Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2019-00434-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2019-00434-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 17001-23-33-000-2019-00434-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
21 de noviembre de 2024
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00434-01 (27722)
Demandante: Septiclean S.A.S. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 17001-23-33-000-2019-00434-01 (27722)
Demandante SEPTICLEAN S.A.S. E.S.P.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Temas IVA periodo anual 2016. Servicios excluidos. Unidades
portátiles sanitarias
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 09 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que decidió1:
«NIÉGANSE las pretensiones de la parte demandante, dentro del proceso de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por la sociedad SEPTICLEAN S.A.S
contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN.
SIN COSTAS ni agencias en derecho (…).»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo requerimiento especial y su respuesta, la DIAN expidió la Liquidación Oficial
de Revisión Nro. 102412018000013 del 25 de abril de 2018, mediante la cual
modificó la declaración anual de IVA del año 2016 presentada por Septiclean S.A.S.
E.S.P. (en adelante Septiclean), en el sentido de reclasificar como ingresos gravados
los registrados por operaciones excluidas, lo que llevó a incrementar el impuesto a
cargo e imponer sanción por inexactitud en la tarifa del 100%, y determinar un saldo
a pagar.
Lo anterior se confirmó mediante la Resolución Nro. 992232019000039 del 29 de
abril de 2019, que resolvió el recurso de reconsideración, presentado por
Septiclean.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1 Samai, índice 2. Expediente digital. «C01 Principal», «19Sentencia.pdf».
2 Samai, índice 2. Expediente digital. «C01 Principal», «04Demanda.pdf». 1
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Radicado: 17001-23-33-000-2019-00434-01 (27722)
Demandante: Septiclean S.A.S. E.S.P.
«1. Declarar la Nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 102412018000013 del día 25
de abril de 2018 proferida por la Dirección Seccional de Impuestos de Manizales y
Resolución No. 992232019000039 del 29 de abril de 2019, notificada el 07 de mayo de
2019, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de Bogotá por concepto de Impuesto a las Ventas anual año fiscal 2016.
2. Restablecer el derecho del contribuyente declarando que está en firme la declaración de
Impuesto a las Ventas anual año fiscal 2016 presentada por el contribuyente con
radicado No. 91000401239956 y formulario No. 3002609535246 presentada el día 24 de
enero de 2017.»
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 150 (numeral 23), 365,
367 y 370 de la Constitución Política; 10, 14.23, 14.24, 22, 23, 25, 26, 88 y 128 de
la Ley 142 de 1994; 1.3.1.7 de la Resolución 151 de 2001 de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA); 2.3.2.2.2.3.46.
del Decreto 1077 de 2015; y 476 (numeral 4) del Estatuto Tributario.
El concepto de violación de estas disposiciones se resume así:
Explicó que Septiclean presta un servicio de recolección de excretas de las
personas que asisten a eventos masivos en sitios en los que no hay alcantarillado;
actividad que se enmarca dentro de la exclusión de IVA prevista en el numeral 4
del artículo 476 del Estatuto Tributario, pues corresponde a un servicio público de
aseo y alcantarillado3.
Sin embargo, la DIAN en su análisis incurrió en una interpretación equivocada del
ordenamiento jurídico que la llevó a exigir requisitos no previstos en la ley para
reconocer la naturaleza de servicio público de las actividades desarrolladas por
Septiclean.
Cuestionó que, con fundamento en el artículo 22 de la Ley 142 de 1994, la
Administración concluyó que, para la configuración del servicio público, Septiclean
debía contar con autorización del respectivo municipio. La interpretación es
equivocada en la medida que lo que exige la ley es que las empresas que
suministran servicios públicos cuenten con los permisos de las autoridades
competentes «según sea el caso», es decir, según la naturaleza de la actividad
desplegada. Y advirtió que los artículos 22 y 23 la Ley 142 de 1994 en ningún modo
exigen que las empresas deben tener permiso o concesión del municipio para
prestar el servicio de aseo público.
