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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00549-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00549-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por los señores Wilson García Quiceno y otros contra la Nación - Ministerio de Educación y el municipio de Manizales. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00549-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros
Demandado: Municipio de Manizales y otro

Temas: Bonificación por servicios prestados - Docentes - Decreto 2418
de 2015

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, los ciudadanos Wilson García Quiceno,
Adriana María Grajales Cuervo, Alberto Marulanda López, Alejandro Jaramillo
Arenas, Alexa Johana Patiño Hurtado, Álvaro Rivas Cardona, Amanda Murillo
Pérez, Amparo Arroyave Valencia, Amparo Giraldo Giraldo, Ana Isabel Sánchez
Muñoz, Ana Rita Molina Ramírez, Ana Rubelly Arias Galvis, Andrés Felipe Olarte
Zapata, Ángela María Castañeda Morales, Ángela María Henao Henao, Aster León

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Castaño Montoya, Bernarda Noreña Buitrago, Carlos Arturo Osorio Gómez, Cristian
David Rivera, Danny Exinowerh Torres Álvarez, Davy Araly Garcés Ramírez, Delma
del Socorro Sepúlveda Gómez, Diana Marcela Tangarife Quintero, Diana María
Velásquez Pineda, Diana María Zapata Galindo, Dora Grajales Llano, Gonzalo
Echeverry Londoño, Henry Eber Martínez Mahecha, Hernán Elías Naranjo Sánchez,
Hernán Iván Moneada Ovalle, Hugo Ávila Rodríguez, Irma Cardona Ocampo, Jaime
Hernán Echeverry Gómez, Janeth Cecilia Pérez Vásquez, Jenny del Carmen Farjat
Gallego, John Aldery Zuluaga Agudelo, Jhon Jairo Henao García, Jhon Jairo Osorio
Osorio, Jhon Jairo Valencia García, Johan David Betancur Gil, John Alexander
Molano Torres, Jorge Ernesto Gallo Montes, José Albeiro Marín López, José Darío
López Salgado, José Uriel Franco Valencia, Julialba Largo Hernández, María
Esperanza Rendón Arias, María Mercedes Hoyos Naranjo y Wilson Rodríguez
Zapata; por conducto de apoderada, formularon demanda en orden a que se declare
la nulidad del acto ficto negativo originado en la falta de respuesta a la petición
elevada el 5 de febrero de 2019, ante el municipio de Manizales, tendiente a que se
les reconociera la bonificación por servicios prestados.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, los
accionantes solicitaron condenar al municipio de Manizales a lo siguiente: i)
reconocer la bonificación por servicios prestados, establecida en el artículo 1 del
Decreto 2418 de 2015; ii) reliquidar las primas de navidad, servicios y vacaciones
con inclusión de la bonificación por servicios prestados; iii) ajustar el valor de las
condenas con base en el IPC,1 como lo dispone el artículo 188 del CPACA; iv) cumplir
el fallo que ponga fin al proceso en los términos del artículo 192 ibidem; y v) sufragar
las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló:

1 Índice de Precios al Consumidor.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

i) Los actores han prestado sus servicios por más de un año en la Secretaria de
Educación de Manizales.

ii) Desde el momento en que los docentes fueron incorporados a la entidad se les
debieron reconocer las mismas asignaciones de los demás empleados públicos de
régimen general.

iii) Los accionantes, a diferencia de los demás servidores del orden territorial y
nacional, no han recibido la bonificación por servicios prestados.

iv) Los interesados elevaron la reclamación con miras a recibir el citado
emolumento, pero fue negada a través del acto acusado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 1 de
la Ley 4 de 1992; 1, 2, 3 ,4 y 6 de la Ley 60 de 1993; 5, 6, 7 y 9 de la Ley 715 de
2001; 1 y siguientes del Decreto 2418 de 2015.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de los demandantes expuso:

i) La bonificación por servicios prestados se reconoce a todos los empleados del
país, salvo a los docentes oficiales. Esta situación quebranta los derechos al trabajo
y a la igualdad, sin que exista una justificación objetiva y razonable para dicho trato
discriminatorio.

ii) Las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 incorporaron los docentes a los
departamentos, distritos y municipios, lo cual presupone una homologación en la
denominación del cargo, funciones, responsabilidades, así como del régimen
salarial y prestacional de los servidores «incorporados del orden nacional con los
departamentales».

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

iii) El Decreto 2418 de 2015 creó la bonificación por servicios prestados para los
empleados públicos del nivel territorial y también debe pagarse a los docentes, pues
se encuentran dentro del rango de destinatarios de la norma, esto es, tienen el
carácter de servidores de la rama ejecutiva de dicho orden.

iv) Al tenor de la Sentencia SU-336 de 2017,2 el Decreto 2418 de 2015 cobija a los
docentes territoriales, pues se trata de empleados públicos, cuyos derechos
salariales y prestacionales son iguales a los de la generalidad de los servidores
oficiales.3

v) El régimen especial del que gozan los docentes solamente encuentra justificación
en tanto sea más beneficioso. De manera que la aplicación de la normativa especial
no puede oponerse como excusa para restar beneficios laborales al ramo de los
educadores, en tanto ello desconoce el principio de favorabilidad que ampara a los
trabajadores.

vi) La bonificación por servicios prestados fue creada para las entidades territoriales
en virtud de un acuerdo suscrito el 11 de mayo de 2015 entre la Central Unitaria de
Trabajadores - CUT y el Gobierno nacional; sin embargo, se excluyó de su ámbito
de aplicación a los docentes sin que existiera una razón válida.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El municipio de Manizales se opuso a las pretensiones de la demanda en
estos términos:

i) Operó la caducidad de la acción, ya que la solicitud presentada por los
demandantes ante la administración fue resuelta mediante Oficio SE- UAF del 25 de
febrero de 2019, pero la demanda no se radicó dentro de los 4 meses siguientes.

2 Proferida por la Corte Constitucional.
3 El actor invocó también las Sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional.

