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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00547-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00547-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas que impuso una condena por razones de equidad y justicia a cargo de la Nación, Ministerio de Educación Nacional. Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 30 de julio de 2020, en cuanto negó las pretensiones de la demanda. Tercero. Sin condena en costas por esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00547-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate
Demandado: Departamento de Caldas y otro

Tema: Pago de intereses moratorios por pago tardío de nivelación
salarial de personal administrativo de la Secretaría de
Educación. Principio de congruencia y decisión extra petita.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la
Nación, Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia proferida el 30 de julio
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas que impuso una condena por
razones de equidad y justicia al Ministerio de Educación Nacional y negó las
pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Jorge Alberto León Alzate solicitó la anulación de la
Resolución 5051-6 del 7 de mayo de 2017, por medio de la cual «se desconoció y
negó los intereses moratorios generados con ocasión al pago tardío del retroactivo de la
Homologación y Nivelación salarial, así como el ajuste a la indexación» [sic].

1 En adelante CPACA.

42

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

2. A título de restablecimiento del derecho pidió, entre otras cosas, que se ordenara
(i) pagar los intereses moratorios, efectivos a partir del «día siguiente a los treinta (30)
posteriores a su causación», esto es el 10 de febrero de 1997 al año 2002 y, en
adelante, hasta el día en que se pagó el total del retroactivo por homologación y
nivelación salarial, es decir, el 15 de abril de 2013; y (ii) liquidarlos con base en el
capital neto pagado, esto es sin incluir el valor que por concepto de indexación
salarial se reconoció.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. Jorge Alberto León Alzate prestó sus servicios al Estado en la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas, en calidad de «personal administrativo».

3.2. Mediante el Decreto 0021 de 1997, el departamento de Caldas transfirió el
personal administrativo del orden nacional a su planta de personal con los mismos
cargos, códigos y salarios «con los que venían de la Nación», sin tener en cuenta que,
la mayoría, contaba con un nivel salarial superior al del orden nacional.

3.3. En concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta corporación precisó que las entidades territoriales, en el proceso de
descentralización del servicio educativo, debían efectuar la correspondiente
nivelación salarial, previamente la homologación.

3.4. A la Nación y al departamento de Caldas les correspondía realizar
oportunamente la homologación de cargos y la nivelación de salarios, es decir, en
el momento en que fue trasladado y no 16 años después, como ocurrió.

3.5. El personal administrativo incorporado mediante Decreto 0021 de 1997 no fue
homologado y nivelados salarialmente.

3.6. En cumplimiento de la Directiva Ministerial 10 de 2005 y la Resolución 2171 del
17 de mayo de 2006 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, la
Secretaría de Educación elaboró y presentó el estudio técnico para la
homologación, el cual fue aprobado el 30 de marzo de 2007.

3.7. Por lo anterior, con el Decreto 0399 del 20 de abril de 2007, el departamento
homologó y niveló los cargos administrativos a la planta territorial y, posteriormente,
solicitó al ministerio la revisión y ajuste al proceso de homologación y nivelación
salarial, lo cual fue aprobado mediante el oficio 2009EE2965 del 1 de junio de 2009.

3.8. «En virtud de la expedición del Decreto 337 de 02 de Diciembre de 2010, por medio
del Decreto 0353 del 15 de diciembre de 2010», se incorporó por homologación y

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Demandante: Jorge Alberto León Alzate

nivelación salarial al personal administrativo departamental.

3.9. Con el oficio 2011EE63868 del 5 de octubre de 2012, el Ministerio de Educación
certificó a la entidad territorial «por homologación y nivelación de los cargos
administrativos del Departamento de Caldas periodo 1997 al año 2009, estableciendo que
dicha deuda sería financiada por la Nación; recursos de balance propios de 2011 y con
recursos de balance del Sistema General de Participaciones 2011».

3.10. Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución 1898-6 del 22 de
marzo de 2013, aclarada y modificada por las Resoluciones 4230-6 del 26 de junio
de 2013 y 9016-6 del 11 de diciembre de 2014, pagó el retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial. En la parte resolutiva indicó la fecha de
constitución de la obligación, esto es el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 2009.

3.11. El 10 de agosto de 2015 solicitó el pago de los intereses con base en el
certificado de pago expedido el 15 de agosto de 2013; sin embargo, el profesional
encargado constató que este adolecía de «serios errores», razón por la cual, el 25 de
febrero de 2016, expidió uno nuevo con valores «totalmente diferentes a los
inicialmente registrados». En este último, se anotó que el retroactivo correspondía a
$84.384.940 liquidado a partir del 10 de febrero de 1997 hasta 2002, pero fue
efectuado hasta el 15 de abril de 2013.

3.12. De ese valor pagado, la entidad reconoció como valor neto sin indexación la
suma de $43.652.078, de manera que los intereses debían reconocerse y calcularse
sobre este.

3.13. Por lo anterior, el 7 de abril de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios. La petición se resolvió desfavorablemente a través del acto
acusado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123 y
209 de la Constitución Política; 1608, 1617 y 1649 del Código Civil; 16 de la Ley 446
de 1998; y 177 del CCA. En el concepto de violación se argumentó lo siguiente:

5. En el certificado expedido, la indexación no fue liquidada en debida forma, en
razón a que la fórmula matemática que debía usarse era R = Rh x índice inicial /
índice final. Además, se utilizó «una tabla para IPC ponderado desactualizada», pues
se utilizó la base 100 de 1998 y no la de 2008. Ello hizo que «los valores reconocidos
por indexación [estuvieran] por debajo de los que realmente correspond[ían]».

6. Las entidades demandadas no previeron en los estudios técnicos el
reconocimiento de los intereses moratorios, aun cuando era deber de la entidad

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Demandante: Jorge Alberto León Alzate

territorial establecer el pago de todos los conceptos derivados del salario y demás
prestaciones sociales.

7. El pago de la obligación ocurrió hasta el 15 de abril de 2013, lo cual demostraba
la mora en que incurrieron las entidades demandadas en el pago de las acreencias
laborales, «producto del proceso de descentralización educacional y por consiguiente de
la homologación salarial». Además, no tenía la carga de asumir la mora del Estado y,
este no podía alegar en su favor su propia culpa bajo el argumento de que se trató
de un proceso administrativo que lo eximía «del pago de una consecuencia natural que
deviene del pago tardío de una obligación, que como se advirtió, correspondía a la Entidad
prever».

1.2. Contestación de la demanda

8. Las entidades demandadas se opusieron a la prosperidad de las pretensiones,
con fundamento en lo siguiente:

1.2.1. Nación, Ministerio de Educación Nacional

9. No fue el ministerio el que realizó el pago en virtud de la descentralización del
servicio educativo; el departamento de Caldas, mediante la Resolución 1898-6 del
22 de marzo de 2013 pagó al demandante el retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial. Además, si bien impartió directrices a las
entidades territoriales para el procedimiento de homologación, la responsabilidad
recaía en cada una de ellas; en consecuencia, debía declararse la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

10. En virtud de la descentralización del sector educativo, el ministerio perdió la
facultad nominadora, la cual fue trasladada a los departamentos y municipios, por
lo tanto, estos están a cargo de la administración del personal docente y
administrativo.

