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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2019-00082-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2019-00082-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- REVOCAR la sentencia del 20 de septiembre de 2024, emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión. En su lugar se dispone: «NEGAR las pretensiones de la demanda». 2.- CONDENAR en costas a la demandante en ambas instancias. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 17001-23-33-000-2019-00082-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00082-01 (29853)
Demandante: Ana Ruby Jaramillo de Uribe
Demandado: UGPP
Temas: Aportes Sistema de Seguridad Social año 2014. Ingreso base de
cotización - IBC. Tarifa aportes con destino a la subcuenta de
solidaridad pensional y subcuenta de subsistencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la apelación interpuesta por las partes demandante y demandada
contra la sentencia del 20 de septiembre de 20241, emitida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, que resolvió:

«DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial contenida en la Resolución
N° RDO-2017-03576 de 20 de octubre de 2017 “por medio de la cual se profiere a ANA
RUBY JARAMILLO DE URIBE con C.C 24291399, Liquidación Oficial por omisión en la
afiliación y/o vinculación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en los
subsistemas de salud y pensión, y, se sanciona por no declarar por conducta de omisión” y
de la resolución N° RDC 2018-01261 de 11 de octubre de 2018 “por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° RDO-2017-
03576 de 20 de octubre de 2017” proferidas por la UGPP.

A título de restablecimiento del derecho, la Liquidación Oficial demandada será remplazada
por la liquidación del Tribunal Administrativo de Caldas, como se señaló en la parte motiva.

COSTAS a cargo de la entidad demandada, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma
dispuesta en el Código General del Proceso.

FÍJASE como agencias en derecho el 3% del total de las pretensiones, también a cargo de
la entidad demandada, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 del
Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura (…)».

ANTECEDENTES

El 28 de abril de 2017, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP
expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD-2017-005492 en el cual
propuso a la demandante: i) afiliarse y/o reportar la novedad de ingreso, declarar,
modificar y pagar, como cotizante al Sistema de Seguridad Social Integral SSSI –
pensión, salud y FSP-, los aportes correspondientes a los periodos de enero a diciembre

1
Índice 027 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
2
Folios 488 a 519 de los antecedentes administrativos, índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00082-01 (29853)
Demandante: ANA RUBY JARAMILLO DE URIBE

de 2014, por la suma de $56.374.000 y ii) sanción por no declarar, por la conducta de
omisión, por valor de $116.673.480.

Previa respuesta de la demandante3, el 20 de octubre de 2017, la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la UGPP expidió la Liquidación Oficial RDO-2017-
035764, en la cual determinó en cabeza de la demandante: i) aportes al SSSI - pensión
y salud-, por los periodos de enero a diciembre de 2014 por la suma de $56.161.700 y
ii) sanción por no declarar, por la conducta de omisión, por valor de $112.323.400.

Frente a dicho acto administrativo, la demandante interpuso recurso de
reconsideración5. En consecuencia, el 11 de octubre de 2018 la Dirección de
Parafiscales de la UGPP expidió la Resolución RDC-2018-012616, mediante la cual
confirmó el acto liquidatario.

DEMANDA

Ana Ruby Jaramillo de Uribe, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho7, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Declarar la nulidad de la (…) RESOLUCIÓN NO. RDC 2018-01261 11/10/2018
(…).

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR dejar sin efectos
jurídicos la mencionada RESOLUCIÓN NO. RDC 2018-01261 11/10/2018 (…).

TERCERA: Que de conformidad con la declaración anterior se ordene a la demandada
restablecer el derecho que le corresponde a mi mandante, anulando el cobro de las
respectivas obligaciones que constituyen una carga adicional impuesta en el acto
administrativo impugnado. Igualmente, que en consecuencia se archive el expediente del
procedimiento de fiscalización adelantado en su contra».

Invocó como normas vulneradas los artículos 1, 4, 6, 13, 25, 29, 95, 209 y 338 de la
Constitución Política; 107 y 108 del Estatuto Tributario; 135 de la Ley 1753 de 2015;
33 de la Ley 1438 del 2011; 70 del Decreto 806 de 1998; y 17 y 157 de la Ley 100 de
1993.

Conforme con el artículo 108 del Estatuto Tributario, se entiende por trabajador
independiente la persona natural que, sin vínculo de subordinación, desarrolla una
actividad personal remunerada mediante honorarios, comisiones o pagos por servicios.
En el caso concreto, la demandante no se enmarca en esa definición, pues no presta
servicios personales. Sus ingresos provienen del transporte de carga o de pasajeros,
del arrendamiento de bienes, de rendimientos financieros derivados de préstamos y
del suministro de bienes, esto es, rentas de capital.

