Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00558-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00558-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00558-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00558-01 (4427-2021)
Demandante: Amparo Tabares Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1 y Departamento de
Caldas
Temas: Sanción moratoria por reliquidación de cesantías definitivas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
quien actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 12 de
febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual
se denegaron las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
La demanda
Pretensiones2
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, la señora Amparo Tabares Osorio formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que
se declare la nulidad del artículo 6 de la Resolución 5987-6 del 10 de julio de
2018, mediante la cual la Secretaría de Educación del departamento de Caldas,
negó el pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó: i) condenar a las
entidades demandadas a reconocer y pagar la indemnización por la mora en el
1 En adelante Fomag.
2 Archivo ED_17001233300020180000(.PDF) NroActua 2, expediente digital visible a índice 2 de la
plataforma Samai.
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Demandante: Amparo Tabares Osorio
pago de sus cesantías definitivas, dispuesta en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago,
contados desde los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de
la prestación, hasta cuando se hizo efectivo el pago de la totalidad de las
cesantías definitivas; ii) indexar las sumas adeudadas tomando como base la
variación del IPC desde la fecha en que se efectuó el pago de la prestación y,
hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente
proceso; iii) disponer el pago de intereses moratorios; y iv) condenar en costas
a las entidades demandadas.
Hechos3:
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través
del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística y, en ella, se le asignó a aquél
la competencia para pagar las cesantías de los docentes de los
establecimientos educativos del sector oficial
El 25 de febrero de 2015, la señora Amparo Tabares Osorio, en su calidad de
docente, solicitó ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de
sus cesantías definitivas.
Por medio de Resolución 2938-6 del 8 de abril de 2015, se le reconocieron las
cesantías definitivas teniendo como factores salariales el sueldo mensual, las
primas de navidad y vacaciones.
Las referidas cesantías fueron pagadas a la demandante el 23 de junio de
2015, por intermedio de la entidad bancaria BBVA.
Mediante Decreto 1545 de 2013, la prima de servicios a favor de los docentes
se consagró como factor salarial para efectos de la liquidación de cesantías.
En el mismo sentido, el Decreto 1566 de 2014 estableció que la bonificación por
servicios a favor de los docentes constituiría factor salarial para todos los
efectos legales.
El 3 de mayo de 2018, la libelista al advertir que no le había sido pagada la
totalidad de las cesantías al término de la relación laboral, elevó petición
tendiente a que se reajustaran las cesantías definitivas mediante la inclusión de
la prima de servicios y de la bonificación por servicios como factores salariales
determinantes del salario base de liquidación. Adicionalmente pidió el
3 Ídem.
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Demandante: Amparo Tabares Osorio
reconocimiento de la sanción moratoria desde los 70 días siguientes a la
radicación de la petición inicial de las cesantías definitivas, hasta cuando fuere
realizado el pago total de la prestación por medio del citado ajuste.
El 10 de julio de 2018, a través de Resolución 5987-6, las cesantías definitivas
fueron reajustadas teniendo en cuenta la prima de servicios y la bonificación por
servicios, y se negó el reconocimiento de la sanción moratoria solicitada, no
obstante haber aceptado el no pago total de las cesantías al término de la
relación laboral.
El 25 de febrero de 2015, se efectuó la solicitud de cesantías definitivas, por lo
que el plazo para cancelarlas finalizó el 9 de junio de 2015, transcurriendo hasta
la fecha en la cual fue realizado el pago total de las cesantías definitivas (30 de
agosto de 2018) un total de 1.176 días de mora.
Normas violadas y concepto de la violación
Se cita como normas violadas los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1° y 2
de la Ley 244 de 1995; y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante
sostuvo que los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, establecen los términos
para el reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas, fijando como
sanción por el incumplimiento de los plazos, un día de salario por día de retardo
hasta que se haga efectivo el pago de la prestación.
Respecto de los pagos incompletos o inconformidades en los montos
reconocidos, son igualmente merecedores de la sanción por mora, pues si bien
existió un pronunciamiento expreso sobre las cesantías y un desembolso, que
debe considerarse parcial, en la medida en que no se incluyeron todos los
factores, se configura la hipótesis de pago en monto inferior al que se tenía
derecho, tipificado en la jurisprudencia4 bajo el «literal d) Existe pronunciamiento
expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo
con el monto reconocido.».
Se encuentra probado que, mediante un acto deliberado de las entidades
demandadas, se excluyeron como factores salariales determinantes en el
quantum de las cesantías, la prima de servicios y la bonificación por servicios
prestados, configurando la hipótesis de sanción bajo el reconocimiento de un
valor menor.
