Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2018-00620-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2018-00620-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2018-00620-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C. veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 17001 23 33 000 2018 00620 02
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Departamento de Caldas, municipio de Villamaría, la Corporación
Autónoma Regional de Caldas, Aquamaná ESP, la Central Hidroeléctrica
de Caldas – CHEC y Efigas S.A. ESP
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad
y salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Caldas en
contra de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a
la seguridad y salubridad públicas; a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, a raíz de la situación de
inestabilidad de la ladera donde se ubica el predio denominado Los Sauces ubicado en
el municipio de Villamaría.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 13 de diciembre de 2018,1 los Procuradores 70, 179, 180 y 181 Judiciales I para
asuntos Administrativos de Manizales, Andrés Felipe Henao Herrera, Marlene Escudero
Torres, Lina Clemencia Duque Sánchez y Catalina Gómez Duque, respectivamente,
promovieron la acción popular de la referencia contra el departamento de Caldas, el
municipio de Villamaría, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, las empresas
Aquamaná ESP, la Central Hidroeléctrica de Caldas y Efigas S.A. ESP solicitando la
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad
pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
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disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.
Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRETENSIONES:
PRIMERA. Se brinde amparo constitucional a los derechos colectivos contenidos en los
literales a); d); g); l), y m) del artículo 4to de la Ley 472 de 1998 referidos al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y las
disposiciones reglamentarias; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público; la seguridad y salubridad pública; el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a las entidades
demandadas efectuar un estudio geológico geotécnico detallado, del sector Los Sauces,
en el cual se identifiquen y caractericen geotécnicamente los estratos que componen el
suelo, se identifique la presencia de niveles freáticos, competencia del terreno y se realice
un análisis de estabilidad de taludes en condiciones críticas de sismo y lluvias, con el fin
de determinar la conveniencia o no de la permanencia de las viviendas existentes, así
como las obras que deben realizarse de control, prevención y mitigación en la zona,
teniendo en cuenta que de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el aludido
sector se localiza dentro de una zona de Amenaza media por movimientos en masa.
TERCERO. En caso de que a partir del estudio se determine la viabilidad de la
permanencia de las viviendas, se efectúen las acciones urbanísticas del caso que
conduzcan a la habitabilidad segura y salubre de los moradores del sector, esto es,
pavimentación de las vías, manejo de aguas lluvias, redes de acueducto y alcantarillado
con la capacidad hidráulica suficiente.
CUARTO. Se garantice por parte de las empresas de servicios públicos competentes la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado y aseo.
QUINTO. Se garantice una debida canalización de las aguas residuales domésticas del
sector Los Sauces, con el tratamiento pertinente, a través de una red de alcantarillado
adecuada que garantice su evacuación segura y hagan parte de la cobertura del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del Municipio de Villamaría. Igualmente se
garantice la disposición final adecuada de residuos.
SEXTO. Una vez se haya procedido por parte de las autoridades administrativas a
demandar (sic), a efectuar las acciones precedentes, que conduzcan a determinar la
habitabilidad del sector de Los Sauces, se emprenda o culmine si es del caso, por parte
del Departamento, el proceso de cesión a título gratuito del terreno ocupado ilegalmente,
de acuerdo al proceso que para ello señale la Ley (Ley 1001 de 2005, Decreto 1077 de
2015 y complementarias) con el fin de garantizar la legalidad de la ocupación.
SÉPTIMO. En caso de que el estudio arroje como resultado, que no es posible el
asentamiento humano en el sector de Los Sauces, se ordene la reubicación de los
habitantes del sector, con pleno respeto de los derechos fundamentales y debido proceso
de las personas desalojadas, y teniendo en cuenta para ello […].2
1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones la parte actora manifestó lo siguiente:
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La parte actora señaló que en el municipio de Villamaría existía un predio identificado con
matrícula inmobiliaria núm. 100-4928 denominado Los Sauces que es de propiedad del
departamento de Caldas, tal y como consta en la escritura pública núm. 1572 del 1 de
octubre de 1969.
Informó que en dicho inmueble reside un grupo de aproximadamente 73 familias de forma
irregular.
Mencionó que el 20 de junio de 2018, los Procuradores 70, 179, 180 y 181 Judiciales I
para Asuntos Administrativos de Manizales le solicitaron al departamento de Caldas que
le indicara los trámites que había adelantado para legalizar o sanear la citada propiedad
o para reubicar a las personas asentadas en Los Sauces, entidad que contestó lo
siguiente:
[…] De conformidad con lo anterior, el Departamento de Caldas, frente a los predios
ocupados para uso de vivienda de interés social en el sector Los Sauces del Municipio de
Villamaría, Caldas que son objeto de cesión a título gratuito (siempre y cuando se cumplan
los requisitos legales para el efecto) está desarrollando el siguiente procedimiento: ETAPA
DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO JURÍDICO Y TÉCNICO DE PREDIOS. Identificación:
Esta fase se encuentra cumplida. Al respecto se identificaron 73 familias que ocupan
predios para uso de vivienda de interés social, que hacen parte de los lotes de mayor
extensión del Departamento de Caldas. Estudio jurídico: Frente al predio se constató la
titularidad de pleno dominio por parte del Departamento de Caldas, libre de gravámenes,
limitaciones de dominio y/o afectaciones. Estudio técnico. Esta fase aún no se ha
desarrollado por encontrarse en trámite la certificación técnica del predio que más
adelante se expondrá. Etapa de certificación técnica de los inmuebles. Esta etapa de
certificación técnica del inmueble se encuentra en proceso, teniendo en cuenta la visita
de campo e informe presentado por parte de profesional en Ingeniería Ambiental de la
Secretaría de Vivienda del Departamento de Caldas, quien determinó que antes de
proceder con un proceso de titulación es menester realizar obras civiles necesarias frente
a las condiciones de amenaza por movimientos en masa e inundaciones que se presentan
en el sector. De acuerdo a ello, se dispuso a oficiar a la Corporación Autónoma Regional
de Caldas, Municipio de Villamaría y Unidad de Riesgos del Departamento, para que de
acuerdo a las competencias que se les confiere se identifiquen con claridad los riesgos
ambientales en Los Sauces y si es del caso de forma mancomunada encontrar
alternativas de solución que puedan generar la continuidad en el desarrollo del proceso
de saneamiento y cesión de predios a las familias ocupantes.
Expuso que en el Oficio núm. 400-893 del 22 de junio de 2018, la secretaría técnica del
municipio de Villamaría informó que el predio con ficha catastral 01 000000 0408 0001
000000000 que colinda con el conjunto Guayacanes del citado territorio, se encuentra en
una zona urbana de interés social y de protección ambiental, además, es un área de
protección por altas pendientes y retiro de vía, riesgo alto por incendio y no mitigable por
deslizamiento de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (en
adelante POT) Acuerdo núm. 044 de 2000 y Acuerdo núm. 070 de 2007.
Indicó que Aquamaná ESP desde hacía aproximadamente 8 años, venía prestando el
servicio de acueducto y alcantarillado a diez predios que se ubicaban en el barrio Los
Sauces.
Asimismo, sostuvo que la empresa Efigas S.A. ESP informó que existían 53 contratos
con los cuales prestaba el servicio público de gas natural en el predio Los Sauces.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
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2.1. Por auto del 26 de septiembre de 20243, el Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la demanda presentada por los Procuradores 70, 179, 180 y 181 Judiciales I para
Asuntos Administrativos de Manizales contra el departamento de Caldas, el municipio de
Villamaría, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (en adelante Corpocaldas),
Aquamaná ESP, la Central Hidroeléctrica de Caldas (en adelante Chec) y Efigas S.A.
ESP.
2.2. Aquamaná ESP4, mediante escrito radicado el 9 de octubre de 2024, contestó la
demanda indicando que el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 estableció que los
municipios son los responsables de implementar de los procesos de gestión del riesgo,
lo que comprende el conocimiento y análisis del riesgo, la realización de los estudios
correspondientes, la adopción de medidas para su reducción y el manejo de desastres
dentro del ámbito de su jurisdicción.
Expuso que le correspondía a la autoridad territorial realizar los estudios técnicos
necesarios para determinar la viabilidad de la permanencia de las viviendas ubicadas en
el sector de Los Sauces, así como definir las medidas de mitigación del riesgo que
resultaran procedentes. Agregó que dicho proceso debía contar con el acompañamiento
técnico de Corpocaldas.
Posteriormente, realizó un análisis de la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo en el sector de Los Sauces.
Sobre el servicio de acueducto, señaló que el barrio había presentado dificultades en la
prestación del servicio de agua potable. No obstante, indicó que en el comité técnico
celebrado el 25 de junio de 2024 se acordó iniciar una campaña de sensibilización dirigida
a la comunidad del sector, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y legalizar
las conexiones domiciliarias. Asimismo, manifestó que, para la fecha de presentación de
la contestación de la demanda, se habían legalizado 45 conexiones, por lo que
únicamente estaban pendientes 5 viviendas.
En lo que corresponde al aseo, resaltó que se prestaba el servicio de barrido con una
frecuencia de 2 veces por semana y la recolección de residuos sólidos eran los martes y
viernes.
Frente al alcantarillado, enunció que durante el 2023 se formuló el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado del municipio de Villamaría. También, precisó que el sistema
de alcantarillado estaba presentando afectaciones en diferentes barrios, dentro de los
cuales estaba Los Sauces, pues había tramos de tubería que mostraban deficiencias,
especialmente en términos de capacidad hidráulica.
2.3. Corpocaldas presentó escrito el 16 de diciembre de 20245 mediante el cual
contestó la demanda. Señaló que, a través de la Subdirección de Infraestructura
Ambiental, realizó una visita técnica al lugar objeto de la acción, en la que se constató la
existencia del barrio Los Sauces, ubicado entre las coordenadas WGS84 5°2′58.60″ N -
75°30′45.32″ O y 5°3′3.77″ N - 75°30′56.01″ O.
