Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00296-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00296-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00296-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2019 00296 01 (0970-2025)
Demandante: Adriana Casas Arciniegas
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
• Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: Reajuste de la asignación básica y la asignación de retiro de
acuerdo al IPC. Principio de oscilación. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024,
por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. La señora Adriana Casas Arciniegas, por intermedio de apoderado pretende la
nulidad de los Oficios S- 2016-229560/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de agosto de 2016
y S-2018-068251/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 2018 proferidos por la
Policía Nacional, y 7813/OAJ del 26 de abril de 2016 y E-00001-201903917- CASUR
id 403497 del 5 de febrero de 2019 expedidos por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, por medio de los cuales se le negó la reliquidación de la diferencia
de salarios de los decretos de oscilación y la variación porcentual del índice de
precios al consumidor durante los años 1992 y 2004, y la consecuente reliquidación
de la asignación de retiro.
3. A título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y reajuste de la
asignación básica y demás prestaciones devengadas teniendo en cuenta el índice de
precios al consumidor y de acuerdo a la asignación básica de un oficial en el grado
de general, así mismo que se reajuste dicha asignación en atención a los nuevos
valores a que tiene derecho en su base salarial. Finalmente, que se indexen las
sumas adeudadas; se dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por
el C.P.A.C.A.; se realicen declaraciones extra y ultra petita a que haya lugar y se
condene en costas y agencias en derecho a las demandadas.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. La demandante se vinculó como oficial en la Policía Nacional y fue retirada del
servicio en el grado de teniente coronel, razón por la cual la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional le reconoció asignación de retiro, no obstante, para efectos de
la liquidación de la prestación no se consideró la actualización plena ordenada por la
Corte Constitucional en sentencia C-931 de 2004. Por ello, el 25 de julio de 2016 y el
6 de diciembre de 2018 solicitó a la Policía Nacional la reliquidación de la diferencia
entre la asignación mensual, salarios y prestaciones sociales pagadas desde el 1 de
1 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – archivos 6ED_C01PRINCIP_005DEMANDAPDF(.pdf)
y 15ED_C01PRINCIP_014ESCRITOSUBSANACIO(.pdf)
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enero del año 2004 a la fecha del retiro teniendo en cuenta la inflación acumulada
para los años 1992 a 2004; mientras que el 2 de marzo de 2016 y el 6 de diciembre
de 2018 elevó petición en igual sentido ante CASUR; obteniendo respuestas
desfavorables mediante los actos acusados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
5. Citó como normas vulneradas los artículos 4, 48, 53, 217, 218, 230 y 373 de la
Constitución Política; Ley 1437 de 2011; Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990;
artículos 1, 2, 3 y 13 de la Ley 4ª de 1992; artículo 271 de la Ley 1450 de 2011; los
decretos por medio de los cuales se fijaron las escalas de asignación básica de los
empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva de
los años 1991 a 2018 y los decretos por medio de los cuales se fijaron los sueldos
básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, Suboficiales, personal del Nivel Ejecutiva y Agentes de la Policía Nacional.
6. Expuso que con la expedición de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional
estableció las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional entre otros de los miembros de la
fuerza pública, particularmente en su artículo 13 ordenó la creación de una escala
gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la
fuerza pública, en consecuencia fue expedido el Decreto 107 de 1996, disposición
según la cual el sueldo básico para el personal de oficiales, suboficiales, miembros
del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional corresponde al porcentaje fijado
para cada grado con respecto a la asignación básica de un general.
7. Trajo a colación el régimen salarial y prestacional aplicable a los integrantes de
la Fuerza Pública, citando los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, así como el 1091
de 1995. Indicó que el mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de
retiro está legalmente ligado a las asignaciones en actividad para cada grado; lo cual
opera desde el 31 de diciembre de 2004, y que se desconoce el precedente de la
Corte Constitucional –sentencia C-931 de 2004-.
8. Indicó que los sueldos básicos para el personal uniformado y no uniformado de
la Policía Nacional se fijan anualmente por el Gobierno Nacional de conformidad con
el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, a través de una escala gradual porcentual para
nivelar la remuneración del personal activo y retirado con el fin de que los salarios,
prestaciones y asignaciones de retiro no pierdan su poder adquisitivo, mandato que
se desconoce en atención a que los incrementos se realizan por debajo de la inflación
causada. Explicó que, si bien el Gobierno Nacional efectuó los aumentos anuales, en
algunos casos se hizo muy por debajo del IPC y sin tener en cuenta la asignación
básica devengada por un general de la república, situación que afectó a los
pensionados, comoquiera que la prestación perdió su poder adquisitivo constante.