11. Asimismo, propuso las excepciones de «ineptitud de la demanda», «caducidad» y
«prescripción».

1.2.2. Departamento de Caldas

12. Por medio de la Resolución 3500 del 12 de agosto de 1996, el Ministerio de
Educación certificó en materia de educación al departamento de Caldas. Luego, con
el Decreto 00021 del 10 de febrero de 2017, se incorporaron las plantas de cargos
de docentes, directivos docentes y administrativos a la estructura del departamento,
los cuales eran pagados con recursos del situado fiscal.

13. Mediante la directiva ministerial del 10 de junio de 2005 y la Resolución 2171

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Demandante: Jorge Alberto León Alzate

de 2006, se indicó a las entidades territoriales certificadas en educación el
procedimiento que debían seguir para la homologación y nivelación de los
empleados administrativos. Este proceso se inició en el año 1997 al determinar, a
través del estudio técnico, la revisión del salario de cada funcionario homologado,
de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos para el desempeño del cargo.
Aquel fue aprobado por el ministerio el 30 de marzo de 2007 y también su
modificación el 1 de junio de 2009, previamente la revisión y certificación de las
funciones ejercidas por cada funcionario.

14. Como el Ministerio de Educación designó los recursos para el reconocimiento
de la homologación salarial, debía declararse la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.

15. Los dineros entregados provenían del Sistema General de Participaciones y
fueron producto de un proceso de homologación y nivelación salarial «y no el pago
de cesantías como se pretende hacer valer en el presente proceso»; además, el pago se
hizo de manera indexada, de forma que no se podía imponer otra sanción por el
mismo hecho.

1.3. Audiencia inicial

16.El 16 de octubre de 2019 se realizó la audiencia de que trata el artículo 180 del
CPACA. En esta oportunidad, se resolvieron las excepciones, entre ellas, la de
caducidad, frente a la cual se consideró lo siguiente:

«[...] se resolvió un derecho de petición relacionado con el pago de unos
intereses moratorios derivados de la homologación y nivelación salarial, fue
notificada el 5 de julio de 2018, por lo que en principio los 4 meses para
demandar vencerían el 6 de noviembre de 2018.

Se presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría el 23 de agosto de
2018, por lo que suspensión el término de caducidad por 2 meses y 12 días.
La audiencia de conciliación se celebró el 23 de octubre de 2018 y se expidió
la correspondiente acta en dicha fecha, y es por ello es a partir del día
siguiente que se reanuda el plazo para presentar la demanda siendo radicada
el 8 de noviembre de 2018, es decir dentro del término oportuno.» [sic]

1.4. La sentencia apelada

17.Mediante sentencia proferida el 30 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo
de Caldas resolvió (i) declarar fundada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el departamento de Caldas; (ii) «reconocer por
razones de equidad y justicia, que por parte de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, se le recono[ciera] al señor Jorge Alberto León Alzate una indexación teniendo
como base para indexar de $43.117.582, los cuales se liquida[rían] teniendo como fecha
de inicio el 1º de enero de 2013 y fecha final el 14 de abril de ese año»; (iii) negar las
demás pretensiones de la demanda; y (iv) no condenar en costas.

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Demandante: Jorge Alberto León Alzate

18. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial de los
siguientes temas: (i) proceso de homologación y nivelación salarial; (ii) naturaleza
jurídica de los intereses moratorios; (iii) el régimen prestacional y salarial; y (iv)
facultades extra y ultra petita del juez en materia laboral. En el caso concreto,
sostuvo lo siguiente:

19. El departamento de Caldas, a través del Decreto 0399 del 20 de abril de 2007,
en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Educación, homologó y niveló
los cargos administrativos del personal de la planta territorial con recursos del
Sistema General de Participaciones, el cual fue modificado por el Decreto 0337 del
2 de diciembre de 2010. La Secretaría de Hacienda expidió el certificado de
disponibilidad presupuestal 3500003137 del 7 de marzo de 2013 por valor de
$57.341.662.202.

20. En efecto, el proceso de nivelación salarial se fundamentó en la necesidad legal
de incorporar el cargo del demandante, el cual era del orden nacional, a la planta
de cargos territorial y, por la diferencia salarial, se reconocieron los mayores valores
resultantes de la homologación actualizados al momento del pago, «sin que el mismo
tuviera la connotación del pago tardío de una obligación».

21. El pago de intereses moratorios, por tener naturaleza indemnizatoria,
«correspond[ía] a una prestación social», en razón a que no era una contraprestación
con carácter retributivo que se recibiera habitual y periódicamente, de manera que,
para su pago, debía estar expresamente señalado en las disposiciones que
reglamentaran el régimen prestacional como, por ejemplo, el pago tardío de
cesantías; sin embargo, no existía norma que regulara el derecho a reclamarlos
cuando se trataba de la homologación o nivelación salarial; en consecuencia, su
pago no era procedente.

22. No obstante lo anterior, aunque no se solicitó la indexación de los valores
pagados por la nivelación salarial, esta debía reconocerse porque su pago ocurrió
en fecha posterior a su reconocimiento, lo cual habilitaba a que, por razones de
equidad y justicia, se ordenara la actualización de las sumas pagadas, «escindiendo
eso sí, y separando de las sumas pagadas, las que correspond[ían] a la indexación
reconocida en los actos, pues no [podía] haber indexación sobre indexación, y los
descuentos que por obligación se debieron realizar, esto es, limitándose únicamente al
capital».

23. Si bien el reconocimiento de la homologación y nivelación salarial fue objeto de
modificaciones, con la Resolución 9016-6 del 11 de diciembre de 2014, la suma se
indexó hasta el 31 de diciembre de 2012 y, como se pagaron el 15 de abril de 2013,
tenía derecho a que se le indexara desde el 1 de enero hasta el 14 de abril de 2013.
Adicionalmente, como la nivelación salarial debía someterse a los aportes al sistema
de seguridad social, el valor del capital a indexar sería igual al total «recibido menos

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lo recibido por indexación y los descuento, en el caso bajo estudio sería: valor total:
$74.176.169, menos ($28.718.015 + descuentos por salud y pensión de $2.340.572) esto
es igual a $43.117.582».

24. Finalmente, de acuerdo con el concepto proferido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta corporación el 30 de junio de 2005, la entidad obligada a pagar
la indexación correspondería al Ministerio de Educación Nacional.

1.5. Los recursos de apelación

25. Las partes interpusieron recursos de apelación y lo sustentaron en los
siguientes términos:

1.5.1. Parte demandante

26. El a quo sostuvo que la indexación y los intereses moratorios tenían naturaleza
distinta, pues la primera buscaba resarcir la devaluación o inflación, mientras que
los segundos indemnizaban la mora en el cumplimiento de una obligación; sin
embargo, no se solicitó el pago de intereses sobre sumas indexadas, sino que se
paguen los primeros por el pago tardío de la homologación y nivelación salarial
sobre el capital neto.

27. De cualquier modo, de la lectura de los artículos 187 y 192 del CPACA, no era
posible encontrar que el legislador hubiera previsto los conceptos de indexación e
intereses como incompatibles, por el contrario, cuando se trata de sumas líquidas
de dinero, debían ser ajustadas con el IPC y también causarían intereses en caso
de no ser pagadas oportunamente.

28. Se debía dar prevalencia al derecho más favorable al trabajador, es decir, los
intereses de mora, en consideración a que, como fueron solicitados, abarcaban los
componentes inflacionario e indemnizatorio, por lo tanto, «de considerarse dicha
incompatibilidad de[bía] ordenarse el pago pendiente, lo cancelado por indexación, pues
que, proceder a negar las pretensiones de la demanda, dada dicha limitante administrativa
y económica, [iba] en detrimento de los derechos de orden constitucional y laboral que le
asist[ían] al trabajador».