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Manifestó que el barrio se había establecido de forma informal desde el 2012 y para el
2018, ya contaba con 60 viviendas con conexión a servicio públicos de energía eléctrica
y gas.
Afirmó que, en su calidad de asesora, realizó en el 2013 un estudio que se denominó
“Identificar y caracterizar la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para la cabecera municipal
y las áreas de desarrollo rural restringido” en el que estaba incluido el barrio Los Sauces.
Comentó que las pretensiones no son de su resorte, sino que son responsabilidad del
municipio de Villamaría por ser el encargado del desarrollo urbanístico y la gobernación
de Caldas por ser el propietario del predio y las empresas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios.
Argumentó que la zona en la que se ubica el barrio Los Sauces está clasificada como de
amenaza alta y media por movimientos de masa, por ello es el municipio quien debe
legalizar el proyecto urbanístico en virtud de lo previsto en los artículos 22 y 23 del
Decreto núm. 1469 de 2010.
2.4. El 16 de octubre de 20246 la empresa Chec se pronunció sobre la demanda e
informó que realizó una visita técnica al sector, en la que constató que 5 viviendas
contaban con el servicio de energía eléctrica debidamente legalizado. Asimismo, indicó
que, al parecer, existían conexiones compartidas irregulares, cuya verificación requería
la realización de un estudio técnico más detallado.
Puso de presente que, no era la competente para definir la titularidad de los usuarios que
solicitaron la prestación del servicio de energía eléctrica en los inmuebles, tal como lo
establece la Ley 142 de 1992.
Formuló las excepciones de “Ausencia de derecho colectivo vulnerado” y “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”.
2.5. El Departamento de Caldas, en memorial del 16 de octubre de 20247, expresó
que no había incurrido en la vulneración de los derechos colectivos invocados, ya que las
situaciones fácticas mencionadas en la demanda son de competencia del municipio de
Villamaría.
Sostuvo que a los departamentos les correspondía: i) proyectar la política del Gobierno
Nacional en materia de gestión del riesgo; ii) responder por la implementación de los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres; iii) poner en
marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en
su territorio; iv) integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del
plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su
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responsabilidad; y v) coordinar los municipios de su territorio de manera concurrente y
con subsidiariedad positiva.
Resaltó que los municipios eran los responsables de implementar los procesos de gestión
del riesgo en sus territorios, las obras de reducción de riesgo y el manejo de desastres y
en coordinación de los departamentos le corresponde desarrollar funciones de
planeación, conocimiento, seguimiento, asesoría, asistencia técnica y financiera a las
autoridades territoriales.
Advirtió que, la Secretaría de Vivienda y Territorio del departamento de Caldas indicó
sobre la legalización o saneamiento de la propiedad o reubicación de las personas que
se encuentran ubicadas en el predio Los Sauces lo siguiente:
Se implementa una fase de identificación, estudio jurídico y técnico de predios, dentro de
la cual de(sic) en virtud a los planos existentes, escrituras públicas y certificados de
libertad y tradición, se señalan los inmuebles frente a los cuales recaería el proceso de
titulación, se constata el pleno dominio por parte del ente territorial y se cerciora que los
mismos no sean objeto de vicios, limitaciones o algún tipo de gravamen que impida
adelantar los trámites de cesión ante el órgano competente.
El estudio técnico tiene como propósito legalizar el asentamiento, pasar del lote madre a
la individualización de las áreas ocupadas por las familias, frente a lo cual se debe
desarrollar un plano regulador urbanístico de la totalidad de la extensión del asentamiento,
determinando áreas de cesión, andenes, jardines, parques de recreación, instituciones de
prestación de servicios públicos (hospitales, bibliotecas. colegios, etcétera), las áreas de
ocupación y todos los criterios que sean necesarios para la proyección urbanística del
lugar objeto de saneamiento.
(ii) La fase de certificación técnica de los inmuebles tiene como finalidad generar plena
confianza y certeza que el predio objeto de cesión no sea de uso público, ni destinado a
fines institucionales de salud o educación, que no se encuentre en áreas insalubres, de
riesgo o en zonas de conservación o protección ambiental y para ello el POT, se convierte
en una herramienta indispensable.
(iii) La etapa de socialización debe desarrollarse con el fin de concientizar a la comunidad
que se encuentra asentada en los predios del Departamento y que son objeto de titulación,
con el fin de generar credibilidad en el proceso, concebir concientización frente a la
legalidad del lugar donde se habita, clarificar sobre los beneficios futuros que se generarán
al tener pleno dominio y gozo del predio, de igual manera para informar sobre los deberes
y compromisos del beneficiario cuando este tenga registrado su título.
(iv) La etapa de trabajo de campo y prueba de ocupación refiere la necesidad de contar
con personal social que se traslade a los predios y genere un contacto directo con los
moradores, constatando la habitabilidad de las mejoras y la destinación del lugar para uso
de vivienda, indagando sobre la composición del núcleo familiar, la fecha de ocupación y
la manera de adquisición. Para ello, se recaudarán documentos que sirvan de prueba
frente a estos puntos.
(v) Etapa de selección de beneficiarios y limitaciones. En esta fase se tienen en cuenta
los insumos obtenidos del trabajo de campo, debiéndose probar que los ocupantes
cumplan con los siguientes requisitos: no devengar más de 4 salarios mínimos legales
vigentes, no ser propietarios de otros predios, no haber sido beneficiarios de otros
programas para la adquisición o construcción de vivienda ello de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 1001 de 2005.
(vi) La etapa de determinación de vivienda de interés social, de conformidad con el
Decreto 1077 en su artículo 2.1.2.2.2.6. se señala la necesidad de realizar un avalúo que
determine que la vivienda se encuentra dentro del rango de VIS.
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Cruce de información y validación ante FONVIVIENDA, es una de las fases finales que
certifica que efectivamente los beneficiarios cumplen con los requisitos tenidos en cuenta
en la etapa de selección, el hecho de no contar con otra propiedad y no haber sido
favorecido por otros programas de vivienda.
(viii) La fase de publicación hace hincapié a la necesidad de garantizar que el
procedimiento sea conocido por los interesados y se dé la oportunidad de recepcionar
solicitudes de posibles opositores al proceso.
(ix) Expedición del acto administrativo. Esta fase genera que la entidad tituladora, con el
lleno de los requisitos emita las resoluciones mediante las cuales se sanea el bien y se
efectúa la cesión a título gratuito, referenciando la información esencial del beneficiario,
componentes técnicos y jurídicos del predio, y obligaciones y deberes que se generan una
vez quede en firme el acto administrativo.
(x) La notificación del acto administrativo, es una etapa consecuente de su expedición que
se debe efectuar de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del CPACA.
(xi) Registro del acto administrativo. Una vez cobre ejecutoria la resolución debidamente
notificada conforme al artículo 89 de la norma ibidem, se registrará en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente, convirtiéndose en plena prueba de propiedad en favor del
ocupante beneficiario del proceso.8
Comentó que, para los predios ocupados para uso de vivienda de interés social que se
encuentran en el sector Los Sauces del municipio de Villamaría, desarrolló un
procedimiento que estaba conformado por las etapas de: i) identificación, estudio jurídico
y técnico de predios; ii) certificación técnica de los inmuebles; iii) socialización y iv) trabajo
de campo y prueba de ocupación.
2.6. Mediante escrito del 16 de octubre de 2024, el municipio de Villamaría9 se
pronunció sobre la demanda, afirmando que el titular del inmueble era el departamento.
Manifestó que el número de familias ascendía a 80, las cuales construyeron las viviendas
sin cumplir con los requisitos legales. Señaló que la zona presentaba 3 procesos de
inestabilidad.
Aseguró que, carecía de legitimación, ya que no le correspondía invertir recursos en un
predio que no es de su propiedad.
2.7. En la contestación de la demanda, Efigas S.A. E.S.P. 10 manifestó que el sector
Los Sauces se encontraba catalogado como zona de alto riesgo, de conformidad con lo
previsto en el POT.
Señaló que era la empresa encargada de prestar el servicio público domiciliario de gas
natural en el sector objeto de la presente acción popular; sin embargo, precisó que las
competencias relacionadas con la gestión del riesgo correspondían al municipio y a la
autoridad ambiental.
Asimismo, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que, si bien tenía la obligación de prestar el servicio público a la comunidad,
dicha prestación estaba supeditada al cumplimiento de las condiciones técnicas y de
seguridad requeridas para la instalación de la infraestructura. En consecuencia, cuando
8 Ibidem.
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tales condiciones no se cumplen, procede la suspensión o cancelación del servicio, como
ocurrió en el sector Los Sauces, debido a su clasificación como zona de alto riesgo.
Afirmó que no estaba vulnerando los derechos e intereses colectivos invocados, ya que
su negativa a instalar el servicio en ciertos inmuebles surge de las razones de riesgo
existente y a la falta de viabilidad técnica y financiera.
Por otro lado, señaló que la finalidad de Efigas S.A. ESP era distribuir gas combustible a
través de la red domiciliaria en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
Resaltó que en los predios identificados con matrículas inmobiliarias núm. 100-4928
ubicados en el sector Los Sauces se presta el servicio a 71 casas.
2.8. El 27 de noviembre de 202411, se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento.
2.9. A través de auto del 2 de diciembre de 202412, el Tribunal Administrativo de Caldas
dio apertura a la etapa probatoria y realizó el estudio de cada una de las pruebas
aportadas por las partes.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 14 de marzo de 2025,
declaró la vulneración de los derechos colectivos invocados. Específicamente, en la parte
resolutiva se dispuso13:
PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de “Corpocaldas ha actuado
conforme a los postulados legales y constitucionales”, formuladas por Corpocaldas
y “falta de legitimación en la causa por pasiva”, respecto a la CHEC S.A. E.S.P.,
Efigas S.A. E.S.P. y Aquamaná E.S.P.
SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad del Departamento de Caldas y el
Municipio de Villamaría, en la vulneración de los derechos colectivos contenidos
en los literales a), g), l) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, sobre: El goce
de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley
y las disposiciones reglamentarias; La seguridad y salubridad públicas; El derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y La
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes, a raíz de la situación de inestabilidad de la
ladera donde se ubica el predio denominado “Los Sauces” y la inadecuada
disposición de aguas residuales y lluvias en el sector.
TERCERO: ORDENAR como medidas de protección de los derechos colectivos,
las siguientes:
3.1 ORDENAR al Departamento de Caldas, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de este fallo, adelantar las gestiones administrativas, presupuestales
y técnicas requeridas, para la elaboración de los estudios de detalle en los que se
identifique si la situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del predio “Los
Sauces”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N°100-4928, ubicado en
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Visible a índice 59 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
12 Visible a índice 60 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
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el Municipio de Villamaría es o no mitigable y en qué zonas específicas, y en caso
afirmativo, determine las obras que deben ejecutarse.
• Si los estudios determinan que el riesgo es mitigable:
3.2 ORDENAR al Departamento de Caldas formular y ejecutar los proyectos de
intervención para la realización de las obras estructurales y no estructurales de
mitigación dentro del año siguiente al vencimiento del plazo de 6 meses otorgado
en el numeral anterior, y continuar con el procedimiento de cesión a título gratuito
del predio a los habitantes de las viviendas que allí están construidas, de acuerdo
con la autorización recibida mediante Ordenanza N°869 de 26 de noviembre de
2024.
3.3 Dentro del mismo término del numeral 3.2, ORDENAR al Departamento de
Caldas y al Municipio de Villamaría, adelantar las acciones y ejecutar las obras
pertinentes para garantizar la adecuada disposición de las aguas residuales y
lluvias del predio “Los Sauces”, así como la adecuada prestación del servicio de
alcantarillado en ese sector.
3.4 ORDENAR al Municipio de Villamaría, dentro de los 6 meses siguientes a la
finalización de las obras que arroje el estudio de detalle o antes de ser necesario,
adelantar las gestiones tendientes al cambio de calificación de dicha zona en el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, según la caracterización que
dicho estudio arroje.
• En caso de que los estudios de detalle arrojen que el riesgo existente en el predio
“Los Sauces” no es mitigable:
3.5 ORDENAR al Municipio de Villamaría, en el término de 4 meses siguientes al
vencimiento del plazo del numeral 3.1, realizar las gestiones administrativas,
presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las familias que no
hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una indemnización equivalente
y que se encuentren situadas en la zona de riesgo no mitigable del sector de “Los
Sauces”.
3.6 Dentro de los 10 meses siguientes a dichas gestiones administrativas,
presupuestales y financieras, ORDENAR al Municipio de Villamaría llevar a cabo
la reubicación de las familias en un lugar que les permita el acceso a los servicios
públicos, por medio de un plan de vivienda subsidiada, siempre y cuando no hayan
sido beneficiarias de un subsidio de vivienda.
3.7 En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona de riesgo
no mitigable se rehúsen a abandonar el sitio, el Departamento de Caldas deberá
adelantar ante el Municipio de Villamaría las acciones policivas en el marco de la
Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, garantizando los derechos fundamentales en especial del
debido proceso y trato digno, y la confianza legítima -en caso de estar probada-
de las personas que habitan el sector, o acudir a las acciones judiciales, según
corresponda, de conformidad con la jurisprudencia constitucional en materia de
desalojos forzosos. En caso de que se adelanten las acciones policivas, el
municipio de Villamaría deberá velar porque su trámite se desarrolle con celeridad.
3.8 Así mismo, en caso de que el riesgo sea no mitigable, y los habitantes del
sector de Los Sauces sean reubicados, ORDENAR al Departamento de Caldas
que deberá establecer mecanismos de garantía de no repetición, es decir, que el
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predio objeto de la presente acción popular no vuelva a ser objeto de
asentamientos irregulares de vivienda por parte de particulares y de ser el caso,
atienda de manera oportuna dicha problemática y adelante de forma inmediata los
procedimientos administrativos para su recuperación y/o restitución, de vigilancia
y control.
3.9 En todo caso, independiente del resultado que arrojen los estudios de detalle,
mientras estos se adelantan y mientras dure la ejecución de las obras de
mitigación del riesgo o la reubicación, ORDENAR al Municipio de Villamaría
realizar monitoreos permanentes al sector de Los Sauces, y en caso de que la
situación lo amerite, dispondrá las acciones necesarias para la protección de la
vida de los habitantes y transeúntes, incluyendo la posible evacuación de las
viviendas, en el marco de sus competencias. Sobre el particular deberá rendir
informes mensuales a esta corporación.
Se precisa que el término otorgado para el cumplimiento de las medidas de
reparación se contará a partir de la notificación de esta sentencia.
CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda en relación con el derecho al
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público,
consagrado en el artículo 4°, literal d) de la Ley 472 de 1998, por las
consideraciones expuestas.
QUINTO: No condenar en costas ni agencias en derecho en esta instancia, por las
consideraciones expuestas.
SEXTO: CONFORMAR un Comité ad honorem de verificación de cumplimiento
del presente fallo popular integrado por:
6.1 La Magistrada ponente de este caso, quien lo presidirá.
6.2 Los accionantes (Procuradores 70, 179, 180 y 181 Judiciales I para Asuntos
Administrativos de Manizales).
6.3 Un delegado del Departamento de Caldas.
6.4 Un delegado del Municipio de Villamaría.
6.5 Un delegado de la Defensoría del Pueblo Regional Caldas
6.6 La Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos.
Dicho Comité queda constituido a partir de la notificación de esta providencia, en
consecuencia, desde ya se requiere a las entidades obligadas a que rindan
informes trimestrales a este Tribunal, sobre el cumplimiento de cada una de las
órdenes y uno final al culminar sus labores. En el caso de la obligación prevista en
el numeral 3.9, el Municipio de Villamaría deberá presentar informes mensuales.
(…)
SÉPTIMO: ADVERTIR a las partes que el Tribunal en los términos del inciso 4°
del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, mantiene la competencia permanente para
verificar el cumplimiento del fallo y tomar las medidas necesarias para su debida
y oportuna ejecución, por consiguiente, las órdenes judiciales que aquí se imponen
deberán cumplirse perentoriamente so pena de desacato en los términos
establecidos por el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.
OCTAVO: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
a través de la Secretaría, enviar copia de la demanda y la presente sentencia a la
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Defensoría del Pueblo. Igualmente, se autoriza la expedición de copias con destino
a las partes que han venido actuando.
NOVENO: En firme la sentencia, y verificado su cumplimiento, archivar el
expediente, previa anotación en la base de datos del despacho 04 de este Tribunal
y en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
Los argumentos que expuso el Tribunal para adoptar la anterior decisión fueron los
siguientes:
3.1.1. En principio, procedió a enlistar las diferentes pruebas aportadas al plenario y que
servían de sustento para demostrar la vulneración.
Del análisis de dichas pruebas concluyó que el predio objeto de amparo se encontraba
ubicado sobre una ladera de alta pendiente, susceptible a la ocurrencia de fenómenos de
remoción en masa, como consecuencia de la concurrencia de factores naturales y
antrópicos. Precisó que estos últimos habían incrementado la vulnerabilidad del terreno
debido a la construcción, desde el año 2012, de aproximadamente 66 viviendas que
carecen de condiciones adecuadas de estabilidad estructural y de sistemas para el
manejo de aguas lluvias. A ello se suman la sobrecarga ejercida sobre la ladera y los
procesos de erosión que afectan el terreno.
Asimismo, evidenció que el departamento de Caldas era propietario del inmueble donde
se presentaban las afectaciones. No obstante, mediante la Ordenanza núm. 806 de 2017,
se autorizó al gobernador para ceder a título gratuito la propiedad de los bienes fiscales
ocupados de manera irregular, dentro de los cuales se encontraba el sector Los Sauces,
en el municipio de Villamaría.
Igualmente, advirtió que las aguas residuales domésticas generadas en el sector no
estaban incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de
Villamaría y que el manejo de los residuos sólidos era inadecuado, puesto que, en su
mayoría, eran dispuestos sobre la vía principal.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que se encontraban vulnerados los derechos
colectivos previstos en los literales a), g), l) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998,
como consecuencia de la inestabilidad de la ladera donde se ubica el predio Los Sauces,
de propiedad del departamento de Caldas, y de las deficiencias en la prestación de
algunos servicios públicos en el sector.
Destacó que los informes técnicos de la autoridad ambiental habían sido enfáticos en
señalar la necesidad de adelantar estudios dirigidos a evaluar las medidas de mitigación
del riesgo o, en su defecto, la reubicación de las personas asentadas en el lugar. En ese
sentido, estimó que la omisión en la realización de tales actuaciones desconocía el
derecho colectivo a la prevención de desastres previsibles técnicamente, por cuanto solo
mediante los estudios especializados era posible determinar las medidas idóneas para
superar la situación de riesgo.
En contraste, consideró que no se encontraba vulnerado el derecho colectivo al goce del
espacio público, toda vez que el predio Los Sauces constituía un bien fiscal de propiedad
del departamento de Caldas y, por ende, no podía catalogarse como un bien de uso
público.
Posteriormente, expuso que, si bien la responsabilidad de la gestión del riesgo de
desastres recae principalmente en los municipios y de forma subsidiaria en los
departamentos, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
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subsidiariedad, tanto el municipio de Villamaría como el departamento de Caldas son los
responsables de la vulneración de los derechos colectivos invocados.
