Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00537-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00537-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00537-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17 001 23 33 000 2018 00537 01 (1878-2023)
Demandante: Mario de Jesús Alvarán Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento de
Caldas
Tema: Intereses por mora en el pago del retroactivo de la
homologación salarial.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de fecha 26 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.
Primera. Declarar la nulidad de la Resolución 5059-6 de 7 de mayo de 2017,1
proferida por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, que negó
al demandante el reconocimiento y pago de los intereses por mora en el pago del
retroactivo de la homologación y nivelación salarial.
Segunda. Condenar a la accionada a reconocer y pagar a la parte actora los
intereses moratorios generados por el desembolso tardío del retroactivo de la
homologación y nivelación salarial, los cuales deberán ser liquidados con base
en el interés bancario corriente desde la fecha de su causación hasta la fecha
efectiva del pago.
Tercera. Cumplir la sentencia de acuerdo con los términos establecidos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
1 Expediente digital índice 2 SAMAI.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00537 01 (1878-2023)
Demandante: Mario de Jesús Alvarán Sánchez
Cuarta. Condenar en costas a la entidad demandada.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.
El señor Mario de Jesús Alvarán Sánchez prestó sus servicios a la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas, en calidad de personal administrativo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación
Nacional expidió la Resolución 3500 de 1996, certificando al Departamento de
Caldas para administrar en su jurisdicción territorial el servicio educativo.
Por esa razón, la gobernación emitió el Decreto 0021 de 1997, transfiriendo a la
planta de cargos territorial y en las mismas condiciones laborales que traían de
la Nación, al personal administrativo de educación, pasando por alto que sus
pares a nivel seccional detentaban condiciones salariales superiores.
Sin embargo, desconoció que a través del Concepto 1607 de 9 de diciembre de
2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que, con
ocasión al proceso de descentralización educativa, los entes territoriales debían
nivelar y homologar salarialmente a todos los servidores públicos provenientes
de la Nación frente a los ingresos de los empleados del nivel local.
Atendiendo la Directiva Ministerial 10 de 2005 y la Resolución 2171 de 17 de
mayo de 2006, la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas elaboró
y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico para
adelantar la mencionada homologación y nivelación salarial. Dicho estudio fue
aprobado a través del comunicado de 30 de marzo de 2007.
Agotado ese trámite, la Gobernación de Caldas niveló y homologó los empleos
en cita con el Decreto 0399 de 20 abril de 2007. No obstante, y previa solicitud
de esa entidad, la cartera ministerial aprobó la modificación al estudio técnico
adoptado con tal fin mediante oficio de 1.° de junio de 2009. Esto conllevó que a
través del Decreto 337 de 2 de diciembre de 2010, se introdujeran variaciones a
la resolución antes señalada.
El 15 de diciembre de ese año, con el Decreto 353, el ente territorial incorporó a
la planta de cargos al personal homologado y nivelado, haciendo la salvedad de
que sus costos serían financiados con recursos del Sistema General de
Participaciones.
En consecuencia, mediante la Resolución 1705-6 de 22 de marzo de 2013,
aclarada por la Resolución 4010-6 de 19 de junio de ese mismo año y modificada
por la Resolución 8787-6 del 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación
Nacional, a través de la Secretaría de Educación Departamental de Caldas,
reconoció y pagó al demandante los dineros por concepto de retroactivo del
proceso de homologación y nivelación salarial y prestacional.
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Demandante: Mario de Jesús Alvarán Sánchez
En general, la aludida deuda surgió el 10 de febrero de 1997 -con la primigenia
incorporación a la planta de personal departamental ordenada en el Decreto 021-
y feneció el 31 de diciembre de 2009. Esto, por cuanto desde el año 2010 la
gobernación empezó a pagar los salarios homologados.
