Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00577-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00577-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00577-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
18 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., 18 de agosto de 2022
Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.-
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00577-01
Interno: 4326-2021- Digital
Demandante: José Omar Serna Restrepo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y departamento
de Caldas.
Tema: Reclamación de intereses moratorios con ocasión de la
homologación y nivelación salarial del personal
administrativo como consecuencia del proceso de la
descentralización del sector educativo.
FALLO SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas que negó las pretensiones de la demanda, pero reconoció por razones
de equidad y justicia que la Nación- Ministerio de Educación Nacional debe
reconocer a la sucesión intestada de la señora Consuelo Márquez de Serna una
indexación teniendo como base para indexar la suma de $42.481.999, los cuales
se liquidarán tomando como fecha de inicio el 1° de enero de 2013 y fecha final el
14 de mayo de ese año.
II. ANTECEDENTES
2. El señor José Omar Serna Restrepo presenta demanda contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas con el objeto de
solicitar se declare la nulidad de la Resolución No 6874-6 del 11 de septiembre de
2017 por medio de la cual se desconocieron y negaron los intereses moratorios
generados con ocasión al pago tardío del retroactivo de homologación y nivelación
salarial, así como el ajuste de la indexación.
2
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
3. Como restablecimiento del derecho, se declare que el actor tiene pleno derecho
a que la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y la Nación -
Ministerio de Educación Nacional le reconozcan y ordenen pagar los intereses
moratorios efectivos a partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su
causación, 1° de febrero de 1997 al año 2002 y en adelante hasta el día en que se
hizo efectivo el pago total del retroactivo, es decir, hasta el día 15 de mayo de
2013.
4. Solicita igualmente se condene a las accionadas a pagar los intereses
moratorios a que tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente
desde la fecha de su causación hasta la fecha efectiva del pago. Que se ordene a
las demandadas dar cumplimiento del fallo conforme al inciso 2° del artículo 192
del CPACA y se haga entrega de los dineros al apoderado.
5. De manera subsidiaria, pidió que en caso de encontrarse probado en el proceso
que la indexación y los intereses moratorios son incompatibles, se ordene a las
demandadas descontar de la deuda cancelada la indexación y en su lugar,
reconocer y pagar los intereses de mora.
Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes fundamentos fácticos1:
6. La causante señora Consuelo Márquez de Serna, prestó sus servicios en la
secretaría de educación del departamento de Caldas, en calidad de personal
administrativo. Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, el
Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 3500 de 1996,
certificó al departamento de Caldas para la administración del servicio educativo.
7. Indica que el Departamento de Caldas, mediante Decreto Departamental 0021
de 1997, transfirió el personal administrativo adscrito al servicio público educativo
del orden Nacional a las plantas de cargos y personal que laboraban en el
Departamento; con los mismos cargos, códigos y salarios con los que venían de la
Nación, sin tener en cuenta que en la mayoría de los casos el personal de carácter
departamental o municipal contaba con un nivel salarial superior al del personal
administrativo de orden nacional.
1 Folios 4 y 5.
3
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
8. Menciona que el Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil
mediante concepto Nro. 1607 de 09 de diciembre de 2004, indicó que las
entidades territoriales dentro del proceso de descentralización del servicio
educativo debían, previa homologación, efectuar la correspondiente nivelación
salarial, dejando establecido que el mayor valor del nivel salarial debería ser
cubierto por la Nación. No obstante, al personal administrativo incorporado
mediante Decreto Departamental No. 0021 de 1997, no le fueron homologados y
nivelados salarialmente los cargos que venían ocupando con la Nación a los
símiles de la planta central del Departamento de Caldas.
9. Señala que en atención a lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 10 de 2005
y en la Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006 expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, la secretaría de educación del departamento de Caldas,
elaboró y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico
para la Homologación Nacional antes definida. Dicho estudio técnico (radicado con
el No. 2007ER9711), fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional
mediante comunicación suscrita el 30 de marzo de 2007, por encontrarse ajustado
a las normas de carrera administrativa.
10. El Departamento de Caldas mediante el Decreto 0399 del 20 de abril de 2007,
homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la planta
de cargos del Departamento de Caldas. Posteriormente, la secretaría de
educación del departamento, solicitó nuevamente al Ministerio de Educación
Nacional mediante los oficios SED 0345 del 17 de junio de 2008 y GJSED 1497
del 22 de mayo de 2009, revisión y ajuste al proceso de Homologación y
Nivelación salarial, ante lo cual, el órgano rector de la educación nacional
mediante oficio No. 2009EE29765 del 01 de junio de 2009, aprobó la modificación
al estudio técnico de homologación y nivelación salarial del Departamento de
Caldas y con base en ello, mediante Decreto 337 de Diciembre de 2010, modificó
el Decreto Departamental N° 0399 del 20 de Mayo del 2007, por el cual se
homologó y niveló los cargos administrativos pertenecientes a la planta de
personal del Departamento de Caldas, situaciones relevantes para determinar
responsabilidades en cabeza de estos entes estatales.
11. En virtud de la expedición del Decreto 337 de 02 de diciembre de 2010, por
medio del Decreto 0353 del 15 de diciembre de 2010, se incorporó por
Homologación y Nivelación Salarial al personal Administrativo del Departamento
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REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
de Caldas, sector educativo financiado con recursos del sistema General de
Participaciones. Fue así como mediante Resolución No. 1863-6 del 22 de marzo
de 2013, aclarada por la Resolución No. 4562-6 del 4 de julio de 2013, modificada
por la Resolución No. 4170-6 del 20 de Mayo de 2015, el Ministerio de Educación
Nacional, a través de la secretaría de educación departamental, canceló a favor de
la causante Consuelo Márquez de Serna el pago de un retroactivo por concepto
homologación y nivelación salarial, indicando de forma expresa en su artículo
primero la fecha de constitución de la obligación, esto es, desde el 10 de febrero
de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009.