29. De acuerdo con la ley, las obligaciones que no se pagaron oportunamente
incurrieron en mora, de allí que fuera procedente el reconocimiento de los intereses
moratorios, «ya sea legales si no se ha de descontar la indexación reconocida o corrientes
de descontarse dicha indexación», máxime si en la demanda, estos fueron calculados
sobre el capital neto sin actualizar.

30. Las entidades incurrieron en mora en el pago de sus obligaciones salariales y
prestacionales desde el momento en que trasladaron al personal de una planta a
otra, pues devengó un salario inferior al que legalmente le correspondía y, además,
tuvo que esperar hasta los años 2013 y 2014 para recibir el retroactivo causado por

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el periodo comprendido entre 1997 y 2002.

31. De la relación laboral y reglamentaria nacieron obligaciones del empleador y el
trabajador, del primero, garantizar el pago cumplido y completo de los salarios y
prestaciones sociales y, del segundo, prestar el servicio personal, así como cumplir
el ordenamiento jurídico; asimismo, este último tenía el derecho a percibir
oportunamente la remuneración fijada, lo cual abarcaba también el pago de las
prestaciones sociales, por lo tanto, como el primero incumplió su deber, debía
asumir las consecuencias económicas a fin de resarcir los perjuicios, de
conformidad con los artículos 90 de la Constitución Política, 33 de la Ley 734 de
2002 y 16 de la Ley 446 de 1998.

32. De conformidad con la jurisprudencia, no solo debía reconocerse la indexación
de los valores adeudados, sino que debían pagarse los intereses de mora porque,
de ninguna manera, la primera excluye el derecho a reclamarlos. Ello, en razón a
que, de acuerdo con los artículos 1608 y 1625 del Código Civil, vencido el término
para cumplir una obligación, se incurría en mora.

33. El a quo debió «hacer frente» al vacío normativo que mencionó en la sentencia,
a través de técnicas sustitutivas como el derecho supletorio, la interpretación
extensiva, la analogía o acudir a otras fuentes del derecho como la costumbre o los
principios generales del derecho, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 153 de
1887.

34. No era «admisible» que el empleador pactara con el trabajador que, en caso de
incumplimiento, le debiera intereses de mora porque, primero, no era la conducta
esperada de aquel máxime si es de orden público y, segundo, tampoco era una
estipulación que debiera quedar por escrito porque los intereses operan de pleno
derecho.

35. Contrario a lo sostenido por el a quo, los intereses de mora no son prestaciones
sociales porque así no lo estableció el legislador, sino que se constituyen como una
sanción, por eso debía acudirse por analogía a las disposiciones que los regulan.
Incluso, prueba de la consecuencia económica por el pago tardío de los salarios, es
que se reconoció la indexación con base en los principios de equidad y justicia, lo
que a su vez acredita que el proceder moroso del Estado sí trajo consigo una
consecuencia de orden económico. En consecuencia, la única figura jurídicamente
viable que permitía indemnizar y sancionar el pago tardío de la obligación eran los
intereses de mora.

1.5.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional

36.Los valores reconocidos por concepto de retroactivo por homologación se
consignaron en la Resolución 1898-6 del 22 de marzo de 2013 y fue pagada de
manera efectiva el 15 de abril de 2013, «en tal virtud no había transcurrido más de un

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mes entre el reconocimiento y el pago efectivo a su beneficiario, siendo así inexistente la
pérdida de poder adquisitivo del dinero reconocido en perjuicio del interesado, y por tal, no
habría lugar a reconocer suma alguna inclusive por razones de justicia y equidad como se
hizo en la sentencia objeto de impugnación».

37. En ese orden, aunque la indexación hubiera sido calculada el 31 de diciembre
de 2012 y como el pago se efectuó el 15 de abril de 2013, por razones de equidad
y justicia, el a quo también pudo declarar satisfecha la obligación de homologación
y nivelación salarial, en virtud de los principios de planeación y de ejecución de los
presupuestos a los que debía sujetarse el gasto público, «en donde no es posible para
el estado pagar de manera inmediata una obligación dineraria como la debatida» [sic].

38.El a quo omitió pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta en la contestación de la demanda.

1.5. Trámite de la segunda instancia

39. En auto del 24 de noviembre de 2021 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia del 30 de julio de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas.

40.En proveído del 4 de abril de 2022 se corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

40.1. Nación, Ministerio de Educación: volvió sobre los argumentos de la
contestación de la demanda y el recurso de apelación.

40.2. Parte demandante y Ministerio Público: guardaron silencio.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

41. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes, de conformidad con
los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

42. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

42.1. ¿Jorge Alberto León Alzate tiene derecho al pago de intereses moratorios

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por el pago tardío de los salarios derivados del proceso de homologación
y nivelación salarial de la planta de personal del departamento de Caldas?

42.2. ¿Era procedente que, por razones de equidad y justicia, el a quo ordenara
el pago de la indexación de la suma reconocida por el departamento de
Caldas desde el 1 de enero al 14 de abril de 2013?

43. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del proceso de homologación del personal del sector educativo; y segundo, se
resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el proceso de homologación
del personal del sector educativo

44. La Ley 43 de 19752 estableció que «la educación primaria y secundaria oficiales
serán un servicio público a cargo de la Nación», es decir, nacionalizó el servicio. Este
proceso se desarrolló desde el 31 de diciembre de 1976 hasta 1980.

45. Posteriormente, la Constitución Política de 1991 estableció, entre otras cosas,
que el Congreso expediría las leyes orgánicas a las cuales estaría sujeto el ejercicio
de la actividad legislativa y que la ley orgánica de ordenamiento territorial
establecería la distribución de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales.

46. En cumplimiento de lo anterior, se expidió la Ley 60 de 19933, la cual inició el
proceso de descentralización de la educación. En su artículo 3, estableció que los
departamentos tendrían, entre otras, la función de «[d]irigir y administrar directa y
conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los
niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media». Adicionalmente, previó:

«La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de
acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la
administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6° de la presente Ley.»

47.El artículo mencionado por el canon transcrito, estableció que el régimen de
remuneración de las escalas salariales de todos los docentes de los servicios

2 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
3
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356
y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Jorge Alberto León Alzate

educativos estatales, que en adelante tendrían el carácter de servidores públicos de
régimen especial, los de los órdenes departamental, distrital y municipal, se regiría
por el Decreto 2277 de 1979 y demás normas que lo modificaran o adicionaran.

48. A su turno, el artículo 15 ibidem estableció que los departamentos y distritos
que acreditaran el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha ley,
recibirían «mediante acta suscrita para el efecto, los bienes, el personal, y los
establecimientos que les [permitirían] cumplir con las funciones y las obligaciones
recibidas».

49. De acuerdo con lo anterior, el personal del sector educativo que prestaba sus
servicios a la Nación, debía entregarse a los departamentos respectivos; ello
suponía que se debía adelantar un proceso de incorporación en el que se hacían
parte de la planta territorial. Así lo sostuvo la Sala de Consulta y Servicio Civil de
esta corporación4:

«El traspaso o entrega de tales servidores, conforme al régimen de
administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante un
proceso de incorporación, el que para su perfeccionamiento requería de la
homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones,
clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los exigidos para
desempeñar los de la planta de personal de los departamentos),
procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía
características particulares, pues era el producto de la descentralización del
servicio educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar que según el
decreto 2400 de 1968 - art. 48 - 5, la incorporación operaba por reorganización
de dependencias o el traslado de funciones de una entidad a otra o por la
supresión de cargos de carrera y, conforme a la ley 443 de 1998 6, también
por la supresión del empleo de carrera o por fusión o supresión de entidades
o traslado de una entidad a otra o modificación de planta.