A pesar de que la parte interesada no aludió de forma específica la causal de
nulidad de los actos administrativos demandados, del escrito del concepto de
4 Para tal fin citó apartes de la sentencia del 27 de marzo de 2007 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
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violación y acorde con el artículo 137 del CPACA, se advierte que es por
violación de las normas en que debía fundarse.
Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no contestó la demanda5.
El departamento de Caldas6 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
invocadas, conforme a los siguientes argumentos:
La gestión de las secretarías de educación de los entes territoriales se centra
en recibir y radicar en orden cronológico las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fomag, certificar los
tiempos de servicio y el régimen a adoptar, así como la realización de los
proyectos de actos administrativos y enviarlos con destino a la entidad fiduciaria
que se encarga de su estudio, verificación y aprobación.
De igual forma, indicó que cumplió con los términos legales dentro del trámite
para el pago de las cesantías de la libelista, recayendo la responsabilidad de la
demora en el pago en la entidad fiduciaria, la cual se encarga de verificar el
cumplimiento de los requisitos y realizar el correspondiente desembolso.
En ese orden de ideas, propuso las excepciones de «falta de legitimación en la
casa por pasiva»; «inexistencia de la obligación con fundamento en la ley»;
«buena fe»; y «prescripción».
La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia anticipada proferida el
12 de febrero de 20217, denegó las pretensiones de la demanda, con sustento
en las siguientes consideraciones:
Observado el material probatorio allegado al plenario, encontró que la parte
demandante solicita el reconocimiento de la sanción moratoria por estimar que
aquella se causa por la liquidación inexacta de las cesantías al no haberse
incluido la prima de servicios y la bonificación por servicios, lo que implicó la
expedición de un nuevo acto administrativo que reajustó la prestación social.
Al respecto, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado8, el reajuste de las
5 Según constancia secretarial del 25 de noviembre de 2019, expediente digital.
6 Archivo ED_17001233300020180000(.PDF) NroActua 2, expediente digital visible a índice 2 de la
plataforma Samai.
7 Ibidem.
8 En este sentido, citó los siguientes apartes jurisprudenciales: Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de octubre de 2018, radicado: 08001-23-33-000-2014-
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cesantías o la diferencia originada por la reliquidación de las mismas, no se
encuentra enmarcada dentro de los supuestos normativos para que se genere
la sanción moratoria, pues ello no implica que la prestación se hubiese pagado
en forma inoportuna o de forma tardía.
Debe tenerse en cuenta que el Fomag reconoció la cesantía definitiva y la
canceló de conformidad con la liquidación que dio a conocer a la libelista;
decisión contra la cual no interpuso recurso alguno y solo hasta el 3 de mayo de
2018, es decir, más de 3 años después de haberse reconocido la prestación,
solicitó su reliquidación. Por tal motivo, no sería razonable ni ajustado a derecho
imponer al Estado una sanción económica por el tiempo durante el cual la
interesada no ejecutó ninguna acción para la defensa de sus intereses y el acto
administrativo de reconocimiento se encontraba en firme.
Bajo esa línea de intelección, la parte demandante no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria que reclama por la inoportuna
consignación del valor reconocido por concepto del reajuste de sus cesantías
definitivas.
El recurso de apelación
La parte demandante9 interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia para, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:
En Consejo de Estado al realizar el estudio de los artículos 1° y 2 de la Ley 244
de 1995, así como 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, en sentencia del 27 de marzo
de 200710, señaló claramente que una de las hipótesis para la procedencia de
la sanción moratoria, es que existe pronunciamiento expreso por parte de la
administración en relación con las cesantías y el pago, pero el interesado no
está de acuerdo con el monto liquidado, tal como ocurrió en el presente asunto.
Se demostró que mediante un acto deliberado de las entidades demandadas,
se excluyeron como factores salariales determinantes en el quantum de las
cesantías, la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados,
configurando la hipótesis de sanción bajo el reconocimiento de un valor menor,
indemnización que debe ser impuesta desde el momento en que debió
efectuase el desembolso de las cesantías definitivas.
El a quo despachó desfavorablemente las pretensiones sin tener en cuenta que:
a) la suma reconocida corresponde al legítimo ejercicio de un derecho; b) la
solicitud de reajuste fue presentada cuando aún no habían transcurrido los 3
00420-01 (3490-15) y Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado: 13001-23-31-000-
2007-00225-01(1483-13).