12. Aduce que que la obligación de reconocer el pago de la homologación salarial
inicia a partir del 10 de febrero de 1997 como consecuencia de la expedición del
Decreto Departamental 0021 de 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2009; toda
vez que a partir del año 2010 se incorporó por homologación y nivelación salarial
la planta de personal administrativa del Departamento de Caldas - Sector
Educación, motivo por el cual, el departamento de Caldas canceló la vigencia del
año 2010 con los valores homologados e incorporó a partir del 1 de enero de 2011
al personal administrativo de conformidad a la homologación y nivelación
aprobada mediante el Decreto Departamental Nro. 0337 de 2 de Diciembre de
2010.
13. Manifiesta que con base el certificado de pago de fecha 28 de octubre de
2016, documento según el cual el retroactivo reconocido en la Resolución No.
4562-6 del 4 de julio de 2013, correspondiente a la suma de $81.746.608,00 se
liquidó a partir del 01 de febrero de 1999 hasta el año 2002, pago que fue
efectuado solo hasta el día 15 de mayo de 2013, por consiguiente, del total de la
deuda cancelada, esto es, $81.746,608,00, la entidad reconoció como valor neto
sin indexación la suma de: $44.062.244,00, luego entonces, los intereses aquí
reclamados deben reconocerse y calcularse con base en este último valor. Ante
ello, el día 31 de marzo de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de intereses
moratorios por el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial
del personal administrativo adscrito a la secretaría de educación, siendo negado
mediante la Resolución No. 6874-6 del 11 de septiembre de 2017, acto
administrativo que fue apelado y confirmado Resolución 7273-6 del 04 de octubre
de 2017.
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REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
Concepto de violación.
14. La parte demandante manifiesta que el acto acusado desconoció normas de
orden superior, en la medida que le negó el reconocimiento y pago de una
consecuencia natural (intereses moratorios) que deviene de la cancelación tardía
de una obligación, máxime cuando en virtud del proceso de homologación y
nivelación salarial configuraba un deber en cabeza de la administración
consagrado en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 2 , relativo a pagar las
deudas que resultaren del reconocimiento de los costos del servicio educativo
conforme a la Constitución Política y la ley, que fueren dejados de pagar o no
reconocidos por el Sistema General de Participaciones, de manera que la parte
demandada no puede exonerarse de ello, en consideración a que se trató de un
procedimiento administrativo, pues ello era previsible en aras de salvaguardar los
principios de equidad e igualdad en materia laboral. Indica que las entidades
demandadas debieron efectuar la homologación de cargos de forma previa a la
incorporación de la planta de personal adscrita al nivel nacional hacia el orden
territorial, proceso que al no adelantarse de tal manera generó que la
homologación y nivelación salarial fuese cancelada años después de haberse
causado, lo que explica los intereses pretendidos.
Contestación de la demanda.
15. La Nación – Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda de
manera extemporánea, según constancia en la sentencia de primera instancia a
folio 213 del expediente.
2 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014
[…]
ARTÍCULO 148. SANEAMIENTO DE DEUDAS. Con cargo a las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema
General de Participaciones, se pagarán las deudas que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo
ordenados por la Constitución y la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal Docente y Administrativo, como costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, incentivos
regulados en los Decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010, homologaciones de cargos administrativos del sector, primas y otros
derechos laborales, deudas que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones presentadas por las entidades
territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.
Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el presente artículo, la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público– concurrirá subsidiariamente con recursos del Presupuesto General de la Nación
para cubrir el pago de las deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de acuerdos de
pago, previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes de un encargo fiduciario a través del cual
se efectúen los pagos.
Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los cruces de cuentas
que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las entidades territoriales y la Nación.»
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REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
16. El departamento de Caldas3 arguyó que el Ministerio de Educación Nacional
era el encargado de signar los recursos para el reconocimiento de la
homologación salarial, por lo cual, el ente territorial no es responsable del
reconocimiento y pago de los intereses reclamados, pues dichos pagos se
realizaron con recursos del Sistema General de Participación y no con rubros
propios del departamento. Explicó que el proceso de homologación se inició por
los trabajadores desde el año de 1997. Desde esa fecha en el estudio técnico
realizado revisaron el salario más aproximado de cada funcionario homologado en
la escala salarial de la administración central, según el nivel jerárquico y los
requisitos para el desempeño del cargo, y así recomendar el nivel, cargo, grado y
salario en el que se debía designar, respetando los derechos de carrera y la Ley
909 de 2004. Finalmente, el estudio técnico fue aprobado por el Ministerio de
Educación y así como la revisión posterior efectuada en el año 2009.
17. Adicionalmente, aduce que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la
demanda, en tanto pretende la imposición de una doble sanción por una
obligación de índole laboral como es el pago de la nivelación salarial de que fue
beneficiario el actor, desconociendo que las sumas reconocidas fueron indexadas.
Sentencia apelada.
18. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de 19 de noviembre
de 2020 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa del
departamento de Caldas, negó las pretensiones de la demanda pero ordenó en
forma extra petita y por razones de equidad y justicia que la Nación- Ministerio de
Educación Nacional, reconozca a la sucesión intestada de la señora Consuelo
Márquez de Serna una indexación teniendo como base para indexar la suma de
$42.481.999, los cuales se liquidarán teniendo como fecha de inicio el 1° de enero
de 2013 y fecha final el 14 de mayo de ese año.
