República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00097-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–
Tema: relación laboral encubierta Subtema 1: médico veterinario zootecnista. Subtema
2: subordinación en la ejecución de contratos de prestación de servicios Subtema 3:
diferencia entre coordinación contractual y subordinación laboral.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia de primera instancia proferida el
6 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. Síntesis del caso
Gustavo Cárdenas Cardona demandó la nulidad del acto administrativo ficto configurado
por el silencio del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA– frente a la petición radicada
el 1 de agosto de 2018, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral y el pago de las acreencias laborales, prestacionales y de seguridad
social reclamadas. Sostuvo que, pese a haber sido vinculado formalmente mediante
sucesivos contratos de prestación de servicios entre el 1 de febrero de 2008 y el 30 de
diciembre de 2015, en realidad prestó personalmente sus servicios como médico
veterinario zootecnista en las seccionales Risaralda y Caldas, de manera remunerada y
bajo condiciones de subordinación, pues debía ejecutar los programas sanitarios
definidos por la entidad, cumplir las programaciones establecidas, informar sus
ausencias, presentar informes periódicos, atender instrucciones de los gerentes
seccionales y utilizar las oficinas, vehículos, equipos e insumos suministrados por el ICA.
El Tribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar acreditada la existencia de una relación laboral encubierta
durante los periodos contractuales reconocidos en la sentencia. Señaló que la prestación
personal del servicio y la remuneración se encontraban demostradas mediante los
contratos, informes de actividades y pagos efectuados, mientras que la subordinación se
acreditó con la valoración conjunta de la documentación contractual y las declaraciones
recibidas en la audiencia de pruebas, que dieron cuenta de la sujeción del demandante
a los programas y protocolos institucionales, la obligación de informar sus ausencias, la
presentación periódica de informes, la atención de instrucciones impartidas por los
gerentes seccionales y el desarrollo de las actividades con elementos pertenecientes a
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Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
la entidad. En consecuencia, declaró la nulidad del acto ficto, ordenó reconocer las
prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de abril de
2013 y el 30 de diciembre de 2015, con exclusión de las interrupciones contractuales, y
dispuso efectuar los aportes pensionales respectivos. Asimismo, declaró prescritos los
derechos derivados de los contratos ejecutados entre 2008 y 2012, debido a la
interrupción de 62 días hábiles existente entre los contratos de 2012 y 2013.
El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, al encontrar acreditado
que los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes encubrieron una
relación laboral. La valoración conjunta de la prueba documental y testimonial demostró
que Gustavo Cárdenas Cardona prestó personalmente sus servicios, recibió una
remuneración periódica y estuvo sometido a un poder continuado de dirección y control
que excedió la coordinación propia de la contratación estatal, pues las actividades y
protocolos eran definidos por el ICA, la programación debía ajustarse a los lineamientos
provenientes del nivel central, los gerentes seccionales podían modificar las rutas y
asignar actividades adicionales, las ausencias debían informarse y el demandante
utilizaba oficinas, vehículos, equipos e insumos institucionales. De igual manera,
concluyó que el tribunal estaba facultado para declarar de oficio la prescripción y que la
interrupción superior a 30 días hábiles entre los contratos de 2012 y 2013 rompió la
unidad de la vinculación, sin que se acreditara la prestación del servicio durante ese
lapso. En consecuencia, no prosperan los recursos de apelación interpuestos por el ICA
ni por Gustavo Cárdenas Cardona.
II. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El 13 de diciembre de 2018, Gustavo Cárdenas Cardona presentó1 demanda2 de
nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se exponen.
2.1.1. Pretensiones
2.Solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado
del silencio administrativo negativo en el que, a su juicio, incurrió el ICA al no resolver la
petición que presentó el 1 de agosto de 2018, mediante la cual reclamó el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral y el pago de los derechos económicos derivados
de esta.
3. Pidió que se declarara que entre él y el ICA existió una relación laboral desde el 1 de
febrero de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2015, pese a que fue vinculado formalmente
mediante contratos de prestación de servicios profesionales, debido a que prestó
1
Según el «acta individual de reparto» visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-
2019-00097-01, archivo eml «ED_RV_170012333000(.EML) NROACTUA 2», link OneDrive, archivo pdf
«001CuadernoNo1.pdf», folio 3.
2
visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2019-00097-01, archivo eml
«ED_RV_170012333000(.EML) NROACTUA 2», link OneDrive, archivo pdf «001CuadernoNo1.pdf», folio 5 a 49.
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Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
personalmente sus servicios como médico veterinario zootecnista de apoyo a la gestión,
de manera remunerada y bajo condiciones de subordinación.
4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se ordenara al ICA reconocer, liquidar y pagar el retroactivo salarial y prestacional
correspondiente a cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones,
así como las demás acreencias laborales causadas durante los periodos en los que
prestó sus servicios.
5. Reclamó que las sumas reconocidas se liquidaran con fundamento en las tablas
salariales aplicables durante los años 2008 a 2015 y en igualdad de condiciones respecto
de los empleados de planta que desempeñaban funciones similares.
6. Solicitó el reintegro del porcentaje correspondiente al empleador de los aportes que
efectuó al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones, así como la devolución de
los valores que, según afirmó, asumió por concepto de aportes parafiscales durante la
ejecución de los contratos.
7.También pidió que se le reconocieran y pagaran los valores sufragados por concepto
de pólizas de cumplimiento e impuesto sobre las ventas, IVA, con ocasión de cada uno
de los contratos de prestación de servicios.
8. Reclamó el pago de la indemnización prevista en la Ley 244 de 1995, la indexación o
corrección monetaria de las sumas reconocidas, los intereses moratorios, las costas
procesales y las agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
9. Gustavo Cárdenas Cardona manifestó que prestó sus servicios al ICA, inicialmente en
la seccional Risaralda y, posteriormente, en la seccional Caldas, mediante sucesivos
contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre 2008 y 2015.
10. Indicó que, en la seccional Risaralda, fue contratado para apoyar la ejecución de
actividades de la Subgerencia de Protección y Regulación Pecuaria. Para ello, suscribió
el contrato de prestación de servicios profesionales CSR-005-2008, cuya ejecución se
extendió entre el 1 de febrero y el 30 de diciembre de 2008.
11. Señaló que en 2009 celebró con la seccional Risaralda el contrato de prestación de
servicios profesionales RIS(P)-093-281-2009, para prestar apoyo en la Subgerencia de
Protección Animal – Dirección Técnica de Sanidad Animal.
12. Sostuvo que, entre 2010 y 2015, prestó sus servicios en la seccional Caldas mediante
los siguientes contratos:
• CAL(P)-91-154-2010, celebrado el 22 de enero de 2010.
• CAL(P)-175-2011, celebrado el 1 de febrero de 2011.
• CAL(P)-195-2012, celebrado el 30 de enero de 2012.
• CAL-1373-2013, celebrado el 3 de abril de 2013.
• CAL-339-2014, celebrado el 11 de enero de 2014.
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• CAL-PS-021-2015, celebrado el 20 de enero de 2015.
13. Afirmó que desarrolló actividades en el área de protección, en los grupos de asistencia
técnica o de protección, relacionadas con el registro de información en aplicativos, la
gestión documental y la elaboración de reportes, con el propósito de contribuir al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
14. Expuso que prestó personalmente sus servicios, recibió una remuneración y estuvo
sujeto a las directrices de la entidad, por lo que, en su criterio, se configuraron los
elementos propios de una relación laboral.
15. Señaló que realizaba sus actividades en las mismas condiciones de horario, labores
asignadas, subordinación y remuneración de los empleados vinculados en
provisionalidad o propiedad al ICA.
16. Aseguró que la prestación de sus servicios fue permanente y continua durante los
periodos contratados y que las actividades desarrolladas no tuvieron carácter ocasional
o temporal.
17. Manifestó que, pese a las condiciones en las que ejecutó sus funciones, el ICA no le
reconoció salarios, prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, prima de
servicios, vacaciones, subsidio familiar ni los demás derechos que recibían los
empleados de planta.
18. Indicó que durante la ejecución de los contratos debió asumir directamente el pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, así
como los valores correspondientes al IVA, las pólizas de cumplimiento y otros gastos
exigidos para la contratación.
19. Explicó que el 1 de agosto de 2018 presentó ante el ICA una petición dirigida a obtener
el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias reclamadas,
identificada con el radicado 1818101459.
20. Afirmó que la entidad no respondió esa petición, por lo cual consideró configurado el
silencio administrativo negativo y, en consecuencia, la existencia de un acto
administrativo ficto o presunto.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
21. Gustavo Cárdenas Cardona citó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13,
25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011; el
Decreto 2277 de 1979; y la Ley 115 de 1994.
22. En el concepto de violación sostuvo que el ICA desconoció la dignidad humana, el
derecho al trabajo, la igualdad, el debido proceso y los principios mínimos que rigen las
relaciones laborales, al vincularlo mediante contratos de prestación de servicios pese a
que, según afirmó, cumplió funciones permanentes bajo condiciones de subordinación.
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Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
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23. Alegó que la modalidad formal de contratación no correspondió a la realidad en la que
fueron prestados los servicios, pues desarrolló diariamente las actividades asignadas,
cumplió horarios, recibió instrucciones y estuvo sometido a la dirección de la entidad.
24. Indicó que se vulneró el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades,
porque los contratos de prestación de servicios se utilizaron para encubrir una relación
de naturaleza laboral y evitar el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás
derechos derivados de ella.
25. Afirmó que fue tratado de manera desigual frente a los empleados de planta que
ejercían funciones similares, debido a que estos recibían salarios, prestaciones sociales,
aportes a seguridad social y las demás garantías laborales, mientras que él debía asumir
directamente esos conceptos.
