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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2019-00571-01

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2019-00571-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia de primera instancia proferida el 6 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, los cuales quedarán así: PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones RDO-2018-02163 de 27 de junio de 2018, por medio de la cual se profirió Liquidación Oficial por parte de la Unidad Administrativa 12 En este mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 26808, reiterada en las sentencias del 4 de abril de 2024, exp. 28342 y 20 de febrero de 2025, exp.28953, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473) Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y RCD 2019-01071 de 26 de junio de 2019, por medio de la cual se decidió recurso de reconsideración y se confirmó en su integridad la Liquidación Oficial RDO-2018-02163 de 27 de junio de 2018, por las consideraciones expuestas. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, declarar que el demandante, señor Jairo Alonso Alzate Echeverry está obligado a pagar, en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la suma de tres millones doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta pesos ($3.275.430) por concepto de inexactitud en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión para el año gravable 2015 y un millón novecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos ($1.965.258) por concepto de sanción por inexactitud. 2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 17001-23-33-000-2019-00571-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante JAIRO ALONSO ALZATE ECHEVERRY
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes. Reconocimiento de costos y gastos para
la determinación del IBC

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 6 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Cuarta de Decisión, que dispuso lo siguiente 1:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDO-2018-02163 de 27 de junio de 2018, por
medio de la cual se profirió Liquidación Oficial por parte de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y RCD
2019-01071 de 26 de junio de 2019, por medio de la cual se decidió recurso de reconsideración
y se confirmó en su integridad la Liquidación Oficial RDO-2018-02163 de 27 de junio de 2018,
por las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
declarar que el demandante, señor Jairo Alonso Alzate Echeverry está obligado a pagar, en
favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, la suma de tres millones doscientos setenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta pesos ($3.275.460) por concepto de inexactitud en el pago de los aportes
al sistema de seguridad social en salud y pensión para el año gravable 2015 y un millón
novecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos ($1.965.258) por concepto
de sanción por inexactitud.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: No condenar en costas ni agencias en derecho en esta instancia, por las
consideraciones expuestas. (…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2017-01983 del 13 de
septiembre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la
resolución RDO 2018-02163 del 27 de junio de 2018, en la que profirió liquidación
oficial a cargo del actor por los aportes a salud y pensión por inexactitud durante los
meses de enero a diciembre de 2015, y lo sancionó por esa misma conducta.

1
Samai del Tribunal. Índice 23.

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

Contra la anterior decisión, la demandante presentó el recurso de reconsideración,
el cual fue decidido en la resolución RDC 2019-01071 del 26 de junio de 2019, en el
sentido de confirmar la liquidación 2.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones 3:
3. PRETENSIONES.

3.1. DECLARACIONES.
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDO-2018-02163 de junio 27 de 2018,
por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial por parte de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
a través de la cual se le determinaron los aportes por pagar a los Subsistemas de Salud y
Pensión y se le impuso sanción al señor Alzate por inexactitud correspondiente al año fiscal
2015.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDC 2019-01071 de junio 26 de
2019, notificada por el sistema de edicto el día 5 de agosto de 2019, proferida por la misma
Entidad, y por medio de la cual se profirió fallo al Recurso de Reconsideración interpuesto
contra la Liquidación Oficial enunciada en el punto 1 del presente escrito, en tanto y en cuanto
decidió confirmar en su integridad la liquidación Oficial RDO-2018-02163 de junio 27 de 2018.
3.2 A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO .
Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del
Derecho, solicito a la Sala de Decisión del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(sic), a quien corresponda el conocimiento del presente asunto:
PRIMERO: que se confirmen las liquidaciones privadas a través de las cuales el señor JAIRO
ALONSO ÁLZATE ECHEVERRY realizó los aportes a los Subsistemas de Salud y pensión por los
doce meses del año 2015.
SEGUNDO: Que se declare que el señor JAIRO ALONSO ALZATE ECHEVERRY , no está obligado a
pagar los mayores valores determinados en los actos demandados a los Subsistemas de
Salud y Pensión por cada uno de los doce meses del año 2015, al igual que no le corresponde
pagar sanción alguna y que en consecuencia se archive el expediente en contra de mi
poderdante.