No obstante, en el caso del señor Alvarán Sánchez, tal deuda acaeció entre el 10
de febrero de 1997 y el año 1999, según lo certificado por el ente accionado,
mientras que su pago se produjo el 15 de abril de 2013. Esta mora activó los
intereses moratorios regulados en el Código Civil
Al aplicarle los respectivos intereses moratorios al capital pagado por la
Gobernación de Caldas -sin la respectiva actualización-, se obtiene una suma
dineraria mayor a la reconocida por concepto de indexación, lo cual es más
favorable a los intereses de la trabadora. Por si fuera poco, la aludida indexación
fue mal calculada, pues con tales fines se empleó un factor IPC desactualizado.
El 5 de abril de 2017, se solicitó el reconocimiento y pago de los intereses por
mora en el pago tardío del retroactivo por concepto nivelación y homologación
salarial del personal administrativo vinculado a la Secretaría de Educación
Departamental de Caldas, así como la revisión del proceso de indexación,
petición que fue negada a través del acto administrativo cuestionado.
1.3 Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulneradas las siguientes
disposiciones:
• Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política.
• Artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil.
• Artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Al desarrollar el concepto de violación, el abogado, luego de referenciar
brevemente los alcances del proceso de nivelación y homologación salarial en el
sector educativo, arguyó en esencia que:
• La Secretaría de Educación Departamental de Caldas, como receptora de los
servidores nacionales del sector educativo, debió incluir en el estudio técnico
la indexación de capital y los intereses moratorios por el pago tardío de las
acreencias laborales provenientes de la nivelación y homologación salarial.
Ello, por cuanto funge como primer responsable de ese proceso y, por ende,
antes de avalar las incorporaciones a su planta de personal, le correspondía
nivelar a los empleados provenientes de la Nación con sus propios
funcionarios.
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• El incumplimiento de las obligaciones por parte de los distintos órganos
estatales que participaron en la concreción de este proceso no se erige en
fundamento válido para negar los aludidos intereses moratorios, pues los
trabajadores no pueden asumir las cargas estatales en este sentido y, además,
el Estado no puede valerse de su propia incuria al respecto.
• De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en materia prestacional es
viable el reconocimiento y pago de intereses moratorios. No obstante, y
aunque frente a las acreencias laborales se ha pregonado la incompatibilidad
entre la indexación y los intereses por mora, se debe aplicar el principio de
favorabilidad en pro de los intereses del demandante.
1.4 Contestación de la demanda.
1.4.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional
Dentro de la oportunidad de ley, esa entidad contestó la demanda,2 oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como argumentos de
defensa esgrimió los siguientes:
• El Ministerio de Educación Nacional no es el llamado a satisfacer las
pretensiones de la parte actora, pues el acto administrativo cuestionado fue
emitido por la entidad territorial a la que se encontraba vinculada la parte actora.
• Los recursos con los que se cubren las obligaciones prestacionales de los
docentes y del personal administrativo de educación no provienen del
presupuesto del Ministerio de Educación Nacional.
Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 establecieron el procedimiento para
incorporar las plantas financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones a las plantas de personal de las entidades del orden territorial
y, en el caso bajo análisis, tal procedimiento se cumplió mediante la
incorporación y homologación de cargos, lo que generó los costos derivados
del estudio técnico.
• El Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que los recursos del Sistema General
de Participaciones asignados para el sector de educación serían destinados
para financiar la prestación de ese servicio.
• A través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005, se impartieron las
directrices orientadas a adelantar el proceso de nivelación y homologación
salarial, así como los criterios y procedimientos necesarios para el efecto, sin
que ello dé lugar al reconocimiento de los intereses pretendidos.
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Demandante: Mario de Jesús Alvarán Sánchez
Basado en esas consideraciones, formuló las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “ineptitud de la demanda”, “caducidad” y
“prescripción”.
1.4.2 Departamento de Caldas.
Dentro de la oportunidad de ley, esa entidad contestó la demanda,3 oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como medios exceptivos
formuló los siguientes:
• Falta de legitimación en la causa por pasiva.
Mediante concepto 1607 de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado señaló que las entidades territoriales certificadas en educación debían
adelantar el procedimiento para la homologación y nivelación salarial de los
empleados administrativos recibidos de la Nación, pero los costos económicos
dimanados de él estarían a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
• Caducidad de la acción.
