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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00342-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00342-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del proceso de la referencia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Condenar en costas a la parte actora en segunda instancia. Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00342-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001 23 33 000 2019 00342 01 (6571-2022)
Demandante: Carlos Bertiher Montoya Castaño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente de
carácter territorial y nacional. Aplicación de la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018. Condena en costas.

Decisión: Se confirma el fallo impugnado toda vez que el demandante
no acreditó haber laborado como docente territorial o
nacionalizado durante 20 años.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 16 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA), solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP
022974 del 1 de junio de 2017 y RDP 030358 del 28 de julio de 2017, mediante
las cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó reconocer y pagar a su
favor la pensión gracia a partir del 24 de marzo de 1990, fecha en la que cumplió
el estatus jurídico de pensionado en cuantía del 75% de lo devengado en el último
año de servicios; asimismo, que se ordene la indexación de estas sumas, el
cumplimiento de la sentencia y el pago de intereses en caso de incumplimiento
conforme a los artículos 192 y concordantes del CPACA, y la condena en costas
y agencias en derecho.

1 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 01CuadernoN1Expediente20190034200.pdf, fls. 6 al 18.

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Radicación: 17001 23 33 000 2019 00342 01 (6571-2022)
Demandante: Carlos Bertiher Montoya Castaño

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que prestó sus
servicios como docente oficial desde el 1 de abril de 1967 hasta el 4 de febrero
de 1994 (mediante 2 actos de nombramiento), laborando por más de 20 años.
Agregó que nació el 24 de marzo de 1940, por lo que cumplió 50 años en 1990,
consolidando en esa fecha su estatus pensional. Igualmente, adujo que ejerció
sus labores docentes con honradez, idoneidad y buena conducta.

4. Sostuvo que cumple los requisitos legales para acceder a la prestación,
por cuanto su vinculación corresponde a la de docente nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980, y que la negativa de la entidad se basó en una
interpretación errónea de sus servicios, desconociendo tanto el proceso de
nacionalización adelantado entre 1976 y 1980 como lo dispuesto por la Ley 91
de 1989 sobre la conservación de dicho carácter.

Contestación de la demanda2

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que, conforme a las pruebas allegadas, el actor no acredita los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia. Indicó que los tiempos de
servicio reconocidos corresponden, en su mayoría, a vinculaciones del orden
nacional, así como a periodos de carácter administrativo, los cuales no son
computables para este tipo de prestación.

6. Sostuvo que, bajo la Ley 114 de 1913 y las normas concordantes, la
pensión gracia está prevista para docentes de carácter territorial o nacionalizado
y los docentes nacionales quedan excluidos, en tanto reciben remuneración
directa de la Nación, hecho que impide el reconocimiento de esta prestación.

Sentencia apelada3

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 16 de
septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda estimando que, si bien
el demandante acreditó haberse vinculado a la docencia antes del 31 de
diciembre de 1980, no cumple con los otros requisitos para acceder a la pensión
gracia en tanto los tiempos de servicio demostrados corresponden, en su
mayoría, a vinculaciones de carácter nacional, las cuales no son computables
para dicho reconocimiento.

8. Al respecto, el a quo consideró que, conforme a los certificados de tiempo
de servicio e historia laboral allegados al proceso, no se probó que el actor
hubiera laborado como docente territorial o nacionalizado en los términos
exigidos por la Ley 114 de 1913 y la Ley 91 de 1989. Por el contrario, advirtió
que, aunque algunos servicios se prestaron en entidades territoriales, estos
tuvieron lugar en instituciones de carácter nacional, lo que impide su cómputo
para efectos del reconocimiento de una pensión gracia.

2 Ibidem, fls. 219 a 230.
3 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 14SentenciaPrimeraInstancia.

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Radicación: 17001 23 33 000 2019 00342 01 (6571-2022)
Demandante: Carlos Bertiher Montoya Castaño

9. Sostuvo que si bien se acreditó un periodo de servicios entre el 1 de abril
de 1967 y el 28 de febrero de 1973, no podía ser valorado favorablemente debido
a que pese a su aparente vinculación territorial los servicios fueron prestados en
instituciones de carácter nacional; y, aun en gracia de discusión, dicho lapso
resultaría insuficiente para acreditar los 20 años exigidos por la normativa
vigente.