En ese contexto, el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 no incluye a los rentistas de
capital dentro de los afiliados obligatorios del régimen contributivo. Por lo tanto, la
demandante no estaba obligada a cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral. En

3
Folios 337 a 389 de los antecedentes administrativos, Índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
4
Folios 437 a 453 de los antecedentes administrativos, Índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
5
Folios 365 a 371 de los antecedentes administrativos, Índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
6
Folios 157 a 172 de los antecedentes administrativos, Índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
7
Índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
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Demandante: ANA RUBY JARAMILLO DE URIBE

la misma línea, tampoco le resulta aplicable la presunción de capacidad de pago e
ingresos prevista en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, en la medida en que dicha
presunción no está concebida para quienes obtienen rentas de capital.

El IBC determinado por la demandada no corresponde a la realidad de los ingresos
percibidos por la demandante. En efecto, la entidad omitió valorar de manera integral
y suficiente la información oportunamente aportada, pues el material probatorio
allegado evidencia que la demandante percibía ingresos provenientes de dividendos
por inversiones en sociedades y otras entidades financieras, de la venta de un
apartamento, así como de rendimientos financieros derivados de intereses reconocidos
por bancos y demás entidades del sistema financiero.

OPOSICIÓN

La UGPP solicitó se nieguen las suplicas de la demanda y se condene en costas a la
demandante, con fundamento en lo siguiente8:

Conforme a los artículos 15 del Decreto 3063 de 1989, 16 del Decreto 1406 de 1999 y
15 y 157 de la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes están obligados a
afiliarse a salud y pensión y a cotizar a dichos subsistemas, siempre que cuenten con
capacidad de pago. A su vez, el numeral 33.1 del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
establece una presunción de capacidad de pago y, por ende, el deber de afiliarse al
Régimen Contributivo, respecto de las personas naturales que sean declarantes del
Impuesto sobre la Renta y complementarios, del IVA y del impuesto de industria y
comercio.

Ahora bien, la Corte Constitucional, en la sentencia C-578 de 2009, precisó que una
lectura sistemática de la Ley 100 de 1993 no permite concluir que los rentistas de capital
estén excluidos del Sistema de Seguridad Social Integral, pues -conforme con los
artículos 1, 156 y 157 de dicha ley- la afiliación cobija a todos los habitantes del territorio
nacional. En el mismo sentido, el literal d) del numeral 1 del artículo 26 del Decreto 806
de 1998 y el artículo 1 del Decreto 1406 de 1999 contemplan a los rentistas de capital
como cotizantes del Régimen Contributivo en salud.

Bajo ese entendimiento, los rentistas de capital se subsumen dentro de la categoría de
trabajadores independientes, por integrar la población económicamente activa; en
consecuencia, si cuentan con capacidad de contribuir al financiamiento del sistema,
están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo en salud y a pagar la cotización
correspondiente. Además, contrario a lo sostenido por la demandante, para el año
gravable 2014 ya existían reglas normativas y desarrollos jurisprudenciales que
permitían: i) determinar la base de cotización; y ii) sustentar la competencia de la UGPP
para fiscalizar los aportes y, de ser del caso, ordenar la afiliación y el pago.

En cuanto a la base de cotización, el artículo 30 del Decreto 1406 de 1999 y los artículos
15 y 19 de la Ley 100 de 1993 definían los criterios para su determinación y admitían la
autoliquidación por el aportante, con la exigencia de que guardara correspondencia con
los ingresos efectivamente percibidos. A su turno, el artículo 1 del Decreto 510 de 2003
entiende por ingresos efectivamente percibidos aquellos que el afiliado recibe para su

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Índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
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Demandante: ANA RUBY JARAMILLO DE URIBE

beneficio personal, y permite deducir las erogaciones necesarias para desarrollar la
actividad, en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

En esa línea, sostuvo que lo previsto en el artículo 135 de la Ley 1739 de 2015 no
introdujo una regla nueva, sino que recogió una pauta general que ya existía en el
ordenamiento para fijar la base de cotización de los trabajadores independientes.