9 Archivo
10 Radicado: 76001-23-31-000-200-02513-01.
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años de la desvinculación del servicio; c) a partir del 19 de julio de 2013 se creó
la prima de servicios como factor salarial a favor de los docentes, sin embargo,
inicialmente, fue desconocida por las demandadas; d) dicha actuación no
resulta válida dentro de un Estado Social de Derecho.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, mediante auto del 2 de agosto de
2022 se admitió el recurso de alzada y, en concordancia con el artículo 212 del
CPACA y el ordinal 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se
modificó el artículo 247 del CPACA, se dispuso que por Secretaría, dentro de
los 10 días siguientes a la ejecutoria de mencionada providencia, pasara el
expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presentaran
solicitud probatoria.
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 20 de
septiembre de 2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 19 del registro
de SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a
decidir de fondo el asunto.
1.6. El ministerio público11. La Procuraduría Tercera Delegada ante el
Consejo de Estado, luego de efectuar una sinopsis de lo discurrido en el
proceso y analizar el marco normativo que regula la sanción moratoria, solicitó
confirmar la decisión apelada, al señalar que el acto administrativo que
establece el monto de cesantías a reconocer y pagar puede ser impugnado con
miras a reajustarse y ser posteriormente objeto del cobro de sanción moratoria
si se pagaron tardíamente, pero las hipótesis de solicitudes posteriores de
reajuste de cesantías no están contempladas para el pago de sanción
moratoria, criterio jurisprudencial compartido recientemente por las dos
subsecciones que componen la Sección Segunda del Consejo de Estado y que
desconoce la apelante.
La Sala decide, previas las siguientes
Consideraciones
Problema jurídico
La Sala debe establecer si la diferencia surgida por la reliquidación de las
cesantías ordenada a favor de la demandante, genera la sanción moratoria por
el pago tardío del auxilio; en caso afirmativo, determinar la reclamación de esa
sanción fue oportuna o está afectada por el fenómeno de la prescripción y fijar
los lineamientos para su pago.
11 Índice 18 de la plataforma Samai.
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La sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales o
definitivas
La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el
pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó las
sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su
cancelación; asimismo reiteró los parámetros respecto de los cuales se
entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas:
«ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de
lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la
no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el
pago se produjo por culpa imputable a este.». (Subrayas propias).
De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías
definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir el
acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté
incompleta el empleador debe manifestarlo así al peticionario dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los
requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen pueda proferir el
acto que reconozca la prestación en el término inicialmente indicado.
Así, (i) el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de
las cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza
del acto administrativo que lo dispuso, y desde ese instante, la
administración tiene el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar
la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción
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indicada en el parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por
cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga
efectivo el pago.
En efecto, la Sala Plena de esta Corporación12 sostuvo que la administración
cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a
partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la
reconoce, y agregó que dicho término solo se puede contar desde la ejecutoria
del acto administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se radicó.
Así lo interpretó la Sala al indicar que:
«Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la
liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad
conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el
tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la
indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado
radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir,
quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco
(5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución
de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo
precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en
firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se
causará la sanción moratoria (…).
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las
mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe
servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de
determinar el monto de la indemnización moratoria […]» (Resalta la Sala).
La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de unificación el 18 de julio
de 201813, reafirmó la postura precitada y la complementó en el sentido de
precisar que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías surge a partir de su notificación en los términos dispuestos por el
CPACA, como se indica a continuación:
«100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los
términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el
contenido de su acto administrativo, esto es, para notificarlo, no pueden
computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el
legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la
decisión14, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad de
informarla a su destinatario.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de
2007. Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-
23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
14 Salvo los actos dictados en audiencia, que se notifican en estrados.
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101. Ha de ser así, pues la producción de los efectos del acto administrativo exige
de su publicidad, de manera que solo son oponibles las decisiones de la
administración que son conocidas por las personas llamadas a su cumplimiento o
afectadas con su ejecución; situación que perfectamente encaja en el cómputo de
la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía, que consulta o se causa por
el paso del tiempo, a donde no concurre el término que tiene el empleador para
notificar el acto expreso que reconoce la mencionada prestación.
102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las
cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores
a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se
verifica la notificación en los estrictos términos señalados. […]». (Resaltado
del texto original).
De esa suerte, y, en este primer escenario (pronunciamiento en tiempo de la
administración), es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen
las cesantías parciales o definitivas, lo que determina el momento en que se
causa la sanción moratoria y, en esa misma medida, la instancia en donde
surge el derecho a su reclamación.