1.4. Contestaciones de la demanda
9. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional2 por intermedio de
apoderado contestó en tiempo la demanda, y se opuso a las pretensiones alegando
que la asignación de retiro de la demandante se ha reajustado desde el 11 de
noviembre de 2014 conforme lo ordenan los Decretos 1212 de 1990, 1791 de 2000,
4433 de 2004 y 1157 de 2014.
2Expediente digital primera instancia índice samai 22 – archivo
22ED_C01PRINCIP_021CONTESTACIONDEMAN(.pdf)
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10. Agregó que el Gobierno Nacional al expedir el decreto anual de incremento del
sueldo para la fuerza pública estableció los parámetros que rigen los reajustes de los
salarios dando aplicación a la escala gradual porcentual contemplada en las normas
especiales que regulan la materia y que la entidad ha acatado, sin que pueda variar
los criterios fijados por el Gobierno toda vez que los reajustes se fundamentan en el
sistema prestacional de los miembros de la fuerza pública, correspondiendo al
Congreso de la República mediante ley modificar los parámetros fijados para el
aumento de las asignaciones de retiro.
11. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3 por intermedio de
apoderado contestó oportunamente la demanda, y se opuso a las pretensiones
argumentando que la asignación básica de la demandante tiene como fundamento la
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración y el índice de precios al
consumidor, en ese orden el reajuste de la asignación básica se realizó conforme a
los decretos expedidos por el Gobierno Nacional.
12. Señaló que no es procedente la reliquidación de la asignación de retiro con
fundamento en el IPC toda vez que la demandante pertenece a un régimen especial
razón por la cual se encuentra excluida de las disposiciones contenidas en la Ley 100
de 1993. Finalmente, explicó que si bien es cierto para los años 1997 a 2004 se
ordenó el reajuste de las asignaciones de retiro con fundamento en el IPC, dicha
circunstancia solo operó hasta el 31 de diciembre de 2004 y no afectó a los salarios
del personal en servicio activo.
1.5. Sentencia de primera instancia4
13. En sentencia de 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
vencida. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio
pertinente concluyó que los incrementos efectuados en las asignaciones básicas
durante los años 1992 a 2004, fueron realizados conforme a los lineamientos
contenidos en los decretos que para el efecto expidió el Gobierno Nacional, sin que
sea procedente su inaplicación por inconstitucional, al no acreditarse el haber
percibido un valor inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en
virtud de los parámetros decantados por la Corte Constitucional en sentencias C-
1433 de 2000, C-1064 de 2001 y C-931 de 2004, por ende, tampoco es dable ordenar
el reajuste de la asignación de retiro. Lo anterior, siguiendo la postura recientemente
asumida por el Consejo de Estado en un asunto similar al aquí debatido.
1.6. Recurso de apelación5
14. La demandante por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación
argumentando a manera de síntesis, que la sentencia de primera instancia omitió
aplicar la jurisprudencia existente sobre el asunto, destacando para el efecto la
sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional con la cual se protege el poder
adquisitivo de los salarios de todos los servidores públicos, incluidos los miembros
de la Fuerza Pública, por lo que desconocer dicha decisión es discriminar a quienes
prestaron servicio público en las Fuerzas Armadas y de Policía durante las
anualidades reclamadas, tiempo en el cual los ajustes ordenados por el Gobierno
Nacional fueron inferiores a la inflación, lo que afectó el valor de la asignación básica
de un oficial en el grado de general, circunstancia que sirve como referente frente a
la escala gradual porcentual.
3 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – archivo
23ED_C01PRINCIP_022CONTESTACIONDEMAN(.pdf)
4 Expediente digital primera instancia índice samai 25
5 Expediente digital primera instancia índice samai 29
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1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
15. Por auto calendado el 28 de noviembre de 2025, se admitió el recurso de
apelación6. En el término otorgado la parte demandante7 reiteró los argumentos
esbozados en la demanda y el recurso de apelación, esto es, que se aplique la
sentencia C- 931 de 2004 y de no ser así se justifique en forma clara la posición
jurídica que lleve a esa decisión.
