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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00545-01

Fecha
24 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00545-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, a excepción de la condena en costas que se revoca. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00545-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 17001-23-33-000-2019-00545-011
Nº Interno : 1925-2023
Demandante : José Javier Trujillo Álvarez
Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
de 2011
Temas : Reconocimiento de pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

El señor José Javier Trujillo Álvarez, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las Resoluciones RDP 008187 del 13 de marzo de
2019 y RDP 015164 del 16 de mayo de 2019, por medio de las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le negó el reconocimiento de la
pensión gracia.

1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000201900545011100103

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la entidad
demandada el aludido reconocimiento, a partir del 23 de enero de 2010;
actualizar las sumas adeudadas con fundamento en el índice de precios al
consumidor (IPC); se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA; y se condene en costas.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Relata el actor que nació el 19 de noviembre de 1954; afirmó haber sido
nombrado docente de medio tiempo por el gobernador del departamento del
Huila y laboró al servicio de este ente territorial por más de 30 años.

El 6 de diciembre de 2018 solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia, petición negada con los actos acusados, al considerar que el actor no
acreditó el cumplimiento de los requisitos antes del 31 de diciembre de 1980.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, los artículos 1°, 2, 13, 48 y 53.
Ley 114 de 1913.
Ley 116 de 1928.
Ley 37 de 1933.
Ley 91 de 1989.

La parte actora expuso que tiene derecho a la pensión gracia, porque reúne
todos los requisitos exigidos para el efecto, ya que fue vinculado antes del 31
de diciembre de 1980, con más de 50 años de edad y el tiempo de servicios
supera los 20 años, como docente departamental y, además, ejerció la
docencia observando buena conducta.

Dijo que para demostrar el cumplimento de los requisitos aportó todos los
medios de prueba necesarios con el fin de obtener el reconocimiento
deprecado y que no haber traído los actos de nombramiento y las actas de
posesión no puede impedir que se reconozca la pensión, porque con los
certificados de tiempo servido allegados se demuestra claramente el tiempo
laborado por el actor.

3

Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a la reclamación
del demandante, relativa al reconocimiento de la pensión gracia, adujo que «son
motivos plenamente jurisprudencias (sic) y de obligatorio cumplimiento los que llevaron
a la negación del reconocimiento de pensión de jubilación gracia del señor JOSE
JAVIER TRUJILLO ALVALREZ».

Sostuvo que de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales los docentes que
tienen derecho al reconocimiento de la prestación son aquellos que a 31 de
diciembre de 1980 hubieran cubierto la totalidad de los requisitos, sin embargo,
el actor no cumplió con estos presupuestos, por ello, se negó la petición de la
pensión.

Señaló que la vinculación del actor antes del 31 de diciembre de 1980 se dio en
colegios no oficiales y comoquiera que no existen los actos de nombramiento o
las actas de posesión esta vinculación no ofrece certeza alguna que permita
contabilizar dicho tiempo para el reconocimiento de esta prestación de
naturaleza especial.

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la genérica.

3. La sentencia de primera instancia2

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 21 de
octubre de 2021, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación
y cobro de lo no debido, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida.

Consideró que, pese a que el demandante acreditó servicios en la labor
docente territorial, no demostró la vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980; pues no aportó los actos de nombramiento y las actas de
posesión que acrediten la vinculación antes de esa fecha y, por eso, no le
asiste el derecho de acceder al beneficio pensional que reclamó, de acuerdo

2
Expediente digital.

4

Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

con las disposiciones que rigen la materia y con la línea jurisprudencial
decantada por esta Corporación.

4. El recurso de apelación3

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia e
insistió en que el demandante acreditó la totalidad de los requisitos para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia, pues prestó sus servicios por
más de 20 años, observando buena conducta, en la docencia territorial, y con
vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, como se demuestra con el
certificado laboral expedido por Fondo de Prestaciones del Magisterio, en
donde se puede observar que su ingreso al magisterio ocurrió el 5 de mayo
de 1980.

