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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00149-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00149-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia recurrida, así: CUARTO: ORDÉNESE a las siguientes entidades y a la comunidad: 4.1. AL MUNICIPIO DE MANIZALES: 4.1.2. En el plazo de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia: (i) realizar un diagnóstico de las vías que requieran del mantenimiento de cunetas, transversales, drenes con descoles con la correcta entrega de aguas a los sitios correspondientes. (ii) en coordinación con Corpocaldas, deberán realizar, en el marco de sus competencias, los estudios técnicos que permitan identificar: (a) los usos inadecuados del suelo en la vereda Pueblo Hondo como en las zonas en donde se presentaron el hundimiento en 2010 y el deslizamiento en 2019; (b) el estado de las rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las zonas que requieran de coberturas vegetales y en general, (c) aquellas que precisen de estabilización. (iii) Igualmente, en ese mismo plazo y con base en el anterior estudio, el Municipio de Manizales y Corpocaldas, en el marco de sus competencias, tendrán que definir las medidas que permitan resolver la problemática que allí se presenta. Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 45 Radicado: 17001 23 33 000 2019 00149 01 Demandante: Luis Guillermo Arango Bernal y otros 4.1.3. En el año siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, adelantará un programa de educación, socialización y actividades con la comunidad de la vereda Pueblo Hondo en torno a: (i) manejo adecuado de los usos del suelo, como el cuidado de los recursos naturales, las rondas hídricas, y las zonas de protección, entre ellas la forestal, en coordinación con Corpocaldas; (ii) obras de manejo de aguas lluvias dentro de las viviendas y predios, como la correcta entrega de aguas a los sitios correspondientes; (iii) En el término de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo dispuesto en el numeral 4.1.2., el Municipio de Manizales y Corpocaldas, el ámbito de sus competencias, tendrán que ejecutar las obras definidas en el literal iii) del anotado ordinal. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2019-00149-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de junio de 2024

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00149 01
Demandante: Luis Guillermo Arango Bernal y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 17001 23 33 000 2019 00149 01
Actor: Luis Guillermo Arango Bernal y otros1
Demandados: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros2
Tesis: No es cierto que la acción popular de la referencia tenga por objeto la
protección del derecho de propiedad de los demandantes.
Es responsable una Corporación Autónoma Regional de la vulneración a los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la prevención de desastres
previsibles técnicamente, a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, como consecuencia de la
situación de riesgo de deslizamiento que se presenta en un Municipio, por los
indebidos usos del suelo y el no respeto de la faja de protección de las rondas
hídricas.
No es cierto que en la sentencia de primera instancia se ordenó a Corpocaldas la
construcción y mantenimiento de vías.
Es competente un municipio para: (i) identificar los usos inadecuados de suelo en
una vereda en que existe riesgo de deslizamiento, y (ii) realizar el diagnóstico de las
zonas que requieran la estabilización del terreno.
Es competente un Municipio para identificar, en coordinación con una autoridad
ambiental, el estado de las rondas y cauces hídricos, así como de las zonas de
protección forestal que requieran coberturas vegetales.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1 Andrea García Vélez, Luz Dary Vélez Mesa, Álvaro Jiménez Espinosa, Sonia Patiño Huertas,

Elizabet Vélez de Giraldo, Alejandro Uribe Mejía, Alexandra Vélez Marín, Luz Amparo Aristizábal
Muñoz, Álvaro Márquez Martínez, Lina María Valencia, Ana Yolanda Cardona Rozo, Fabian Franco
Escobar y Jhon Alexander Castañeda.
2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres, Servicio Geológico Colombiano, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Municipios
de Manizales y Neira y Departamento de Caldas.

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Demandante: Luis Guillermo Arango Bernal y otros

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Corporación
Autónoma Regional de Caldas (en adelante Corpocaldas) y el Municipio de
Manizales en contra de la sentencia del 17 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los accionantes presentaron la demanda de la referencia en contra de los
Municipios de Manizales y Neira, del Departamento de Caldas, del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
de Corpocaldas y del Servicio Geológico Colombiano. En la demanda no señalaron
los derechos colectivos que se estimaron vulnerados. No obstante, se formularon
las siguientes pretensiones:

“A los accionados, se ordene, conforme a las competencias a su cargo, se
sirvan adoptar las medidas administrativas, presupuestales, técnicas, jurídicas,
y de todo orden que sea necesarias, a fin de que mediante urgencia manifiesta
se intervenga la zona con el fin de:

Regular, controlar y monitorear los usos del suelo, con el fin de llegar a la
reconversión de los usos del suelo, conforme a la naturaleza de la fragilidad de
la zona.

Iniciar los procesos de verificación, y cumplimiento de la conservación de las
rondas de los cauces.

Iniciar los procesos de verificación, control y cumplimiento en materia de
vertimientos.

Verificar el uso de suelo en materia de construcciones.

Adelantar los estudios geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, edafolóficos, y
los demás que se consideren necesarios, tendientes a establecer, si este
territorio es apto para la explotación de maderables, el tránsito de vehículos
pesados o de carga para su extracción, y en caso negativo establecer las
respectivas restricciones.

Con base en los mismos estudios, establecer cuál es el modelo productivo
silvopastoril adecuado a las condiciones de la zona.

Requerir, controlar y monitorear el uso del suelo con actividad de pastoreo en
zona afectadas con deslizamientos. En su defecto, proceder a los procesos
policivos para el retiro de dichos animales de las zonas afectadas.

Las demás que estime pertinentes de acuerdo con la esencia de la presente
acción popular.”3

3 Visible a folios 3 y 4 del Cuaderno 1 del Tribunal.

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Demandante: Luis Guillermo Arango Bernal y otros

1.2. De forma muy sucinta, como sustento de las pretensiones adujeron que:

En noviembre de 2010, en la vereda Pueblo Hondo del Municipio de Manizales,
sucedió un hundimiento de terreno que afectó la infraestructura del acueducto y
obligó a la evacuación de viviendas. Señalaron como causas de esa situación de
emergencia: la ganadería extensiva, el establecimiento de maderables que han
dejado las laderas totalmente desnudas y expuestas a la acción de las aguas de
escorrentía y la falta de conservación de las rondas hídricas.

Acotaron que, en abril de 2019, se presentaron deslizamientos con riesgo de
explosión donde se encuentra la tubería que pertenece a Transgas de Occidente.

Como consecuencia de lo anterior, la autoridad ambiental conceptuó que era
necesario ejecutar algunas obras, como la reconversión de los usos del suelo de
ganadería extensiva y explotación forestal, así como la conservación de las rondas
hídricas en los cauces.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN4

2.1. La acción fue presentada el 9 de abril de 2019. Con auto del 30 de abril 2019,
el Tribunal Administrativo de Caldas dispuso la admisión de la demanda5.

El 26 de septiembre de 2019 ordenó vincular a los señores Alejandro Uribe, Orlando
Escobar, Nelson Vélez, Eduardo Franco, Joaquín Córdoba, Beatriz Helen Camas,
Aida Salazar, Luis Eduardo Noreña, Oscar Andrés Franco, Carlos Loaiza, Álvaro
Jiménez, Oscar Gildardo Tigreros, Juan Carlos Valencia, Filiberto, Marta Giraldo,
Elizabeth Vélez, Andrés Giraldo, Patricio Rico, Omaira Salgado, Ximena Cuartas,
Luz Dary Vélez, Niyereth Vélez, Andrea Vélez, Alexander Vélez, Jairo González,
Gilberto Amador, Esperanza Franco, Ángela, Jhon Edwar, Oscar Agudelo, Ancizar
Escobar, Clemencia Restrepo, Belén Franco, Blanca Ruth Serna, Lina María
Betancur, Alex Henao, Julián Restrepo Franco, Jhon Jairo Acevedo, Jhon Eduard
Ospina, Román Valencia y Gildardo Tigreros.

4 Todo el trámite de la acción de la referencia en la primera instancia se encuentra en el archivo tipo

PDF denominado “001ExpedienteEscaneado”, visible en el índice núm. 2 de Samai.
5 Ibidem.

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Demandante: Luis Guillermo Arango Bernal y otros

El 27 de julio de 2021 vinculó a la Empresa Reforestadora el Guásimo S.A.S.

2.2. El Servicio Geológico Colombiano6 se opuso a las pretensiones de la
demanda. Como sustento de la defensa mencionó que la atención de desastres es
de competencia de las autoridades locales. Propuso las siguientes excepciones: (i)
falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii) estudios geológicos existentes a
nivel regional, y (iii) competencia de las autoridades locales.

2.3. Corpocaldas7 se opuso a las peticiones del libelo introductorio. Formuló las
siguientes excepciones: (i) improcedencia de la acción popular para la protección
del derecho subjetivo de propiedad de los accionantes, y (ii) falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto de las gestiones necesarias para la protección de los
derechos e intereses colectivos cuyo amparo se solicita.

2.4. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural8 se opuso a las
pretensiones de la demanda porque la parte demandante no demostró la
vulneración de los derechos colectivos. Planteó la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.

2.5. El Departamento de Caldas9 señaló que las actividades de control y
regulación de uso del suelo, así como conservación en materia ambiental, se
encuentran bajo la responsabilidad del Municipio de Manizales y la autoridad
ambiental. Propuso las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva, e (ii) inexistencia de prueba de la vulneración de derechos colectivos por
parte del Departamento de Caldas.

2.6. El Municipio de Manizales10 indicó que no vulneró los derechos colectivos
invocados y que debía ser desvinculada de la acción. En cuanto a las razones de
defensa expuso que, de acuerdo con los informes expedidos por la Unidad de
Gestión del Riesgo, la inestabilidad del terreno obedecía a la actividad de pastoreo

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.

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por parte de los propietarios de las fincas. Enunció la excepción que denominó como
culpa de la comunidad.

2.7. El Municipio de Neira11 se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló como excepciones: (i) falta de agotamiento del requisito de procedibilidad,
(ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, (iii) falta de título de imputación e
inexistencia del nexo causal, y (iv) responsabilidad y hechos imputables a terceros.

2.8. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible12 manifestó que no le
constaban los hechos del escrito demandatorio. Puntualizó que Corpocaldas se
encarga de la administración de los recursos naturales en el área. Además, a los
municipios les corresponde la regulación de los usos de los suelos, y agregó que el
modelo silvopastoril está regulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
(ii) actuación conforme a la ley, y (iii) falta de requisito de procedibilidad.