El demandante dentro de los 4 meses siguientes al reconocimiento y pago de la
homologación salarial debió reclamar los intereses moratorios reclamados en la
demanda. Por tanto, lo pretendido por el actor es revivir el termino de caducidad
con una solicitud posterior de reconocimiento y pago de intereses moratorios.
• Buena Fe.
Fundada en que el Departamento de Caldas siempre ha actuado con diligencia
en la elaboración de los actos administrativos, no obstante, la cancelación de los
dineros reconocidos en los mismos es competencia del Ministerio de Educación
Nacional.
• Inexistencia de la obligación con fundamento en la ley.
Sustentada en que la parte demandante pretende obtener una doble sanción
frente a una entidad pública que no es deudora de esa obligación, pues los
recursos con los que se solventó la homologación pertenecen al Ministerio de
Educación Nacional. En ese orden, cualquier pretensión derivada de dicho
proceso es responsabilidad de esa cartera ministerial.
• Inaplicabilidad de los intereses moratorios.
Adveró que los dineros cancelados a la parte actora producto del proceso de
homologación salarial fueron debidamente indexados, de suerte que no puede
pretender el pago concomitante de intereses moratorios.
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• Prescripción.
Se solicita la aplicación de este fenómeno jurídico de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y el Decreto 3115 de 1965.
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante providencia de fecha 26 de agosto de 2022,4 el Tribunal Administrativo
de Caldas negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte demandante.
Con tales fines, luego de referenciar: i) la homologación y nivelación salarial del
personal administrativo de la educación y; ii) la indexación e intereses moratorios,
concluyó:
• No es procedente el reconocimiento de intereses por mora en el pago del
retroactivo derivado de la homologación y nivelación salarial, por cuanto estos
son incompatibles con la indexación realizada por la demandada sobre las
sumas adeudadas.
• Atendiendo las pautas jurisprudenciales expuestas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado al resolver las apelaciones incoadas en contra de
sentencias proferidas por este tribunal en casos similares,5 no es plausible
exigir en sede judicial una indexación no discutida ante la administración ni
solicitada en la demanda. Tampoco, bajó los parámetros del artículo 53 de la
Constitución Política, se le puede asignar la connotación de un derecho
laboral, pues se trata de una técnica de corrección monetaria para combatir el
continuo defecto inflacionario de la economía.
1.6 Recurso de apelación.
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.6 En su intervención, arguyó que:
• Una de las sentencias citadas por el a quo para negar las súplicas de la
demanda -la fechada 22 de abril de 2015, expediente 2506-2013- no es
aplicable a la presente controversia, pues en ella se reprochó la condena
impuesta a la demandada, consistente en indexar las sumas debidas desde el
momento de su causación y hasta la fecha de su pago efectivo, reconociendo
concomitantemente los intereses moratorios previstos en la ley.
4 Expediente digital índice 2 SAMAI.
5 Subsección B, sentencia de 12 de septiembre de 2019, expediente 17 001 23 33 000 2016 00993 01.
Subsección B, sentencia de fecha 23 de octubre de 2020, expediente 17 001 23 33 000 2018 00143 01
(4932-2019). Subsección A, sentencia de fecha 3 de diciembre de 2020, expediente 17 001 23 33 000 2016
00270 01 (1245-19).
6 Expediente digital índice 2 SAMAI.
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En este asunto, la obligación no surgió a partir de una sentencia judicial, sino
por ministerio de la ley, la cual ordenó a la entidad demandada homologar y
nivelar salarialmente a los servidores del sector educación recibidos de la
Nación y aceptados en su planta de personal.
Por tanto, ante la tardanza en el desarrollo de ese procedimiento administrativo
no debió indexarse el capital adeudado, pues tal acción deviene del
cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales -artículo 178 del CCA, sino
pagar sobre aquel los respectivos intereses de mora contenidos en los
artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil. En todo caso, en el libelo se pidió
que al realizar el aludido reconocimiento se descontaran los dineros
reconocidos a la interesada por concepto de indexación.
• El a quo, replicando la tesis adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia
de 7 de diciembre de 2017 -expediente 0905 de 2015-, negó los intereses
solicitados al considerar que ni en las resoluciones de pago del retroactivo
salarial y prestacional se hizo mención de ellos, ni en la ley existe alguna
disposición que avale su reconocimiento.