19. Como sustento de la decisión, sostuvo que para que un empleado o servidor
de cualquier entidad pública, valga señalar del sector de la educación, tuviera
derecho al pago de intereses moratorios por el no pago oportuno de sus
emolumentos, deben estar expresamente señalados en las disposiciones que
reglamentan el régimen prestacional, verbigracia, los intereses por pago retardado
de cesantías; y revisadas las normas que regulan el sistema prestacional no se
3 Folios 76 a 80.
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REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
observa que alguna de ellas regule el derecho a reclamar intereses moratorios por
pago tardío de una nivelación u homologación salarial.
20. En el caso bajo estudio, el demandante no solicita indexación de los valores
pagados por la nivelación y homologación salarial, sino intereses moratorios, los
cuales como bien se dijo anteriormente no pueden ser reconocidos. Sin embargo,
se observa que efectivamente el pago de esas sumas se hicieron en fecha
posterior al reconocimiento de las mismas, razón por la cual como un fallo
extrapetita y por razones de equidad y justicia, ordena el reconocimiento de
indexación de las sumas canceladas, escindiendo eso sí, y separando de las
sumas pagadas, las que corresponden a la indexación reconocida en los actos,
pues no puede haber indexación sobre indexación, y los descuentos que por
obligación se debieron realizar, esto es, limitándose únicamente al capital.
Recurso de apelación.
21. El apoderado de la parte demandante manifestó que en el presente caso no
hubo una sentencia judicial que reconociera el derecho a la homologación y
nivelación salarial, ni tampoco una sentencia que ordenara el pago del retroactivo
derivado de ella, toda vez que, el derecho fue reconocido en sede administrativa;
de allí que, la pretensión principal de la demanda sea el reconocimiento de los
intereses de mora. Si el tribunal considera que no proceden los mismos dado que
junto con el retroactivo fue cancelada una actualización de la moneda, acá lo que
debe primar es el derecho más favorable para el trabajador, es decir, los intereses
de mora, en consideración a que estos como están solicitados en la demanda
abarcan tanto el componente inflacionario como el indemnizatorio a que están
llamadas a responder las demandadas.
22. El juzgador reconoce que las sumas pagadas fueron indexadas y por tanto,
concluye que no es válido reconocer los intereses de mora, pero pierde de vista
que la condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso del
tiempo, sería los intereses de mora, emolumentos que se solicitaron se pagaran
de forma preferente y favorable, en lugar de la indexación, debido a la injustificada
demora en el pago de dichas acreencias laborales. Aduce que no es jurídicamente
aceptable que el operador judicial exija una norma que regule el pago de intereses
de mora para los retroactivos que se cancelen por homologación y nivelación
salarial; si bien es cierto no hay norma que regule el pago de retroactivos por este
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REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
concepto, también lo es que por esta sola razón, el trabajador no tenga derecho a
reclamar el pago cumplido, completo y en condiciones de igualdad y equidad de
su salario; allí es cuando con base al artículo 53 de la Carta Política, el juzgador
debe interpretar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.
Alegatos de conclusión y Concepto del Ministerio Público.
23. El Ministerio de Educación Nacional insiste en las mismas razones argüidas
en la apelación. Por su parte, el demandante reiteró los argumentos expuestos en
el escrito de apelación. El Ministerio Público no emitió concepto en el presente
asunto.
CONSIDERACIONES
24. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por ambas partes contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se
evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de
legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
Problema Jurídico:
25. Establecer, si al demandante le es dable el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios en razón a que el retroactivo indexado con ocasión de la
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo
por el periodo de 1997 a 2009 solo fue cancelado hasta el 15 de abril de 2013. Así
mismo, determinar si era procedente emitir en este caso una decisión extra petita
a fin de ordenar reconocer la indexación sobre las sumas abonadas al
demandante por concepto de nivelación salarial derivada del proceso de
homologación referido.
Para resolver lo anterior, la Sala analizará: i) el proceso de homologación del
personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos; y ii) el caso
concreto.
9
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos.
26. Con fundamento en la Constitución Política de 1991 y en desarrollo de los principios
constitucionales sobre el servicio público y esencial de la educación, fue proferida la Ley
115 de 19944, a través de la cual se definió el término educación como un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social e igualmente, se reguló como una
función social acorde con las necesidades de las personas, la familia y la sociedad; por
consiguiente, previó la obligación en cabeza del Estado de garantizar su acceso y la
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales de garantizar su cobertura.
27. Igualmente, en virtud del concepto de planificación económica y social como
elemento esencial de la función pública consagrado en la Constitución Política para
orientar la política administrativa, el artículo 72 ibídem, le impuso la obligación al
Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales,
consistente en preparar por lo menos cada 10 años el Plan Nacional de Desarrollo
Educativo que incluyera «[…] las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los
mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo.», el cual
sería revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales
de desarrollo.
28. Contrario a lo consagrado en la norma que nacionalizó la educación, y en armonía
con el desarrollo del concepto de educación como función pública y como elemento
determinante en el cumplimiento de los fines del Estado, se expidió la Ley 60 de 1993
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen
recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones», se creó el situado fiscal que sería destinado a la educación y se
definieron los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los entes territoriales,
el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos y distritos 5. El
4
«Por la cual se expide la ley general de educación»
5
« ARTICULO 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el artículo 356 de la Constitución Política,
se distribuirá en la siguiente forma: 1. El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de
Cartagena y Santa Marta. 2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: a) Un porcentaje
variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos
los departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita la prestación de los
servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo.
Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo. b) El porcentaje restante, una vez
efectuada la distribución por Situado Fiscal Mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la población
potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios
establecidos en el parágrafo 2 del presente artículo. La metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar
las reglas de distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes, será adoptada por el
CONPES para la Política Social de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las
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REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
fundamento de dicha ley deviene con claridad de lo preceptuado en el artículo 1
constitucional, toda vez que Colombia se constituyó como un Estado Social de Derecho,
organizado en República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
29. En el artículo 3º ibídem, estableció la competencia en cabeza de los departamentos,
en materia de educación, de administrar el personal docente y administrativo, de
acuerdo a la Constitución Política y lo dispuesto en el artículo 6º de la citada ley, en los
siguientes términos:
«Artículo 3o. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a
través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la
ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:
[…]
5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los departamentos así: A.
En el sector educativo, conforme a la Constitución Política las disposiciones legales sobre
la materia:
[…]
• Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicios
educativos estatales. Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las
oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y
los centros auxiliares de servicios docentes. Asumir las competencias relacionadas con
currículo y materiales educativos. La prestación de los servicios educativos estatales y las
obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal
tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las
necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal
docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente
Ley.»
30. El citado artículo 6º de la Ley 60 de 1993, en cuanto a la administración del personal,
previó lo siguiente:
«ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal
docente y administrativo de los servicios educativos estatales. Ningún departamento,
distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos
del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las
plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación
que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen
causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo
ejecute.»
siguientes definiciones: i) Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en el sector oficial,
más la becada que atiende el sector privado. La población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos
de la estadística de usuarios. ii) La población potencial, en educación, es la población en edad escolar comprendida entre los 3
y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector privado. iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendid a
en cada año por las instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector oficial, medida a través
del registro de las consultas de medicina, enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. iv) La población potencial
en el sector salud se mide como la población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la
seguridad social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado por el DANE.»
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REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
31. Respecto de las competencias de los municipios, el artículo 16 estableció, entre
otras, reglas especiales para la descentralización de la dirección y prestación del servicio
de educación de dichos entes territoriales y al efecto dispuso:
«Articulo 16. Reglas especiales para la descentralización de la dirección y prestación de
los servicios de salud y educación por parte de los Municipios. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el Parágrafo 2o. del artículo 14 de la presente Ley, para la dirección y
prestación de los servicios de salud y educación por parte de los Municipios, se
observarán las siguientes reglas:
[…]
1. Las plantas de personal docente de los servicios educativos estatales a cargo del
situado fiscal y a cargo de los recursos propios del municipio serán administradas por el
municipio de conformidad con el artículo 6o de la presente ley y de las disposiciones
legales sobre la materia.»
32. En tal sentido, esta legislación distribuyó de manera diferente las competencias de
los servicios educativos entre la Nación y los entes territoriales y se otorgaron los
recursos necesarios –bienes y personal-, a los departamentos, distritos y municipios
certificados para el ejercicio de la actividad docente.
33. Posteriormente, los artículos 356 y 357 de la Constitución Política fueron modificados
a través del Acto Legislativo 01 de 20016, mediante el cual se creó el Sistema General
de Participaciones de los entes territoriales y para desarrollarlos, se expidió la Ley 715
de 2001 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros» que entró en vigor el 21 de diciembre de la misma anualidad, en
virtud de la cual, se derogó en su integridad la Ley 60 de 1993, y a diferencia de la
anterior disposición que fijó un porcentaje de recursos que luego se prorrateaba entre los
departamentos y distritos para después ser distribuido en los diferentes sectores -
educación y salud-, con la nueva norma, primero se estableció un porcentaje de
recursos para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los
municipios, distritos y departamentos 7.
6«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.[…]
ARTÍCULO 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación
y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos
para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y
Municipios. […]»
7
«Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007, Modificado
transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez
descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el
artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud
corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0.»
12
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
34. Así, se continuó con el proceso de descentralización territorial de la educación, pues
adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles preescolar,
básico y medio, en el área urbana y rural, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5, 6 y 7 de la Ley 715 de 2001 8 , mediante los cuales se entregó a los
departamentos, a los distritos y a los municipios certificados 9, la planeación, dirección y
prestación directa del servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
35. Ahora bien, la citada Ley 715, a diferencia Ley 60 de 1993, se refirió expresamente a
la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38, los cuales
dispusieron:
«Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo 37
de esta ley 10 , se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios. Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. Los docentes, directivos docentes
y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000
se encontraban contratados por órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados
de manera provisional, deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y
administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos
de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del
Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos
para el ejercicio del cargo. Los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley,
no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo. A los docentes,
directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que se
financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá
reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.»
(Subrayado fuera del texto original).
8 Artículo 5. Competencias de la Nación en materia de educación.
Artículo 6. Competencias de los departamentos.
Artículo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados.
9 «Artículo 20. Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los
departamentos y los distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año
2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia
de capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse. Le corresponde a los departamentos decidir sobre la
certificación de los municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los requisitos. Si contados seis meses desde la
presentación de la solicitud no ha sido resuelta o ha sido rechazada, el municipio podrá acudir a la Nación para que ésta decida
sobre la respectiva certificación.
Los municipios certificados deberán demostrar, cuando lo requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad
necesaria para administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren acreditar su capacidad,
perderán la certificación.»
10
« Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los administrativos de las instituciones
educativas serán organizadas conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de
dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.»
13
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
36. Frente a este proceso de descentralización, la Sala de Consulta y Servicio Civil
profirió el Concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, en virtud de una consulta realizada
por la Ministra de Educación Nacional, la cual formuló así: «¿Deben las entidades
territoriales, en virtud del principio de igualdad, proceder a homologar al personal administrativo
que recibieron o reciban en virtud de la descentralización del servicio educativo?». Al respecto,
la Sala respondió lo siguiente:
«Como corolario de lo anterior y para dar respuesta a la primera pregunta, considera la
Sala que como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo
las entidades territoriales debían y deben recibir el personal administrativo
contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley,
mediante el procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos.
