Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2020-00042-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2020-00042-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2020-00042-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 17001233300020200004201 (74702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: Neider Pérez Gallo y otros
Referencia: Repetición
Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – se computa a partir del día siguiente a la
fecha del pago de la condena o del vencimiento del plazo establecido en la ley para hacerlo, lo que
ocurra primero.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandante contra la sentencia que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad.
Se pretende el reembolso de la suma pagada por la Nación - Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional producto de una condena judicial que le fue impuesta en un proceso
de reparación directa.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 24 de abril de 20261 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, que declaró probada de oficio la
excepción de caducidad de la demanda presentada por la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional el 18 de noviembre de 20192, contra Neider Gallo Pérez,
Luis Fernando Pineda Riobo, William Huila Pizzo y Nelson Caro Jiménez, con el
propósito de que fueran declarados responsables y reembolsaran la suma de dinero
que la entidad tuvo que pagar con ocasión de la condena que le fue impuesta en el
proceso de reparación directa radicado bajo el número 17001333100320100012702.
2. Los fundamentos de hecho y de derecho en los que se sustentaron las pretensiones
fueron, los siguientes:
Hechos
3.El 19 de diciembre de 2007, el señor José Abelardo Cardona López fue presentado
como muerto en combate entre el frente 47 de las FARC y miembros del Batallón de
Contraguerrillas No. 93 del Ejército Nacional.
1 Índice 31 SAMAI, T.A.
2 Índice 30, SAMAI, T.A.
1
Radicación: 17001233300020200004201 (74702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Neider Pérez Gallo y otros
Referencia: Repetición
4. Los hechos dieron lugar a que se adelantaran actuaciones en la justicia penal militar,
la cual, al valorar las declaraciones rendidas por los ahora demandados, concluyó que
presentaban incongruencias que impedían establecer que la muerte del señor Cardona
López se hubiese dado en un enfrentamiento armado; en cambio, estableció que el
occiso fue interceptado y conducido a un lugar en el que fue asesinado; asimismo, que
el radio de comunicaciones y el arma que supuestamente traía consigo no estaban en
condiciones aptas para su uso.
5. Los familiares del fallecido presentaron demanda de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, proceso en el que se emitió una
condena en su contra para que reparara los daños materiales e inmateriales causados
a los demandantes.
6. En cumplimiento de la sentencia condenatoria, la entidad profirió la Resolución No.
4094 del 12 de junio de 2018, en la que ordenó el pago de $611’546.973 en favor de
los beneficiarios de la condena.
Fundamentos de derecho
7. Señaló que se configuran los elementos de la responsabilidad de los demandados,
en tanto existe una condena en firme en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y la causa se atribuye a agentes del Estado a título de dolo.
La contestación de la demanda
8. En el término de traslado de la demanda el curador ad litem3 se pronunció para
señalar que se atenía a lo que resultara probado en el proceso4.
Trámite primera instancia
9. Agotada la etapa probatoria5, a través de proveído del 18 de octubre de 2022 se
corrió traslado para alegar de conclusión6. Intervino la entidad pública para reafirmar
los argumentos de su demanda7. La contraparte no se pronunció.
3 Mediante auto del 31 de julio de 2020 se ordenó la notificación a los demandados por emplazamiento. Dado que
no acudieron al proceso, mediante auto del 9 de diciembre de 2021 se designó curador ad litem, quien tomó
posesión de su cargo el 28 de enero de 2022 (índice 30, SAMAI, T.A.)
4
índice 30, SAMAI, T.A.
5 La audiencia inicial se surtió el 6 de agosto de 2022. En el curso de esta diligencia, entre otras cosas, se fijó el
litigio y se decretaron las siguientes pruebas: (i) las documentales aportadas con la demanda, su corrección y con
la contestación, (ii) se ordenó oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que remitiera con destino al proceso
copia del expediente contentivo de las investigaciones adelantadas en contra de los demandados por los hechos
en los que se funda la demanda de repetición; (iii) se ordenó oficiar a la tesorería del Ministerio de Defensa para
que certificara el pago efectivo del valor de la condena, según la Resolución No. 494 del 12 de junio de 2018; y (iv)
se ordenó oficiar al Ejército Nacional para que remitiera con destino al proceso copia de la hoja de vida de los
demandados, identificación, domicilio y para que certificara acerca de su condición de militares (índice 2, SAMAI,
C.E.)
6 Índice 30, SAMAI, T.A.
7 Índice 30, SAMAI, T.A.
2
Radicación: 17001233300020200004201 (74702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Neider Pérez Gallo y otros
Referencia: Repetición
10. El Ministerio Público conceptuó que se debe acceder a las pretensiones porque se
encontraban acreditados los elementos que configuraban la responsabilidad de los
demandados8.