Que, también la Administración exigió la suscripción de un contrato entre el
proveedor y la respectiva entidad territorial. Para la DIAN «cuando los municipios no
prestan de forma directa el servicio público de aseo, hay lugar a que se celebre un contrato con una
empresa de Servicio Público a fin de que preste el servicio público». Con esta tesis se
desconoce que a la luz del artículo 365 de la Constitución Política, los servicios
públicos pueden ser suministrados por el Estado, por privados o por comunidades
organizadas, bajo los principios de libertad de empresa y libertad de entrada4. De manera
que, cualquier persona jurídica pública o privada bajo algunas de las formas
previstas en la Ley 142 de 1994 puede prestar el servicio público de aseo sin
necesidad de autorización o concesión de una entidad estatal, pues esa exigencia
solo está prevista para los casos especiales de uso de aguas y del espectro
electromagnético.
3 Resaltó que la obligación de recolección de residuos se radica en cabeza del organizador del evento
conforme al artículo 2.3.2.2.2.3.46 del Decreto 1077 de 2015.
4 Citó el Concepto 334 del 25 de junio de 2013 de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. 2
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Por otra parte, la DIAN interpreta equivocadamente la finalidad y contenido de las
normas sobre el servicio público de aseo, pues su prestación no supone que
siempre deba existir una «posición de dominio», dado que la libertad de empresa
implica que exista competencia entre varias sociedades, sin que deban someterse
al sistema de tarifa regulada.
Cuestionó que la Administración no tiene la función de verificar el régimen tarifario
aplicable a los prestadores de servicios públicos, aún más cuando el artículo
2.3.2.2.2.3.46. del Decreto 1077 de 2015 dispone que, en las actividades de
almacenamiento y recolección de residuos generados en eventos y espectáculos
masivos, el costo del servicio se pactará libremente.
Dijo que la DIAN no ha aceptado que los servicios prestados no son simplemente
permitir el uso de inodoros portátiles a cambio de un pago, porque si fuera así, esa
actividad (préstamo de uso o comodato) no constituye un hecho generador de IVA.
Sostuvo que los servicios ofrecidos por Septiclean -recolectar a través de unidades
portátiles sanitarias los residuos o excretas, y transportarlas a sitios adecuados para su disposición
final- protegen los derechos a la vida, la dignidad, la salud y el medio ambiente 5, y
por tanto, satisfacen el interés general. Con lo cual cumple con los presupuestos
para ser considerado un servicio público de aseo.
Precisó que, la prestación contractual es la recolección, tratamiento y transporte de
residuos que producen los asistentes de eventos masivos, actividad que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido como un servicio público de
aseo6. Aclaró que, el préstamo de los inodoros no es objeto de cobro, solo
constituye una etapa del servicio que, comprende la recolección, transporte y
disposición final de los residuos.
Indicó que la DIAN cuestiona el cambio del objeto social que realizó la sociedad en
el año 2015, pues, Septiclean pasó de prestar servicios de alquiler de baños
portátiles a transformarse en una empresa de servicios público de aseo. Este
cambio justificó la reforma estatutaria, y tuvo como finalidad que la sociedad se
dedicara a la gestión integral de residuos a través de los servicios públicos de aseo
y alcantarillado.
Finalmente, no es procedente la imposición de la sanción por inexactitud, porque
los ingresos declarados son completos y veraces, y en todo caso, se presenta una
diferencia de criterios, en tanto la actora realizó una interpretación razonable de las
leyes tributarias.
Oposición a la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda7, argumentando que la
actividad desarrollada por la actora no constituye un servicio público de aseo, y en
tal medida, no se enmarca en el supuesto de exclusión del IVA previsto en el
numeral 4 del artículo 476 Estatuto Tributario.
A partir del artículo 14 (definiciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios), 15
(personas que prestan servicios públicos) y 24 (definición de servicio público domiciliario de aseo)
5 Al respecto, citó la sentencia T-707 del 2012.
6 Citó la sentencia del 08 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-24-000-2009-00113-00, C.P. Oswaldo Girado
López.