10. Asimismo, destacó que el demandante fue nombrado docente por el
Ministerio de Educación Nacional a partir del 23 de marzo de 1973, vinculación
que se extendió hasta el año 2002, lo cual evidencia que la mayor parte de su
tiempo de servicio fue prestado bajo una vinculación de carácter nacional. Por
último, se abstuvo de imponer condena en costas en esa instancia.

Recurso de apelación4

11. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda, argumentando que el Tribunal incurrió en una interpretación errónea
al concluir que no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, en particular frente a la naturaleza de su vinculación docente, por cuanto
su vínculo inicial con la administración tuvo carácter territorial.

12. Indicó que, tras ejercer un cargo administrativo entre 1965 y 1967, a partir
del 1 de abril de 1967 fue posesionado como docente de secundaria, lo que, en
su criterio, demuestra el inicio de su relación como educador bajo condiciones
diferentes a las consideradas por el a quo.

13. Sostuvo que la decisión de primera instancia desconoció la definición legal
de las distintas formas de vinculación docente contenida en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, según la cual la naturaleza de la vinculación depende de la entidad
que realiza el nombramiento y que, en su caso, existen actos administrativos y
certificaciones que evidencian una vinculación territorial o nacionalizada, los
cuales no fueron valorados en debida forma.

14. Indicó que el solo hecho de que en el proceso de vinculación interviniera
el Ministerio de Educación o que los recursos provinieran de la Nación no
transforma la naturaleza territorial o nacionalizada del vínculo.

15. Invocó la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 del Consejo de
Estado, según la cual lo determinante para el reconocimiento de la pensión gracia
es la naturaleza de la plaza docente —territorial o nacionalizada— y no el origen
de los recursos ni la participación de autoridades nacionales en el proceso de
nombramiento.

16. Agregó que el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial y las
reglas fijadas sobre el proceso de nacionalización de la educación, en particular

4 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 17RecursoApelacionDte.pdf.

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Demandante: Carlos Bertiher Montoya Castaño

la interpretación de la Ley 43 de 1975 y su relación con la Ley 91 de 1989, que
protegen los derechos de los docentes vinculados antes de 1980.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 11 de diciembre de 20235, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora. Igualmente, se dispuso que la entidad
tenía hasta la ejecutoria de esa providencia para pronunciarse sobre la alzada y
el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que ingresara el
expediente al despacho para dictar sentencia.

18. La entidad demandada solicitó confirmar la sentencia y reiteró los
argumentos expuestos en la contestación.

19. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

21. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala determinar si la parte demandante acreditó el requisito de
haber prestado servicios como docente de carácter territorial y/o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980 y, en la misma calidad, durante un lapso
mínimo continuo o discontinuo de 20 años; además, verificar si la naturaleza
jurídica de la vinculación puede determinarse a partir de la fuente de financiación
de la respectiva plaza docente.

Análisis del problema jurídico

22. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia,
con base en los argumentos que se expondrán a continuación.

23. Para acceder al beneficio de la pensión gracia, deben cumplirse de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un periodo no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber

5 SAMAI, índice 16.

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Demandante: Carlos Bertiher Montoya Castaño

cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

24. En el presente asunto no está en discusión que el demandante satisface
el requisito de la edad, en la medida en que nació el 24 de marzo de 19406 y
cumplió 50 años el 24 de marzo de 1990. Tampoco se controvierte lo relacionado
con el requisito de haber laborado con consagración, buena conducta y
honradez habida cuenta de que en el recurso de apelación no se planteó un
reparo al respecto ni obra en el expediente prueba alguna que demuestre que la
actora haya incurrido en algún hecho que lo configure; ni se evidencia que perciba
una doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión
gracia.

25. Con base en lo expuesto, la Sala se circunscribe al análisis del
cumplimiento del requisito de haberse vinculado como docente territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y del tiempo de servicio para
calcular los 20 años que exige la ley.