La decisión del tribunal
11. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, declaró probada
de oficio la excepción de caducidad. Con base en lo dispuesto en el literal l) del numeral
2 del del art. 164 de la Ley 1437 de 2011, señaló que en este caso el término para
presentar la demanda se computó desde el vencimiento del plazo que tenía la
administración para realizar el pago porque antes de ese momento no había cumplido
esa obligación. Sin embargo, la demanda se radicó por fuera de esa oportunidad 9.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
12. La entidad demandante señaló que se debe revocar la sentencia impugnada por las
siguientes razones: (i) la norma aplicable para determinar la oportunidad de la
demanda es el art. 11 de la Ley 678 de 2001; (ii) existen sendas providencias emitidas
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que señalan que el momento a
partir del cual se debe computar el plazo es a partir del pago de la condena, lo que se
explica en que es presupuesto necesario para la repetición; (iii) el Ministerio de
Defensa es una de las entidades públicas que tiene el mayor número de condenas en
su contra, además, para su pago debe seguir el trámite establecido en diferentes
decretos, por lo cual la demora en el cumplimiento de esas obligaciones no le es
atribuible; y, (iv) el juez debe evaluar la actividad procesal y administrativa en favor de
la protección del patrimonio público10.
Trámite de segunda instancia
13. A través de auto del 10 de junio de 2026 11, el Tribunal concedió el recurso de
apelación, el cual fue admitido por esta Corporación en proveído del 22 de julio de
202612.
14. De conformidad con lo regulado por el artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión dado que no fue necesario decretar pruebas. El Ministerio Público no
intervino.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Objeto del recurso de apelación
15. Corresponde a la Sala establecer si el término para presentar la demanda debía
computarse teniendo como parámetro la fecha en la que la entidad pública realizó el
pago de la condena y no la del vencimiento del plazo para hacerlo.
8 Índice 30, SAMAI, T.A.
9 Índice 31, SAMAI, T.A.
10 Índice 34, SAMAI, T.A.
11 Índice 36 SAMAI, T.A.
12 Índice 10 SAMAI, C. E.
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Radicación: 17001233300020200004201 (74702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Neider Pérez Gallo y otros
Referencia: Repetición
16. Por las razones que pasan a exponerse, se confirmará la sentencia recurrida.
17. A través de sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del Dcto. 01 de
1984 —C.C.A.— que disponía que “[l]a de repetición caducará al vencimiento del plazo
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado
por la entidad”, bajo el entendido que “el término de caducidad de la acción empieza a
correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar,
desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del
Código Contencioso Administrativo”. Como fundamento, expresó que:
18. (i) La determinación legislativa en cuanto a que el plazo empiece a computarse
después de que se realice el pago de la condena es una medida razonable, por cuanto
se trata de un presupuesto necesario para iniciar la acción, pues resultaría contrario a
derecho repetir por un pago que no se hubiere hecho; además, porque tiene en cuenta
el término establecido en la ley para que la entidad cumpla con los trámites
presupuestales para cumplir la obligación.
19. (ii) La norma no consagra una prerrogativa desproporcionada para la administración
pública porque la oportunidad para realizar el pago de la condena no es indeterminada,
sino que está regulada en la ley, por lo mismo, el funcionario presuntamente
responsable no tendrá que esperar indefinidamente para saber si será vinculado en
una acción de repetición por un determinado hecho o conducta, por lo cual tampoco
vulnera su derecho al debido proceso.
20. (iii)El texto no desconoce el derecho a la igualdad porque, a diferencia de otras
acciones, el sujeto que funge como demandante en la de repetición es una entidad
pública y, por tanto, el interés que promueve a través suyo tampoco es comparable
con el interés de un particular, puesto que está determinado por el interés general.
21. (iv) No obstante, si se desbordan los límites señalados en la ley para el pago de las
condenas judiciales, se vulneraría el derecho al debido proceso del servidor
presuntamente responsable; por tanto, para ser compatible con la Constitución, se
debe entender que la oportunidad para presentar la demanda de repetición empieza a
computarse “a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4
del Código Contencioso Administrativo”.
