mandante es Procurador Judicial hasta que permanezca vinculada a la Procuraduría
General de la Nación en dicho cargo, por tal motivo, deberá reliquidar teniendo en cuenta
como base la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año y los demás
factores salariales, esto es sin deducir o descontar de esta remuneración el 30% o más-
por la denominada “prima especial” de servicios.

2.- Seguir liquidando al mandante la bonificación por servicios, la prima de vacaciones,
prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías y
demás emolumentos prestacionales teniendo como base el 100% de la remuneración
básica mensual de cada año y los demás factores salariales, sin deducir o descontar de
esta remuneración el 30% o más- por la denominada “prima especial” de servicio.

3.- Pagar la indexación monetaria de la mayor diferencia de los anteriores valores
prestacionales y salariales reliquidados y dejados de percibir, de forma continua según el
Índice de Precios al Consumidor, desde el momento de su ingreso como Juez de la
República hasta su pago total. (sic).

4.- Incluir en nómina y seguir pagando la asignación básica mensual más la “prima
especial” de servicios equivalente al treinta por ciento (30%) – o más– dejado de percibir
por mi mandante, el cual tendrá efectos directos y consustanciales en las vacaciones,
prestaciones sociales (la bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de
servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías y demás
emolumentos prestacionales), Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos
laborales) y demás acreencias laborales.

5.- Ajustar dichas sumas de conformidad con las normas adjetivas y sustanciales del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de
2011 – y demás preceptos jurídicos que tratan la materia.

6.- Que se declare el pago de las costas y perjuicios que con ocasión de este proceso se
generen y en favor del demandante.»

2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:

3. La señora Diana Patricia Mazo Velásquez, se ha desempeñado en el cargo de
Procuradora Judicial II, Código 3PJ, grado EC, en la Procuraduría 106 Judicial II Penal
de Manizales, desde el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), con vinculación
activa a la fecha de presentación del medio de control de la referencia.

4. Afirma que, en ejercicio de dicho cargo, ha actuado en calidad de Procuradora
Judicial II delegada ante la Sala Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Consejo Seccional de la Judicatura de
Caldas, Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales, Fiscalía 3ª Delegada
ante el Tribunal Superior de Caldas, Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito - Unidad de delitos Sexuales, Fiscalía 2ª Delegada ante los Jueces
Especializados del Circuito de Manizales, Juzgado 1° Penal del Circuito de Chinchiná,

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Juzgado 2° Penal del Circuito de Chinchiná, Juzgado 57 Penal Militar de Manizales -
Ejército Nacional.

5. Señala que, desde 1993, esto es, desde el año a partir del cual, la Ley 4 de 1992,
artículo 14, generó efectos fiscales- la entidad demandada liquidó la prima de vacaciones,
la prima de servicios, la prima de navidad, el auxilio de cesantías, la bonificación por
servicios y demás emolumentos prestacionales, tomando como base salarial no el 100%
de la remuneración mensual básica, sino el 70% de esta al deducirle el equivalente del
30% que consideraba como prima especial no salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992.

6. El veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), solicitó a la entidad
demandada, la reliquidación de todas las prestaciones y factores salariales incluyendo el
30% de la denominada prima especial de servicios a que tiene derecho.

7. La accionada expidió el acto administrativo u oficio Nro. SG - 004264 del seis (6)
de junio de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual, negó lo solicitado, al considerar
que los pagos se presumen ajustados al ordenamiento jurídico, además, no tiene la
competencia para establecer o adicionar montos, o cambiar la naturaleza legal a lo
pagado. Además, de llegar a aceptar, la existencia de alguna suma de dinero por pagar
a raíz de la reclamación, del mismo modo, se tendría que reliquidar y disminuir el monto
de la bonificación por compensación, pues, los ingresos percibidos en cada año laborado
por un Procurador Judicial II, no pueden superar el porcentaje de ley, es decir el 80% de
la totalidad de los ingresos del Alto Magistrado.

8. En contra de la anterior decisión, solo procedía el recurso de reposición, el cual,
dado su carácter facultativo no fue interpuesto.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

9. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:

10. La Constitución Política: preámbulo, artículos 2, 4, 13, 25, 48, 53, 215.9 y 256.7,
artículos 2 literal a y 14 de la Ley 4 de 1992 (modificada L 332 de 1996); 152 numeral 7
de la Ley 270 de 1996; 24, 32 y 35 del Decreto Ley 546 de 1971; artículo 9 del Decreto
603 de 1977; artículo 8 del Decreto Ley 244 de 1981, artículo 2 del Decreto 1726 de 1973
y el artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978. Código Sustantivo del Trabajo: Art. 127.

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

11. Asimismo, el Decreto 2699 de 1991, artículo 54 y 64; Ley 938 de 2004; Decreto
717 de 1978 artículo 12; Decreto 1042 y 1045 de 1978; Decreto 174 y 230 de 1975;
Decreto extraordinario 3135 de 1968; artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; Artículo 4
del Decreto 722 de 2009; Artículo 8 del Decreto 1388 de 2010; Artículo 8 del Decreto
1039 de 2011; Artículo 8 del Decreto 0874 de 2012; Artículo 8 del Decreto 1024 de 2013;
Artículo 8 del Decreto 194 de 2014, y demás decretos aplicables anualmente a los
Procuradores Judiciales.