26. Sostuvo que el ICA desconoció el principio de «a trabajo igual, salario igual», pues no
le reconoció la remuneración ni las prestaciones correspondientes a las funciones que,
según manifestó, ejecutó en condiciones equivalentes a las del personal vinculado legal
y reglamentariamente.
27. Señaló que las actividades desarrolladas no podían calificarse como ocasionales o
temporales, debido a que correspondían al cumplimiento ordinario de los objetivos
institucionales y se extendieron durante varios años mediante sucesivos contratos de
prestación de servicios.
28. Aseguró que la entidad vulneró sus derechos adquiridos y las garantías mínimas de
los trabajadores al no reconocer las consecuencias económicas de la relación laboral
que, en su criterio, existió durante los periodos reclamados.
29. Finalmente, sostuvo que el acto administrativo ficto o presunto demandado infringió
las normas superiores invocadas y se encontraba falsamente motivado, en la medida en
que la entidad omitió reconocer la verdadera naturaleza de la vinculación y los derechos
salariales, prestacionales y de seguridad social correspondientes.
2.1.4. Subsanación de la demanda
30. Mediante auto del 16 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas inadmitió
la demanda y ordenó a la parte actora precisar las pretensiones de acuerdo con el medio
de control ejercido. En particular, le indicó que debía señalar con claridad si pretendía la
nulidad de un acto administrativo expreso, caso en el cual debía aportar la constancia de
su notificación, o si cuestionaba un acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo, evento en el que debía formular la pretensión correspondiente y aportar
la prueba que demostrara su configuración3.
31. Dentro del término concedido, la parte demandante presentó escrito de subsanación
en el que precisó que solicitaba la nulidad del acto administrativo ficto o presunto
3
visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2019-00097-01, archivo eml
«ED_RV_170012333000(.eml) NroActua 2», link OneDrive, archivo pdf «Subsanamiento demanda Gustavo Cardenas
Cardona.pdf».
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derivado del silencio administrativo negativo en el que incurrió el ICA al no resolver la
petición presentada el 1 de agosto de 2018.
32. Explicó que esa petición estaba encaminada a obtener el reconocimiento y pago de
los valores que consideraba adeudados con ocasión de la relación laboral que afirmó
haber sostenido con el ICA.
33. En lo demás, mantuvo las pretensiones, los hechos y los fundamentos jurídicos
expuestos en el escrito inicial de la demanda y anexó una copia para el traslado a las
partes y el soporte magnético requerido para el trámite de notificación personal del auto
admisorio.
2.2. Contestación de la demanda
34. El
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, contestó la demanda de manera
extemporánea.
2.3. Sentencia de primera instancia
35. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 6 de octubre de 20224,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los
siguientes términos:
36. En primer lugar, precisó que la contestación presentada por el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, fue extemporánea. No obstante, tuvo en cuenta los argumentos
formulados por la entidad en los alegatos de conclusión, relacionados con la naturaleza
contractual de la vinculación, la autonomía del contratista y la prescripción de los
derechos reclamados.
37. Como cuestión previa, determinó que se configuró un acto administrativo ficto
negativo, debido a que Gustavo Cárdenas Cardona presentó el 1 de agosto de 2018 una
petición para obtener el reconocimiento de la relación laboral y el pago de los derechos
económicos derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos entre 2008 y
2015, sin que la entidad hubiera demostrado que la resolvió dentro del término legal.
38. Sobre la prestación personal del servicio, consideró acreditado que el demandante
ejecutó directamente las actividades para las cuales fue contratado como médico
veterinario zootecnista, relacionadas con el área pecuaria, la sanidad aviar y la
protección animal. Para ello, valoró los contratos, los informes mensuales de actividades
y las declaraciones recibidas durante el proceso.
39. Respecto de la remuneración, señaló que en cada contrato se pactó una suma global
que se pagaba en mensualidades, por lo que concluyó que el demandante recibió
periódicamente una contraprestación económica por los servicios prestados.
4
Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2019-00097-01, archivo eml
«ED_RV_170012333000(.eml) NroActua 2», link OneDrive, archivo pdf «29SentenciaPrimeraInstancia4Fl.pdf».
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
40. En cuanto a la subordinación, tuvo en cuenta las declaraciones de María Cristina
Aguirre Gaviria, María Deysi Vargas Cardona y Henry Alberto Castrillón Rivera. A partir
de ellas, encontró acreditado que el demandante cumplía horarios, prestaba sus
servicios en las instalaciones del ICA y en trabajo de campo, utilizaba oficinas,
computadores, vehículos, insumos y elementos suministrados por la entidad, debía
informar o solicitar autorización para ausentarse y presentaba programaciones e
informes sometidos a revisión y aprobación.
41. También valoró que el demandante debía atender las instrucciones impartidas por la
gerente seccional y las directrices enviadas desde el nivel central, asistir a reuniones,
modificar sus cronogramas cuando las necesidades del servicio lo exigieran y ejecutar
actividades adicionales, incluso durante los fines de semana.
42. La sentencia de primera instancia estimó que esas circunstancias excedieron el
ámbito de coordinación propio de un contrato de prestación de servicios, porque
evidenciaban que la entidad ejercía dirección y control efectivo sobre las condiciones de
tiempo, modo y lugar en las que el demandante desarrollaba sus labores.
43. Agregó que las actividades cumplidas estaban directamente relacionadas con el
objeto y las funciones misionales del ICA, en particular con la prevención, vigilancia y
control de los riesgos sanitarios y las enfermedades que afectaban a las especies
animales.
44. Indicó que la celebración sucesiva de contratos durante aproximadamente 8 años
revelaba la vocación de permanencia de las labores desarrolladas y desvirtuaba el
carácter temporal y excepcional que debía caracterizar la contratación de prestación de
servicios.
45. En consecuencia, concluyó que el vínculo formal trascendió lo pactado y se convirtió
en una relación laboral encubierta, porque se acreditaron la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continuada. Por esta razón, declaró la
nulidad del acto administrativo ficto negativo.
46. A continuación, analizó si el demandante tenía derecho al pago de las prestaciones
sociales y a la devolución de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social.
47. Sobre las prestaciones sociales, explicó que el reconocimiento de la relación laboral
encubierta no confería al demandante la calidad de empleado público, pues no existió
nombramiento ni posesión en un empleo de la planta de personal. Sin embargo,
consideró procedente reconocerle las prestaciones sociales a las que tendría derecho
un empleado de la entidad de igual categoría, liquidadas con fundamento en los
honorarios pactados y en el tiempo efectivamente laborado.
48. Negó la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías, debido a que la
obligación de reconocerlas solo surgía a partir de la sentencia que declaró la existencia
de la relación laboral. También negó el reintegro de los valores sufragados por las pólizas
de cumplimiento, por considerar que la desnaturalización de los contratos no implicaba
la devolución de los gastos efectuados para su celebración.
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
49. En materia de seguridad social, estimó improcedente ordenar la devolución de los
aportes realizados a salud y riesgos laborales, por tratarse de contribuciones obligatorias
de naturaleza parafiscal.
50. En cambio, dispuso que el ICA devolviera al demandante los aportes efectuados al
Sistema General de Pensiones en el porcentaje que correspondía asumir al empleador.
Para ello, el actor debía acreditar las cotizaciones realizadas y, en caso de existir
diferencias a su cargo, completar el porcentaje correspondiente al trabajador. En cuanto
a los aportes al Sistema General de Pensiones, dispuso que el ICA reintegrara al
demandante el porcentaje que legalmente correspondía asumir al empleador, respecto
de los periodos contractuales no prescritos, debido a que aquel efectuó las cotizaciones
como trabajador independiente. Para el cumplimiento de la condena, el actor debía
acreditar los aportes realizados y, si se verificaba que no había cotizado o que existía
una diferencia, asumir o completar únicamente el porcentaje que legalmente le
correspondía como trabajador.
51. Igualmente, declaró que el tiempo laborado mediante contratos de prestación de
servicios debía computarse para efectos pensionales, salvo las interrupciones existentes
entre los diferentes vínculos contractuales.
52. Frente a la prescripción, explicó que los derechos salariales y prestacionales debían
reclamarse dentro de los 3 años siguientes a la terminación de la relación contractual y
que las interrupciones superiores a 30 días hábiles permitían establecer la existencia de
solución de continuidad.
53. Al analizar los periodos contratados, estableció que entre la terminación del contrato
de 2012 y el inicio del contrato de 2013 transcurrieron 62 días hábiles, por lo que
consideró interrumpida la unidad de la vinculación.
54. Como la reclamación administrativa se presentó el 1 de agosto de 2018, concluyó que
habían prescrito los derechos derivados de los contratos ejecutados durante los años
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
55. En contraste, determinó que no se configuró la prescripción respecto de los contratos
celebrados en 2013, 2014 y 2015, porque entre la terminación de estos y la presentación
de la reclamación no transcurrieron más de 3 años.
56. Por lo anterior, condenó al ICA a reconocer y pagar las prestaciones sociales
correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de abril de 2013 y el 30 de diciembre
de 2015, salvo las interrupciones, con fundamento en los honorarios recibidos y el tiempo
efectivamente laborado.
57. Asimismo, ordenó devolver al demandante los aportes realizados al Sistema General
de Pensiones, en el porcentaje que correspondía al empleador, durante los contratos
ejecutados en 2013, 2014 y 2015, salvo las interrupciones, y dispuso actualizar las
sumas reconocidas con fundamento en el índice de precios al consumidor.
58. Finalmente, el tribunal resolvió lo siguiente:
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
«PRIMERO: DECLARAR configurado el acto ficto negativo frente a la petición radicada
por el señor Gustavo Cárdenas Cardona ante el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
el día 1° de agosto de 2018, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad del acto ficto negativo, por medio del cual la entidad
accionada negó la relación laboral.