7 Samai, índice 2. Expediente digital. «C01 Principal», «10ContestacionDemandaSepticlean.pdf» 3
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de la Ley 142 de 1994, sostuvo que la exclusión de IVA sobre el servicio de aseo
público opera siempre que cumpla con las condiciones de ser esencial, y genere
un beneficio a la comunidad, interés general y colectivo8. Añadió que, aunque este
servicio puede ser prestado por personas jurídicas, la mencionada ley exige que
debe mediar la respectiva autorización bien sea mediante contrato de concesión,
permiso o licencia, y sujeto a las tarifas reguladas. Tal autorización es necesaria
comoquiera que constitucionalmente (artículos 365 y 370) son los municipios los
llamados a suplir estas necesidades.
Precisó que atendiendo la regulación prevista en la Ley 142 de 1994, las personas
jurídicas que quieran realizar estas operaciones deben estar inscritas en el Registro
Único de Servicios Públicos (en adelante RUPS), contar con un contrato con la
autoridad competente, estar sujeto a las tarifas reguladas, y además, se encuentran
vigilados por los diferentes organismos de control. De manera que, no puede
alegarse una violación a la libertad de empresa, pues la prestación de servicios
públicos está sujeto a la Constitución Política y la ley.
Consideró que no puede catalogarse los servicios suministrados por Septiclean
como «públicos», porque la demandante no se acogió al sistema de tarifa regulada.
Que, de la demanda y el expediente administrativo se desprende que, la sociedad
fija con libertad los precios de los servicios prestados, en tanto no ejerce una
posición dominante en el mercado, «característico de las prestaciones de servicios
autónomos e independientes que no encarna un interés general sino particular, al contrario de la
prestación del servicio público domiciliario de aseo, en el cual se ejerce la posición dominante». Y,
contrario a lo señalado por el actor, si bien en la ley se previó que las empresas de
servicios públicos tenían libertad para fijar las tarifas en determinados casos, lo
cierto es que, la DIAN evidenció que esa connotación no corresponde a los servicios
prestados por la actora.
Adujo que la actividad que realiza Septiclean no satisface las necesidades básicas
y generales de la comunidad, ni tampoco tuvo como fin la higiene y seguridad social,
sino que obedece al desarrollo de un objeto social con intereses particulares, que
se presta de forma temporal y solo beneficia a las partes del contrato.
Por último, indicó que, la descripción de los servicios que se realiza en los estatutos
de la sociedad y en el certificado de existencia y representación legal, no suple los
requisitos exigidos para acceder al beneficio tributario.
Respecto de la sanción por inexactitud, solicitó que debe mantenerse dado que
está demostrado que Septiclean omitió declarar ingresos gravados. Y, que no se
configura una diferencia de criterios, pues la interpretación realizada por la actora
no corresponde a una apreciación seria, convincente ni bien sustentada, que,
aunque errónea pueda pasar como válida.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas, con base
en las siguientes consideraciones9:
Sobre la exclusión de IVA, a partir de las normas que regulan el servicio público
domiciliario de aseo y del análisis del acervo probatorio (certificado de existencia y
8 Citó la sentencia C-585 de 1995 de la Corte Constitucional.
9 Samai, índice 2. Expediente digital. «C01 Principal», «19Sentencia.pdf». 4
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representación legal, y las facturas de compra y venta), indicó que la actividad desplegada
por Septiclean consistió en el alquiler de baños portátiles a personas particulares y
la recolección, transporte y disposición final de residuos generados en esas
unidades sanitarias.
Que, sin embargo, tal actividad no se desarrolló bajo la forma de empresa de
servicios públicos, ni en virtud de un contrato con el municipio, sino como un «servicio
especial de aseo», por lo tanto, se excluye la connotación de servicio público o
domiciliario. Así la actividad de aseo no fue realizada de manera independiente,
sino de forma accesoria al alquiler de los baños portátiles, en aras de cumplir con
las normas ambientales y sanitarias.
Por ello, el a quo concluyó que en la medida en que Septiclean no acreditó la calidad
de prestador de un servicio público, ni contratista del Estado; no es posible afirmar
que la operación ejecutada califique como excluida bajo el mandato del numeral 4
del artículo 476 del Estatuto Tributario.
Respecto de la sanción por inexactitud, señaló que Septiclean declaró un
beneficio tributario al que no tenía derecho. Que, no se encuentra probada la
diferencia de criterios, sino el desconocimiento de los requisitos previstos en la
normativa tributaria para acceder a la exclusión de IVA.