[...]

Es evidente, pues, que de la homologación y consiguiente incorporación, se
hiciera preciso nivelar salarios en los eventos en que no procediera la
incorporación horizontal, siempre bajo el supuesto de la no desmejora, en
modo alguno, de las condiciones laboral, salarial y prestacional. En
consecuencia, los departamentos atendiendo sus necesidades, debían
reajustar la estructura orgánica y funcional para continuar prestando el
servicio educativo, se repite, tomando en cuenta no sólo el aspecto formal de
los empleos, como su nomenclatura y grado –que podían diferir -, sino de
manera primordial su clasificación, la naturaleza de las funciones, el grado de
responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales
específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración7.»

4 Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004.
5 Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 ley 443/98.
6 Derogada por la ley 909/04.
7 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de las siguientes palabras es:

homologar, “equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas”; equiparar, “considerar a una
persona o cosa igual o equivalente a otra”; igual, “de la misma naturaleza, cantidad o calidad de otra

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50. Posteriormente, se expidió la Ley 115 de 19948, en la cual se dispuso que la
Nación y las entidades territoriales ejercerían la dirección y administración de los
servicios educativos estatales, en los términos de la Constitución Política, la Ley 60
de 1993 y las demás que expidiera el Congreso. Al mismo tiempo, estableció como
una de las funciones del Ministerio de Educación fijar criterios técnicos para la
aprobación de las plantas de personal del servicio educativo estatal por parte de las
entidades territoriales y previó que la educación se financiaría con los recursos del
situado fiscal y demás nacionales, más el aporte de los departamentos, distritos y
municipios, de conformidad con la Ley 60 de 1993. Estos recursos se considerarían
gasto público social.

51. Con el Acto Legislativo 01 de 2001 se creó el Sistema General de
Participaciones, con el fin de atender los servicios a cargo de la Nación,
departamentos, distritos y municipios y proveer los recursos para financiar su
adecuada prestación, «dándole prioridad al servicio de salud y los servicios de educación
preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación de los servicios y la
ampliación de cobertura».

52. Luego, la Ley 715 de 20019 ordenó que se establecerían las plantas de cargos
docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios [artículo 34]; igualmente, que la provisión de
los cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones se realizaría por parte de la respectiva entidad territorial y aquellos
vinculados a la carrera docente no requerían nueva vinculación o nuevo concurso
para continuar en el ejercicio del cargo.

53. En esta, se pretendió «municipalizar el servicio educativo que había quedado
departamentalizado»10 con la Ley 60 de 1993; ello significó, igualmente, que se
recibiera el personal entregado por los municipios, siempre que fueran certificados
para asumir de manera autónoma los recursos del Sistema General de
Participaciones. En ese orden, aquellos [municipios] que no cumplieran con los
requisitos previstos en la norma, seguirían a cargo del departamento.

54. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, a través de
la directiva ministerial 10 del 30 de junio de 2005, dirigida a los gobernadores,
alcaldes y secretarios de educación, estableció el procedimiento para la
homologación de cargos y la nivelación de salarios que consistiría en lo siguiente:

cosa”; equivalente, “que equivale a otra cosa” y equivaler, “ser igual una cosa a otra, en la estimación,
valor, potencia o eficacia”.
8 «Por la cual se expide la ley general de educación»
9 «[P]or la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros».
10 Como lo sostuvo la Sala de Consulta y servicio civil en el concepto antes citado.

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54.1. Elaboración de un estudio técnico, el cual debía contener (i) un análisis
comparativo y detallado de cada cargo de la planta de personal transferida
con la de la entidad territorial receptora, en el año que se produjo la
incorporación y en los posteriores para determinar si existía diferencia por
razón de la denominación, código, grado y la incidencia en la asignación
salarial; y (ii) la identificación de las diferencias salariales y prestacionales
que persistían por no haber adelantado el proceso de homologación y
nivelación salarial con la identificación por cargo, asignación básica y demás
costos inherentes a la nómina.

54.2. Homologación de cargos y nivelación salarial, la cual se adoptaría mediante
«acto administrativo general» y, la de cada funcionario, se haría a través de
«acto administrativo individualizado» que contaría con el cargo al cual fue
homologado y la nivelación salarial respectiva si así lo disponía el estudio
técnico, previamente el certificado de disponibilidad presupuestal, el cual, a
su vez, sería emitido «contra recursos del Sistema General de Participaciones».
En caso de que el costo de la planta de personal no alcanzara a ser cubierto
con estos recursos, la entidad territorial podía solicitar al ministerio su
cubrimiento por concepto de complemento de planta.

55. Respecto de los efectos retroactivos de dicha homologación y nivelación, se
dispuso que se debía (i) elaborar un listado de las reclamaciones recibidas, para lo
cual, en cada caso, se debía consignar la fecha de presentación de cada una; y (ii)
proceder a determinar el monto de las deudas respectivas. Para estos efectos, se
realizaría el reconocimiento de la retroactividad de los derechos que no hubieran
prescrito, de conformidad con lo previsto en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848
de 1969 y 151 del Código Procesal Laboral. Finalmente, en lo que concierne a los
recursos, se puntualizó lo que sigue:

«La asignación de los recursos para el pago de la deuda queda supeditada al
arbitrio de los recursos presupuestales del Sistema General de
Participaciones o de otros de la Nación que se dispongan para tal fin.

Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial
deberá enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, la
liquidación individual anualizada de la deuda, el estudio técnico que sirvió de
base para la nivelación y homologación, realizado de conformidad co lo
previsto en el numeral A.1 de la presente Directiva, y los actos administrativos
correspondientes mediante los cuales se hacen efectivas, todo lo anterior
debidamente certificado por el gobernador o alcalde y secretario de educación
respectivos.

En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación
que no hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades
territoriales, con la debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones
judiciales y administrativas procedentes en aras de proteger los intereses del
Estado (Nación, Departamento, Distrito o Municipio), de lo cual informarán a

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este Ministerio en la misma oportunidad a la que se refiere el inciso anterior.»

2.4. Lo probado

56. En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:

57. Mediante Resolución 1898-6 del 22 de marzo de 2013 expedida por el secretario
de educación del departamento de Caldas, se resolvió liquidar y reconocer el pago
por concepto de homologación y nivelación salarial del periodo comprendido desde
el 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009, con un total neto de
$54.218.593.

58. Con la Resolución 4230-6 del 26 de junio de 2013, el departamento de Caldas
se aclaró el anterior acto administrativo, para determinar las sumas adeudadas.