TERCERO: DECLÁRESE PROBADA PARCIALMENTE DE OFICIO la excepción de
prescripción del derecho frente a los contratos de prestación de servicios celebrados en
los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDÉNASE al
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA a pagar al señor GUSTAVO
CÁRDENAS CARDONA todas las prestaciones sociales a los que un empleado de igual
categoría de la entidad tendría derecho, tomando como base el valor de los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios por el período de tiempo que duraron
los celebrados en los años 2013, 2014 y 2015, salvo las interrupciones.
Además, deberá devolver al actor los valores que él aportó al sistema de seguridad social
en pensiones en el porcentaje que le correspondería al empleador y que fueran asumidos
inicialmente por el demandante en el período que duraron los contratos de prestación de
servicios de los años 2013, 2014 y 2015, salvo las interrupciones; por lo que el
demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante
sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador.
Se declara, además, que el tiempo laborado por el demandante mediante contrato de
prestación de servicios, salvo interrupciones, se debe computar para efectos pensionales.
Los valores a pagar deberán ser reajustados conforme a la fórmula señalada en la parte
considerativa de esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones. […]».
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Recurso de apelación del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
59. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del 6 de octubre de 2022 y solicitó que se revocara para, en su lugar, negar la
totalidad de las pretensiones de la demanda5.
60. En primer lugar, sostuvo que los contratos celebrados con Gustavo Cárdenas Cardona
estuvieron regidos por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, disposición que autoriza a
las entidades estatales a contratar la prestación de servicios relacionados con su
administración o funcionamiento cuando las actividades no puedan ser desarrolladas por
el personal de planta o requieran conocimientos especializados.
5
Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2019-00097-01, archivo eml
«ED_RV_170012333000(.eml) NroActua 2», link OneDrive, archivo pdf «31RecursoApelacionDdo09F.pdf».
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
61. Afirmó que la entidad acudió legítimamente a una modalidad contractual prevista en
el ordenamiento jurídico para atender necesidades del servicio y que, por tanto, los
contratos conservaron su naturaleza estatal durante toda su ejecución.
62. Señaló que esa clase de contratos no genera una relación laboral ni prestaciones
sociales y que el demandante actuó como contratista autónomo e independiente, sujeto
a las obligaciones pactadas en cada negocio jurídico.
63. Cuestionó la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, pues
consideró que la negativa a reconocer una relación laboral se encontraba ajustada a la
ley. Según el ICA, en el proceso no se allegó una prueba que demostrara que la
vinculación contractual hubiera perdido su naturaleza y se hubiera transformado en una
relación laboral encubierta.
64. Alegó que la sentencia confundió la supervisión y coordinación propias de la
contratación estatal con la subordinación laboral. Insistió en que el seguimiento al
cumplimiento del objeto, la presentación de informes y las instrucciones relacionadas con
las obligaciones contractuales no implicaban el ejercicio de poder subordinante.
65. Indicó que el demandante no demostró haber estado sometido a órdenes continuadas
sobre el modo, tiempo y cantidad de trabajo, ni acreditó que alguna autoridad del ICA
hubiera ejercido sobre él facultades disciplinarias propias de una relación laboral.
66. Agregóque la declaración recibida durante el proceso no aportaba todos los
elementos necesarios para demostrar la subordinación ni permitía establecer que el
demandante desempeñara funciones idénticas a las de un servidor de planta.
67. Sostuvo que las pruebas allegadas eran insuficientes para concluir que Gustavo
Cárdenas Cardona hubiera sido tratado como empleado público y no como contratista.
68. En su criterio, correspondía al demandante demostrar los hechos en los que fundó la
supuesta subordinación, carga que no cumplió.
69. Frente a la remuneración, afirmó que el actor no recibió salarios, sino los honorarios
acordados en cada contrato, sometidos a las retenciones tributarias correspondientes.
Añadió que esos pagos constituían la contraprestación total por los servicios ejecutados
y que los contratos no generaban otros emolumentos.
70. Explicó que el reconocimiento judicial de una relación laboral tampoco podía conferir
al demandante la calidad de empleado público, porque para adquirirla se requerían la
existencia del empleo en la planta de personal, el nombramiento o elección y la posesión.
71. En ese sentido, cuestionó la condena al pago de las prestaciones sociales a las que
tendría derecho un empleado de igual categoría, debido a que no se demostró la
existencia de subordinación ni la identidad entre las funciones desarrolladas por el actor
y las asignadas a un empleo concreto de la planta del ICA.
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Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
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72. En conclusión, solicitó revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones, al
estimar que no se acreditaron los presupuestos jurisprudenciales necesarios para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta.
2.4.2. Recurso de apelación de Gustavo Cárdenas Cardona
73. Gustavo Cárdenas Cardona interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 6
de octubre de 2022, exclusivamente en cuanto declaró de oficio la prescripción de los
derechos derivados de los contratos de prestación de servicios ejecutados entre 2008 y
2012. Solicitó revocar parcialmente esa determinación y reconocer también los derechos
correspondientes a dichos periodos.
74. Manifestó que la contestación de la demanda fue presentada extemporáneamente y
que el ICA no propuso oportunamente la excepción de prescripción. Por ello, cuestionó
que el tribunal hubiera declarado probado de oficio ese medio exceptivo con fundamento
en los argumentos formulados posteriormente por la entidad.
75. Reconoció que el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 faculta al juez contencioso–
administrativo para decidir sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que
encuentre acreditada. Sin embargo, sostuvo que esa atribución no debía aplicarse en el
caso concreto, porque beneficiaba a una entidad que incumplió la carga procesal de
contestar la demanda dentro del término legal.
76. Afirmó que declarar de oficio la prescripción equivalía a subsanar la negligencia
procesal del ICA y a concederle una ventaja que no obtuvo mediante su actuación
oportuna. En su criterio, el juez asumió una posición favorable a la entidad demandada
al suplir la omisión de su defensa.
77. Alegó que la aplicación oficiosa de la prescripción en asuntos de relaciones laborales
encubiertas desconocía las circunstancias en las que se encuentran los contratistas,
quienes no pueden reclamar durante la vigencia de los contratos sin exponerse a que la
entidad decida no volver a vincularlos.
78. Explicó que exigir la reclamación dentro de los 3 años siguientes a los primeros
contratos desconocía que el contratista podía abstenerse de reclamar para conservar su
fuente de ingresos y continuar siendo contratado por la entidad.
79. Sostuvo que la declaración oficiosa vulneró el derecho a la igualdad procesal, porque
los empleados públicos sometidos a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
podían enfrentar la declaración judicial de la prescripción sin que hubiera sido alegada,
mientras que, según afirmó, los trabajadores sometidos a la jurisdicción ordinaria no se
encontraban expuestos al mismo riesgo.
80. También alegó la vulneración del derecho a un juicio imparcial, debido a que el juez
tomó partido por la entidad beneficiada con la prescripción y perdió la neutralidad que
debía conservar frente a los sujetos procesales.
81. Señalóque se desconoció el principio de congruencia, pues el tribunal negó
parcialmente las pretensiones por una razón que no fue planteada oportunamente por el
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
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ICA. A su juicio, la decisión excedió el objeto de la controversia y se profirió por fuera de
lo solicitado por las partes.
82. Finalmente, sostuvo que la aplicación oficiosa de la prescripción afectaba la seguridad
jurídica, porque convertía su declaración en una facultad discrecional del juez y generaba
incertidumbre respecto de la forma en que sería resuelto el litigio.
83. Por estas razones, solicitó revocar parcialmente la sentencia y dejar sin efectos la
prescripción declarada respecto de los contratos ejecutados entre 2008 y 2012, al
considerar que esa decisión era inconstitucional e inequitativa.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
84. Como no hubo pruebas que decretar, no se corrió traslado a las partes para presentar
alegatos de conclusión.
2.6. Concepto del Ministerio Público
85. El Ministerio Público rindió concepto y solicitó revocar la sentencia del 6 de octubre de
2022, al considerar que el demandante no acreditó el elemento de subordinación
necesario para declarar la existencia de una relación laboral encubierta6.
86. El Ministerio Público consideró demostrados la prestación personal del servicio y la
remuneración, pues el demandante fue contratado directamente por sus conocimientos
como médico veterinario y recibió pagos mensuales, previa presentación de las cuentas
de cobro y de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor.
87. Sin embargo, estimó que las pruebas no permitían concluir que el actor hubiera
prestado sus servicios bajo subordinación continuada. Para ello, examinó las
declaraciones de María Cristina Aguirre Gaviria, María Deysi Vargas Cardona y Henry
Alberto Castrillón Rivera.
88. Respecto de la declaración de María Cristina Aguirre Gaviria, destacó que la testigo
afirmó que el demandante tenía autonomía para organizar los tiempos y las actividades
relacionadas con los ciclos de vacunación, aunque debía observar los protocolos
sanitarios establecidos por la entidad.
89. Señaló que, si bien la testigo manifestó que existía un horario de ingreso a las
instalaciones, también indicó que no se firmaban planillas ni se marcaba tarjeta y que,
cuando las labores requerían trabajo de campo, el demandante podía permanecer por
fuera durante 2 o 3 días.
90. Sobre la declaración de María Deysi Vargas Cardona, resaltó que al actor se le
entregaban implementos, oficina y vehículo, y que asistía a reuniones y desarrollaba
actividades en diferentes áreas de la medicina veterinaria. No obstante, consideró que
6
Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2019-00097-01, archivo pdf
«16_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 21».
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esas circunstancias podían explicarse por la necesidad de facilitar la ejecución del
contrato.
91. En cuanto al testimonio de Henry Alberto Castrillón Rivera, tuvo en cuenta que los
contratistas debían permanecer en la oficina los lunes y que durante el resto de la
semana elaboraban una programación de los predios y actividades que realizarían.
También destacó que dicha programación podía ser modificada por razones
presupuestales, disponibilidad de vehículos, insumos o necesidades institucionales.
92. A juicio de la Procuraduría, la asistencia del demandante a la oficina los lunes no
demostraba la imposición de un horario estricto semejante al de los empleados de planta,
sino una obligación necesaria para registrar y organizar los asuntos a su cargo.