Añadió que esta prueba se complementa con la certificación expedida por la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en la que consta su
vinculación como maestro antes de la fecha límite, esto es, 31 de diciembre
de 1980, en el que, además, se indica que el CEDER y la Escuela de
Auxiliares de Enfermería son establecimientos oficiales, en los cuales fueron
nombrados y sus salarios y prestaciones pagados con dineros del
departamento de Caldas.

Indicó que no puede existir conclusión distinta a que el actor cumple con los
requisitos para obtener la pensión gracia y estos fueron acreditados en el sub
examine. La vinculación con la Corporación Alberto Arango Restrepo -Ceder
y con la Escuela Auxiliares de enfermería está probada y el hecho de que no
se adjuntaran las actas de posesión, ni los decretos de nombramiento para
demostrar esta vinculación antes del año 1980, no quiere decir que
efectivamente no hubiera prestado sus servicios, máxime si se tiene en cuenta
que es un hecho ajeno al demandante y puede obedecer al desorden
administrativo de las entidades que no archivaron tales documentos o les
dieron de baja.

5. Alegatos de conclusión

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Expediente digital, índice 18 del aplicativo Samai

5

Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

En auto del 22 de marzo de 20244, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por el demandante.

Dentro del término de ejecutoria de dicha providencia, la parte demandada 5
presentó alegatos de conclusión en los que solicitó se confirme la sentencia
de primera instancia porque el accionante no acreditó el cumplimento de todos
los requisitos para acceder a la pensión gracia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, se
precisa que el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el accionante acreditó los requisitos
exigidos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, conforme a las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.
Hechos probados; 2.3. Caso concreto; y 2.4. Condena en costas.

2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una

4
Índice 20 del aplicativo Samai
5
Índice 24
6
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20
años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los
siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19137 consagró por primera vez la pensión
gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido
en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen
derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con
las prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la
Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 8, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 19289 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales
y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la
jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y
demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de
servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el
campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la

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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8
«[S]obre Instrucción Pública».
9
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual10.

La Ley 37 de 193311 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199812,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley
114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión
de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola
la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el
legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le
confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la
pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a
ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos
del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son
infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que
se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para
gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la
norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y
razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble
remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34),
reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de
recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones
que sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la

10
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
11
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
13
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar está a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a
partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio
año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a
aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que
quedaron comprendidos en el mencionado proceso de
nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente
a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de
conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933,

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la
pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de
carácter nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria,
pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de
nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes
nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que
se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del
reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B
del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente
al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se
otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal
B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de
1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de
su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en
realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le
asignó la ley.14

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000- 2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional, en fallo

14
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

SU-14 de 202015, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto
es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de
ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral
que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales
labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son
exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación
laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de
la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria
oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa
que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido
por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua
distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos
pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de
los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del
situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989,
en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes
venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de
diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
15
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los
requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la
“nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período
de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían
dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de
Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a
los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión
gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida
a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como
tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para
quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de
1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues
la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en
nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y
discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre
en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por
el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma
acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo
establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en
ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también
al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior,
puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio,
como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso
Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por
la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y
extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como
derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del
1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con
posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún
“derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya
consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que
quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de
adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que,
precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en
cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por
otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981
no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no
exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la
antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por
el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad
se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los
apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación16 [se subraya y destaca].

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran,
haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años, en virtud
de la naturaleza de su vinculación, y que estuviere vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con
honradez, consagración y buena conducta.

2.2. Hechos probados

i) Según registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía, el actor nació el
19 de noviembre de 1954.

ii) Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral, del 19
de septiembre de 2018, en el que consta que el demandante estuvo vinculado
a la docencia oficial desde el 5 de mayo de 1980, designado por el Oficio 000
del 20 de enero de 1981, en la Institución Educativa Nacional de Auxiliares de
Enfermería, con vinculación nacionalizada.

iii) Certificado de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas,
Fondo Educativo Regional, Sección de Estadística, Kardex y archivo, del 16
de febrero de 1998, en el que hace constar que el señor José Javier Álvarez
prestó sus servicios en el ramo oficial de la educación pública de ese
departamento como profesor del Liceo León Greif de Manizales desde el 5 de

16
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de
enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la
Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.