En relación con el departamento de Caldas, señaló que se encontraba acreditado que el
predio Los Sauces era de su propiedad y que la entidad tenía conocimiento, desde el año
2012, del proceso de urbanización irregular que allí se desarrollaba y que estaba
generando fenómenos de remoción en masa. Indicó que, aunque la administración
departamental inició el trámite para legalizar la ocupación del inmueble, dicho
procedimiento no culminó debido a la falta de certeza sobre las condiciones requeridas,
sin que hasta la fecha se hubiera dado una solución definitiva a la problemática.
Agregó que la Gobernación de Caldas omitió adoptar las medidas necesarias para
impedir la consolidación del asentamiento irregular, pues no promovió de manera efectiva
los procesos policivos tendientes a recuperar el inmueble. Al respecto, precisó que, si
bien el testigo Jorge Eliecer Buitrago Uribe afirmó que el departamento había acudido a
esos mecanismos, tal circunstancia no quedó debidamente acreditada dentro del
proceso.
En cuanto al municipio de Villamaría, sostuvo que, aunque no le correspondía elaborar
los estudios técnicos de detalle, sí era la autoridad principalmente responsable de la
gestión del riesgo de desastres en el territorio donde se presentaba la amenaza, así como
de adoptar las medidas necesarias para la reubicación de los habitantes expuestos al
riesgo.
Respecto de Corpocaldas, concluyó que la entidad actuó dentro del ámbito de las
funciones de asesoría técnica previstas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. En
consecuencia, estimó que cumplió adecuadamente con las labores relacionadas con el
conocimiento del riesgo, pues los informes técnicos elaborados permitieron identificar y
documentar las condiciones de amenaza existentes en el sector objeto de la acción
popular.
Finalmente, frente a CHEC S.A. E.S.P., Efigas S.A. E.S.P. y Aquamaná S.A. E.S.P.,
consideró que no incurrieron en la vulneración de los derechos colectivos invocados, por
cuanto no tenían injerencia en la situación de inestabilidad del terreno ni competencia
para adelantar los estudios técnicos requeridos. En particular, respecto de Aquamaná
S.A. E.S.P., precisó que su actuación se limitó a la legalización del servicio de acueducto,
mientras que la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, de manera directa o indirecta, correspondía al municipio de Villamaría.
IV. El RECURSO DE APELACIÓN
4.1. El departamento de Caldas14 el 26 de marzo de 2025, interpuso recurso de
apelación, el cual estuvo soportado en lo siguiente:
En primer lugar, el departamento de Caldas cuestionó la orden impartida en el numeral
3.1 del ordinal tercero de la sentencia, al considerar que el plazo de seis (6) meses fijado
para adelantar los estudios relacionados con la identificación de las medidas de
mitigación y de las obras requeridas en el predio Los Sauces, ubicado en el municipio de
Villamaría, resultaba insuficiente dada la complejidad de la problemática.
Explicó que dichos estudios comprenden etapas de diagnóstico, análisis y verificación de
las condiciones actuales del inmueble, así como la realización de estudios de suelos,
actividades de muestreo y la evaluación de las condiciones topográficas. En ese sentido,
14 Visible a índice 91 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
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sostuvo que se requiere un término mínimo de un (1) año para su ejecución, teniendo en
cuenta, además, las actuaciones administrativas y contractuales que deben adelantarse
y las eventualidades que pueden presentarse durante el proceso de contratación.
En relación con el numeral 3.2 de la sentencia, manifestó que el plazo para la ejecución
de las obras solo puede definirse una vez se cuente con los resultados de los estudios
técnicos ordenados, pues únicamente a partir de estos será posible determinar las
intervenciones necesarias para mitigar el riesgo. Agregó que la orden relacionada con la
cesión de los títulos de propiedad a los ocupantes de las viviendas ubicadas en el predio
Los Sauces también exige un término mayor, debido a que previamente deben realizarse
los estudios necesarios para establecer la viabilidad jurídica y técnica de dicho
procedimiento.
Respecto de la orden orientada a garantizar la adecuada disposición de las aguas
residuales y de las aguas lluvias en el predio Los Sauces, señaló que el artículo 311 de
la Constitución Política asigna a los municipios la prestación de los servicios públicos, la
construcción de las obras que demande el progreso local, la promoción de la participación
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. En consecuencia,
afirmó que el principal responsable de cumplir dicha obligación es el municipio de
Villamaría. No obstante, precisó que, en el presente caso, la prestación de los servicios
de acueducto y alcantarillado se encuentra a cargo de Aquamaná S.A. E.S.P., empresa
que, en su criterio, es la llamada a garantizar el acceso a la infraestructura necesaria para
la prestación de tales servicios.
Añadió que, si bien los municipios pueden prestar los servicios públicos de manera directa
o indirecta, cuando optan por hacerlo a través de una empresa de servicios públicos
conservan el deber de ejercer la vigilancia sobre la adecuada y eficiente prestación del
servicio. En ese contexto, sostuvo que el departamento de Caldas no puede ser
considerado responsable por las deficiencias en la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado, por tratarse de materias ajenas a sus competencias.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la problemática relacionada con la ausencia
de un sistema de alcantarillado en el predio Los Sauces es propia del municipio de
Villamaría y de la empresa Aquamaná S.A. E.S.P., mas no de las competencias del
departamento de Caldas.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Se precisa que, el expediente 17001 23 33 000 2018 00620 01 fue repartido al
despacho del cual en la actualidad es titular el consejero Germán Eduardo Osorio
Cifuentes el 4 de abril de 201915, con el fin de que se desatara el recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 22 de febrero de 2019, que rechazó la demanda de la
referencia por no haber subsanado.
5.2. El citado magistrado mediante escrito del 10 de noviembre de 2023 manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16.
5.3. En proveído del 13 de diciembre de 202317, la Sala de la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró fundado el impedimento manifestado por el consejero Germán
Eduardo Osorio Cifuentes y ordenó separarlo del conocimiento del asunto.
15
Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai del radicado 17001 23 33 000 2018 00620 01.
16
Visible a índice 4 del Sistema de Gestión Judicial Samai del radicado 17001 23 33 000 2018 00620 01.
17
Visible a índice 7 del Sistema de Gestión Judicial Samai del radicado 17001 23 33 000 2018 00620 01.
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5.4. En auto del 1 de febrero de 202418, esta Corporación rechazó la decisión del 22 de
febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y devolvió el
expediente al despacho de origen.
5.5. Posteriormente, fue remitido nuevamente el proceso al cual le correspondió el
radicado núm. 17001 23 33 000 2018 00620 02, el cual fue repartido al despacho
sustanciador el 13 de mayo de 202519.
5.6. Mediante proveído del 19 de marzo de la presente anualidad20, se admitió el recurso
de apelación promovido por el departamento de Caldas y ordenó que el expediente fuera
remitido para fallo por la Secretaría General de la Corporación.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.
7.2. Planteamiento
La Sala advierte que el departamento de Caldas no controvierte la vulneración de los
derechos colectivos alegados en la demanda, la cual surge como consecuencia de la
falta de control a los inmuebles que fueron construidos de manera ilegal en el predio Los
Sauces del municipio de Villamaría, el cual fue catalogado de protección por las
amenazas que se presentan en el sector, derivado de los movimientos en masa.
No obstante, las discrepancias planteadas por el recurrente se encuentran relacionadas
con la competencia para cumplir con las órdenes de protección impartidas por el Tribunal
y los plazos que se fijaron para acatar la decisión.
En efecto, el departamento de Caldas considera que la orden relacionada con la
ejecución de obras para garantizar la disposición de aguas residuales y lluvias y la
adecuada prestación del servicio de alcantarillado en el predio Los Sauces, no hace parte
de sus competencias, pues es del resorte del municipio y de la empresa prestadora de
servicios públicos. Mientras que, para el Tribunal pese a que el municipio debe asegurar
la prestación efectiva y eficiente de los servicios públicos domiciliarios en su territorio, lo
cierto es que corresponde al departamento, de manera coordinada y dentro de sus
facultades, garantizar los recursos económicos, técnicos, logísticos, operativos, humanos
o de planificación para la ejecución del proyecto de alcantarillado ordenado en el fallo
recurrido.
18
Visible a índice 13 del Sistema de Gestión Judicial Samai del radicado 17001 23 33 000 2018 00620 01.
19
Visible a índice 3 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
20
Visible a índice 12 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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De otro lado, el apelante considera que los plazos que le fueron concedidos por el
Tribunal para dar cumplimiento a las medidas de protección que le fueron impuestas son
muy cortos y no tienen de presente los diferentes trámites administrativos que están de
por medio para su posible ejecución.
En ese orden, la Sala desatará los reparos esgrimidos.
7.3. Análisis de la Sala
7.3.1. De la controversia sobre las competencias del departamento frente a la
prestación del servicio público de alcantarillado
En este punto, tendrá que definirse si es procedente que, en la sentencia emitida en una
acción popular, se imparta una orden al departamento, para que, en el ámbito de sus
competencias lleve a cabo las obras necesarias para garantizar la disposición de aguas
residuales y lluvia y la prestación del servicio público de alcantarillado en el predio Los
Sauces.
Para resolver, primero se hará referencia a las competencias de las entidades apelantes
y luego se descenderá a las órdenes que les fueron impartidas.
a) De las competencias del municipio de Villamaría
Al respecto, es preciso indicar que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 365 de la
Constitución Política, la prestación de los servicios públicos es un asunto inherente a la
finalidad social del Estado, a quien le corresponde en todo caso, su regulación, control y
vigilancia, además de asegurar que su ejecución sea eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, aun cuando se defiera su prestación a los particulares.
