Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2019-00228-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2019-00228-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2019-00228-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00228-01 (72090)
Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC S.A.
E.S.P
Proceso: Reparación directa
CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término inicia desde que se produjo la conducta dañosa o que
el demandante tuvo conocimiento del daño, aunque sus efectos perduren en el tiempo. COSTAS-Se condena
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y la Sala tasará las agencias en derecho en
segunda instancia, art. 188 CPACA, 365 y 366 CGP. COSTAS-Se condena a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia,
art. 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Desde el año 1978, en zona rural del Municipio de Manizales, Caldas, en una
parte del río Chinchiná, intersección de la quebrada “El Planchón”, Raúl Franco
Ramírez desarrollaba un proyecto de exploración y extracción de material para
construcción. En abril de 2012, suscribió el contrato de concesión con el
Departamento de Caldas por un término de 30 años.
En el año 2010, se incrementó un proceso de socavación de la parte inferior del
canal del río. Y, en mayo de 2011, por el invierno y las crecientes, se perdió la
base del canal. La Central Hidroeléctrica de Caldas, para hacer frente a la
situación, ejecutó varias obras: (i) la construcción de un muro, (ii) la instalación de
sacos rellenos de arena en la orilla derecha del río y (iii) la instalación de
hexápodos o “rompe olas”. Las obras modificaron el cauce del río y han impedido
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00228-01 (72090)
Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC
S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
la actividad minera en el sector por la imposibilidad de que los vehículos lleguen al
lugar y el peligro para la integridad de los trabajadores que extraen el material.
Desde el año 2014, los areneros del sector han reclamado a la CHEC S A. E.S.P.
Y, el 27 de mayo de 2015, se llevó a cabo una reunión entre la empresa y los
mineros en la que manifestaron sus inconformidades y los daños ocasionados por
las obras.
Se alega falla del servicio de la Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC S.A.
E.S.P por la ejecución de obras sin tener en cuenta y consultar con los mineros
vecinos del lugar, y por no tomar medidas que evitaran la afectación de la
explotación minera.
ANTECEDENTES
La demanda
El 5 de septiembre de 2018, Raúl Franco Ramírez presentó demanda de
reparación directa contra la Central Hidroeléctrica de Caldas – en adelante CHEC
S.A. E.S.P–, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Declarar que la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A.
E.S.P. "CHEC", representada por el Señor Jhon Jairo Granada Giraldo o por quien
haga sus veces al momento de la notificación de la demanda, es civilmente
responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Señor RAÚL FRANCO
RAMÍREZ, titular del Contrato de Concesión minera para la extracción de
materiales de construcción radicada en la Unidad de Delegación Minera de la
Gobernación de Caldas, e inscrito en el Catastro y Registro Minero Nacional bajo
el número LH-0108-17, por causa de la arbitraria intervención de su sitio de
trabajo, al realizar la construcción de muros elaborados en concreto ciclópeo y
sacos rellenos de arena y gravilla, para el, sostenimiento de la vía que lleva a la
bocatoma, afectando el área donde mi poderdante venía ejerciendo sus labores
legales de explotación minera, además del depósito de elementos elaborados en
concreto reforzado a lo largo del lecho del río Chinchiná, denominados
"hexápodos", "estrellas", o "rompe olas".
SEGUNDA: Condenar a la demandada CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
CALDAS S. A. E.S.P "CHEC", a pagar a mi mandante la suma de OCHOCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($823'680.000.00) Mete., por concepto de LUCRO CESANTE consistente el
INGRESO MÍNIMO PREVISIBLE DE VIDA ÚTIL DEL CONTRATO, valorado desde
el mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016), momento en el cual se
suspendieron las labores de extracción de materiales de arrastre en una parte del
río Chinchiná, intersección de la quebrada "El Planchón" con la carretera que
conduce a la hacienda Montevideo, ubicada en la comprensión territorial de la
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Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC
S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
vereda Los Cuervos del municipio de Villamaría (Caldas), y hasta el 13 de
noviembre de 2042, fecha de finalización del contrato de concesión.
TERCERA: Disponer que la suma fijada como LUCRO CESANTE a favor de mi
representado, se indexe, desde la fecha de presentación de la demanda, hasta. el
momento de realizarse el pago por parte de la entidad demandada”1.