12. Además de lo anterior, los Decretos 338 de 2018, artículo 4; 1003 de 2017, artículo
4; 234 de 2016, artículo 4°, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado
colombiano, así como los convenios de la OIT identificados con los Nros. 87, 95, 98, 100,
111, entre otros. El convenio de la OIT No. 95 de 1949 relativo a la protección del salario
fue ratificado mediante la Ley 54 de 1962 y, por tanto, conforme al artículo 53
constitucional, forma parte prevalente de la legislación interna. Artículo 5.2 del Pacto
Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea
General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y adoptado por la Ley 74 de 1968.

13. Resalta las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, del
29 de abril de 2014, proceso No. 11001-03-25-000-2007-00807-00; y del 27 de junio de
2019, expediente No. 2005-00827-02 (0477-09).

14. En el concepto de violación, sostiene que, la entidad accionada, ha venido
liquidando la prima de vacaciones, la prima de servicios, la prima de navidad, el auxilio
de cesantías, la bonificación por servicios y demás emolumentos prestacionales,
tomando como base salarial no el 100% de la remuneración básica mensual, sino el 70%
de esta, al deducirle el equivalente del 30% que consideraba como prima especial no
salarial, es decir, que bajo la apariencia de la prima equivalente al 30% del sueldo básico,
ha despojado los efectos salariales a dicho porcentaje, toda vez que, se ha disminuido el
monto de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales, así como, el pago de
la seguridad social integral

15. En ese sentido, se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringe la garantía estatutaria de intangibilidad de la remuneración
judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del Consejo de
Estado.

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

1.3. Contestación de la demanda3

16. La entidad demandada actuando por medio de apoderada judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera que, son
improcedentes, toda vez que, la demandante ostenta el cargo de Procuradora Judicial II
Código 3PJ Grade EC, de la Procuraduría 106 Judicial II Penal, en la ciudad de
Manizales, luego entonces, en atención a la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, sala de Conjueces dentro del expediente con radicado No.
41001233300020160004102, de dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se
indicó que no precede la reliquidación del salario básico de los Magistrados de Tribunales
y homólogos en un 30% de la prima especial, porque se desbordaría el marco legal
establecido por el legislador, relacionado con que los ingresos laborales de estos
funcionarios a partir del año 2001, son iguales al 80% de lo que por todo concepto
devengan anualmente los Magistrados de las Altas Cortes.

17. Afirma que, el acto administrativo acusado fue proferido atendiendo los requisitos
de validez como de legalidad, y se ajusta a las normas que prevén el régimen salarial y
prestacional de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.

18. Aduce que, la Procuraduría General de la Nación, en calidad de entidad
nominadora no tiene la facultad constitucional o legal para definir el régimen salarial de
los funcionarios vinculados a su planta de personal. En virtud de lo establecido en la
Constitución Política y la Ley 4 de 1992, es el Gobierno Nacional el encargado de definir
el régimen salarial de los servidores públicos. Así las cosas, el acto administrativo que se
demanda SG004264 del seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), fue expedido en
cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

19. Formuló las excepciones de cobro de lo no debido y prescripción.

1.4. La sentencia de primera instancia4.

20. El Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, por medio de la
sentencia adiada Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), accedió

3
Expediente híbrido, Samai, gestión otros despachos, documento 32ED-CUADERNO01-28CONTESTACIONDEMANDA.
4
Expediente híbrido, Samai, gestión otros despachos, documento 50ED-CUADERNO01-46FALLO

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas de la siguiente
manera:
«PRIMERO. ACOGER íntegramente la Sentencia de Unificación – SUJ-016-CE-S2-2019- de
2 de septiembre de 2019, Sección 2ª-Sala de Conjueces, C.P. Dra. Carmen Anaya de
Castellanos, y en consecuencia;

SEGUNDO. Declarar NO PROBADAS las excepciones de i). cobro de lo no debido y, ii).
prescripción trienal laboral.

TERCERO: Declárase la NULIDAD, con los efectos previstos en la parte motiva de esta
sentencia, del oficio SG n° 004264 de 6 de junio de 2018, emitido por la Procuraduría General
de la Nación.

CUARTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA A LA
NACION–PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, proceda a reliquidar y pagar las
prestaciones sociales devengadas por la Dra. DIANA PATRICIA MAZO VELASQUEZ, por el
período comprendido desde 6 de septiembre de 2016 y hasta que cobre ejecutoria esta
sentencia o deje la demandante de ocupar el cargo de Procuradora Judicial II Penal, tomando
como base de liquidación el 100% del salario básico mensual, y devolverle las diferencias
causadas.

QUINTO: NEGAR el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios regulada por el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

SEXTO: NO emitir condena en costas.