93. Explicó que las programaciones semanales eran concertadas previamente con la
entidad, por lo que no podía afirmarse que existiera una imposición unilateral sobre las
actividades que debía desarrollar. Añadió que el actor conservaba autonomía para
disponer de sus labores dentro de los protocolos sanitarios aplicables.
94. También sostuvo que la obligación de informar las ausencias podía entenderse como
una medida propia de la coordinación contractual y no como la exigencia de solicitar
permisos laborales.
95. Consideró que el suministro de oficina, vehículo, equipos, insumos y demás elementos
de trabajo tampoco demostraba, por sí solo, la existencia de subordinación, pues tales
recursos podían ser proporcionados para facilitar la prestación eficiente del servicio
contratado.
96. Señaló que el control sobre la entrada y salida de los vehículos obedecía a razones
operativas y de administración de los bienes públicos, sin que en el expediente existiera
prueba documental que acreditara el cumplimiento obligatorio de una jornada laboral.
97. Indicóque no se demostraron llamados de atención, medidas correctivas,
compensatorios, imposición de reglamentos internos ni órdenes directas y permanentes
que evidenciaran el ejercicio del poder subordinante por parte del ICA.
98. Agregó que la solicitud de asistencia del contratista en situaciones de emergencia
sanitaria fue excepcional y se encontraba relacionada con la naturaleza del servicio
contratado, por lo que no tenía entidad suficiente para transformar la coordinación
contractual en subordinación laboral.
99. También advirtió que no se aportaron los manuales de funciones de los empleos de
planta, lo cual impedía efectuar una comparación detallada entre las tareas desarrolladas
por el demandante y aquellas asignadas a servidores públicos del ICA.
100. Para la Procuraduría, el hecho de que los contratos se hubieran celebrado durante
varios años y estuvieran relacionados con actividades misionales constituía un indicio,
pero no resultaba suficiente para declarar una relación laboral encubierta sin acreditar la
subordinación.
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101. En ese sentido, concluyó que las directrices impartidas por la entidad no
desbordaron el grado de planificación, seguimiento y coordinación necesario para el
cumplimiento de los objetos contractuales.
102. En criterio del Ministerio Público, no se demostró que el demandante recibiera
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, cumpliera una jornada impuesta
durante el trabajo de campo, estuviera sometido al poder disciplinario de la entidad o
careciera de autonomía profesional para desarrollar sus actividades.
103. Por lo anterior, estimó fundados los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por el ICA y solicitó revocar la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
III. Consideraciones
3.1. Competencia
104. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución
105. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:
106. ¿La parte demandante acreditó que, durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios celebrados con el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA– entre
2008 y 2015, prestó sus servicios bajo condiciones de subordinación continuada, de
manera que se configuró una relación laboral encubierta?
107. En caso de que se confirme la existencia de la relación laboral encubierta, ¿el
tribunal podía declarar de oficio la prescripción de los derechos salariales y
prestacionales derivados de los contratos ejecutados entre 2008 y 2012, pese a que el
ICA contestó extemporáneamente la demanda y no propuso oportunamente esa
excepción?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
108. La jurisprudencia unificada de esta corporación7 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no constituyen una
fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han reconocido que
dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos esenciales de un vínculo laboral.
109. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre las
formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato de
prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos laborales
derivados de dicha relación.
110. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público a
quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
111. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral,
los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia
del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los
principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los
derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado»8.
112. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal
del contrato de prestación de servicios.
113. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad, con
la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa en las
órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de personal.
114. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»9.
8
Ibídem.
9
Idem.
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
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115. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una relación
laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño de carreras
profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son requeridas
frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»10.
116. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
«Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.
(ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos,
la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».11
(iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».12
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a
las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados.13
En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún ánimo
o vocación de permanencia».
117. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de prestación
de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las funciones
permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades
temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden
suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades,
pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal
suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
10
Ibídem.
11
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de
1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las
expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, proceso
con radicado IJ-0039.
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misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.
118. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al
que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios
previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene
que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la
Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de
permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización
de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad,
el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales
circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social
en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que
el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal».
119. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia, de
cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que en
cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
120. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
«(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala consideró que
si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30 días hábiles, no se
rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite mantener la unidad del
vínculo laboral para efectos legales.
(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral encubierta. La
jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en casos de
relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que más protege
los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para cumplir el fin
de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la práctica,
30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si lo que se
pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior, puesto que en
muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral encubierta o
subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones, superiores, incluso, a
un mes».
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3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
121. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia, siempre
que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación en la
subordinación propia del contrato de trabajo»14.
122. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202115, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el
cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados16».
123. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario. La
presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral encubierta,
sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan los empleados
de planta.
124. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.
b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
14
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016).
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, proceso
con radicado IJ-0039.
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o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
disciplina o del ius variandi,17 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del
elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga
una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que
en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de
ser valorado como un indicio claro de subordinación.
d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los
servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el
cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de
planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la
prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas
condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se
enmarca en el objeto misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la subordinación
125. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de prestación
de servicios.
126. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se practiquen
o se aporten»18, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma
se lee en consonancia con el artículo 167 idem que regula el principio de necesidad de
la prueba, al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».
127. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
17
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
18
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
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128. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»19, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»20.
129. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su
relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la obligación
de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica (art. 176
CGP).
130. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro hecho
desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las inferencias
sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
131. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica de
la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al empleador.
En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir la carga de la
prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes de fallar, por la
«cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, […] o por
estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre
otras circunstancias similares».
3.4. Hechos probados relevantes
132. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:
133. Gustavo Cárdenas Cardona celebró con el Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, 8 contratos de prestación de servicios profesionales entre los años 2008 y 2015,
inicialmente en la seccional Risaralda y, posteriormente, en la seccional Caldas21.
134. Los contratos acreditados en el expediente fueron los siguientes:
Contrato Periodo de Valor Objeto
ejecución
CSR-005-2008 Del 1 de febrero $23.760.000 Prestar apoyo en la ejecución de las
al 30 de actividades de la Subgerencia de
diciembre de Protección y Regulación Pecuaria en
2008 Risaralda, relacionadas con la regulación,
prevención, detección, manejo y
erradicación de problemas sanitarios
endémicos y exóticos; visitas a fincas; toma
19
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
20
Ibídem.
21
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«ED_RV_170012333000(.eml) NroActua 2», link OneDrive, archivo pdf «001CuadernoNo1.pdf».
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de muestras; verificación del cumplimiento
de la normativa en plantas de beneficio,
plazas de ferias y movilizaciones de
animales; inscripción y caracterización de
granjas; transferencia tecnológica; visitas a
distribuidores de insumos pecuarios y
atención de sospechas de enfermedades.
RIS(P)-093-281- Del 9 de marzo $20.160.000 Prestar servicios profesionales en la
2009 al 30 de Subgerencia de Protección Animal,
diciembre de Dirección Técnica de Sanidad Animal, con
2009 sede en Pereira, para apoyar las
actividades relacionadas con el control de
enfermedades aviares de origen bacteriano
y viral.
CAL(P)-91-154- Del 28 de enero $24.393.600 Prestar servicios como médico veterinario
2010 al 27 de zootecnista, con experiencia en el control
diciembre de de enfermedades aviares de origen
2010 bacteriano y viral.
CAL(P)-175-2011 Del 2 de febrero — Prestar servicios profesionales como
al 30 de médico veterinario zootecnista para apoyar
diciembre de los programas sanitarios y las actividades
2011 de protección animal desarrolladas por la
seccional Caldas.
CAL(P)-195-2012 Del 1 de febrero — Prestar servicios profesionales como
al 30 de médico veterinario zootecnista en los
diciembre de programas sanitarios de protección animal
2012 adelantados por la seccional Caldas.
CAL-1373-2013 Del 3 de abril al $21.960.000 Apoyar al líder aviar seccional en el
30 de diciembre desarrollo de los programas de prevención,
de 2013 control y erradicación de enfermedades
aviares de control oficial y en la atención de
presentaciones inusuales de otras
enfermedades en la Gerencia Seccional
Caldas.
CAL-339-2014 Del 17 de enero — Prestar servicios profesionales en los
al 30 de programas sanitarios de la Subgerencia de
diciembre de Protección Animal del ICA en la seccional
2014 Caldas.
CAL-PS-021-2015 Del 20 de enero — Prestar servicios profesionales en los
al 30 de programas sanitarios de la Subgerencia de
diciembre de Protección Animal del ICA en la seccional
2015 Caldas.
135. En el contrato CSR-005-2008 se señaló que el ICA requería apoyo para el
cumplimiento de las funciones a cargo de la Subgerencia de Protección y Regulación
Pecuaria y que el contratista contaba con conocimientos especializados en medicina
veterinaria y con inducción y capacitación en las actividades de esa dependencia.
También se contempló el reconocimiento de gastos de desplazamiento cuando debiera
ejecutar actividades por fuera de la sede22.
136. En los contratos celebrados entre 2010 y 2015 se consignó, dentro de las razones
que justificaban la contratación, que la entidad no contaba con personal suficiente para
desarrollar las actividades requeridas en el área pecuaria y de sanidad animal.
22
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137. En los contratos se pactó el pago de honorarios por mensualidades vencidas,
sujeto a la presentación del informe de actividades, la certificación de cumplimiento
expedida por el supervisor y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.
138. Los contratos también incluyeron obligaciones relacionadas con el cumplimiento
del objeto pactado, la presentación de informes, la asistencia a reuniones, el manejo y
devolución de los bienes entregados, la constitución de garantías, la afiliación y
cotización al Sistema de Seguridad Social, la supervisión contractual y la observancia de
las instrucciones técnicas necesarias para el desarrollo de los programas sanitarios.
