Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00032-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00032-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00032-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2019 00032 01 (0627-2020)
Demandante Faynore Sanabria Rivera
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y departamento de Caldas
Tema: Sanción moratoria por ajuste de cesantías
definitivas como resultado de una nueva
reclamación.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 19 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda
Con la demanda se pretende la nulidad del artículo 6° de la Resolución nro. 8606-
6 del 18 de octubre de 2018, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de la sanción por mora.
Como consecuencia de lo anterior, solicita: (i) se reconozca y pague la sanción
moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente
a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados a partir del vencimiento
de los 70 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de las cesantías
definitivas, hasta cuando se hizo efectivo el pago total de la prestación; (ii) se
cancelen los ajustes a que haya lugar con motivo de la disminución del poder
adquisitivo de la sanción por mora, teniendo como base la variación del IPC,
desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, (iii) se paguen los intereses
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moratorios a partir del día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia y
hasta cuando se lleve a cabo el pago de la sanción moratoria reconocida; y (iv)
se condene en costas a la parte demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación con
independencia patrimonial, sin personería jurídica. En la misma norma se le
asignó la competencia al fondo para el pago de las cesantías a los docentes
vinculados en los establecimientos educativos del sector oficial.
Por haber laborado como docente en el departamento de Caldas, la actora en
fecha del 23 de febrero de 2016 presentó reclamación administrativa para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. Dicha prestación fue
reconocida por medio de la Resolución nro. 2715-6 del 6 de abril de 2016, donde
se incluyeron los factores salariales de sueldo mensual, la prima de navidad, la
prima de vacaciones y bonificación por servicios. Las referidas cesantías fueron
canceladas por intermedio de entidad bancaria BBVA.
Mediante el Decreto 1545 del 19 de julio de 2013 se estableció la prima de
servicios para el personal docente, en cuyo artículo 5 se determinó que constituía
factor salarial para liquidar las cesantías.
El 13 de septiembre del 2018, la demandante radicó petición solicitando el ajuste
de las cesantías definitivas para que se incluyera la prima de servicios, y en
consecuencia se reconociera la sanción mora desde los 70 días siguientes a la
radicación de la petición inicial de las cesantías definitivas, hasta cuando fuera
realizado el pago total de la prestación, con la inclusión de tal factor.
La entidad demandada por medio de la Resolución nro. 8606-6 del 18 de octubre
de 2018, ajustó las cesantías reconocidas incluyendo la prima de servicios como
factor salarial, pero negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Afirmó la demandante que solicitó las cesantías definitivas el 23 de febrero de
2016 siendo el plazo para cancelarlas el 9 de junio de 2016, transcurriendo hasta
la fecha en que fueron reajustadas mediante la Resolución nro. 8606-6 de 18 de
octubre de 2018, un total de 1040 días de mora.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5 y 15 de la Ley
91 de 1989; artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y artículos 4 y 5 de la Ley 1071
de 2006.
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En síntesis, en el concepto de violación expuso que la demandante laboró como
docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
teniendo un régimen de retroactividad en las cesantías1. Al terminar su relación
laboral se habían expedido los Decretos 1545 de 2013 y 1566 de 2014, mediante
los cuales se estableció a favor de los docentes la prima de servicios y la
bonificación por servicios.
A la señora Sanabria Rivera le fueron reconocidas las cesantías definitivas en
monto inferior al que tenía derecho, al no incluirse el factor salarial antes
mencionado, constituyendo un pago parcial de la prestación que solo vino a ser
superado con el pago del ajuste contenido en la Resolución nro. 8606-6 del 18
de octubre de 2018.
Aunque la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa debe
entenderse que entre la solicitud y el pago no deben superarse los 70 días
hábiles, el FNPSM canceló la prestación fuera de los términos establecidos en
la Ley.
1.4. Contestación de la demanda
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio2, a través de apoderado, se pronunció
sobre los hechos y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las
pretensiones de la demanda, toda vez las mismas buscan el reconocimiento de
la sanción moratoria respecto al reajuste de las cesantías definitivas, situación
no prevista por el legislador dentro de los supuestos generadores de penalidad.
Acto seguido, propuso las excepciones de “ineptitud sustancial de la demanda
por falta de integración del petitum”, “caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho”, “inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido” y “genérica”.
El departamento de Caldas se opuso a todas las pretensiones formuladas en
la demanda, ya que la demandante no le asisten razones fácticas, legales y
jurisprudenciales para reclamar ante el ente territorial.