Hechos
La demanda afirmó que, desde el año 1978, en zona rural del Municipio de
Manizales, Caldas, en una parte del río Chinchiná, intersección de la quebrada “El
Planchón”, Raúl Franco Ramírez desarrollaba un proyecto de exploración,
extracción y comercialización de material para construcción (piedra, arena y
gravilla). En abril de 2012, luego de un proceso de legalización de minería de
hecho –conforme en lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001–
suscribió el contrato de concesión con el Departamento de Caldas por un término
de 30 años.
Agregó que, en el año 2010 se concretó un proceso de socavación de la parte
inferior del canal del río y se deterioró su base. Esta circunstancia fue avisada por
el demandante a la central hidroeléctica sin tener respuesta alguna. En mayo de
2011, por el incremento en los niveles de precipitaciones y las crecientes, se
perdió la base del canal. Posteriormente, para hacer frente a la situación natural,
la Central Hidroeléctrica de Caldas ejecutó varias obras: (i) la construcción de un
muro en concreto ciclópeo, (ii) la instalación de sacos rellenos de arena y gravilla a
lo largo de la orilla derecha del río y (iii) la instalación de hexápodos, “estrellas” o
“rompe olas”.
Expuso que las tres obras modificaron el cauce del río y han impedido la actividad
minera en el sector: no se podían hacer los “trinchos” para extraer el material ni
ingresar de las volquetas encargadas de transportar el material; los hexápodos o
“rompe olas” constituyeron un peligro para la integridad de los trabajadores que
ingresaban al río.
Relató que, desde 2014 (4 años antes de la presentación de la demanda), los
areneros del sector (incluido el demandante) venían quedando sin la posibilidad de
ejercer su labor de explotación de materiales del río, motivo por el que formularon
reclamaciones a la CHEC S A. E.S.P. Y que, el 27 de mayo de 2015, se llevó a
1 F. 4 expediente digital c. 1. Samai Tribunal Administrativo de Caldas (índice 46).
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Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC
S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
cabo una reunión entre la la gestora social de la CHC S.A. E.S.P y los mineros del
sector, quienes manifestaron sus inconformidades, los daños ocasionados por las
obras en sus áreas concesionadas, así como el interés de llegar a un acuerdo
para evitar la iniciación de una demanda por indemnización de perjuicios. Sin
embargo, en ese momento, ni en otro posterior, las partes llegaron a acuerdos.
Se alega falla del servicio de la Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC S.A.
E.S.P por la ejecución de tres obras sin tener en cuenta y consultar con los
mineros vecinos del lugar, y por no tomar medidas que evitaran la afectación de la
actividad minera2.
Remisión por competencia
La demanda –inicialmente– se presentó en la oficina de reparto de los juzgados
civiles y se asignó su conocimiento al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Manizales. Este despacho, sin embargo, al observar la naturaleza de la entidad
demandada (empresa de servicios públicos) y al constatar su composición
accionaria (mayoritariamente estatal), remitió el proceso a la jurisdicción
contencioso administrativa, y correspondió su conocimiento al Tribunal
Administrativo de Caldas3.
Contestación de la demanda
La Central Hidroeléctrica De Caldas –CHEC S.A. E.S.P–, al oponerse a las
pretensiones, señaló que la bocatoma “Montevideo” existía desde 1950, es decir,
que la infraestructura era anterior a la actividad de explotación minera llevada a
cabo por el demandante. De manera que al inicio del proyecto fueron conscientes
del lugar al que llegaban y quién era la encargada de operarla.
Sostuvo que los mineros no podían alegar daños en sus actividades cuando ellos
mismos habían incumplido las prohibiciones previstas en el contrato de concesión,
como el ingreso de volquetas (material pesado) al cauce del río. Explicó que,
conforme al estudio del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad
Nacional “IDEA”, la actividad minera era –en sí misma– una de las causas de
2 F. 1-3 expediente digital c. 1 y F. 4-5 archivo reforma a la demanda. Samai Tribunal Administrativo de Caldas
(índice 46).
3 F. 1-5 expediente digital c. 1. “arhivo 11 auto ordena remitir” Samai Tribunal Administrativo de Caldas (índice
46).
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Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
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S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
afectación del río y de la infraestructura de generación de energía, es decir, era la
actividad minera la que ha puesto en riesgo la infraestructura de la CHEC.
Según el mismo estudio las obras efectuadas por la CHEC eran indispensables
para el cauce del río y eventuales crecientes (lo que debía ejecutarse con
periodicidad).
Agregó que los cambios en la dinámica del río obedecían a condiciones naturales,
sumadas a la actividad minera, y que el mantenimiento de las obras de
infraestructura provenía de la voluntad de la CHEC –luego de varias
recomendaciones y estudios técnicos–. En este sentido, sostuvo que la CHEC
actuó dentro del marco de sus competencias y ajustada a la técnica que las obras
demandaban.