Desde la óptica probatoria, conforme a los artículos 167 de la Ley 1564 de 2012, la
demandante se encontraba en una posición privilegiada para acreditar los hechos
económicos relevantes -ingresos y gastos- declarados ante la DIAN; por tanto, le
correspondía aportar los soportes en sede administrativa, lo cual no hizo. De otra parte,
con apoyo en el artículo 746 del Estatuto Tributario y en el artículo 33 de la Ley 1438
de 2011, se adujo que se presumen ciertos los hechos consignados en las
declaraciones tributarias y que los aportes al SSSI deben guardar relación con los
ingresos declarados. En el caso, en la declaración de renta del año gravable 2014 la
demandante reportó ingresos brutos por $595.862.000 -renglón 45-.

Finalmente, respecto de la certificación del contador público aportada por la
demandante, se afirmó que no puede reconocérsele el valor probatorio del artículo 777
del Estatuto Tributario, porque estas certificaciones deben incorporar un mínimo de
detalle: identificación de libros, cuentas o asientos que respalden los hechos, e
indicación de si están soportadas en comprobantes internos y externos. En el caso
concreto, el certificado no discrimina ingresos y costos mensuales ni precisa los libros
donde reposan los registros contables, razón por la cual no constituye plena prueba.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Caldas9: i) declaró la nulidad parcial de los actos
demandados; ii) a título de restablecimiento del derecho, practicó una nueva
liquidación de los aportes; y iii) condenó en costas a la entidad demandada, con
fundamento en lo siguiente:

De conformidad con los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, 135 de la Ley 1753
de 2015, 1° y 3° del Decreto 510 de 2003, 66 del Decreto 806 de 1998, 25 del Decreto
1406 de 1999, 33 de la Ley 1438 de 2011, 107 del Estatuto Tributario y la jurisprudencia
del Consejo de Estado, para el año 2014 los trabajadores independientes sí contaban
con reglas jurídicas para determinar el ingreso base de cotización IBC. En ese sentido,
la actora estaba obligada a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en salud y
pensión sobre los ingresos reales percibidos, con un IBC no inferior a 1 SMLMV ni
superior a 25 SMLMV.

Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, con apoyo en el artículo
250 de la Ley 1564 de 2012, cuando la UGPP toma como soporte probatorio la
declaración de renta para determinar ingresos, también debe considerar -para depurar
la base- los costos y gastos necesarios para desarrollar la actividad, siempre que
cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, la UGPP
puede requerir comprobaciones especiales respecto de las erogaciones que pretendan
deducirse del IBC.

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Índice 027 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
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En el caso concreto, la UGPP omitió aplicar lo previsto en el artículo 107 del Estatuto
Tributario. En efecto, si el único insumo utilizado para la liquidación oficial fue la
declaración de renta de la demandante, también debía descontar los costos y
deducciones allí denunciados, calcular la renta líquida gravable y, a partir de esta,
mensualizarla, máxime cuando la actora no acreditó ingresos mensuales que
permitieran establecer con precisión su ingreso mes a mes durante 2014.

De otra parte, aunque la demandante afirmó que sus ingresos provenían de dividendos,
inversiones, la venta del 25% de un apartamento e intereses financieros, en el
expediente no obra prueba siquiera sumaria de tales rentas. Por el contrario, en la
declaración de renta de 2014 figura como actividad económica la 0150 -explotación
mixta agrícola y pecuaria-, datos que además coinciden con la certificación suscrita por
el contador público.

En conclusión, si bien la demandante debía cotizar al sistema de salud y pensión con
base en los ingresos realmente percibidos, la UGPP no efectuó correctamente la
liquidación. Por ello, se debe reliquidar el período enero a diciembre de 2014 aplicando
las deducciones por gastos y costos de operación de la actividad económica, en los
términos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Finalmente, a título de restablecimiento del derecho, el Tribunal efectuó la liquidación
de los aportes al SSSI con fundamento en los ingresos netos, costos y deducciones
reflejados en la declaración de renta de la demandante correspondiente al año gravable
2013. Para el efecto, aplicó las tarifas del 12,5% para el subsistema de salud, del 16%
para el subsistema de pensión y del 2% para las subcuentas de solidaridad y
subsistencia del sistema pensional. Asimismo, determinó la sanción con base en el
valor resultante de dichos aportes.

RECURSOS DE APELACIÓN

La demandante10 solicitó la revocatoria parcial de la sentencia del Tribunal, para que
del IBC se detraigan los ingresos brutos no operacionales reportados en el renglón 43
de la declaración de renta del año gravable 2014. Sostuvo que dichos ingresos
corresponden a entradas de recursos derivadas de operaciones ajenas al giro ordinario
del negocio o a actividades conexas; es decir, a rubros no relacionados con la
operación, como la venta de un activo, el cobro de dividendos o los rendimientos por
inversiones temporales.