22. En esa providencia la Corte Constitucional no hizo alusión expresa al art. 11 de la
Ley 678 del 3 de agosto de 2001; sin embargo, las consideraciones que desarrolló son
completamente aplicables a esa norma, por cuanto reprodujo lo indicado en el numeral
9 del art. 136 del C.C.A. En efecto, antes de la modificación introducida por la Ley 2195
de 2022, el referido art. 11 disponía13: “[l]a acción de repetición caducará al
13 Fue modificado por el art. 42 de la Ley 2195 de 2022 que señala: “La acción de repetición caducará al vencimiento
del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto
en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El término de caducidad dispuesto en el presente artículo aplicará a las condenas, conciliación o cualquier otra
forma de solución de un conflicto permitida por la ley que quede ejecutoriada con posterioridad a la entrada en
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Referencia: Repetición
vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha
del pago total efectuado por la entidad pública”.
23. Este razonamiento fue expresamente señalado por la Corte Constitucional en
sentencia C-394 de 2002. En esta providencia resolvió estarse a lo dispuesto en la
sentencia C-832 de 2001 respecto de la expresión “contados a partir del día siguiente
de la fecha del pago total efectuado por la entidad" contenida en el mencionado art. 11
de la Ley 678 de 2011, por haberse configurado en relación con aquella el fenómeno
de cosa juzgada material.
24. Posteriormente, la Ley 1437 de 2011, en el literal l) del numeral 2 del art. 164 —
aplicable a este caso— reguló la oportunidad para presentar la demanda de repetición
y para ello incorporó al texto el condicionamiento al que la Corte Constitucional había
sometido el entendimiento del numeral 9 del art. 136 del C.C.A. y del art. 11 de la Ley
678 de 2001 en aras de que se ajustara a la Constitución, así:
“l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término
será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a
más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para
el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código”.
25. En ese contexto, debe concluirse que no le asiste razón a la apelante al señalar que
para determinar la oportunidad de la demanda se debía acudir a lo dispuesto en el art.
11 de la Ley 678 de 2001 por tratarse de una norma especial que debía primar sobre
lo dispuesto en el literal I) del numeral 2 del art. 164 de la Ley 1437 de 2011 en relación
con esa misma materia, puesto que, al aplicar respecto de aquel artículo lo dicho por
la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, no es posible afirmar que exista
entre tales disposiciones una antinomia normativa que imponga la primacía de una
sobre otra.
26. En su recurso, la entidad pública afirmó que existen sendas providencias de esta
jurisdicción en las que se habría señalado que el cómputo del término para presentar
la demanda de repetición comienza a partir del día siguiente al del pago de la condena
por ser un presupuesto necesario para reclamar del servidor público presuntamente
responsable su reembolso. Sin embargo, no identificó ninguna.
27. Con todo, cabe señalar que la interpretación fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 2001 se adoptó en ejercicio del control de constitucionalidad y, por
tanto, el entendimiento conforme al cual la disposición resulta compatible con la
Constitución se incorpora a su contenido normativo y constituye la interpretación
admisible; de ahí que la regla según la cual el término comienza a correr desde el pago
o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal para efectuarlo no pueda ser
desconocida mediante una lectura aislada de la disposición que tome el pago como
único punto de partida.
vigencia de la presente ley”. La demanda de repetición se presentó en vigor de la Ley 1437 de 2011, por tanto, se
rige por esta normativa. Al caso no resulta aplicable la modificación introducida al art. 11 de la Ley 678 de 2001 por
la Ley 2195 de 2022, puesto que el término de caducidad empezó a computarse antes de su entrada en vigencia.
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Referencia: Repetición
28. Lajurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente al señalar que para
establecer el inicio del término de caducidad de la repetición debe atenderse al
acontecimiento que ocurra primero14: el pago de la condena o el vencimiento del plazo
máximo con que cuenta la entidad para efectuarlo. Así lo ha reiterado al precisar que
existen esos dos momentos posibles para iniciar el cómputo y que para la escogencia
de uno u otro se deben determinar las circunstancias temporales acreditadas en cada
caso. Por ello, las providencias en las que ha tomado como punto de partida la fecha
del pago no refleja una regla distinta a la fijada por la Corte Constitucional y adoptada
posteriormente por el legislador. Ese cómputo corresponde a los eventos en los que el
desembolso se realizó antes de que venciera el plazo legal otorgado a la
Administración para cumplir la obligación impuesta en la sentencia condenatoria.
29. Se añade a lo anterior que, si bien en la referida sentencia C-832 de 2001 la
Corte Constitucional consideró razonable que el legislador hubiera tomado el pago de
la condena como punto de partida para el cómputo del término de caducidad de la
demanda de repetición, por cuanto aquel constituye un presupuesto necesario para
que la entidad pueda reclamar del servidor público presuntamente responsable su
reembolso, en esa misma providencia advirtió que esa consideración no puede
entenderse en el sentido de que el pago sea, siempre y bajo cualquier circunstancia,
el único momento a partir del cual deba contabilizarse dicho término, sino únicamente
en el evento en el que se efectúe dentro del plazo que el ordenamiento jurídico
concede a la Administración para cumplir la condena, pues de lo contrario se
prolongaría indefinidamente la resolución de la situación jurídica del servidor
eventualmente llamado a responder y le otorgaría a la entidad pública una prerrogativa
desproporcionada.