Por otro lado, indicó que la comunidad vecina del sector estuvo de acuerdo con las
obras, fueron autorizadas por la Corporación Autónoma Regional de Caldas y se
sustentaron en un estudio hidráulico del IDEA. En cuanto a los hexápodos o
“rompeolas”, señaló que estos se instalaron en zonas que no están concesionadas
para la minería. Ahora bien, en los casos en los que hubo arrastre de los
elementos por las crecientes, la CHEC S.A. E.S.P –en cumplimiento de las
obligaciones asumidas con CORPOCALDAS– solicitó el permiso de los areneros
para ingresar a sus charcos y reubicar las estructuras, pero dicha autorización fue
negada.
Formuló la excepción de Caducidad, porque los hechos de la demanda denotaron
que el hecho dañoso y los daños alegados parte actora tuvieron lugar con más de
2 años de anterioridad, contrariando la regla prevista en el artículo 164 del
CPACA. Alegó, además, la culpa exclusiva de los demandantes en la suspensión
de la explotación de material de río en la zona de concesión del LH no. 0128 – 17.
Al respecto, precisó que la decisión de suspender la actividad minera fue exclusiva
y voluntaria de la parte actora, en tanto S.A. la CHEC S.A. E.S.P ha buscado
generar las condiciones para que esta pudiera continuar su desarrollo. Además,
sostuvo que no estaba probado que la instalación de los hexápodos impidió
trabajar en los charcos. Y, de haber sido un factor en tiempos de crecientes, los
mineros no permitieron su retiro.
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Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
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S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
Por otro lado, alegó una fuerza mayor en tanto las obras se ejecutaron para hacer
frente a las crecientes del río Chinchiná, y los súbitos cambios en el caudal
durante periodos cortos se originaron, además de la indebida práctica de la
minería, por el comportamiento la naturaleza misma, lo cual, no era imputable a la
demandada.
Finalmente, planteó que la actuación de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
ESP se desplegó dentro del marco de la legalidad: la empresa estaba facultada
por la ley y por CORPOCALDAS para efectuar el mantenimiento de la
infraestructura, y dicha conducta no tuvo injerencia ni participación en los hechos
de la naturaleza derivados de la ola invernal, ni en la decisión de cesar las
actividades mineras en la zona4.
Sentencia de primera instancia
El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia en
la que negó las pretensiones de la demanda por inexistencia del daño. Sin pasar
por los presupuestos procesales, planteó el siguiente problema jurídico: ¿La
CHEC S.A. E.S.P. es administrativa y patrimonialmente responsable de los
presuntos daños y perjuicios causados a los demandantes como herederos del
titular de un contrato de concesión minera, al parecer, originados en la
intervención física que realizó al río Chinchiná, concretamente en el área donde se
ejercía dicha actividad económica?
Al dar respuesta al interrogante, luego de la valoración probatoria, consideró que
las obras ejecutadas por la central hidroeléctrica eran necesarias para evitar un
daño mayor en los alrededores del río y del canal. En efecto, las obras se hicieron
para evitar que se siguiera socavando la base del río y se pusiera en riesgo, no
solo la infraestructura de la empresa, sino el río mismo y la actividad económica
que de él se sirve.
En cuanto a la alegada suspensión de actividades mineras, la sentencia concluyó
que esta situación no estaba acreditada porque el contrato podía seguir siendo
ejecutado con los correctivos necesarios; sobre todo, si se permitía a la
hidroeléctrica ingresar para mover los hexápodos de los charcos. Por otra parte,
4 F. 1-26 expediente digital c. 1. “arhivo pdf 30 auto ordena remitir” Samai Tribunal Administrativo de Caldas
(índice 46).
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agregó que las obras no se hicieron en el predio del demandante y, según
concluyó en el dictamen pericial, no hubo superposición entre el área
concesionada y la infraestructura de propiedad de la CHEC S.A. E.S.P. En ese
orden, el Tribunal estimó que el derecho a explotar el proyecto minero no fue
lesionado y no existía prohibición alguna de intervenir el río cuando las
circunstancias así lo requirieran. Se extrae lo pertinente de la providencia:
Se concluye de lo dicho por los testigos, el estudio del IDEA, y el permiso de
ocupación de cauce, que efectivamente las obras que se adelantaron por la CHEC
tenían como finalidad proteger la infraestructura de la empresa en la Bocatoma
Montevideo, pero que dichos trabajos también pretendían beneficiar las labores de
extracción de material, y no perjudicar a los titulares de las concesiones mineras, y
por ello debían realizarse teniendo en cuenta los títulos mineros que habían en el
lugar, procurando no afectar la extracción de materiales.