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 4, 6,
29, 83, 209 y 363 de la Constitución Política; 683 y 777 del Estatuto Tributario; 10
de la Ley 43 de 1990; 1, 3 y 138 de la Ley 1437 de 2011, Ley 1753 de 2015 y el
Decreto Ley 169 de 2008. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

Expuso que en varias ocasiones puso de presente a la UGPP la complejidad de
enviarle como prueba la totalidad de los documentos contables que soportaban sus
ingresos, costos y gastos, pues se trataban de al menos 4.000 copias, más aún por
la restricción que la misma entidad impuso sobre el envío de información, ya que
solo podía aportarse en memoria USB o medio magnético sin el uso de plataformas
especiales como One Drive o Dropbox.
2
Los actos administrativos demandados pueden consultarse en el índice 21 de Samai del Tribunal. PDF antecedentes
3
Samai del Tribunal. Índice 20. Expediente digital. PDF demanda

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

Por esta razón, solicitó la práctica de una inspección a su negocio para que se
verificara la exactitud de los datos reportados en su declaración de renta y en
general toda su información contable, tal como lo permitían los artículos 778 y 780
del Estatuto Tributario, sin embargo, la prueba fue negada aduciendo un desgaste
para la administración, pasando con ello por encima de sus derechos al debido
proceso y de defensa.

Además, la demandada le otorgaba un carácter residual a dicha prueba al
manifestar que solo estaba encaminada a corroborar la existencia de hechos que
por su naturaleza no podían acreditarse por otros medios, desconociendo que ante
la imposibilidad de trasladar todos los documentos contables a las instalaciones de
la UGPP era imposible verificar su contabilidad, dejando en evidencia el
incumplimiento de sus funciones en la determinación del correcto y adecuado pago
de los aportes.

Si bien el artículo 236 del Código General del Proceso consagró una inspección
judicial, en este caso debía observarse lo dispuesto en los artículos 742 a 791 del
Estatuto Tributario referente a la inspección tributaria, en virtud de la remisión del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

2. Desconocimiento del principio de la buena fe

Adujo que la administración desconoció que el estado de resultados de pérdidas y
ganancias era uno de los anexos del certificado expedido por el profesional
encargado de manejar esa información en el supermercado que era de su
propiedad, con el cual también se aportaron gran parte de los libros contables. De
manera que, si la demandada los consideraba insuficientes, debió ejercer sus
facultades de verificación en los términos del artículo 777 del Estatuto Tributario y
el Decreto Ley 169 de 2008.

Manifestó que la UGPP se limitó a solicitar información sin pronunciarse sobre las
circunstancias del obligado, y sin considerar o valorar la particularidad del tipo de
negocio del cual derivaba su actividad económica.

3. Falsa motivación

Advirtió que los libros de contabilidad constituyen una prueba a favor de los
aportantes, así mismo, el certificado del contador superó el formato predeterminado
que la UGPP ordena diligenciar en su instructivo web, por cuanto detalla los libros,
cuentas y asientos correspondientes a los hechos objeto de investigación. Todo lo
cual debía tomarse en cuenta por mandato de los artículos 777 del Estatuto
Tributario y 10 de la Ley 43 de 1990, so pena de las verificaciones que la entidad
estimara pertinentes.

Explicó que en los procedimientos administrativos es necesario valorar en debida
forma las pruebas allegadas, lo cual fue desconocido por la UGPP al tomar en cuenta
la prueba de la certificación contable únicamente en lo que le perjudicaba al
demandante, esto es, sus ingresos, sin tener en consideración la razonabilidad de
los costos en que tuvo que incurrir para desarrollar su actividad económica.

Advirtió que la información contable constituía una unidad probatoria, por lo que mal
hacía la demandada en valorarla de manera fraccionada, so pena de vulnerar el
principio de indivisibilidad de la prueba.