SEPTIMO: ORDENAR a la demandada PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION que, a
partir de la ejecutoria de esta sentencia, siempre que no sea revocada o modificada por el
superior y en adelante, hasta que la demandante se desempeñe en el cargo de Procuradora
Judicial II Penal u otro homólogo, debe cubrir su sueldo básico al 100% y respecto de este,
seguir liquidando las prestaciones sociales, en lo que indique de manera la Ley y la
Jurisprudencia.

OCTAVO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá
efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

NOVENO: Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición de
parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS. Por SECRETARÍA hacer las anotaciones en
la base de datos SIGLO XXI.

DÉCIMO: Contra esta decisión procede el recurso de apelación conforme el artículo 243 del
CPACA.

DÉCIMO PRIMERO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este
ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHÍVESE las diligencias.»

21. El Tribunal consideró que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente y en
los hechos que no fueron objeto de controversia, la demandante Diana Patricia Mazo
Velásquez, trabaja al servicio de la Procuraduría General de la Nación en el cargo de
Procuradora Judicial II Penal, desde el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

22. Afirmó que, el cargo desempeñado por la demandante es de igual categoría al de
un Magistrado de Tribunal y, por el principio de igualdad, debería recibir un trato idéntico.

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

23. Sin embargo, la entidad demandada no pagó la prima especial de servicios
correspondiente al 30%, pues, la descontó del 100% del salario, y con ello, liquidó las
prestaciones sociales con el 70% del sueldo básico.

24. Colige que, aunque no tiene derecho a reclamar la prima adicional, porque existe
un tope legal, sí incurrió en una indebida liquidación de prestaciones sociales, toda vez
que, no le pagaron sobre el 100% del salario básico sino sobre el 70%, lo que implica que
debe realizarse una reliquidación tomando como base el 100% del salario sin descontar
el 30% por concepto de prima especial.

25. Respecto al fenómeno de la prescripción, precisó que la demandante realizó la
reclamación de la prima especial de servicios, el veintiséis (26) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), luego entonces, al operar tres (3) años atrás, equivalía al veintiséis (26)
de febrero de dos mil quince (2015); sin embargo, como viene desempeñando el cargo
de Procuradora Judicial II Penal de Manizales, desde un año posterior, concluyó que
sobre el periodo reclamado no operó la prescripción.

1.5. Del recurso de apelación.

26. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada5, interpuso recurso de
apelación, en el cual, señala que, la sentencia impugnada niega las pretensiones de la
demanda en lo que respecta al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios
regulada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; sin embargo, ordena la reliquidación de
las prestaciones sociales devengadas por la demandante, por el periodo comprendido
desde el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), hasta la ejecutoria de la
sentencia o deje la demandante de ocupar el cargo de Procuradora Judicial II Penal,
tomando como base de la liquidación el 100% del salario básico mensual y devolverle las
diferencias causadas.

27. Considera errada dicha condena, toda vez que, la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se encuentra incluida en la bonificación por
compensación creada por los Decretos 610 y 1239 de 1998, en los que, se establece un
tope salarial para los Magistrados de Tribunal fijado en un 80% de lo que por todo
concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes, quienes a su vez tienen una

5
Expediente híbrido, Samai, gestión otros despachos, documento 033ED-CUADERNO01-33APELACION

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

asignación salarial máxima del 100% de lo que por todo concepto reciben los miembros
del Congreso de la República, conforme el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

28. Por lo anterior, afirma que no puede sumarse el porcentaje equivalente a la prima
especial de servicios al sueldo de los Magistrados de Tribunal, toda vez que, superaría
el tope máximo del 80% ordenado por la ley, y en igual sentido, no podría aumentarse
las prestaciones sociales de quienes son beneficiarios de la bonificación por
compensación, como lo es la demandante, por cuanto se superaría el tope en mención.

29. Aduce que, la Sección Segunda – Sala de Conjueces del Consejo de Estado, por
medio de la sentencia de fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019),
proferida dentro del expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018),
estableció que no procede la reliquidación del salario básico de los Magistrados de
Tribunales y homólogos en un 30% de la prima especial, porque se desbordaría el marco
legal establecido por el legislador, relacionado con que los ingresos laborales de estos
funcionarios a partir del año 2001, son iguales al 80% de lo que por todo concepto
devengan anualmente los Magistrados de las Altas Cortes, indicando en dicha sentencia
que este marco legal no puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial
ni de ningún otro beneficio económico.

30. Señala que, de llegarse a autorizar un incremento por concepto de liquidación de
prestaciones sociales tomando como base la prima especial de servicios y el salario
básico, habría que ordenarse consecuentemente la disminución de la bonificación por
compensación para respetar el límite fijado por el Gobierno, cambiando únicamente el
concepto de pago, más no así el monto total a cancelar.

31. Afirma que, la Procuraduría General de la Nación, en calidad de entidad
nominadora, no tiene la facultad constitucional o legal para definir el régimen salarial de
los funcionarios vinculados a su planta de personal, tal y como lo dispone la carta política
y la ley 4ª de 1992. El Gobierno Nacional es el ente encargado de determinar anualmente
los montos del presupuesto asignado para cubrir los costos de la administración de los
recursos humanos.