16. De otra parte, la Agente del Ministerio Público8 delegada ante este despacho
rindió concepto en orden a que se confirme la sentencia que negó las pretensiones
de la demanda, en vista que los salarios del personal en actividad de la fuerza pública
fijados por el Gobierno Nacional mediante la aplicación de la escala gradual, no
pueden ser modificados por decisión judicial; además, conforme a la regla
jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1433 de 2000, el
gobierno Nacional no puede efectuar incrementos inferiores al IPC a quienes
devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, condición que
no cumple la demandante, en la medida en que su asignación básica mensual para
las anualidades comprendidas entre 1992 y 2004, superó dicho umbral.
17. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
18. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso10, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
2.2. Problema Jurídico
19. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a la demandante en
calidad de teniente coronel ® de la Policía Nacional, le asiste el derecho al reajuste
de la asignación salarial y consecuentemente de la asignación de retiro, teniendo en
cuenta la variación del índice de precios al consumidor.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. Régimen salarial y prestacional del personal de la Fuerza Pública
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución11 la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos,
incluidos entre ellos los integrantes de la Fuerza Pública, no es asunto privativo de la
órbita de competencia del Congreso de la República, sino que esa atribución hoy es
compartida con el presidente de la República, al disponer que corresponde al
Congreso en ejercicio de la función legislativa «dictar las normas generales, y señalar en
ellas los objetivos y criterios» a los cuales se sujetará el Gobierno para «fijar el régimen
6 Expediente digital segunda instancia índice samai 4
7 Expediente digital segunda instancia índice samai 10
8 Expediente digital segunda instancia índice samai 11
9«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
11 e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública
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salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública».
21. En este sentido le corresponde al legislador establecer normas generales y
señalar objetivos y criterios en las materias a que se refiere el numeral 19 del artículo
150 de la Carta, con lo cual, precisa el marco dentro del cual deberá actuar el
Gobierno nacional para los efectos señalados entre los que se encuentra «la fijación
del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos».
22. En desarrollo de lo anterior el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de
199212, que en su artículo 1º determinó los servidores públicos que serían objeto de
regulación salarial y prestacional por parte del Gobierno, dentro de los cuales se
encuentran los miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, en su artículo 13
estableció con respecto a la escala gradual porcentual, lo siguiente:
«Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de
la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.
Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996. […]».
23. Del contenido de la norma referida se colige que uno de los propósitos del
legislador de 1992 al expedir la Ley 4ª de ese mismo año y ordenar el establecimiento
de una escala gradual porcentual era el de nivelar la remuneración de los miembros
activos y retirados de la fuerza pública, razón por la que se creó de manera temporal
la prima de actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo, lo que
se materializó en vigencia de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y
133 de 1995.
24. En efecto, el artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente
de la República, en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución
Política y en desarrollo del Decreto 333 de 1992, que declaró el estado de emergencia
social, creó para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en servicio activo, una prima de actualización, en los porcentajes que allí se
indican para cada grado, liquidada sobre la asignación básica, la cual estaría vigente
hasta el establecimiento de una escala salarial porcentual única para las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, cuyo objetivo fue el de nivelar la remuneración de estos
servidores en forma gradual hasta llegar a una escala salarial única.
25. En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación
gradual a las asignaciones de actividad que es computable para el reconocimiento
de la asignación de retiro y pensión, no solo para quienes la devenguen en servicio
activo como lo establece expresamente el parágrafo del artículo 15 ya citado, sino
también para el personal retirado, ya que por el sistema de oscilación de las
asignaciones de retiro y pensiones consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211
de 1990, las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de
actividad se deben reflejar en las asignaciones y pensiones ya reconocidas.
12 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política»
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Adicionalmente, el Decreto 107 de 199613 en sus artículos 1º y 2º fijó la escala
gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel
ejecutivo y agentes de la fuerza pública; y además se dispuso que los sueldos básicos
mensuales para el personal relacionado corresponderán al porcentaje que se indica
para el grado, con respecto a la asignación básica del grado de General.
26. Así entonces, a partir de la expedición del anterior decreto, el Gobierno nacional
cada año profiere los decretos de reajuste salarial con sujeción a la escala salarial14,
es decir, que ha tomado como base el porcentaje de la asignación básica del grado
de general.