Por ello, el permiso concedido por Corpocaldas solo autorizaba instalar los
hexápodos y el enrocado en el polígono libre, ya que las traviesas debían ser
ubicadas, según recomendación de la Universidad Nacional, en algunas áreas con
títulos mineros, sin que esto último haya sido posible, por la negativa de sus
titulares frente a estas obras, todo lo cual facilitó que los hexápodos, ante la falta
de contención, se desplazaran hacia las áreas concesionadas. En todo caso, logró
acreditarse con suficiencia que la CHEC siempre estuvo presta a retirar los
hexápodos que se desplazaron aguas abajo, y que en aquellos predios que ello no
ocurrió, esto también obedeció a la decisión de los areneros o concesionarios
mineros, quienes, en unos casos deseaban mantener estas estructuras como
elemento de prueba a futuras reclamaciones judiciales.
Corolario de lo anterior, el Tribunal considera que no se configuró el daño, ya que
el derecho otorgado mediante el contrato de concesión minera al accionante ,
radica en la posibilidad de realizar un proyecto de explotación económica de un
yacimiento de materiales de construcción en un área determinada, lo cual no se
afectó, y menos por las obras realizadas por la CHEC, ya que estas ni siquiera
estaban ubicadas en ese predio, lo que denota que este derecho se mantiene,
porque aún sigue siendo titular y puede extraer.
La Sala se aparta de la posición de la parte actora al indicar que el daño se refleja
en la imposibilidad de ejecución del contrato, ya que se evidencia que ello no
ocurrió, el contrato podía seguir siendo ejecutado, incluso adoptándose los
correctivos necesarios para continuar con su actividad productiva, pues algunos
declarantes manifestaron que en el lugar todavía se realiza la actividad de
extracción de material en otros predios, incluso por aquellos que en algún
momento tuvieron hexápodos en sus charcos, pero que permitieron que la CHEC
los reubicara.
(…)
Así las cosas, para este Tribunal el derecho a la explotación del material de
arrastre del río nunca fue cercenado, ya que el mismo existió y sigue existiendo
porque el contrato aún sigue vigente, y porque las obras de la CHEC no se
realizaron dentro de la zona concesionada, y ese derecho derivado del contrato de
concesión no implica de ninguna manera que el cauce del río no pueda ser
intervenido, máxime cuando se presentó una situación extraordinaria derivada de
fenómenos naturales que conllevó el tener que realizar unas intervenciones en pro
de conservar y salvaguardar una infraestructura que beneficia a la comunidad; y,
especialmente, porque si el actor suspendió la realización de su actividad fue una
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Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
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S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
decisión que no tuvo su génesis en la intervención de su título minero5.
Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia. Sostuvo
que el cauce del río no se modificó por efectos de la naturaleza sino por las obras
ejecutadas por la demandada. Tan es así que en el año 2013 se podían ingresar
máquinas y posteriormente, por las obras, se dificultó el ingreso de vehículos
hasta la playa del río.
En cuanto a las afirmaciones de los testigos de la entidad demandada –sobre la
instalación de hexápodos y la oposición de los areneros para el retiro de los
mismos, así como de la necesidad de una medida de contención en predios
concesionados– el recurso explicó que la decisión de los mineros no fue
caprichosa, sino fundada en el permanente contacto con la fuente de trabajo y el
conocimiento de que, más temprano que tarde, se presentarían incidentes con
esos elementos (como sucedió con los arrastres en crecientes).
Puntualmente, sobre lo hexápodos, indicó que estos, tan pronto se ubicaron,
corrieron la suerte que había sido vaticinada por los areneros, esto es, que se
salieron del polígono que se asignó y se diseminaron agua abajo, sometidos a la
dinámicas de las corrientes, dañando los sitios de laboreo y los trinchos que se
hacen para poder recoger el material y obstruyendo la labor de extracción (…) con
la primera creciente se desamarraron y rodaron con toda su envergadura aguas
abajo invadiendo las concesiones, muestra inequívoca de la ausencia total de
cuidado en el montaje y el único afán de la CHEC de resolver su problema, aún a
costa del perjuicio de los mineros que ejercían su actividad legalmente.