1.5. Trámite de segunda instancia

32. Mediante oficio del trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)6, los magistrados
de la Sección Segunda, Subsección B, se declararon impedidos para conocer del medio

6
Expediente híbrido, Samai, documento 07MANIFESTACÓNIMPEDIEMENTO

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

de control de la referencia en razón a que, les asistía interés directo en el resultado del
proceso.

33. El veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)7, la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, declaró fundado el
impedimento de los magistrados de la Subsección B y, a la vez, estos también se
declararon impedidos.

34. El veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025), se realizó el sorteo de los
conjueces que han de reemplazar a los H. Magistrados de la Sección Segunda, cuyo
conocimiento correspondió al conjuez Dr. Carlos Mario Isaza Serrano8.

35. El diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)9, el conjuez ponente, ordenó
remitir el presente asunto al despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero
Banguera, para lo de su cargo

36. El veintidós (22) de julio de dos mil veintiséis (2026), el
Despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la
referencia y dispuso admitir el recurso de apelación de acuerdo con lo establecido por el
artículo 247 ordinal 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) a su vez, dispuso que, ejecutoriado el auto, el expediente debía
ingresar el despacho para fallo10.

6. Concepto del Ministerio Público.

37. El representante del Ministerio Público delegado ante el H. Consejo de Estado, se
abstuvo de rendir concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

38. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)11, el juez de segunda instancia

7
Expediente híbrido, Samai, documento 009Autoresuelveimpediemento
8
Expediente híbrido, Samai, acta de sorteo de conjuez
9
Expediente híbrido, Samai, documento 017autoremite
10
Expediente híbrido, Samai, documento 022autoadmite
11
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

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Número Interno: 0419-2023
Demandante: Diana Patricia Mazo Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿La señora Diana Patricia Mazo Velásquez, tiene derecho a la reliquidación de
las prestaciones sociales con base en el 100% del salario que había sido
fraccionado por concepto de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

ii) ¿El reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales, en
los términos ordenados por el Tribunal, supera el tope de los ingresos laborales
previsto para los procuradores judiciales II de cara a lo que por todo concepto
devengan anualmente los Magistrados de las Altas Cortes?

iii) ¿La falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación, para
interpretar las leyes e inaplicarlas, se instituye como fundamento para negar
las pretensiones de la demanda?

40. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios y ii) caso
concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos.

41. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, ejercer distintas
funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral 19, literal e), ibidem, del
siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el régimen salarial y prestacional de los

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

11

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empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública .” Este esquema se

materializa a través de las denominadas leyes marco, en virtud de las cuales se le reserva
al Congreso de la República la determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su
parte, la regulación particular de la materia, así como su aplicación concreta -vía decreto-
12.

42. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en el
artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el legislador en
la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial13, con arreglo a la cual regula
una materia, al amparo de un amplio margen de decisión, restringido por los principios,
parámetros y directrices generales que impone el legislador14. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha sostenido que, entre la potestad reglamentaria del ejecutivo, y la
extensión de la ley habilitante, existe una relación inversamente proporcional, puesto que
“ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de
la potestad reglamentaria”15.

43. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta; sin embargo,
con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa regulada por el
ejecutivo16. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta potestad regulatoria
habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir legislación anterior con fuerza de
ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991, siempre que se someta a los criterios
definidos en la ley marco correspondiente. Así, los decretos expedidos por el Gobierno
en desarrollo de una ley marco, no se entienden como los decretos reglamentarios
ordinarios del artículo 189, numeral 11, sino actos administrativos de carácter general
que cumplen un mandato constitucional directo de completar la ordenación de la
materia17.

12
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
13
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009, radicación:
2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor: Luis Fernando
Jaramillo Duque.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00 (2171-
2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra Mercedes
Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
15
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-000-2011-00167-00 (0580-
11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-000-2015-06489-01(0340-
20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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44. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce (12) de mayo
de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta dinámica normativa (es
decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está radicada en la necesidad de
regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema prestacional y salarial de los servidores
públicos, de una manera flexible que permita responder eficiente y rápidamente a
situaciones cambiantes, que se podrían ver amenazadas por la falta de dinamismo que
supone el trámite legislativo18.

45. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150, numeral 19,
literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco 4ª de 1992 19, en
virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los sujetos contemplados
en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, sin distingo del sector, régimen o denominación; los empleados del Congreso,
la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización
Electoral y la Contraloría General de la República; los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.

46. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-244
de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se alude, corresponde al género que
comprende todos los derechos laborales, mientras que el “salario” es sólo una especie
dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios o primas que, aunque
incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan necesariamente incidencia
en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

47. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el reconocimiento
automático que todo pago deba ser considerado base para el cálculo de prestaciones
sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite la creación de bonos, primas
o beneficios que aumenten el ingreso disponible del trabajador, pero a los cuales se les
niegue impacto sobre la carga prestacional20.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo de 2022,
Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
19
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-000-
2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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48. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y criterios
que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados
en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general,
como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del
Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes
en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor,
ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización
Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

49. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que lo
integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los
siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban
desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

50. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de 1992
dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte el Gobierno, “carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto reafirma la competencia
concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, en el entendido que, mientras el Congreso de
la República define los objetivos y criterios generales, el Gobierno regula los aspectos
específicos, sin que, a través de dicha facultad reglamentaria especial, le esté permitido
desconocer derechos adquiridos, desmejorar los salarios y prestaciones sociales,

14

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soslayar la carrera administrativa, o inobservar la política macroeconómica y fiscal del
país.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

51. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió
la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» , para
los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del
Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, excepto
los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a
partir del primero 1° de enero de 1993.

52. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales de
los servidores de la Procuraduría General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; Sin embargo,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil novecientos
noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir
de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

53. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 estableció, expresamente, que
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará,
entre otros, a «[…] los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación», y dejó claro
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, que, además, tiene
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.

54. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de estudio
por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia del veintinueve
(29) de abril de dos mil catorce (2014)21, la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en decretos que fijaron el
régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en punto a la naturaleza de la
prima especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo con los criterios establecidos en la ley

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29 de abril
de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).

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marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del
artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y
prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.

55. A su turno, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que corresponde a un
valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración
derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento
de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En el citado
pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de servicios es un incremento del
salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii)
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los
beneficiarios tienen derecho a percibirla como un incremento del salario básico, sin que
en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo
correspondiente.

56. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección
Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:

1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere

16

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el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80%
es un piso y un techo.

57. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter salarial
para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no constituye factor
para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 332 de 1996.

2.3.3. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social.

58. De igual manera, la Sala Plena de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la
prescripción de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios, en los
siguientes términos22: “Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo de 2026,
radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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sentido, precisó que23:

“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en un plazo de
3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que
puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada
disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969”.

59. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)24, el Consejo
de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa, y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho. Valga anotar que, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de
los aportes pensionales, puesto que, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 constitucional,25 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y
no regresividad, y con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en
pensiones.

60. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo,
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción, convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez
del trabajador.

61. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la prescripción se cuenta
retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en
vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la
sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez).
25
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

18

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aportes pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho
fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, como
se expuso ut supra26.

62. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, y en la norma
aplicable al caso de autos, se procede a decidir el presente asunto.

2.4. Hechos probados.

63. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Por medio del Decreto No. 3779 del ocho (8) de agosto de dos mil dieciséis
(2016), el Procurador General de la Nación, nombró en periodo de prueba, por un
término de cuatro (4) meses, a la señora Diana Patricia Mazo Velasquez, en el cargo
de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado EC, en la Procuraduría 106 Judicial II
Penal, con sede en la ciudad de Manizales27, del cual tomó posesión el seis (6) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), con efectos fiscales desde el siete (7) de
dicho mes y anualidad28.

b) Mediante petición del veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018)29, el
apoderado de la demandante, solicitó a la Nación – Procuraduría General de la
Nación, reliquidar la asignación básica y las prestaciones sociales incluyendo el
30% de la prima especial de servicio excluido del salario básico, desde el momento
en que ocupa el cargo de Procuradora Judicial II hasta que, permanezca vinculada
a la entidad en dicho cargo, es decir, teniendo como base el 100% de la
remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, esto es,
sin deducir o descontar de esta remuneración el 30% de la prima especial de
servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Asimismo, el pago de la prima
en mención, como valor adicional a la asignación básica con efectos sobre todas
las acreencias laborales.

c) En virtud del Oficio SGNo.004264 del seis (6) de junio de dos mil dieciocho

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo de 2026,
radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27
Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 004ED-CdnoPrimer-04 Anexos, folios 60-61
28
Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 004ED-CdnoPrimer-04 Anexos, folios 62
29
Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 004ED-CdnoPrimer-04 Anexos, folios 11-17

19

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(2018)30, la Procuraduría General de la Nación, negó lo solicitado, al considerar:
«por una parte, las normas bajo las cuales se realizaron los pagos se presumen ajustadas
al ordenamiento jurídico, y por otra, la Procuraduría General de la Nación no tiene la
competencia para establecer o adicionar montos, o cambiar la naturaleza legal a los ya
pagados. Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que en efecto se le debe
reconocer alguna suma de dinero por cuenta de su reclamación, del mismo modo, se
tendría que reliquidar y disminuir el monto de la bonificación por compensación, pues, en
todo caso, los ingresos percibidos en cada año laborado por un Procurador Judicial II no
pueden superar el porcentaje de ley, es decir el 80% de la totalidad de los ingresos del Alto
Magistrado. Proceder en forma distinta, seria permitir el reconocimiento y pago de montos
sin título y causa jurídica, afectando el presupuesto público de forma injustificada.» En
contra de la anterior decisión, se concedió la oportunidad de interponer únicamente
el recurso de reposición, el cual, a raíz de su carácter facultativo, no fue agotado.

d) La jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación,
por medio de las certificaciones expedidas en septiembre a diciembre de 2016,
marzo de 2017, enero a diciembre de 2018, enero a junio de 2019, hace constar
que la señora Diana Patricia Mazo Velásquez, presta sus servicios en el cargo de
Procurador Judicial II, desde el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),
en ejercicio del cual, devenga los siguientes conceptos: asignación básica, gastos
de representación, Prima Especial Servicios, y Bonificación por compensación31.