3
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Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

Reprochó que la UGPP en la liquidación oficial consignara la imposibilidad de
establecer el cumplimiento de requisitos para aceptar la deducción de expensas,
pues lo que en realidad ocurrió fue una inactividad probatoria por parte de la
autoridad y una negligencia para revisar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario a efectos de depurar la base
gravable.

Tampoco era procedente que la entidad exigiera requisitos adicionales, como lo
dispuesto en el artículo 771-2 ibidem, pues se trataba de una disposición aplicable
únicamente para que la DIAN permitiera la procedencia de costos, deducciones e
impuestos descontables en materia de renta e IVA.

Adujo que a la UGPP le asistía la facultad de cuestionar la relación de causalidad,
necesidad y proporcionalidad de las erogaciones, y para ello debió inspeccionar los
libros de contabilidad, los asientos y el costo de los inventarios, así como los más
de 4.000 comprobantes tanto internos como externos que respaldaban las
operaciones, sin incluirse el valor total del IVA.

Puso de presente que, en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del
17 de agosto de 2017, exp 21450 se abordó el tema de la indivisibilidad de la prueba,
especialmente la contable.

Oposición de la demanda

La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente 4:

De manera previa, hizo referencia a los elementos de la contribución a cargo de los
trabajadores independientes

En cuanto al desconocimiento de los derechos de defensa y audiencia y el principio
de buena fe ante la negativa de practicar una inspección tributaria en las
instalaciones del demandante, expuso que era su responsabilidad aportar las
pruebas idóneas para determinar los costos y gastos que pretendía depurar de la
base gravable por encontrarse en una mejor posición para ello, lo cual no hizo.
Además, dicha inspección era un desgaste para la administración, pues solo era
viable para corroborar la existencia de hechos que por su naturaleza o atributos no
podían acreditarse por otro medio y no para subsanar la omisión probatoria del
aportante.

No obstante, las erogaciones alegadas por el interesado debían cumplir con el lleno
de unos requisitos para su validez, lo cual no podía deducirse de la simple lectura
de la declaración de renta. En todo caso la información contable aportada en el
curso del proceso de fiscalización solo sirvió para comprobar los ingresos de la
vigencia cuestionada y de allí tampoco podían verificarse lo exigido en los artículos
107 y 771-2 del Estatuto Tributario.

Sobre la falsa motivación indicó que los actos fueron expedidos con fundamento en
el marco normativo vigente relacionado con la obligatoriedad en la afiliación al
sistema de seguridad social y se explicaron las razones que dieron lugar a la
inexactitud. Así las cosas, los actos tenían consideraciones, marco legal,
antecedentes, análisis y conclusiones.
4
Samai del Tribunal. Índice 20. PDF contestación.

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Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

Adujo que la certificación contable aportada por el demandante no contenía ningún
grado de detalle en los términos que lo exigía el artículo 777 del Estatuto Tributario,
pues únicamente enunció los costos y gastos, sin comprobantes externos que
soportaran esa información.

Adicionalmente, se refirió al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y sostuvo que en
virtud del principio de irretroactividad no era posible su aplicación para los períodos
de enero a junio de ese año, de manera que para esos meses debía atenderse la
determinación de la base de cotización conforme a la Ley 100 de 1993 (modificada
por la Ley 797 de 2003) y el Decreto 510 de 2003, esto es, el ingreso efectivamente
percibido con la posibilidad de deducir las expensas que cumplan con los requisitos
de necesidad, causalidad y proporcionalidad.

Si bien en el proceso de fiscalización se aportó el estado de resultados pérdidas y
ganancias del año 2015, no se podía considerar como prueba contable porque esta
es unidad conformada por los libros, comprobantes externos e internos, por los que
los documentos allegados por sí solos no eran suficientes.