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

ii) El ente territorial accionado carece de competencia para fijar un régimen salarial
o prestacional y mucho menos puede crear bonificaciones ocasionales; por el
contrario, estas atribuciones le corresponden al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), en virtud de la delegación del Ministerio de
Educación Nacional y al tenor de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005.

iii) El Decreto 2418 de 2015 se originó en el Acuerdo Único Nacional suscrito entre
el Gobierno y diversas asociaciones sindicales, en el cual se convino que la
bonificación por servicios prestados se reconocería a empleados públicos de la
rama ejecutiva del orden territorial, incluyendo expresamente al personal
administrativo del servicio educativo, pero no a los profesores.

iv) El ramo docente cuenta con un régimen especial en materia salarial y por ello,
mediante los Decretos 123 de 2016 y 983 de 2017, se creó una bonificación mensual
para ese específico sector, financiada por el sistema general de participaciones.

v) El municipio de Manizales carece de legitimación en la causa y, ante una eventual
condena, debe asumirla el Ministerio de Educación Nacional.

1.2.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, vinculada por el a quo como
litisconsorte necesaria, solicitó que se negaran las súplicas de la demanda, por los
razonamientos que ahora se resumen:

i) La cartera ministerial carece de legitimación en la causa, ya que no expidió el acto
acusado, tampoco tuvo injerencia en los hechos que fundamentan las pretensiones
de los actores y dentro de sus competencias no se encuentra el reconocimiento y
pago de prestaciones sociales a los docentes; por el contrario, dicha atribución le
corresponde al FOMAG, cuyos recursos los administra la Fiduprevisora S.A.

ii) El Decreto 2418 de 2015 determinó que la bonificación por servicios prestados
no cobija a los docentes, en tanto estos gozan de un régimen especial, previsto en
las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 715 de 2001 y en el Decreto 1850 de 2002. En

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

consecuencia, no son asimilables en materia salarial a los demás empleados
públicos de la rama ejecutiva de los niveles nacional y territorial.

iii) La normativa especial contempla iguales o mejores condiciones laborales que
las reconocidas a la generalidad de los servidores públicos, conforme lo reflejan la
jordana de trabajo, los períodos vacacionales y los sistemas de carrera y salud.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 26 de febrero de 2021,
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:

i) Los demandantes, en su calidad de docentes, no tienen derecho al reconocimiento
de la bonificación por servicios prestados creada en el Decreto 2418 de 2015, por
cuanto tienen un régimen salarial y prestacional especial que consagra unos
beneficios laborales diferentes al ordinario y responden a los requerimientos
específicos de esa profesión, tal como lo ha expresado el Consejo de Estado4 y la
Corte Constitucional.5

ii) Conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2 del 14 de abril de 2016, en
armonía con las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 715 de 2001, la prestación del
servicio educativo se encuentra descentralizado en las entidades territoriales, pero
el régimen salarial y prestacional de los docentes se encuentra centralizado, pues
se equiparó al de los empleados públicos del orden nacional.

iii) El régimen especial de los docentes ha consagrado beneficios que no poseen
otros servidores, ejemplo de ello son los Decretos 1272 de 2015 y 2354 de 2018,
que crearon una bonificación para docentes y directivos docentes, así como una
bonificación pedagógica.

4 Sección Segunda, Subsección A, radicado 08001-23-33-000-2016-00545-01 (1452-18).
5 Sentencias C-566 de 1997 y C-402 de 2013.

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

iv) La exclusión de los docentes contenida en el Decreto 2418 de 2015 también
constaba en el Decreto 1042 de 1978 en el nivel nacional y la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-566 de 1997, declaró su exequibilidad, en razón a que
resulta conforme a la Carta el establecimiento de regímenes laborales especiales,
en cuanto garantizan un nivel de protección igual o superior a los regímenes
generales.

1.4. El recurso de apelación

Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la referida sentencia
con base en los argumentos que se resumen, a continuación:

i) El Decreto 160 de 2014 incorporó las actas de los acuerdos suscritos entre el
Gobierno nacional y los sindicatos a la legislación colombiana, lo cual no los
convierte en leyes, pero sí les concede una fuerza creadora de derechos que puede
aplicarse o inaplicarse por los jueces. Por ello, en el sub lite es procedente inaplicar
el acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y la CUT, en tanto excluyó a los docentes
como beneficiarios de la bonificación por servicios prestados.

ii) De acuerdo con la jurisprudencia,6 los profesores se asemejan a los empleados
públicos de la rama ejecutiva del sector central de la administración y, por lo tanto,
son destinatarios de la bonificación por servicios prestados creada por el Decreto
2418 de 2015, máxime cuando ellos fueron incorporados a las plantas de personal
de las entidades territoriales certificadas en educación, según lo ordenaron las
Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

iii) Los regímenes especiales deben contener una regulación más favorable; de lo
contrario, prevalece la normativa general. Además, los docentes son empleados

6 Los apelantes invocaron las siguientes sentencias:

• Consejo de Estado: del 8 de febrero de 2018 [sin indicar el radicado]; SUJ-01-S2 del 18 de julio de 2018; SUJ-SII-11-2018
del 21 de junio de 2018, radicado 2013-04683-01 (3805-2014).
• Corte Constitucional: C-486 de 2016, SU-336 de 2017, SU-098 de 2018.

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

públicos departamentales, distritales o municipales «con características especiales,
pero no con un régimen especial».

iv) La negativa de reconocer la bonificación por servicios al sector docente vulnera
el derecho a la igualdad, el principio de favorabilidad y los mínimos laborales, ya
que la generalidad de los empleados públicos sí tienen garantizado ese beneficio.

v) «Finalmente quiero resaltar que, con la presentación de los alegatos ante el
tribunal de Caldas, la suscrita realizó solicitud DE PRUEBAS DE OFICIO con respecto a
los siguientes documentos con el fin de esclarecer ciertas situaciones y
circunstancias de mis mandantes al momento de ser vinculados por ente el
territorial, ante esta petición el Tribunal de Caldas no se pronunció al respecto».

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Los accionantes, la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Manizales se abstuvieron de intervenir ante esta corporación.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si los demandantes, en su condición de
docentes del municipio de Manizales, tienen derecho al reconocimiento de la

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

bonificación por servicios prestados establecida en el Decreto 2418 de 2015.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen salarial y prestacional de los docentes

La Ley 43 de 1975 consolidó el proceso de nacionalización de la educación,
encaminado a que la Nación asumiera el costo de la prestación de dicho servicio.