Dirigir las pretensiones pecuniarias al departamento de Caldas generaría un
detrimento patrimonial, ya que la entidad no cuenta con los recursos para asumir
dicha carga. En ese escenario, no es razonable que se vincule al ente territorial.
De otra parte, manifestó que la responsabilidad de reconocimiento y pago de
prestaciones es del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
1 Periodo comprendido entre el 26 de abril de 1978 y el 30 de diciembre de 2015.
2 Folios 59 a 76 del expediente físico.
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Por último, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “buena fe”, “inexistencia de la obligación con fundamento en la Ley”,
“inaplicabilidad de la sanción moratoria”.
1.5. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 19 de septiembre
de 2019, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
Como sustento de su decisión, consideró el juez de primera instancia que la
actora solicitó el reconocimiento de la sanción por mora, al estimar que la misma
se causa por la liquidación inexacta de las cesantías, lo que implicó la expedición
de un nuevo acto administrativo que reajustó la prestación social.
Sostuvo que el reajuste de las cesantías o la diferencia causada por la
liquidación de esta, no se encuentra dentro de los supuestos normativos para
que se genere la sanción moratoria, pues ello no implica que la prestación se
hubiese pagado en forma inoportuna o de forma tardía; por el contrario, el
FNPSM reconoció y pagó la cesantía definitiva de la demandante.
La administración en el acto de reconocimiento de cesantías definitivas consignó
los rubros y factores a tener en cuenta, sin que la parte interesada hubiese
presentado recurso alguno.
La parte demandante solicitó su reliquidación, después de reconocerse las
cesantías, por lo que el reconocimiento estaba en firme y no sería razonable, ni
ajustado a derecho imponer al Estado una prestación económica por el tiempo
en que la actora no ejecutó acciones para defender sus intereses.
Advirtió que, al ser una sanción, debe estar expresamente prevista en la Ley, y
por ende no se puede extender o aplicar por analogía a supuestos de hecho o
de derecho distintos a los previstos por ella explícitamente.
1.6. Recurso de apelación4.
El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, al considerar que, si bien existió
un pronunciamiento expreso sobre las cesantías y un pago, este debe
3 Folios 105 a 110 del expediente digital.
Mediante auto del 23 de julio de 2024 se requirió al Tribunal Administrativo de Caldas para que
allegara copia íntegra y completa de la sentencia de la referencia, debido a la incompletitud del
expediente físico.
En atención a lo requerido, el Tribunal allegó la sentencia.
4 Folios 115 a 120 del expediente físico.
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considerarse parcial, pues al no estar de acuerdo con el monto reconocido se
presentó la petición que culminó con el pago total de las cesantías mediante el
ajuste otorgado, configurándose la hipótesis de pago inferior al que tenía
derecho, establecido en la sentencia de unificación con radicado 76001 23 31
000 2000 02513 01 del 27 de marzo de 2007. «d) Existe pronunciamiento
expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de
acuerdo con el monto reconocido» y en la sentencia con radicado nro. 19001 23
31 000 2003 02134 01 de la Sección Segunda.
Al comprobarse que el FNPSM y la Secretaría de Educación excluyeron como
factor salarial la prima de servicios, la sanción debe imponerse desde que se
debía realizar el pago de las cesantías definitivas, es decir cuando venció el
término de la petición inicial, y hasta que se pagó la diferencia insoluta.
Alegó que i) los derechos laborales no son dádivas de la administración, para
considerar que al haber accedido al ajuste de las cesantías, ésta haya actuado
de manera generosa, por el contrario, la suma reconocida corresponde al
legítimo ejercicio de un derecho; ii) La solicitud de ajuste de las cesantías
definitivas fue radicado cuando aún no habían transcurrido tres (3) años de la
desvinculación del servicio, lo cual legitima la reclamación y el reconocimiento
realizado más allá de las consideraciones efectuadas respecto a las cesantías
definitivas; iii) El Ministerio de Educación Nacional actuó de mala fe al
desconocer la prima de servicios como factor salarial para efectos de la
liquidación de las cesantías; iv) En el expediente y en la hoja de revisión
expedida por la entidad fiduciaria encargada de los recursos del FNPSM, se
consagra expresamente la negación de la prima de servicios bajo el entendido
que esta no se encuentra en el manual de liquidación, misma que termina siendo
incluida posteriormente y v) los actos proferidos por la administración legitiman
el ejercicio de la acción al haber emitido pronunciamiento expreso respecto al
ajuste de las cesantías y la sanción por el no pago total de las mismas, más allá
de la renuncia a términos5.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 14 de septiembre de 2020, se dispuso correr traslado a las
partes para que presentaran alegatos de conclusión.