Puso de presente que, la decisión se basa adicionalmente en el precedente
horizontal de la Sala, que obedece a una discusión entre las mismas partes
(sentencia del 18 de noviembre de 2022, Exp. 170012333000202000001900, M.P. Fernando Alberto
Álvarez Beltrán)
Ordenó no condenar en costas, por no advertirse una manifiesta o absoluta
carencia de fundamento legal en la demanda.
Recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de apelación10, bajo el argumento de que el
Tribunal se basó en una interpretación equivocada de la ley, lo cual devino en el
desconocimiento de la calidad de servicio público de aseo de la actividad desplegada
por Septiclean y, por ende, en el rechazo de la exención de IVA.
Cuestionó que el a quo realizó una distinción del servicio de aseo que no fue prevista
en la ley, para considerar que la actividad de disposición de residuos es accesoria
al alquiler de las unidades sanitarias portátiles. Lo anterior, pese a que reconoce
que Septiclean prestaba un servicio de aseo y no de arrendamiento de unidades
sanitarias portátiles, como se evidencia en las facturas.
Manifestó que la sentencia de primera instancia desconoce el artículo 2.3.2.2.2.3.46
del Decreto 1077 de 2015, del cual se desprende que la recolección de residuos en
eventos especiales o espectáculos masivos constituye un servicio público de aseo,
como también fue reconocido por el Consejo de Estado11.
Insistió en los argumentos de la demanda en los que se explica que la Ley 142 de
1994 y el régimen de competencia y libertad de mercado, no exige ninguna
autorización para la prestación del servicio público de aseo, y advirtió que, frente a
los mismos el a quo no emitió pronunciamiento.
10 Samai, índice 2. Expediente digital. «C01 Principal», «21RecursoApelacionSentencia.pdf».
11 Citó la sentencia del 08 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-24-000-2009-00113-00, C.P. Oswaldo Girado
López. 5
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Alegó que, contrario a lo señalado en la sentencia, el servicio prestado por la
sociedad no es el simple comodato de las unidades sanitarias portátiles, sino la
disposición adecuada de los residuos, con el objeto de proteger los derechos a la
vida, la dignidad, la salud, y el medio ambiente, como fue explicado en la demanda.
Resaltó que el servicio de aseo no es accesorio, sino principal y esencial para la
prestación de la operación facturada por la sociedad.
Así pues, las unidades sanitarias portátiles son una forma de prestar saneamiento
básico a través de esquemas diferenciales que efectivizan el servicio público de
aseo.
Puso de presente que, desde el año 2016, en el proceso discutido, la DIAN
reconoció que Septiclean tiene la calidad de empresa de servicios públicos12 .
Frente a la sanción por inexactitud, dijo que debe levantarse pues los datos
declarados son veraces y completos. Que en este caso, se presenta una diferencia
de criterios, porque la actora realizó una interpretación razonable del derecho
aplicable y de la jurisprudencia.
Oposición al recurso
La demandada no presentó escrito de oposición.
Concepto del Ministerio Público
El delegado de la entidad solicitó confirmar la sentencia de primera instancia13, en
la medida en que las actividades desarrolladas por Septiclean no cumplieron con
las condiciones para calificarse como servicio público.
Indicó que, al no operar como empresa prestadora de servicios públicos, ni en virtud
de un contrato suscrito con el municipio, no se podía predicar tal calidad en la
recolección, transporte y disposición final de los residuos. En suma, la actividad de
Septiclean, no repercutió en la satisfacción de necesidades colectivas de
saneamiento básico.
Frente a la imposición de la sanción por inexactitud indicó que no se evidenció la
diferencia de criterios alegada, pues no se generó una interpretación diversa sobre
puntos de derecho, sino sobre aspectos fácticos.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Como cuestión previa, se pone de presente que, mediante auto del 23 de
noviembre de 202314, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por el
consejero Milton Chaves García, y que la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto
culminó su periodo como magistrada del Consejo de Estado.