Por su parte, el artículo 11 ibidem otorgó facultades al presidente para establecer el
régimen salarial y prestacional del personal docente, pero estas no se
desarrollaron.7 Poco tiempo después, se expidió el Decreto Ley 715 de 1978,8 por
el cual se fijaron las asignaciones básicas mensuales correspondientes a las
distintas categorías del magisterio.

Más adelante, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 dispuso que los docentes
nacionalizados vinculados al 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrían el régimen prestacional que
venían gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Por su parte, los docentes nacionales y los que se vincularan a partir del 1 de enero
de 1990, se regirían por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos
del orden nacional, entre las que destacó los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978.

7 En sentencia de unificación del 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), el Consejo

de Estado expresó que «[…] a pesar de haber sido facultado el Ejecutivo por la Ley 43 de 1975 (Art. 11 literal b) para expedir
el régimen salarial y de prestaciones sociales de los docentes, desafortunadamente las facultades extraordinarias vencieron
sin que se hubiera hecho uso de ellas. Significa esto, que ante la ausencia de norma especial los docentes nacionalizados
quedaron sometidos al régimen prestacional de los docentes nacionales (…) Y es que se aplica el régimen de los docentes
nacionales, por cuanto la nacionalización implica igualmente para la Nación el asumir el pago de salarios y de prestaciones
sociales de quienes antiguamente eran empleados del orden Local. A partir de la Ley 43 dichos empleados docentes dejaron
de pertenecer a los entes locales y pasaron a depender de la nación». La providencia citó el Concepto 071 del 13 de noviembre
de 1986, expedido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil.
8 «Por el cual se fijan las asignaciones básicas mensuales correspondientes a las distintas categorías del magisterio y se

dictan otras disposiciones»

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Luego, la Ley 60 de 1993 descentralizó la prestación del servicio educativo y
encargó a los entes territoriales de su cobertura, administración y calidad. Para el
efecto, se dispuso el traslado del personal docente a los departamentos y distritos,
principalmente. En cuanto al régimen prestacional de dichos servidores, el artículo
6 ibidem indicó:

Artículo 6. Administración del personal. […].

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y
las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial.
[…]
El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los
servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores
públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se
regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y
adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la
Ley 4ª de 1992. [Resalta la Sala].

Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 2001 con el fin de conjurar «la duplicidad
de funciones entre los niveles municipal, departamental y nacional» y «pasar a una
nueva etapa de la descentralización», en la cual las entidades territoriales
consolidarían «su autonomía administrativa como operadores de la organización de
los servicios de educación».9 El artículo 34 ibidem reafirmó que los docentes serían
incorporados, sin solución de continuidad, a las plantas de personal de los
departamentos, distritos y municipios.

Conforme lo ha explicado esta Subsección,10 la normativa citada implicó que las
plantas de personal docente comenzarían a formar parte de las entidades
territoriales. Para ello, era necesario que se adelantara un trámite de incorporación,
pues los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados debían

9 Apartes extraídos de la exposición de motivos de la Ley 715 de 2001.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de abril de 2024, radicado 05001-23-33-000-2019-

02526-01 (0364-2022).

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

migrar a los entes territoriales y el régimen prestacional que regiría tanto a los que
se incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.11

Asimismo, los artículos 115 y 175 de la Ley 115 de 1994 preceptuaron que el
régimen prestacional de los educadores estatales de los órdenes departamental,
distrital o municipal «es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y
en la presente ley». Mientras que su régimen salarial «se regirá por el Decreto-ley
2277 de 1979, la Ley 4 de 1992 y demás normas que los modifiquen y adicionen».

Sin embargo, el Decreto Ley 2277 de 1979 no reguló la materia salarial y tampoco
lo hizo la Ley 4 de 1992, pues, aunque esta se refirió al régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, tan solo estableció
lineamientos generales que debían concretarse por el Gobierno nacional mediante
la expedición de decretos reglamentarios.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de abril de 2016,12
al unificar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la prima de servicios
a los docentes oficiales, sentó las siguientes reglas frente al régimen salarial y
prestacional aplicable a este personal:

6.4. Por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, a los docentes nacionalizados
vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en materia
salarial y prestacional, se les aplican las normas que rigen a los empleados públicos
del orden nacional, excepto el Decreto Ley 1042 de 1978, cuyo artículo 104 excluye
expresamente a los docentes oficiales de su radio de acción […].

6.5. Por orden de la Ley 91 de 1989, artículo 15, a los docentes nacionales vinculados
antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en materia
salarial y prestacional, se les aplican las normas que rigen a los empleados públicos
del orden nacional, excepto el Decreto Ley 1042 de 1978, cuyo artículo 104 excluye
expresamente a los docentes oficiales de su radio de acción […].

11 Artículo 115.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de abril de 2016, radicación: 15001-33-33-010-2013-00134-01

(3828-14)CE-SUJ2-001-16.

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

En la citada providencia se expresó que el Decreto Ley 1278 de 2002 y la Ley 812
de 2003 también se refirieron al régimen salarial de los educadores. El primero
dispuso que «el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá
la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes
escalafonados».13 La segunda determinó:

Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley.
[…]
El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la
presente ley, será decretado por el Gobierno Nacional, garantizando la equivalencia
entre el Estatuto de Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de
2002, los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente ley y la
remuneración de los docentes actuales frente de lo que se desprende de lo ordenado
en el presente artículo.
[…].

A partir del anterior recuento, esta corporación ha concluido que «el régimen de los
educadores estatales vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se encuentra
contenido en la Ley 91 de 1989, que a su vez, remite a los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978 para determinar cuáles son los beneficios adicionales
al salario a los que este grupo de servidores tiene derecho. Por su parte, el Gobierno
Nacional se ocupa de definir anualmente la remuneración de estos servidores
públicos, con base en los lineamientos de la Ley 4.ª de 1992».14

2.2.2. Generalidades de la bonificación por servicios prestados

El artículo 45 del Decreto Ley 1042 de 197815 creó la bonificación por servicios
prestados, en los siguientes términos:

13 Artículo 46.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2017-

00791-00 (4203-17).
15 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos

administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional,
se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Artículo 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición
de este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios
a que se refiere el artículo 1.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año
continuo de labor en una misma entidad oficial.
[…]
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.