2.9. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres afirmó que la
gestión local del riesgo corresponde a las entidades territoriales. Formuló las
siguientes excepciones: (i) competencias de las autoridades conforme a la
organización político-administrativa del Estado colombiano en materia de gestión
del riesgo de desastres, (ii) competencias de los Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo de Desastres, (iii) instrumentos de planeación para la organización del
territorio en los municipios, y (iv) mecanismos de financiación en materia de gestión
del riesgo de desastres.

2.10. La Empresa Reforestadora el Guásimo13 aclaró que tiene plantaciones en
las veredas Espartillal y Alto del Guamo (Municipio de Manizales) y Guacaica
(Municipio de Neira), y que no desarrolla acciones en las veredas de Pueblo Hondo,
Rocallosa y Quebrada Negra del Municipio de Manizales. Su actividad está
encaminada a favorecer la protección del suelo contra la erosión. En cuanto al
transporte forestal, mencionó que hace uso de vías propias y veredales. Además,
dispone de una cuadrilla con maquinaria para el mantenimiento vial.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.

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Como medios exceptivos alegó: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii)
ausencia de vulneración de derechos colectivos, y (iii) cumplimiento de las
obligaciones legales y reglamentarias.

2.11. Los demás vinculados no contestaron la demanda.

2.12. El 30 de noviembre de 2021, el Tribunal declaró fallida la audiencia de pacto
de cumplimiento14.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el 17 de julio de 2023,
otorgando la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la
prevención de desastres previsibles técnicamente, la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. A
continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de: (i) falta de requisito
de procedibilidad propuesta por el municipio de Neira y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible; (ii) Improcedencia de la acción popular para
la protección de contenido subjetivo de naturaleza patrimonial y Falta de
legitimación en causa de Corpocaldas respecto de las gestiones necesarias
para la protección derechos e intereses colectivos cuyo amparo se solicita
propuestas por Corpocaldas; (iii) Falta de legitimación en causa por pasiva e
Inexistencia de vulneración de derechos colectivos propuestas por el
Departamento de Caldas.

SEGUNDO: DECLÁRESE probadas las siguientes excepciones: (i) las
excepciones de falta de legitimación en la causa propuestas por la Nación –
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como por el Servicio Geológico
Colombiano, el municipio de Neira, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Empresa
Reforestadora el Guásimo; (ii) parcialmente probada la excepción de culpa de
la comunidad propuesta por el municipio de Manizales.

TERCERO: Proteger los derechos colectivos al ambiente sano, a la prevención
de desastres previsibles técnicamente, la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, de la comunidad
en la Vereda Pueblo Hondo del municipio de Manizales.

CUARTO: ORDÉNESE a las siguientes entidades y a la comunidad:

4.1. AL MUNICIPIO DE MANIZALES:

4.1.2. En el plazo de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia: (i) identificar los usos inadecuados de los suelos en la vereda Pueblo

14 Ibidem.

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Hondo como en las zonas en donde se presentaron el hundimiento en 2010 y
el deslizamiento en 2019; (ii) en coordinación con Corpocaldas, identificar el
estado de las rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección
forestal, y las zonas que requieran de coberturas vegetales; (iii) realizar un
diagnóstico de las zonas que requieran estabilización, como también de las vías
que requieran del mantenimiento de cunetas, transversales, drenes con
descoles con la correcta entrega de aguas a los sitios correspondientes.

4.1.3. En el año siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, adelantará un
programa de educación, socialización y actividades con la comunidad de la
vereda Pueblo Hondo en torno a: (i) manejo adecuado de los usos del suelo,
como el cuidado de los recursos naturales, las rondas hídricas, y las zonas de
protección, entre ellas la forestal, en coordinación con Corpocaldas; (ii) obras
de manejo de aguas lluvias dentro de las viviendas y predios, como la correcta
entrega de aguas a los sitios correspondientes; y, (iii) la realización de las
coberturas vegetales donde se requiera.

4.1.4. En los dos años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia: (i)
adelantar las actuaciones administrativas y presupuestales como la ejecución
de las obras que requieran las zonas desestabilizadas como de las vías, según
el diagnóstico previsto en el párrafo §92.1.1 (Sic); (ii) realizar la evaluación de
las acciones que efectúe la comunidad de la vereda para manejo adecuado de
los usos del suelo, como el cuidado de los recursos naturales, las rondas
hídricas, y las zonas de protección, entre ellas la forestal, de acuerdo con el
programa de educación señalado en el anterior párrafo §92.1.2. (Sic).

PARÁGRAFO: Lo anterior sin perjuicio de las labores de policía civil y ambiental
que le corresponda al municipio de Manizales y a Corpocaldas.

4.2. A la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS:
prestar asesoría al municipio de Manizales para: (i) identificar el estado de las
rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las zonas
que requieran de coberturas vegetales; y, (ii) manejo adecuado de los usos del
suelo, como el cuidado de los recursos naturales, las rondas hídricas, y las
zonas de protección, entre ellas la forestal.

4.3. No se desvincula al Departamento de Caldas en razón a las
competencias que tiene de coordinación, concurrencia y subsidiariedad,
respecto al municipio de Manizales, en la Prevención y Gestión del Riesgo.

4.5. EXHORTAR a la comunidad de la Vereda Pueblo Hondo del municipio de
Manizales, para que realice en los predios de su propiedad, posesión y
tenencia, el adecuado uso del suelo en sus predios, la protección de las rondas
hídricas y las zonas de protección, como el correcto manejo de las aguas lluvias
y su debida disposición final.

QUINTO: No se condena en costas en esta instancia.

SEXTO: De conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, y a afectos
de verificar el cumplimiento de las órdenes se conformará el Comité de
Verificación conformado por: (i) el representante del Ministerio Público; (ii) el
delegado de las Defensoría del Pueblo; (iii) el representante del Alcalde del
municipio de Manizales; (v) el delegado de Corpocaldas; (vi) un delegado de los
demandantes; y (vii) el Magistrado ponente, quien lo presidirá. El municipio
deberá presentar al Tribunal informes semestrales sobre el cumplimiento de la
sentencia. El comité de verificación sesionará cada vez que sea requerido o sea
necesario, según los informes presentados por el municipio de Manizales.

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SÉPTIMO: La parte resolutiva de la presente sentencia será publicada en un
diario de amplia circulación en el municipio de Manizales, a cargo del municipio
de Manizales.

OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, REMITASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo y
a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.”15

3.2. En primer lugar, el a quo indicó que las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva e improcedencia de la acción popular para la protección de
contenido subjetivo de naturaleza patrimonial las estudiaría al resolver el fondo del
asunto.

3.3. En segundo lugar, descartó la prosperidad de la excepción de falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad, pues la demanda se admitió al
evidenciarse un riesgo inminente para los habitantes del sector.

3.4. En tercer lugar, aludió a la acción popular de forma genérica, al contenido de
los derechos colectivos implicados en el asunto, a las competencias estatales y
ciudadanas en la reglamentación del uso de los suelos, así como en la gestión de
riesgos, a las funciones de los departamentos en ejercicio de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad y a las prerrogativas de la autoridad
ambiental en materia de protección de las rondas hídricas, para luego referirse al
caso en concreto de la siguiente forma:

3.5. Sostuvo que la vereda Pueblo Hondo del Municipio de Manizales colinda al
norte y occidente con el Municipio de Neira, al oriente con las veredas Santa Rita y
Guacaica y al sur con la vereda Espartillal. Y que, según la consulta cartográfica del
POT de Manizales, el suelo de esta zona tiene una fuerte inclinación.

Señaló que, de acuerdo con la geolocalización predial cartográfica del POT de
Manizales, la vereda Pueblo Hondo presenta una amenaza baja y media por
deslizamiento, según lo confirmó el ingeniero John Jairo Chisco Leguizamón,
adscrito a Corpocaldas.

15 Ibidem.

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Afirmó que en la ficha normativa rural del POT de Manizales, la vereda está
catalogada con suelos de protección y desarrollos restringidos, permitiendo algunos
usos agrícolas, ganaderos y forestales.

Indicó que Luis Guillermo Velásquez Salazar, profesional de la Reforestadora El
Guásimo, explicó que dicha empresa no desarrollaba cultivos forestales en la
vereda Pueblo Hondo.

Adujo que, en 2010, un hundimiento o asentamiento de masas afectó una vivienda
deshabitada y una vía, y en 2019, un deslizamiento afectó varios predios.

Manifestó que la comunidad, a través de la Personería Municipal, impetró varios
derechos de petición el 2 de diciembre de 2010, ante el Municipio de Manizales y
Corpocaldas, con el fin de abordar la problemática de inestabilidad en la vereda
Pueblo Hondo, fincas La Palma y La Juliana.

Dijo que la Oficina Municipal de Manizales para la Prevención y Atención de
Desastres respondió con el oficio número 1914 del 22 de diciembre de 2010,
comentando que: (i) se trataba de un movimiento en masa de grandes proporciones
que afectó varias fincas del sector y del cual se tuvo conocimiento hace
aproximadamente dos (2) años, reactivándose en la presente temporada invernal
con mayor acentuación en la parte baja; (ii) afectaba a una vivienda deshabitada, la
vía y una tubería de gas natural; (iii) se esperaba un deterioro progresivo y
movimientos de masa lentos en la parte baja de la vía, y (iv) no se contaba con un
plan de contingencia para el control de la erosión.

Expuso que Corpocaldas, en el oficio del 24 de diciembre de 2010, informó sobre
un hundimiento en la vía de acceso a la vereda Pueblo Hondo y trajo a colación el
informe del ingeniero John Jairo Chisco Leguizamón, quien señaló que los sucesos
anteriores a 2010 estuvieron condicionados por factores geológicos y antrópicos,
relacionados con cultivos de plátano y café, siendo el detonante la lluvia de larga
duración.

Se refirió al informe de visita del 24 de abril de 2019, con el cual la Unidad de Gestión
del Riesgo del Municipio de Manizales precisó que: (i) se apreciaban múltiples
taludes con gran pendiente, sometidos en gran medida al sobrepastoreo, una

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actividad económica que contribuye a la inestabilidad de éstos; (ii) se recomendaba
a los pobladores estar atentos a las señales de riesgo de taludes, y (iii) debían
efectuarse labores de revegetalización de áreas descubiertas, limpieza y
mantenimiento de los canales colectores, así como adecuación de las cunetas y
canales de captación aledaños al talud, para encauzar correctamente las aguas de
escorrentía.