En cuanto a la necesidad de socializar con los mineros de la zona, previo a
ejecutar las obras, el recurso sostuvo que la CHEC S.A. E.S.P. lo que hizo fue
informar a la población trabajadora del lugar las actividades que harían, pero no
hubo una retroalimentación de ideas ni se escucharon las objeciones de los
areneros. Además, agregó que la modificación del cauce en la parte baja impidió
la extracción de material y la continuidad de la explotación económica.
5 Páginas 33-36 pdf sentencia de primera instancia. Expediente Samai Tribunal Administrativo de Caldas
(índice 46)
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00228-01 (72090)
Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC
S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
Se extraen apartes pertinentes del recurso:
(…) El análisis de los elementos de juicio en los que se fundamentó el Tribunal
para desestimar los pedimentos de la parte actora da cuenta de una realidad
totalmente opuesta a la planteada, y si a ellos se le suman las pruebas
documentales y testimoniales que presentó la parte actora, los que no merecieron
mayor referencia en la sentencia confutada, sin duda señalan que:
1. Los muros levantados por la CHEC sobre la margen derecha del río para tratar
de conjurar el socavamiento que estaba sufriendo la estructura de la bocatoma, y
que terminaron convirtiéndose por su estructura en una carretera, impidieron (i) el
ingreso de volquetas para llevar el material, y (ii) no dejaron espacio para la
recolección de las gravas.
2. Estas dos situaciones, cuya existencia quedó suficientemente probada con el
dictamen pericial arrimado con la demanda y los dichos de aquellas personas que
se dedicaban a la extracción, acopio y transporte de los materiales y aceptada por
todos los profesionales que llamó la entidad accionada.
3. Si bien es cierto que CORPOCALDAS autorizó a la CHEC para que instalara los
hexápodos en un polígono libre, también lo es, y hasta los mismos testigos de la
accionadas lo aceptaron, que estos elementos, tal como lo habían advertido los
titulares de los LH, se salieron de su confinamiento y, debido a su peso y tamaño,
indubitablemente afectaron los sitios de trabajo al destruir los trinchos requeridos
para el manejo de las gravas y al moverse continuamente al quedar a la deriva,
amenazar las vidas de los trabajadores, contrariando, con ello, las limitantes
señaladas en el Parágrafo 2 de la Resolución No. 007 del 18 de enero de 2016,
expedida por la autoridad ambiental.
(…)
Toda la credibilidad para los testigos y el perito de la CHEC, ninguna para
similares que llamaron los demandantes. Si el sentenciador se hubiese tomado la
molestia de revisar los dichos de los testigos presentados por los actores, nada
extraño habría encontrado en esa conducta, y con toda seguridad, habría
entendido que este fue el elemento que dio inicio a la intervención del título por
parte de la CHEC, el que finalizó con la instalación de los hexápodos.
Y respecto a lo referido frente a las obras realizadas en el año 2012, también
olvida la Sala que las obras que se realizaron sobre la margen derecha del río
generaron un cambio en el curso del río, afectando su margen izquierda, situación
que también quedó plenamente demostrado, tanto en el dictamen pericial, como
en la prueba testimonial, cuya valoración brilla por su ausencia en la providencia
que se apela6.
Trámite de segunda instancia
El 3 de octubre de 2024, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y el
Despacho8 lo admitió el 7 de julio de 20239. Como no se solicitaron pruebas en el
6 Archivo pdf apelación (páginas 1-20). Samai Tribunal Administrativo de Caldas (índice 46).
7 Samai Tribunal Administrativo de Caldas (páginas 1-2).
8 Previamente, el 10 de marzo de 2025, la Sala declaró fundado el impedimento presentado por el Consejero
de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales, y, como consecuencia, se separó del conocimiento del asunto de la
referencia. Índice 7 Samai.
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00228-01 (72090)
Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
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S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
recurso de apelación, el expediente ingresó para fallo, de conformidad con el
artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202110.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 5 de septiembre de 2018, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA11,
este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los
procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en
vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código 12, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en
adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u
omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA13. El Consejo de
Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de
conformidad con el artículo 150 del CPACA14, según el cual conoce de los
recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
9 F. 737 c. principal.
10 Samai Consejo de Estado.
11 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
12 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
13 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
14 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00228-01 (72090)
Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC
S.A. E.S.P
Proceso: Reparación directa
tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a
la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA15, esto es, $390.621.000.16.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control procedente para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo17, cuya legalidad no
se cuestiona. En este caso, el medio de control de reparación directa procede para
reclamar el daño derivado de las presuntas actuaciones y omisiones de las
entidades demandadas en sus respectivas calidades de autoridades protectoras
del medio ambiente y del control de la seguridad y orden público en su jurisdicción.