También mencionó la declaración de renta y precisó que era responsabilidad del
interesado demostrar la mensualización de los ingresos allí reportados, frente a lo
cual optó por guardar silencio en la etapa de determinación, por esta razón fueron
divididos en los 12 meses fiscalizados en partes iguales, sin que constituyeran una
presunción por cuanto estaban probados. Así mismo, las expensas requerían el
cumplimiento de requisitos legales.

Además, se pronunció de las planillas y señaló que fueron aplicados los pagos
reportados en la base de datos del Ministerio de Salud y la Protección Social a
nombre del demandante.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, accedió parcialmente
a las pretensiones y dispuso lo siguiente 5:

De manera previa se refirió a las normas que regulan la obligación de los
independientes de afiliarse y cotizar al sistema de seguridad social, así como las
facultades de fiscalización con que cuenta la UGPP.

Posteriormente, advirtió que para el cálculo del IBC para los meses fiscalizados de
2015, la demandada tomó los ingresos brutos de la declaración de renta del actor
de ese mismo año, en virtud del principio de veracidad consagrado en el artículo
746 del Estatuto Tributario. No obstante, en criterio del Consejo de Estado 6, la
depuración de la base gravable en materia de contribuciones parafiscales debía
atender también las erogaciones reportadas en el denuncio rentístico, pues era
inviable tomar la información de manera parcializada.

Bajo esas consideraciones ordenó reliquidar los ajustes tomando para ello los
ingresos de la declaración ($1.957.601.000) menos los costos y gastos
($1.919.285.000), dicho resultado ($38.316.000) fue asignado en partes iguales
para los meses de enero a junio ($3.193.000), mientras que para los períodos de
julio a diciembre se le aplicó el 40% ($1.277.200).

5
Samai del Tribunal. Índice 23
6
Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 26 de junio de 2024, exp 28302, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.

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Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

Puso de presente que el demandante, con la respuesta al requerimiento para
declarar y/o corregir reajustó el pago por concepto de aportes a los subsistemas de
salud y pensión por el año 2015 con el 40% de que trata el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015. Sin embargo, no era aplicable desde enero a junio de 2015 porque
su vigencia fue desde el 9 de junio de 2015.

Aclaró que la declaratoria de inexequibilidad de dicha norma en la sentencia C-219
del 22 de mayo de 2019, en nada afectaba los períodos fiscalizados, por cuanto sus
efectos fueron diferidos por la Corte Constitucional hasta el vencimiento de las dos
legislaturas ordinarias siguientes.

Resaltó que el demandante allegó las planillas de autoliquidación de aportes, sin
embargo, no fueron legibles, por lo que atendiendo a que el valor cancelado por
salud y pensión no estaba en controversia, dispuso aplicar los pagos que fueron
consignados en las liquidaciones oficiales realizadas por la UGPP, así:
IBC Salud Pensión Salud Pensión Diferencia Diferencia
Periodo
Mensualizado 12.5% 16% Pagado Pagado salud pensión
2015-01 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480
2015-02 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480
2015-03 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480
2015-04 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480
2015-05 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480
2015-06 $3.193.000 $399.125 $510.880 $159.700 $204.400 $239.425 $306.480
2015-07 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48
2015-08 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48
2015-09 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48
2015-10 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48
2015-11 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48
2015-12 $1.277.200 $159.650 $204.352 $159.700 $204.400 -$50 -$48
Total $1.436.550 $1.838.880

A su vez, la sanción correspondía al 60% de la inexactitud por disposición de los
artículos 179 de la Ley 1607 de 2012 y 314 de la Ley 1819 de 2016.

En ese orden, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y, a título de
restablecimiento del derecho ordenó que el demandante debía pagar por aportes
$3.275.460 (sic) y por sanción de inexactitud $1.965.258. Se abstuvo de analizar
los demás cargos de nulidad, y precisó que el actuar de la entidad no contrariaba la
lealtad procesal ni la buena fe.

Tampoco confirmó las liquidaciones privadas presentadas por el aportante ya que
en este caso el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 solo era aplicable para los
aportes generados a partir de su vigencia (9 de junio de 2015).