Mencionó que el 25 de abril de 2019, Corpocaldas y la Unidad de Gestión del Riesgo
de Manizales, respecto a los deslizamientos de los días 5 y 6 de abril de 2019,
indicaron que: (i) coinciden con áreas dedicadas al pastoreo de ganado y la siembra
de cultivos limpios; (ii) las viviendas con algún grado de riesgo ya se encuentran
evacuadas; (iii) las laderas presentan una fuerte pendiente con alta susceptibilidad
a procesos de inestabilidad; (iv) se observan cambios en el uso del suelo,
predominio de pastoreo intensivo y cultivos limpios, y manejo inadecuado de aguas
lluvias; (v) se recomienda el monitoreo periódico de los procesos de inestabilidad,
establecer fajas forestales protectoras de los cauces, y reconvertir los usos del suelo
a sistemas silvo-pastoriles o agro-forestales.

Presentó las conclusiones de los ingenieros John Jairo Chisco Leguizamón y
Mauricio Saavedra Sánchez, según las cuales el evento de 2019 no tuvo
precedentes que permitieran advertir algún tipo de problemática y el factor
detonante del deslizamiento fue la lluvia intensa, asociada al uso del suelo para
cultivos limpios y pastoreo de ganado, lo cual, debido a las condiciones topográficas
de alta pendiente, favoreció este tipo de procesos de inestabilidad.

Explicó que John Jairo Chisco Leguizamón informó que en los sucesos de 2010 y
2019 confluyeron las lluvias y factores asociados al inadecuado uso del suelo
agrícola y ganadero, como la deforestación de áreas protectoras y de las márgenes
de los cauces hídricos.

En ese orden, anotó que, como soluciones al problema de estabilidad en la vereda,
Chisco Leguizamón propuso: (i) obras para el manejo de aguas lluvias; (ii) obras de
drenaje en el interior de las laderas para eliminar procesos de saturación interna y
de aguas superficiales; (iii) cunetas en las vías dotadas de transversales y drenes
con descoles para la correcta entrega de aguas; (iv) revisiones de los usos del suelo
para que los sistemas de explotación agrícola combinen coberturas vegetales, como

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cultivos con árboles que formen barreras transversales a la línea de máxima
pendiente, ayudando a regular el terreno, y (v) la protección de las coberturas
vegetales de las rondas hídricas.

3.6. En cuanto a las actuaciones realizadas en la zona, el Tribunal encontró
probado que:

3.6.1. Entre el 23 de noviembre y el 23 de diciembre de 2009, Corpocaldas, a través
de un contratista, ejecutó el contrato de obra 031-2009 por Urgencia Manifiesta,
“Construcción de Obras de Estabilidad de Taludes y Manejo de Aguas Lluvias en el
Corregimiento 6 del Municipio de Manizales”16. Particularmente en la vereda Pueblo
Hondo se realizó:

• La construcción de canales flexibles, cercas de protección e instalación de tubería
de 24" para el paso de ganado en el predio La Palma.

• Un dique en concreto ciclópeo en drenaje lateral del predio Las Veraneras para
brindar estabilidad a la zona adyacente.

• La construcción de un muro en gaviones para estabilizar la zona lateral del drenaje
en el sector aledaño a la vía.

• Una pantalla anclada pasiva, protecciones de mortero para talud y acequia en la
base de la pantalla, en la finca Las Acacias.

• La construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en
Alto del Guamo, frente a Pueblo Hondo.

3.6.2. Con referencia al suceso de 2019, indicó que en la declaración de John Jairo
Chisco Leguizamón se explicó: (i) los planes de Corpocaldas buscan recuperar fajas
ambientales protectoras de los cauces de las quebradas; (ii) las intervenciones de
la Unidad de Gestión del Riesgo municipal incluyeron obras de reducción de riesgo,
manejo de aguas lluvias, de drenaje y recuperación de suelos degradados,

16 Ibidem.

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disminuyendo el riesgo de deslizamiento en la zona, y (iii) no se reportó otro evento
tras las obras realizadas.

3.6.3. Ahora bien, expuso que el testigo Mauricio Saavedra Sánchez esclareció que
se formularon proyectos en ejecución desde 2021, ante la Unidad de Gestión del
Riesgo, para intervenir varias veredas afectadas, incluida Pueblo Hondo. Y que las
obras proyectadas son adecuadas para recuperar las condiciones de las áreas
afectadas y adyacentes con obras de manejo de aguas. En caso de lluvias
prolongadas, éstas se encuentran controladas con dichas obras.

3.6.4. Expuso que Corpocaldas formuló la delimitación de las rondas hídricas
mediante las Resoluciones 077 de 2011, 193 de 2020 y 1767 de 2021. Agregó que
El POT de Manizales reglamentó los usos del suelo en la vereda Pueblo Hondo.

3.7. Finalmente, en la relación de causalidad entre las actuaciones de las
entidades y la comunidad, frente a la afectación de los derechos colectivos, el
Tribunal consideró que, según los informes técnicos de Corpocaldas, en especial el
del 24 de diciembre de 2010 sobre el hundimiento, y las declaraciones sobre el
deslizamiento de 2019, en la vereda Pueblo Hondo se han presentado problemas
de inestabilidad del terreno con múltiples causas: (i) factores geológicos; (ii)
aprovechamientos inadecuados del suelo y no respeto de las fajas de protección de
los cauces, y (iii) deficiencia en el manejo de aguas durante lluvias prolongadas. Por
tales circunstancias, si bien se realizaron obras de mitigación, persistían deficiencias
en el aprovechamiento de los suelos y en las obras de manejo de lluvias, tanto en
predios particulares como en las vías.

En esa medida, la labor de las autoridades había sido insuficiente para afrontar los
retos en una zona de alta pendiente, con predios pequeños dedicados a cultivos y
actividades ganaderas, algunas de subsistencia. Por lo tanto, existía una relación
de causalidad entre los riesgos de afectación en la zona y las actuaciones de la
comunidad y el control incompleto de las autoridades. Por ende, declaró
parcialmente probada la excepción de culpa de la comunidad propuesta por el
Municipio de Manizales, pues con las prácticas agrícolas y ganaderas contribuyeron
a la generación del problema que terminó en la afectación de los derechos
colectivos.

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3.7.1. De otro lado, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva que fueron propuestas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Servicio Geológico Colombiano, el Municipio de Neira, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la
Empresa Reforestadora El Guásimo.

3.7.2. Concluyó que no era procedente declarar probadas las excepciones de
Corpocaldas y el Departamento de Caldas en cuanto a la falta de legitimación en la
causa por pasiva y la inexistencia de vulneración de derechos colectivos, debido a
sus competencias ambientales y de gestión del riesgo.

3.7.3. En conclusión, el juez de primera instancia ordenó la implementación de
medidas específicas para mitigar los riesgos de deslizamientos y mejorar la gestión
de los recursos naturales en la vereda Pueblo Hondo, asegurando la protección de
los derechos colectivos de sus habitantes.

3.8. Enseguida, precisó las órdenes a impartir en la parte resolutiva y la
conformación del Comité de verificación.

3.9. Por último, dispuso que no emitiría condena en costas.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. El Municipio de Manizales presentó recurso de alzada teniendo en
consideración los argumentos que se sintetizan enseguida:

Señaló que correspondía a Corpocaldas la identificación de los usos inadecuados
del suelo y la valoración de las rondas y cauces hídricos, comoquiera que es la
primera autoridad ambiental del Departamento de Caldas, así como también debía
determinar las zonas que requieren protección forestal y coberturas vegetales.

Alegó que el diagnóstico del terrero y la recomendación de las obras era función de
la mencionada Corporación Autónoma Regional.

Finalmente, aseveró que no se encontraba de acuerdo con el fallo de primera
instancia en relación con que a Corpocaldas únicamente le correspondiera

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asesorar, toda vez que la sobretasa ambiental era un recurso municipal que debía
ser invertido en las obras que requiere el ente territorial, y precisó que las cargas
impuestas por la sentencia no atendían la solidaridad que corresponde en la relación
municipio - autoridad ambiental.

En ese orden, solicitó que se revocara la decisión del 17 de julio de 2023, adoptada
por el Tribunal Administrativo de Caldas.

4.2. Corpocaldas interpuso impugnación para pedir que se revocara la providencia
de primera instancia y se absolviera a esa entidad de la vulneración de los derechos
colectivos en cuestión.

Para el efecto manifestó los siguientes motivos de inconformidad:

4.2.1. Reiteró que con la instauración del mecanismo constitucional de la referencia
se pretende la protección del derecho de propiedad, lo que no es propio de la
naturaleza que inspira los derechos e intereses colectivos, razón por la cual devenía
en improcedente la petición de amparo.

4.2.2. Anotó que no vulneró los derechos colectivos en el asunto de la referencia,
toda vez que el Tribunal comprobó que Corpocaldas, en cumplimiento de su misión,
estableció reglamentariamente las franjas de protección ambiental, de modo que es
el municipio quien debe proceder a su recuperación. Agregó que la determinación
de medidas para afrontar una eventual situación de riesgo en las zonas objeto de
controversia correspondía exclusivamente a las administraciones municipales de
Manizales y Neira, con el apoyo del Departamento de Caldas, que eran las
autoridades competentes en materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo,
al tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012.

Advirtió que los actores populares centraron la demanda en el riesgo de
inestabilidad del suelo en la vereda Pueblo Hondo, indicando que los movimientos
del terreno afectaron la infraestructura del servicio de acueducto del sector,
circunstancia que implica la intervención de la autoridad municipal y de la empresa
encargada de los servicios públicos domiciliarios.

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Sostuvo que ha protegido los derechos e intereses colectivos, cumpliendo con las
normas jurídicas y técnicas aplicables. Además, afirmó que la problemática se debe
a actividades perjudiciales realizadas por los demandantes, como cultivos,
sobrepastoreo en zonas de alta pendiente y el mal manejo del agua, actividades
que el municipio debe controlar. Precisó que, con la Resolución 077 de 2011 (2 de
marzo), expedida por el Director General de esa Corporación en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias y en consonancia con el Decreto 1504 de 1998
del Ministerio de Desarrollo Económico, se estableció en el artículo octavo que es
obligación de los propietarios y poseedores de predios ubicados en áreas rurales
del territorio bajo la competencia de Corpocaldas la protección de las fajas forestales
protectoras de nacimientos y corrientes de agua, y que corresponde al municipio
velar por el respeto de dicha faja de protección.

Expresó que, cuando ha sido requerida por el ente territorial accionado en los
asuntos sobre los cuales tiene competencia respecto a los hechos que dieron origen
al presente trámite constitucional, ha desplegado las acciones necesarias para
mitigar la situación de riesgo, sin que se pueda deducir que ha vulnerado en manera
alguna los derechos de intereses colectivos cuya protección se invoca, como
equívocamente lo consideró el Tribunal Administrativo de Caldas, pues su apoyo al
municipio lo demostró con intervenciones realizadas en la zona en los años 2009 y
2010, en el marco del contrato núm. 031-2009, por lo que se podía asegurar que ha
brindado toda la asesoría técnica del caso para recomendar la solución a la eventual
problemática y ha cumplido con todo rigor en la observancia de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva que se le impone
en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.