59.Según la certificación expedida el 15 de agosto de 2013 por la secretaria de
educación, el 15 de abril de 2013 se pagaron las siguientes sumas por concepto de
«retroactivo de homologación y nivelación salarial, como personal administrativo de los
establecimientos educativos pagados con recursos del Sistema General de Participaciones
del sector educativo adscrito a la planta de personal del departamento de Caldas a partir
del 10/02/1997»:

60.Por medio de Resolución 9016-6 del 11 de diciembre de 2014 se modificó la
Resolución 4230-6 del 26 de junio de 2013, para establecer lo siguiente:

«Que a través del Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de
Educación, el(la) Señor(a) LEON ALZATE JORGE ALBERTO y a través de
apoderado presentó petición

Resumen conceptos Ingreso Descuento
SUELDO 20209400
[...] [...] [...]
Cesantías Personal Retirado $0
Valor norma indexación $28.718.015
Ajuste indexación $4.622.216
[...] [...] [...]
TOTALES $78.798.382 $19.957.575

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Neto a pagar $58.840.807

ARTÍCULO 2º - Liquidar y reconocer el pago a favor del (la) señor(a): LEON
ALZATE JORGE ALBERTO [...], por concepto de actualización de indexación
y diferencias salariales dejadas de percibir en el proceso de nivelación salarial
periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 a 31 de diciembre de
2012 de acuerdo a los siguientes conceptos:

Resumen conceptos Devengo Descuento
[...] [...] [...]
Ajuste Indexación $7.392.626
[...] [...] [...]
Embargo Judicial 3 $997.931
Apoderado: LINA MARCELA GAITAN $2.402.969
GUZMAN
[...] [...] [...]
Totales $7.392.626 $3.400.900
Neto a Pagar $3.991.726

[...]»

61. En la certificación expedida el 25 de febrero de 2016, se anotó que se pagaron
a favor del solicitante las siguientes sumas:

62. El 7 de abril de 2017, solicitó el pago de los intereses moratorios por «la falta de
pago oportuno de la nivelación y homologación salarial».

63. En Resolución 5051-6 del 7 de mayo de 2017 expedida por el secretario de
educación del departamento de Caldas, negó el pago de los intereses moratorios
reclamados, con fundamento en lo siguiente:

«Que por medio de actos administrativos individualizados y debidamente
motivados emitidos en el mes de diciembre de 2014 se modificaron las
resoluciones expedidas en el año 2013, por medio de los cuales se efectuaron
los pagos por concepto de REVISIÓN Y AJUSTE DEL PROCESO DE
HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL; y en los cuales no se había
efectuado el reconocimiento de la indexación con vigencia a la fecha en la
que se efectuó el pago en el 2013; de igual manera tampoco se efectuó

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reconocimiento del pago de intereses moratorios reclamados por los
funcionarios.

Que las sumas canceladas mediante los actos administrativos 1898-6 de
2013 aclarada por: 4230-6 del 26 de junio de 2013 y modificada por el acto
9016-6 de 2014 por este concepto, fueron en su momento indexadas de tal
manera que se tradujeran en el valor real de la acreencia al momento de su
pago efectivo, lo cual hacía que fuera la forma idónea de impedir el deterioro
inflacionario de los conceptos salariales adeudados, garantizando de esta
manera la aplicación efectiva del principio de equidad y, particularmente del
mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta Política, de
conformidad con el cual los principios mínimos fundamentales del derecho al
trabajo, POR LO ANTERIOR ESTESE A LO RESUELTO en los actos
administrativos anteriormente señalados y en los cuales claramente no se
reconoce intereses moratorios por lo ya expuesto». [sic]

2.5. Caso concreto

2.5.1. Sobre la procedencia del pago de intereses moratorios

64. La indexación es entendida como un método por el cual «se vincula el cambio
de una variable a la evolución de algún índice»11 y permite traer una suma a valor
presente o actualizarla a una fecha específica; así lo ha comprendido esta
corporación12:

«[...] la indexación, según se vio, es una mera compensación de la
devaluación de la moneda, que persigue que el dinero posea el mismo valor
adquisitivo que tenía al momento en que se profirió el acto que lesionó a los
demandantes.»

65. Por su parte, los intereses moratorios son aquellos «que se pagan para el
resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener
consigo el dinero en la oportunidad debida13»14. En otros términos, tienen una naturaleza
sancionatoria y representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en el
cumplimiento de la obligación; así lo comprendió esta Subsección al señalar que
son sumas de dinero «que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye
en mora»15 y «cesan solo en el momento de cancelar la obligación contraída»16.

66.Ciertamente, el artículo 1617 del Código Civil previó que si la obligación es
pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta

11 Banco de la República. Enlace de consulta: http://surl.li/prjrk
12 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente 2284.13.
13 PLANIOL, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
HINESTROSA FORERO, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. PADILLA, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos
Aires, 1983, pág. 225; ALBALADERO, Manuel: Derecho Civil, T. II, Derecho de obligaciones,
Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
14 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012.
15 Subsección B, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente 5967-19.
16 Ibidem.

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a las siguientes reglas: (i) se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha
pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en
el caso contrario, «quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que
autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos»; (ii) el acreedor no tiene
necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses, basta el hecho del
retardo; (iii) los intereses atrasados no producen interés; y (iv) lo anterior se aplica
a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas.

67. Por su parte, el artículo 884 del Código de Comercio, previó que «[c]uando en los
negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por
convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés
moratorio, será el equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990».

68. Así, ambas figuras tienen como objeto evitar que el acreedor soporte la omisión
de la entidad de dar cumplimiento a la condena y pagar oportunamente las sumas
adeudadas. No obstante, la diferencia radica en que, la primera, tiene un fin
netamente compensatorio por la devaluación de la moneda, mientras que la
segunda busca indemnizar o resarcir el retardo. Al respecto, esta Sección sostuvo
lo siguiente17:

«[...] se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que
permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo
sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria. No
obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con
base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la
tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios
implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los
valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una
tasa fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la
regla anterior, pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe
por parte del obligado, que no genere un sustento explicativo de aquella
disrupción.

En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso
sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico
para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición
que se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses
moratorios por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados
previamente en la norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una
causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la
demostración por parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del
deudor de no cumplir a pesar de estar expresamente conminado a ello.

17 Subsección A, sentencia del 5 de agosto de 2021, radicación 17001-23-33-000-2018-00553-01

(2288-20).

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y
la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por
un mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío
de una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente
asentir en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra,
así se solicite descontar lo ya cancelado por alguno de estos conceptos, pues
tanto los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.18»

69. Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte actora sostuvo que se debían
pagar los intereses moratorios sobre las sumas reconocidas por concepto de
nivelación salarial [sin indexar] porque las entidades incurrieron en demora en el
pago de sus obligaciones laborales.

70. En el oficio 2007EE13671 del 30 de marzo de 2007, el Ministerio de Educación
sostuvo que el estudio técnico presentado por el departamento de Caldas estaba
ajustado a las normas de carrera administrativa y que debía actualizar en la nómina
las nuevas denominaciones y salarios, así como «efectuar a la mayor brevedad los
pagos con los nuevos, [...] expidiendo el decreto de homologación general de cargos, el
decreto donde se incorpo[rara] a los funcionarios en la nueva planta con la respectiva
asignación salarial asi como realizar el acto de posesión correspondiente».

71. Posteriormente, con el oficio 2009EE29765 del 1 de junio de 2009, la cartera
ministerial aprobó la modificación al estudio técnico exclusivamente frente a la
homologación y nivelación salarial de la planta administrativa, es decir, «la ubicación
de los beneficiarios del proceso que se [encontraban] activos en la planta, en el cargo
homologado con la nomenclatura de carera ajustada conforme lo [establecía] el Decreto
785 de 2005, incorporados en la estructura salarial de la entidad territorial receptora con su
nueva asignación». Además, debía remitir la liquidación por los costos retroactivos de
dicho proceso para la revisión y aprobación como requisito previo para que se
procediera a hacer efectivo el reconocimiento y pago de la deuda.