La demandada11 pidió revocar integralmente la sentencia y, en consecuencia,
confirmar la legalidad de los actos demandados, con fundamento en lo siguiente:

i) El Tribunal tomó como referencia para determinar del IBC los ingresos netos, pese a
que -a falta de prueba idónea sobre ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional-
la norma impondría atender los ingresos brutos. Afirmó que la diferencia obedece a la
detracción de una ganancia ocasional, aspecto que se menciona en la certificación del
contador público aportada por la demandante; sin embargo, dicha certificación carece

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Índice 031 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
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Índice 032 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
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de valor probatorio porque se limita a enunciar cifras sin detallar los libros, cuentas o
asientos que soportan los hechos que pretende acreditar.

ii) No deben aceptarse los costos y gastos reportados en la declaración de renta, ya
que la certificación del contador allegada por la actora en sede administrativa -invocada
como prueba de costos y gastos- no permite su valoración conforme a los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario.

iii) Los ajustes ordenados por el Tribunal respecto de aportes y sanción son
equivocados, pues la liquidación de los aportes con destino a la subcuenta de
solidaridad pensional y subcuenta de subsistencia se efectuó con una tarifa del 2%,
cuando -según la entidad- la aplicable era del 1,6%.

iv) Es improcedente la condena en costas, porque, de acuerdo con los artículos 188
de la Ley 1437 de 2011 y 365 de la Ley 1564 de 2012, solo hay lugar a costas si en el
expediente consta su causación y en la medida de su comprobación; en el caso
concreto, no se aportó prueba de los gastos en que incurrió la parte actora. Agregó
que, además, por tratarse de un asunto de interés público -dado que las contribuciones
parafiscales son necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social-, no es
procedente imponer costas.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 15 de diciembre de 2025 se admitió12 el recurso de apelación y se
concedió el término previsto en los numerales 4 a 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de
2011 para que los sujetos procesales se pronunciaran. Sin que las partes procesales
se pronunciaran al respecto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la UGPP en contra de
la demandante, por la omisión en la vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral,
subsistemas de Salud, Pensión y Fondo de Solidaridad Pensional en el periodo
comprendido entre enero a diciembre del año 2014 e impuso sanción por no declarar.

En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante
y demandada, corresponde establecer, sin limitación13: i) si procede detraer del IBC los
ingresos brutos no operacionales; ii); si, ante la falta de prueba idónea sobre ingresos
no constitutivos de renta o ganancia ocasional, el IBC debe determinarse a partir de
ingresos brutos o de ingresos netos; iii) si, se deben desconocer los costos y gastos
reportados en la declaración de renta por falta de valor probatorio del certificado de
contador público aportado; iv) cuál es la tarifa aplicable para la liquidación de los
aportes con destino a la subcuenta de solidaridad pensional y subcuenta de
subsistencia; y v) si es procedente la condena en costas impuesta a la entidad
demandada en primera instancia.

12
Índice 4 del expediente digital de esta Corporación.
13
Artículo 328 CGP: (...) Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
6

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Aportes Sistema de Seguridad Social año 2014

Teniendo en cuenta que la correcta determinación del ingreso base de cotización (IBC)
constituye un aspecto común a los tres problemas jurídicos por resolver, se estima
necesario traer a colación los criterios fijados por esta Sección para la determinación
del IBC por los periodos del año 2014. Para tal efecto, se reiterará, en lo pertinente, lo
expuesto en las sentencias correspondientes del 14 de septiembre14, 515 y 1116 de
octubre de 2023 y 2 de octubre de 202517.

En lo que concierne al subsistema de pensiones, de conformidad con los artículos 15
y 19 de la Ley 100 de 1993 -modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003-, el
ingreso base de cotización IBC no puede ser inferior a un (1) salario mínimo y debe
guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado.
Estos se entienden como aquellos que recibe para su beneficio personal, según el
parágrafo del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, norma que además autoriza deducir
las sumas que el afiliado debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa, en las
condiciones del artículo 107 del Estatuto Tributario -esto es, expensas con relación de
causalidad, necesidad y proporcionalidad frente a la actividad productora de renta-.
Finalmente, el artículo 3 del Decreto 510 de 2003 prevé que los aportes no pueden
exceder de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En cuanto al subsistema de salud, la Sala ha precisado que el IBC corresponde a la
misma prevista para pensión, en tanto que, se integra por los ingresos percibidos por
el trabajador independiente, cuyo límite de cotización es de 25 SMLMV. Así mismo, el
artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 establece que, si los ingresos reales del
trabajador independiente superan los resultantes de las presunciones sobre bases
mínimas, los aportes deben efectuarse con base en los ingresos reales. En la misma
línea, la providencia que en esta oportunidad se reitera estableció que «el artículo 33 de
la Ley 1438 de 2011, dispuso que se presume con capacidad de pago y, en consecuencia,
están obligados a realizar aportes al SSSI «las personas naturales declarantes del impuesto
de renta y complementarios», y expresamente señaló que «en caso de existir diferencias entre
los valores declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los
aportes al sistema estos últimos deberán ser ajustados»».