Vinculación como docente territorial y/o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980

• Periodo desde el 17 de febrero de 1965 hasta el 31 de marzo de 1967
(2 años, 1 mes y 14 días)

26. En el expediente obra copia del Decreto 0089 del 10 de febrero de 19657
suscrito por el gobernador del departamento de Caldas en uso de sus
atribuciones legales, a través del cual se nombró al demandante como Secretario
Tesorero del Instituto Dorada del municipio de La Dorada.

27. Adicionalmente, fue allegado el Formato 1, Certificado de Información
Laboral del 16 de diciembre de 2015 expedido por la Gobernación de Caldas8,
en el que acredita que el actor laboró al servicio del departamento de Caldas
como «PROFESOR SECUNDARIA», e informa que su vinculación es
departamental.

28. De igual modo, la certificación 0677 del 30 de noviembre de 20159, emitida
por la Secretaría General de la Gobernación de Caldas, señala que el
demandante «fue nombrado mediante Decreto 089 del 10 de febrero de 1965 y
según Acta de Posesión de febrero 17 de 1965 como SECRETARIO TESORERO
EN EL INSTITUTO DE LA DORADA (Caldas), (…)»; a su vez, da cuenta de que
el actor se desempeñó en el referido empleo público de carácter administrativo
desde el 17 de marzo de 1965 hasta el 31 de marzo de 1967.

6 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 01CuadernoN1Expediente20190034200.pdf, fl. 19, copia

de la cédula de ciudadanía y fl. 20 copia del registro civil de nacimiento.
7 Ibidem, fls. 32 a 34.
8 Ibidem, fl. 23.
9 Ibidem, fls. 21 y 22.

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29. Así las cosas, de acuerdo con el acto administrativo de nombramiento
contenido en el Decreto 089 del 10 de febrero de 1965, la Sala advierte que este
fue expedido de manera autónoma por el gobernador del departamento de
Caldas, en ejercicio de sus facultades legales como autoridad nominadora del
respectivo ente territorial. Se descarta que se trate de un nombramiento de
carácter nacional, ya que no fue efectuado directamente ni por delegación del
Gobierno Nacional —a través del Ministerio de Educación—, conforme a lo
previsto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

30. Sin embargo, es claro que se trató de una vinculación de carácter
administrativo y no docente, como equivocadamente se señaló en el certificado
de información laboral, toda vez que fue nombrado para el cargo de secretario-
tesorero del Instituto Dorada, lo que se corrobora en el precitado certificado 677.

31. Al respecto, es menester señalar que la pensión gracia es una prestación
de carácter especial que únicamente ampara a quienes hayan ejercido funciones
docentes del nivel básica primaria y secundaria, esto es, maestros, profesores,
rectores, normalistas o inspectores de instrucción pública, excluyendo los
servicios en cargos administrativos, aun cuando estos se hubieren desarrollado
en el sector educativo.

32. En efecto, el derecho a la pensión gracia se configura exclusivamente con
base en los servicios prestados como docente en establecimientos educativos de
carácter territorial o nacionalizado, sin que sea posible computar tiempos
desempeñados en cargos distintos a la labor pedagógica, aun cuando se
hubieren desarrollado en instituciones del sector educativo.

33. En consecuencia, el periodo en el que el demandante se desempeñó en
el cargo de secretario-tesorero, comprendido desde el 17 de febrero de 1965
hasta el 31 de marzo de 1967 (2 años, 1 mes y 14 días), no puede ser tenido
en cuenta para efectos de la pensión gracia, por tratarse de un empleo ajeno al
ejercicio de la actividad docente, circunstancia que impide su computo para dar
por acreditado el requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

• Periodo desde el 1 de abril de 1967 hasta el 31 de enero de 1974 (6
años, 2 meses y 26 días)

34. Atendiendo la información contenida en el certificado 0677 del 30 de
noviembre de 2015, se advierte que, durante la vinculación efectuada a través
del Decreto 089 del 10 de febrero de 1965, el demandante, luego de haber sido
nombrado secretario - tesorero (previamente analizado), acreditó unos servicios
como profesor de básica secundaria al servicio del departamento de Caldas:

Municipio Cargo Fecha Inicio Fecha Fin
La Dorada Profesor Secundaria 01/04/1967 31/01/1969
Marquetalia Profesor Secundaria 01/02/1969 30/06/1969
Marquetalia Rector Colegio 01/07/1969 18/09/1969