Demanda en tiempo
4. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.
Problema jurídico
5. Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa
se interpuso dentro del término preclusivo previsto en la ley.
Análisis de la Sala
6. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la
ley para acudir ante los jueces para demandar. Este término está concebido para
definir un plazo objetivo e invariable, con base en el cual quien pretenda ser titular
de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad
tiene lugar, justamente, cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.
15 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
16 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $781.242, por 500.
17 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
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Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC
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Proceso: Reparación directa
Esta institución jurídica se fundamenta en el deber de colaboración con la justicia
y, con motivo de este, de ejercer las acciones procesales dentro de los términos
señalados por la ley. Cuando se deja de ejercer el derecho de acción dentro de los
plazos fijados por la ley en forma objetiva, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos 18.
Esta figura es irrenunciable por la parte que la alega. No concede derechos
subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su
configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el
proceso. Dado su carácter de orden público, es indisponible y debe ser declarada
de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia19 –sin descartar que pueda
ser declarada a solicitud de parte–.
7. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA es de dos años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
8. Según la demanda, la Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC S.A. E.S.P
ejecutó varias obras sin tener en cuenta y consultar con los mineros vecinos del
sector bocatoma Montevideo. Las referidas obras consistieron en: (i) la
construcción de un muro en concreto ciclópeo, (ii) la instalación de sacos rellenos
de arena a lo largo de la orilla derecha del río y (iii) la instalación de hexápodos o
“rompe olas”. Las obras modificaron el cauce e impidieron la actividad minera en el
sector: no se pudieron hacer los “trinchos” para extraer el material; los hexápodos
o “rompe olas” constiuían un peligro para la integridad de los trabajadores que
extraían el material del río, y no se pudo ingresar los vehículos para transportar el
material recolectado.
9. Revisada la demanda y su reforma, no se hizo en ellas una relación cronológica
de hechos, sino una sucesión de acontecimientos sin precisión y sin datos de
circunstancias de tiempo.
18 Corte Constitucional, sentencias C-351 de 1994, C-115 de 1998
19 Corte Constitucional sentencia C-832 de 2001.
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Ahora bien, aún cuando en el acápite de perjuicios especifican, como momento
cierto del daño, el mes de noviembre de 2017 en el que, según la demanda,
dejaron de percibir ingresos (lucro cesante) por suspensión de las actividades
mineras (daño), algunas afirmaciones de la demanda y algunas pruebas del
expediente muestran que los hechos dañosos y el daño –por suspensión y
afectación a actividades– tuvieron ocurrencia desde antes de esa fecha.
9.1. En los hechos 18, 19, 20, 21, 22 y 23, la demanda afirmó que Raúl Franco
Ramírez y otros mineros del sector manifestaron a la empresa hidroeléctrica su
total desacuerdo con las obras ejecutadas (muro, sacoa y hexápodos) pues los
dejó sin posibilidad de continuar con su labor. Al respecto se dijo:
(…) tanto el Señor Raúl Franco Ramfrez, como los demás trabajadores y
concesionarios, manifestaron de inmediato su total desacuerdo, toda vez que esta
"solución" los dejaba sin la posibilidad de continuar con su labor, de la cual
dependen sus ingresos y la de varias familias del sector.
(…) Los argumentos de los reclamantes de nada valieron ante los funcionarios de
la CHEC, quienes, sin mediar solicitud de autorización alguna, y pasando por
encima de la condición de titular de un contrato de concesión minera debidamente
acreditado ante la autoridad competente que ostentaba mi mandante, procedieron
de manera unilateral y arbitraria a intervenir el cauce del río, dejando al Señor
Franco Ramírez sin la posibilidad de ejercer su actividad de extracción de
materiales de arrastre. (…)
Tanto el muro en concreto ciclópeo, como lo sacos rellenos de arena terminaron
convirtiéndose en una vía alterna por la cual circulan los vehículos que van o
vienen de la hacienda Montevideo, lo que significa que al río le fue modificado su
cauce normal en unos veinticinco (25) metros, convirtiéndose en un cuello de
botella en este punto.
No contentos con las intervenciones descritas en los dos hechos anteriores, la
CHEC ha venido regando a lo largo del lecho del ño Chinchiná unos bloques
elaborados en concreto reforzado, consistentes en un núcleo central y seis (6)
columnas cortas denominadas patas o pies, que pesan cada uno
aproximadamente una (1) tonelada, los cuales son denominados "hexápodos•,
"estrellas", o "rompe olas"20.