Sin embargo, y en procura de analizar los diferentes supuestos que pueden
presentarse en la expedición y notificación del acto administrativo que reconoce
y ordena el pago del auxilio de cesantías, la sentencia en comentó sentó
jurisprudencia en los siguientes aspectos:
«3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto
no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse
el término dispuesto en la ley15 para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5
días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador
como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»
15 Artículos 68 y 69 CPACA.
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Conforme a lo anterior, para esta Sección es claro que el segundo escenario
respecto del cual se verifica la ocurrencia de la penalidad moratoria, contempla
la no manifestación de voluntad de la administración a través de un acto
administrativo conferido bajo los términos planteados en el primer escenario, o
la expedición del mismo de manera inoportuna y contraria a los lapsos que
para los efectos ha definido la ley.
En otras palabras, cuando el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías parciales o definitivas no es proferido o se emite con posterioridad a
los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la sanción
moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se hace
exigible pasados 70 días hábiles contados desde la fecha de radicación de la
petición, siempre que la misma haya sido presentada en vigencia de la Ley
1437 de 2011.
En ese orden, el término a partir del cual es exigible la sanción moratoria
dependerá de si el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías
parciales o definitivas fue expedido dentro del tiempo legalmente previsto para
ello, esto, es, dentro de los 15 días siguientes a la radicación de la solicitud.
De acuerdo a lo expuesto, se tiene entonces que el análisis relevante en punto
a la determinación de la tardanza que en esta materia pueda ser alegada, debe
remitirse al procedimiento en cuyo marco se profirió el acto administrativo de
reconocimiento inicial de la prestación.
Caso concreto.
A efecto de resolver el problema jurídico planteado, es necesario precisar que el
a quo, en la sentencia, se circunscribió a si «¿Le asiste derecho a la parte actora a
que con fundamento en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, se le
reconozca y pague sanción moratoria, con ocasión del nuevo pago que hizo la parte
demandada en virtud del reajuste de las cesantías ya reconocidas y pagadas?».
(Negrita fuera de texto).
Además, es preciso indicar que el objeto del recurso de apelación, de igual
manera, se concretó en la inconformidad que expone la parte demandante
frente a la decisión de no acceder a la sanción moratoria, por la diferencia
surgida con ocasión de la reliquidación de sus cesantías definitivas con
inclusión de la prima de servicios y la bonificación por servicios.
En efecto, observa la Sala que dentro del plenario se acreditó que la
demandante presentó una solicitud inicial de reconocimiento de cesantías
definitivas el 25 de febrero de 2015, la cual fue resuelta mediante Resolución
2938-6 del 8 de abril de 2015, y cuyo pago se puso a disposición de la parte
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Demandante: Amparo Tabares Osorio
demandante el 23 de junio de 2015. Se precisa que en la demanda no se
reclama que este desembolso hubiera sido tardío.
En este sentido, tal como se definió en la sentencia apelada y conforme al
recurso de alzada, se puede concluir, sin lugar a equívocos, que la materia
litigiosa consiste en determinar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria producto de la tardanza en el
pago de un ajuste de sus cesantías definitivas, ordenado a través de la
Resolución 5987-6 del 10 de julio de 2018.
Lo anterior quiere decir que la indemnización moratoria que se pretende en la
demanda no tiene como fundamento el pago tardío del auxilio de cesantías
como tal, sino de la diferencia de valor de cesantías que se generó como
consecuencia del ajuste ordenado en una resolución posterior a aquella que
reconoció la prestación definitiva -se precisa que el acto que concedió la
prestación definitiva fue la Resolución 2938-6 del 8 de abril de 2015, mientras
que de la que se pretende la sanción moratoria es la 5987-6 del 10 de julio de
2018, que dispuso la reliquidación de la prestación-.
Por ello, es necesario precisar que la Sala, en reiteradas ocasiones, ha
sostenido que la sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías
no procede respecto de las diferencias de valor de tal prestación que se
originen a causa una reliquidación de la prestación. Sobre el particular, se ha
dicho:
«[…] En el caso analizado, la entidad demandada sí reconoció oportunamente las
prestaciones y cesantías definitivas del demandante al momento de su
desvinculación16; sin embargo, con ocasión de la expedición de la sentencia C-
1433 de 2000 y del Decreto 2720 de diciembre 27 de 2000, se causó una
diferencia en la liquidación de las mismas, pero el pago inoportuno de esa
diferencia no puede considerarse mora en la consignación de tal
prestación, que tenga la magnitud de generar la sanción a que alude la
norma trascrita.17». (Se resalta).