La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial16 y su cuantía ha
sido objeto de modificación por parte de los decretos anuales salariales que expide
el Gobierno nacional, «en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley
4ª de 1992».17

La aludida bonificación inicialmente se creó para los empleados públicos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, salvo las
excepciones que establece el artículo 104 del Decreto 1042 de 1978, dentro de las
que se encuentra el «personal docente de los distintos organismos de la Rama
Ejecutiva».

La referida exclusión fue declarada exequible por la Corte Constitucional, a través
de la Sentencia C-566 de 1997, por considerar que «persigue el respeto de ciertas
conquistas laborales de este sector de trabajadores, que se erigen en derechos
adquiridos, aparte de reconocer que las peculiaridades del ejercicio de la docencia
ameritan la consagración de un estatuto laboral, salarial y prestacional adecuado a
las particularidades de este servicio».

Ahora bien, el Decreto 1919 de 2002 extendió el régimen de prestaciones sociales
de los empleados públicos nacionales a sus homólogos territoriales. Textualmente,
el artículo 1 ibidem preceptuó:

16 Artículo 42 del Decreto 1042 de 1978.
17 A modo de ejemplo, ver los Decretos 199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018, 1011 de 2019,

304 de 2020, 961 de 2021, 473 de 2022, 905 de 2023 y 301 de 2024.

13

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Artículo 1. A partir de la vigencia del presente decreto todos los empleados públicos
vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de
la Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas
departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías
territoriales, a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así como el
personal administrativo de empleados públicos de las juntas administradoras locales,
de las instituciones de educación superior, de las instituciones de educación primaria,
secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales
señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional.

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base
en los factores para ellas establecidas.

La citada disposición ha sido analizada por esta corporación, de la siguiente forma:18

No se discute que con la entrada en vigencia del Decreto 1919 de 2002 se extendió
a todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del
sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental,
Distrital y Municipal, así como el personal administrativo de empleados públicos de
las Instituciones de Educación Superior del mismo orden, la aplicación del régimen
de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional contempladas en los Decretos 1042 y
1045 de 1978, lo que permite afirmar en principio que a partir de la vigencia del
Decreto 1919 de 2002, resultarían aplicables a los empleados de las Instituciones de
Educación Superior del nivel territorial los regímenes prestacionales de los empleados
del orden nacional.

Sin embargo, es necesario decir que -aún con la equiparación realizada por el artículo 1º
del Decreto 1919- la bonificación por servicios y la prima de antigüedad constituyen
factores de salario conforme se deriva de los literales a) y g) del artículo 42 del
Decreto 1042 de 1978, y corolario de ello no podrían regirse por el Decreto 1919
de 2002, por cuanto lo único que extendió éste al orden territorial fue el régimen
de prestaciones sociales del nivel nacional. [Resalta la Sala].

De acuerdo con lo anterior, la expedición del Decreto 1919 de 2002 no implicó que
la bonificación por servicios prestados se extendiera a los empleados públicos
territoriales de la Rama Ejecutiva y, por lo tanto, aún en vigencia de esta norma
dichos servidores seguían sin percibir ese factor de salario, pues el Decreto 1042
de 1978 lo creó exclusivamente para el sector nacional y esta previsión legal fue
declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-402 de
2013.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de febrero de 2018, radicado 73001-23-33-000-

2013-00367-01 (2167-14).

14

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Entonces, era necesario que el Gobierno nacional implementara el aludido beneficio
en el sector territorial, pues el artículo 12 de la Ley 4 de 1992 lo facultó para señalar
«el límite máximo salarial» y fijar el «régimen prestacional de los servidores públicos
de las entidades territoriales […] con base en las normas, criterios y objetivos
contenidos en la presente Ley».19

En ese contexto, en el año 2015, con fundamento en el Convenio 151 de la OIT,20 la
Ley 411 de 1997 que lo incorporó al orden jurídico interno y el Decreto 160 de 2014,
reglamentario de esta última, se adelantó un procedimiento de negociación entre el
Gobierno nacional y varias organizaciones sindicales de empleados públicos.

En virtud de dicho acercamiento, el 11 de mayo de 2015 se suscribió un acta final
de acuerdo en la que las partes convinieron que el «Gobierno Nacional expedirá un
decreto extendiendo la bonificación por servicios prestados a los empleados
públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, con excepción del
personal administrativo y docente del Sector Educación».

En razón al anterior pacto, se expidió el Decreto 2418 de 2015, que reguló la
bonificación en comento de la siguiente forma:

Artículo 1. Bonificación por servicios prestados para empleados del nivel
territorial. A partir del 1° de enero del año 2016, los empleados públicos del nivel
territorial actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos de
la administración territorial, del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva
del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y
Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y
Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho a
percibir la bonificación por servicios prestados en los términos y condiciones
señalados en el presente decreto.

La bonificación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de
la asignación básica y los gastos de representación, que correspondan al empleado
en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado 08001-23-33-000-

2016-00545-01 (1452-2018).
20 Organización Internacional del Trabajo.

15

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación
superior a un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos ocho pesos
($1.395.608) moneda corriente, este último valor se reajustará anualmente. en el
mismo porcentaje que se incremente la asignación básica salarial del nivel nacional.

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los dos factores de salario
señalados en el inciso anterior.