13

Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

mayo de 1980, en una plaza departamental y pasó al FER como una plaza
cofinanciada.

iv) Documento del jefe de enseñanza media del departamento de Caldas, del
4 de abril de 1986, en el que se autoriza al señor Javier Trujillo Álvarez para
asumir las funciones de rector del instituto Montebonito, mientras se legaliza
el decreto de nombramiento en propiedad.

v) Decreto 0413 del 8 de mayo de 1986, por medio del cual se «aclara el
Decreto 0328 de abril 28 de 1986, en el cual se nombra al Pbro. Javier Trujillo
Álvarez, en el Instituto Monte Bonito de Monte Bonito, en el sentido de que
dicho nombramiento se hace bajo de término de excepción del Decreto 085
de enero 23-80. Art. 1º.»

vi) Acta de posesión del 8 de mayo de 1986, de la Secretaría de Educación
Departamental, por la que el demandante tomó posesión del cargo como
profesor en el Instituto Montebonito, ante el secretario general del
departamento.

vii) Documento en el que la jefe de la División de Enseñanza Media de la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas, del 13 de abril de 1987;
en el que hace constar que «según decreto (sic) Número 0976 de julio 9 de
1986, se le asignaron funciones de rector al PRESBITERO JAVIER TRUJILLO
ALVAREZ, en el Instituto Montebonito».

viii) Documento del 4 de marzo de 2021, en el que el técnico operativo de
hojas de vida de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
hace constar que una vez revisados los archivos de las historias laborales
del personal docente y administrativo y la base de datos de la Secretaría
de Educación de Caldas se verificó que el expediente del actor fue
entregado a la Secretaría de Educación de Manizales, por Oficio del 3 de
julio de 2013.

xi) Certificado de la secretaria de educación de Manizales en la que consta:

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Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

Que el Señor JOSE JAVIER TRUJILLO LVAREZ, identificado con la ce
nro. 10.240.137, laboro como docente plaza Departamental financiada,
nombrado profesor por el Departamento de Caldas desde el 17 de enero
de 1977 en el CEDE Manizales, según oficio expedido por la Gobernación
de Caldas, Secretaria General Coordinadora oficina de personal del 18 de
junio de 1992, se le asignan funciones de rector mediante decreto 0976 del
09 de julio 1986 en el Instituto Montebonito del Municipio de Marulanda
(caldas) desde el 04 de abril de 1986, renuncia a las funciones de Rector
mediante Decreto No. 00100 del 1 de febrero de 1989. y nombrado docente
mediante Decreto 413 del 08 de mayo de 1986, y p sesionado 08 de mayo
de 1986, bajo los términos de excepción del Decreto No 085 del 23 de en
ro de 1980 Art 1°., parágrafo 1°.

El 23 de febrero de 1990 según Decreto 36, fue trasladado para la
Institución Educativa Oficial León de greiff de Manizales, y mediante D reto
714 el 01 de febrero de 2008 fue trasladada para la Institución Educativa
Oficial La Sultana.

Que desde el 01 de enero de 2003 se ene entraba adscrito (a) a la planta
de personal del sector educativo recibida por el Municipio de Maní ales, y
adoptada según Decreto No. 075 de abril 1 O de 2003. Se le han concedido
licencias voluntarias a 1: Mediante Resolución 7183 del 21 de septiembre
de 1988 por 45 días. mediante Resolución No. 6189 del 16 de agosto de
1994 por 12 días, mediante Resolución No 7059 del 01 de diciembre d
1997 por 12 días, mediante Resolución No. 2333 del 12 de agosto de 2002
por 24 días, median e Resolución No. 18 del 15 de marzo de 2003 por 10
días, mediante Resolución No. 30 del 13 d enero de 2006 por 30 días.

Que el docente Javier TruJ1llo, presentó renuncia a partir del del 01 de
enero de 2011, según resolución 1754 de diciembre 16 de 2010, expedida
por la Secretaria de Educación Municipal,
[…] (sic).

Esta certificación también aclara que una vez consultada la hoja de vida
se pudo establecer que no reposa ningún acta de posesión en las
instituciones educativas citadas.