Las partes y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación
guardaron silencio.
Por medio de auto del 23 de julio de 20246 se requirió al Tribunal Administrativo
de Caldas para que se allegara copia íntegra y completa de la sentencia del 19
5 Palabras usadas por la apelante en su recurso.
6 Folio 137 del expediente físico.
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de septiembre de 2019, ante la falta de algunas páginas de la providencia. Como
respuesta, el citado tribunal el 14 de agosto de este año dio cuenta de la
existencia de la sentencia y allegó la notificada a las partes.
Control de legalidad. Tramitado en forma legal el proceso y no observando la
Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.
2.2. Problema jurídico
Esta Sala de Subsección determinará si procede el reconocimiento de la sanción
moratoria, contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por un ajuste
posterior de las cesantías definitivas, tras el vencimiento de los 70 días hábiles
siguientes a la radicación de la solicitud inicial de la prestación o si hay
confirmación de la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y ii) caso
concreto.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Actuación administrativa
De conformidad a lo previsto en la primera parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8- CPACA-, una de las formas
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 En adelante CPACA.
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de iniciar la actuación administrativa, es a través del ejercicio del derecho de
petición en interés particular9, y su objeto es obtener resolución de lo pretendido.
La misma se rige por los principios consagrados en la Constitución Política, en
la parte primera del CPACA y en leyes especiales, concretamente el «debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad».
Además, está sujeta a un procedimiento compuesto por unas etapas y términos
preclusivos, la cual finaliza con la expedición de una decisión definitiva, esto es
con un acto administrativo; contra el cual, dentro del término de ejecutoria
proceden los recursos en sede administrativa, prerrogativa que permite la
revisión de la decisión. 10 , adquiriendo firmeza, entre otros «3. Desde el día
siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos».11
Acto administrativo que se presume legal mientras no haya sido anulado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o suspendido.12
De la normatividad citada se desprende que, la petición de cesantías definitivas
es una actuación administrativa que inicia a solicitud de parte.
Actuación que tiene un término especial para su resolución definido en la ley, y
la jurisprudencia, como se advierte seguidamente.
2.3.2. Solicitud de cesantías definitivas y sanción moratoria
El artículo 1° de la antedicha Ley 244 de 1995, establece que la entidad
empleadora deberá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reclamación del
interesado, expedir el acto administrativo correspondiente, sin perjuicio de las
solicitudes incompletas, las cuales deben subsanarse para que inicie el término
de la referencia, tal como se transcribe a continuación:
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos
de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si
reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá
informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.
9 Artículo 4 CPACA
10 El trámite y decisión para los asuntos no sujetos a régimen especial se encuentra previsto en los artículos
74 a 85 de la misma codificación.
11 Artículo 87 ibidem.
12 Artículo 88 CPACA
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Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos
señalados en el inciso primero de este artículo».
De igual manera, el artículo 2° ibidem, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo
que reconoce las cesantías, para cancelar dicha prestación, veamos:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta
prestación social».
Ahora bien, la norma igualmente dispone una sanción moratoria cuando se
incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago.
El parágrafo del artículo en comento estipula la sanción mora, de la siguiente
manera:
«Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste».
Posteriormente, con la Ley 1071 de 2006 13 , se introdujo lo atinente al
reconocimiento de las cesantías parciales de los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuno reconocimiento y cancelación; y se establecieron
los términos para efectuar dicho pago, así:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los
peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y
pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez
aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los
términos señalados en el inciso primero de este artículo».
Igualmente, el artículo 5° ibidem, consagró un término para el pago de las
cesantías parciales o definitivas y la correspondiente sanción por el
incumplimiento del mismo, consistente en el pago de un día de salario por cada
día de retraso, así:
13 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.”
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«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago
de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando
se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este».
Sobre el tópico en comento, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la
fecha de causación de la sanción moratoria. Es así, como el aludido cuerpo
colegiado adujo que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial
concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la
prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término
para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición
correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia
del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles
a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los
70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
Para mayor ilustración se trae a colación, las reglas jurisprudenciales fijadas por
esta Corporación en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la
exigibilidad de la sanción moratoria en comento:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede evidenciar
en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
computo del término la ejecutoria petición
(después de 15 días) el acto
de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
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ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Aviso ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO siguiente de entrega del aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la renuncia
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del recurso
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
2.3.3. De la naturaleza de las cesantías
Las cesantías conciernen a una prestación social a cargo del empleador, que
constituye un auxilio para el trabajador en caso de quedar cesante.
En el ordenamiento jurídico, existen dos sistemas para la liquidación y pago de
las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.