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Aranzazu Profesor Secundaria 19/09/1969 29/02/1972
Riosucio Profesor Secundaria 01/03/1972 31/12/1972
Riosucio Profesor Secundaria 01/01/1973 28/02/1973

35. Al finalizar, la certificación indica expresamente lo siguiente:

«1. El periodo laborado de febrero 17 de 1965 a enero 31 de 1967. Responde el
Departamento de Caldas y de febrero 1 de 1967 a febrero 28 de 1973. Responde
la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL.
2. La información de la presente certificación fue obtenida de las nóminas que
reposan en la Oficina de Certificados.»

36. Adicionalmente, fueron aportados diversos certificados emitidos por la
Contraloría General del departamento de Caldas10, en los cuales también se
relacionan continuos periodos de servicios como docente de básica secundaria
ocurridos entre el 1 de abril de 1967 y el 31 de enero de 1974 al servicio del
mismo ente territorial.

37. Cabe precisar que en dichas certificaciones se identifica un lapso adicional
correspondiente al desempeño como docente catedrático en la Normal Sagrado
Corazón, comprendido entre el 9 de marzo de 1973 y el 31 de enero de 1974.
Asimismo, se deja constancia de que las cotizaciones con destino a la Caja
Nacional de Previsión se descontaron periódicamente.

38. Por su parte el precitado Formato 1, Certificado de Información Laboral del
16 de diciembre de 2015, fija como extremos temporales el periodo comprendido
entre el 1 de febrero de 1967 y el 28 de febrero de 1973, e indica que la
vinculación fue de carácter departamental, precisando además que los aportes
para pensiones se realizaron a través de la Caja Nacional de Previsión Social.

39. Del análisis de las referidas pruebas documentales, la Sala concluye que
existe consonancia y complementariedad entre la certificación 0677 del 30 de
noviembre de 2015 y la expedida por la Contraloría General del ente territorial,
en tanto esta última da cuenta del pago de los salarios y precisa que las
cotizaciones con destino a prestaciones sociales fueron descontadas
periódicamente a favor de la Caja Nacional de Previsión Social; sin que ello
implique que dichos pagos tuvieran origen en recursos de la Nación ni que, por
esa sola circunstancia, se altere la naturaleza territorial de la vinculación.

40. La información permite identificar con claridad los extremos temporales de
la vinculación como docente, evidenciándose que no hubo solución de
continuidad en la prestación del servicio como docente y rector.

10 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, CUADERNO N2 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, CD FOLIO

3 Cuaderno 2, archivo 5-Certificado de factores salariales-Causante.pdf de 3 de abril de 1991; en el
Expediente Administrativo: archivo 80-Certificado de factores salariales-Causante.pdf del 27 de noviembre
de 1990; archivo 70-Certificado de factores salariales-Causante.pdf del 25 de marzo de 1992 y archivo 69-
Certificado de información laboral-Causante.pdf del 12 de octubre de 1995.

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41. Respecto de las horas cátedra que fueron certificadas por la Contraloría,
obra en el expediente documento emitido por la Directora de la Normal Sagrado
Corazón11 que acredita que el demandante laboró como profesor catedrático en
la asignatura de educación musical con 6 horas semanales desde el 5 de febrero
de 1973 hasta el 5 de noviembre del mismo año de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 0113 del 7 de marzo de 1973 emitido por la Secretaría de Educación
de Caldas y según Acta de Posesión 29 del 9 de marzo de 1973.

42. Con base en lo anterior, y comoquiera que los períodos laborados en la
modalidad de hora cátedra son computables para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia, se hace necesario calcular su equivalencia de acuerdo con la
fórmula establecida en el artículo 1 de la Ley 33 de 198512, consistente en sumar
las horas de trabajo real y dividirlas en cuatro (4), para establecer los días
trabajados, y adicionar los correspondientes días de descanso remunerado
(sábados y domingos) y de vacaciones (7 semanas anuales), en proporción al
período en que se prestó conforme a dicha modalidad.