139. En el contrato CAL-339-2014 se estableció que el contratista podía utilizar
vehículos oficiales del ICA, previa programación y autorización del supervisor y
únicamente para la ejecución de las actividades contratadas. Asimismo, se dispuso que
debía devolver los elementos y vehículos facilitados al terminar el contrato y aportar el
acta correspondiente como requisito para el pago de los honorarios pendientes23.
140. En ese contrato se asignó la supervisión al gerente seccional Caldas o a quien
hiciera sus veces, quien debía verificar que las obligaciones fueran cumplidas conforme
con las estipulaciones contractuales y con criterios de calidad y oportunidad.
141. El contrato CAL-PS-021-2015 dispuso que el supervisor debía verificar el
cumplimiento del objeto, autorizar los pagos, comprobar la afiliación y el pago al Sistema
de Seguridad Social, controlar el uso y la devolución de los bienes, documentos y
expedientes suministrados y verificar que el contratista atendiera los radicados
asignados en los sistemas institucionales24.
142. En ese mismo contrato se estableció que, cuando se entregara un carné al
contratista, este debía portarlo de manera visible dentro de las instalaciones de la entidad
y devolverlo al finalizar la vinculación. También se contempló la suspensión contractual
cuando el contratista debiera ausentarse del lugar de ejecución por un periodo superior
a 5 días hábiles.
143. En el expediente reposan informes mensuales de las actividades ejecutadas por
Gustavo Cárdenas Cardona durante los diferentes contratos, acompañados de
certificaciones suscritas por los supervisores y de planillas de pago de aportes a salud,
pensión y riesgos laborales25.
144. Los informes correspondientes al contrato CAL-1373-2013 identificaron como
objeto contractual el apoyo al líder aviar seccional en los programas de prevención,
control y erradicación de enfermedades aviares de control oficial y en la atención de
presentaciones inusuales de otras enfermedades en la Gerencia Seccional Caldas26.
23
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24
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«ED_RV_170012333000(.eml) NroActua 2», link OneDrive, archivo pdf «03CuadernoNo1BFls400a574.pdf».
25
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26
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145. Los informes de actividades del contrato CAL-339-2014 registraron, entre otras,
las siguientes labores:
I. Registro, actualización y georreferenciación de predios y granjas avícolas.
II. Actualización de censos y bases de datos.
III. Caracterización de sistemas de producción pecuaria.
IV. Visitas a granjas, ferias ganaderas, plantas de sacrificio, predios de alto riesgo,
almacenes de insumos y centros de acopio.
V. Atención de sospechas de enfermedades de control oficial.
VI. Toma de muestras para estudios serológicos.
VII. Seguimiento a ciclos de vacunación.
VIII. Participación en comités sanitarios y técnicos.
IX. Actividades de educación sanitaria y capacitación.
X. Atención de requerimientos relacionados con diferentes especies animales.
146. En el informe correspondiente a enero de 2014 se indicó que el demandante
apoyó el proceso de registro de productores avícolas, mantuvo actualizada la base de
datos aviar y desarrolló las actividades previstas en los programas sanitarios de la
Subgerencia de Protección Animal27.
147. En febrero de 2014 reportó visitas de verificación para la construcción de granjas,
visitas a granjas avícolas en Aranzazu, Filadelfia y Manizales, atención de una sospecha
sanitaria en la vereda El Guineo de Manizales y participación en un comité técnico aviar
celebrado en Pereira28.
148. En marzo de 2014 informó visitas a granjas de Riosucio, Salamina y Palestina;
caracterización de predios; visitas a ferias ganaderas, plantas de sacrificio y centros de
acopio; participación en comités sanitarios y técnicos; y entrenamiento de un funcionario
encargado del proyecto aviar en el departamento del Quindío, por solicitud del gerente
seccional29.
149. En abril de 2014 reportó visitas a granjas de Supía, Palestina y San José;
vigilancia en ferias, plantas de sacrificio y centros de acopio; programación de muestreos
para influenza aviar y realización de una capacitación dirigida a beneficiarios del SENA
y del Comité de Cafeteros de Caldas30.
27
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28
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«ED_RV_170012333000(.eml) NroActua 2», link OneDrive, archivo pdf «03CuadernoNo1BFls400a574.pdf.
29
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30
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150. En mayo de 2014 registró visitas a granjas en Risaralda y Manizales, toma de
muestras, visitas a plantas de sacrificio y almacenes de insumos, participación en un
comité técnico aviar y asistencia a un entrenamiento sobre atención de sospechas de
enfermedades de declaración obligatoria31.
151. En junio de 2014 reportó visitas a granjas en Neira, Pensilvania, Viterbo y Supía;
supervisión de actividades de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis; toma de
muestras en granjas avícolas y participación en el Comité Departamental de Sanidad
Aviar32.
152. Los informes de actividades fueron suscritos por el demandante y por la
supervisora Ana Milena Nieto Ossa, quien certificó el cumplimiento de las actividades allí
descritas33.
153. En los informes y soportes documentales correspondientes a 2013, 2014 y 2015
aparecen registros de visitas, formularios institucionales, bases de datos, listados de
asistentes, actas, documentos de georreferenciación y demás productos relacionados
con las actividades reportadas34.
154. Las planillas integradas de liquidación de aportes que obran en el expediente
registran pagos efectuados a nombre de Gustavo Cárdenas Cardona como cotizante
independiente a los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales35.
155. También se aportaron actas de inicio, terminación y liquidación, informes
mensuales, incapacidades y soportes de seguridad social relacionados con los contratos
celebrados en 2011 y 201236.
156. El 1 de agosto de 2018, Gustavo Cárdenas Cardona presentó ante el ICA una
petición identificada con el radicado interno 1818101459, mediante la cual solicitó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de los derechos
salariales, prestacionales y de seguridad social derivados de los contratos ejecutados
entre 2008 y 201537.
157. En el expediente no obra respuesta expresa del ICA a dicha petición anterior a la
presentación de la demanda38.
31
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32
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33
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34
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158. El 13 de diciembre de 2018, el demandante solicitó la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad y la audiencia se celebró el 14 de febrero de 2019, sin
acuerdo entre las partes39.
159. En la audiencia de pruebas celebrada el 15 de diciembre de 2020 se recibieron
las declaraciones de María Cristina Aguirre Gaviria, María Deysi Vargas Cardonay y
Henry Alberto Castrillón Rivera, quienes fueron citadas para informar sobre las labores
desarrolladas por el demandante, su jornada, horario y condiciones de prestación del
servicio40.
• Testimonio de María Cristina Aguirre Gaviria
160. María Cristina Aguirre Gaviria manifestó ser zootecnista y haber estado vinculada
al ICA mediante contratos de prestación de servicios, inicialmente durante su práctica
universitaria y, posteriormente, como responsable del área de pesca en la seccional
Risaralda.
161. Indicó que coincidió con Gustavo Cárdenas Cardona aproximadamente durante
los años 2008 y 2009 y que lo conoció porque trabajaban en las mismas instalaciones.
Agregó que, durante su práctica, participó con él en actividades del área avícola.
162. Señaló que el demandante lideraba el proyecto de avicultura y desarrollaba visitas
a granjas, labores de vacunación, controles sanitarios, toma de muestras y demás
actividades relacionadas con ese programa.
163. Explicó que normalmente llegaban a las instalaciones del ICA cerca de las 8:00 a.
m. y que la jornada se extendía hasta aproximadamente las 5:00 p. m., salvo cuando
debían realizar trabajo de campo durante varios días. Precisó que no firmaban planillas
ni marcaban tarjeta.
164. Manifestó que el gerente seccional estaba pendiente del ingreso del personal y
preguntaba por las personas que no habían llegado. También indicó que, cuando debían
ausentarse, tenían que informar al gerente seccional, de manera verbal o escrita.
165. Declaró que las actividades generales eran definidas por el ICA desde el nivel
central y que los contratistas organizaban los tiempos, desplazamientos y municipios en
los que desarrollarían las tareas programadas.
166. Señaló que el demandante debía presentar una programación semanal y que esta
se elaboraba de acuerdo con los lineamientos remitidos desde Bogotá.
167. Indicó que el ICA suministraba oficina, computador, escritorio, vehículos, vacunas,
jeringas, elementos para la toma de muestras, overoles, botas, chalecos, gorras, guantes
y carné institucional.
39
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40
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«ED_RV_170012333000(.eml) NroActua 2», link OneDrive, archivos mp4 «15VideoAudienciaPruebas1.mp4» y
«16VideoAudienciasPruebas2.pm4».
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168. Explicó que los contratistas presentaban informes mensuales de actividades y los
soportes de pago de salud, pensión y riesgos laborales para tramitar el pago de los
honorarios.
169. Manifestó que, para la época en la que coincidió con el demandante en Risaralda,
había pocos empleados de planta y varios contratistas desarrollaban actividades
relacionadas con los programas institucionales.
• Testimonio de María Deysi Vargas Cardona
170. María Deysi Vargas Cardona manifestó que estuvo vinculada al ICA, primero
como contratista y después mediante nombramiento provisional. Indicó que desempeñó
actividades en recepción, recaudo, ingresos y revisión de cuentas.
171. Señaló que coincidió con Gustavo Cárdenas Cardona durante los años 2014 y
2015 en la seccional Caldas y que, desde su puesto en recepción, observaba su ingreso,
salida, desplazamientos y entrega de documentos.
172. Explicó que los lunes los contratistas organizaban los elementos, muestras y
actividades que ejecutarían durante la semana y que el demandante se desplazaba a
diferentes municipios de Caldas en un vehículo asignado por el ICA.
173. Señaló que Gustavo Cárdenas Cardona llegaba temprano a la entidad, en
ocasiones entre las 6:00 y las 7:00 a. m., para efectuar desplazamientos, y que algunos
días regresaba después de las 6:30 p. m. o permanecía durante 2 o 3 días en los
municipios visitados.