Resalta la Sala que, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para
determinar la estructura de sus administraciones, para fijar las escalas salariales y los
emolumentos de sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300.7, 305.7, 313.6 y 315.7), el
Constituyente atribuyó al Congreso en relación con el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos de este orden (arts. 150-5, 150-19.e y 287 ibídem), entre otras
facultades, la de determinarles un límite máximo salarial, dentro del cual las entidades
pueden ejercer sus competencias según sea su realidad fiscal. Así, lo que persiguen la
Carta y la ley marco es, de una parte, racionalizar el régimen salarial de las
entidades territoriales, siempre en búsqueda de la eficiencia, de modo que sin
llegar a la unificación del mismo, no exista desbordamiento en el desarrollo de las
funciones a ellas atribuidas, las que como se percibe no son discrecionales y, de
otra, contribuir al equilibrio de los salarios entre los servidores nacionales y los
territoriales, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 12 de la ley 4a de 1992: "El
Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia
con careos similares en el orden nacional".11»
37. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva
Ministerial 10 del 30 de junio de 2005, por la cual se dispuso que en atención al
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil 1607 citado en precedencia, el
procedimiento de homologación y nivelación salarial del personal administrativo docente,
comprendería las siguientes etapas:
«1. Elaboración de un estudio técnico. La homologación y nivelación salarial del
personal administrativo debe basarse en un estudio técnico cuyo producto es una tabla
de homologación de las plantas de cargos con las nivelaciones salariales que de ella se
desprendan – en los casos en que el salario del cargo origen sea inferior a aquel del
cargo destino- . Dicho estudio debe contener específicamente lo siguiente:
1.1. Un análisis comparativo y detallado, cargo por cargo, de la planta de personal
administrativo transferida, con la planta de personal administrativo de la entidad territorial
receptora, en el año que se produjo la incorporación y en los años posteriores para
determinar la existencia o no de diferencias, por razón de denominación, código y grado,
y su incidencia en la asignación salarial. Como resultado de este estudio debe elaborarse
una tabla de homologación de planta de cargos. Dicha tabla incluirá la clasificación
(código y grado), funciones, requisitos y asignación salarial para todos los cargos que
incluyan las dos plantas de personal, indicando claramente el cargo homologado.
11
Sentencia sentencia C- 315/95, por la cual se declaró exequible el art. 12 de la Ley 4ª de 1992, en la cual precisó: "La
razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia - los sueldos de los
cargos semejantes del nivel nacional -, garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado."
14
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
1.2. La identificación de las diferencias salariales y prestacionales que persisten
actualmente por no haber adelantado el proceso de homologación y nivelación salarial
con la identificación por cargo, de la asignación básica y demás costos inherentes a la
nómina, debidamente desagregado.
2. Homologación de cargos y nivelación salarial con efectos a partir de la fecha.
Una vez elaborado el estudio técnico y fundamentándose en éste, la entidad territorial
certificada procederá a realizar, bajo la responsabilidad del secretario de educación y del
jefe de personal o quien haga sus veces, la homologación y nivelación salarial de los
cargos administrativos conforme a la normatividad vigente, mediante acto administrativo
general. Con base en este último, la homologación de cada funcionario administrativo se
realizará, mediante acto administrativo individualizado el cual debe especificar el cargo al
cual es homologado y la nivelación salarial respectiva -si a ella hay lugar según el estudio
técnico que rige a partir de la fecha de expedición de dicho acto administrativo, previo
certificado de disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad presupuestal
será emitido contra recursos del Sistema General de Participaciones -SGP. Si el costo de
la planta de personal administrativo aprobada, incluido el aumento por concepto de la
nivelación y homologación, no alcanza a ser cubierto con los recursos del SGP asignados
por alumno atendido para el pago de la prestación del servicio, la entidad territorial podrá
solicitar al MEN su cubrimiento por concepto de complemento de planta.»
38. Todo lo anterior, nos deja ver que el proceso de homologación de cargos y
nivelación salarial implicó llevar a cabo una serie de ajustes de las plantas de personal
administrativos que prestaban sus servicios a la Nación en las instituciones educativas
para pasar a ser incorporados a las plantas de los entes territoriales, siendo definido
por la Ley 715 de 2001 el procedimiento a seguir, el cual comprendía unas fases
necesarias como elaboración de un estudio técnico, un análisis comparativo y
detallado, cargo por cargo de la planta de personal administrativo transferida con la
planta de personal administrativo de la entidad territorial receptora, identificación de las
diferencias salariales y prestacionales entre otras, todo ello para llevar a buen recaudo
el proceso de homologación y nivelación salarial.
Solución del caso.
39. Sea lo primero señalar que en el asunto bajo estudio de acuerdo al material
probatorio aportado con la demanda y decretado en la audiencia inicia, así como
de los hechos que no se encuentran en discusión, el proceso homologación y
nivelación salarial en el departamento de Caldas y en relación con el demandante,
se realizó así:
40. Al examinar la Sala la Resolución No 1863-2 del 22 de marzo de 2013 a través
de la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de homologación y
nivelación salarial a la señora Márquez de Serna Consuelo,se observa que en ella
se dejó establecido que mediante Decreto departamental 0399 de 20 de abril de
15
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
2007 se homologaron y nivelaron los cargos administrativos del personal
perteneciente a la planta de cargos del departamento de Caldas pagados con
recursos del Sistema General de Participación, acto que fue modificado en virtud
de la solicitud realizada por la secretaría de educación del departamento de
Caldas ante el Ministerio de Educación, modificación que fue aprobada por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de
2009.