La norma en cuestión es del siguiente tenor:
Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden
privadas del ejercicio de una actividad lícita. (Subrayas de la Sala)
A su vez, el artículo 311 ibidem señala, respecto de la competencia de los municipios
para la prestación de los servicios públicos, que, “como entidad fundamental de la división
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes”.
Por su parte, el artículo 366 ibidem, determinó:
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución
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de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
(Subrayas de la Sala).
A su vez, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, contemplaron:
Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la
ley.
(…)
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas,
los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las
personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección
constitucional.
(…)
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de
servicios públicos domiciliarios. (Subrayas de la Sala).
En ese mismo sentido, el Legislador desarrolló las normas constitucionales en la Ley 142
de 1994, estableciendo el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y advirtió al
respecto que su prestación es competencia de los municipios, y que, cuando el servicio
sea suministrado por una empresa privada, corresponde al ente territorial asegurar que
su prestación sea eficiente. Expresamente señaló:
Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá
en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en
el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política,
para los siguientes fines:
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico.
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan
razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.
2.5. Prestación eficiente.
Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios
públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción
a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública
básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto,
o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos
previstos en el artículo siguiente. (Subrayas de la Sala)
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Igualmente, vistos los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de la Ley 388 de 18 de julio de
1997, sobre la acción urbanística, la función pública del ordenamiento territorial se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las
decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, entre las
cuales se encuentran localizar y señalar las características de la infraestructura para los
servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos, tóxicos y peligrosos, así como los equipamientos de servicios de interés público
y social como centros docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la ejecución de obras
de infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, directamente por la entidad
pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con la ley. De esta forma, la
ley en mención prevé:
Artículo 8.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio
municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas que les son propias, relacionadas
con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo, adoptadas
mediante actos administrativos que no consolidan situaciones jurídicas de contenido
particular y concreto. Son acciones urbanísticas, entre otras:
(…)
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social,
tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
(…)
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios
públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública
o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. (Subrayas de la
Sala)
Aunado a esto, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, al definir las competencias de las
entidades territoriales, dispuso literalmente:
Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.
De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que corresponde al Estado, a través
de los municipios, asegurar a sus habitantes la prestación eficiente y oportuna de los
servicios públicos domiciliarios, por lo que debe adoptar las medidas necesarias para
garantizar el servicio de alcantarillado en óptimas condiciones de funcionalidad. Sobre el
particular, esta Sección, entre otras, en providencia del 4 de febrero de 2010, dijo
expresamente:
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De otra parte, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado, quien los podrá prestar, con sujeción al
régimen fijado por la ley, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por
particulares, pero en todo caso conservando su regulación, control y vigilancia.
Ahora bien, el artículo 331 de la Carta Política, consagra que:
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la Constitución y las leyes.21
Es así como los entes territoriales, aun cuando no asuman la prestación directa del
servicio de alcantarillado, mantienen dentro de sus competencias la garantía de que tal
actividad se efectuará de manera eficiente, por lo que, pese a ser prestados de manera
indirecta a través de empresas de servicios públicos, ello no significa que se desprendan
de su deber constitucional y legal de verificar y controlar su prestación, por tratarse de
una actividad que le fue expresamente confiada según las normas anteriormente citadas.
La Corte Constitucional se ha referido de la manera que a continuación se enuncia sobre
este aspecto:
Así, es claro que la prestación de los servicios públicos puede ser realizada tanto por las
autoridades públicas como por los particulares o comunidades organizadas, pero en todo
caso el Estado siempre tendrá bajo su cargo la regulación, control y vigilancia de estos
servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines que le competen (CP art.
365). Esta regulación, control y vigilancia de tales servicios armoniza además con la
facultad general que la Carta atribuye al Estado de dirigir la economía e intervenir en los
servicios públicos y privados para racionalizar la economía y mejorar la calidad de vida de
los habitantes, obviamente sin perjuicio del reconocimiento de la libre iniciativa privada
(CP arts. 333 y 334). Por consiguiente, la Carta, a pesar de que reconoce la posibilidad
de que los particulares presten servicios públicos, reserva funciones esenciales al Estado
en esta materia, y en especial le atribuye una competencia general de regulación (CP art.
365). Nótese que esta norma atribuye genéricamente esa función de regulación al Estado,
sin señalar explícitamente que ésta corresponde a una determinada institución específica.
Ahora bien, esta Corte ha señalado que en general la palabra Estado se emplea en la
Carta para designar al conjunto de órganos que realizan las diversas funciones y servicios
estatales, ya sea en el orden nacional, o ya sea en los otros niveles territoriales. Por ende,
cuando una disposición constitucional se refiere al Estado, y le impone un deber, o le
confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla
genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales. Por
ende, la competencia de regulación de los servicios públicos es genéricamente estatal, lo
cual obviamente no significa que esa facultad pueda ser atribuida por la ley a cualquier
entidad estatal, por cuanto la Constitución delimita, en materia de servicios públicos
domiciliarios, algunas órbitas específicas de actuación de las distintas ramas de poder,
las cuales deben ser respetadas.22 (Subrayas de la Sala)
b) De las competencias del departamento de Caldas
Pues bien, resulta oportuno señalar que artículo 288 de la Constitución Política, dispuso
que “Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
21 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de febrero
de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número:
76001233100020040021201.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998.
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conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos
que establezca la ley.” Así, el artículo 298 ibidem expuso que, “los departamentos ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes.”
A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012, definió los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes términos:
“Artículo 3º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4º. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios
ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución
de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en
especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias
y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades
estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen
competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de
conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar
el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio
deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley
orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y
económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera
podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto
defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las
competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración
territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo
económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su
imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios
a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de
mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios.
En ese sentido, es preciso indicar que, conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de 1994,
a los departamentos, en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los municipios, les corresponde, auxiliarlos cuando por razones
técnicas y económicas sea necesario, en la prestación de los servicios públicos. Esta
norma dispone:
Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios
públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios
públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos
de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:
(…)
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7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos
que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación
directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los
Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios
públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios
públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen (sic) la
organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la
celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto. (Subrayas de la Sala)
Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, determinó que los departamentos, en
cumplimiento de los anotados principios, están obligados a:
Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y
ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el
ejercicio de las siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos
en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental.
Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación directa de los servicios
públicos se encuentra a cargo de los municipios, quienes pueden efectuar dicha actividad
de forma directa o a través de las personas que designen para esos efectos. Mientras
que, los departamentos les corresponden asumir responsabilidades de carácter
complementario, es decir, deben auxiliar a los municipios y a las empresas prestadoras
de servicios públicos en esa materia, cuando así lo requieran.
En efecto, así se pronunció esta Sección en providencia del 22 de mayo de 2014:
En virtud de lo anterior, es claro que la prestación del servicio público de acueducto es
responsabilidad de los Municipios, a quienes como lo mencionaron las normas transcritas,
les compete asumir de manera directa o indirecta (a través de empresas prestadoras de
tal servicio u operadores) el suministro del mismo.
En efecto, el Legislador estableció en forma taxativa que dichas entidades territoriales
tienen la obligación de solucionar las necesidades insatisfechas de agua potable de la
población a su cargo y de asegurar que se les preste de manera eficiente el servicio
público de acueducto.
Así mismo, determinó que la función de los Departamentos en este aspecto se
circunscribe a ofrecer «apoyo y coordinación» a los Municipios o Distritos.
En concordancia con lo anterior, se observa que la Ley 715 de 2001 «Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros.», prevé:
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(…)
La norma anterior reitera, por un lado, la responsabilidad de los Municipios en relación
con la prestación de servicios públicos, y por el otro, que la función de los Departamentos
frente al asunto es de carácter complementario, en la medida en que impone a éstos el
deber de otorgar apoyo y coordinación, lo cual no configura su responsabilidad en la
prestación del servicio como tal más sí en relación con el soporte que deben brindar a los
Municipios en la materia.23
Mientras que, en proveído del 9 de julio de 2020, expuso:
Se reitera que estos principios deben guiar armoniosamente el desarrollo de las
competencias de las entidades territoriales. Esto es, en el caso concreto, el adecuado
relacionamiento entre el municipio de Morelia y el Departamento de Caquetá.
Nótese que a ese municipio “le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley y construir las obras que demande el progreso local”, “cuando las características
técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen,
conforme a lo dispuesto en los artículos 311 y 367 superiores.
Esos preceptos constitucionales fueron desarrollados por el artículo 3° (ordinales 10 y 19)
de la Ley 136 de 1994; el artículo 5° de la Ley 142; y el artículo 8 de la Ley 388 de 1997,
en el sentido de precisar que la prestación de los servicios públicos relacionados con el
saneamiento ambiental constituye una función principalísima a su cargo.
Sin embargo, el artículo 298 superior también dispuso que “[l]os departamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio.
Además, “ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de
la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de
los servicios que determinen la Constitución y las leyes”. Y, adicionalmente, les asisten
funciones de apoyo y coordinación en materia de servicios públicos (artículo 367
Constitucional).
Por ello, los artículos 7° de la Ley 142 y 74 de la Ley 715 de 2001 contemplan, entre sus
responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje
de planificación multisectorial que permita la materialización del principio de
coordinación.24 (Subrayas de la Sala)
c) De las competencias de la empresa Aquamaná ESP
Al respecto, es menester señalar que el artículo 365 de la Carta Política determinó que
los particulares podrán asumir la prestación de los derechos públicos; así:
Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de mayo
de 2014. Proceso radicado número: 73001 23 31 000 2012 00169 02. Consejera Ponente: María Elizabeth
García González.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de julio de
2020. Proceso radicado número: 18001 23 33 000 2018 00035 02. Consejero Ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
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aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden
privadas del ejercicio de una actividad lícita.