4.2.3. Dijo que carecía de competencia para la construcción y mantenimiento de
vías, responsabilidad que recae en el Instituto Nacional de Vías y las entidades
territoriales.

4.2.4. Concluyó solicitando la revocatoria de la sentencia y, en consecuencia,
absolverla de la vulneración de los derechos colectivos.

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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA17

Mediante auto del 15 de septiembre de 2023, el Despacho Sustanciador admitió los
recursos de alzada y prescindió del traslado para alegar de conclusión.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

7.2. Planteamiento

La Sala advierte que las partes están de acuerdo en la vulneración de los derechos
colectivos alegados en la demanda, la cual surge debido a factores geológicos, al
uso inapropiado del suelo y la falta de respeto por las áreas de protección de los
cauces, así como por las deficiencias en la gestión del agua de escorrentía durante
periodos prolongados de lluvia, en la vereda Pueblo Hondo del Municipio de
Manizales.

No obstante, las discrepancias planteadas por los recurrentes se encuentran
relacionadas con la improcedencia de la acción popular, la responsabilidad de la
autoridad ambiental en la vulneración de los derechos colectivos y la competencia
para cumplir con las órdenes de protección impartidas por el Tribunal.

17 Toda la actuación en esta instancia se encuentra visible en Samai en el expediente digital.

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En efecto, sobre el primer punto, Corpocaldas es del criterio que el medio de control
de la referencia no puede ser utilizado para lograr la protección de intereses
particulares y patrimoniales que recaen en la propiedad privada de los actores
populares y en general de los habitantes de la zona objeto de análisis. En este
punto, para el Tribunal, bastó con corroborar la afectación de los derechos
colectivos para descartar que estuviese probada la anotada excepción formulada
por la autoridad ambiental.

En segundo lugar, Corpocaldas sostiene que no es responsable de la vulneración
de los derechos colectivos toda vez que ha actuado diligentemente dentro del marco
de sus competencias, al tiempo que los propietarios de los predios y la
administración municipal debían propender por respetar y controlar las franjas de
protección y el adecuado uso de los suelos. Asimismo, recalcó que los entes
territoriales involucrados en el asunto eran los encargados de la ordenación del
territorio, la gestión del riesgo y la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Mientras que, para el Tribunal, a pesar de las labores efectuadas por esa autoridad
ambiental, continuaban las deficiencias en el aprovechamiento de los suelos y en
las obras de manejo de lluvia; de ahí que fuera necesaria la intervención de esa
Corporación Autónoma Regional en las medidas que se adoptaran en el fallo.

Finalmente, en cuanto a las órdenes impuestas por el a quo, Corpocaldas sostiene
que no tiene facultades para la construcción y mantenimiento de vías, ya que esa
es una atribución del Instituto Nacional de Vías y de las entidades territoriales. Por
su parte, el Municipio de Manizales indicó que la autoridad ambiental era la entidad
competente para calificar los usos del suelo, valorar las rondas y cauces hídricos y
determinar las zonas que requerían protección forestal. Además, se opuso a que
únicamente se obligara a Corpocaldas a asesorar la ejecución de las obras a
realizar para cumplir con las órdenes del Tribunal, comoquiera que esa autoridad
recibía los recursos de la sobre tasa ambiental, los cuales, en su entender, podían
ser destinados para el desarrollo de las construcciones que requería la
municipalidad. Mientras que, para el Tribunal, el citado ente territorial y la anotada
autoridad ambiental sí eran competentes para llevar a cabo las tareas que les fueron
encomendadas en atención a sus facultades en materia de gestión del riesgo.

7.3. De la controversia sobre la procedencia de la acción popular

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En este punto, tendrá que dirimirse si es cierto que la acción popular de la referencia
tiene por objeto la protección del derecho de propiedad de los accionantes. Der ser
la respuesta a dicho interrogante afirmativa, deberá determinarse si por esa razón
el libelo introductorio deviene en improcedente.

De entrada, lo que advierte la Sala es que, ni en la causa petendi, ni en las
pretensiones de la demanda, se desprende que los actores busquen el
restablecimiento de sus derechos subjetivos de propiedad. Por el contrario, lo que
pretenden es la salvaguarda de los derechos colectivos de la comunidad en general.

En efecto, como se vio en los antecedentes, la razón de la interposición del libelo
introductorio fue la situación de riesgo de deslizamiento que se presenta en la
Vereda Pueblo Hondo ocasionada por los indebidos usos de suelo en la zona, el no
respeto a las fajas de protección y un deficiente manejo de las aguas lluvias en
época de invierno. En otras palabras, lo que buscan es el amparo de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la prevención de desastres previsibles
técnicamente, a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales.

Además, en las peticiones del escrito demandatorio no se solicitó la protección de
ningún derecho particular; de hecho, los demandantes pidieron que se ordenara a
las entidades accionadas adoptar las medidas necesarias para superar la aludida
situación de emergencia. Prueba de ello son las citadas pretensiones del libelo
introductorio, las cuales vale la pena traer nuevamente a colación:

“A los accionados, se ordene, conforme a las competencias a su cargo, se
sirvan adoptar las medidas administrativas, presupuestales, técnicas, jurídicas,
y de todo orden que sea necesarias, a fin de que mediante urgencia manifiesta
se intervenga la zona con el fin de:

Regular, controlar y monitorear los usos del suelo, con el fin de llegar a la
reconversión de los usos del suelo, conforme a la naturaleza de la fragilidad de
la zona.

Iniciar los procesos de verificación, y cumplimiento de la conservación de las
rondas de los cauces.

Iniciar los procesos de verificación, control y cumplimiento en materia de
vertimientos.

Verificar el uso de suelo en materia de construcciones.

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Adelantar los estudios geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, edafolóficos, y
los demás que se consideren necesarios, tendientes a establecer, si este
territorio es apto para la explotación de maderables, el tránsito de vehículos
pesados o de carga para su extracción, y en caso negativo establecer las
respectivas restricciones.

Con base en los mismos estudios, establecer cuál es el modelo productivo
silvopastoril adecuado a las condiciones de la zona.

Requerir, controlar y monitorear el uso del suelo con actividad de pastoreo en
zona afectadas con deslizamientos. En su defecto, proceder a los procesos
policivos para el retiro de dichos animales de las zonas afectadas.

Las demás que estime pertinentes de acuerdo con la esencia de la presente
acción popular.”18

En consecuencia, es claro que el fundamento del cargo de Corpocaldas no es cierto,
toda vez que no se observa que con el escrito demandatorio se busque el amparo
de los derechos de propiedad de los demandantes.

7.4. De la controversia sobre la responsabilidad de Corpocaldas

En este punto tendrá que dirimirse si es responsable una autoridad ambiental de la
vulneración a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la prevención
de desastres previsibles técnicamente, a la existencia del equilibrio ecológico y al
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, como consecuencia
de la situación de riesgo de deslizamiento que se presenta en un Municipio por los
indebidos usos del suelo y el no respeto de la faja de protección de las rondas
hídricas, si la recurrente alega que ha actuado diligentemente dentro del ámbito de
sus competencias para prevenir dicha situación y que la citada problemática es
imputable al ente territorial y a la comunidad que allí habita.

Con miras a absolver esa controversia es menester aludir a los elementos
materiales probatorios relevantes que obran en el plenario:

A) Contrato de Obra número 031 de 2009, en el que Corpocaldas contrató la
construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en la
Vereda Pueblo Hondo de Manizales.

18 Visible a folios 3 y 4 del Cuaderno 1 del Tribunal.

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Particularmente, en el desarrollo de ese negocio jurídico se realizaron obras
relacionadas con la construcción de canales flexibles, un dique de concreto ciclópeo
para drenaje lateral con el fin de brindar estabilidad, un muro de gaviones, una
pantalla anclada pasiva, entre otras.19.

B) Oficio del 22 de diciembre de 2010, en el que la Oficina Municipal para la
Previsión y Atención de Desastres de la Alcaldía de Manizales, manifestó lo que
sigue, frente al evento de deslizamientos ocurrido en el año 2010 en la vereda
Pueblo Hondo:

“En respuesta al oficio de la referencia relacionado con la problemática de
inestabilidad que se observa en la vereda Pueblo Hondo, finca La Palma y la
Juliana, nos permitimos señalar lo siguiente:

Se trata de un movimiento de masa de grandes proporciones el cual afecta
varias fincas del sector y del cual se tuvo conocimiento aproximadamente dos
años y que se reactivó en la presente temporada invernal, con mayor
acentuación en la parte baja.

En visita reciente se pudo establecer que por el momento el movimiento afecta
una vivienda la cual se encuentra deshabitada desde hace ya algún tiempo
además de la vía y una conducción de gas natural.

Con relación al comportamiento de éste es de esperarse un deterioro progresivo
en la parte baja, sitio donde se ubica la vía, hecho que redundará en
movimientos relativamente lentos en el resto de la masa.

Finalmente, por el momento no contamos con un plan de contingencia para
afrontar esta problemática ya que las acciones de control de la erosión en el
sitio dependen en gran medida de la disponibilidad de recursos”20 (Subrayas de
la Sala).

C) Informe del 28 de diciembre de 2010, emitido por Corpocaldas, en el que
sugirió que, para la superación del anterior estado de emergencia, se
implementaran las acciones que pasan a transcribirse:

“Con el propósito de mitigar los nuevos procesos de inestabilidad, que han
afectado este sector en la vía a la vereda Pueblo Hondo, deben implementarse
las siguientes acciones:

• Efectuar obras para el tratamiento del deslizamiento, que se encuentra en la
parte inferior del hundimiento de la vía, consistentes de perfilado, construcción
de trinchos de pared doble, con biopilotes de Arboloco, Nacedero o
Quiebrabarrigo, revegetalización con especies endémicas.

19 Visible a folios 331 a 334 del Cuaderno del Tribunal.
20 Visible a folio 6 del Cuaderno del Tribunal.

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Construir un muro en concreto reforzado, con una longitud mínima de 15
metros, hacía la base de la ladera afectada por el deslizamiento antes descrito.
Este debe cimentarse en material competente.

• Reconstruir las cunetas vehiculares en el sector de la vía, donde estas
sufrieron colapso.