En el régimen retroactivo, el valor del auxilio está en poder del empleador durante
la vigencia de la relación laboral y se paga con base en el último salario
devengado, conforme a las Leyes 6a de 1945, 65 de 1946 y el Decreto 1160 de
1947.
Y en el régimen anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968 y, después, en
la Ley 50 de 1990, las cesantías se liquidan anualmente y deben consignarse a
la Administradora del Fondo de Cesantías, el 14 de febrero de cada año.
El carácter unitario o periódico de esta prestación, en criterio de la jurisprudencia
de esta Corporación14 lo define la terminación del vínculo laboral. En tal sentido,
este órgano ha precisado que mientras subsista la vinculación, la prestación
social es periódica, no obstante, se considera como prestación unitaria cuando
ha culminado el vínculo laboral del trabajador con la administración.
2.4 Caso concreto
Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala
acreditado que la parte demandante el 23 de febrero de 2016 15 , solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
14 Al respecto, ver sentencias del 25 de abril de 2019 con radicado 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-
17) y del 23 de enero de 2020 con radicado 25000-23-42-000-2017-05670-01(1553-18).
15 Así se evidencia en la Resolución nro. 2715-6 del 6 de abril de 2016.
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Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
mediante Resolución nro. 2715-6 del 6 de abril de 201616, reconoció y ordenó
dicho pago por la suma de 118.713.009 COP, de la cual descontó 55.309.931
COP por concepto de cesantías parciales y 1.506.720 COP por deudas a
terceros autorizadas por la docente, quedando un saldo liquido por valor de
61.896.358 COP. Acto administrativo notificado el 13 de abril de ese año,
decisión que quedó ejecutoriada previa renuncia de términos por la interesada.
El 14 de septiembre de 201817, la señora Faynore Sanabria Rivera presentó
solicitud de ajuste de las cesantías reconocidas, por la no inclusión de la prima
de servicios en la liquidación. Asimismo, pidió la sanción por mora establecida
en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de
retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de
haberse radicado la solicitud de cesantías.
La Secretaría de Educación de Caldas a través de la Resolución nro. 8606-6
emitida el 8 de octubre de 2018 18 , ajustó las cesantías definitivas de la
peticionaria, aumentando la suma a 123.140.572 COP, cancelando a la docente
la diferencia de 4.427.563 COP, valor que quedó a disposición el 13 de diciembre
de 2018, tal como se evidencia en el certificado bancario de pago emitido por el
banco BBVA19. De otro lado, negó el reconocimiento de la sanción moratoria.
De cara a la premisa normativa citada y lo acreditado en el proceso, en criterio
de la Sala, no es dable contabilizar la sanción moratoria desde la petición inicial
de cesantías, en atención a que la reclamación realizada con el fin de obtener un
ajuste a las cesantías y que dio lugar a la expedición de la Resolución nro. 8606-
6 del 8 de octubre de 2018, no da lugar a revivir los términos frente a la primera
actuación, como lo pretende la recurrente, ya que como se indicó en precedencia
los términos y etapas de la actuación administrativa son preclusivos. Así, que el
reconocimiento y pago contenido en la Resolución nro. 2715-6 del 6 de abril de
2016, no constituye un pago parcial para esos efectos.
Se aduce en el recurso que el Tribunal de Primera Instancia no consideró las
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con radicado 19001-
23-31-000-2003-02134-01, y de la Sala Plena, identificada bajo el número
76001-23-31-000-2000-02513-01, en las que apoya su pretensión; sin embargo,
las providencias antes mencionadas no dispusieron nada diferente frente a la
causación de la sanción moratoria por pago de las cesantías parciales o
definitivas. Véase:
16 Folios 27 y 28 del expediente físico.
17 Folios 21 a 25 del expediente digital y, además, así se evidencia en la Resolución nro. 8606-6 del 8 de
octubre de 2018.
18 Folios 35 y 36 del expediente físico.
19 Folio 37 del expediente físico.
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La sentencia de unificación del 27 de marzo de 2007, proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado, radicado 76001-23-31-000-2000-02513-01, se ocupó de
determinar un asunto de carácter procesal, al definir el medio de control
procedente tratándose del reclamo de las cesantías y de la sanción moratoria,
para lo cual tuvo en cuenta las diferentes hipótesis que se pueden presentar,
entre las que se encuentra cuando «5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las
cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto
reconocido», en cuyo caso, concluyó que, al existir discusión respecto del
contenido del acto administrativo, la vía procesal para su reclamo era la nulidad
y restablecimiento del derecho.