De manera que, al encontrarse desintegrado el quorum decisorio, mediante Acta del
14 de noviembre de 2024, se nombró como conjuez a la Doctora Eleonora Lozano
Rodríguez, quien aceptó la designación y tomó posesión del cargo (Samai, índice 29),
y por tanto, asume el conocimiento del presente asunto.
12 Expediente GO 2016 2017 000119 del 06 de marzo de 2017.
13 Samai, índice 23.
14 Samai, índice 9. 6
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1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que
modificaron la declaración de IVA presentada por Septiclean por el periodo anual
2016.
En concreto, se debe establecer si el servicio de baños portátiles prestado por
Septiclean, que incluye la recolección, transporte y disposición final de residuos,
tiene la naturaleza de un «servicio de aseo público», y en consecuencia, se enmarca
dentro de la exclusión de IVA prevista en el numeral 4 del artículo 476 del Estatuto
Tributario.
Por existir similitud fáctica y jurídica, la Sala reiterará en lo pertinente el precedente
contenido en la sentencia del 11 de octubre de 2023, Exp. 27675, C.P. Wilson
Ramos Girón.
2. Naturaleza de los servicios suministrados por Septiclean
En los actos demandados, la DIAN desconoce la exclusión de IVA solicitada por
concepto del servicio público de aseo, por considerar que la operación declarada
no tiene esa naturaleza, en tanto Septiclean no cuenta con un contrato de
concesión licencia o permiso, ni se encuentra sujeta al régimen de tarifa regulada.
A partir de esto, determinó que la actividad realizada por la actora consistió en el
préstamo de baños portátiles, que realizó de forma autónoma y temporal, para
satisfacer las necesidades de las partes contratantes, y no del colectivo. Decisión
administrativa que fue avalada por la sentencia de primera instancia.
Por su parte, en el recurso de apelación, la actora cuestionó que la DIAN y el a quo
se equivocan al considerar que la actividad de disposición de residuos es accesoria
al alquiler de las unidades sanitarias portátiles. Que, del artículo 2.3.2.2.2.3.46 del
Decreto 1077 de 2015 y la jurisprudencia del Consejo de Estado15 se desprende
que la recolección de residuos en eventos especiales o espectáculos masivos
constituye un servicio público de aseo, en tanto tiene por objeto proteger los
derechos a la vida, la dignidad, la salud, y el medio ambiente. Agregó que, la Ley
142 de 1994 y el régimen de competencia y libertad de mercado no exige
autorización para la prestación del servicio público de aseo. Y, puso de presente
que, en este proceso, la DIAN ha reconocido que Septiclean tiene la calidad de
empresa de servicios públicos16.
Para resolver, se pone de presente que esta Sección en la sentencia que se reitera
(Exp.27675), precisó la naturaleza del servicio público, así:
«[C]onforme con la Carta Política -artículo 365- los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado, es deber de aquél asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional, están sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares.
Cobra relevancia la definición contenida en el inciso 2 del artículo 430 del Código Sustantivo
del Trabajo, en cuanto a que se considera servicio público, toda actividad organizada que
tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo
con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente,
15 Citó la sentencia del 08 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-24-000-2009-00113-00, C.P. Oswaldo Girado
López.
16 Expediente GO 2016 2017 000119 del 06 de marzo de 2017. 7
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o por personas privadas. De igual importancia, es lo estatuido en el numeral 3 del artículo 2
de la Ley 80 de 1993, referido a que se denominan servicios públicos, aquellos destinados a
satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección,
regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca
preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.
De esta manera, como notas distintivas de la noción de servicio público se destacan: (i) que
se dirija a la satisfacción de necesidades de interés general o colectivas y (ii) su prestación
sea regular y continua.
(…) el aspecto que demarca si una determinada actividad es de servicio público, es su
destinación, es decir, a quién se persigue satisfacer, lo cual no se ve alterado si el prestador
del servicio es el Estado o un particular».
A partir de esto, procede la Sala analizar las pruebas relevantes aportadas al
expediente:
▪ En el certificado de existencia y representación legal, se observa que el objeto social de
Septiclean comprendía la organización, ejecución y control de actividades para la prestación de
servicios públicos domiciliarios en general; y en especial el de aseo, acueducto y alcantarillado,
en sus componentes de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento, transformación
y disposición final de residuos sólidos, semisólidos, líquidos, biomédicos, especiales, entre
otros17.