72. Con base en lo anterior, mediante el Decreto 337 de 2010, el departamento de
Caldas modificó el decreto 0399 del 20 de mayo de 2007, por el cual se homologó
y niveló los cargos administrativos pertenecientes a la planta de personal. Una vez
culminado el proceso, mediante Resolución 1898-6 de 22 de marzo de 2013, se
ordenó el pago del retroactivo correspondiente con la indexación correspondiente,
el cual se materializó el 15 de abril siguiente.

73. Como se evidencia, aunque el proceso de homologación se hizo efectivo a partir
de 1997 y el pago se efectuó en abril de 2013, ello obedeció a que el departamento
de Caldas debió adelantar las etapas exigidas en el ordenamiento jurídico y en la

18 Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de

Estado en sentencias de la Subsección A: 14 de mayo de 2020 en el proceso radicado: 08001-23-
33-000-2014-01426-01 (0074-2017) y del 3 de diciembre de 2020 en el proceso radicado 17001-23-
33-000-2016-00979-01 (2646-2019). De la Subsección B, el 16 de agosto de 2018 en el proceso
radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017).

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directiva ministerial para obtener la aprobación del Ministerio de Educación y, por
consiguiente, la transferencia de los recursos para solventar la obligación de pago.

74. Ciertamente, de acuerdo con lo probado, el acto administrativo que ordenó el
reconocimiento del retroactivo fue expedido el 22 de marzo de 2013 y el pago se
cumplió el 15 de abril siguiente, es decir, casi un mes después, de lo cual se
desprende que no existió el retardo injustificado que se reprocha. Ello, por el
contrario, evidencia que se realizó dentro de un plazo razonable que obedeció a las
gestiones administrativas y presupuestales propias de las entidades.

75. A más de lo anterior, como se expuso, el departamento de Caldas pagó la
obligación de manera indexada, es decir, mantuvo el valor adquisitivo de la moneda
en razón de la depreciación de la obligación causada desde el año 1997, con lo cual,
sin duda, mantuvo la equidad e igualdad laboral de Jorge Alberto León Alzate.

76. En ese orden de ideas, como el pago se realizó en un término prudencial, no es
procedente ordenar los intereses moratorios reclamados en los términos del artículo
1617 del Código Civil, en razón a que no se trata de un negocio entre particulares
en el que ambas partes puedan estipular cláusulas a su arbitrio.

77. De allí que, contrario a lo sostenido en la apelación, no se pueda afirmar que
los intereses moratorios se generan por ministerio de la ley, en razón a que, al
tratarse de una sanción, los intereses para estos asuntos deben establecerse
expresamente en una norma que así lo autorice. Tal como lo afirmó el actor, aunque
los artículos 177 del CCA y 192 del CPACA prevén la causación de los intereses, lo
cierto es que en el asunto sub examine no se debate el cumplimiento de un título
ejecutivo, razón más que suficiente para ratificar que no operan automáticamente
en estos créditos laborales, máxime si en el plenario no reposa documento alguno
en el que se haya reconocido el deber de pagarlos.

78. Al respecto, esta Sección ha señalado que es improcedente el reconocimiento
de los intereses moratorios en casos de homologación y nivelación salarial por lo
que se transcribe a continuación19:

«De igual manera, tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos
similares20 no puede concluirse que por el hecho de no haberse «pactado» el
pago de un interés, deba acudirse en subsidio a la regla que trae el artículo

19 Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-00221-01

(1914-15), reiterado en la sentencia del 8 de julio de 2021, radicación 17001-23-33-000-2017-00009-
01 (5478-19).
20 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, Consejero ponente William
Hernández Gómez, número interno 0905-2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2017, Consejera
ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 2077-2015. »

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1617 del Código Civil,21 pues en estricto sentido no se está hablando de un
asunto negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar a su arbitrio
cláusulas contractuales; como ya se expuso, el reconocimiento de las sumas
de dinero obedecieron a la homologación y nivelación que debió realizarse
para que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a la nueva
reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos de los empleos del nivel territorial.

Finalmente, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios22 en el
presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido.
Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en las resoluciones que
reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo
consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses
moratorios.

Se debe precisar que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios
deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es
decir, que faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos
por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento
que reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente
asunto.»

79.Más recientemente, en la sentencia proferida el 11 de agosto de 202323, esta
Subsección consideró lo siguiente:

«Así las cosas, teniendo en cuenta que en el sub lite el pago de la nivelación
salarial se efectuó el 15 de abril de 2013, según se indicó en la certificación
emitida por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas24, y que
la Resolución 1688-6 que reconoció y ordenó el pago de la nivelación data del
22 de marzo de 2013, se evidencia que no pasó ni un mes, de modo que no
es procedente la condena por el pago de intereses moratorios, en tanto se
considera un plazo prudencial, sin que se haya incurrido en una dilación
injustificada, dada la magnitud de los trámites económicos y administrativos
para terminar el proceso de homologación y nivelación salarial, tal como se
indicó en los antecedentes jurisprudenciales previamente citados.»

80. Los criterios antes expuestos han sido adoptados pacíficamente por esta

21 Cita propia del texto transcrito «ARTICULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE
DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la
mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. […]»
22 Cita propia del texto transcrito: «Señala el artículo 884 del Código de Comercio Modificado por el

Art. 111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes
no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente
y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990».
23 Radicación 17001-23-33-000-2018-00219-01 (0472-2020)
24
Folio 37.

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

Sección, por ejemplo, en las sentencias proferidas el 825 y 2226 de julio de 2021;
1927 y 2328 de mayo, 129 y 730 de julio, 11 de agosto31, 7 de diciembre32 y 3 de
noviembre33 de 2022; 19 de enero34, 9 de febrero35, 1 de junio36 y 27 de julio37 de
2023, entre otras38.

81. En suma, no es procedente el pago de los intereses moratorios reclamados, en
razón a que la entrega de los dineros por concepto de nivelación salarial se realizó
en un término razonable y, por consiguiente, ello descarta la existencia de alguna
dilación injustificada en el cumplimiento de la obligación; además, en ningún
documento aportado se evidencia que se haya impuesto su reconocimiento y, por
lo mismo, no pueden aplicarse disposiciones normativas propias de asuntos
negociales entre particulares so pretexto de la analogía predicada en el recurso,
pues se trata de una sanción que debe estar previamente establecida en el
ordenamiento jurídico.