174. Manifestó que la gerente seccional Ana Milena Nieto Ossa verificaba el
cumplimiento de las actividades del demandante y que este debía responder por las
metas y labores asignadas.
175. Indicó que el demandante tenía una oficina, computador, escritorio, neveras,
jeringas, medicamentos y demás elementos entregados bajo inventario. Agregó que, al
finalizar el contrato, debía devolverlos para obtener el paz y salvo.
176. Explicó que los vehículos oficiales debían registrarse al salir y al ingresar, con
anotación de la hora, destino y kilometraje, y que permanecían en las instalaciones del
ICA durante los fines de semana, salvo que existiera una instrucción para atender una
actividad específica.
177. Señaló que el demandante participaba en reuniones en Armenia y Pereira y
representaba al ICA ante entidades territoriales y organizaciones del sector
agropecuario.
178. Manifestó que también fue enviado a atender asuntos relacionados con porcinos
y bovinos y que realizó capacitaciones en los municipios y en las instalaciones del ICA.
179. Explicó que los lineamientos técnicos generales provenían del nivel central y que
podían modificarse cuando se presentaban brotes o situaciones sanitarias especiales.
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180. Señaló que el demandante recibía chalecos, gorras, guantes, carné y otros
elementos identificados con el logotipo del ICA.
181. Indicó que, para recibir el pago mensual, debía presentar el informe de
actividades, los soportes de las visitas y gastos y la planilla de pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social.
182. Manifestó que en algunas ocasiones los contratistas continuaban desarrollando
las actividades mientras se formalizaba el contrato correspondiente al nuevo periodo.
183. También afirmó que el demandante trabajó algunos sábados, domingos y festivos
cuando debía atender actividades solicitadas por la gerente seccional.
184. Precisó que la mayor parte de las actividades del demandante se desarrollaban
fuera de las instalaciones de la entidad.
• Testimonio de Henry Alberto Castrillón Rivera
185. Henry Alberto Castrillón Rivera manifestó que conoció al demandante
aproximadamente desde 2014, cuando ambos prestaban servicios al ICA como
contratistas.
186. Señaló que Gustavo Cárdenas Cardona era el líder aviar de la seccional Caldas
y que sus actividades comprendían visitas a galpones, atención sanitaria, trabajo de
campo y seguimiento a los requerimientos formulados por los productores.
187. Indicó que los lunes debían permanecer en las oficinas de la entidad, en horario
de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., para atender al público y organizar
las actividades.
188. Explicó que el resto de la semana se desarrollaba conforme con una programación
en la que se indicaban los predios o granjas que serían visitados, y que, cuando no se
encontraban realizando trabajo de campo, debían permanecer en las oficinas.
189. Manifestó que el demandante tenía una oficina en el área pecuaria, con
computador, escritorio y los elementos necesarios para ejecutar sus actividades.
190. Señaló que los equipos, papelería, escritorios y demás bienes utilizados
pertenecían al ICA y debían ser devueltos al finalizar el contrato para obtener el paz y
salvo.
191. Indicó que la jefe directa del demandante era la gerente seccional del ICA.
192. Explicó que los contratistas elaboraban la programación de actividades, aunque
esta podía ser modificada o no aprobada por razones presupuestales, disponibilidad de
vehículos, insumos o necesidades organizacionales de la entidad.
193. Manifestó que las ausencias debían ser informadas y que, cuando se utilizaban
vehículos oficiales, se registraban su ingreso y salida de las instalaciones.
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3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
194. La Sala resolverá, en primer lugar, el recurso de apelación interpuesto por el
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, dirigido a controvertir la existencia de la relación
laboral encubierta. Posteriormente, analizará la inconformidad de Gustavo Cárdenas
Cardona frente a la prescripción declarada de oficio respecto de los derechos derivados
de los contratos ejecutados entre 2008 y 2012.
3.5.1. Existencia de la relación laboral encubierta
195. El ICA sostiene que la sentencia confundió la supervisión y coordinación propias
del contrato de prestación de servicios con la subordinación laboral. A su juicio, la
presentación de informes, el seguimiento de las obligaciones, la asistencia a reuniones
y las instrucciones relacionadas con los programas sanitarios constituían mecanismos
legítimos de control contractual y no demostraban que la entidad hubiera ejercido poder
subordinante sobre el demandante.
196. En el proceso no existe controversia respecto de la prestación personal del
servicio ni de la remuneración. Los 8 contratos acreditados fueron celebrados
directamente con Gustavo Cárdenas Cardona por sus conocimientos como médico
veterinario zootecnista y establecieron honorarios pagaderos en mensualidades
vencidas. Los informes de ejecución también aparecen suscritos por el demandante y
certificados por los respectivos supervisores.
197. La discusión se concentra, por tanto, en establecer si el demandante conservó la
autonomía técnica y organizativa característica de un contratista independiente o si, por
el contrario, estuvo sometido a condiciones de subordinación.
198. La valoración conjunta de la prueba documental y testimonial demuestra que la
relación superó el ámbito de la coordinación contractual.
199. En primer término, las labores desarrolladas por Gustavo Cárdenas Cardona no
correspondieron a una asesoría externa, ocasional o limitada a la entrega de un producto
determinado. Desde 2008 hasta 2015 fue contratado sucesivamente para ejecutar
actividades vinculadas con los programas de sanidad animal del ICA, entre ellas la
prevención, vigilancia, control y erradicación de enfermedades aviares; la visita y
caracterización de granjas; la toma de muestras; el seguimiento de ciclos de vacunación;
la actualización de censos y bases de datos; la atención de sospechas sanitarias; la
participación en comités y la realización de actividades de capacitación. Los objetos
contractuales conservaron una finalidad material semejante durante los diferentes
periodos.
200. Los informes mensuales correspondientes al contrato CAL-339-2014 muestran
que el demandante debía ejecutar las actividades que integraban los programas
sanitarios de la Subgerencia de Protección Animal y reportar detalladamente su
cumplimiento. En ellos se registraron visitas a granjas, plantas de sacrificio, ferias
ganaderas y almacenes de insumos; atención de sospechas sanitarias; toma de
muestras; apoyo a ciclos de vacunación; participación en comités técnicos y sanitarios;
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y capacitaciones solicitadas por la entidad. Los documentos fueron suscritos por el actor
y certificados por Ana Milena Nieto Ossa como supervisora del contrato.
201. Esta circunstancia no demuestra por sí sola la subordinación, pues una entidad
pública puede verificar el cumplimiento del objeto contratado. No obstante, adquiere una
significación diferente cuando se analiza junto con las demás pruebas sobre la forma en
que el ICA determinaba las actividades, los tiempos, los desplazamientos y la
disponibilidad del demandante.
202. María Cristina Aguirre Gaviria declaró que coincidió con Gustavo Cárdenas
Cardona en la seccional Risaralda durante 2008 y 2009 y que participó con él en
actividades del proyecto aviar. Explicó que normalmente ingresaban a las instalaciones
cerca de las 8:00 a.m. y permanecían hasta aproximadamente las 5:00 p.m., salvo
cuando debían efectuar trabajo de campo. También señaló que el gerente seccional
estaba pendiente de la asistencia y preguntaba por quienes no se encontraban en la
sede.
203. La testigo aclaró que no se marcaba tarjeta ni se suscribía una planilla de
asistencia. Sin embargo, afirmó que debían estar en la oficina dentro del horario
establecido y que las ausencias tenían que ser informadas al gerente seccional. Al ser
interrogada sobre el origen de esa obligación, explicó que, al comenzar la vinculación, el
gerente les indicaba que debían reportar cuando no fueran a permanecer en la sede o
no pudieran desarrollar alguna actividad.
204. La ausencia de un registro biométrico o de una planilla diaria no descarta la
subordinación. El control de la disponibilidad puede demostrarse mediante otros
elementos, como la obligación de permanecer en la sede, informar las ausencias,
atender las actividades asignadas y someter la programación al conocimiento de los
responsables de la entidad.
205. María Cristina Aguirre también señaló que los programas generales provenían del
nivel central del ICA y que los contratistas debían ejecutar las actividades fijadas desde
Bogotá. Precisó que la autonomía se limitaba a organizar los tiempos, las distancias y el
orden de los municipios, pero no comprendía la facultad de decidir cuáles acciones
sanitarias se realizarían ni los procedimientos técnicos que debían emplearse.
206. En concreto, manifestó que, si desde el nivel central se ordenaba ejecutar una
jornada de vacunación, realizar determinado seguimiento o atender una actividad
sanitaria, el contratista debía incluirla en su programación y desarrollarla conforme con
los protocolos definidos por la entidad. Añadió que Gustavo Cárdenas Cardona debía
presentar una programación semanal elaborada a partir de esos lineamientos.
207. Esta declaración permite diferenciar la autonomía profesional de la mera
posibilidad de organizar materialmente los desplazamientos. La facultad de escoger el
orden de las visitas o agrupar municipios cercanos no equivale a independencia cuando
la entidad determina las actividades que deben ejecutarse, los protocolos aplicables, los
resultados esperados y los plazos para cumplirlos.
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208. Por su parte, María Deysi Vargas Cardona declaró que coincidió con el
demandante en la seccional Caldas durante 2014 y 2015. Desde las funciones que
desempeñó en recepción, recaudo y revisión de documentos, observó su ingreso a las
instalaciones, sus desplazamientos, la utilización de vehículos oficiales y la entrega de
los informes requeridos para el pago.
209. La testigo manifestó que los lunes los contratistas se reunían en la sede para
organizar las actividades, los elementos y las muestras que utilizarían durante la semana.
Señaló que Gustavo Cárdenas Cardona llegaba temprano, en ocasiones entre las 6:00
y las 7:00 a.m., cuando debía desplazarse a municipios alejados, y que podía regresar
después de las 6:30 p.m. o permanecer varios días fuera de la ciudad por razón del
servicio.