• Prolongar las entregas de las transversales, evitando su entrega directa en
el sitio de la quebrada donde se ha generado los procesos de socavación lateral
el cauce.

• Con el fin de evitar la gran concentración de agua en los drenajes, así como
el aporte extraordinario de sedimentos y restos vegetales, debe efectuarse
procesos de reconversión del suelo, en las laderas de la microcuenca con cotas
superiores. Esto debe incluir, además, la conservación de las rondas hídricas
en los cauces (las cuales deben tener un ancho mínimo de 15 metros a cado
lado del drenaje” 21

D) Resolución No. 077 del 2 de marzo de 2011, por medio de la cual
Corpocaldas fijó los lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los
nacimientos de corrientes localizados en el área de su jurisdicción22.

Se resalta que, como usos de suelos permitidos en esas áreas, se encuentran: (i)
la cobertura vegetal protectora, las obras de control de erosión, cruce de vías y
poliductos y las redes de servicios públicos domiciliarios.

E) El POT del Municipio de Manizales refiere que la Vereda Pueblo Hondo se
encuentra ubicada en suelos de protección, con desarrollos restringidos y prevé
algunos usos agrícolas; veamos:

“

21 Visible a folio 12 ibidem.
22 Visible a folios 130 a 132 ibídem

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22

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”23

Además, sobre la explotación de recursos se recomienda: “cultivos permanentes
semi-intensivos de clima frío, proyectos de reconversión ganadera, cultivos
permanentes semi-intensivos de clima templado, zonas forestales de producción,
pastoreo semi-intensivo de clima templado, cultivos orgánicos manejado con
buenas prácticas agrícolas, reconversión ganadera, huertos familiares mixtos.”24.

A su vez, en la siguiente imagen puede observarse que los suelos de la citada
vereda se encuentran catalogados en niveles de riesgos bajo, medio y alto:

23 Visible en el link 011_ANEXO A-4_FICHA NORMA RURAL - Google Drive
24 Ibídem.

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23

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“

”25

F) Memorando del 25 de abril de 2019, en el que Corpocaldas expuso lo que
sigue, frente a una nueva situación de emergencia por deslizamientos ocurrida en
ese año, en la anotada Vereda:

“En atención al requerimiento judicial allegado por el Tribunal Administrativo de
Caldas en el marco del proceso de Acción Popular No. 2019-00149, personal
de la Subdirección de Infraestructura Ambiental de CORPOCALDAS realizó
visita a la Vereda Pueblo Hondo el día 24 de abril de 2019, en compañía del
personal de la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Manizales.

Es importante mencionar que CORPOCALDAS ha realizado acompañamiento
al Municipio de Manizales y a la comunidad de la vereda Pueblo Hondo, desde
el día 6 de abril de 2019, fecha en la cual se presentaron múltiples
deslizamientos en el sector, los cuales generaron afectaciones materiales en

25 Visible en el índice 8 del expediente digital del Tribunal

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varios predios y la muerte a 3 personas que se encontraban al interior de una
vivienda que fue arrasada por un deslizamiento.

(…)

Por lo anterior se recomienda que se adelanten las siguientes acciones:

• Monitoreo periódico de los sitios afectados por los procesos de inestabilidad
y de la vereda Pueblo Hondo en general, con el fin de detectar posibles
situaciones que puedan modificar las condiciones de riesgo de la vereda.
• Establecimiento de fajas forestales protectoras de los cauces naturales
presentes en el sector, conforme con la Resolución 077 de 2011.
• Reconversión de los usos de suelo del pastoreo intensivo y cultivos limpios
en las laderas de altas pendientes y la implementación de sistemas silvo-
pastoriles o agroforestales.

De otro lado, se menciona que Corpocaldas en la actualidad se encuentra
estructurando un proyecto para presentar al Departamento Nacional de
Planeación, para la realización de “Estudios y diseños, y la construcción de
obras de reducción del riesgo en el Municipio de Manizales”, con el fin de
atender los sitios mayormente afectados por procesos de inestabilidad durante
el mes de abril del presente año (entre los cuales, se encuentra la vereda Pueblo
Hondo)”26.

G) Además, los ingenieros John Jairo Chisco Leguizamón, Mauricio Saavedra
Sánchez y Juan Carlos Jiménez Quintero de Corpocaldas, en sus declaraciones,
coincidieron en señalar que los deslizamientos tuvieron lugar por las lluvias
intensas, los usos inadecuados del suelo por parte de los cultivos limpios y de
ganado, el aprovechamiento agrícola de las áreas protectoras y la falta de
protección de las coberturas vegetales en las rondas hídricas27.

Asimismo, explicaron que, como consecuencia de la emergencia que se presentó
en el año 2019, Corpocaldas inició planes para recuperar las fajas protectoras de
los cauces de las quebradas. Asimismo, indicaron que esa entidad ha formulado
distintos proyectos ante la Unidad de Gestión del Riesgo para intervenir en varias
Veredas de Pueblo Hondo.

Por ejemplo, sobre la causa de los deslizamientos ocurridos en los años 2008 y
2019, el ingeniero Chisco Leguizamón señaló:

“PREGUNTADO: hay algunos factores similares que detonaron, factores multi
factoriales que habían detonado comunes entre los dos eventos o no
CONTESTADO: digamos que sí su señoría, hay factores comunes digamos que
en términos generales la Vereda pueblo hondo comparte más o menos una
misma topografía, digamos que los usos del suelo también son similares en

26 Visible a folios 71 y 72 ibídem.
27 Visible en el índice 92 del expediente digital del Tribunal.

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diferentes sectores, en el año 2008 hubo varios deslizamientos asociados a
cuencas, cauces, a márgenes de cauces que uno diría están protegidos por
coberturas vegetales, pero digamos que en ambos casos hay un mismo factor
detonante que son las lluvias, hay factores que contribuyen a que se presenten
esos deslizamientos, los usos del suelo si bien pueden ser similares en las dos
fechas pueden tener variaciones significativos o regularmente lo que uno
observa que se presenta es que la frontera agrícola y ganadera se amplía
deforestando áreas forestales protectoras o márgenes del cauce y lo que
permite inferir es que las zonas de cultivo llegan casi hasta los bordes de
los drenajes sin respetar la franja forestal protectora, es decir hay una
dinámica en cuanto al uso de suelos porque la gente tiende a ampliar más
su área de cultivos y esto incrementa o adiciona un factor complementario
que contribuye a la generación de este tipo de problemas.”28 (Subrayas y
negrillas de la Sala).

Posteriormente, en la misma diligencia explicó:

“PREGUNTADO: en respuesta anterior cuando estábamos explicando las
formas como se podían mitigar los riesgos usted nos indicaba que estos riesgos
que se están presentando se deben principalmente al pastoreo y al cultivo
limpio, usted nos podría explicar a qué se refiere con cultivo limpio
CONTESTADO: cultivo limpio, son aquellas coberturas vegetales que no tienen,
que no brindan una protección adecuada al suelo dejándolo expuesto ya sea
durante su etapa de producción normal como durante su etapa de
mantenimiento donde se hace un ahoyado de las plantas para eliminar las
yerbas o arvenses que digamos dificultan el crecimiento de las plantas de los
cultivos, ahí es donde se deje desprotegido el suelo y por eso ese tipo de
coberturas se entienden como cultivos limpios porque dejan más bien
desprotegido el suelo de la acción erosiva de las aguas lluvias”29 (Subrayas de
la Sala).

H) Finalmente, en las Resoluciones 193 de 2020 y 1767 de 2021, Corpocaldas
delimitó nuevamente las rondas hídricas dentro del área de su jurisdicción.

7.4.1. Bajo ese entendido, es evidente, como concluyó el Tribunal en la sentencia
de primera instancia, que en la Vereda Pueblo Hondo se enfrenta una grave
situación de emergencia que se intensifica durante la temporada de lluvias. La
causa principal es la exposición de las laderas debido a los cultivos limpios
presentes en la zona y, además, esta situación se ve exacerbada por la ampliación
indiscriminada de la frontera agrícola y ganadera en la franja forestal protectora y
en las áreas de ronda de los afluentes.

Ahora, a pesar de que las autoridades demandadas, y en particular Corpocaldas,
han llevado a cabo obras para la mitigación del riesgo, como la suscripción del

28 Ibídem.
29 Ibídem.

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Contrato de Obra número 031 de 2009, lo cierto es que éstas han resultado
insuficientes, debido a que aún siguen existiendo fenómenos de inestabilidad del
terreno y, por ende, el riesgo de los deslizamientos en el sector sigue latente.

Así, es claro que Corpocaldas es responsable de la vulneración de los derechos
colectivos en el asunto de referencia, toda vez que no ha efectuado el debido control
y vigilancia sobre los recursos naturales, permitiendo afectaciones en las áreas
forestales protectoras o en las fajas de protección de las cuencas hídricas. Esto
implica el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:

(…)

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas,
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” (Subrayas de la
Sala).

Ahora, no se desconoce que tanto la autoridad municipal como los propietarios de
dichos terrenos no han actuado diligentemente en el respeto de los usos de suelo
establecidos y de las fajas de protección de las cuencas. Sin embargo, es
importante señalar que, como se evidenció, Corpocaldas también tiene precisas
prerrogativas relacionadas con el cuidado de los recursos naturales renovables, las
cuales van más allá del simple establecimiento de áreas de protección, y que no
han sido cumplidas.

Se suma a lo expuesto que el artículo 31 de la Ley 1523 de 201230 dispuso que las
Corporaciones Autónomas Regionales fuesen parte del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo. Asimismo, les fue asignada la función de brindar soporte a los
entes territoriales en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo en materia
ambiental en su jurisdicción. El artículo en cuestión es del siguiente tenor:

30 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su

objeto y estructura”.

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“Artículo 31. Las corporaciones autónomas regionales en el sistema
nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible,
que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones
autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del
riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la
Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y
de desarrollo.

Parágrafo 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones,
y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen
a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2o. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por
la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

Parágrafo 3o. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de
los consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar
a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito
de su competencia y serán corresponsables en la implementación.

Parágrafo 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán
parte de estos las autoridades ambientales locales.” (Subrayas de la Sala).

En ese sentido, esta Sección, en pronunciamiento del 20 de junio de 2019, señaló
que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen responsabilidades en materia
de la gestión del riesgo que deben acatar en coordinación con los entes territoriales;
veamos:

“XI.4. Aunque el ordenamiento jurídico también le confiere a las entidades
territoriales funciones precisas en materia de gestión del riesgo de desastres
naturales, yerra el apoderado de la Carder cuando manifiesta que este es un
asunto que no le compete en absoluto a la entidad que representa y respecto
del cual puede desentenderse.