Sin embargo, tal postura condicionó el pago de intereses moratorios a su
regulación específica frente a cada obligación reclamada, desconociendo que
en virtud de los principios de analogía y equidad, el juez debía acudir a las
reglas del Código Civil que expresamente consagra esta figura ante cualquier
mora en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el deudor.
• Así como el Estado cobra intereses por la mora del administrado en pagar sus
obligaciones, de la misma manera debe asumir ese mismo compromiso
cuando el incumplido sea él.
Como quiera que el retraso en el pago del retroactivo salarial y prestacional
dimanado de la citada homologación y nivelación es atribuible a la
administración accionada, debe responder por el pago de los intereses que
ahora son reclamados.
No es aceptable que el tribunal haya pregonado que la existencia de múltiples
trámites administrativos para culminar el aludido procedimiento justifica la
tardanza reprochada, cuando lo cierto es que desde el año 1997 el
Departamento de Caldas asumió al personal administrativo proveniente de la
Nación y, junto con ello, el deber de nivelar y pagar los respectivos salarios.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 18 de mayo de 2023,7
se admitió el recurso de apelación.
7 Índice 4 SAMAI.
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Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, intervino el Agente del Ministerio Público8 Delegado ante esta
Corporación quien rindió concepto solicitando que se confirme la sentencia
impugnada.
Para ello, alegó que no hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios demandados, toda vez que no existe disposición jurídica que prevea
su aplicación en el sub lite, además que el mecanismo legalmente autorizado y
utilizado fue la indexación, figura que excluye el pago de aquellos.
Adveró que no hay lugar a la condena por indexación, dado que ello no fue objeto
de reclamación en sede administrativa, ni del tema de decisión conforme a las
pretensiones de la demanda, ni guarda los presupuestos legales y
jurisprudenciales para tramitarse en ejercicio de potestades extra petita.
1.8 El control de legalidad.9
Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad
que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la
alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,11 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
8 Índice 9 SAMAI.
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.
2.3 Problema jurídico
Atendiendo las censuras planteadas en la alzada, le corresponde a la Subsección
determinar si ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo económico dimanado del
proceso de homologación y nivelación salarial?
En el camino de resolución de este interrogante, la Subsección analizará i) el
proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo al
servicio de la educación, y ii) los intereses moratorios por el pago tardío de las
obligaciones.
2.4. Normas y jurisprudencia aplicable.
2.4.1 Homologación del personal administrativo al servicio de la educación.
La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, mediante concepto
1607 de 9 de diciembre de 2004,12 precisó las etapas que, en virtud de las Leyes
43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, debían agotar los entes territoriales para
culminar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo nacional que sería incorporado a las plantas
de personal de orden local, fruto de la descentralización de ese servicio.
Para ello, explicó que con la expedición de la Ley 43 de 1975,13 se nacionalizó el
servicio de educación primaria y secundaria que venían prestando los
departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso
se llevó a cabo entre el 1.º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.
Mas tarde, con la Ley 60 de 1993 se ordenó descentralizar ese servicio,
desmontando así la nacionalización anteriormente referenciada. Se dispuso
entonces que la Nación entregara a los entes locales los bienes, el personal y los
establecimientos educativos necesarios para la prestación del servicio. En lo que
compete al personal cedido por la Nación, serían incorporados a las plantas de
cargos territoriales.
Sobre este particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil concluyó que la
transferencia por parte de la Nación a los entes locales del personal docente y
administrativo ameritaba un proceso de incorporación «que para su
12 Consejero ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce.
13«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
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perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los
requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con
los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos),
procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características
particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo
hacia un ente territorial».
Posteriormente, a través de la Ley 715 de 2001 se ordenó municipalizar el
servicio educativo, para lo cual los municipios debían obtener la respectiva
certificación de la Nación y/o de los departamentos, para poder asumir la
administración del sistema educativo.