Con base en ese marco normativo, la sentencia que aquí se reitera precisó que «las
declaraciones tributarias, como las de renta, son un indicador de ingresos, lo cual permite
evidenciar la capacidad de pago y su obligación de aportar al sistema, aun en el evento de que
no existiera un sistema de presunción de ingresos (…asimismo la…) base de cotización tanto
para salud como para pensión se compone de los ingresos percibidos por el trabajador
independiente, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en
todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos deben corresponder a los ingresos
reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o se omitiera la
obligación, deben ajustarse a los declarados ante la (…) DIAN».

Una vez precisados los aspectos generales relativos a la determinación del IBC, la Sala
procederá a examinar cada uno de los cargos de apelación formulados por las partes.

(i) Detraer del IBC los ingresos no operacionales

14
Exp. 26001 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
Exp. 26673 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
16
Exp. 26709 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
17
Exp. 29935 C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
7

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Demandante: ANA RUBY JARAMILLO DE URIBE

La demandante sostuvo que los ingresos brutos no operacionales reportados en el
renglón 43 de la declaración de renta del año gravable 2014 debían detraerse de los
ingresos que el Tribunal tomó como base para determinar el IBC, en tanto -según afirma-
corresponden a entradas de recursos ajenas al giro ordinario de los negocios de la
demandante.

Previamente, es preciso hacer dos anotaciones, en primer lugar, ni en el escrito de
demanda ni en el recurso de apelación la actora explicó de manera concreta a qué
correspondía el valor exacto registrado en el renglón 43 de la declaración renta, por
concepto de ingresos brutos no operacionales. En el hecho 4 de la demanda se limitó
a señalar, en términos generales, que percibía ingresos por «dividendos por inversiones
en sociedades y otras entidades financieras, venta de un apartamento 25% e ingresos
recibidos de bancos y otras entidades financieras por concepto de intereses»; y en el recurso
de apelación solo afirmó, de forma textual, que «las anteriores disquisiciones se derivan
del elemento probatorio que reposa en el expediente, esto es, la certificación de fecha 20 de
junio de 2017 expedida por el contador de mi mandante».

En segundo lugar, de conformidad con el numeral 3 del artículo 19 del Código de
Comercio, todo comerciante está obligado a llevar contabilidad regular de sus negocios
conforme a las disposiciones legales. A su vez, el artículo 10 ibídem establece que son
comerciantes las personas que de manera profesional se ocupan en actividades que
la ley califica como mercantiles. En armonía con lo anterior, se observa que la
demandante presentó su declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al
año gravable 2014 mediante el formulario 110 -declaración de renta y complementarios o
de ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas
obligadas a llevar contabilidad-, lo cual evidencia que se reconocía como sujeto obligado
a llevar contabilidad. Por consiguiente, resulta claro que, para la época de los hechos
objeto de discusión, la demandante se encontraba obligada a llevar contabilidad en
debida forma.

En el anterior contexto, resulta necesario examinar el alcance probatorio del certificado
de contador público allegado por la demandante ante la UGPP. Sobre el mérito
probatorio del certificado de contador público o de revisor fiscal -artículo 777 del Estatuto
Tributario- para efectos de acreditar hechos económicos con incidencia en las
contribuciones que gestiona la UGPP, la Sala18 ha considerado que el alcance «se
sujeta a valoración de acuerdo con las reglas de la sana crítica y que las certificaciones deben
llevar al convencimiento del hecho objeto de prueba. En especial, deben informar si las
operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y contener algún grado
de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que
pretenden demostrarse, de manera que no pueden tratarse de simples afirmaciones o
enunciados sin respaldo documental o contable alguno».