Como pudo observarse, la Ley 1523, al definir el principio de sostenibilidad
ambiental, es clara en indicar que “[…] [e]l riesgo de desastre se deriva de
procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación
racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y
contribuyen a la gestión del riesgo de desastres […]”.

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Así pues, en la medida en que la Carder es el organismo supremo, técnico y
especializado del sector ambiente en el Departamento de Risaralda a efectos
de administrar, manejar y planificar el uso sostenible de los recursos naturales,
y en tanto que la propia ley identifica la protección y la explotación racional de
tales recursos como presupuesto para prevenir el acaecimiento de desastres
naturales, resulta necesario que dicha autoridad ambiental desempeñe sus
obligaciones en materia de gestión del riesgo, con el fin de cumplir a cabalidad
con los propósitos para los cuales fue creada.

XI.5. Ahora bien, no obstante la autonomía de la que gozan los municipios como
entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado, es un
hecho que, en atención a la transversalidad de los asuntos ambientales y a las
dificultades propias de la función administrativa, el desempeño de las
competencias en dicha materia debe realizarse en el contexto que disponen los
principios de solidaridad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad positiva y
complementariedad.”31. (Subrayas de la Sala).

Bajo tal perspectiva, es claro que Corpocaldas sí tiene responsabilidades en los
fenómenos de deslizamientos que se presentan en la Vereda Pueblo Hondo del
Municipio de Manizales, de modo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.5. De la controversia sobre las órdenes del Tribunal

7.5.1. En relación con Corpocaldas

En este punto, tendrá que verificarse si es cierto que en la sentencia de primera
instancia se ordenó a Corpocaldas la construcción y mantenimiento de vías. En caso
de que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa, tendrá que constatarse si esa
entidad es competente para realizar dicha actividad.

Con miras a abordar dicha problemática es pertinente indicar que, en el numeral
4.1.2. de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, se le ordenó a esa
entidad que, en coordinación con el Municipio de Manizales, identificara el estado
de las rondas y cauces hídricos, las zonas de protección forestal y las zonas que
requieran de cobertura vegetal; veamos:

“4.1. AL MUNICIPIO DE MANIZALES:

4.1.2. En el plazo de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia: (i) identificar los usos inadecuados de los suelos en la vereda Pueblo
Hondo como en las zonas en donde se presentaron el hundimiento en 2010 y
el deslizamiento en 2019; (ii) en coordinación con Corpocaldas, identificar el

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de

junio de 2019. Número de radicación: 66001-23-33-000-2014-00244-01 Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés.

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estado de las rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección
forestal, y las zonas que requieran de coberturas vegetales; (iii) realizar un
diagnóstico de las zonas que requieran estabilización, como también de las vías
que requieran del mantenimiento de cunetas, transversales, drenes con
descoles con la correcta entrega de aguas a los sitios correspondientes.”
(Subrayas de la Sala).

Dicho mandato fue reiterado en el numeral 4.2. ibídem, en el que se le ordenó
prestar asesoría al Municipio de Manizales para esos efectos y para el manejo
adecuado de los usos de suelo y el cuidado de los recursos naturales, tal y como
se puede evidenciar enseguida:

“4.2. A la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS:
prestar asesoría al municipio de Manizales para: (i) identificar el estado de las
rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las zonas
que requieran de coberturas vegetales; y, (ii) manejo adecuado de los usos del
suelo, como el cuidado de los recursos naturales, las rondas hídricas, y las
zonas de protección, entre ellas la forestal.” (Subrayas de la Sala).

Así, es claro que en la sentencia no se impuso ningún mandato a la entidad
recurrente relativo a la construcción o mantenimiento de vías, de modo que el cargo
parte de un fundamento que no es cierto, por lo que no tiene vocación de
prosperidad.

7.5.2. En relación con el Municipio de Manizales

7.5.2.1. En primer lugar, tendrá que definirse si es competente un Municipio
para: (i) identificar los usos inadecuados de suelo en una vereda en que existe
riesgo de deslizamiento, y (ii) para realizar el diagnóstico de las zonas que requieran
la estabilización del terreno.

Con el fin de resolver ese cuestionamiento, es pertinente aludir a las facultades en
materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo por parte de los entes
territoriales:

Pues bien, el artículo 311 de la Constitución Política es del siguiente tenor:

“Artículo 311. Marco de funciones de los Municipios. Al municipio como
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus

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habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes”.

En desarrollo de esta disposición se expidió la Ley 1551 de 2012, “Por la cual se
dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”, que modificó la Ley 136 de 1994, y que sobre el particular estableció:

“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:

(…)

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y
rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos
definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural.
Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales
en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y
metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para
revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años.

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de
conformidad con la Constitución y la ley.” (Subrayas de la Sala).

Por su parte, la Ley 9° de 1989, “Por medio de la cual se dictan normas sobre planes
de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones”, en su artículo 56, modificado parcialmente por el artículo 5° de la
Ley 2° de 1991,32 dispone que los alcaldes deberán levantar un inventario sobre los
asentamientos que presenten alto riesgo con el objetivo de tomar las medidas de
precaución acordes y así proceder a su reubicación, recurriendo a la enajenación
voluntaria o a la expropiación de ser necesario.

Además, la Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2
de 1991 y se dictan otras disposiciones”, contempló como uno de los principales
objetivos de la función pública de ordenamiento del territorio, el establecimiento de
mecanismos que permitan al municipio garantizar la prevención de desastres:

“Artículo 8. Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del
territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades
distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento

32 Ley 2° de 1991. Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente Ley, los alcaldes y el Intendente

de San Andrés y Providencia levantarán y mantendrán actualizado un inventario de las zonas que
presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos por ser inundables o sujetas
a derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda.

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del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas,
entre otras:

1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte,
los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés
público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos.

3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción,
actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos,
intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación,
las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.

4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en
proporción adecuada a las necesidades colectivas.

5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación
urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés
social.

7. (Sic) Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción
prioritaria.

8. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte,
los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente
por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con
las leyes.

9. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de
utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.

10. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la
prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística.

11. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del
municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.

12. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras
urbanas.

13. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del
ordenamiento del territorio.

14. Identificar y localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y
previa concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial
estratégica básica para la atención de las necesidades de seguridad y de
Defensa Nacional.” (Subrayas y negritas de la Sala).

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En esa línea, el artículo 10 ibídem previó que las entidades territoriales, en la
elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial – POT, deben
tener en cuenta el factor de prevención de amenazas y riesgos naturales. La norma
en cita es del siguiente tenor:

“Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En
la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los
recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:

(…)

d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales” (Subrayas de la Sala).

A su vez, la Ley 715 de 2001 también reiteró la responsabilidad de los Municipios
con respecto a la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, así:

“Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

(…)

76.9. En prevención y atención de desastres

Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:

76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.

76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y
reubicación de asentamientos.” (Subrayas de la Sala).

En tal contexto, la Ley 1523 de 201233 adoptó la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, y definió la gestión del riesgo de desastres como “un proceso social
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

33 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

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permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.” Asimismo, dispuso que
era una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad
territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y las comunidades
en riesgo, razón por la que debe estar intrínsecamente asociada con la planificación
del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los
niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.34

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 de 2012 señaló a todas
las autoridades y habitantes del territorio. Así, asignó a las entidades públicas,
privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de gestión del
riesgo que comprenden conocimiento y reducción del mismo y manejo de desastres,
en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el artículo
5° ídem dispuso que era el conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas,
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así
como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada
para garantizar la gestión del riesgo en el país.

En cuanto a su organización, el Sistema de Gestión del Riesgo a nivel nacional está
dirigido por el Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas
jurisdicciones.35

Por su parte, el artículo 12 integró a los gobernadores y alcaldes como conductores
del sistema nacional en el respectivo nivel territorial, facultándolos para adoptar las
medidas necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en
el ámbito de su jurisdicción.

“Artículo 12. Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores del sistema
nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias

34 Ley 1523 de 2012. Artículo 1° así como el artículo 11.
35 Ley 1523 de 2012. Artículo 9.

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necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el
ámbito de su jurisdicción.”

En ese sentido, los alcaldes, como conductores del desarrollo local, son los
responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción en su territorio, y deberán integrar
en la planificación del desarrollo local acciones estratégicas y prioritarias en materia
de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública, como lo ordena el artículo 14 ibídem.

Aunado a esto, los artículos 39 y 40 consagraron de manera expresa la obligación
de incorporar como un elemento de planificación y ordenamiento territorial las
directrices que sobre gestión del riesgo se estimen pertinentes para dar
cumplimiento a los mandatos de la Ley.

“Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y
del desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas
hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de
gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico,
económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los
distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año,
posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en
sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las
consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión
del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, de conformidad con los principios de la presente ley.

En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de
1997, o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario
de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las
zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales
o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de
asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar
reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer
posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación
de poblaciones en alto riesgo, entre otros.”

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7.5.2.2. Así las cosas y de cara a lo ordenado por el Tribunal en los literales i)
y iii) del numeral 4.1.2.36 y en los numeral 4.1.3.37 y 4.1.4.38, se observa que la Ley
1523 de 2012 asignó expresas obligaciones a los alcaldes sobre la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en su territorio. Esto implica que también les
corresponde ejecutar las acciones dirigidas al conocimiento y mitigación del riesgo,
así como al manejo de desastres en su jurisdicción.

Por lo tanto, la Sala no comparte las afirmaciones del apoderado del Municipio de
Manizales, quien sostiene que la identificación de los usos inadecuados del suelo
en la vereda Pueblo Hondo y el diagnóstico necesario para la estabilización del
terreno son responsabilidad exclusiva de Corpocaldas, dado que, como se ha
señalado, ese ente territorial tiene facultades expresas en materia de ordenamiento
del territorio y gestión del riesgo, las cuales son plenamente compatibles con las
órdenes que le fueron asignadas en el fallo recurrido.