41. Así mismo, en el prenotado acto administrativo se indicó que en atención a lo
dispuesto en la Directiva Ministerial No. 10 de 2005 y en la Resolución 2171 del 17
de mayo de 2006 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y que en
consecuencia, la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas elaboró y
presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico para la
correspondiente homologación y nivelación salarial antes definida, cuya
metodología fue la de revisar que las funciones específicas correspondieran al
nivel jerárquico en el cual se encuentra ubicado cada funcionario con los pares del
Departamento de Caldas; comparando el salario actual con el salario más
aproximado de la escala de administración central del Departamento, de acuerdo
con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos para el desempeño del cargo y el
de recomendar el nivel, cargo y grado salarial que se debe asignar. Que dicho
estudio técnico radicado en su última versión con el No 2007ER9711 fue aprobado
por el Ministerio de Educación Nacional mediante comunicación suscrita el 30 de
marzo de 2007 por parte de la Doctora Gloria Mercedes Álvarez Núñez, Directora
de la Dirección de Descentralización, por encontrase ajustado a las normas de
carrera administrativa
42. La Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación de
Caldas realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal
administrativo financiado con recursos del Sistema General de Participación por el
periodo comprendido a partir del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de
2009 arrojando una suma de $57.341.662. 202.oo. En virtud de lo anterior, la
Unidad de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de
Caldas expidió certificado de disponibilidad presupuestal No 3500003137 del 7 de
marzo de 2013.
16
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
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43. Como consecuencia de todos los trámites antes mencionados, mediante
Resolución No 1863-2 del 22 de marzo de 2013 12 el secretario de educación
departamental de Calda reconoció y ordenó a favor de la señora Márquez de
Serna Consuelo el pago por concepto de homologación y nivelación salarial a
partir del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009 por la suma neta de
$65.910.910.oo.
44. La anterior documental fue aclarada mediante Resolución 4562-6 del 04 de
julio de 2013 13 por el secretario de educación departamental de Caldas, en el
sentido de indicar que la suma neta a reconocer es de $65.629.733.oo. Pero
posteriormente, este acto administrativo a su vez, fue modificado por la Resolución
4170-6 del 20 de mayo de 2015 14 , en la cual se reconoce por concepto de
indexación el valor de $9. 155.242.oo.
45. De conformidad con la certificación de fecha 28 de octubre de 2016 15 ,
emanada de la secretaría de educación departamental del Caldas, los valores
reconocidos a la señora Consuelo Márquez de Serna por concepto del retroactivo
con ocasión a la homologación y nivelación salarial debidamente indexados fueron
cancelados en fecha 15 de abril de 2013.
46. Entonces, de las pruebas obrantes en el proceso encuentra la Sala acreditado
que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional ni el departamento de
Caldas incurrieron en alguna dilación de pago, puesto que, las pruebas
relacionadas dan cuenta que en el presente caso se surtieron las diversas etapas
necesarias para efectuar la cancelación de la suma reconocida a la causante
mediante Resolución 1863-2 del 22 de marzo de 2013, cuyo pago se efectuó el 15
de abril de esa misma anualidad, procedimiento que requirió de aclaraciones y
modificaciones, si se tiene en cuenta que la administración solicitó un ajuste al
estudio técnico de homologación y nivelación salarial del personal administrativo
del departamento de Caldas, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional a través de Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de 2009, de manera que
no existe justificación alguna para que proceda el reconocimiento de los intereses
moratorios reclamados por la actora. Más aun, encontrando la Sala debidamente
probado que la secretaría de educación departamental de Caldas efectuó la
12 Folios 82 al 85 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
13 Folios 86 al 88 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
14
Folios 89 y 90 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
15 Folio 92 del expediente digitalizado. Acápite de demanda.
17
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
liquidación indexada de las sumas adeudadas a la demandante con corte al 31 de
diciembre de 2012, lo cual conlleva que sí hubo compensación efectiva por el
retraso en el pago de aquella obligación.
47. Ahora bien, en este punto es necesario señalar que los intereses moratorios
han sido definidos desde el punto de vista jurisprudencial como aquella suma de
dinero que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora,
los cuales cesan solo en el momento de cancelar la obligación contraída, cuya
finalidad es el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece
el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida16. Lo anterior
no se encuentra demostrado dentro del caso bajo estudio, toda vez que a partir de
los supuestos fácticos acreditados, la Sala concluye que entre la fecha de
expedición del acto administrativo que ordenó el pago y la cancelación de la
obligación, es decir, el 22 de marzo de 2013 y el 15 de abril de esa mismo año,
según consta en certificación que obra a folio 92 del expediente, trascurrió un poco
menos de 1 meses, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional,
teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para
culminar el proceso homologación y nivelación salarial, postura que ha sido
pacífica al interior de la Subsección17.
48. De acuerdo con el criterio jurisprudencial de esta Corporación18, en atención a
que en el presente caso se acreditó que entre la resolución que reconoció el
derecho a la demandante y el pago del valor ordenado, transcurrió un plazo menor
a 1 mes, el cual, en atención a la naturaleza del asunto y las apropiaciones
presupuestales que para el efecto debieron hacerse, resulta ser un plazo
razonable que no acarrea una sanción para las entidades públicas demandadas,
por ende, no es procedente el reconocimiento de intereses legales o moratorios
por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y nivelación
de la planta de personal administrativo reconocido a la señora Consuelo Márquez,
máxime cuando no se observa que la actora haya manifestado su desacuerdo
frente al acto que le ordenó el pago del retroactivo, por lo que no es dable que a
través de un nuevo procedimiento administrativo iniciado en ejercicio de una
petición presentada en interés particular pretenda cuestionar lo reconocido a
través de la Resolución No 1863-6 del 22 de marzo de 2013, en tanto no incluyó
los intereses moratorios.
16 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2014-
00311-01(0905-15). C.P. William Hernández Gómez.