▪ Solicitud de inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS de
Septiclean del 11 de marzo de 201618.
▪ Acta Nro. 2 del 28 de diciembre de 2015, de la Asamblea General de Accionistas de Septiclean
mediante la cual se aprobó la reforma estatutaria para adecuar su régimen al de las empresas
de servicios públicos domiciliarios conforme a la Ley 142 de 1994 19.
▪ Contrato de prestación de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos
generados por unidades sanitarias 20, suscrito entre la demandante y una empresa organizadora
de un evento masivo en la ciudad de Bogotá. Septiclean se obligó a prestar los servicios, por su
cuenta y riesgo, a cambio de una remuneración, sin incluir IVA.
▪ En respuesta a unos requerimientos de la DIAN, Septiclean explicó que los servicios que presta
atienden a «la necesidad del cliente de gestionar de una manera ambiental y técnicamente
responsable los residuos que producen y que no pueden ser atendidos por la red del sistema
de alcantarillado municipal o por la empresa prestadora del servicio público de aseo (falta de
cobertura)»21. Posición que mantuvo en sede judicial.
▪ Facturas por concepto de «servicios públicos de aseo en las actividades de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en baños portátiles» 22, en las
que no se incluye el IVA.
Del anterior recuento probatorio, la Sala encuentra que el servicio que presta
Septiclean a sus clientes atiende a una relación de orden privado en la que no tiene
injerencia el usuario final de las unidades sanitarias portátiles, pues la compañía se
limita a realizar la actividad contratada a cambio de un reconocimiento económico.
De manera que, el usuario final es indiferente de la relación contractual que existe
entre la actora y sus clientes.
Sumado a que, el servicio que presta la actora no tiene por objeto satisfacer las
necesidades colectivas en forma general y permanente, dado que el usuario final
corresponde a un grupo de personas que son únicamente determinadas por su
cliente.
17 Samai, índice 2. Expediente digital. «C02AntecedentesAdministrativos». Pág. 21 a 28.
18 Ibidem, pág. 29 a 33.
19 Ibidem, pág. 50 a 70.
20 Ibidem, pág. 124 a 128.
21 Ibidem, pág. 136.
22
Ibidem, pág. 259 y ss. 8
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Demandante: Septiclean S.A.S. E.S.P.
Así, como lo indicó la sentencia que se reitera, al no existir «más que un acuerdo
negocial con el tomador del servicio -contratante-, y que ninguna interacción o relación se presenta
entre la demandante y cada usuario final del baño portátil, en el caso analizado, no se puede predicar
la satisfacción de una necesidad de carácter general o colectivo».
En ese entendido, no se encuentra configurada la prestación de un servicio público,
ni del tipo «domiciliarios de aseo» definido en el artículo 14.24 de la Ley 142 de 1994
como «el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se
aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos», dado que la actividad que despliega la actora no está
dirigida al interés general de una comunidad, sino a un grupo de personas, con las
cuales no tiene ninguna relación y son designadas por el particular contratante.
Lo que lleva a señalar que independientemente de la razón social que ostenta la
actora (SAS ESP), del objeto social, y la denominación de la operación en las facturas
y en el contrato, en el presente caso está demostrado que la actividad desarrollada
no tiene la naturaleza de un servicio público de aseo.
Por lo anterior, conforme con lo señalado en el precedente, la reglamentación de
servicios públicos de aseo y servicios públicos domiciliarios, que alega el actor (entre
estos, los relativos a la exigencia de suscribir contratos, el principio de libertad de mercado en los
servicios públicos, el régimen de tarifa regulada, el artículo 2.3.2.2.2.3.46 del Decreto 1077 de 2015
que define el almacenamiento y recolección de residuos generados en eventos y espectáculos
masivos23), no aplican a Septiclean, pues el servicio que presta es del orden privado.