27. Conforme con lo señalado, se colige que la asignación básica del personal de la
Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el gobierno
nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán sus
miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996,
quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho personal.
2.3.2. La asignación de retiro de las Fuerzas Armadas y su reajuste
28. En lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, la
Sala de Subsección precisa que tanto esta Corporación como la Corte Constitucional,
en su jurisprudencia, han reconocido a las asignaciones de retiro el carácter de una
pensión como la de vejez o de jubilación.
29. Así, en sentencia C-432 de 2004, la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad de algunas normas consagradas en el Decreto 2070 de 2003, el
cual introdujo reformas al régimen pensional de la Fuerza Pública, concretamente en
cuanto al porcentaje que se aplicaría a la asignación de retiro. En dicha oportunidad,
la Corte precisó que la asignación de retiro es una modalidad de prestación social
que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado de especialidad
(en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que
cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata, como bien lo
afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de “asignación de
retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la fuerza pública,
en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos servidores públicos,
se limita a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes.
30. Esta prestación periódica para el personal militar y policial comprende algunas
diferencias muy relevantes debido a la situación especial de dichos servidores
públicos, como es la dedicación exclusiva al servicio, las jornadas especiales de
trabajo, los lugares donde se debe trabajar, la continua reubicación de lugares de
servicio y, en fin, el peligro para su vida y familia dadas las circunstancias de nuestro
medio, por ello el legislador consagró un régimen salarial y prestacional especial.
31. A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que la asignación
de retiro es el término del legislador utilizado para referirse a la pensión de vejez de
los miembros de la Fuerza Pública, prestación esta que se encuentra consagrada en
13 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional»
14 Decretos 122 de 1997; 058 de 1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745 de 2002; 3552 de 2003;
4158 de 2004; 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de 2008; 737 de 2009; 1530 de 2010; 1050 de
2011; 0842 del 2012; 1017 de 2013; 187 de 2014 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324
de 2018, 1002 de 2019 y 318 de 2020.
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un régimen especial, cuyos destinatarios son el personal que ella determina de
manera clara.
32. Este régimen se encuentra contenido en el Decreto 1211 de 1990, «Por el cual
se reforma el estatuto del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares» que en sus artículos 163 y 169, señaló no solo el concepto de asignación
de retiro y sus variaciones sino que también tuvo en cuenta el aumento salarial
decretado para el personal de las fuerzas militares en actividad, vale decir, mediante
la aplicación del principio de oscilación.
33. Acorde con tales disposiciones, cada vez que existiera una variación en los
salarios del personal en servicio activo, esta se extendería para el personal en uso
de buen retiro.
34. De igual manera lo consagró el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, por el
cual se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional, de tal
forma que a la luz de estas disposiciones, quedó establecido el sistema de reajuste
y la prohibición expresa de utilizar otro régimen, «salvo autorización expresa» lo cual
significa que solo es factible la aplicación de normas generales de la administración
a los casos sometidos a un régimen especial militar cuando la ley expresamente lo
autorice.
35. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, «Por la cual se creó el sistema de seguridad
social integral», en el artículo 1415, previó el reajuste de las pensiones teniendo en
cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin
embargo, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, determinó que a los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no se les aplicaría el sistema integral de
seguridad social.
36. Si bien, en principio, dicha norma excluyó entre otros servidores, a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de su aplicación, no es menos cierto
que posteriormente tal disposición fue adicionada en el parágrafo 4.º por disposición
expresa del artículo 1.º de la Ley 238 de 1995, así:
«Artículo 1º: Adiciónese el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación
de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados»
37. Con fundamento en lo anterior, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, los
pensionados del régimen de excepción de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho a que
sus mesadas se reajustaran atendiendo a la variación porcentual del IPC certificado
por el DANE, como lo dispuso el artículo 14 de esta última citada, y a la mesada 14,
conforme el artículo 142 ibidem.
38. No obstante, el sistema de liquidación de las asignaciones de retiro y
pensiones de los miembros de la fuerza pública con base en el IPC tan solo
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, toda vez que el propio legislador
volvió a establecer el incremento pensional con base en el principio de oscilación,
mediante el artículo 3 de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, así:
15 «Artículo. 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones,
mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada
año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal
mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho
salario por el gobierno».
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Demandante: Adriana Casas Arciniegas
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos: […]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de
la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones
de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.»