La descentralización del servicio educativo implicó, en sentir de la Sala de
Consulta y Servicio Civil, que:
• Las entidades territoriales debían incorporar a sus plantas de personal a los
servidores públicos provenientes de la Nación, previa realización de un
proceso de homologación, consistente en el ejercicio comparativo entre los
cargos nacionales y locales con base en los criterios de «clasificación,
funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc.», en orden a
definir la nueva ocupación y el salario a devengar.
Lo anterior, sin detrimento de la autonomía de las instituciones seccionales
para determinar su estructura administrativa, así como el régimen salarial y
prestacional de sus empleados, así como las escalas y límites de sueldos de
los distintos empleos, estos últimos, en el marco de los decretos anuales
emitidos por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley 4 de 1992.
• La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar,
atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir
con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva
planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los cargos, como
su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la
naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para
su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta
manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del
proceso de homologación.
• Las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la discrecionalidad
de las autoridades departamentales, sino al resultado de un estudio técnico
concertado que permitiera ubicar a los servidores en el grado de remuneración
que correspondiera a las funciones del cargo, a los requisitos exigidos para su
ejercicio y a los demás elementos estructurales del mismo, dentro de los
límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos
reglamentarios de la Ley 4a de 1992.
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• Frente al personal administrativo se predicó una condición muy particular,
relacionada con que si, fruto de la homologación, sus salarios resultaban
superiores a los devengados cuando servían a la Nación, los mayores costos
serían cubiertos por ésta a través del situado fiscal -hoy Sistema General de
Participaciones- y/o de transferencias complementarias, siempre y cuando tal
procedimiento se hubiere ajustado a la ley. En caso contrario, debían ser
asumidos por la respectiva entidad territorial.
2.4.2 De los intereses moratorios por el pago tardío de las obligaciones
Los intereses por mora son, como lo indica su nombre, los que debe pagar el
deudor, a título de indemnización, por el incumplimiento total o parcial de sus
obligaciones.
Esta figura constituye una penalización que nace por la tardanza injustificada en
la satisfacción de los compromisos asumidos, por lo que, al pertenecer a un
régimen estrictamente sancionatorio, debe estar previamente consagrado en la
ley.
Como ejemplo de ello encontramos el artículo 635 del Estatuto Tributario, que
determinó que, ante el incumplimiento de las obligaciones administradas por la
DIAN, los deudores paguen un interés moratorio diario liquidado con base en la
tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en tanto concibió el surgimiento de estos ante
el pago inoportuno de las mesadas pensionales.
Por el contrario, la indexación no responde a ese sistema sino a los efectos
negativos del proceso inflacionario, garantizando que el capital adeudado no
pierda poder adquisitivo, a través de la aplicación de una fórmula matemática que
permite su actualización al tiempo presente. Para estos fines no se requiere
acreditar que el pago se produjo por una mora injustificada del deudor.
En sentencia de 5 de agosto de 2021,14 esta Subsección pregonó lo siguiente:
«Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que permiten
en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo sin que se
haya solucionado efectivamente una obligación dineraria. No obstante, la primera
hace referencia a la forma de actualización monetaria con base en el IPC en los
casos en los que se evidencia una razón válida para la tardanza en la cancelación
del saldo, mientras que los intereses moratorios implican una suerte de sanción,
que si bien igualmente busca equiparar los valores de la deuda a un momento
posterior, lo hace con el cálculo de una tasa fijada en un porcentaje mayor a la que
resultaría de la aplicación de la regla anterior, pero como consecuencia de una
actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado, que no genere un sustento
explicativo de aquella disrupción.
14 Expediente 2288-2020, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
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Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00537 01 (1878-2023)
Demandante: Mario de Jesús Alvarán Sánchez
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de
una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con
la superación de etapas, la fijación de un término específico para el cumplimiento
de la obligación o la materialización de una condición que se configura por el paso
del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza
sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la norma que regule el
asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada en la dilación del abono,
que se relacione con la demostración por parte de quien los solicita, de la mala fe
o la intención del deudor de no cumplir a pesar de estar expresamente conminado
a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras ostentan
una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo
sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es
restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una obligación en
cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o
en la posibilidad de liquidar una y luego otra, así se solicite descontar lo ya
cancelado por alguno de estos conceptos, pues tanto los aspectos divergentes
como el semejante impiden su coexistencia.15»
Siguiendo estos derroteros, nos adentraremos en la solución del interrogante
planteado anteriormente.