2.3. Caso concreto

El señor José Javier Trujillo Álvarez acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos
administrativos por los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión
gracia, porque la UGPP estima que no acreditó el cumplimento de la totalidad
de los requisitos exigidos antes del 31 de diciembre de 1980.

El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda,
porque no encontró probada la vinculación del demandante a la docencia
oficial antes del 31 de diciembre de 1980, pues no aportó los actos de

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Nº Interno: 1925-2023
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nombramiento en las instituciones educativas.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en
el que insiste en que cumple con la totalidad de los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia y que no es necesario aportar el acto de
nombramiento y el acta de posesión para acreditar la vinculación, pues se
cuenta con los certificados expedidos por la secretaria de educación de
Caldas.

Pues bien, como se vio, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia
es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años,
en virtud de la naturaleza de su vinculación, y que estuviere vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de edad; y
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

En los términos del recurso de apelación, la Sala estudiará si el demandante
acreditó el cumplimento de la con la totalidad de los requisitos para acceder a
esta prestación:

1. 50 años de edad

De acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso se aprecia que el
demandante cumple con este requisito porque nació el 19 de noviembre de
1954, por tanto, para el 6 de diciembre de 2018 (fecha de la solicitud de
reconocimiento) contaba con más de 50 años de edad.

2. Vinculación a la docencia antes del 31 de diciembre de 1980

Para la Sala este requisito no se encuentra acreditado porque aun cuando se
aportó el Formato para la Historia laboral y las constancias de prestación de
servicios por parte de la Secretaría de Educación de Manizales, también lo es
que las instituciones educativas en las cuales estuvo vinculado el demandante

16

Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

no tienen el carácter de oficiales.

De acuerdo con el Formato para la Expedición de Historia Laboral, el actor se
incorporó a la labor docente en la Corporación Alberto Arango Restrepo
CEDER de Manizales, desde el 17 de enero de 1977 hasta el 15 de diciembre
de 1978, sin embargo, este instituto es de naturaleza privada.

En efecto, de acuerdo con la reseña histórica de esta institución, consultada
en la página Web17 oficial de la misma se evidencia que:

«[…]
Por la necesidad de un grupo de padres de familia que afrontaba el
hecho de tener un hijo con limitación y no poder acceder a los servicios
de educación especializada en la región, nació en Manizales en 1961
el «Instituto de Audición, Voz y Lenguaje, Fundación Alberto Arango
Restrepo» como anexo al Hospital Infantil de la Cruz Roja de
Manizales, pues para esa época en Colombia, solamente existía en la
capital Bogotá una institución para niños ciegos y sordos y se iniciaba
a nivel nacional un movimiento para la creación de una institución para
niños con retardo mental.

Para el año de 1965, se inicia en Manizales la «Clínica Escuela para
Niños con Retardo Mental», la cual se fusionó en 1973 con el «Instituto
de Audición, Voz y Lenguaje», pues las dos instituciones tenían
objetivos comunes en el campo de la educación especial y la
rehabilitación, facilitando un mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y económicos, teniendo mayores posibilidades de ampliar y
mejorar la atención de los usuarios y proyectando posibilidades para
la investigación.

En 1979, se inició la construcción de una sede propia adecuada a las
necesidades de educación y rehabilitación de los usuarios, para esta
época se adaptaron los programas pedagógicos y se crearon talleres
artesanales para su entrenamiento laboral, es así como en 1981 se
iniciaron las etapas de adaptación y capacitación laboral para los
alumnos mayores.

A principios de la década de los 80, el CEDER se dedicó a estructurar
estas etapas para completar el proceso de habilitación integral, dando
así una respuesta eficaz a las necesidades de los usuarios y
brindándoles elementos para el mundo del trabajo. Dicho proceso
permitió la creación del Programa Vocacional con las etapas de
evaluación, adaptación y capacitación laboral en 1982 y se dio la
afiliación de la institución al Grupo Latinoamericano de Rehabilitación
Profesional GLARP

[…]»

17
https://www.siis.net/docs/ficheros/200406220029_24_0.pdf

17

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Demandado: UGPP

Así las cosas, para la fecha en la que el demandante laboró en dicha
institución, se trataba de una entidad sin ánimo de lucro y de naturaleza
privada, por consiguiente, este término no puede ser contabilizado para el
reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, pues, como se vio en el
recuento normativo y jurisprudencial; de conformidad con el artículo 1º de la
Ley 114 de 191318 esta pensión especial solo se otorga a:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido
en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen
derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con
las prescripciones de la presente Ley. [se destaca]

Dicho beneficio luego se extendió a los profesores de las escuelas normales,
a los inspectores de instrucción pública y a los docentes de enseñanza
secundaria, por medio de las Leyes 116 de 1928 de 37 de 1933.