Por su parte, el numeral 11.1 de la Ley 142 de 1994 determinó que éstos deben asegurar
dicha prestación de forma eficiente y adecuada, mientras que el numeral 11.5. señaló
que en el ejercicio de dicha actividad debe garantizarse el cuidado del ambiente y los
recursos naturales. Las normas en cuestión son del siguiente tenor:
Artículo 11. Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de
servicios públicos. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada,
las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones:
11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la
posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.
(…)
11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte,
protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial
importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la
cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad. (Subrayas de la Sala)
Adicionalmente, la Sala pone de presente el informe elaborado por la empresa Aquamaná
ESP el 7 de octubre de 202425, sobre la prestación y calidad de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Villamaría, específicamente en lo
relacionado con el sector de Los Sauces:
Alcantarillado
Durante el año 2023 se llevó a cabo la Formulación del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado del municipio de Villamaría, que consiste en una hoja de ruta con una
proyección de 25 años para la optimización general de los componentes de saneamiento
y de agua potable del municipio. La evaluación actual del sistema de alcantarillado revela
problemáticas significativas en diversos sectores, como los barrios: el Centro, La Floresta,
Altos del Portón, Santa Ana, Villa Juanita, Guadales, Jorge Eliecer Gaitán, Coloya, Altos
del Portal y Sauces. Se identifican alrededor de 800 tramos de tubería, equivalentes a
aproximadamente 12,000 metros lineales, que muestran deficiencias, especialmente en
términos de capacidad hidráulica. Estos tramos podrían experimentar fallos en
condiciones de lluvias intensas, con posibles desbordamientos a través de las cámaras
debido al ingreso de un caudal superior al que las tuberías pueden gestionar. La mala
disposición de la continuidad en los diámetros de las tuberías, con transiciones abruptas
de diámetros grandes a más pequeños, se identifica como una causa común de
problemas en la capacidad de conducción. Es crucial abordar estas deficiencias para
prevenir futuros colapsos del sistema. Además, se destaca la necesidad de caracterizar y
buscar tuberías no encontradas durante el catastro inicial para una evaluación más
completa del sistema de alcantarillado.
La conclusión subraya la necesidad de coordinación entre el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para lograr un
sistema integral y eficiente. La sinergia entre estos planes no solo abordará las
problemáticas hidráulicas, sino que también establecerá un marco sólido para la gestión
sostenible de los vertimientos en el corto plazo. La integración de estos planes maximizará
la eficiencia hidráulica y garantizará una respuesta coordinada a los desafíos emergentes.
25 Visible a índice 35 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
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Como situación particular, se tiene que lo que se conoce hoy como sector los Sauces,
consiste en un asentamiento subnormal que ha ido llevando a cabo expansiones
constructivas sin ningún tipo de control urbanístico y sin sujeción al cumplimiento de las
normas técnica colombianas, en lo que respecta a las redes hidrosanitarias. Es así como
en la actualidad se tienen en el sector edificaciones, en su gran mayoría de uso
residencial, que fueron erigidas y se encuentran en pleno y no cuentan actualmente con
conexiones al sistema de alcantarillado, por lo tanto, los vertimientos de aguas residuales,
así como el manejo de aguas lluvias de bajantes, son entregados directamente al terreno.
(…)
En la actualidad el municipio de Villamaría no cuenta con un sistema general de
alcantarillado que permita la recolección y disposición de todas sus aguas residuales. Ante
los proyectos de tratamiento de aguas residuales que se proyectan, es fundamental contar
con un fortalecido sistema de colectores e interceptores que realmente reciba las aguas
residuales y abarque la mayor área posible, incluyendo los puntos nuevos de prospección
y expansión urbanística. Así como la posibilidad de eliminar los puntos actuales de
vertimiento de aguas residuales que afectan los cuerpos de agua.
Las quebradas que tienen su recorrido entre estas zonas urbanizadas y cuya cuenca
enmarcan las zonas habitadas se encuentran especialmente afectadas por la descarga
de los vertimientos de aguas residuales a sus cauces, lo que genera un problema
ambiental aguas abajo y afecta los ecosistemas.
Debido a esto, el municipio de Villamaría se ve en la obligación de atender estas
necesidades de recolección de aguas servidas y de cumplir con lo estipulado en la
normativa en el menor término posible, es por esto que AQUAMANÁ E.S.P., dentro de su
plan de desarrollo, se ha propuesto la optimización y separación de los sistemas de aguas
combinadas, con el fin de interceptar las aguas residuales y conducirlas al lugar de
tratamiento que tiene dispuesto el municipio para tal fin, impactando de manera positiva
en el aprovechamiento y mejora del recurso hídrico, lo cual beneficiará directamente a la
población y a su ecosistema. (Subrayas de la Sala)
7.3.1.1. Con el fin de resolver el interrogante que le asiste a la Sala, se trae a
colación la orden que motiva la inconformidad del departamento de Caldas, la cual es del
siguiente tenor:
3.3 Dentro del mismo término del numeral 3.2, ORDENAR al Departamento de Caldas y
al Municipio de Villamaría, adelantar las acciones y ejecutar las obras pertinentes para
garantizar la adecuada disposición de las aguas residuales y lluvias del predio “Los
Sauces”, así como la adecuada prestación del servicio de alcantarillado en ese sector.
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De cara al marco de competencias que reposa en párrafos anteriores, lo que advierte la
Sala es que, en principio le asiste razón al departamento de Caldas cuando afirma que
los principales prestadores del servicio de alcantarillado es el municipio de Villamaría y
de la empresa Aquamaná ESP, quienes deben suministrarlo de manera continua y
eficiente.
Sin embargo, no se puede dejar de lado que el departamento de Caldas debe contribuir
en el marco de sus competencias constitucionales y legales y en los términos explicados
anteriormente, con la gestión de recursos orientados a la construcción de la
infraestructura necesaria para garantizar la prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado en la zona objeto de amparo, es decir, que su participación activa es
determinante para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos.
La Sala reitera que, si bien el municipio de Villamaría y la empresa Aquamaná ESP, al
ser prestadores de servicios públicos domiciliarios son los principalmente responsables
de la construcción, mantenimiento y mejoras de la red de alcantarillado, en el marco de
los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y armonía regional,
deben trabajar articuladamente con la entidad departamental en el ejercicio de sus
competencias propias, y propender por la superación de la problemática planteada en el
caso concreto.
No obstante, ello no releva al departamento de Caldas del cumplimiento de las
competencias que la Constitución y la ley le atribuyen en materia de apoyo y concurrencia
para la financiación y ejecución de obras de infraestructura destinadas a la prestación de
los servicios públicos domiciliarios. En ese sentido, le corresponde contribuir, en el ámbito
de sus competencias y en los términos previamente expuestos, a la gestión y destinación
de recursos orientados a las obras necesarias en el sector objeto de protección, de
manera que su participación resulta determinante para la efectiva salvaguarda de los
derechos e intereses colectivos comprometidos.
En consecuencia, la Sala reitera que, si bien el municipio de Villamaría y la empresa
Aquamaná E.S.P., en su calidad de prestadores del servicio público domiciliario de
alcantarillado, son los principales responsables de la construcción, mantenimiento,
expansión y optimización de la infraestructura correspondiente, el cumplimiento de tales
obligaciones debe desarrollarse de manera articulada con el departamento de Caldas, en
aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad,
subsidiariedad y armonía regional. En tal virtud, cada una de las entidades involucradas
debe ejercer sus competencias de forma coordinada y complementaria, con el propósito
de superar la problemática que dio origen a la presente acción popular y garantizar la
protección efectiva de los derechos e intereses colectivos vulnerados.
Por lo tanto, el cargo no está llamado a prosperar.
No obstante lo anterior, la Sala observa que es necesario modificar la orden impartida
por el Tribunal Administrativo de Caldas en el numeral 3.3 del ordinal tercero de la
sentencia apelada, en el sentido de incluir a la empresa Aquamaná ESP por ser la
prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en
el municipio de Villamaría y quien durante el trámite del proceso puso de presente la
necesidad de mejorar el sistema de alcantarillado en el sector de Los Sauces,
específicamente en el informe del 7 de octubre de 2024.
7.3.2. Sobre los plazos establecidos para el cumplimiento de las órdenes
Por otro lado, la Sala tendrá que determinar si los plazos definidos para el cumplimiento
de las órdenes son proporcionales a las acciones que se deben ejecutar.
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Con el fin de desatar el anterior cuestionamiento, se procede a traer a colación los apartes
de la decisión de primera instancia que el departamento de Caldas controvierte:
TERCERO: ORDENAR como medidas de protección de los derechos colectivos,
las siguientes:
3.1 ORDENAR al Departamento de Caldas, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de este fallo, adelantar las gestiones administrativas, presupuestales
y técnicas requeridas, para la elaboración de los estudios de detalle en los que se
identifique si la situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del predio “Los
Sauces”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N°100-4928, ubicado en
el Municipio de Villamaría es o no mitigable y en qué zonas específicas, y en caso
afirmativo, determine las obras que deben ejecutarse.
• Si los estudios determinan que el riesgo es mitigable:
3.2 ORDENAR al Departamento de Caldas formular y ejecutar los proyectos de
intervención para la realización de las obras estructurales y no estructurales de
mitigación dentro del año siguiente al vencimiento del plazo de 6 meses otorgado
en el numeral anterior, y continuar con el procedimiento de cesión a título gratuito
del predio a los habitantes de las viviendas que allí están construidas, de acuerdo
con la autorización recibida mediante Ordenanza N°869 de 26 de noviembre de
2024.