La citada disposición fue expresa en excluir al personal docente del derecho a
percibir la bonificación por servicios prestados, «bajo el entendido de que cuentan
con un sistema especial de remuneración».21

Además, la norma guarda armonía con lo convenido entre el Gobierno nacional y
las organizaciones sindicales, entre las que se encontraba FECODE22 y cuyos
objetivos son los de formular un nuevo proyecto sindical, responder las demandas
de los afiliados a partir de la articulación de los diferentes intereses en juego,
construir una estrategia amplia de comunicación, fortalecer los sindicatos del
magisterio y posicionarse como la organización que defiende la educación pública.23

2.3. Hechos probados24

• El 11 de mayo de 2015, el Gobierno nacional y varias organizaciones sindicales
de empleados públicos,25 entre ellas FECODE,26 suscribieron el «Acta final de
acuerdo de la negociación colectiva pliego de solicitudes de las organizaciones
sindicales de empleados públicos». En lo que respecta a la bonificación por
servicios prestados, las partes convinieron:

El Gobierno Nacional expedirá un decreto extendiendo la bonificación por servicios
prestados a los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2017-

00791-00 (4203-17).
22 Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
23 https://www.fecode.edu.co/index.php/quienes-somos/objetivos.html
24 Las pruebas aportadas al plenario se encuentran en el expediente digital enviado por el Tribunal Administrativo de

Caldas, visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
25 En el acta se mencionó a las siguientes asociaciones: CUT, CGT, CTC, FECODE, UTRADEC, FENALTRASE,

FECOTRASERVIPUBLICOS, UNETE y FENASER.
26 Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

16

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, con
excepción del personal administrativo y docente del Sector Educación, a las
Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las
Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, el cual entrará
a regir en la vigencia presupuestal de 2016 y su pago estará sujeto a la disponibilidad
de recursos de las entidades del orden territorial y a los lineamientos de la Ley 617
de 2000. El personal administrativo del Sector Educación del nivel territorial que, en
la actualidad, percibe la bonificación por servicios prestados la seguirá percibiendo.

• El 5 de febrero de 2019, los accionantes le solicitaron al municipio de Manizales el
reconocimiento de la bonificación por servicios prestados establecida en el Decreto
2418 de 2015.

• El 25 de febrero de 2019, por oficio SEM-UAF-502, la Secretaria de Educación de
Manizales se pronunció frente a la anterior petición en los siguientes términos:

Los docentes relacionados en su reclamación, se encuentran vinculados bajo el
régimen del Estatuto Docente Decreto 2277 de 1979 y decreto 1278 de 2002,
Decretos de régimen especial para el pago de las prestaciones sociales, los cuales
no contemplan el pago de la bonificación por servicios prestados.

A partir del 16 de junio de 2017, el Gobierno Nacional y FECODE suscribieron un
acuerdo disponiendo en el numeral 3 la creación de una bonificación pedagógica para
el personal docente y directivo docente, el cual fue reglamentado por el Decreto 2354
del 19 de diciembre de 2018, esta Bonificación pedagógica se asemeja a la
bonificación por servicios prestados, se reconoce y paga cuando el docente y directivo
docente cumpla un (1) año continuo de servicios efectivamente prestados […].

En virtud de lo anterior este Despacho elevará consulta a la Oficina Jurídica del
Ministerio de Educación nacional, para que se pronuncie al respecto.

Una vez se reciba respuesta se le será notificada. [Resalta la Sala].

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Para desatar la presente controversia, la Sala tomará como referente la sentencia
del 6 de mayo de 2021,27 proferida por esta Subsección, pues ambos casos tienen
en común el reparo frente al hecho de que los docentes hayan sido excluidos como
destinatarios de la bonificación por servicios prestados que, por regla general, se
reconoce a los empleados públicos territoriales.

27 Radicado 11001-03-25-000-2017-00791-00 (4203-17).

17

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

En efecto, en esa oportunidad se demandó la expresión «administrativo» contenida
en el artículo 1 del Decreto 2418 de 2015, con miras a que ese factor cobijara a todo
el personal del sector educación y no solamente al administrativo, es decir, que se
incluyera también a los docentes.

Al respecto, el demandante alegó que la expresión acusada discriminó
injustificadamente a los docentes oficiales como beneficiarios de la bonificación por
servicios prestados que consagró el Decreto 2418 de 2015 para los empleados
públicos territoriales, a pesar de que, con ocasión del proceso de descentralización
de la educación (introducido por la Ley 60 de 1993), todos los docentes tienen la
calidad de servidores públicos del nivel territorial. De ahí que, no existe justificación
para que los docentes oficiales sean los únicos empleados de la rama ejecutiva a
los que no se les reconoce la bonificación por servicios prestados.

La sentencia en comento concluyó que la norma acusada era respetuosa del
ordenamiento legal y constitucional. A continuación, se estudiarán los motivos de
inconformidad del recurso de apelación interpuesto en el sub lite, en armonía con
las premisas que adoptó la Sala en dicha providencia.

2.4.1. Inaplicación del acuerdo del 11 de mayo de 2015

El Convenio 151 de la OIT consagra los derechos de sindicalización y de negociación
colectiva de los empleados públicos. La Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-377 de 1998, declaró exequible ese instrumento y la Ley 411 de 1997 que lo
aprobó como legislación interna.

Por su parte, el Decreto 160 de 2014, incorporado al Decreto 1072 de 2015 (Único
Reglamentario del Sector Trabajo), desarrolló la mencionada ley y en su artículo 14,
antes de la modificación efectuada por el Decreto 243 de 2024, dispuso que para el
cumplimiento e implementación de los acuerdos colectivos alcanzados entre las
autoridades y las asociaciones sindicales, «la autoridad pública competente, dentro

18

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base
en ésta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar, respetando las
competencias constitucionales y legales».

En este caso, los actores solicitan la inaplicación del acuerdo colectivo celebrado el
11 de mayo de 2015 entre el Gobierno nacional y varios sindicatos de empleados
públicos, por considerar que quebranta el derecho a la igualdad de los docentes, en
la medida en que los excluyó como beneficiarios de la bonificación por servicios
prestados.

No obstante, como dicho acuerdo fue plasmado en el Decreto 2418 de 2015, la Sala
entiende que la inaplicación en realidad sería predicable de esta norma, pues goza
de fuerza vinculante y delimita con precisión el contenido y alcance de la
bonificación por servicios prestados en el sector territorial; por ende, la exclusión
que hace de los docentes como destinatarios de ese beneficio es la que en concreto
podría vulnerar el derecho a la igualdad, conforme lo alegan los actores. Estos
reparos serán estudiados con detenimiento más adelante.

2.4.2. Desconocimiento de la condición de empleados territoriales que tienen
los docentes

Los actores afirmaron que excluir a los docentes como beneficiarios de la
bonificación por servicios prestados desconoce su condición de empleados públicos
territoriales, pese a que adquirieron tal calidad en virtud del proceso de
descentralización de la educación implementado por las Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001. De este modo, los accionantes concluyen que, si se les reconociera tal
calidad, sin duda alguna se les pagaría el referido factor salarial.