43. Aunado a lo anterior, para la liquidación del tiempo efectivamente laborado
deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: i) conforme al artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días
calendario»; ii) para efectos laborales, el salario corresponde a un mes de 30
días, lo cual, al multiplicarse por los 12 meses del año, da lugar a un total de 360
días anuales;13 iii) en ese mismo sentido, debe entenderse que un año laboral
está conformado por 51,42 semanas, resultado de dividir los 360 días entre los 7
días calendario que componen una semana14.

44. Así, en el presente caso se tendrá que el demandante prestó sus servicios
como docente hora cátedra por un lapso de 3 meses y 29 días el cual será
computado para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, habida cuenta
de que, si bien no obra en el expediente el acto de nombramiento respectivo, el
certificado allegado permite inferir que dicha vinculación tuvo origen territorial, en
tanto señala que fue efectuada por el ente departamental y que los emolumentos
fueron sufragados por el departamento de Caldas, conforme a la información
suministrada por la Contraloría lo cual satisface un estándar mínimo de
prueba suficiente en materia pensional.

45. En este orden de ideas, se tendrá por acreditado el requisito de haber
laborado como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, limitado al
periodo comprendido entre el 1 de abril de 1967 y el 28 de febrero de 1973,
equivalente a 5 años, 10 meses y 27 días, en tanto el nombramiento efectuado
mediante el Decreto 089 del 10 de febrero de 1965 tuvo origen territorial-
departamental y no experimentó solución de continuidad ̶ como se explicó en el

11 Ibidem, archivo 82-Certificado de información laboral-Causante, emitido el 14 de febrero de 1996.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado

08001 23 33 000 2016 00149 01 (4526-2021).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 1999, radicado 12503.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado

05001 23 33 000 2014 01754 01 (5073-15).

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Demandante: Carlos Bertiher Montoya Castaño

párrafo 20 ̶ ; así como por 3 meses y 29 días adicionales correspondientes a la
prestación del servicio bajo la modalidad de hora cátedra, para un total de 6 años,
2 meses y 26 días de servicio computables.

Análisis del requisito de 20 años de servicios como docente de carácter
territorial o nacionalizado

• Periodo desde el 1 de marzo de 1973 hasta el 7 de julio de 2002 (29
años, 4 meses y 8 días)

46. En el plenario obra copia del acta de posesión 037 que revela que fue
suscrita el 29 de marzo de 1973 por el alcalde municipal de Riosucio y de su
secretario, y en esta se señala que el demandante asumió el cargo de profesor
nacional clasificado en tercera categoría de secundaria en el Instituto Nacional
Los Fundadores en Riosucio (Caldas), previa designación efectuada por medio
de la Resolución 2215 del 22 de marzo de 1973, «emanada del Ministerio de
Educación». Se señala que surtió efectos fiscales a partir del 1 de marzo de 1973.

47. Fue aportado el certificado del 15 de mayo de 199015, emitido por el rector
y pagador del Instituto Nacional Los Fundadores de Riosucio (Caldas), que
señala que el accionante prestó sus servicios en forma continua y sin ninguna
interrupción como profesor de tiempo completo desde el primero de marzo de
1973 hasta la fecha, por nombramiento del Ministerio de Educación Nacional
según Resolución 2215 del 22 de marzo de 1973 y que se realizaron
descuentos con destino a CAJANAL.

48. También se allegó copia del Formato 1, Certificado de Información Laboral
del 30 de septiembre de 201516 emitido por la Institución Educativa Los
Fundadores de Riosucio (Caldas), en el que se informa que el actor prestó sus
servicios como docente entre el 23 de marzo de 1973 y el 30 de agosto de 1991
y se indica que el establecimiento pertenece al sector público nacional y que el
empleador es el Ministerio de Educación Nacional.

49. Por su parte, el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia
Laboral 3030 del 13 de octubre de 201517 expedido por la Secretaría de
Educación de Caldas, indica que el demandante fue nombrado en propiedad en
el Instituto Nacional Los Fundadores – Riosucio, mediante la Resolución del
Ministerio de Educación Nacional 2215 del 22 de marzo de 1973,
desempeñándose desde el 1 de marzo de 1973 hasta el 7 de julio de 2002, y el
tipo de vinculación fue «Nacional». Asimismo, señaló que le fue aceptada la
renuncia mediante el Decreto 471 del 14 de junio de 2002.