Adicionalmente, se traen a colación las siguientes pruebas:
a) Contestación del 17 de julio de 2018 de la gobernación de Caldas, al derecho de
petición que radicó la demandante26:
Frente a la segunda solicitud, se señala que efectivamente el predio se encuentra habitado
de forma irregular por grupos familiares. Con el fin de dar solución a la problemática social
y beneficiar a la población caldense, la Asamblea del Departamento de Caldas aprobó la
Ordenanza 806 de 2017 por medio de la cual se autoriza al Señor Gobernador del
Departamento de Caldas, para ceder a título gratuito los terrenos de su propiedad que
sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés
social, en favor de los ocupantes que cumplan los requisitos señalados en la Ley 1001 de
2005, sus normas complementarias, y el Decreto reglamentario 1077 de 2015, dentro de
los cuales se encuentra identificado el de los Sauces del Municipio de Villamaría, donde
se ubican alrededor de 66 viviendas ocupadas con 73 familias aproximadamente.
Frente a la tercera solicitud, es necesario poner el conocimiento de las Procuradurías
Judiciales de Manizales, el trámite que se debe cumplir para llevar a cabo el saneamiento
o legalización de un bien fiscal, lo anterior, en el marco de la Ley 1001 de 2005 y del
Decreto 1077 de 2015, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ordenanza 806 de
2017:
(i) Se implementa una fase de identificación, estudio jurídico y técnico de predios, dentro
de la cual de en virtud a los planos existentes, escrituras públicas y certificados de libertad
y tradición, se señalan los inmuebles frente a los cuales recaería el proceso de titulación,
se constata el pleno dominio por parte del ente territorial y se cerciora que los mismos no
sean objeto de vicios, limitaciones o algún tipo de gravamen que impida adelantar los
tramites de cesión ante el órgano competente. El estudio técnico tiene como propósito
legalizar el asentamiento, pasar del lote madre a la individualización de las áreas
ocupadas por las familias, frente a lo cual se debe desarrollar un plano regulador
26 Visible a índice 18 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
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urbanístico de la totalidad de la extensión del asentamiento, determinando áreas de
cesión, andenes, jardines, parques de recreación, instituciones de prestación de servicios
públicos (hospitales, bibliotecas, colegios, etcétera), las áreas de ocupación y todos los
criterios que sean necesarios para la proyección urbanística del lugar objeto de
saneamiento.
(ii) La fase de certificación técnica de los inmuebles tiene como finalidad generar plena
confianza y certeza que el predio objeto de cesión no sea de uso público, ni destinado a
fines institucionales de salud o educación, que no se encuentre en áreas insalubres, de
riesgo o en zonas de conservación o protección ambiental y para ello el POT, se convierte
en una herramienta indispensable.
(iii) La etapa de socialización debe desarrollarse con el fin de concientizar a la comunidad
que se encuentra asentada en los predios del Departamento y que son objeto de titulación,
con el fin de generar credibilidad en el proceso, concebir concientización frente a la
legalidad del lugar donde se habita, clarificar sobre los beneficios futuros que se generarán
al tener pleno dominio y gozo del predio, de igual manera para informar sobre los deberes
y compromisos del beneficiario cuando este tenga registrado su título.
(iv) La etapa de trabajo de campo y prueba de ocupación refiere la necesidad de contar
con personal social que se traslade a los predios y genere un contacto directo con los
moradores, constatando la habitabilidad de las mejoras y la destinación del lugar para uso
de vivienda, indagando sobre la composición del núcleo familiar, la fecha de ocupación y
la manera de adquisición. Para ello, se recaudarán documentos que sirvan de prueba
frente a estos puntos.
(v) Etapa de selección de beneficiarios y limitaciones. En esta fase se tienen en cuenta
los insumos obtenidos del trabajo de campo, debiéndose probar que los ocupantes
cumplan con los siguientes requisitos: no devengar más de 4 salarios mínimos legales
vigentes, no ser propietarios de otros predios, no haber sido beneficiarios de otros
programas para la adquisición o construcción de vivienda, ello de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 1001 de 2005.
(vi) La etapa de determinación de vivienda de interés social, de conformidad con el
Decreto 1077 en su artículo 2.1.2.2.2.6, se señala la necesidad de realizar un avalúo que
determine que la vivienda se encuentra dentro del rango de VIS.
(vii) Cruce de información y validación ante FONVIVIENDA, es una de las fases finales
que certifica que efectivamente los beneficios cumplen con los requisitos tenidos en
cuenta en la etapa de selección, el hecho de no contar con otra propiedad y no haber sido
favorecido por otros programas de vivienda.
(viii) La fase de publicación hace hincapié a la necesidad de garantizar que el
procedimiento sea conocido por los interesados y se dé la oportunidad de recepcionar
solicitudes de posibles opositores al proceso.
(ix) Expedición del acto administrativo. Esta fase genera que la entidad tituladora, con el
lleno de los requisitos emita las resoluciones mediante las cuales se sanea el bien y se
efectúa la cesión a título gratuito, referenciando la información esencial del beneficiario,
componentes técnicos y jurídicos del predio, y obligaciones y deberes que se generan una
vez quede en firme el acto administrativo.
(x) La notificación del acto administrativo, es una etapa consecuente de su expedición que
se debe efectuar de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del CPACA.
(xi) Registro del acto administrativo. Una vez cobre ejecutoria la resolución debidamente
notificada conforme al artículo 89 de la norma ibidem, se registrará en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente, convirtiéndose en plena prueba de propiedad en favor del
ocupante beneficiario del proceso.
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De conformidad con lo anterior, el Departamento de Caldas, frente a los predios ocupados
para uso de vivienda de interés social en el sector Los SAUCES del Municipio de
Villamaría, Caldas, que son objeto de cesión a título gratuito (siempre y cuando se
cumplan los requisitos legales para el efecto), está desarrollado el siguiente
procedimiento:
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO JURÍDICO Y TÉCNICO DE PREDIOS CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES
Identificación: Esta fase se encuentra cumplida. Al respecto se identificaron 73 familias
que ocupan predios para uso de vivienda de interés social, que hacen parte de los lotes
de mayor extensión del Departamento de Caldas.
Estudio Jurídico: Frente al predio se constató la titularidad de pleno dominio por parte del
Departamento de Caldas, libre de gravámenes, limitaciones de dominio y/o afectaciones.
Estudio Técnico: Esta fase aún no se ha desarrollado por encontrarse en trámite la
certificación técnica del predio que más adelante se expondrá.
ETAPA DE CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS INMUEBLES
Esta etapa de certificación técnica del inmueble se encuentra en proceso, teniendo en
cuenta la visita campo e informe presentado por parte de profesional en Ingeniería
Ambiental de la Secretaría de Vivienda del Departamento de Caldas, quien determinó que
antes de proceder con un proceso de titulación es menester realizar obras civiles
necesarias frente a las condiciones de amenaza por movimientos en masa e inundaciones
que se presentan en el sector. De acuerdo a ello, se dispuso oficiar a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas, Municipio de Villamaría, Caldas y Unidad
de Riesgos del Departamento - UDEGER, para que de acuerdo a las competencias que
se les confiere se identifiquen con claridad los riesgos ambientales en Los Sauces y si es
del caso de forma mancomunada encontrar alternativas de solución que puedan generar
la continuidad en el desarrollo del proceso de saneamiento y cesión de predios a las
familias ocupantes.
(…)
ETAPA DE SOCIALIZACIÓN
El proceso de socialización se encuentra ejecutado, a través del cual la Secretaría de
Vivienda del Departamento de Caldas informó a líderes del sector y a la comunidad en
general, sobre los siguientes puntos:
• Cuáles son las ventajas del programa sus beneficios y la responsabilidad de cada
uno de los ocupantes al beneficiarse.
• Fechas en que se inician los trabajos de identificación en campo que
documentación soporte deben presentar al personal encargado de las encuestas.
• Las etapas del proceso.
• Análisis de la Ordenanza 806 de 2017
ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO Y PRUEBA DE OCUPACIÓN
Conjuntamente se desarrolló el proceso de socialización, visita técnica por parte del
Ingeniero Ambiental y 12 visitas por parte de la trabajadora social. Frente a este predio
objeto de titulación el proceso de identificación de prueba de ocupación continuará una
vez se desarrollen los estudios correspondientes que puedan determinar la viabilidad del
saneamiento.
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ETAPAS SIGUIENTES
Una vez se adelanten los estudios necesarios determinados por Corpocaldas y que están
a cargo del Municipio de Villamaría, Caldas, se podrá dar continuidad al proceso de
saneamiento y legalización de los predios.
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito adjuntar al presente escrito, copia
de todo el trámite que se viene adelantando en el sector Los Sauces del Municipio de
Villamaría, Caldas y copia del oficio emitido por el Grupo de Bienes del Departamento de
Caldas. (Subrayas de la Sala)
b) Ordenanza núm. 806 del 27 de julio de 201727 emitida por la Asamblea
Departamental de Caldas, “Por medio del cual se otorga facultades al señor Gobernador
para efectuar un saneamiento de bienes fiscales y se dictan otras disposiciones”:
TITULO I DEL SANEAMIENTO DE LOS BIENES FISCALES
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Señor Gobernador del Departamento de Caldas, para
ceder a título gratuito los terrenos del Departamento de Caldas que sean bienes fiscales
y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, en favor de los
ocupantes que cumplan los requisitos señalados en la Ley 1001 de 2005, sus normas
complementarias, y el Decreto reglamentario 1077 de 2015.
(…)
PARÁGRAFO: Autorizar al Señor Gobernador para efectuar Actos traslaticios de dominio
sobre bienes inmuebles que siendo Propiedad del Departamento de Caldas se encuentren
ubicados en la Jurisdicción de entes territoriales Municipales, y sean requeridos para
Proyectos de Desarrollo Social, de vivienda, Deportivos, salud previstos en los Planes de
Desarrollo de los Respectivos Municipios.