La Sala se aparta del anterior entendimiento, pues el Decreto 2418 de 2015 no
desconoce que los docentes hacen parte de las plantas de personal de los entes
territoriales, sino que excluyó a ese sector de su ámbito de aplicación en razón a

19

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

que existen normas especiales que regulan la materia salarial y prestacional de
dicho ramo.

La anterior conclusión encuentra fundamento en la Sentencia C-566 de 1997, la
cual estudió idéntica exclusión del sector docente en el nivel nacional y sus análisis
pueden extrapolarse a la actual diferenciación que se hace para el sector docente,
pero ya en el orden territorial. Al respecto, esta corporación expresó:28

[…] el artículo 104 del mencionado [Decreto Ley 1042 de 1978], en su literal b),
excluyó expresamente al personal docente de su aplicación, disposición que fue
declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-566 de 1997 pues,
en realidad, «[…] persigue el respeto de ciertas conquistas laborales de este sector
de trabajadores, que se erigen en derechos adquiridos, aparte de reconocer que las
peculiaridades del ejercicio de la docencia ameritan la consagración de un estatuto
laboral, salarial y prestacional adecuado a las particularidades de este servicio […]».
[…]
Así pues, de conformidad con el ámbito de aplicación de aquel decreto [Decreto 2418
de 2015], que además guarda armonía con lo convenido con las organizaciones
sindicales, el personal docente del sector educación quedó excluido del derecho a la
referida bonificación por servicios prestados, bajo el entendido de que cuentan con
un sistema especial de remuneración.
[…]
Por su pertinencia para dirimir la presente controversia, a continuación, la Sala se
refiere a las sentencias proferidas por el máximo juez constitucional, que constituyen
el fundamento central de la mencionada postura, algunas de las cuales ya han sido
mencionadas en precedencia.

Sentencia C-566 de 1997. Para concluir que la exclusión de los docentes de la
aplicación del Decreto 1042 de 1978 se ajusta al ordenamiento jurídico, sostuvo que
tal medida tenía como propósito (i) la salvaguarda de derechos adquiridos por los
maestros oficiales en materia laboral; y (ii) el reconocimiento de las especificidades
de la profesión docente, en razón de las cuales se precisa un estatuto laboral, salarial
y prestacional especial.
[…]
Así, el Decreto 1278 de 200229 hace referencia al personal docente30 y a los directores
docentes31, a los cuales ubica en una categoría más amplia que denominó
educadores32, bajo el entendido que ejercen la función docente. De otro lado, aparece
el personal administrativo del sector educación que si bien no fue definido en dicha
norma, por oposición, podría explicarse como aquel que sin desarrollar la labor
docente, coadyuva la prestación de tal servicio y por ello integra la estructura

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2017-

00791-00 (4203-17).
29 «por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente».
30 Artículo 5 del Decreto 1278 de 2002.
31 Artículo 6 del Decreto 1278 de 2002.
32 Artículo 4 del Decreto 1278 de 2002.

20

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

administrativa de aquel sector. En línea con ello, por disposición del artículo 6733
ibidem, en materia salarial y prestacional el personal administrativo de los
establecimientos educativos se rige por las normas generales que se imponen para
los servidores públicos, de manera que se encuentran exceptuados de la aplicación
del régimen especial aplicable a los educadores oficiales.

De acuerdo con el citado criterio interpretativo, la Sala no desconoce el proceso de
territorialización de la educación, ni que los docentes fueron incorporados a las
plantas de personal de los distritos, departamentos y municipios; sin embargo, tal
situación no es suficiente para que sean destinatarios de la bonificación por
servicios prestados, creada por el Decreto 2418 de 2015 para los empleados
públicos territoriales.

En efecto, los educadores constituyen un grupo de servidores que ha sido sujeto de
un tratamiento diferenciado en materia salarial y prestacional, dentro del marco de
una discriminación positiva tendiente a visibilizar y reconocer la importante labor que
cumplen, dado que el ejercicio de la profesión «no solo se limita a la transmisión del
conocimiento o la instrucción al estudiante en determinadas áreas, sino que encierra
la formación moral, ética, intelectual y física de la persona en aras de cimentar los
valores que le permitirán desenvolverse de la mejor manera posible en los diferentes
ámbitos de su vida y proponerse alcanzar el ideal de nación que proclama nuestra
Constitución Política».34

2.4.3. Desconocimiento del derecho a la igualdad y el principio de
favorabilidad

Los demandantes sostuvieron que los regímenes especiales deben contener una
regulación más favorable, pues, de lo contrario, prevalece la aplicación la normativa

33 «Artículo 67. Personal administrativo. El personal administrativo de los establecimientos educativos estatales se regirá

por las normas que regulan la vinculación y administración del personal de carrera administrativa, conforme a lo dispuesto
por la Ley 443 de 1998 y demás normas que la modifiquen, sustituyan y reglamenten.
El régimen salarial y prestacional del personal administrativo de los establecimientos educativos estatales, con cargo a los
recursos del Sistema General de Participaciones, será el dispuesto por las normas nacionales.» La constitucionalidad de
este artículo ha sido estudiada por la Corte Constitucional, por cargos distintos, en dos oportunidades. En ambas se declaró
la exequibilidad de la norma. Mientras que la Sentencia C-068 de 2003, analizó el artículo frente al cargo de violación del
principio de unidad de materia, la C-623 de 2003 se ocupó de definir si la expresión «salarial» contenida en aquel vulneraba
el principio de autonomía de las entidades territoriales y sus competencias para definir emolumentos y escalas salariales.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).

21

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

general. Además, dichos servidores tienen características especiales, pero no un
régimen especial. En consecuencia, la negativa de reconocerles la bonificación por
servicios prestados quebranta el derecho a la igualdad, el principio de favorabilidad
y los mínimos laborales, ya que la generalidad de los empleados públicos sí tienen
garantizado ese beneficio.