17
Sentencia del 19 de julio de 2019 Rad. 66001-23-33-000-2016-00321-01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez-.
18Sentencia de 26 de agosto de agosto de 2018, Rad. 73001-23-33-000-2014-00403-01(4589-15). C.P. César Palomino Cortés.
18
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
49. Adicionalmente a lo expuesto, la Sala señala que no sería procedente el
reconocimiento de los intereses moratorios reclamados, por cuanto del material
probatorio se observa que la suma que le era adeudada a la parte actora fue
debidamente indexada, concepto último que según la jurisprudencia de esta
Corporación 19 y pese a lo esgrimido por la parte demandante en el escrito de
impugnación, es incompatible con las pretensiones de la demanda, en razón a que
obedecen a la misma causa, que es la devaluación del dinero, por lo que acceder
al reconocimiento de ambos constituiría un doble pago.
50. Frente al argumento de recibir la indexación reconocida en las resoluciones
que ordenaron el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial más
los intereses moratorios pretendidos, habrá de señalar la Sala que el hecho de
que aquella considere que la indexación y los intereses moratorios obedecen a
conceptos y causas distintas y por tanto, no son incompatibles entre sí, es una
mera interpretación de la misma sobre su situación fáctica que difiere de la de esta
Corporación y que en nada obliga al fallador a proferir una sentencia estimatoria
de sus pretensiones.
51. No puede la Sala desconocer el carácter sancionatorio de los intereses
moratorios, por lo que no resulta procedente aplicar por analogía la regulación que
sobre dicho concepto tiene el Código Civil, pues en materia sancionatoria la
interpretación es de carácter restrictivo y cualquier imposición de una sanción con
ocasión al incumplimiento de una obligación específica debe estar debidamente
consagrada y tipificada para tal efecto, circunstancia que no obedece al caso en
concreto, pues no existe norma que disponga el pago de intereses moratorios ante
el supuesto incumplimiento de la administración en la cancelación oportuna del
retroactivo por concepto de un proceso de homologación y nivelación salarial.
52. En cuanto al reconocimiento de los intereses moratorios por aplicación del
principio de favorabilidad, no observa la Sala que en el caso del demandante se
configure una conflictividad de disposiciones aplicables o una dualidad de
interpretaciones de una misma disposición normativa, entre las cuales, el juez
19
Consejo de Estado, sentencia del 18 de febrero de 2010, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia del 18 de febrero de
2010, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 9 de agosto de
2012, Rad. 2012-00048-00; C.P: Luis Fernando Álvarez Jaramillo. «La señora Ministra de Relaciones Exteriores consulta a la
Sala sobre los criterios que deben aplicarse para dar cumplimiento a las sentencias dictadas en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que ordenan el reintegro y pago de emolumentos, y la reliquidación de aportes pensionales y de
cesantías.»
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 16 de agosto de 2018 Rad.2014-00313-02, C.P.: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
19
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
debía determinar el precepto que conllevara mayor favorabilidad al empleado,
pues no solo es claro que la administración no incurrió en un retardo en el pago
del retroactivo por concepto de la homologación y nivelación salarial, si no también
que ante el reconocimiento de una suma indexada no procede el de los intereses
moratorios por ser figuras que obedecen a la misma causa, esto es, la devaluación
de la moneda.
53. Por otra parte, con relación al reconocimiento a favor del actor de una
indexación por razones de equidad y justicia, es dable señalar que el artículo 230
de la Constitución Política, señala que «los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial»,
de modo que, la única fuente directa y primaria de derecho en Colombia es la ley –
ordenamiento jurídico-, y por su parte, la equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina, pertenecen a las denominadas fuentes
indirectas o subsidiarias del derecho, así las cosas, la equidad en materia de
administración de justicia aplica en los espacios dejados por el legislador, todo ello
con el fin de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un
caso concreto20.
54. Ahora bien, en lo concerniente a la facultad extra petita que el tribunal se
adjudicó para ordenar la mencionada indexación, esta Sala 21 ha precisado sobre
el particular que « […] el juez debe tomar su decisión de manera congruente con
los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto,
no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue
solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra
petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las
pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las
razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, por ello, el principio de
congruencia de la sentencia garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por
las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas
establecidas en la ley para tal propósito».
55. Así mismo, debe tenerse en cuenta que una de las bases adjetivas que
circunscriben las actuaciones judiciales ante la presente jurisdicción, es que el
20 Corte Constitucional. Sentencia C-284/15. M.P.: Mauricio González Cuervo. Fecha: 13 de mayo de 2015.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Fecha: 17 de octubre de 2017.
Expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 (3605-14).
20
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
proceso se desarrolla de manera general bajo la égida de la justicia rogada y
excepcionalmente de oficio cuando la misma ley lo permite o en situaciones
puntuales de abierta vulneración de garantías constitucionales que ameritan una
protección inmediata en razón de su prevalencia. Lo anterior cobra sentido en
tanto los medios de control previstos para verificar la juridicidad de las diversas
manifestaciones de la administración deben promoverse y desenvolverse bajo los
criterios y presupuestos fácticos y jurídicos que determine la parte afectada, sin
que sea del caso fijar circunstancias más gravosas para el Estado, en tanto se
presume ante todo la buena fe y diligencia de sus decisiones en virtud del principio
de legalidad.