Al respecto, téngase en cuenta que esta Sección, en sentencia del 14 de septiembre
de 2014, tuvo la oportunidad de referirse a las obligaciones de los municipios en
materia de prevención de desastres, en los siguientes términos:

“Sobre el particular, es preciso recordar que de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones” los Alcaldes son los responsables
directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
municipio, la reducción del mismo, el conocimiento y el manejo de desastres en
el área de su jurisdicción.”39

36 4.1. AL MUNICIPIO DE MANIZALES:
4.1.2. En el plazo de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia: (i) identificar los usos
inadecuados de los suelos en la vereda Pueblo Hondo como en las zonas en donde se presentaron
el hundimiento en 2010 y el deslizamiento en 2019; (…); (iii) realizar un diagnóstico de las zonas que
requieran estabilización, como también de las vías que requieran del mantenimiento de cunetas,
transversales, drenes con descoles con la correcta entrega de aguas a los sitios correspondientes.
37 4.1.3. En el año siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, adelantará un programa de educación,

socialización y actividades con la comunidad de la vereda Pueblo Hondo en torno a: (i) manejo
adecuado de los usos del suelo, como el cuidado de los recursos naturales, las rondas hídricas, y
las zonas de protección, entre ellas la forestal, en coordinación con Corpocaldas; (ii) obras de manejo
de aguas lluvias dentro de las viviendas y predios, como la correcta entrega de aguas a los sitios
correspondientes; y, (iii) la realización de las coberturas vegetales donde se requiera.
38 “4.1.4. En los dos años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia: (i) adelantar las actuaciones

administrativas y presupuestales como la ejecución de las obras que requieran las zonas
desestabilizadas como de las vías, según el diagnóstico previsto en el párrafo §92.1.1 (Sic); (ii)
realizar la evaluación de las acciones que efectúe la comunidad de la vereda para manejo adecuado
de los usos del suelo, como el cuidado de los recursos naturales, las rondas hídricas, y las zonas de
protección, entre ellas la forestal, de acuerdo con el programa de educación señalado en el anterior
párrafo §92.1.2. (Sic).”
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de

septiembre de 2014, expediente nro. 05001-23-31-000-2011-00032-01(AP). Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala.

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Demandante: Luis Guillermo Arango Bernal y otros

En este mismo sentido, en providencia del 10 de mayo de 2018, también aludió a
las competencias de los municipios en relación con la gestión de riesgo en las áreas
comprendidas dentro de su jurisdicción, así:

“De conformidad con las normas expuestas anteriormente, los entes territoriales
municipales tienen dentro de sus deberes prevenir, atender y mitigar los riesgos
que se puedan generar en su territorio frente a la población que se encuentra
localizada en zonas donde puedan presentarse desastres, para lo cual
precisamente se desarrolla un plan de ordenamiento territorial; de esta manera
pueden identificar dichas zonas y así coordinar y ejecutar las gestiones
necesarias para proteger a sus habitantes, así como proteger su espacio
público.

En este orden de ideas, en el caso bajo examen, quedó demostrado que las
viviendas ubicadas en el barrio Jordán en el municipio de Tunja, están
construidas en una zona no sólo declarada como de espacio público ambiental
sino de incidencia directa por inestabilidad de taludes, lo que demuestra un
proceder negligente por parte del municipio al permitir su construcción, y lo cual
hace necesario tomar las medidas pertinentes para mitigar el riesgo en el que
se encuentran, siendo forzosa la reubicación de la población residente en
dichas viviendas que se encuentran en alto riesgo y con miras a evitar un posible
desastre.

En razón de lo anterior, habiéndose demostrado la vulneración de los derechos
colectivos al goce del espacio público, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, y a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, se mantendrá la declaración de vulneración de los mismos
contenida en el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, así como
también se mantendrá la orden impartida de reubicación de las viviendas
ubicadas en la ronda del río Jordán y la siembra de especies nativas en ese
sector, contenidas en los numerales quinto y sexto de la mencionada
sentencia.”40 (Subrayas de la Sala).

En ese mismo sentido, en posterior pronunciamiento se sostuvo:

“En consecuencia, la Sala concluye que en materia de gestión del riesgo a quien
le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, etc., las políticas, actividades
y gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al Municipio en cabeza de
su Alcalde, razón por la que no es de recibo que se excuse de su deber bajo el
argumento de que otras entidades, como la CDMB o el AMB, son las
competentes para realizar las actividades tendientes a controlar el proceso
erosivo en la zona, dado que ello no anula sus responsabilidades claras en
materia de gestión del riesgo en su territorio, máxime si la normativa en comento
le impone la obligación de delimitar y tratar las zonas expuestas a amenaza
derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no
intencionales, así como también hacerse cargo de los mecanismos de

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de

mayo de 2018, expediente nro. 15001-31-33-005-2011-00067-01(AP). Consejero Ponente: Oswaldo
Giraldo López.

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reubicación de asentamientos en alto riesgo y transformar el uso asignado a
esas zonas para evitar los reasentamientos.

Ahora, en relación con el argumento del Municipio relativo a que no le
corresponde efectuar ninguna obra de mitigación por cuanto el predio donde se
presenta el fenómeno erosivo es de propiedad privada, se advierte que, en este
caso particular, la titularidad de dicho inmueble tampoco lo exime de sus
responsabilidades respecto de efectuar las actuaciones tendientes a prevenir
las situaciones que puedan afectar los bienes jurídicos de sus administrados,
pues en el expediente no se demostró que los habitantes del inmueble fuesen
los causantes del proceso erosivo o que construyeron la vivienda en
contravención de las normas urbanísticas o actuaron de forma negligente o
dolosa, evento en los cuales la Sala ha hecho a los particulares corresponsables
del riesgo en virtud de los deberes de precaución, solidaridad y auto protección
de lo personal y sus bienes, de conformidad con lo ordenado en el artículo 2°
de la Ley 152341.”42 (Subrayas de la Sala).

En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.5.3. De otro lado, deberá absolverse si es competente un Municipio para
identificar, en coordinación con una autoridad ambiental, el estado de las rondas y
cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal que requieran coberturas
vegetales.

De entrada, lo que se advierte es que a los entes territoriales les corresponde, entre
otras, las siguientes funciones en materia ambiental:

“Artículo 65. Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los
municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las
funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran
a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones
Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

(…)

1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y
sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables; elaborar los planes programas y proyectos ambientales
municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales,
departamentales y nacionales.

(…)

4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental.

41 Tal es el caso de la sentencia de 26 de septiembre de 2019, proferida dentro del expediente núm.

680012333000201600592 01, Consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de

enero de 2021, expediente nro. 68001-23-33-000-2019-00250-01(AP). Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.

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5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración
de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas
necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo
de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de
competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el
derecho constitucional a un ambiente sano;

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales
que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza
pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento
y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo;

(…)

10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores
y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con
las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación
de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento
de cuencas y micro-cuencas hidrográficas.” (Subrayas de la Sala).

En ese sentido, respecto al mandato dispuesto en el literal iii) del numeral 4.1.2. de
la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia43, se observa que
corresponde a los entes territoriales el deber de colaborar con las Corporaciones
Autónomas Regionales en la elaboración de los planes y proyectos necesarios para
la conservación del ambiente. Asimismo, los municipios, como primera autoridad de
policía, tienen la función de controlar y vigilar los recursos naturales renovables.

Por lo tanto, la anotada orden sí debe ser ejecutada por el Municipio de Manizales,
máxime si se relaciona con las facultades de ordenamiento territorial y gestión del
riesgo que le corresponden a dicho ente y que fueron enunciados en el numeral
7.3.2.1. de esta providencia.

7.5.4. Por último, se tendrá que verificar si es procedente que, para superar el
estado de emergencia de deslizamientos en un municipio, se haya ordenado
únicamente a una Corporación Autónoma Regional asesorar a dicho ente en la

43
“4.1.2.(…) (ii) en coordinación con Corpocaldas, identificar el estado de las rondas y
cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las zonas que requieran de
coberturas vegetales;”.

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identificación del estado de las rondas y cauces hídricos, de las zonas de protección
forestal y de las áreas que requieran coberturas vegetales, así como en el manejo
adecuado de los usos del suelo y el cuidado de los recursos naturales, si el
recurrente alega que dicha medida no atiende a la solidaridad entre el municipio y
la autoridad ambiental, especialmente cuando debe pagar a la segunda la sobretasa
ambiental.

Así las cosas, es menester indicar que, conforme con el numeral 20) del artículo 31
de la Ley 99 de 1993, a las citadas Corporaciones les corresponde ejecutar, operar
y mantener, en coordinación con los entes territoriales, proyectos que permitan la
recuperación de los recursos ambientales. La norma en cita contempló:

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:

(…)

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables;” (Subrayas de la Sala)

En ese mismo sentido, el artículo 44 ibídem, al regular lo concerniente a la sobretasa
ambiental, indicó que dichos recursos debían ser destinados a planes de
restauración del ambiente. La citada disposición dispone:

“Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad
Inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del
artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del
recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni
superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con
cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo
Concejo a iniciativa del alcalde municipal.

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso
anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no
podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente
vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por
concepto de impuesto predial.

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y
municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente Ley.

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40

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Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones
Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en
los términos de que trata el numeral 1o. del artículo 46, deberán ser pagados a
éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y,
excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año
subsiguiente al período de recaudación.

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata
el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o
restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su
jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se
seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley
establece.

Parágrafo 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones
Autónomas Regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a
protección ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre
el 4 de julio de 1991 y la vigencia de la presente Ley, deberán liquidarlas y
pagarlas en un término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la
presente Ley, según el monto de la sobretasa existente en el respectivo
municipio o distrito al 4 de julio de 1991.

Parágrafo 2. El cincuenta por ciento (50%) del producto correspondiente al
recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros
gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental
dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o área metropolitana donde
haya sido recaudado el impuesto, cuando la población respectiva, dentro del
área urbana, fuere superior a un millón de habitantes, exceptuando el
megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusivamente a
inversión.” (Subrayas de la Sala).

A su vez, en cuanto a las potestades relacionadas con el control de riesgos por parte
de las autoridades ambientales, la Sala, en un proveído del 15 de noviembre de
2019, dispuso que, entre otras cosas, las Corporaciones Autónomas Regionales y
los municipios debían adoptar mancomunadamente las políticas necesarias para la
mitigación de estos riesgos; veamos:

“De igual forma, es de tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica
al alcalde en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito
o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los artículos 311
de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 199444, que definen
al Municipio como la entidad territorial fundamental en la división político
administrativa del Estado, cuya finalidad es prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

44“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.

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mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar general y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su territorio.

En consecuencia, en materia de gestión del riesgo a quien le corresponde
implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las políticas, actividades y
gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al municipio en cabeza de
su alcalde.

Ahora bien, sin pasar por alto la responsabilidad directa de las entidades
territoriales, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé que las Corporaciones
Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, y les impone los siguientes deberes: (i) apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para
el conocimiento y la reducción del riesgo, los cuales serán integrados a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo; (ii) apoyar las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio; (iii) propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible;
y (iv) apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas
jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo
de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en
la implementación.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por el numeral 23 del
artículo 31 de la Ley 99, el cual le impone a las CAR los deberes de realizar
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades competentes; asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; y
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación.