50. Con base en lo anterior y tras la valoración conjunta de las pruebas
documentales, la Sala deduce que con el nombramiento realizado al actor por el

15 Ibidem, archivo 15-Certificado de factores salariales-Causante.pdf.
16 Ibidem, fl. 40.
17 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, CUADERNO N2 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, CD FOLIO

3 Cuaderno 2, archivo 001DA978.pdf.

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Demandante: Carlos Bertiher Montoya Castaño

Ministerio de Educación Nacional –a través de la Resolución 2215 del 22 de
marzo de 1973– se originó un vínculo docente de carácter nacional. Esta
afirmación se fundamenta en la definición que establece el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, según el cual el «[p]ersonal nacional. Son los docentes vinculados
por nombramiento del Gobierno Nacional».

51. En consecuencia, el interregno analizado no puede computarse para el
reconocimiento de la pensión gracia solicitada, conforme a la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación, en especial la sentencia de unificación S-699 del
26 de agosto de 199718 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la cual se precisó que los docentes nacionales no quedaron
incluidos en el grupo de beneficiarios de la citada prestación periódica, así:

[…] De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado
después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del
reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea
la “…pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”,
que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No. 2, artículo 15
Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia.
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia …siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial
la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación
primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa
que inicialmente le asignó la ley. […] (Se resalta)

52. Además, la anterior posición fue ratificada por la Sala Plena de esta
Sección mediante la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 201819, aplicada actualmente para resolver los litigios
similares o análogos al sub lite.

53. En adición a las consideraciones que anteceden, no le asiste razón al
apelante al sostener que el pago de sus salarios y prestaciones con recursos del
Situado Fiscal convierte la vinculación en territorial o nacionalizada, en la medida
en que la naturaleza del vínculo se define por la autoridad nominadora o la
naturaleza de la plaza docente, y no necesariamente por la fuente de
financiación. En efecto, el legislador dispuso en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989
que las vinculaciones efectuadas directamente por el Gobierno Nacional tienen
carácter nacional.

54. En otras palabras, la interpretación propuesta por el demandante no se
ajusta a su situación particular ya que únicamente resulta aplicable cuando, pese
a que el nombramiento proviene de una autoridad territorial o reviste la condición

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia proferida el 26 de agosto de

1997, dentro del expediente S-699, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

del 21 de junio de 2018, proferida bajo el radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia
del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.

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de nacionalizado —supuesto que no se presenta en este asunto—, el vínculo
mantiene su naturaleza territorial y no se transforma en nacional por el solo hecho
de que las remuneraciones y prestaciones sean sufragadas con recursos del
Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones, los cuales, una vez
transferidos por la Nación, se incorporan al patrimonio de los entes territoriales.
Antes bien, en el caso del actor, su nombramiento desde el inicio fue nacional al
ser efectuado por el Ministerio de Educación (Gobierno Nacional).

55. Además, en el sub lite no existe prueba de que los emolumentos percibidos
con ocasión del nombramiento efectuado mediante la Resolución 2215 del 22 de
marzo de 1973 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, hubiesen sido
pagados con cargo al Situado Fiscal. Por el contrario, se infiere que no hubo
transferencia de recursos a entidad territorial alguna, dado que la vinculación se
realizó directamente por el Gobierno Nacional.

56. En consecuencia, la Sala descarta el periodo servido como docente
nacional comprendido entre el 1 de marzo de 1973 hasta el 7 de julio de 2002,
que abarca un total de 29 años, 4 meses y 8 días. Siendo entonces computable
solo el tiempo de servicios acreditado como territorial en el interregno anterior,
que corresponde a 6 años, 2 meses y 26 días.

57. Por lo anterior, es dable concluir que la parte actora no satisfizo el requisito
de haber tenido una vinculación por 20 años como docente territorial o
nacionalizada. En consecuencia, no le asiste derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, por lo que se confirmará el fallo apelado.

Condena en costas

58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

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60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

61. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del proceso de la referencia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte actora en segunda instancia. Las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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