56. El planteamiento en cuestión se traduce en que quien alega la vulneración de
sus derechos por parte de los agentes estatales y pretende el consecuente
restablecimiento de estos, en efecto debe instar lo propio con total precisión,
claridad y completitud. Dichos postulados tienen un respaldo constitucional en
virtud del principio del debido proceso y el derivado derecho de defensa y
contradicción, habida cuenta de que no es dable sorprender a la parte demandada
con decisiones que afecten sus intereses cuando aquello no fue objeto de debate
en la definición propia del litigio. Lo antedicho se acompasa entonces con el
principio procesal de la congruencia contenido en el artículo 281 del CGP, que se
predica como fundamento para que exista coherencia entre lo pretendido con la
demanda, lo discutido y probado en la causa judicial y lo que debe resolver la
autoridad judicial conforme a los límites que tales extremos determinen. Al
respecto la norma ejusdem prevé lo siguiente:
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y
extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja,
21
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
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al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la
tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial
teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena
realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios
generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más
débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza,
el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo
controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté
relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para
reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita,
siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente
controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el
derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los
resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de
comunidades civiles indígenas.»
57. Precisamente como se observa de lo antes expuesto, la excepción a la regla
en comento se contempla legalmente, pues se han previsto las facultades ultra y
extra petita, las cuales implican que el juez podría fallar más allá o por fuera de lo
deprecado respectivamente. Tales potestades tienen sentido en asuntos concretos
y determinados como se enuncian en dicha norma. No obstante, en materia
laboral el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
también consagra aquella posibilidad pues indica lo siguiente:
«ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez podrá ordenar el pago de
salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los
hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente
probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el
mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que
corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan
sido pagadas.»
58. Puntualmente para casos en los que se han evidenciado sentencias con
decisiones por fuera de lo pretendido, esta Subsección ha fijado una posición
restrictiva sobre su uso, en orden de garantizar el principio de congruencia como
fundamento esencial de protección del debido proceso en el contexto de esta
jurisdicción. Frente a este punto en sentencia del 7 de octubre de 2019 22 se
precisó que:
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de octubre de
2019. Radicado: 66001-23-31-000-2012-00065-01 (3706-14).
22
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
«Le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el fallo de primera
instancia es incongruente porque (i) lo solicitado en vía gubernativa (ii) las
pretensiones de la demanda (iii) los argumentos del concepto de violación y (iv) la
defensa de la entidad demandada, no corresponden con lo que se decidió, esto es,
el reconocimiento y pago de horas extras En otros términos, nos encontramos ante
la presencia de una sentencia extra petita, que si bien en materia laboral es
procedente, dado que el juez puede pronunciarse sobre el pago de salarios,
prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, con fundamento en el
artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; lo cierto, es que el ejercicio de dicha
facultad procede siempre y cuando los hechos que los originen hayan sido
discutidos en el proceso y estén debidamente probados, circunstancia que no
ocurrió en el sub judice, como se evidenció. En conclusión y toda vez que en la
providencia apelada se concedió un derecho que no fue reclamado en la vía
judicial, la Sala de Subsección está de acuerdo en afirmar que vulneró los
derechos al debido proceso, audiencia y defensa de la E.S.E. Hospital
Universitario San Jorge de Pereira.»
59. Como se observa, no es dable proferir decisiones respecto de asuntos no
discutidos en vía administrativa y que tampoco fueron planteados en la demanda
al punto de haberse incluido en el litigio con opción de pronunciamiento por parte
de la demandada. Ahora, en el caso concreto se observa que el demandante no
planteó ni solicitó el reconocimiento de indexación sobre las sumas reconocidas
desde la fecha del acto que así lo ordenó hasta la data real de pago, sino solo los
intereses moratorios respecto del capital abonado.
60. Aunado a lo expuesto, debe destacarse el hecho de que se encuentra
debidamente probado que la secretaría de educación departamental de Caldas
efectuó la liquidación indexada de las sumas adeudadas al libelista al 2012, lo cual
conlleva que sí hubo compensación efectiva por el retraso en el pago de aquella
obligación. Empero, la indexación ordenada por el a quo correspondía a la
generada desde la data de expedición de la mentada decisión hasta el momento
puntual del pago, lo cual en cualquier caso evidencia un análisis que supera los
extremos propios del período deprecado con la demanda.
61. En este sentido, el hecho de haber impuesto una condena en primera instancia
relativa a una indexación bajo criterios de equidad y justicia, pero sin que esta
hubiese sido pretendida u objeto de discusión, implica que el fallo impugnado
trascendió lo que constituía materia de decisión al margen de la argumentación
esbozada, más aun cuando la situación concreta de la parte actora no encaja en
alguno de los supuestos excepcionales contemplados tanto legal como
jurisprudencialmente para la procedencia de pronunciamientos extra petita23, ni se
23
Esta postura jurisprudencial aplicada a casos como el sub examine, ha sido sostenida en sentencias del 22 de octubre de
2020 (6212-2018), 3 de diciembre de 2020 (2646-2019) y 18 de febrero de 2021 (3981-2019).
23
REF: Expediente: 4326-2021
Actora: José Omar Restrepo Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-
avizora una eminente vulneración de sus derechos fundamentales, por ejemplo al
mínimo vital.
62. Sin embargo, en virtud del principio de non reformatio in pejus, según el cual
no puede agravarse la situación del apelante único, no es dable modificar o
revocar el fallo de primera instancia, al haber interpuesto recurso solo la parte
actora, razón por la cual, se confirmará la sentencia del 19 de noviembre 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la
demanda y dispuso en forma extra petita indexar por razones de equidad y el valor
neto pagado a título de retroactivo entre el 1 de enero de 2013 y el 14 de abril de
esa misma anualidad, conforme las razones expuesta en la parte motiva de este
proveído.
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: Por secretaría de la Sección Segunda, procédase al archivo y déjese
las anotaciones en el sistema de gestión judicial y procédase al archivo de la
actuación.
Notifíquese y cúmplase.
Firma Electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica Firma Electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http:/relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Visitas/documentos/evalidador.
Sigue leyendo
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