En ese orden de ideas, hace parte de sus deberes (i) promover y ejecutar obras
de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de
cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las
disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes45; y (ii)
ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables46.

De conformidad con el marco normativo expuesto, no cabe duda que el
Municipio y la CARDER están en el deber de atender las situaciones de riesgo
que se presenten en sus respectivos territorios, para lo cual deben trabajar
mancomunadamente en el ámbito de sus competencias para lograr tal fin.
Ejemplo de ello, es la ejecución y desarrollo de obras que se hagan necesarias

45 Ley 99 de 1993. Artículo 31, numeral 19.
46 Ibíd. numeral 20.

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42

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para la defensa, protección y recuperación del medio ambiente47”48 (Subrayas y
negrillas de la Sala).

En tal contexto, es claro que las potestades de Corpocaldas no pueden limitarse a
un mero asesoramiento al Municipio de Manizales, sino que, desde el punto de vista
ambiental, ambas entidades, de manera coordinada, deben ejecutar las acciones
que permitan la superación de la problemática de la referencia; por lo que es
menester modificar, en lo pertinente, el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo
recurrido.

Para el efecto, se modificarán los literales i), ii) y iii) del numeral 4.1.2. y el numeral
4.2. de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en su lugar se
ordenará al Municipio de Manizales y a Corpocaldas que, en un plazo de seis (6)
meses contados a partir de la notificación de esta providencia, en el marco de sus
competencias, realicen los estudios técnicos necesarios para identificar los usos
inadecuados del suelo, el estado de las rondas y cauces hídricos, de las zonas de
protección forestal, así como de las áreas que requieran de coberturas vegetales y
en general aquellas que requieran estabilización. Igualmente, tendrán que definir
las medidas que permitan solventar la problemática que allí se presenta.

Asimismo, se modificará el literal iii) del numeral 4.1.3. y 4.1.4. de la parte resolutiva
de la decisión de primera instancia, para que, en el término de dos (2) años,
contados a partir del vencimiento del anterior plazo, el Municipio de Manizales y
Corpocaldas, en el ámbito de sus competencias, ejecuten las obras definidas en el
anotado estudio técnico.

7.5.5. En suma, el anotado numeral cuarto, quedará así:

CUARTO: ORDÉNESE a las siguientes entidades y a la comunidad:

4.1. AL MUNICIPIO DE MANIZALES:

4.1.2. En el plazo de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia:

47 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de abril de 2016. C.P: María Claudia Rojas

Lasso.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 15 de

noviembre de 2019. Proceso radicado número: 66001-23-33-000-2012-00011-02 Consejera
Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.

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(i) realizar un diagnóstico de las vías que requieran del mantenimiento de
cunetas, transversales, drenes con descoles con la correcta entrega de aguas
a los sitios correspondientes.

(ii) en coordinación con Corpocaldas, deberán realizar, en el marco de sus
competencias, los estudios técnicos que permitan identificar: (a) los usos
inadecuados del suelo en la vereda Pueblo Hondo como en las zonas en donde
se presentaron el hundimiento en 2010 y el deslizamiento en 2019; (b) el estado
de las rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las
zonas que requieran de coberturas vegetales y en general, (c) aquellas que
precisen de estabilización.

(iii) Igualmente, en ese mismo plazo y con base en el anterior estudio, el
Municipio de Manizales y Corpocaldas, en el marco de sus competencias,
tendrán que definir las medidas que permitan resolver la problemática que allí
se presenta.

4.1.3. En el año siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, adelantará un
programa de educación, socialización y actividades con la comunidad de la
vereda Pueblo Hondo en torno a:

(i) manejo adecuado de los usos del suelo, como el cuidado de los recursos
naturales, las rondas hídricas, y las zonas de protección, entre ellas la forestal,
en coordinación con Corpocaldas;

(ii) obras de manejo de aguas lluvias dentro de las viviendas y predios, como la
correcta entrega de aguas a los sitios correspondientes;

(iii) De otro lado, en el término de dos (2) años, contados a partir del vencimiento
del plazo dispuesto en el numeral 4.1.2., el Municipio de Manizales y
Corpocaldas, el ámbito de sus competencias, tendrán que ejecutar las obras
definidas en el literal iii) del anotado ordinal.

4.1.4. En los dos años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia:

(i) adelantar las actuaciones administrativas y presupuestales como la ejecución
de las obras que requieran las zonas desestabilizadas de las vías, según el
diagnóstico previsto en el literal iii) del numeral 4.1.2.

(ii) realizar la evaluación de las acciones que efectúe la comunidad de la vereda
para manejo adecuado de los usos del suelo, como el cuidado de los recursos
naturales, las rondas hídricas, y las zonas de protección, entre ellas la forestal,
de acuerdo con el programa de educación señalado en los numerales i) y ii) del
numeral 4.1.3.

PARÁGRAFO: Lo anterior sin perjuicio de las labores de policía civil y ambiental
que le corresponda al municipio de Manizales y a Corpocaldas.

4.2. A la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS:

(i) en coordinación con el Municipio de Manizales, realicen, en el marco de sus
competencias, los estudios técnicos que permitan identificar: (a) los usos
inadecuados del suelo en la vereda Pueblo Hondo como en las zonas en donde
se presentaron el hundimiento en 2010 y el deslizamiento en 2019; (b) el estado
de las rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las
zonas que requieran de coberturas vegetales y en general, (c) aquellas que
requieran estabilización.

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Igualmente, en ese mismo plazo se tendrán que definir las medidas que
permitan la resolver la problemática que allí se presenta.

(ii) En el plazo de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo
dispuesto en el numeral 4.1.2., en coordinación en el Municipio de Manizales,
el ámbito de sus competencias, tendrán que ejecutar las obras definidas en el
anotado estudio ordenado en el literal iii) del citado ordinal.

4.3. No se desvincula al Departamento de Caldas en razón a las
competencias que tiene de coordinación, concurrencia y subsidiariedad,
respecto al municipio de Manizales, en la Prevención y Gestión del Riesgo.

4.4. EXHORTAR a la comunidad de la Vereda Pueblo Hondo del municipio de
Manizales, para que realice en los predios de su propiedad, posesión y
tenencia, el adecuado uso del suelo en sus predios, la protección de las rondas
hídricas y las zonas de protección, como el correcto manejo de las aguas lluvias
y su debida disposición final.

7.6. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia
recurrida, así:

CUARTO: ORDÉNESE a las siguientes entidades y a la comunidad:

4.1. AL MUNICIPIO DE MANIZALES:

4.1.2. En el plazo de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia:

(i) realizar un diagnóstico de las vías que requieran del mantenimiento de
cunetas, transversales, drenes con descoles con la correcta entrega de aguas
a los sitios correspondientes.

(ii) en coordinación con Corpocaldas, deberán realizar, en el marco de sus
competencias, los estudios técnicos que permitan identificar: (a) los usos
inadecuados del suelo en la vereda Pueblo Hondo como en las zonas en donde
se presentaron el hundimiento en 2010 y el deslizamiento en 2019; (b) el estado
de las rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las
zonas que requieran de coberturas vegetales y en general, (c) aquellas que
precisen de estabilización.

(iii) Igualmente, en ese mismo plazo y con base en el anterior estudio, el
Municipio de Manizales y Corpocaldas, en el marco de sus competencias,
tendrán que definir las medidas que permitan resolver la problemática que allí
se presenta.

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4.1.3. En el año siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, adelantará un
programa de educación, socialización y actividades con la comunidad de la
vereda Pueblo Hondo en torno a:

(i) manejo adecuado de los usos del suelo, como el cuidado de los recursos
naturales, las rondas hídricas, y las zonas de protección, entre ellas la forestal,
en coordinación con Corpocaldas;

(ii) obras de manejo de aguas lluvias dentro de las viviendas y predios, como la
correcta entrega de aguas a los sitios correspondientes;

(iii) En el término de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo
dispuesto en el numeral 4.1.2., el Municipio de Manizales y Corpocaldas, el
ámbito de sus competencias, tendrán que ejecutar las obras definidas en el
literal iii) del anotado ordinal.

4.1.4. En los dos años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia:

(i) adelantar las actuaciones administrativas y presupuestales como la ejecución
de las obras que requieran las zonas desestabilizadas de las vías, según el
diagnóstico previsto en el literal iii) del numeral 4.1.2.

(ii) realizar la evaluación de las acciones que efectúe la comunidad de la vereda
para manejo adecuado de los usos del suelo, como el cuidado de los recursos
naturales, las rondas hídricas, y las zonas de protección, entre ellas la forestal,
de acuerdo con el programa de educación señalado en los numerales i) y ii) del
numeral 4.1.3.

PARÁGRAFO: Lo anterior sin perjuicio de las labores de policía civil y ambiental
que le corresponda al municipio de Manizales y a Corpocaldas.

4.2. A la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS:

(i) en coordinación con el Municipio de Manizales, realicen, en el marco de sus
competencias, los estudios técnicos que permitan identificar: (a) los usos
inadecuados del suelo en la vereda Pueblo Hondo como en las zonas en donde
se presentaron el hundimiento en 2010 y el deslizamiento en 2019; (b) el estado
de las rondas y cauces hídricos, como de las zonas de protección forestal, y las
zonas que requieran de coberturas vegetales y en general, (c) aquellas que
requieran estabilización.

Igualmente, en ese mismo plazo se tendrán que definir las medidas que
permitan la resolver la problemática que allí se presenta.

(ii) En el plazo de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo
dispuesto en el numeral 4.1.2., en coordinación en el Municipio de Manizales,
el ámbito de sus competencias, tendrán que ejecutar las obras definidas en el
anotado estudio ordenado en el literal iii) del citado ordinal.

4.3. No se desvincula al Departamento de Caldas en razón a las
competencias que tiene de coordinación, concurrencia y subsidiariedad,
respecto al municipio de Manizales, en la Prevención y Gestión del Riesgo.

4.4. EXHORTAR a la comunidad de la Vereda Pueblo Hondo del municipio de
Manizales, para que realice en los predios de su propiedad, posesión y
tenencia, el adecuado uso del suelo en sus predios, la protección de las rondas
hídricas y las zonas de protección, como el correcto manejo de las aguas lluvias
y su debida disposición final.

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00149 01
Demandante: Luis Guillermo Arango Bernal y otros

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.

TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

CUARTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 20 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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