2.5.2. Sobre la decisión extra petita adoptada por el a quo

82. En el recurso de apelación, el Ministerio de Educación Nacional sostuvo lo
siguiente:

«Ahora bien, refiriéndonos al hecho de que la indexación haya sido calculada
hasta el 31 de diciembre de 2012, que el pago se manera efectiva al
beneficiario realizado el 15 de abril de 2013, y que por razones de equidad y
justicia el despacho ordenó una indexación calculada por ese corto periodo

25
Subsección B, radicación 08001-23-33-000-2014-00827-01(4767-18).
26 Subsección A, radicación 17001-23-33 -000-2016-00548-01(5782-19).
27 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2015-00436-01 (5947-2019).
28 Subsección A, radicación 17001-23-33-000-2016-00500-01 (4496-2021).
29 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2018-00167-01 (2529-2020).
30 Subsección A, radicación 17001-23-33-000-2018-00051-01 (2829-2021).
31 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2017-00180-01 (5780-2019).
32 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2018-00539-01 (2287-2020).
33 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2018-00176-01 (0692-2020), 17001-23-33-000-2018-

00156-01 (0392-2020), 17001-23-33-000-2018-00145-01 (0415-2020), 17001-23-33-000-2016-
00206-01 (4970-2019)
34 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2018-00175-01 (0387-2020).
35 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2018-00226-01 (6258-2019).
36 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2018-00545-01 (1516-2022).
37 Subsección B, radicación 17001-23-33-000-2018-00542-01 (0936-2020).
38 Subsección A: 3 de febrero de 2022 (3646-2019), 2 de diciembre de 2021 (4998-2019, 2665-19,

5475-19 y 4998-19), 21 de octubre de 2021 (4163-19), 18 de noviembre de 2021 (4468-19), 11 de
noviembre de 2021 (5777-19), 4 de noviembre de 2021 (1118-19), 5 de agosto de 2021 (1172-19),
29 de julio de 2021 (1347-20), 9 de septiembre de 2021 (5768-19, 1282-20, 3064-20, 4465-19), 19
de agosto de 2021 (6252-19), 16 de septiembre de 2021 (6254-19), 23 de septiembre de 2021 (1308-
20, 4457-19), 4 de noviembre de 2021 (6138-18, 4529-19, 5950-19), 28 de octubre de 2021 (2487-
20), 21 de octubre de 2021 (5459-19, 1468-19), 4 de mayo de 2023 (4302-2021), 20 de abril de 2023
(0277-2021). Subsección B: 25 de noviembre de 2021 (1477-19, 0266-19, 4506-19, 0395-19), 11
de noviembre de 2021 (4594-19, 0222-20, 0886-20), 13 de agosto de 2021 (2036-19), 22 de julio de
2021 (1102-19), 9 de septiembre de 2021 (3911-19), 16 de septiembre de 2021 (5967-19, 6234-19,
4479-19), 30 de septiembre de 2021 (3361-19, 1280-20, 4488-19), 21 de octubre de 2021 (4478-19),
6 de agosto de 2022 (4210-2021), 6 de octubre de 2022 (4093-2021, 1260-2022), 14 de septiembre
de 2022 (2780-2021).

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

en perjuicio de mi representada, bien podría haber dispuesto por las mismas
razones de equidad, justicia y proporcionalidad satisfecha la obligación de
homologación y nivelación salarial en favor del accionante de conformidad
con los valores cancelados y los tiempos en que fue realizado, esto en
consideración a los principios de planeación y ejecución de los presupuestos
a los que debe sujetarse el gasto público, en donde no es posible para el
estado pagar de manera inmediata una obligación dineraria como la
debatida.» [sic]

83. El artículo 187 del CPACA prevé que en la sentencia se deberá realizar un breve
resumen de la demanda y de su contestación, así como el análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones. A su turno, el Código General del
Proceso, en su artículo 281 ordenó lo siguiente:

«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio.»

84. El parámetro de estas disposiciones se dirige a que el juez, al resolver el fondo
del asunto, deba circunscribir su análisis a lo propuesto por las partes en la
demanda y su contestación, pues es a partir de lo allí señalado que se hace la
confrontación con las pruebas y las normas aplicables a cada caso. De ahí que esta
corporación sostenga que el proceso se desarrolla «bajo la égida de la justicia rogada
y excepcionalmente de oficio cuando la misma ley lo permite o en situaciones puntuales de
abierta vulneración de garantías constitucionales que ameritan una protección inmediata en
razón de su prevalencia»39.

85. Es sabido que el legislador ha avalado que se dicten sentencias extra y ultra
petita, pero en casos determinados como, por ejemplo, en las acciones de tutela,
pues, «a diferencia del juez ordinario» la competencia del juez «no está limitada a (i) las
situaciones de hecho relatadas en la demanda; (ii) las pretensiones del actor, ni (iii) los
derechos invocados por este»40; asimismo, (i) en los asuntos de familia cuando se

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de agosto de 2021, número

interno 2288-20.
40 Corte Constitucional, sentencia T-195 de 2022.

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

requiere brindar protección al niño, niña o adolescente, a la persona con
discapacidad mental o de la tercera edad, tal como lo prevé el artículo 281 supra
citado; o (iii) en otros como los previstos en el artículo 50 del Código Procesal del
Trabajo que prevé:

«Artículo 50. Extra y ultra petita. El Juez podrá ordenar el pago de salarios,
prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos
que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente
probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el
mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que
corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no
hayan sido pagadas.»

86. Cuando se trata de procesos adelantados ante la Jurisdicción de lo contencioso
– administrativo, en los cuales se pretende el restablecimiento de un derecho
subjetivo, el juez debe circunscribir su análisis a los hechos y argumentos expuestos
por la parte actora, de allí que deba existir la necesaria correlación entre las
pretensiones y los asertos de defensa expuestos por las partes, pues en caso de
que se aborden asuntos que no fueron debatidos, se vulneran los derechos de
defensa, debido proceso y contradicción de la parte perjudicada.

87. Sobre el particular, esta Sección ha aplicado el principio de congruencia de la
sentencia de manera restrictiva. A título de ejemplo, en la sentencia del 7 de octubre
de 2019, se expuso lo siguiente:

«Le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el fallo de primera
instancia es incongruente porque (i) lo solicitado en vía gubernativa (ii) las
pretensiones de la demanda (iii) los argumentos del concepto de violación y
(iv) la defensa de la entidad demandada, no corresponden con lo que se
decidió, esto es, el reconocimiento y pago de horas extras En otros términos,
nos encontramos ante la presencia de una sentencia extra petita, que si bien
en materia laboral es procedente, dado que el juez puede pronunciarse sobre
el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos,
con fundamento en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; lo cierto,
es que el ejercicio de dicha facultad procede siempre y cuando los hechos
que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente
probados, circunstancia que no ocurrió en el sub judice, como se evidenció.
En conclusión y toda vez que en la providencia apelada se concedió un
derecho que no fue reclamado en la vía judicial, la Sala de Subsección está
de acuerdo en afirmar que vulneró los derechos al debido proceso, audiencia
y defensa [...].» [se resalta]

88. En ese hilo argumentativo, el análisis que adelanta el juez debe estar en
consonancia con lo discutido en sede administrativa y lo propuesto por las partes en
sede judicial, sin perjuicio de que pueda pronunciarse sobre otros asuntos cuando
la ley expresamente se lo permita.

89.En el caso concreto, el demandante presentó un escrito ante la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas y el Ministerio de Educación Nacional, en la

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

cual solicitó lo siguiente:

«PRIMERA. Que se reconozca a favor de mi representado(a) los intereses
moratorios por la falta de pago oportuno de la nivelación y homologación
salarial, a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su
causación, desde el año 10 de Febrero de 1997, mes a mes hasta el año 2002
(perdido retroactivo) y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago
total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, 15 de Abril
de 2013.

SEGUNDA. Que se pague a favor de mi representado(a) intereses moratorios
a que tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente desde
la fecha de causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración a
que, el pago de la nivelación salarial debe hacerse al igual que el salario, por
periodos de treinta (30) días, por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento,
su no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los intereses
aludidos.»