Los anteriores razonamientos fueron desvirtuados por esta Subsección, al analizar
la legalidad del Decreto 2418 de 2015, bajo las siguientes consideraciones:35

La jurisprudencia constitucional ha sentado como regla la improcedencia
general de aplicar un juicio o test de igualdad respecto de regímenes salariales
y prestacionales disímiles de los servidores públicos. Este criterio, que ha sido
aceptado por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación36, señala que
la existencia de estatutos laborales especiales puede justificarse en diferentes
motivos constitucionalmente aceptables entre los que, a título enunciativo, pueden
identificarse: requerimientos específicos del orden o tipo de entidad empleadora; la
calificación exigida para el desempeño del cargo; el grado de responsabilidad del
empleado; la naturaleza de las funciones asignadas al empleo; la modalidad de la
relación laboral; las limitaciones presupuestales; y las condiciones en las que se debe
prestar el servicio. Además, indica que la diferencia entre regímenes conduce a que
no puedan equipararse.
[…]
El anterior estudio da cuenta de la línea que ha trazado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional según la cual, la presencia de alguno de los factores que
constitucionalmente justifique la diferenciación entre regímenes laborales,
como ocurre en el caso de los docentes oficiales, inhibe la promoción de un
juicio de igualdad.

[…] el primer asunto que se debe analizar si en una determinada circunstancia se
presenta un trato discriminatorio se refiere al carácter relacional del derecho a la
igualdad. En otras palabras, determinar si existe igualdad entre una y otra situación
fáctica supone la realización de un ejercicio comparativo, a efectos de definir, según
el nivel de discrepancia o semejanza, si las cuestiones objeto de análisis son
comparables entre sí, es decir, si existe un tertium comparationis.

En el caso subexamine, el demandante denuncia la existencia de un trato desigual
porque a la generalidad de los empleados públicos les es reconocida la bonificación
de servicios, salvo a los docentes oficiales. A su juicio, para enderezar dicha
irregularidad, resulta necesario que a estos últimos les sea aplicable el Decreto 2418
de 2015.
[…]

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2017-

00791-00 (4203-17).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de abril de 2016, radicación: 15001-33-33-010-2013-00134-

01(3828-14)CE-SUJ2-001-16, actor: Nubia Yomar Plazas Gómez.

22

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Lo expuesto en precedencia, permite concluir a la Sala que no le asiste razón al señor
Rubén Darío Giraldo Montoya en su planteamiento como quiera que su inconformidad
tiene como punto de partida la confrontación entre prestaciones que establece, de un
lado, el régimen general de los empleados públicos del nivel territorial y, del otro, el
régimen especial de los docentes oficiales. Esta sola situación impide constatar la
existencia de un patrón de igualdad o tertium comparationis, lo que a su vez
hace inviable llevar a cabo el juicio o test de igualdad.

Como en este caso, las situaciones a comparar no son fáctica y jurídicamente
similares, el reproche por desconocimiento del artículo 13 Superior no tiene vocación
de prosperidad. [Resalta la Sala].

De acuerdo con el lineamiento jurisprudencial transcrito, no es posible realizar un
juicio de igualdad en aras de comparar la situación de los docentes territoriales con
los demás empleados públicos de ese nivel, para determinar si los primeros fueron
excluidos injustificadamente como destinatarios de la bonificación por servicios
prestados. En efecto, se trata de dos grupos de servidores diferentes, con disímil
normativa en el ámbito salarial, prestacional y de carrera; por lo tanto, no existe un
tertium comparationis que habilite el agotamiento de las etapas propias del test.

Es más, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han explicado que resulta
constitucional y legal la creación de regímenes o normas que diferencien a los
servidores en atención a las especiales calidades requeridas para desempeñar
determinados empleos públicos, en armonía con las funciones asignadas y la misión
de la institución a la cual pertenecen.

En esa línea de intelección, se ha afirmado que no es posible predicar una
discriminación irregular por la sola razón de que se presente una diferenciación
normativa en materia salarial y prestacional, ni mucho menos puede hacerse una
comparación a partir de un solo emolumento que esté consagrado en uno y no en
otro estatuto, pues los regímenes especiales y generales se componen de
diferentes elementos, los cuales, estudiados en su conjunto, permiten concluir que
en muchas ocasiones la legislación especial representa mayores beneficios para

23

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

sus destinatarios, respecto de la establecida para la generalidad de los servidores
oficiales. De esta manera, se ha sostenido:37

La Sección Segunda del Consejo de Estado, ya ha tenido la oportunidad de analizar,
bajo los principios de favorabilidad e inescindibilidad y la protección de los derechos
adquiridos, asuntos en los que un cambio de régimen salarial y prestacional implica
la pérdida de una prima específica o de unos beneficios laborales pero, al mismo
tiempo implica la ganancia de otros beneficios.
[…]
En virtud del principio de inescindibilidad de la Ley no es jurídicamente viable
conceder beneficios de uno y otro régimen para obtener de cada uno lo mejor […].

El establecimiento de cargos y la determinación de su remuneración y beneficios
prestacionales no es facultativo de los funcionarios y empleados a quienes se aplica,
por el contrario, su determinación es normativa, por ello se habla de vinculación legal
y reglamentaria. El acceso a un determinado cargo lleva implícitas unas
consecuencias que previamente están reguladas y deben ser acatadas en su
integridad.
[…]
Adicionalmente, debe señalarse que el régimen del nivel ejecutivo en su integridad,
es más beneficioso que el de los Agentes. […]. [Resalta la Sala].

En consonancia con el referido lineamiento, se encuentra la Sentencia C-313 de
2003, cuyas conclusiones principales apuntaron a determinar que «(i) la sola
existencia de regímenes jurídicos diferentes en materia laboral no apareja la
violación del principio de igualdad pues el juicio o test que se realice en ese sentido
tiene como premisa que la equiparación que pretenda realizarse se predique de
sujetos en una misma situación; (ii) los beneficios particulares contemplados en los
estatutos laborales especiales no pueden examinarse en forma aislada para
confrontarse con otros regímenes diferenciados; (iii) en armonía con ello, el
sometimiento a un régimen de excepción es integral, de manera que no puede
fraccionarse para acudir también a los beneficios del régimen general».38

Así las cosas, la vulneración al derecho a la igualdad en los términos propuestos
por los actores carece de vocación de prosperidad, pues pasan por alto que los
educadores históricamente han gozado de normas específicas en materia salarial y

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de mayo de 2016, radicado 25000-23-25-000-2012-

00108-01 (3396-2014). Ver también la sentencia del 5 de junio de 2014, radicado 25000-23-25-000-2012-00168-01 (1726-
13).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2017-

00791-00 (4203-17).