Finalmente, no condenó en costas debido a que no se encontraron causadas y las
pretensiones prosperaron parcialmente.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión por lo que pasa a exponerse 7.

Manifestó que, en cumplimiento de las funciones de fiscalización asignadas por el
legislador requirió al interesado para que aportara información sobre sus ingresos y
costos, pero fue renuente en su deber de colaboración, lo que llevó a la expedición

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Samai del Tribunal. Índice 26.

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Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

de los actos demandados recurriendo al artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, norma
que establece la presunción de capacidad de pago de los declarantes de renta, y
aunque se trata de un tributo diferente a las contribuciones parafiscales, podía
tomarse su información como una fuente de obligaciones.

Resaltó que para la determinación del IBC se podían descontar las expensas
necesarias para el desarrollo de la actividad económica siempre y cuando
cumplieran con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad del
artículo 107 del Estatuto Tributario. Así, una vez evidenciada la capacidad de pago
del trabajador independiente se solicita la información necesaria para verificar
dichos requisitos, la cual se encuentra en manos de la persona a quien se le inicia
el proceso de fiscalización.

Señaló que no compartía el criterio del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de
dividir la prueba, refiriéndose a la declaración de renta, pues la información allí
reportada estaba encaminada a demostrar los ingresos, deducciones y patrimonio
durante un período específico, pero para efectos de ese impuesto, además, las
expensas en ocasiones no guardaban relación alguna de causalidad,
proporcionalidad y necesidad con la actividad productora de renta, y su revisión se
escapaba a la competencia de la UGPP.

Por esta razón se vio en la necesidad de solicitar las pruebas que soportaran los
costos a fin de establecer la relación con la actividad productora de renta del
demandante y con ello determinar su ingreso base de cotización mensual, sin
embargo, el interesado guardó silencio, lo cual de ninguna manera podía ser
premiado, por el contrario, debía aplicarse con rigurosidad la ley y asumir las
consecuencias de ello.

Además, por mandato del artículo 742 del Estatuto Tributario, las decisiones de la
administración deben fundarse en los hechos que aparezcan probados en el
expediente. De manera que una vez propuesta la modificación de las
autoliquidaciones mediante la expedición del requerimiento para declarar y/o
corregir le corresponde al aportante la carga de la prueba, esto es, allegar los
soportes que respalden sus afirmaciones.

Como en el presente caso el demandante no remitió prueba alguna que acreditara
la liquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social en forma correcta,
determinó las obligaciones con base en los cruces de información que realizó para
establecer su capacidad de pago, sin que ello implique vulnerar su derecho al
debido proceso.

Manifestó que de continuarse aplicando la tesis del Consejo de Estado perdería
sentido la creación de la Unidad y, por ende, su objetivo primordial de reducir la
evasión, omisión e inexactitud de los aportes parafiscales.

Advirtió que en materia de trabajadores independientes por cuenta propia los
aportes al sistema debían efectuarse conforme a sus ingresos efectivamente
percibidos, con el derecho a deducir las sumas necesarias para desarrollar su
actividad lucrativa bajo los mandatos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Además, el artículo 3 del Decreto 510 de 2003 fijó como montos mínimos y máximos
entre 1 y 25 SMMLV, lo cual demostraba que la base estaba fijada en el ordenamiento
jurídico sin necesidad de recurrir a reglas establecidas para los trabajadores
independientes vinculados por prestación de servicio.

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Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

Asimismo, de conformidad con los artículos 25 del Decreto 1406 de 1999 y 33 de la
Ley 1438 de 2011, era posible que la UGPP tomara la información obtenida del cruce
de datos de la renta y complementarios «del año gravable 2019» con el fin de establecer
una presunción de capacidad de pago. Aunado a esto, los valores reflejados en los
denuncios rentísticos si bien gozan de presunción de certeza, no impiden la
comprobación de los datos consignados, sin que ello implique asumir competencias
asignadas a la DIAN.