2.5 Caso concreto.
Interrogante único: ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo económico dimanado
del proceso de homologación y nivelación salarial?
• La tesis reiterada de esta Sección16 frente al asunto de marras es la de que
los intereses moratorios serán reconocidos judicialmente en la medida de que
exista norma expresa que así lo determine, como sucede, por ejemplo, con:
i) Las estipulaciones legales de intereses por el pago tardío de las
mesadas pensionales.17
ii) El que dimana de la insatisfacción de las obligaciones tributarias.18
iii) Los concebidos para la actividad contractual en el inciso segundo del
numeral 8.° del artículo 4.° de la Ley 80 de 1993 y;
15 Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de Estado
en sentencias de la Subsección A: 14 de mayo de 2020 en el proceso radicado: 08001-23-33-000-2014-
01426-01 (0074-2017) y del 3 de diciembre de 2020 en el proceso radicado 17001-23-33-000-2016-00979-
01 (2646-2019). De la Subsección B, el 16 de agosto de 2018 en el proceso radicado: 20001-23-33-000-
2014-00313-02 (2633-2017).
16 Cfr. En la Subsección A: sentencia de 19 de septiembre de 2024, expediente 3341-2019, C.P. Dr. Rafael
Francisco Suárez Vargas; sentencia de 27 de junio de 2024, expediente 3336-2018, C.P. Dr. Jorge Iván
Duque Gutiérrez. En la Subsección B, sentencia de 20 de junio de 2024, expediente 4080-2021, C.P. Dr.
Juan Enrique Bedoya Escobar; sentencia de 23 de agosto de 2018, expediente 4589-2015, C.P. Dr. Cesar
Palomino Cortés.
17 Artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
18 Artículo 635 del Estatuto Tributario.
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iv) Los consignados en el artículo 884 del Código de Comercio para las
negociaciones mercantiles, entre otros más. También, se ha pregonado
este reconocimiento cuando en el acto contentivo de la obligación se hace
mención precisa a ellos.
• Ni en el concepto 1607 de 2004 -dimanado de la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Corporación-, ni en la Directiva Ministerio 10 de 2005 -que versó
sobre el proceso de homologación del personal administrativo del sector
educación- y/o en la Resolución 2171 de 17 de mayo de 200619 se examinó el
reconocimiento de intereses moratorios a cargo de las entidades territoriales
y/o del Ministerio de Educación Nacional por el pago del retroactivo salarial.
Esta misma conclusión se extiende a las resoluciones que reconocieron el
derecho de marras.
• El artículo 1607 del Código Civil, citado como sustrato del recurso de
apelación, establece que el deudor está en mora «[c]uando no ha cumplido la
obligación dentro del término estipulado […]» y, en el presente asunto, ninguna
regla de derecho fijó un plazo para el cumplimiento del proceso de
homologación y nivelación salarial.
• Sin perjuicio de lo anterior, esto es, la inexistencia de un término para la
culminación del aludido proceso, se tiene que el artículo 1617 de esa misma
codificación tampoco es aplicable a este caso, en razón a que no se trata de
una negociación entre particulares en las que las partes puedan convenir, a su
antojo, el pago de intereses y/o, pregonar que ante su silencio surja de pleno
derecho el interés legal allí concebido.
• Así mismo, el artículo 1649 ejusdem dispone que «[e]l pago total de la deuda
comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban» y, como se
advirtió, en este caso no se deben dineros por concepto de intereses, en tanto
su causación no se encuentra autorizada en ninguna disposición de ley.