e) La jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación,
por medio de la certificación expedida el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), hace constar que, la señora Diana Patricia Mazo Velásquez, se encuentra
vinculada a la entidad desde el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),
y en la actualidad ocupa el cargo de Procurador Judicial II, código 3PJ-EC, en el (la)
Proc 106 Jud II Penal con sede en Manizales, en carrera administrativa 32.

f) El jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación,
por medio del certificado emitido el dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020),
hace constar los factores devengados mensualmente por la señora Diana Patricia
Mazo Velásquez, durante las anualidades 2016 al 2019, así: sueldo, gastos de
representación, prima especial de servicios y bonificación por compensación y,

30
Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 004ED-CdnoPrimer-04 Anexos, folios 22-25
31
Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 004ED-CdnoPrimer-04 Anexos, folios 30-58
32
Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 022ED-CdnoPrimer-22 Expediente administrativo, folio 9

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como prestaciones sociales: prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones y bonificación por servicios33.

2.5. Caso concreto.

64. En el asunto sub examine, la parte actora pretende la nulidad del acto administrativo
u oficio Nro. SG - 004264 del seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), en virtud del
cual, se negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30%, prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un adicional o incremento de la asignación
básica, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre la base del
100% del sueldo, sin sustraer del mismo el 30% por el referido concepto.

65. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, el Tribunal Administrativo de Caldas
– Sala de Conjueces, por medio de la sentencia adiada veintitrés (23) de agosto de dos
mil veintiuno (2021), declaró la nulidad del acto administrativo demandado, a título de
restablecimiento del derecho ordenó a la accionada reliquidar y pagar las prestaciones
sociales devengadas por la demandante durante el período comprendido desde el seis
(6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) y hasta que cobre ejecutoria la sentencia o
deje la demandante de ocupar el cargo de Procuradora Judicial II Penal, tomando como
base de liquidación el 100% del salario básico mensual, y devolverle las diferencias
causadas. A su vez, ordenó a partir de la ejecutoria de la sentencia, siempre que no sea
revocada o modificada por el superior y en adelante, hasta que la demandante se
desempeñe en el cargo de Procuradora Judicial II Penal u otro homólogo, cubrir su sueldo
básico al 100% y respecto de este, seguir liquidando las prestaciones sociales, en lo que
indique de manera la Ley y la Jurisprudencia. Por otra parte, dispuso negar el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.

66. Inconforme con la decisión de primera instancia, el extremo pasivo de la litis interpuso
recurso de apelación, en virtud del cual, solicita revocarla para en su lugar, negar la
totalidad de las pretensiones de la demanda.

67. Así las cosas, es importante para la Sala resaltar que de cara a lo establecido en el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, que

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Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 022ED-CdnoPrimer-22 Expediente administrativo, folio 18-20

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para el sub examine, corresponde a los que el extremo pasivo de la litis considera le son
desfavorables.

68. Establecido lo anterior, se procederá a dar respuesta a los problemas jurídicos
planteados.

69. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado que
la señora Diana Patricia Mazo Velásquez, desde el siete (7) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), está vinculada a la Procuraduría General de la Nación en la que
desempeña el cargo de Procurador Judicial II, código 3PJ-EC, en la Proc 106 Jud II Penal
con sede en Manizales, en carrera administrativa.

70. A su turno, la certificación salarial No. 1001 expedida el dieciséis (16) de enero de
dos mil veinte (2020), por el jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría
General de la Nación, hace constar que durante las anualidades 2016 al 2019, la
demandante en su calidad de procuradora judicial II, devengó mensualmente los
siguientes conceptos34:

Año Sueldo Gastos de Prima Bonificación Total
representación especial de compensación mensual
servicios
2016 3.816.336 3.816.333 2.093.916 13.774.807 23.501.392
2017 4.073.939 4.073.935 2.235.255 14.704.607 25.087.736
2018 4.281.302 4.281.298 2.349.029 15.453.074 26.364.703
2019 4.473.961 4.473.956 2.454.735 16.148.462 27.551.114

71. También, resulta importante destacar que el Gobierno Nacional para el cargo de
procurador judicial grado II, por medio de decretos fijó la remuneración mensual, de los
cuales, se tomaran como referencia los que se relacionan a continuación:

Decretos Remuneración mensual
186 de 2014 $8.623.464
1257 de 2015 $9.025.31735

34
Expediente digital – Samai – gestión otros despachos, documento 022ED-CdnoPrimer-22 Expediente administrativo, folio 18-20
35
Según el Decreto 1257 de 2015, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2014) reajustada en el 4.66%.

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245 de 2016 $9.726.58536
1013 de 2017 $10.383.12937
373 de 2018 $10.911.62938
991 de 2019 $11.402.65239

72. De lo anterior, se advierte que la remuneración mensual para los años 2016 a 2019,
establecida para el referido cargo por el Gobierno Nacional, se materializó en el caso de
la demandante, a partir de la suma de los rubros de (a) sueldo básico, (b) gastos de
representación y (c) prima especial de servicio.