En similares términos se señaló en sentencia18 cuyo aparte se transcribe:
«[…] En tal sentido, si bien se causó una diferencia en la liquidación de las
cesantías definitivas, la cancelación pago inoportuna de esa diferencia no
puede considerarse mora en la pago de tal prestación, que tenga la magnitud
de generar la sanción a que alude la norma señalada.
[…]
16 Cita propia del texto transcrito: Folios 14 a 16.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicación
13001-23-31-000-2007-00225-01, número interno 1483-13.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2017, radicación
08001-23-33-000-2012-000171-01, número interno: 2839-14. Dicha posición fue reiterada por la
Subsección A en sentencias del 13 de junio de 2019, radicado: 73001-23-33-000-2016-00002-01(0925-17)
y del 14 de octubre de 2021, radicado: 41001-23-33-000-2019-00104-01 (1529-20).
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Demandante: Amparo Tabares Osorio
La Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sostenido que la finalidad del
legislador con la norma aludida, fue determinar el término perentorio para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, sin
que una diferencia en la liquidación de la prestación social, conlleve a la
autoridad judicial a imponer la sanción frente a una circunstancia fáctica
que no se encuentra prevista en la ley.19». (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, se debe concluir que pese a que, en el caso de la señora Amparo
Tabares Osorio, se dispuso la reliquidación de sus cesantías definitivas para
que, dentro de ellas, se incluyera como factores salariales computables para la
liquidación, la prima de servicios y la bonificación por servicios, la diferencia que
surgió en la liquidación de la prestación social no da lugar a reconocer la
indemnización moratoria que se reclamó en la demanda.
El apoderado de la demandante considera que tal circunstancia sí constituye un
elemento causante de la sanción moratoria, en cuanto se trata de un pago
incompleto, toda vez que desde que se efectuó la liquidación de la prestación,
se debió realizar en legal forma, esto es, con todos los factores que debieron
integrarla, pues el pago incompleto debe generar igual sanción que el pago
tardío de la totalidad de su monto.
Sin embargo, la Sala no acoge ese argumento, pues, en primer lugar, la norma
que consagra la sanción moratoria —tanto la Ley 244 de 1995 como la Ley
1071 de 2005— consagra que la aludida sanción procede «[e]n caso de mora en
el pago de las cesantías definitivas o parciales» pero, en momento alguno,
determina o fija un monto diferencial para el pago incompleto o de una porción
de la prestación y, en segundo lugar, porque la Sala ha sostenido que en los
casos en que ocurran diferencias de cesantías producto de reliquidación o
reajuste de la prestación, no procede la sanción moratoria, tal como se expuso
en las providencias citadas con antelación.
De esta forma, y contrario a lo aducido por la interesada en el recurso de
alzada, dicha circunstancia no vulnera sus derechos, pues se reitera, el reajuste
de las cesantías o la diferencia originada por la reliquidación de las mismas, no
se encuentra enmarcada dentro de los supuestos normativos para que se
genere la sanción moratoria, pues ello no implica que la prestación se hubiese
pagado en forma inoportuna o de forma tardía, sin tener en cuenta factores
tales como que transcurrieron menos de 3 años desde la desvinculación del
servicio docente conforme se expuso en el escrito de apelación.
Las razones anteriores dan lugar a confirmar la sentencia de primera instancia
en cuanto denegó las pretensiones de la demanda frente a la reclamación de la
sanción moratoria por el pago inoportuno de una diferencia de cesantías por
19Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad.
13001-23-31-000-2007-00225-01(1483-13); Subsección B. Sentencia de 8 de septiembre de 2017. Rad.
08001233300020140035501. En el mismo sentido, sentencias de 17 de agosto de 2017. Rad.
08001233300020140035501; Sentencia de 18 de mayo de 2017. Rad. 66001233300020130021301.
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Demandante: Amparo Tabares Osorio
reliquidación de la prestación.
Condena en costas
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,20 respecto de la condena
en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede
con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional
realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o
temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e
intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en
materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación
no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas
(incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia
y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso,21 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia a la señora Amparo Tabares Osorio,
pues si bien el recurso de apelación le resultó desfavorable, la parte
demandada no actuó en esta instancia22.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
21 «[…] En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación.».
22 Según constancia secretarial visible a índice 19 de la plataforma Samai.
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Demandante: Amparo Tabares Osorio
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del 12 de febrero de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda,
dentro del proceso instaurado por la señora Amparo Tabares Osorio, contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y departamento de Caldas.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo Samai.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
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