• Al resolver el Recurso Extraordinario de Revisión presentado en contra de la
sentencia de 30 de octubre de 2020, proferida en un caso similar por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación,20 la Sala Uno
Especial de Decisión de este Tribunal,21 concluyó:
«Cabe aclarar que el planteamiento del accionante, según el cual debieron
reconocerse intereses de mora desde que inició el proceso de homologación y
nivelación salarial hace parte de su apreciación personal, pero no se encuentra
respaldado por alguna disposición legal que imponga esa sanción, o que acredite
una interpretación contraevidente o errada en la sentencia cuestionada, como se
afirmó en el recurso.
19 «“Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las
entidades territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las
deudas por concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial”»
20 Expediente 17 001 23 33 000 2016 00978 01, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Expediente 11 001 03 15 000 2022 00722 00, C.P. María Adriana Marín.
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Las disposiciones legales a las que hizo alusión el recurrente contenidas en el
Código Civil, el Código de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes
45 de 1990, 100 de 1993, 446 de 1998 y el Decreto 116 de 1976 tienen un
contenido general que no puede ser aplicado, de forma inmediata, al asunto
sometido a discusión. En concreto, los artículos 1617 y 1649 del Código Civil -que
en criterio del recurrente fueron desconocidos- tratan sobre la indemnización por
mora en obligaciones de dinero y el pago total o parcial de la deuda, pero no dejan
entrever el derecho que le asistía al accionante de recibir intereses de mora, con
anterioridad al acto que le reconoció el derecho a recibir un dinero por concepto
de homologación y nivelación salarial, pues en dichas disposiciones se parte de
los conceptos de deudor y acreedor, los que sólo surgieron a partir de la
Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012, según se desprende de la
explicación dada por el ad-quem, cuando sostuvo que la obligación nació con el
reconocimiento del derecho mediante acto administrativo, razonamiento que no
resulta ilógico ni arbitrario.
En suma, observa la Sala que pese a los argumentos expuestos en la sentencia,
el demandante no comparte la interpretación de la Subsección B de la Sección
Segunda respecto del momento que se tuvo en cuenta para establecer la
obligación o no de pagar intereses de mora, y es esa la razón que lo condujo a
ejercer el presente medio judicial. Si el interesado consideraba que el derecho a
obtener el pago del retroactivo y, por ende, a percibir intereses de mora, no surgió
desde la expedición del acto administrativo que reconoció, en su favor, ese
derecho, debió ocuparse de exponer con suficiente sustento legal y/o
jurisprudencial las razones del supuesto error que le enrostra a la Administración
de justicia en ese concreto punto. A diferencia de lo señalado por el demandante,
la Sala aprecia que el razonamiento efectuado por el ad-quem guarda consonancia
con múltiples decisiones proferidas en casos similares, en las que, al igual que en
el caso sub examine, se ha establecido que el proceso de homologación y
nivelación salarial se desarrolló en un amplio período de tiempo, justificado por las
etapas que debieron superarse.»
• Aunque el proceso de descentralización se consolidó entre los años 1997 y
2003, y el pago del retroactivo dimanado del procedimiento de homologación
y nivelación salarial se concretó en el año 2013, esa tardanza no da lugar al
reconocimiento de ningún interés moratorio, pues no se evidenció por parte de
los entes demandados conductas dilatorias, fraudulentas, evasivas o de mala
fe destinadas a enervar esos derechos.
Por el contrario, se encuentra acreditado que para culminar ese procedimiento
se necesitó:
i) La emisión de un concepto por parte de la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Corporación que resolviera las dudas del Ministerio de
Educación Nacional sobre la materia.
ii) Que esa cartera ministerial profiriera una directiva y una resolución22
para reglamentar los pasos para la concreción de la anhelada nivelación
salarial.
iii) La elaboración por parte de la entidad territorial de un estudio técnico
22 Directiva Ministerial 10 de 2005 y Resolución 2171 de 2006.
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en el que comparara los cargos recibidos de la Nación con los empleos
adscritos a su planta de personal por lo menos en los criterios de:
requisitos de acceso a cada ocupación, funciones, responsabilidades,
salarios, clasificación, entre otros. Dicho estudio tenía por finalidad
determinar cuál o cuáles eran las modificaciones que ameritaba adelantar
en la administración local, en la planta de personal y en los manuales de
funciones y competencias laborales.
iv) El análisis y aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional
del citado estudio técnico y la gestión de los recursos para cubrir los
mayores costos generados.
v) La liquidación por el ente territorial de los salarios y prestaciones
sociales dimanados del proceso de homologación -frente a los servidores
activos y retirados con derecho a ella-, y su posterior análisis y aprobación
por parte del reseñado ministerio.
vi) Que a la par del Departamento de Caldas, el resto de departamentos
del país también debieron adelantar las mismas gestiones, por lo que la
atención del Ministerio de Educación Nacional no se centró
exclusivamente en la homologación y nivelación salarial llevada a cabo por
aquella institución.