Año Sueldo Gastos de Prima Remuneración
representación especial de mensual
servicios
2016 3.816.336 3.816.333 2.093.916 $9.726.585
2017 4.073.939 4.073.935 2.235.255 $10.383.129
2018 4.281.302 4.281.298 2.349.029 $10.911.629
2019 4.473.961 4.473.956 2.454.735 $11.402.652

73. En cuanto al pago de la prima especial de servicios desde que la demandante ha
desempeñado el cargo de procuradora judicial II en las anualidades 2016 a 2019, se
evidencia que se ha reconoció como parte de la remuneración mensual, más no como un
emolumento adicional a esta como correspondía.

74. En este punto, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019, proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, Sala de Conjueces40, la prima especial de servicios se
erige como un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al amparo del artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, “los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los
Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía

36
Según el Decreto 245 de 2016, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2015) reajustada en el 7.77%.
37
Según el Decreto 1013 de 2017, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2016) reajustada en el 6.75%.
38
Según el Decreto 337 de 2018, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2017) reajustada en el 5.09%.
39
Según el Decreto 991 de 2019, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2018) reajustada en el 4.5%.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 2 de
septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.

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General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993”.

75. En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia tienen derecho,
en los términos del precedente, al reconocimiento y pago de las diferencias que, por
concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que la prima especial sólo constituye
factor salarial para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, como en efecto
se dispuso en la Ley 332 de 1996.

76. Así, es claro el derecho que, tienen los beneficiarios de la prima especial de servicios
a percibirla no como una disminución de su asignación básica, sino como un valor
adicional a este, pues, nótese que, en dicha sentencia se definió el alcance del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, en el sentido de precisar que, la prima en mención constituye
un incremento de la asignación básica de los servidores beneficiarios y no una porción
de esta.

77. En esa oportunidad, la Corporación estableció como regla que: «La prima especial
de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».

78. Así mismo, la referida sentencia reiteró que la indebida aplicación de los decretos
salariales condujo a que, durante varios años, la administración tratara el treinta por
ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, como si hiciera parte de la asignación
básica, cuando en realidad debía reconocerse como un valor adicional a esta. Sobre el
particular, la Sala Plena de Conjueces señaló expresamente que «en cumplimiento del
mandato legal contenido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe adicionar la prima
especial allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica para darle
esa denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 %».
Este entendimiento constituye hoy el precedente obligatorio para resolver controversias
como la que ocupa la atención de la Sala.

79. Bajo ese contexto, es claro que, la prima especial de servicios debe ser un adicional
al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este; asimismo, ha
quedado sentado que aquella «prima especial de servicios», sólo es factor salarial para

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el pago de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación
de prestaciones sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la
prima especial de servicios.

80. En punto a lo antes expuesto, se observa que, la sentencia del Tribunal atiende la
regla expresamente fijada por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Corporación, en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), que refiere que los beneficiarios de la prima especial tienen derecho
a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico o
asignación básica, incluyendo el 30 % que había sido excluido.

81. En ese orden, es claro que, no le asiste razón a la parte accionada, cuando pretende
se revoque la condena del A quo, para en su lugar negarla, toda vez que, la demandante
tiene derecho a que se le reliquide y paguen todas las prestaciones sociales y salariales
según los tiempos de servicios prestados como procuradora judicial II, teniendo en cuenta
para tal efecto, una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual,
incluyendo el valor excluido erróneamente a título de prima especial de servicios.

82. Ahora, el apelante centra su inconformidad bajo el entendido que, de llegarse a
autorizar un incremento por concepto de liquidación de prestaciones sociales tomando
como base la prima especial de servicios y el salario básico, habría que ordenarse
consecuentemente la disminución de la bonificación por compensación para respetar el
límite fijado por el Gobierno, toda vez que, a su entender se superaría el tope legal del
monto total a cancelar de cara a lo que por todo concepto devengan anualmente los
Magistrados de las Altas Cortes.

83. No obstante, dicho argumento, adolece de justificación concreta y soporte probatorio,
que conlleve a acreditar en grado de certeza que la orden emitida por el A quo, esta es,
la reliquidación de las prestaciones sociales a favor de la actora por el período
comprendido desde seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) y hasta que cobre
ejecutoria esta sentencia o deje la demandante de ocupar el cargo de Procuradora
Judicial II Penal, tomando como base de liquidación el 100% del salario básico mensual,
supera el tope legal, nótese que, no indica cómo opera exactamente el límite del 80%
respecto de un Procurador Judicial II; qué conceptos integran el universo de ingresos
utilizado para efectuar la comparación; cómo interactúa ese límite con la bonificación por

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compensación; y, sobre todo, si la reliquidación prestacional ordenada en este caso
efectivamente supera o no dicho limite, en tal razón, no es solo decir, que el cumplimiento
de la condena llevaría a que se supere el límite salarial, sino que debe ser demostrado.