En el caso concreto, obra en el expediente la certificación suscrita el 20 de junio de
2017 por contador público19, en la que deja constancia sobre la composición de algunos
rubros de la declaración de renta del año gravable 2014 de la demandante, así: i) el
valor de $260.250.000 del renglón 49 correspondería a costos de la actividad principal
-código CIIU 0150-20, derivados, según indica, de compras y gastos asociados a la

18
Exps. 28782, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, sentencia del 3 de abril de 2025, y 27085, C.P. Milton Chaves García,
sentencia del 8 de febrero de 2024.
19
Folio 19 de los antecedentes administrativos, índice 026 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Caldas.
20
Corresponde a la actividad “Explotación mixta (agrícola y pecuaria)”.
8

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Demandante: ANA RUBY JARAMILLO DE URIBE

adquisición de animales, drogas veterinarias, sales, impuestos, fletes, servicios
veterinarios y demás erogaciones relacionadas; ii) el valor de $67.287.000 del renglón
50 reflejaría el costo de un activo fijo vendido, cuya enajenación fue registrada como
ingreso en el renglón 43; y iii) el valor de $22.036.000 del renglón 52 correspondería a
deducciones por concepto de impuesto predial, ICA, papelería, contabilidad y otros
gastos.

En efecto, aun cuando el certificado realiza una explicación descriptiva de algunos
renglones del denuncio rentístico, no satisface las exigencias jurisprudenciales para
llevar al convencimiento del hecho objeto de prueba, pues: i) no informa si las
operaciones certificadas se encuentran respaldadas por comprobantes internos y
externos; ii) no precisa libros, cuentas, folios, asientos o números de comprobantes
que permitan verificar el origen contable de las cifras; y iii) no aporta una relación
mínima de soportes que haga contrastable la correspondencia entre lo certificado y el
sustento contable. En consecuencia, el documento se reduce a una enunciación
explicativa sin el grado de respaldo y trazabilidad requerido para dotarlo de valor
probatorio.

De modo que, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica -origen profesional del
documento, soporte en libros y comprobantes, coherencia interna y externa de las cifras,
ausencia de prueba que desvirtúe su contenido-, la certificación contable no constituye un
medio de prueba idóneo y suficiente para otorgar valor probatorio a los ingresos allí
reportados y, con base en ellos, determinar el IBC de los aportes al sistema de
seguridad social a cargo del demandante. Pues el documento describe determinados
renglones del denuncio rentístico de la actora para el año gravable 2014, pero no
incorpora un soporte contable verificable ni una trazabilidad concreta de la información
allí certificada.

Finalmente, de conformidad con el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, corresponde
a las partes acreditar los supuestos de hecho de las normas en que fundan los efectos
jurídicos que pretenden. En ese contexto, la Sala reitera que, en materia de aportes
parafiscales, el ingreso base de cotización debe guardar correspondencia con los
ingresos efectivamente percibidos por el administrado, lo cual exige un adecuado
respaldo probatorio. Sin embargo, en el caso concreto, el certificado aportado resulta
insuficiente para demostrar la detracción solicitada, y no obra en el expediente ningún
otro medio de convicción que la sustente. Esta deficiencia probatoria se acentúa si se
tiene en cuenta que la UGPP, al resolver el recurso de reconsideración, cuestionó la
ausencia de soportes internos y externos que respaldaran el contenido del referido
certificado. En tales condiciones, la Sala concluye que no existe un acervo probatorio
suficiente que permita validar la pretensión de la parte actora, razón por la cual el cargo
no prospera.

(ii) Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

La demandada sostuvo que el Tribunal, de manera errónea, tomó como referente para
determinar el IBC los ingresos netos, cuando -a falta de prueba idónea sobre la naturaleza
de los valores reportados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional- debía
atenderse a los ingresos brutos, por ser estos los que reflejan los ingresos
efectivamente percibidos.

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Sea lo primero advertir que en la declaración de renta del año gravable 2014 que obra
en el expediente, la demandante reportó ingresos brutos totales por $595.862.000,
discriminados así: $391.260.000 por ingresos operacionales (renglón 42), $80.625.000
por ingresos no operacionales (renglón 43) y $123.977.000 por intereses y
rendimientos financieros (renglón 44). Asimismo, declaró ingresos no constitutivos de
renta ni de ganancia ocasional por $112.675.000, lo que arroja un total de ingresos
netos de $483.187.000.