Lo que no aconteció en este caso, donde se encuentra acreditado que la petición
de cesantías definitivas fue resuelta mediante la Resolución nro. 2715-6 del 6 de
abril de 2016, quedando en firme y, además, no fue objeto de demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa20.
Igual situación acontece con la providencia de 11 de julio de 201321, invocada
por la parte actora, la cual resolvió una situación disímil a la discutida en este
caso, en tanto la condena impuesta fue consecuencia de la no cancelación de
las cesantías dentro del término de los 45 contados a partir de la firmeza del acto
administrativo que las reconoció.
De otro lado, si bien se alegó la violación a los derechos laborales, dado que la
solicitud se hizo cuando todavía no habían trascurrido 3 años de la
desvinculación, para la Sala tal violación no puede aducirse cuando se omite por
parte del interesado dentro del término legal su reclamo; lo que no constituye una
mera formalidad, sino el procedimiento que rige la relación entre las autoridades
y los particulares con plena garantía y observancia del debido proceso, y a través
del cual se hacen valer los derechos.
Así las cosas, a diferencia de lo expresado por la recurrente, la actuación
administrativa que inició la señora Faynore Sanabria Rivera con la solicitud del
26 de febrero de 2016 finalizó con la Resolución nro. 2715-6 del 6 de abril de
2016; notificada a la parte interesada el 13 del mismo mes y año; sin que la
interesada la objetara en sede administrativa o judicial. Prestación que tiene el
carácter de unitaria.
20 En la Resolución 8606-6 se consignó: La anterior resolución se notificó debidamente...quedando el acto
administrativo en firme.
21 Consejo de Estado- Sección Segunda Subsección A Radicado 19001 23 31 000 2003 02134 01
C.P.Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Demandante: José Wilmer Chilito Rivadeneira Demandado:
municipio de Timbiquí- Cauca. El problema jurídico resuelto por la Sala fue si se ajustaba o no a derecho
el acto administrativo por medio del cual se ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales
definitivas del actor, y si había lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley
244 de1995; luego que la parte actora solicitara la nulidad en vía judicial el acto de reconocimiento de las
cesantías definitivas, lo que no ocurrió en el asunto que ahora se estudia.
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En ese escenario, se reitera la nueva petición presentada casi 2 años después,
aunque obtuvo que la administración realizara un ajuste a la cesantía, no revive
los términos de la actuación administrativa culminada. Por lo que, no se amplían
los términos para reconocer la sanción moratoria, por un ajuste posterior de las
cesantías definitivas, a partir del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a
la radicación de la solicitud inicial de la prestación.
En un caso de supuestos fácticos similares a los aquí tratados, esta Corporación
en sentencia del 6 de octubre de 202222, identificada con radicado nro. 17001-
23-33-000-2018-00189-01 (845-2022), dispuso que la falta de ejercicio de los
mecanismos de defensa judiciales oportunos no puede ser subsanada con una
petición posterior que en todo caso fue debidamente atendida por la parte
demandada.
«De igual modo, mal haría esta Corporación en reconocer una sanción moratoria cuando
fue la demandante quien, además, no presentó el recurso de reposición que procedía contra
la liquidación inicial y dejó trascurrir más de dos años para presentar la reclamación sobre
la inclusión de nuevos factores salariales. La falta de ejercicio de los mecanismos de
defensa judiciales oportunos no puede ser subsanada con una petición posterior que en
todo caso fue debidamente atendida por la parte demandada. La subsección reitera que
“una cosa es efectuar la liquidación y cancelación de la prestación social de acuerdo a las
directrices tomadas por la entidad demandada en su momento y, otra es, reconocer fuera
del plazo determinado por el legislador la prestación aludida”».
Aunado a lo anterior, la existencia de mala fe por parte de la entidad pública
encargada del reconocimiento de las cesantías aducida en el recurso no
determina en esta jurisdicción la causación de la sanción.
Así las cosas, ante la no prosperidad del recurso, se confirmará la sentencia de
primera instancia.
2.5. Condena en costas
En el caso concreto, no hay lugar a condenar en costas a la parte demandante;
aunque antes esta Sala de Subsección valoraba objetivamente para determinar
si había lugar a condenar en costas, lo cierto es que, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, se procede hacer un estudio sobre la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que, al hacer
amplia esa interpretación del caso analizada, no se observa que el recurso de
apelación se haya presentado con carencia manifiesta de fundamentación legal.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P: Carmelo
Perdomo Cuéter, sentencia del 6 de octubre de 2022, con radicado nro. 17001 23 33 000 2018 00189 01
(845-2022).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del
CPACA.
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