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

prestacional y, además, los demandantes predican una discriminación respecto de
un solo factor salarial, a pesar de que era necesario demostrar que el estudio
integral de su régimen resulta más desfavorable que el previsto para la generalidad
de los empleados públicos territoriales.

El trato diferencial que han recibido los docentes en el ordenamiento superior se ha
inspirado en la necesidad de corresponder a las especiales condiciones del ejercicio
de la profesión docente, al punto que cuentan con un sistema específico de carrera39
y, en armonía con tal circunstancia, se han expedido varias normas tendientes a
regular de manera particular su sistema de remuneración, como quedó consignado
en acápites precedentes.

En consecuencia, debe atenderse al criterio que ha mantenido la jurisprudencia en
el sentido de que no es viable trasladar los efectos de una norma general a un sector
de servidores que cuenten con una regulación especial, porque ello conduciría al
rompimiento de la especialidad. De ahí que las diferencias entre regímenes
laborales se justifican «en razones objetivas basadas en la singularidad de los
diversos vínculos laborales, los cuales están equilibrados prestacionalmente por
diversas prerrogativas».40

Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que «no es procedente un
examen de aspectos aislados de una prestación entre dos regímenes
prestacionales diferentes, ya que la desventaja que se pueda constatar en un tema,
puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras materias del mismo
régimen».41

Para el caso de los docentes se observa que, aunque no perciben la bonificación
por servicios prestados, cuentan con otros beneficios. A modo de ejemplo, se
encuentra la asignación básica acorde con el nivel ocupado en el escalafón docente

39 Ver artículo 3 de la Ley 909 de 2004.
40 Corte Constitucional, Sentencia C-592 de 2014.
41 Sentencias C-080 de 1999.

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

y el reconocimiento de emolumentos exclusivos para dicho sector como la
bonificación para docentes y directivos docentes, bonificación pedagógica,
asignaciones adicionales para directivos docentes, asignación adicional para
docentes de preescolar, estímulos e incentivos para profesores asignados a zonas
de difícil acceso y reconocimiento adicional por gestión.42

De otra parte, en cuanto a la afectación al principio de favorabilidad en materia
laboral, esta Subsección, al estudiar el alcance del Decreto 2418 de 2015,
expresó:43

En materia laboral, el principio constitucional de la situación más favorable se ha
entendido como la obligación que tiene todo operador jurídico de, ante la duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, optar por la opción
que resulte más beneficiosa para el trabajador. De acuerdo con ello, la Corte
Constitucional ha señalado que este principio puede operar bajo dos hipótesis44: (i)
cuando existiendo varias normas se debate cuál de ellas debe aplicarse al caso; y (ii)
cuando existe una sola norma, pero múltiples interpretaciones sobre su contenido o
alcance. En el último caso, para poder acudir a la favorabilidad se exige además:

[…] (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más
interpretaciones, ello, en función de la razonalibidad [sic] argumentativa y solidez
jurídica que una u otra interpretación tengan; y, (ii) la efectiva concurrencia de las
interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, deben ser aplicables a los
supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en conflicto […]45

En el caso enjuiciado, el estudio que propone el demandante se basa, no en la
existencia de dos o más normas que resultarían aplicables sino en la presunta
controversia frente a las múltiples interpretaciones que puede suscitar la aplicación
del Decreto 2418 de 2015, demandado en esta oportunidad. A su juicio, debe
preferirse la lectura de aquel decreto que entienda que su ámbito de aplicación se
extiende para cobijar también a los docentes oficiales.

Para la Sala, ese razonamiento está llamado a fracasar porque no encuentra
acreditada la existencia de controversia o interpretaciones disímiles sobre la
inaplicabilidad de la bonificación por servicios prestados al personal docente. Según
se ha explicado, la lectura del artículo 1 del Decreto 2418 de 2015, al igual que los
antecedentes administrativos que condujeron a su expedición, no dan cabida a una
duda seria y objetiva que permita si quiera considerar la posibilidad de que la norma
fue pensada para que de ella se beneficiaran también los docentes oficiales con el
reconocimiento de la bonificación por servicios prestados.

42 Ver, entre otros, los Decretos 1075 de 2015, 1272 de 2015, 2354 de 2018, 298 de 2020, 966 de 2021 y 284 de 2024.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2017-

00791-00 (4203-17).
44 Corte Constitucional, sentencia T-981 de 2012.
45 Ib.

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Conforme al anterior razonamiento, en este caso no es posible aplicar el principio
de favorabilidad, ya que no existe duda en la aplicación de una norma; por el
contrario, el Decreto 2418 de 2015 no incluyó expresamente a los docentes como
destinatarios de la bonificación por servicios prestados.

Bajo este contexto, la Sala no cuenta con fundamentos suficientes para extender
dicho emolumento a los demandantes, motivo por el cual se confirmará el proveído
apelado que negó las súplicas de la demanda.

2.4.4. Cuestión final

La apoderada de los accionantes culminó su escrito de apelación indicando que
«con la presentación de los alegatos ante el tribunal de Caldas, la suscrita realizó
solicitud DE PRUEBAS DE OFICIO con respecto a los siguientes documentos con el fin
de esclarecer ciertas situaciones y circunstancias de mis mandantes al momento de
ser vinculados por ente el territorial, ante esta petición el Tribunal de Caldas no se
pronunció al respecto».

La citada afirmación no corresponde a un argumento que se oponga a la sentencia
apelada, por lo que no es posible estudiarla en esta instancia. Además, la
mandataria de los actores no indicó a cuáles pruebas se refería ni los hechos que
pretendía demostrar con ellas. Adicionalmente, no estamos frente a una solicitud
probatoria en segunda instancia, en los términos del artículo 212 del CPACA. De
manera que la Sala se abstendrá de hacer análisis adicionales frente a ello.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

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Demandante: Wilson García Quiceno y otros

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,46 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

Por su parte, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que
contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe confirmarse.

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00549-01 (2609-2021)
Demandante: Wilson García Quiceno y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso
promovido por los señores Wilson García Quiceno y otros contra la Nación -
Ministerio de Educación y el municipio de Manizales.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg

29

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