A su turno, en el hecho 24 se señaló que, cerca de 4 años antes de la demanda
(interpuesta en 2018), lo que daba a entender que se trataba del año 2014, las
reclamaciones de Franco Ramírez no habían sido atendidas por la entidad
demandada, y tanto él, como otras personas en el sector, se quedaron sin
20
F. 3 y ss expediente digital c. 1. Samai Tribunal Administrativo de Caldas (índice 46).
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posibilidad de seguir ejecutando su labor de explotación de material del río. Se
transcribe lo pertinente:
Pese a, la permanente insistencia del Señor Franco Ramírez, sus reclamaciones y
valoraciones jamás fueron atendidas, y, desde hace cerca de cuatro (4) años, tanto
ellos, como varias personas del sector se vinieron quedando sin la posibilidad de
seguir ejerciendo su labor de explotación de materiales de río, ocasionándoles
grandes perjuicios económicos, toda vez que de esta actividad derivan su
sostenimiento mis poderdantes, su familia y varias personas que laboraban a su
lado (…)21.
En los hechos 26 y 27 la demanda reseñó que, el 27 de mayo de 2015, se llevó a
cabo una reunión entre respresentantes de los concesionarios y la gestora social
de la CHEC en el que se reiteró la oposición frente a las obras realizadas y se
proponía a la empresa llegar a un acuerdo para evitar una demanda por iniciación
de perjuicios. Sin embargo, no se llegó a un arreglo y la empresa continuó con la
afectación a las áreas concesionadas. Se extrae lo pertinente de los numerales en
mención:
El día 27 de mayo de 2015 se llevó a cabo una reunión entre la Gestora Social de
la CHEC y representantes de los concesionarios que tienen sus áreas otorgadas e
intervenidas, en la cual se consignó la oposición de los areneros a la ejecución de
las obras de intervención sobre sus sitios de trabajo y la conminación para que se
llegue a acuerdos entre unos y otros, en procura de evitar la iniciación de una
demanda por indemnización de perjuicios.
No se presentó ningún tipo de fórmula de acuerdo entre las partes y, por el
contrario, la CHEC continuó afectando las áreas concesionadas, sin autorización
de los concesionarios22.
9.2. Al proceso se aportó, como anexo a la demanda, el acta de una reunión
llevada a cabo el 27 de julio de 2015 entre algunos areneros del sector (incluido un
representante del demandante) y trabajadores de la Central Hidroeléctrica de
Caldas S.A. E.S.P.
Según se consignó en el documento, el propósito de la reunión era establecer
acuerdos para el desarrollo de unas obras en la bocatoma “Montevideo”. En el
acápite denominado “debate” se indicó que los areneros “aguas abajo”
manifestaron que ellos no se podían oponer al desarrollo de las obras, pero
insistían que la afectación en sus charcos era inminente. Por ese motivo y por
otros, estaban en un proceso para iniciar una demanda, y que ya habían
21
F. 1-3 expediente digital c. 1. Samai Tribunal Administrativo de Caldas (índice 46).
22
F. 4 expediente digital c. 1. Samai Tribunal Administrativo de Caldas (índice 46).
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Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
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conversado con un abogado para el estudio del caso. Se transcribe lo pertinente
del acta:
(…) Los areneros aguas abajo manifiestan que ellos no se pueden oponer al
desarrollo de las obras, pero insisten en que la afectación es inminente en sus
charcos. Ya se han asesorado y van a realizar un registro fotográfico para
adelantar un proceso de demanda contra CHEC. Los areneros insistrn que no se
pueden oponer al desarrollo de las obras en predios CHEC.
A la reunión asistió Gildardo Toro y William Slinas, en nombre de Raúl Franco
(demandante) y Ernesto de Jesús Monsalve.
Conclusiones:
Están en un proceso para iniciar una demanda legal. Ya tienen cita con un
abogado para el estudio del caso.
Ellos plantearon el caso al aboado, quien les dijp que si durante 6 mese son se
han reunido empresa-areneros no existe negociación. Solicitan una reunión para
ellos informar dicha situación (…)
Manifiestan que toman esta decisión por los perjuicios ya recibidos. Ellos quedan a
la espera del inicio de la obra para entablar la demanda23.
9.3 También obra permiso de ocupación de cauce del 18 de enero de 2016,
expedida por Corpocaldas por un plazo de cuatro meses para construir una
traviesa para estabilizar el cauce y proteger obras de socavación realizadas en el
cauce del río24.