Ahora bien, como se indicó líneas atrás, para el año gravable 2014, de conformidad
con los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003 y el parágrafo del artículo 1° del Decreto
510 de 2003, el IBC debe guardar correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado, esto es, aquellos que recibe para su beneficio personal. Bajo
ese marco, en materia de aportes al Sistema de Seguridad Social no existe una regla
que, por sí sola, permita concluir que lo reportado en renta como «ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional» carece necesariamente de carácter de
ingreso efectivamente percibido o que, por esa sola calificación en el Impuesto sobre
la Renta, resulte automáticamente excluible de la base de cotización. Por el contrario,
si la parte pretende que ese rubro sea detraído para efectos del IBC, le corresponde
acreditar -con medios de prueba- que se trata de partidas que no representaron un
ingreso efectivo para el afiliado; exigencia que, como se analizó en el apartado anterior,
no se satisfizo en el caso concreto.

En ese entendido, la Sala concluye que le asiste razón a la demandada, en la medida
en que, ante la ausencia de medios de prueba que sustenten la disminución de los
ingresos efectivamente percibidos por la demandante, no resultaba procedente
descontar los valores que, para efectos del impuesto sobre la renta, fueron reportados
como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. En consecuencia, el
cargo está llamado a prosperar, y esta Sala procederá a determinar los aportes al
Sistema de Seguridad Social correspondientes al año gravable de la demandante en
los términos que se expondrán en el apartado denominado liquidación de aportes de
la demandada.

(iii) Costos y deducciones de la declaración

La demandada indicó que no deben aceptarse los costos y gastos reportados en la
declaración de renta, ya que la certificación del contador allegada por la actora en sede
administrativa -invocada como prueba de costos y gastos- no permite su valoración
conforme a los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Al respecto, esta Sección en repetidas ocasiones21 ha considerado que la remisión a
la declaración del impuesto sobre la renta no puede ser parcializada, es decir,
únicamente valorar los ingresos, sino que también deben tenerse en cuenta los costos
y gastos en que incurrió el contribuyente para desarrollar la actividad productora de
renta, puesto que la presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 cobija a
toda la declaración.

La anterior conclusión se sustenta en que i) el artículo 250 de la Ley 1564 de 2012
señala que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible;
21
Sentencias del 3 de julio de 2025, exp. 29683, del 24 de noviembre de 2022, exp 26206; 20 de febrero de 2025, exp 28953, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 3 de abril de 2025, exp 28347, C.P. Milton Chaves García.
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ii) la UGPP puede solicitar comprobaciones especiales de las erogaciones, pero la
declaración de renta demuestra tanto los ingresos como las erogaciones, sin que sea
admisible que este documento acredite las situaciones que perjudican al demandante,
pero no las que lo benefician; y iii) la presunción de veracidad de la declaración del
impuesto sobre la renta no puede ser controvertida por una autoridad distinta a la DIAN,
conforme el artículo 702 del Estatuto Tributario y el Decreto 4048 de 200822.

En ese contexto, no resulta de recibo el argumento de apelación de la demandada
según el cual no deben aceptarse los costos y gastos reportados en la declaración de
renta, por cuanto la certificación del contador allegada no cumpliría los requisitos para
su valoración probatoria. En efecto, si -como lo hace la entidad- se acude a la declaración
de renta al amparo de la presunción de veracidad para tener por acreditados los
ingresos, esa misma presunción cobija también los costos y gastos allí consignados;
por tanto, no es admisible fragmentar el denuncio rentístico para atender únicamente
lo que favorece la determinación oficial y desestimar lo que la depura. En
consecuencia, el cargo de apelación no prospera.

(iv) Tarifa aportes con destino a la subcuenta de solidaridad pensional y
subcuenta de subsistencia

La demandada afirmó que la liquidación de los aportes con destino al Fondo de
Solidaridad Pensional -subcuenta de solidaridad pensional y subcuenta de subsistencia- se
efectuó aplicando de manera equivocada una tarifa del 2%, cuando, a su juicio, la
aplicable era del 1,6%.

Al respecto, de conformidad con los incisos 12 y 13 del artículo 20 de la Ley 797 de
2003:

«[l]os afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento
(1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de
conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100
de 1993.

Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de
un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv,
de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de
subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley».

En el caso concreto, conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, el total de
ingresos para efectos de determinar los aportes al SSSI asciende a $595.862.000 23, y
el total de costos y deducciones a $350.113.00024. En consecuencia, el IBC -resultado
de la diferencia entre los ingresos con los costos y deducciones, y su posterior mensualización-
corresponde a $20.480.000 mensuales25. Dicho valor supera el tope máximo del IBC,
esto es, 25 SMLMV, que para el año 2014 equivalía a $15.400.000 26; por tanto, este
último constituye el IBC mensual aplicable.