30. Tampoco resulta atendible el argumento según el cual la demora en el pago no
sería atribuible al Ministerio de Defensa, debido al elevado número de condenas que
debe atender y a los procedimientos administrativos y presupuestales que
necesariamente debe agotar para su cumplimiento. Las normas que consagran los
términos perentorios dentro de los cuales debe ejercerse el derecho de acción son de
orden público y, por ello, de obligatorio cumplimiento. En concordancia con la
naturaleza de la que participan, los plazos que contemplan están definidos en función
de supuestos objetivos, de ahí que para que se entienda configurado el fenómeno de
la caducidad basta con que transcurra dicho plazo sin que se presente la demanda.
31. Además, los trámites presupuestales a los que se refiere la recurrente fueron
expresamente considerados por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001
al examinar la razonabilidad de la regla de caducidad. En esa oportunidad, reconoció
que, a diferencia de los particulares, las entidades públicas no pueden disponer
inmediatamente de sus recursos, pues están sometidas al principio de legalidad del
gasto y deben observar los trámites presupuestales previstos para el pago de las
condenas judiciales.
14Al respecto, se puede consultar, entre otras, las siguientes providencias de la Sección Tercera de esta
Corporación: Sub. C, auto dic. 1/21, Exp. 66530; Sub. B, auto nov. 18/21, Exp. 67222; Sub. A, sent. abr. 20/2026,
Exp. 73726 y Sub. A, sent. may. 15/26, Exp. 73794.
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Referencia: Repetición
32. Precisamente por ello consideró razonable que el legislador hubiera establecido
que el término empezara a computarse una vez realizado el pago, pues estimó que se
trataba de una medida coherente de cara al término que la ley dispone para que se
adelanten los trámites presupuestales necesarios para satisfacer la obligación, a la vez
que da cuenta de que no se trata de un tiempo indeterminado que suponga una
prerrogativa desproporcionada a favor de la Administración, en sacrificio de la certeza
y seguridad jurídica que inspiran el instituto de la caducidad.
33. Lo anterior evidencia que la regla de caducidad ya incorpora la consideración
de que las entidades públicas requieren un procedimiento previo para disponer de los
recursos y realizar el pago. Vencido ese lapso, no corresponde al juez valorar las
circunstancias específicas por las que la obligación no se cumplió en el tiempo
dispuesto para ello, pues hacerlo supondría introducir en una norma de orden público
una excepción que el legislador no previó; a la vez que implicaría desconocer el
imperativo que señala, de manera alternativa, que el término empieza a computarse a
partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la Administración para satisfacer
la condena, lo que ocurra primero15.
34. Finalmente, la entidad demandante sostiene que, dada la finalidad
constitucional de protección del patrimonio público que cumple la pretensión de
repetición, corresponde al juez evaluar celosamente la actuación procesal y
administrativa adelantada con el propósito de recuperar los recursos erogados. Para
sustentar este planteamiento invocó la sentencia T-540 de 2013 de la Corte
Constitucional, en la que se hizo referencia al deber de administrar los recursos
públicos de manera eficiente, oportuna y responsable y se recogieron
pronunciamientos del Consejo de Estado relacionados con la naturaleza colectiva de
la defensa del patrimonio público y su relación con la moralidad administrativa.
35. Ese argumento tampoco está llamado a prosperar. La sentencia T-540 de 2013
no se refirió a la caducidad de la pretensión de repetición ni interpretó las disposiciones
que regulan el momento a partir del cual debe computarse el término para presentar
la demanda. Las consideraciones que allí se formularon sobre la defensa del
patrimonio público se orientaron a explicar el alcance de ese bien jurídico colectivo,
pero no establecieron una regla sobre la caducidad de la repetición ni una excepción
a los términos previstos legalmente para ejercerla.
36. La finalidad de proteger el patrimonio público no hace al juez el personero de
tal cometido; tampoco lo habilita para modificar, extender o dejar de aplicar el término
de caducidad de la pretensión de repetición. Una cosa es reconocer la relevancia
constitucional de recuperar los recursos públicos erogados como consecuencia de una
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal y otra distinta convertir
esa finalidad sustancial en una excepción a una regla procesal de orden público que
el legislador no estableció.