90. Del mismo modo, en el escrito introductorio, pidió que se ordenara liquidar y
pagar «los intereses reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el
valor que por concepto de Indexación salarial se reconoció». De ahí que, en la audiencia
inicial, el a quo estableciera que la tesis propuesta de la parte actora se circunscribía
a lo que se transcribe:

«[...] considera que le asiste derecho a que le sean reconocidos unos
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y
nivelación salarial reconocida mediante las resoluciones mencionadas,
efectivos a partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación,
es decir desde el 10 de febrero de 1997 al año 2002, y en adelante hasta el
día en que fue efectivo el pago total del retroactivo, esto es, el 15 de abril de
2013»

91. Y, por consiguiente, que el problema jurídico era: «¿[t]iene derecho la parte
demandante al reconocimiento y pago de los intereses de mora sobre la liquidación del
valor por el retroactivo de su nivelación salarial?».

92. Obsérvese que no se solicitó la indexación de las sumas reconocidas hasta la
fecha del pago efectivo de la obligación, de manera que al a quo le estaba vedado
pronunciarse de oficio sobre la indexación e, incluso, plantear este asunto como
problema jurídico subsidiario en la audiencia inicial aun cuando reconoció que
aquella no se había solicitado, pues dispuso que, en caso de que se resolviera
negativamente el interrogante antes mencionado, se debía establecer lo siguiente:

«2. ¿Tiene derecho el actor, aunque no lo haya solicitado, a indexación de
los valores reconocidos y pagados en lo que corresponde específicamente al
retroactivo salarial por homologación?» [se resalta]

93.Lo anterior, no solo desconoció lo explícitamente pedido en la demanda, sino
que además pasó por alto que, desde la petición radicada en sede administrativa,
se afirmó que «el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

indexación que ya se pagó, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la
misma causa, razón por la cual y atendiendo que obedecen a una misma causa y que lo
que debió liquidarse y cancelarse eran los intereses moratorios, deb[ía] entonces, sobre
las sumas que se ordene descontar lo ya cancelado por indexación» [subrayas del original
y negrilla fuera de texto].

94. No es ajeno a la Sala que, en la demanda, Jorge Alberto León Alzate solicitó
que se ordenara «revisar, ajustar y pagar [...] la indexación con base a la última tabla de
IPC ponderado emitida por la Superintendencia Financiera» porque «no fue liquidada en
la forma debida, dado que la fórmula matemática financiera que debe usarse: R=Rh índice
final / índice inicial, no fue aplicada correctamente; sumado a que las demandadas están
utilizando una tabla para IPC ponderado desactualizada, pues la última emitida por la
Superintendencia Financiera, corresponde a la “base 100 año 2008”, y la utilizada por la
Entidad fue la “Base 100 año 1998”. Lo anterior [hacía] que los valores reconocidos por
Indexación [estuvieran] por debajo de lo que realmente correspond[ía]».

95. Frente a este cargo de la demanda, el a quo debió considerar que el argumento
expuesto, en realidad, se dirigía a debatir la liquidación efectuada por la entidad en
las Resoluciones 1898-6 del 22 de marzo de 2013, 4230-6 del 26 de junio del mismo
año y 9016-6 del 11 de diciembre de 2014, las cuales no fueron demandadas en
este proceso. De cualquier modo, este argumento no avanzó a que se ordenara la
indexación desde el 1 de enero al 14 de abril de 2013 y, como se reseñó, así se
aceptó en la audiencia inicial.

96. Así las cosas, la orden impuesta en la primera instancia no solo superó la
pretensión y los periodos que se expusieron desde el inicio del proceso, sino que
pasó por alto que la situación del solicitante no ameritaba algún pronunciamiento
excepcional avalado por la jurisprudencia, máxime si con la decisión no se
transgredieron sus derechos fundamentales.

97. Lo anterior, encuentra respaldo en las sentencias proferidas por esta Sección
en casos análogos41. A título de ejemplo, en la providencia dictada el 16 de
septiembre de 202142, esta Subsección desarrolló el asunto bajo examen de la
siguiente manera:

«[...] Ahora, en el caso concreto se observa que el demandante no planteó ni
solicitó el reconocimiento de indexación sobre las sumas reconocidas desde
la fecha del acto que así lo ordenó hasta la data real de pago, sino solo los
intereses moratorios respecto del capital abonado y tampoco hubo indicación
o inferencia a lo largo del proceso que diera a entender que están en riesgo

41 Subsección A: 3 de febrero de 2022 (3646-2019), 2 de diciembre de 2021 (4998-19), 18 de

noviembre de 2021 (4468-19), 11 de noviembre de 2021 (5777-19), 4 de noviembre de 2021 (1118-
19, 5950-19), 28 de octubre de 2021 (2487-20), 7 de octubre de 2021 (4454-18), 30 de septiembre
de 2021 (3669-19). Subsección B: 11 de agosto de 2023 (0472-2020, 5780-2019), 27 de julio de
2023 (0936-2020), 9 de febrero de 2023 (6258-2019), 19 de enero de 2023 (0387-2020), 7 de
diciembre de 2022 (2287-2020), 3 de noviembre de 2022 (0392-2020, 0415-2020, 5970-2019), 1 de
julio de 2022 (2529-2020), 19 de mayo de 2022 (5947-2019), 22 de julio de 2021 (1102-19).
42 Radicación 17001-23-33-000-2017-00077-01 (6234-19).

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

de vulneración algunos derechos fundamentales del libelista que requirieran
protección inmediata.

73. Aunado a lo expuesto, debe destacarse el hecho de que se encuentra
debidamente probado que la secretaría de educación departamental de
Caldas efectuó la liquidación indexada de las sumas adeudadas al libelista al
2012, lo cual conlleva que sí hubo compensación efectiva por el retraso en el
pago de aquella obligación. Empero, la indexación ordenada por el a quo
correspondía a la generada desde la data de expedición de la mentada
decisión hasta el momento puntual del pago, lo cual en cualquier caso
evidencia un análisis que supera los extremos propios del período deprecado
con la demanda.»

98. En definitiva, no era procedente imponer una condena al Ministerio de
Educación Nacional de manera oficiosa y extra petita, relacionada con el pago de
una indexación en reemplazo de los intereses moratorios sobre las sumas pagadas
por concepto de la nivelación salarial, pues en el proceso no se demostró que se
vulneraran derechos fundamentales del actor ni se que configurara alguna situación
excepcional que superara el principio de congruencia ordenado por la ley. En
consecuencia, se revocará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia
y, en lo demás, se confirmará, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

99.Finalmente, es del caso precisar que, como las pretensiones fueron negadas,
huelga pronunciarse sobre el cargo de apelación expuesto por el Ministerio de
Educación, relativo a la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.6. Costas

100. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia.

2.7. Conclusión

101. Por las razones anotadas en precedencia, se revocará el ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia porque en sede administrativa y judicial no se solicitó
la indexación de las sumas reconocidas por homologación y nivelación salarial y,
por ello, no procedía la condena oficiosa y extra petita. En lo demás, será
confirmada, en razón a que la entidad realizó el pago aproximadamente un mes
después de expedir el acto administrativo que reconoció el derecho y no se podían
aplicar normas del Código Civil o Código de Comercio, toda vez que no se trató de
una relación negocial entre particulares.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00547-01 (4080-2021)
Demandante: Jorge Alberto León Alzate

FALLA

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 30 de julio de
2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas que impuso una condena por razones
de equidad y justicia a cargo de la Nación, Ministerio de Educación Nacional.

Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 30 de julio de 2020, en cuanto negó las pretensiones de
la demanda.

Tercero. Sin condena en costas por esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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