Adicionalmente, se precisa que, contrario a lo señalado por el apelante, el artículo
2.3.2.2.2.3.46 del Decreto 1077 de 2015 no dispone que la actividad de recolección
de residuos en eventos especiales o espectáculos masivos constituya un servicio
público de aseo, sino únicamente que el organizador de esos eventos deberá
contratar una «persona prestadora del servicio público de aseo», calidad que no ostenta la
actora, como se ha expuesto en líneas atrás. La naturaleza aducida por el actor
tampoco se desprende de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera24,
pues esta se refiere a la actividad de recolección, transporte, almacenamiento,
desactivación, incineración, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y
hospitalarios, que es un supuesto diferente al caso analizado, por lo que no aplica
al presente análisis.
En todo caso, se pone de presente que, en este caso se debe dar prevalencia al
precedente de la Sección Cuarta que resuelve sobre la misma situación fáctica
jurídica y en el marco del análisis tributario de la exención de IVA solicitada por el
actor.
De modo que, es del caso reiterar la sentencia de fecha 11 de octubre de 2023
expediente 27675, CP Dr. Wilson Ramos Girón que:
«En ese contexto, contrario al entendimiento de la actora, el servicio de baños portátiles que
23 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.3.2.2.2.3.46. Almacenamiento y recolección de residuos
generados en eventos y espectáculos masivos. El almacenamiento y presentación de residuos
generados con ocasión de eventos y espectáculos masivos, en recintos cerrados o en áreas públicas es
responsabilidad del organizador de los mismos, quién deberá contratar el servicio de aseo con una persona
prestadora del servicio público de aseo.
El costo del servicio que preste la persona prestadora al organizador del evento será pactado libremente
entre las partes, así como su forma de pago.
Se deberán separar los residuos sólidos aprovechables de los no aprovechables para lo cuál el organizador
del evento deberá proveer los recipientes necesarios y garantizar su transporte. (Énfasis propio).
24 Citó la sentencia del 08 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-24-000-2009-00113-00, C.P. Oswaldo Girado
López. 9
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presta aquella no muta en servicio público de aseo porque comprenda la recolección,
transporte y disposición de los desechos, pues esas actividades son connaturales al servicio
prestado en el marco del acuerdo entre aquella como contratista y el contratante.
Por todo lo expuesto, se juzga que la prestación del servicio de baños portátiles desarrollado
por la actora no es un servicio público de aseo, conforme con ello, tampoco está excluido de
IVA en los términos del numeral 4 del artículo 476 del ET.»
Finalmente, se pone presente que no es cierta la afirmación del apelante, en la que
sostiene que la DIAN reconoció la calidad de empresa de servicio público
domiciliario de Septiclean, pues se advierte en la página 6 del requerimiento
especial, que realmente, la Administración lo que hizo fue relacionar una de las
pruebas aportadas por el contribuyente, consistente en el Acta Nro. 2 de la
Asamblea General de Accionistas, por medio de la cual la empresa realizó el
cambio de razón social. Y, al igual que se sostiene en esta providencia, en la
actuación demandada se determinó que no bastaba el cambio de razón social, sino
que el contribuyente debía demostrar la naturaleza del servicio declarado como
excluido, para que procediera el beneficio tributario, situación que no ocurrió.
En consecuencia, debe mantenerse el rechazo de la exclusión de IVA declarada
por la actora en el año 2016, y su reclasificación como ingreso gravado del periodo,
determinada en los actos demandados.
3. Sanción por inexactitud
Frente a la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN en la tarifa del 100%, la
Sala encuentra que en efecto la demandante incluyó datos equivocados -registró
una exclusión a la que no tenía derecho- que generó un menor impuesto a pagar.
En este caso, no se configura la causal de exoneración «diferencia de criterios» porque
la discusión de la demandante no versa sobre la interpretación del derecho
aplicable, sino en torno al carácter y entendimiento de la operación declarada.
4. Decisión
Por las razones expuestas, se confirma la sentencia apelada.
En esta instancia, no se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su
causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas el día 09 de diciembre de 2022.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Reconocer personería jurídica al abogado Otto Edwin Rodríguez Rodríguez
como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines previstos en el
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poder que obra en el índice 25 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ
Presidente Conjuez
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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