Así entonces, es claro para la Sala que el retraso en el pago de esas
acreencias no provino de la incuria de las entidades accionadas, sino del
sinnúmero de actuaciones administrativas y presupuestales que debieron
adelantar para ello.
En un asunto de contornos similares, esta Subsección23 adujo lo siguiente:
«Pues bien, en el caso concreto se advierte que el proceso de homologación y
nivelación salarial del Departamento de Caldas se materializó a través del Decreto
337 del 2 de diciembre de 2010, en virtud del cual, se expidió con posterioridad las
Resoluciones 1612-6 del 22 de marzo de 2013, 3960-6 del 19 de julio de 2013 y
8846-6 del 11 de diciembre de 2014, por medio de las cuales se ordenó pagar al
demandante la suma total de $$72.851.167 como valor del retroactivo
correspondiente, monto comprendido por $34.606.105 en razón de servicios
personales y contribuciones inherentes a la nómina y el restante $38.245.062 por
concepto de indexación, tal como se aprecia del cálculo efectuado en el último de
los actos precitados (folios 31 a 32), en el que además se indica que le sería
reconocido a aquél un ajuste adicional por actualización equivalente a $6.925.652.
Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como tal
de homologación se consolidó desde 1997 hasta 2002 y que el pago del retroactivo
al libelista se dio hasta el año 2013, lo cierto es que no se observa que en modo
alguno el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento de Caldas hayan
incurrido en una dilación injustificada del pago a través de maniobras dolosas o
evasivas que buscaran enervar la obligación, sino que en efecto se debieron surtir
23 Sentencia de 5 de agosto de 2021, expediente 2288-2020, C.P. Dr. William Gómez Hernández.
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múltiples etapas propias e inherentes al desembolso y transferencia de recursos
de la Nación a entidades territoriales, en las que además se efectuaron sendos
ajustes, pero todo bajo el entendido de que se canceló el monto correspondiente
a la indexación para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
por el paso del tiempo.
Al respecto, es pertinente poner de presente que, esta Subsección24 ha sido
enfática en precisar, como se ha hecho con anterioridad en asuntos idénticos al
caso de marras, lo relativo a la imposibilidad de reconocer los intereses moratorios
frente aquellas sumas que ya fueron debidamente indexadas, tal como ocurre en
el sub iudice.
Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la medida que
conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa
justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no de una
indemnización por mora, habida cuenta de que tampoco se demostró el actuar
doloso de la administración para evitar cumplir con la obligación, aunado al hecho
de que en el contexto normativo aplicable al asunto, no se previó expresamente el
reconocimiento de dicha sanción en caso de dilación en el proceso en comento, lo
cual convalida el actuar de las demandadas, así como el acto cuestionado.»
En conclusión, aclarado que sobre los dineros provenientes de la nivelación y
homologación salarial aquí reseñada no es procedente reconocer los intereses
moratorios reclamados en la demanda, la Sala confirmará el fallo de primera
instancia, dado que el cargo formulado en la alzada no prosperó.
2.6 Condena en costas.
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se
presentó con carencia de fundamento legal.
Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora
la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que,
se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 26 de noviembre de 2020,
radicación: 17001233300020160097401(4499-2019), demandante: Guillermo Gómez Arango; del 3 de
diciembre de 2020, radicación: 17001233300020160096301(4490-2019), demandante: Carlos Arturo Pérez
Meza.
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III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 26 de agosto de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda promovida por el señor Mario de Jesús Alvarán
Sánchez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Caldas.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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