41. En el mismo sentido, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004,
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública” determinó lo siguiente:
«Artículo 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones
de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el
mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En
ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal
mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo
disponga expresamente la ley.»
42. Y, en los artículos 13 y 14 ibídem se establecieron las partidas computables para
el personal de las Fuerzas Militares; y lo referente a la asignación de retiro para el
personal de Oficiales y Suboficiales en actividad.
43. Por su parte, el Decreto 407 de 2006, “por el cual se fijan los sueldos básicos
para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”, en desarrollo
de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, determinó el sueldo básico
mensual para el personal, en porcentaje que se indica para cada grado, y con
respecto a la asignación básica del grado de general que fijó al rango de mayor el
45.5288%.
44. Acorde con lo expuesto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995,
se hicieron extensivos para los pensionados pertenecientes a los regímenes
excluidos por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, como es el caso del personal de
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los beneficios contemplados por los
artículos 14 y 142 ibídem, es decir, el reajuste de las mesadas pensionales de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor
certificado por el DANE.
45. El reajuste con la variación del IPC para los miembros de la fuerza pública tuvo
como límite la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, que restableció
nuevamente el principio de oscilación, posición que ha sido reiterada de manera
consistente y uniforme por esta Sección, a partir de la sentencia de 17 de mayo de
200716. Y posteriormente en sentencia del 21 de agosto de 200817 se señaló que «el
ajuste de las asignaciones de retiro a partir del año de 1995 deberá hacerse con
fundamento en el I.P.C. que certifique el DANE; fórmula aplicable hasta el año de
2004, en razón de que el propio Legislador volvió a consagrar el sistema de oscilación
como la forma de incrementar las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública, a través del artículo 3 [3.13] de la Ley 923 de 2004, el cual fue reglamentado
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, Expediente 8464-2005. En esta
oportunidad se precisó: «7. Límite del derecho. El reajuste pensional aquí reconocido, debe liquidarse hasta
el reajuste dispuesto por el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, debido a que esta norma volvió a establecer
el mismo sistema que existió bajo la vigencia del decreto 1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la
oscilación de las asignaciones del personal en actividad.»
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de agosto de 2008, expediente 0663-2008.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 17001 23 33 000 2019 00296 01 (0970 - 2025)
Demandante: Adriana Casas Arciniegas
por el artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año […]». (negrilla y subrayado fuera
de texto).
46. De acuerdo con tales planteamientos, el reajuste ordenado sobre la base de la
asignación de retiro, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios
al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004,
contaba con un límite temporal, esto es, el 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 4433 de 2004, mediante el cual se volvía a adoptar como
método de reajuste de la citada prestación, el principio de oscilación. En sentencia
de 15 de noviembre de 201218 se reiteró dicha tesis, concluyendo que el reajuste
efectuado sobre las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la Fuerza
Pública obedece a uno solo, el cual se ha realizado en el tiempo con fundamento en
dos criterios distintos, a saber, el primero con observancia del índice de precios al
consumidor, IPC, esto, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la que se retoma
el principio de oscilación, siendo este el segundo criterio, el cual, en todo caso,
incrementará anualmente y a futuro las mesadas de las asignaciones del personal en
retiro, partiendo siempre de la última mesada pensional del año 2004.
47. Ahora bien, es preciso reiterar que no es posible aplicar lo dispuesto en las
Leyes 100 de 1993 y 238 de 1995, normas que regulan el Sistema General de
Pensiones a las asignaciones percibidas en actividad, al tratarse de dos
condiciones muy diferentes jurídica y fácticamente, como son gozar de asignación de
retiro y otra, devengar la asignación básica en servicio activo, cuyo sistema de
reajuste se encuentra regulado por pautas normativas diversas que no se pueden
pasar por alto desconociendo el querer del constituyente.
2.4. Caso concreto
48. De conformidad con el plenario, la señora Adriana Casas Arciniegas estuvo
vinculada a la Policía Nacional por espacio de 21 años, 7 meses y 27 días19 y se
retiró del servicio por solicitud propia20 a partir del 11 de noviembre de 2014, momento
para el cual ocupaba el cargo de teniente coronel. Por medio de la Resolución 10443
del 18 de noviembre de 2014, el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional – CASUR le reconoció la asignación de retiro a partir del 11 de
noviembre de 2014, en cuantía del 74% del sueldo básico para el grado que ocupaba.