Adicional a ello, se puede evidenciar que, en dicha institución, para el periodo
que interesa a la Sala, no era un establecimiento dedicado a la formación de
estudiantes de primaria o bachillerato, su misión y sus objetivos eran distintos.

Sobre el particular, se destaca que en providencia de 22 de marzo de 201819,
esta Subsección, señaló:

«Si aceptáramos de manera plana, que la simple dependencia laboral
con una entidad del orden territorial cual fuere su orden20, y el ejercicio
de la docencia son suficientes para el reconocimiento de la pensión
gracia, sería menoscabar su definición filosófica, según la cual, solo los
educadores que tuvieron ingresos inferiores, que históricamente fueron
los de primaria que en principio dependían de las entidades territoriales21,
tenían derecho a ella. La Corte Constitucional, al revisar la
constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 116 de 1928, en la sentencia
C-085-02, razonó justo así:

“En lo relativo a la pensión de gracia, pensión que es a la que
se refiere el artículo 6 acusado, dado que extendió el derecho
a percibirla a otros docentes distintos a los mencionados en la
Ley 114 de 1913, la Corte, en la sentencia C-479 de 1998,

18
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
19
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 73001-23-33-000-2013-00413-01 (2933-2014).
20
Centralizada o descentralizada.
21
Después se hizo extensiva a los docentes de básica secundaria y de escuelas normales, inspectores y directivos
docentes, pero guardando el mismo referente de vinculación y de remuneración. Leyes 116 de 1928 y 37 de 1937.

18

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Demandado: UGPP

analizó las causas que la originaron, al examinar la
constitucionalidad de uno de los requisitos para acceder a
ella, pues, la acusación, en aquella ocasión, consistía en que
había una diferencia injustificada para su reconocimiento entre
los educadores oficiales de primaria y los de secundaria. La
Corte, entonces, se remontó a las razones históricas que explicaron
su establecimiento, y señaló que la pensión de gracia se concibió
como una compensación o retribución a favor de los maestros de
primaria del sector oficial, cuyos salarios y prestaciones estaban a
cargo de los entes territoriales, en cuantía mucho menor que la que
recibían los docentes de la secundaria, vinculados a la Nación. En
esta providencia, también se mencionó que el artículo 6 de la
Ley 116 de 1928, ahora acusado, constituyó una ampliación al
número de educadores con derecho a acceder a la misma. En
lo pertinente, la providencia dijo lo siguiente:
“Esta pensión fue concebida como una compensación o
retribución en favor de los maestros de primaria del sector
oficial que percibían una baja remuneración y, por
consiguiente, tenían un poder adquisitivo precario y menor
frente a aquellos educadores cuyas prestaciones estaban a
cargo de la Nación. En efecto: en la ley 39 de 1903, que rigió la
educación durante la mayor parte de este siglo, se estableció que
la educación pública primaria estaría a cargo de los departamentos
o municipios, y la secundaria de la Nación. En relación con la
primera, la competencia de los entes territoriales era amplia pues,
además de fijar los programas educativos debían atender con sus
propios recursos el pago de los salarios y prestaciones de los
empleados de este sector. Si bien en principio, tales atribuciones
respondían a un ánimo claro de descentralización administrativa,
en la práctica, y en especial para los maestros del orden territorial,
tal sistema adolecía de múltiples fallas, pues los departamentos y
municipios mostraron una progresiva debilidad financiera, que se
reflejó, entre otras cosas, en los bajos salarios que percibían los
docentes de ese nivel. El legislador, entonces, consciente de la
situación desfavorable de los educadores de primaria oficiales,
decidió crear en su favor la mencionada pensión de gracia, para
reparar de algún modo la diferenciación existente entre los citados
servidores públicos.” (Negrillas fuera de texto original).