Para lo anterior los Alcaldes Municipales, podrán formular los respectivos Proyectos y
presentarlos ante el Departamento.
(…)
ARTICULO SEPTIMO: Conceder al Señor Gobernador un término de veinticuatro meses
(24) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ordenanza, para
el cumplimiento de las autorizaciones otorgadas en el presente acto. (Subrayas de la Sala)
c) Ordenanza núm. 982 del 19 de noviembre de 202428, emitida por la Asamblea
Departamental de Caldas, “Por la cual se autoriza al gobernador del departamento de
Caldas para transferir, enajenar directamente y ceder a título gratuito unos predios
fiscales y se dictan otras disposiciones”:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Gobernador del Departamento de Caldas, para
transferir gratuitamente a entidades de orden nacional o territorial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012, el artículo 197 de la Ley 2294 de 2023,
y demás normas que los complementen o sustituyan; a ceder a título gratuito en favor de
los hogares que cumplan con los requisitos legales y enajenar directamente bienes
inmuebles fiscales que a la fecha no están siendo usados por el Departamento de Caldas
y que están siendo usados y/o explotados económicamente por terceros, siempre y
cuando se cumplan los requisitos legales establecidos para cada una de esas acciones
en la Ley 1955 de 2019, el Decreto 0149 de 2020, la Ley 2044 de 2020, el Decreto 523
de 2021 y demás normas que los complementen o sustituyan.
27 Visible a índice 39 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
28 Visible a índice 67 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
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(…)
ARTÍCULO TERCERO: Conceder al Señor Gobernador hasta el 31 de diciembre de 2027
para el cumplimiento de las acciones encaminadas a ejercer la autorización otorgada.
(Subrayas de la Sala)
De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que el departamento de Caldas tenía
pleno conocimiento, por lo menos desde el año 2017, de la ocupación ilegal que se venía
presentando en el predio Los Sauces, de su propiedad. Tan evidente era dicha situación
que la Asamblea Departamental expidió la Ordenanza núm. 806 de 2017, mediante la
cual facultó al gobernador para ceder a título gratuito la propiedad de los bienes fiscales
ocupados de manera ilegal y que son de propiedad del departamento, aspecto dentro del
cual encaja el inmueble motivo de protección en la presente acción popular.
No obstante, la vigencia de dicho acto administrativo fue fijada en veinticuatro (24) meses,
término que expiró sin que se hubiera logrado solucionar la problemática existente en el
municipio de Villamaría. Muestra de ello es que la Asamblea Departamental expidió
posteriormente la Ordenanza núm. 982 del 19 de noviembre de 2024, mediante la cual
nuevamente facultó al gobernador para adelantar el proceso de legalización de dichos
inmuebles, otorgándole plazo hasta el 31 de diciembre de 2027. Lo anterior evidencia
que la situación persistió durante varios años sin que se adoptara una solución definitiva.
Adicionalmente, se advierte que, de acuerdo con la respuesta suministrada por la
Gobernación de Caldas a la parte demandante, para el año 2018 ya se encontraba en
trámite el procedimiento de saneamiento o legalización de bienes fiscales, de
conformidad con lo previsto en la Ley 1001 de 2005 y el Decreto núm. 1077 de 2015. En
efecto, la entidad informó que había culminado etapas como la identificación del
inmueble, la certificación técnica, la socialización del proceso y la verificación de la
ocupación mediante trabajo de campo, mientras que las demás fases se encontraban en
ejecución.
En ese contexto, la Sala no accederá a la solicitud del departamento de Caldas de
modificar los plazos fijados para el cumplimiento de las órdenes contenidas en los
numerales 3.1 y 3.2 del ordinal tercero de la sentencia apelada. En efecto, el término de
seis (6) meses previstos para elaborar los estudios dirigidos a determinar la situación de
amenaza o riesgo existente en el predio Los Sauces resulta razonable y suficiente, si se
considera que la problemática objeto del presente proceso se conoce desde, al menos,
el año 2017, sin que durante aproximadamente nueve (9) años las autoridades
competentes hayan adoptado una solución definitiva. A ello se suma que las viviendas
fueron construidas en un sector catalogado como de amenaza por su susceptibilidad a
los movimientos en masa, circunstancia que exige una actuación pronta y eficaz de las
entidades involucradas.
De igual manera, el plazo de un (1) año otorgado para formular y ejecutar los proyectos
de intervención y adelantar los procedimientos de cesión gratuita del inmueble tampoco
resulta desproporcionado. Por el contrario, se estima suficiente, habida consideración de
que el procedimiento de legalización del predio ya había sido iniciado por el departamento
de Caldas, según quedó acreditado en la contestación al derecho de petición del 17 de
julio de 2018. Además, la facultad conferida al gobernador mediante la Ordenanza núm.
869 de 2024 se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, circunstancia que permite
adelantar de manera oportuna las actuaciones necesarias para culminar el proceso de
legalización y regularizar la situación jurídica de los predios ubicados en el sector Los
Sauces del municipio de Villamaría.
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En consecuencia, los argumentos expuestos por el departamento de Caldas no tienen
vocación de prosperidad y, por tanto, no hay lugar a modificar los términos establecidos
en la sentencia de primera instancia.
7.4. De las órdenes de amparo
Con el fin de hacer efectiva la salvaguarda de los derechos transgredidos y teniendo en
cuenta que esta Sala advirtió que Aquamaná ESP también es competente para dar
cumplimiento a las órdenes impuestas por el Tribunal Administrativo de Caldas, se
modificaran las decisiones acogidas en la sentencia del 14 de marzo de 2025 de la
siguiente manera:
En primer lugar, se modificarán los ordinales primero y segundo, en el sentido de no
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de Aquamaná ESP y agregar a dicha empresa como vulneradora de los derechos e
intereses colectivos, puesto que, como se puso en conocimiento en párrafos anteriores
dicha empresa es la prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo por lo que le asiste la responsabilidad de colaborar con la ejecución de las obras
relacionadas con la construcción de un sistema de alcantarillado en el sector Los Sauces
en el municipio de Villamaría.
Además, se modificará el numeral 3.1. del ordinal tercero, en el sentido de adicionar a la
orden al municipio de Villamaría, debido a que en virtud de lo previsto en la Ley 1523 de
2012, la autoridad territorial es la directora de la gestión del riesgo en su territorio, por lo
que es necesario que en cumplimiento de sus competencias colabore con el
departamento de Caldas para llevar a cabo los estudios y análisis correspondientes sobre
la amenaza que se presenta en la zona afectada.
En consecuencia, la Sala modificará los ordinales primero, segundo y tercero numeral
3.1 de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Caldas y confirmará en lo demás.
No obstante, si por alguna razón sobreviniente y ajena a las gestiones de las entidades
destinatarias de lo aquí dispuesto, no se pudiese cumplir con las órdenes judiciales
proferida dentro de los términos establecidos, deberá informarse tal situación al Tribunal
Administrativo de Caldas, para que, en el marco del comité de verificación conformado,
éste determine, de ser procedente, la necesidad de ampliar los plazos, tal como lo ha
determinado esta Sección en diferentes ocasiones29.
7.5. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201930, no se condenará en costas
en esta instancia porque, aunque el recurso de apelación fue resuelto desfavorable, no
se acreditó su causación a lo largo del trámite del proceso en segunda instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de abril de 2026, M.P Carlos Fernando Mantilla
Navarro.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia
de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero y tercero, numerales 3.1 y 3.3 de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Caldas, los cuales quedarán de la siguiente manera -los cambios serán resaltados-:
PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de “Corpocaldas ha actuado conforme
a los postulados legales y constitucionales”, formulada por Corpocaldas y “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, respecto a la CHEC S.A. E.S.P. y Efigas S.A. E.S.P.
SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad del Departamento de Caldas, el
Municipio de Villamaría y la empresa Aquamaná ESP, en la vulneración de los
derechos colectivos contenidos en los literales a), g), l) y m) del artículo 4 de la
Ley 472 de 1998, sobre: El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; La
seguridad y salubridad públicas; El derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; y La realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, a raíz de la situación de inestabilidad de la ladera donde se ubica el
predio denominado “Los Sauces” y la inadecuada disposición de aguas residuales
y lluvias en el sector.
TERCERO: ORDENAR como medidas de protección de los derechos colectivos, las
siguientes:
3.1 ORDENAR al Departamento de Caldas para que, en coordinación con el municipio de
Villamaría y en el ámbito de sus competencias, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de este fallo, adelantar las gestiones administrativas, presupuestales y
técnicas requeridas, para la elaboración de los estudios de detalle en los que se identifique
si la situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del predio “Los Sauces”, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria N°100-4928, ubicado en el Municipio de Villamaría
es o no mitigable y en qué zonas específicas, y en caso afirmativo, determine las obras
que deben ejecutarse.
(…)
3.3 Dentro del mismo término del numeral 3.2, ORDENAR al Departamento de Caldas, al
Municipio de Villamaría y a la empresa Aquamaná ESP, adelantar las acciones y ejecutar
las obras pertinentes para garantizar la adecuada disposición de las aguas residuales y
lluvias del predio “Los Sauces”, así como la adecuada prestación del servicio de
alcantarillado en ese sector.
Si por alguna razón sobreviniente y ajena a las gestiones de las entidades destinatarias
de lo aquí dispuesto, no se pudiese cumplir con las órdenes judiciales proferida dentro de
los términos establecidos, deberá informarse tal situación al Tribunal Administrativo de
Caldas, para que, en el marco del comité de verificación conformado, éste determine, de
ser procedente, la necesidad de ampliar los plazos dados para el cumplimiento de las
órdenes.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025
por el Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
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Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Departamento de Caldas y otros
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 27 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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