210. También indicó que la gerente seccional Ana Milena Nieto Ossa verificaba el
cumplimiento de las metas y actividades del demandante, impartía instrucciones directas
y modificaba las rutas o programaciones cuando se presentaban brotes, solicitudes
especiales o necesidades sanitarias. Según la testigo, esas instrucciones podían
comunicarse directamente al contratista, por intermedio de la secretaria o mediante
llamadas telefónicas.
211. María Deysi Vargas afirmó, además, que el demandante no solo atendía
actividades del programa aviar, sino que, por disposición de la gerente, debía apoyar
asuntos relacionados con porcinos y bovinos, realizar capacitaciones y trabajar durante
algunos sábados, domingos o festivos cuando las necesidades sanitarias lo exigían.
212. Estas afirmaciones encuentran respaldo en los informes mensuales. En marzo de
2014 se registró el entrenamiento de un funcionario encargado del proyecto aviar en el
departamento del Quindío «por solicitud expresa y directa» del gerente seccional. En
mayo se reportó apoyo al proyecto de insumos pecuarios mediante visitas a almacenes
distribuidores y, en junio, actividades de supervisión de vacunación contra fiebre aftosa
y brucelosis, además de las labores propias del programa aviar.
213. La coincidencia entre los testimonios y los informes permite establecer que las
instrucciones no se limitaban a explicar el objeto contractual ni a verificar un resultado
final. La entidad podía disponer de la actividad del demandante, alterar su programación
y asignarle tareas según las necesidades operativas de cada periodo.
214. También está probado que la prestación se ejecutaba con los medios
institucionales. María Cristina Aguirre y María Deysi Vargas señalaron que el ICA
suministraba oficina, computador, escritorio, vehículos, neveras, elementos para toma
de muestras, medicamentos, jeringas, dotación identificada con el logotipo institucional
y carné. Los bienes se entregaban bajo inventario y debían devolverse al finalizar el
contrato.
215. Esta circunstancia tampoco configura, de manera aislada, una relación laboral,
especialmente porque la naturaleza de algunas actividades sanitarias podía exigir el
empleo de equipos institucionales. Sin embargo, unida a la permanencia la sujeción a
programaciones, la modificación de rutas, la obligación de informar ausencias, la
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atención de requerimientos adicionales y el control ejercido por la gerente seccional,
confirma que el demandante se integró funcionalmente a la organización del ICA.
216. Los contratos de 2014 y 2015 también asignaron la supervisión al gerente
seccional y establecieron controles sobre el cumplimiento de las actividades, la utilización
de vehículos, la devolución de bienes, la atención de documentos institucionales y la
autorización de pagos. En particular, el contrato CAL-PS-021-2015 dispuso que el
supervisor verificara la actualización de los radicados asignados, el uso del carné dentro
de las instalaciones y la devolución de los bienes y expedientes al finalizar el vínculo.
217. La Sala reconoce que algunas de esas obligaciones son compatibles con la
supervisión contractual. No obstante, el análisis no puede fraccionarse ni limitarse a
examinar cada indicio por separado. La subordinación surge de la concurrencia de varios
elementos que, apreciados integralmente, muestran la posibilidad permanente de la
entidad de disponer de la actividad del contratista.
218. En este asunto se acreditó que: (i) las actividades y protocolos eran definidos por
el ICA; (ii) el demandante debía programar su ejecución conforme con los lineamientos
provenientes del nivel central; (iii) la gerente seccional podía modificar la programación
y ordenar la atención de situaciones específicas; (iv) las ausencias debían informarse;
(v) el actor debía permanecer en las instalaciones cuando no realizaba trabajo de campo;
(vi) debía atender actividades adicionales y prestar servicios durante fines de semana
cuando fuera requerido; (vii) utilizaba oficinas, vehículos, equipos e insumos
institucionales; y (viii) presentaba informes mensuales sometidos a revisión y aprobación
para obtener el pago.
219. La autonomía que conservaba el demandante para organizar el orden de los
desplazamientos o agrupar municipios cercanos respondía a la ejecución práctica de las
instrucciones recibidas. No comprendía la libertad de definir el contenido de los
programas sanitarios, apartarse de los protocolos institucionales, rechazar las
actividades asignadas o disponer plenamente de su tiempo.
220. Tampoco resulta suficiente el argumento del ICA según el cual no se demostró el
ejercicio de potestad disciplinaria. La subordinación no exige acreditar la imposición
efectiva de una sanción. Basta demostrar que la entidad tenía la posibilidad de dirigir la
actividad y exigir el cumplimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar, como
ocurrió en este caso.
221. Por estas razones, la Sala se aparta del concepto del Ministerio Público. Aunque
la presentación de informes, el suministro de elementos, la asistencia a reuniones y la
existencia de protocolos pueden corresponder, aisladamente, a la coordinación
contractual, en este asunto concurrieron con la facultad de la entidad para disponer de
la actividad del demandante, modificar su programación, asignarle tareas adicionales,
exigirle informar sus ausencias y requerir su disponibilidad frente a necesidades
sanitarias. La valoración conjunta de esas circunstancias demuestra que el seguimiento
ejercido por el ICA superó el control propio de la supervisión contractual.
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222. En consecuencia, el recurso de apelación del ICA no prospera. La prueba
valorada en conjunto acredita que Gustavo Cárdenas Cardona prestó personalmente sus
servicios, recibió una remuneración periódica y estuvo sometido a subordinación
continuada durante la ejecución de los contratos celebrados entre 2008 y 2015. Por tanto,
se confirmará la declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta.
3.5.2. Prescripción de los derechos derivados de los contratos ejecutados entre
2008 y 2012
223. Gustavo Cárdenas Cardona cuestiona que el tribunal declarara de oficio la
prescripción, porque el ICA contestó extemporáneamente la demanda y no propuso esa
excepción dentro de la oportunidad procesal. A su juicio, la decisión suplió la negligencia
de la entidad, afectó la imparcialidad judicial y desconoció el principio de congruencia.
224. La inconformidad no está llamada a prosperar.
225. La declaración oficiosa no supone que el juez actúe como apoderado de una de
las partes. Se trata del cumplimiento de un deber legal que opera cuando los hechos
constitutivos de la excepción se encuentran demostrados en el expediente. Tampoco
quebranta la congruencia, porque la prescripción incide directamente en el alcance
temporal del restablecimiento solicitado y debe resolverse una vez se reconoce la
existencia de la relación laboral encubierta.
226. Para determinarla, debía atenderse el término trienal aplicable a los derechos
prestacionales y la regla jurisprudencial según la cual la reclamación debe presentarse
dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo declarado como laboral.
Cuando existen contratos sucesivos, corresponde verificar si entre ellos hubo
interrupciones que rompieran la unidad de la relación.
227. La Sección Segunda unificó el criterio conforme al cual, cuando entre la
terminación de un contrato y el inicio del siguiente no han transcurrido más de 30 días
hábiles, y los objetos y obligaciones son iguales o similares, se entiende que no existe
solución de continuidad. Cuando el interregno supera ese término, corresponde examinar
las circunstancias probadas para determinar si hubo una ruptura real del vínculo.
228. En el expediente se acreditaron los siguientes periodos:
• Contrato CAL(P)-195-2012: del 1 de febrero al 30 de diciembre de 2012.
• Contrato CAL-1373-2013: desde 3 de abril hasta el 30 de diciembre de 2013, según
los documentos de perfeccionamiento y ejecución valorados por el tribunal.
• Contrato CAL-339-2014: del 17 de enero al 30 de diciembre de 2014.
• Contrato CAL-PS-021-2015: del 20 de enero al 30 de diciembre de 2015.
229. Entre la finalización del contrato de 2012 y el inicio de la ejecución del contrato de
2013 transcurrieron 62 días hábiles. En cambio, entre los contratos de 2013 y 2014 hubo
una interrupción de 11 días hábiles y entre los contratos de 2014 y 2015 una de 12 días
hábiles.
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230. El periodo de 62 días hábiles supera ampliamente el parámetro de 30 días fijado
para establecer la unidad del vínculo. Además, no obra prueba documental de prestación
del servicio durante ese interregno. Los contratos, informes y certificaciones acreditan la
actividad dentro de los periodos expresamente convenidos, pero no permiten extenderla
al lapso comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 y el inicio del contrato de 2013.
231. La afirmación testimonial según la cual en algunas oportunidades los contratistas
continuaban trabajando mientras se formalizaban los contratos no identifica de manera
concreta actividades desarrolladas por Gustavo Cárdenas Cardona durante esos 62
días, ni precisa fechas, órdenes, informes, desplazamientos o productos que permitan
tener por demostrada la continuidad material en ese interregno. Por ello, esa declaración
no desvirtúa las fechas acreditadas documentalmente.
232. En consecuencia, se configuraron 2 segmentos contractuales diferenciados: el
primero, integrado por los contratos ejecutados entre 2008 y 2012; y el segundo,
conformado por los contratos de 2013, 2014 y 2015, cuyas interrupciones fueron
inferiores a 30 días hábiles.
233. Gustavo Cárdenas Cardona presentó la reclamación administrativa el 1 de agosto
de 2018. Para ese momento habían transcurrido más de 3 años desde la terminación del
contrato de 2012, ocurrida el 30 de diciembre de ese año. Por tanto, estaban prescritos
los derechos salariales y prestacionales derivados del primer segmento contractual.
234. En contraste, la reclamación fue presentada antes de que transcurrieran 3 años
desde la finalización del último contrato, ocurrida el 30 de diciembre de 2015. Como entre
los contratos ejecutados en 2013, 2014 y 2015 no existieron interrupciones superiores a
30 días hábiles, los derechos correspondientes a ese segmento no prescribieron.
235. El argumento relativo a que el demandante no podía reclamar durante la vigencia
de los contratos por temor a no ser nuevamente vinculado no modifica el término legal ni
permite desconocer la interrupción probada. Aunque esa situación puede explicar
subjetivamente la ausencia de reclamación, no existe en el expediente una circunstancia
jurídica que hubiera suspendido o impedido el cómputo de la prescripción.