15 En esa misma línea se puede consultar la sentencia proferida el 20 de abril de 2026, Exp. 73.726, C.P. José
Roberto Sáchica.
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Radicación: 17001233300020200004201 (74702)
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37. La propia dimensión de eficiencia que integra la protección del patrimonio
público exige que la Administración ejerza oportunamente los mecanismos dispuestos
para recuperarlo. Si, como señala la jurisprudencia invocada por la recurrente, los
recursos estatales deben ser administrados de manera eficiente, oportuna y
responsable, esa exigencia comprende también promover dentro de los términos
fijados por la ley las actuaciones judiciales encaminadas a obtener su reintegro. No
puede, entonces, utilizarse la finalidad protectora del patrimonio público para
neutralizar las consecuencias derivadas de no haber ejercido oportunamente el
instrumento que el ordenamiento estableció precisamente para alcanzar ese propósito.
38. A ello se agrega que la caducidad también responde a finalidades de interés
general. La sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional señaló que esta
institución limita el acceso a la jurisdicción en procura de garantizar la seguridad
jurídica y, específicamente en materia de repetición, tiene como propósito fundamental
propender por la eficiencia de la Administración, al establecerle un plazo perentorio
para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a reclamar de sus
funcionarios o exfuncionarios el reintegro de los pagos efectuados como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa. De manera que la finalidad de recuperar
los recursos públicos no excluye la aplicación de la caducidad; por el contrario, el
propio diseño legal de la repetición exige que esa recuperación se procure dentro del
término dispuesto para acudir a la jurisdicción.
39. Tampoco resulta atendible la afirmación según la cual la declaratoria de
caducidad produciría una suerte de doble sanción para la entidad, consistente en
haber tenido que pagar la condena y verse posteriormente impedida para recuperar
esos recursos. La imposibilidad de acudir a la jurisdicción una vez vencido el término
no constituye una sanción adicional derivada de la condena previamente sufragada,
sino la consecuencia procesal que el ordenamiento atribuye al ejercicio extemporáneo
del derecho de acción, aplicable también a las entidades públicas.
40. Como consecuencia de todo lo expuesto, se impone confirmar la decisión de
primera instancia, puesto que, al no haberse realizado el pago de la condena que le
fue impuestas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en el marco del
proceso de reparación directa radicado bajo el número 17001333100320100012702
dentro del término establecido en el art. 177 del C.C.A. para ese efecto16, el plazo para
interponer la demanda de repetición comenzó a computarse a partir del día siguiente
al de su finalización, el cual feneció sin que ello ocurriera.
41. En efecto, el fallo emitido en el proceso de reparación directa quedó
ejecutoriado el 11 de noviembre de 201417, por tanto, el término de 18 meses para
realizar el pago feneció el 12 de mayo de 2016. La resolución para cumplir con la
obligación se emitió el 12 de junio de 201818, por lo cual el plazo para incoar la
16 El proceso en el que se emitió la condena se rigió por lo dispuesto en esa normativa, por tanto, las disposiciones
sobre su cumplimiento son igualmente las señaladas en el C.C.A. (Al respecto se puede consultar, entre otras las
siguientes providencias: Sent. 66.262, 31/08/2021; Sent. 65.021, 22/04/2022; auto 66.814, 9/07/2021; Sent. 70320,
21/02/2025; Sent. may. 8/26, Exp. 71367).
17 Índice 30, SAMAI, T.A.
18 Por tanto, los pagos se hicieron con posterioridad a esa fecha (Índice 30, SAMAI, T.A.)
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Radicación: 17001233300020200004201 (74702)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Demandado: Neider Pérez Gallo y otros
Referencia: Repetición
demanda inició a computarse a partir del 13 de mayo de 2016 y finalizó el 13 de mayo
de 2018. La demanda se presentó el 18 de noviembre de 201919.
Condena en costas
42. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que la condena en costas procederá
de manera objetiva, excepto en los procesos en los que se ventila un interés público20.
El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de
aquellos en los que se ventila ese tipo de interés, pues con este se busca la protección
del patrimonio público21. Así, no hay lugar a condenar en costas a la entidad
demandante a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que
arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.
19 Índice 30, SAMAI, T.A.
20 Consultar: Providencias del 8 de mayo de 2023, expediente 61860, del 22 de agosto de 2023, expediente 67371,
del 1 de marzo de 2024, expediente 70456, del 18 de noviembre de 2024, expediente 71.731.
21 Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés
público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización
efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución
Política”. Corte Constitucional. Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En igual
sentido, Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 7 de noviembre de 2025,
expediente 72537 y de 25 de noviembre de 2025, expediente 72189.
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