10. Los hechos de la demanda –aún con las dificultades en la cronología de su
relato– y los documentos aportados, en especial el acta de reunión de julio de
2015, muestran que los hechos dañosos y el daño (imposibilidad de ejecutar una
actividad minera en río) se concretaron desde hacía 4 años antes de haberse
presentado la demanda (2014), y que, desde el año 2015 –con conocimiento de
daños y perjuicios ciertos– el demandante pretendía formular una demanda de
responsabilidad extracontractual por la ocurrencia de las obras ejecutadas por la
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.
Aun cuando en la demanda en su acápite de perjuicios se haya identificado, como
fecha del daño, noviembre de 2016, lo cierto es que las pruebas (y la misma
demanda) muestran que la afectación a la actividad minera tuvo lugar en fechas
anteriores.
23 F. 12-14 pdf 6 “anexos de la demanda”. Expediente Samai Tribunal Administrativo de Caldas (índice 46)
24
Carpeta Digital N°30, PDF N°1
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Proceso: Reparación directa
Esta circunstancia lleva a la Sala a concluir que el término para presentar el medio
de control inició, por lo menos, desde la fecha de la reunión entre areneros
(incluido el demandante) y representantes de la hidroeléctrica, en julio de 2015.
Ahora bien, como uno de los hechos dañosos alegados fue la construcción de
hexápodos o “rompe olas”, y las pruebas dan cuenta que una de las instalaciones
fue en fecha posterior a la referida reunión de julio de 2015 (de cara al permiso de
ocupación de cauce de 18 enero de 2016), este permiso fue concedido por
Corporcaldas desde enero de 2016 hasta 4 meses después, lo que indica que,
conforme a las pruebas, hasta el 18 mayo de 2016 tuvo ocurrencia este último
hecho dañoso.
En ese orden, aún cuando los hechos de la demanda y las pruebas documentales
muestran un daño cierto y concretado desde los años 2014 y 2015, se tomará esta
última fecha (18 mayo de 2016) como inicio del término de oportunidad para
formular el medio de control de reparación directa, que vencía el 18 de mayo de
2018. Como la demanda se interpuso el 28 de octubre de 2018, la oportunidad
para formular el medio de control ya había fenecido para ese momento.
Corolario de lo anterior, la Sala encuentra que las pretensiones dirigidas a la
reparación por la afectación a actividad minera de extracción de materiales de
construcción se encuentran caducadas para el demandante. Motivo por el cual la
sentencia apelada será modificada para, en su lugar, declarar la caducidad del
medio de control.
11. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo
365 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. En relación con las agencias en derecho, el numeral 1 del mismo
artículo establece que “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. A su turno, de
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Proceso: Reparación directa
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del mismo estatuto,
para su fijación deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.
Conforme a la norma referida, las agencias en derecho, que vienen comprendidas
en las costas, son la suma que el juez reconoce a la parte que resulta favorecida
con la condena, en atención a los gastos en que tuvo que incurrir para pagar los
honorarios de un abogado, dentro de los límites y criterios establecidos por el
numeral 4 del artículo 366 de Código General del Proceso, el cual hace remisión
expresa a las tarifas que el Consejo Superior de la Judicatura establezca. Su
reconocimiento solo atiende a criterios objetivos y no depende del comportamiento
de las partes, temeridad o de circunstancias individuales económicas de quienes
se enfrentan en el litigio.
El artículo quinto del acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente
para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas máximas de
agencias en derecho en salarios mínimos o en porcentajes del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Para los procesos
declarativos, cuando se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las
agencias en derecho en segunda instancia, deben fijarse entre 1 y 6 salarios
mínimos legales mensuales vigentes25.
En consideración a que la parte demandada tuvo apoderado y su actuación fue
continua y consistente en esta instancia, las agencias en derecho se fijarán en la
suma equivalente a 1 SMLMV.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
25 «Artículo. 5—Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN
GENERAL […] En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. ii) De mayor cuantía, entre el
3% y el 7.5% de lo pedido […] en segunda instancia: entre 1 y 6 SMMLV […] (subrayado fuera del texto)».
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00228-01 (72090)
Demandante: Raul Eduardo Franco Arango
Demandado: Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC
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Proceso: Reparación directa
FALLA:
MODIFICAR la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del término para
formular el medio de control.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la entidad
demandada, Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P, las costas del proceso.
FIJAR la suma la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente
por concepto de agencias en derecho en esta instancia. Las costas se liquidarán
de manera concentrada en el Tribunal.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
18
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