236. Tampoco se advierte vulneración de la igualdad, la imparcialidad o la seguridad
jurídica. El tribunal aplicó una facultad expresamente prevista en el artículo 187 del
CPACA y determinó la prescripción a partir de las fechas contractuales, la reclamación
administrativa y el interregno de 62 días hábiles acreditado en el expediente.
237. Por consiguiente, se confirmará la decisión de declarar prescritos los derechos
salariales y prestacionales derivados de los contratos ejecutados durante los años 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012.
3.5.3. Restablecimiento del derecho
238. Como consecuencia de la existencia de la relación laboral encubierta, Gustavo
Cárdenas Cardona tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
legales causadas durante los periodos contractuales no prescritos. No obstante,
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
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corresponde precisar la base sobre la cual debe efectuarse su liquidación y las
consecuencias relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
239. El tribunal ordenó al ICA reconocer las prestaciones sociales causadas entre el 3
de abril de 2013 y el 30 de diciembre de 2015, salvo las interrupciones contractuales,
tomando como base los honorarios recibidos por el demandante. Asimismo, dispuso
reintegrarle el porcentaje de los aportes pensionales que correspondía asumir al
empleador.
240. La Subsección considera que la base para liquidar las prestaciones sociales
derivadas de una relación laboral encubierta debe corresponder al salario asignado al
empleo de la planta de personal cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las
efectivamente desarrolladas por el contratista.
241. La equivalencia exigida es de carácter funcional. Por tanto, no es necesario que
en la planta de personal exista un empleo cuya denominación coincida exactamente con
la profesión o actividad del contratista. Lo relevante es establecer si alguno de los
empleos existentes comprende funciones iguales, similares o equivalentes a las que
aquel desempeñó durante la ejecución de los contratos.
242. Los honorarios pactados no constituyen, en principio, la base para liquidar las
prestaciones sociales, porque corresponden a la remuneración acordada dentro de una
relación contractual cuya realidad fue desvirtuada judicialmente. En contraste, el salario
del empleo equivalente responde a los criterios jurídicos y técnicos aplicables a la
remuneración de los servidores públicos y constituye un parámetro objetivo, equitativo y
proporcional para calcular el restablecimiento del derecho.
243. En el presente asunto, Gustavo Cárdenas Cardona prestó sus servicios como
médico veterinario zootecnista y desarrolló actividades relacionadas con los programas
de sanidad y protección animal del ICA, entre ellas la prevención, vigilancia, control y
erradicación de enfermedades aviares; las visitas y caracterización de granjas; la toma
de muestras; el seguimiento de ciclos de vacunación; la atención de sospechas sanitarias
y la participación en comités técnicos y sanitarios.
244. En consecuencia, el ICA deberá identificar el empleo de su planta de personal
que, durante los periodos reconocidos, tuviera asignadas funciones iguales o
equivalentes a las efectivamente desarrolladas por Gustavo Cárdenas Cardona. Las
prestaciones sociales deberán liquidarse con fundamento en el salario asignado a ese
empleo para cada anualidad.
245. Solo si la entidad determina, de manera sustentada, que durante los periodos
reconocidos no existía en su planta de personal un empleo con funciones iguales o
equivalentes, deberá tomar como base de liquidación los honorarios pactados en los
respectivos contratos de prestación de servicios. Esta solución corresponde a la regla
adoptada por la Subsección, según la cual el salario del empleo funcionalmente
equivalente es la base principal y los honorarios únicamente operan de manera residual.
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3.5.4. Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
246. En cuanto a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la Sala modificará
la orden impartida por el tribunal. No hay lugar a devolver directamente al demandante
los valores que pagó como contratista independiente por concepto de salud, pensión o
riesgos laborales.
247. Los recursos provenientes de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social
tienen naturaleza parafiscal, son de obligatorio pago y recaudo y se encuentran
destinados al cumplimiento de una finalidad específica. Por esa razón, no constituyen un
crédito a favor del aportante ni puede reconocerse al demandante la titularidad sobre las
sumas que ingresaron al sistema. La declaratoria de una relación laboral encubierta no
modifica la naturaleza ni la destinación de esos recursos.
248. En materia pensional, lo procedente no es reintegrar dinero directamente a
Gustavo Cárdenas Cardona, sino garantizar que en su historia laboral se reflejen
correctamente las cotizaciones correspondientes a los periodos durante los cuales se
reconoció la relación laboral.
249. Para ese efecto, el ICA deberá calcular, mes a mes, el ingreso base de cotización
pensional con fundamento en el salario asignado al empleo de planta cuyas funciones
fueran iguales o equivalentes a las desarrolladas por el demandante. Solo si no existe
un empleo funcionalmente equivalente, tomará como base los honorarios pactados.
250. Una vez realizado el cálculo, el ICA deberá trasladar al fondo de pensiones las
cotizaciones o diferencias que correspondan al porcentaje que legalmente debía asumir
como empleador. La parte demandante deberá acreditar los aportes efectuados durante
los vínculos contractuales y, si no los realizó o existe una diferencia respecto del
porcentaje que le correspondía como trabajador, deberá asumir o completar únicamente
esa proporción.
251. Las cotizaciones pensionales no están sometidas a prescripción por su relación
directa con la conformación del derecho pensional. Esta imprescriptibilidad se refiere a
la obligación de efectuar correctamente los aportes al sistema y no permite ordenar la
devolución de las sumas pagadas por el demandante como contratista independiente.
252. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia para: (i)
establecer que las prestaciones sociales correspondientes a los periodos no prescritos
se liquidarán con base en el salario del empleo de planta con funciones iguales o
equivalentes y, solo si este no existe, con fundamento en los honorarios; y (ii) sustituir la
orden de reintegro de aportes pensionales al demandante por la obligación del ICA de
efectuar al fondo las cotizaciones o diferencias que correspondan al porcentaje
legalmente a su cargo.
3.6. Conclusión de la decisión
253. La Sala concluye que Gustavo Cárdenas Cardona acreditó la prestación personal
del servicio, la remuneración y la subordinación continuada durante la ejecución de los
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contratos celebrados con el ICA. La entidad determinaba los programas y protocolos
aplicables, podía modificar las actividades y los desplazamientos, exigía la presentación
de programaciones e informes, controlaba las ausencias y suministraba los medios
necesarios para el desarrollo de las labores. Por tanto, se confirmará la declaración de
existencia de una relación laboral encubierta.
254. Asimismo, el tribunal estaba facultado para declarar de oficio la prescripción. Entre
la terminación del contrato ejecutado en 2012 y el inicio del correspondiente a 2013
transcurrieron 62 días hábiles, sin que se acreditara la prestación del servicio durante
ese lapso. Como la reclamación administrativa fue presentada el 1 de agosto de 2018,
prescribieron los derechos salariales y prestacionales derivados de los contratos
ejecutados entre 2008 y 2012.
255. Sin embargo, se modificará el restablecimiento del derecho. Las prestaciones
sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de abril de 2013 y el 30 de
diciembre de 2015, salvo las interrupciones contractuales, deberán liquidarse con
fundamento en el salario asignado al empleo de la planta de personal del ICA cuyas
funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por Gustavo Cárdenas
Cardona. Solo si no existe un empleo funcionalmente equivalente se tomarán como base
los honorarios pactados.
256. También se modificará la orden relacionada con los aportes al Sistema de
Seguridad Social. No procede devolver al demandante los valores pagados por concepto
de salud, pensión o riesgos laborales, debido a su naturaleza parafiscal y a su
destinación específica. En materia pensional, el ICA deberá calcular el ingreso base de
cotización con el salario del empleo equivalente —o, en su defecto, con los honorarios—
y trasladar al fondo las cotizaciones o diferencias correspondientes al porcentaje que
legalmente debía asumir como empleador.
257. En consecuencia, la sentencia apelada será modificada en cuanto a la base de
liquidación de las prestaciones sociales y a la orden de devolución de los aportes
pensionales, y se confirmará en lo demás.
3.7. Costas
258. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario41 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
41
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en
materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el
escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de
las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el
contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes
exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito
del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Modificar el numeral segundo de la sentencia del 6 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así:
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, reconocer y pagar a Gustavo Cárdenas Cardona las
prestaciones sociales legales causadas durante los periodos contractuales
comprendidos entre el 3 de abril de 2013 y el 30 de diciembre de 2015, salvo las
interrupciones acreditadas en el expediente. Para su liquidación deberá tomar
como base el salario asignado, en cada anualidad, al empleo de su planta de
personal cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las efectivamente
desarrolladas por el demandante. Solo si no existe un empleo con funciones
iguales o equivalentes, la base de liquidación corresponderá a los honorarios
pactados en los respectivos contratos de prestación de servicios.
Ordenar al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, calcular, mes a mes, el
ingreso base de cotización pensional de Gustavo Cárdenas Cardona respecto de
los periodos contractuales acreditados entre 2008 y 2015, salvo las interrupciones
correspondientes, tomando como base el salario asignado al empleo de la planta
de personal cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las desarrolladas por
el demandante. Solo si no existe un empleo funcionalmente equivalente, se
tomarán como base los honorarios pactados.
Una vez efectuado el cálculo, el ICA deberá trasladar al fondo de pensiones las
cotizaciones o diferencias correspondientes al porcentaje que legalmente debía
asumir como empleador. El demandante deberá acreditar los aportes efectuados
durante los vínculos contractuales y, si no los realizó o existe una diferencia,
asumir o completar el porcentaje que legalmente le correspondía como trabajador.
No hay lugar a devolver directamente a Gustavo Cárdenas Cardona los aportes
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 6 de octubre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016,
exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00097-01 (1134-2023)
Demandante: Gustavo Cárdenas Cardona
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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