Insistió en la improcedencia de tomar el renglón de costos de la declaración de renta
para efectos de depurar la base gravable de las contribuciones parafiscales, pues
la UGPP en el ejercicio de sus competencias podía requerir al aportante la
información sobre sus ingresos y expensas a fin de liquidar la base de cotización.
En el proceso de fiscalización, ante la falta de sustento probatorio de los costos «se
hizo uso del esquema de presunción de costos» , y en todo caso, el interesado tampoco
demostró cuáles fueron las expensas supuestamente desconocidas.

Finalmente, solicitó que, en caso de no revocarse la sentencia de primera instancia,
se abstuviera de imponer condena en costas a la entidad, por cuanto el objeto del
asunto era de interés público.

Oposición a la apelación

La demandante guardó silencio.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público 8 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
para lo cual adujo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
los costos y gastos de la declaración de renta deben ser valorados por la UGPP en
igualdad de condiciones que los ingresos para efectos de la base de cotización.
Además, en el expediente administrativo constaba que el demandante aportó
documentos contables, así mismo solicitó la práctica de una inspección tributaria a
efectos de que fuera verificada su información económica, la cual fue negada.

Consideró como acertada la posición del a quo al aplicar el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015 que fijó el 40% del ingreso mensualizado para los trabajadores
independientes solamente desde su vigencia. Precisó que los actos demandados
adolecían de falsa motivación por valorar parcialmente la declaración de renta y
desestimar la contabilidad del demandante.

Sumado a esto, los argumentos de apelación de la entidad eran insuficientes para
desvirtuar la decisión de primera instancia, por el contrario, confirmaban la indebida
valoración de las pruebas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada contra la sentencia de primera instancia que decidió la nulidad
de las resoluciones RDO 2018-02163 del 27 de junio de 2018 y RDC 2019-01071 del

8
Samai. Índice 11.

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Radicado: 17001-23-33-000-2019-00571-01 (30473)
Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

26 de junio de 2019, por medio de las cuales la UGPP determinó los aportes a salud
y pensión a cargo del actor por los meses de enero a diciembre de 2015 y lo
sancionó por inexactitud.

Análisis del caso concreto

Como cuestión preliminar se pone de presente que en este caso no se discute la
obligación del demandante de pagar los aportes, las normas que regulan la base
gravable de los independientes ni el monto mínimo o máximo de cotización, el punto
de inconformidad radica únicamente en la depuración del IBC. Tampoco se
controvierte el sistema de presunción de costos, porque contrario a lo dicho en el
recurso de apelación, en los actos demandados no se mencionó esta circunstancia 9.

Así las cosas, los argumentos expuestos por la entidad están encaminados a
cuestionar el reconocimiento de costos y gastos de la declaración de renta 10 que
ordenó el Tribunal para efectos de la depuración de la base gravable, para lo cual
menciona que en el curso del proceso de fiscalización el interesado no aportó
pruebas que soportaran sus erogaciones.

Así mismo, resalta la posibilidad de que algunas expensas del denuncio rentístico
no cumplieran con los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad del
artículo 107 del Estatuto Tributario, razón por la cual le fue requerido al demandante
los soportes correspondientes, frente a lo cual guardó silencio.

Puso de presente que aceptar la tesis del Consejo de Estado sobre la materia
conduciría a que perdería sentido la creación de la Unidad y, por ende, su objetivo
primordial de reducir la evasión, omisión e inexactitud de los aportes parafiscales.

Al respecto se indica que el demandante contestó los requerimientos de información
y para declarar y/o corregir, allegando la declaración de renta del año gravable 2015,
así como diferentes documentos contables, por lo que no le asiste razón a la
demandada cuando afirma en su recurso de apelación que el aportante no allegó
pruebas, cuestión diferente es el valor que se le haya dado a estas.

Ahora bien, sobre la remisión a la declaración de renta, la Sección ha considerado
en repetidas ocasiones 11 que no puede ser parcializada para valorar únicamente los
ingresos, sino que también deben tenerse en cuenta los costos y gastos en que
incurrió el contribuyente para desarrollar la actividad económica, puesto que la
presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 cobija a toda la declaración.