22
Sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 26808, reiterada en las sentencias del 4 de abril de 2024, exp. 28342 y 20 de febrero
de 2025, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Ingresos brutos declarados.
24
Costos y gastos declarados.
25
Se resta $350.113.000 de $595.862.000 y el resultado se divide entre 12, obteniendo un valor mensual aproximado de
$20.479.083,33.
26
Para el año 2014 el salario mínimo mensual legal vigente era de $616.000.
11

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Así, al ubicarse el IBC en un rango superior a 20 SMLMV, la aportante debía liquidar
un 1% con destino a la subcuenta de solidaridad pensional y, adicionalmente, un 1%
con destino a la subcuenta de subsistencia, para un total del 2%, tal como fue
determinado por la UGPP en los actos demandados. En ese contexto, aunque la
entidad demandada cuestiona el porcentaje aplicado por el Tribunal, lo cierto es que
dicho porcentaje se mantuvo en los actos administrativos, razón por la cual el motivo
de inconformidad no está llamado a prosperar.

Ahora bien, de los cuatro cargos analizados, únicamente prosperó el formulado por la
parte demandada, relativo a la determinación del IBC con fundamento en los ingresos
brutos y no en los ingresos netos. En consecuencia, corresponde a la Sala modificar la
liquidación de los aportes al SSSI efectuada por el Tribunal, en los siguientes términos:

Liquidación de aportes al SSSI de la demandante

Año Periodo Ingresos renta Costos y Ingresos – Límite de los Determinación Determinación
deducciones Costos 25 SMLMV aportes27 Sanción
renta

2014 Enero $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 14.737.00028 $ 4.495.000 $ 8.989.400
Febrero $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Marzo $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Abril $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Mayo $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Junio $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Julio $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Agosto $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Septiembre $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Octubre $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Noviembre $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Diciembre $ 49.655.000 $ 29.177.000 $ 20.480.000 $ 15.400.000 $ 4.697.000 $ 9.394.000
Total $ 595.862.000 $ 350.113.000 $ 245.760.000 $ 184.800.000 $ 56.162.000 $ 112.323.000

Una vez efectuada la liquidación, la Sala advierte que el resultado obtenido coincide
de manera íntegra con la liquidación practicada por la entidad demandada en los actos
administrativos demandados, toda vez que, si bien la UGPP no tomó los costos y
deducciones de la declaración de renta, lo cierto es que al determinar el IBC tomó el
tope máximo (25 SMLMV), por lo tanto, el efecto final en el resultado es el mismo al
que se hubiera llegado al detraer los costos y gastos de renta. En consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones
de la demanda, confirmándose la legalidad de los actos demandados.

v) Costas en primera instancia

27
12,50% aportes al subsistema salud, 16% aportes al subsistema de pensiones y 2% aportes con destino a la subcuenta de
solidaridad pensional y subcuenta de subsistencia.
28
Conforme con el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999, «el Ingreso Base de Cotización que se tendrá en cuenta para liquidar sus
aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente», en consecuencia para el mes de enero de 2014
era aplicable el tope máximo de los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes correspondiente al año 2013.
12

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De otra parte, al revocarse la sentencia y negarse las pretensiones de la demanda, no
se configura para la demandada, la regla general prevista en el numeral 1 del artículo
365 de la Ley 1564 de 2012, según la cual «[s]e condenara en costas a la parte vencida
en el proceso». En ese entendido, la entidad demandada no resulta vencida, razón por
la cual no hay lugar a condenarla en costas en primera instancia. Por tanto, se
encuentra llamado a prosperar el cargo de apelación interpuesto por la demandada
contra la condena en costas, y en consecuencia esta Sala revocará también la decisión
de primera instancia en cuanto a ese punto.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 4 del artículo 365 del CGP 29,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA30, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la
condena en costas a la parte demandante en ambas instancias, al haberse resuelto
favorablemente el recurso de apelación y revocado la sentencia de primera instancia.
Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) SMMLV por cada una de las
instancias. Por lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo incidente de liquidación de
la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1.- REVOCAR la sentencia del 20 de septiembre de 2024, emitida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión. En su lugar se dispone:

«NEGAR las pretensiones de la demanda».

2.- CONDENAR en costas a la demandante en ambas instancias. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

29
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce
ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte vencida
en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la discrecionalidad que
confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados».
30
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
13

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Demandante: ANA RUBY JARAMILLO DE URIBE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

14

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