En tal virtud, a diferencia de lo considerado por el a quo y el Agente del
Ministerio Público delegado ante esta Corporación en el concepto
rendido, en juicio de la Sala, el demandante no tiene derecho a que le
sea reconocida una pensión de jubilación gracia, pues ha de reiterarse,
que el tiempo certificado en este proceso, no se ajusta a las condiciones
exigidas en la ley para el efecto, por lo que la sentencia apelada deberá
ser revocada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda
con fundamento en lo expuesto en esta providencia.»

De otra parte, con la finalidad de acreditar este requisito [vinculación antes del
31 de diciembre de 1980] el accionante alegó que se debe tener en cuenta el
periodo laborado en la institución educativa Nacional de Auxiliares de
Enfermería, desde el 5 de mayo de 1980 hasta el 15 de diciembre de 1982.

19

Nº Interno: 1925-2023
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Demandado: UGPP

Sobre este periodo la Sala encuentra que tampoco puede ser contabilizado
para acceder a la pensión gracia, que como se vio es una prerrogativa de
carácter especial concedida a los docentes oficiales de primaria y bachillerato
del orden territorial o nacionalizado; por tratarse de una institución de
naturaleza privada.

A esta conclusión arriba la Sala de la revisión de la historia de la Institución
educativa Nacional de Auxiliares de Enfermería22, en la que se observa que:

«[…]

A continuación se relacionan los principales hechos que nuestra querida
institución ha tenido desde su fundación.

1952: Mediante el Decreto N° 507 de 1952 se crea la Escuela Rural de
Auxiliares de Enfermería en Villamaría Caldas, su primera directora fue la
señorita Susana Gamboa Walteros, la escuela inició con 35 estudiantes y 5
docentes. Solo 9 culminaron el programa, optando al Certificado de
Idoneidad como Auxiliares de Enfermería Rurales.

1953: Se inició el primer curso de Auxiliares de Enfermería con 17
estudiantes. Se realizó el primer convenio con el Hospital Santa Sofía sitio
donde las estudiantes desarrollaban sus prácticas; fue trasladada entonces
la Escuela al sector de la Francia.

1964: Asumió la dirección de la Escuela la Enfermera Superior Elvia Lucy
Martínez.

1972: La Escuela fue trasladada al Barrio Palermo ocupando la actual sede,
propiedad del Departamento.

1974: Se celebró un convenio para las prácticas hospitalarias con el Hospital
Universitario de Caldas.

1982: Se creó el Programa de Bachillerato en Salud y Nutrición, de
Educación Formal, su primera directora la Enfermera Alina Agredo de
Franco.

1986: Se aprobaron los grados de media vocacional 10° y 11°. Este año se
otorgó por primera vez el Título de Bachiller en Salud y Nutrición a 4
estudiantes.

[…]»

22
https://www.enaemanizales.edu.co/index.php/institucion-educativa/resena-historica

20

Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

Por lo tanto, para la fecha en que el señor Javier Trujillo Álvarez se vinculó a
la misma (mayo de 1980), no era una institución de carácter oficial donde se
impartiera la educación de primaria o bachillerato, situación que impide
contabilizar este tiempo para acceder al reconocimiento solicitado.

No advierte la Sala que el demandante haya aportado elementos de juicio
distintos para acreditar la vinculación a la docencia oficial antes del 31 de
diciembre de 1980.

De tal manera que, la exigencia de probar la vinculación a la docencia oficial
antes del 31 de diciembre de 1980, no se encuentra acreditado, contrario a lo
manifestado por el recurrente, de ahí que resulte innecesario analizar el
cumplimiento de los otros requisitos para acceder a la pensión gracia.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero por las
razones que aquí se exponen, a excepción de la condena en costas que se
revocará.

2.4 Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará
en costas a la parte vencida.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda,
excepto la condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en

21

Nº Interno: 1925-2023
Demandante: José Javier Trujillo Álvarez
Demandado: UGPP

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, a excepción de la condena en costas que se revoca.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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