84. En todo caso, la carga argumentativa del recurso de apelación y la falta de pruebas
en el expediente que permita colegir en grado de certeza que los ingresos de la
demandante superarían el tope del 80% de lo que devengan los Magistrados de las Altas
Cortes, no es óbice para desconocer que, en efecto dicha regla no se puede omitir por la
accionada al momento de dar cumplimiento a la orden judicial, razón por la cual, como el
A quo, en la resolutiva de la sentencia objeto del recurso de alzada, nada indicó, cuando
tal proceder es obligatorio en cumplimiento de las reglas que se fijaron en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda, del Consejo de Estado sobre la
prima especial de servicios, se adicionará para precisar que la remuneración total de la
funcionaria no puede exceder los topes máximos fijados anualmente por el Gobierno
Nacional para cada empleo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 4.ª de 1992 y los
principios de seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.

85. El otro punto de censura de la Procuraduría General de la Nación, frente a la decisión
de primera instancia, radica en la falta de competencia para interpretar las leyes
e inaplicarlas, lo cual, corresponde al juez de lo contencioso administrativo.

86. La Sala señala que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, justamente condensó la
correcta interpretación y aplicación de la prima especial de servicios, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, corresponde a la Procuraduría General de
la Nación, en su calidad de empleador, atender a cabalidad las reglas fijadas en dicha
providencia, sin que sea jurídicamente factible que, la ausencia de competencia alegada,
tenga como efecto enervar las pretensiones de la demanda, cuando está debidamente
decantado el derecho que le corresponde a la demandante en su calidad de procuradora
judicial II, razón suficiente para no avalar el argumento de apelación.

87. Finalmente, resalta la Sala que la reliquidación ordenada por el A quo, debe atender,
de igual forma, los aportes pensionales, cuya base de liquidación estará conformada por
el cien por ciento (100%) de la asignación básica que había sido fraccionada por concepto
de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, desde el
siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

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88. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado esta
Subsección41.

89. La Sala resalta, que el restablecimiento se modificará, para tomar como fecha inicial
el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), toda vez que, advierte que, existe
una inconsistencia objetiva, pues, la demandante tomó posesión del cargo de Procurador
Judicial II Código 3PJ, Grado EC, en la Procuraduría 106 Judicial II Penal, con sede en
la ciudad de Manizales, el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), pero el
Decreto No. 3779 del ocho (8) de agosto de dos mil dieciséis (2016) -acto de
nombramiento- estableció efectos fiscales desde el siete (7) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), y las certificaciones de talento humano también indican que la
demandante está vinculada desde el día siete (7). Sin embargo, el Tribunal, ordenó el
restablecimiento desde el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

90. En tal razón, la Sala de oficio, adicionará la sentencia de primera instancia, para
ordenar los aportes pensionales y, a su vez, modificará el ordinal cuarto (4) para sustituir
el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) por el siete (7) de dicho mes y
anualidad, a partir de la cual, resulta procedente la reliquidación de las prestaciones
sociales y los aportes a pensión, estos hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto
en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese momento el demandante continúe
prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto
hasta su desvinculación.

2.6. Condena en costas.

91. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por lo
tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia.

41
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

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2.7. Conclusión.

92. La parte actora, en calidad de procuradora judicial II, tiene derecho a la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico o asignación básica, en
todo caso de oficio, se modificará el ordinal cuarto (4) para precisar la fecha a partir de la
cual es procedente la reliquidación de las prestaciones sociales y adicionará la sentencia
objeto del recurso de apelación, para ordenar a la accionada realizar los aportes a
pensión y atender el límite máximo de remuneración para la beneficiaria. En lo demás,
se confirmará la sentencia del A quo.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal cuarto a la sentencia proferida el Veintitrés (23) de
agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de
Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, el cual queda
así:
CUARTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA A LA
NACION–PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, proceda a reliquidar y pagar las
prestaciones sociales devengadas por la Dra. DIANA PATRICIA MAZO VELASQUEZ, por el
período comprendido desde 7 de septiembre de 2016 y hasta que cobre ejecutoria esta
sentencia o deje la demandante de ocupar el cargo de Procuradora Judicial II Penal, tomando
como base de liquidación el 100% del salario básico mensual, y devolverle las diferencias
causadas.

SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal décimo segundo a la sentencia proferida el Veintitrés
(23) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Caldas –
Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión,
el cual queda así:
«Décimo segundo: Se ORDENA a Procuraduría General de la Nación,
liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, a partir del
siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), y hasta el momento de la
entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, si la demandante siguiere vinculada
en su calidad de procuradora judicial II, teniendo en cuenta que a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización será el
cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual más el treinta por ciento
(30%) correspondiente a la prima especial de servicios, en los términos previstos

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en dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas
previamente.

Es de señalar que las diferencias a pagar, en ningún caso al sumar la totalidad de
los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para
el cargo de procurador judicial II.

El cumplimiento de la presente providencia está condicionado a que, la
Procuraduría General de la Nación, no haya efectuado otro pago por iguales
conceptos a los aquí reconocidos.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el Veintitrés (23) de agosto
de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de
Conjueces, por medio de la cual, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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