La anterior conclusión se sustenta en que i) el artículo 250 del Código General del
Proceso señala que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es
indivisible; ii) la UGPP puede solicitar comprobaciones especiales de las
erogaciones, pero la declaración de renta demuestra tanto los ingresos como las
erogaciones, sin que sea admisible que este documento acredite las situaciones
que perjudican al demandante, pero no las que lo benefician; y iii) la presunción de
veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta no puede ser controvertida

9
Se pone de presente que en el trámite de la primera instancia la demandada presentó oferta de revocatoria directa. El
tribunal en auto del 15 de junio de 2021 la tuvo como no aceptada dado que la parte demandante no se pronunció al
respecto.
10
Desde la oposición la UGPP hizo referencia a la improcedencia de tomar los costos y gastos declarados en renta.
11
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencias del 24 de noviembre de 2022, exp. 26206; del 2 de octubre de 2025,
exp 28613, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

por una autoridad distinta a la DIAN, conforme el artículo 702 del Estatuto Tributario
y el Decreto 4048 de 200812.

De conformidad con el precedente expuesto, no le asiste razón a la demandada al
pretender desconocer el reconocimiento de las erogaciones reportadas en el
denuncio rentístico del demandante para el año 2015, en la medida que si parte de
los ingresos de dicha declaración debe tomar las erogaciones igualmente
registradas allí a efectos de determinar el IBC de los aportes al sistema de seguridad
social, tal como lo consideró el a quo en su decisión.
Frente a los argumentos de la entidad en cuanto al impacto de las decisiones
judiciales que han aceptado la depuración de los costos reportados en renta, se
observa que lo expuesto en nada deslegitima el proceso de fiscalización ni la
creación de la UGPP, puesto que la administración puede requerir la comprobación
de los costos y gastos, cuestión diferente es que no le asigne el valor
correspondiente a la declaración como medio de prueba válido para efectos de la
determinación de la obligación.
De esta manera el recurso de apelación de la demandada no tiene vocación de
prosperidad.

Finalmente, se advierte que en la sentencia de primera instancia se ordenó declarar
la nulidad de las resoluciones demandadas, sin embargo, esa nulidad debe ser
parcial y no total en la medida que la obligación de aportar existe y es legal, razón
por la cual se modificará el ordinal primero de la decisión de primera instancia para
declarar lo correspondiente.
También se pone de presente que en el tribunal incurrió en un error aritmético en la
sumatoria de los aportes, pues corresponde a $3.275.430, razón por la cual se
modificará el ordinal segundo para identificar el valor correcto.

Condena en costas

El tribunal no condenó en costas, decisión que no fue apelada. Ahora bien, como
en sede de apelación se mantiene la decisión de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, no hay lugar a su imposición en esta instancia, de
conformidad con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso
aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia de primera instancia
proferida el 6 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Cuarta de Decisión, los cuales quedarán así:

PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones RDO-2018-02163 de 27 de junio de
2018, por medio de la cual se profirió Liquidación Oficial por parte de la Unidad Administrativa

12
En este mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 26808, reiterada
en las sentencias del 4 de abril de 2024, exp. 28342 y 20 de febrero de 2025, exp.28953, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.

10
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Demandante: Jairo Alonso Alzate Echeverry

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
y RCD 2019-01071 de 26 de junio de 2019, por medio de la cual se decidió recurso de
reconsideración y se confirmó en su integridad la Liquidación Oficial RDO-2018-02163 de 27
de junio de 2018, por las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
declarar que el demandante, señor Jairo Alonso Alzate Echeverry está obligado a pagar, en
favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, la suma de tres millones doscientos setenta y cinco mil
cuatrocientos treinta pesos ($3.275.430) por concepto de inexactitud en el pago de los aportes
al sistema de seguridad social en salud y pensión para el año gravable 2015 y un millón
novecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos ($1.965.258) por concepto
de sanción por inexactitud.

2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

11
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