49. El 25 de julio de 201621, el 4 de diciembre de 201822, el 6 de diciembre de 201823
y el 24 de febrero de 201624 la demandante radicó solicitudes ante la Dirección
General de la Policía Nacional y CASUR para obtener la reliquidación y reajuste del
sueldo básico con base en el IPC y la consecuente reliquidación de la asignación de
retiro; peticiones que fueron negadas mediante los actos acusados de nulidad y que
son objeto de revisión.
50. Ahora bien, revisados los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, que
disponen el aumento porcentual de los salario de los miembros de la Fuerza Pública
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente 0907-2011.
19 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – 7ED_C01PRINCIP_006ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)
folios 2 – 4
20 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – 7ED_C01PRINCIP_006ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)
folios 43 – 44 - Resolución 1403 del 31 de julio de 2014
21 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – 7ED_C01PRINCIP_006ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)
folios 14 - 15
22 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – 7ED_C01PRINCIP_006ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)
folios 16 - 20
23 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – 7ED_C01PRINCIP_006ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)
folios 6 - 11
24 Expediente digital primera instancia índice samai 22 – 7ED_C01PRINCIP_006ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)
folios 23 - 35
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Adriana Casas Arciniegas
se observa que desde el año 1992 en adelante, como Oficial de la Policía Nacional,
la señora Adriana Casas Arciniegas tuvo derecho al incremento porcentual decretado
año a año por el Gobierno Nacional en aplicación a la Ley 4 de 1992, por lo tanto, la
pretensión de reliquidación teniendo en cuenta el IPC es improcedente, pues no
resulta pertinente acudir a una fuente distinta para realizar el correspondiente
incremento salarial, en la medida en que existe prohibición expresa consagrada en
el artículo 10 de la citada ley e implicaría la modificación de la escala gradual
porcentual, con base en la cual el Gobierno Nacional fija anualmente los sueldos
básicos del personal de las fuerzas militares en actividad; decretos que valga resaltar,
no fueron cuestionados con la presente demanda.
51. Ahora bien, en cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro, se debe
mencionar que el reajuste del IPC en estas prestaciones solo se aplica para las
reconocidas y devengadas en el periodo comprendido entre 1992 y 2004, por tanto,
no tiene derecho a ella, pues la asignación le fue reconocida con la Resolución 10443
del 18 de noviembre de 2014.
52. Cabe destacar que, con el recurso se invoca la aplicación de la sentencia C-931
de 2004 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se desató la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 25, decisión en la
que se refirió al “derecho del servidor público a mantener el poder adquisitivo real del
salario”, el cual solo puede ser limitado, en palabras de la Corte, para promover el fin
constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica
reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para
no afectar el gasto social, asegurando de esta forma la efectividad de la solidaridad
como principio fundante del Estado Social de Derecho, en el marco de un contexto
económico que justifique la necesidad de la limitación. Sin embargo, para el asunto
que convoca, es menester reiterar que el reajuste salarial pretendido con fundamento
en el IPC, no tiene vocación de prosperidad, dado que como se expuso, para las
anualidades de 1992 a 2004, el Gobierno nacional no se encontraba jurídicamente
obligado a incrementar en ese porcentaje las asignaciones salariales, a lo que se
suma, que los decretos mediante los cuales se fijaron los incrementos salariales no
fueron cuestionados por la parte actora a través del presente medio de control.
53. Esta Subsección ha prohijado este criterio26, iterando que no hay lugar al reajuste
salarial y de asignación de retiro con fundamento en la asignación básica de un
general reajustada con el IPC, ya que no es procedente acudir a una fuente distinta
a la escala gradual porcentual para fijar el incremento sobre la asignación salarial del
personal uniformado de la Policía Nacional. Conforme lo hasta aquí expuesto, se
impone confirmar la sentencia apelada.
2.7. Condena en costas en segunda instancia
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
25 “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”
26 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4 de noviembre de 2024. Rad. 25000 23
42 000 2021 00679 01 (4407-2022). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 17001 23 33 000 2019 00296 01 (0970 - 2025)
Demandante: Adriana Casas Arciniegas
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, se impondrán costas a la señora Adriana Casas
Arciniegas por cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Adriana Casas Arciniegas en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, conforme la motivación.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA
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