RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2020-00057-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00057-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00057-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 17 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, ue negó las pretensiones de la demanda. Segundo: Notificar y devolver el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. EDLM

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2020-00057-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)
Demandante: John Alejandro García León
Demandada: Policía Nacional
Tema: Sanción de destitución e inhabilidad de 10 años a patrullero por
apropiarse de un arma de fogueo de un particular, en un
operativo policial

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 17 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

I.- Antecedentes

1.- La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, John
Alejandro García León presentó demanda en orden a que se declarara la
nulidad de los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia:
(i) del 28 de junio de 2018 por medio del cual la Oficina de Control Disciplinario de
la Policía Metropolitana de Manizales lo sancionó con destitución e inhabilidad por
10 años y (ii) del 11 de julio de 2019 emitido por la Inspección Delegada Regional
3, que confirmó la decisión anterior.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada a: (i) levantar la sanción impuesta para ejercer cargos públicos, esto
es eliminar de sus bases de datos los antecedentes disciplinarios anotados como
consecuencia de la decisión sancionatoria, (ii) reintegrarlo al servicio activo en el
grado que de acuerdo con la antigüedad debiera corresponderle para la fecha en
que fue retirado, en el cargo que venía desempeñando o a otro de superior
categoría, sin solución de continuidad, (iii) pagarle de manera indexada los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir, así como las sumas que
demuestre haber pagado por concepto de servicios médicos, intervenciones
quirúrgicas, hospitalarios, de laboratorio, especialistas, odontólogos, tanto para él
como para su familia, y demás emolumentos económicos causados entre la fecha
de su retiro y la del reintegro al cargo, (iv) reconocerle y pagarle el equivalente a
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV, por los daños morales,
de su imagen, la angustia y pesar que le fueron generados con la sanción, (v)

1 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

pagar las costas y gastos del proceso, (vi) pagarle de manera actualizada las
anteriores sumas, teniendo en cuenta el IPC más los intereses legales a que
hubiere lugar y (iv) dar cumplimiento a la sentencia como lo dispone el artículo 192
y 195 del CPACA.

1.1.- Fundamentos fácticos

• John Alejandro García León realizó estudios en la Escuela de Carabineros
Alejandro Gutiérrez en el curso 036 de patrullero, al culminar sus estudios el 11
de diciembre de 2008 obtuvo el título de técnico profesional en servicio de
policía y el grado de patrullero.

• El 3 de junio de 2017 se presentó en el sector denominado como Puerto Paz,
jurisdicción del CAI Alfonso López, Manizales una riña en la que Rubén Darío
González Galvis sacó un arma de fogueo, posteriormente, intervino la Policía y
de manera irregular le confiscaron el arma que se encontraba en el bolso de su
pareja sentimental.

• El 5 de junio de 2017, Rubén Darío González Galvis presentó queja contra los
patrulleros Jhon Fredy Coy Vanegas, John García León y Juan Baena Rivera.

• El 21 de junio de 2017 la oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Manizales emitió auto inhibitorio I-MEMAZ 2017-572 respecto
de la queja presentada porque no era clara y no se aportaron elementos de
prueba que demostraran irregularidades en el procedimiento policial.

• Rubén Darío González Galvis, mediante escrito3 sin número y fecha, puso en
conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Manizales su inconformidad con la decisión inhibitoria, por lo
que solicitó la apertura de investigación contra el patrullero García, comoquiera
que contaba con testigos presenciales que podían dar fe de los hechos, para
ello, relacionó al cabo Romero que laboraba en el CAI Alfonso López, al
patrullero Buriticá que trabajaba en el CAI Palermo, al patrullero Torres quien
para la fecha de los hechos prestaba sus servicios en el CAI Alfonso López, a
su compañera sentimental Lorena Muñoz y a Yuli Alejandra Muñoz; también
aportó material fílmico.

• El 31 de agosto de 2017, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Manizales emitió auto de apertura de indagación preliminar P-
MEMAZ -2017-1074 en contra de «personal de policía» por establecer; así
mismo, ordenó vincular a los policiales que durante la investigación resultaran
comprometidos en los hechos objeto de investigación; también dispuso la
práctica de pruebas, entre ellas, la extracción de las imágenes del material
fílmico, con 3 videos y 1 foto para identificar los funcionarios que participaron
en el procedimiento policial, las minutas de servicio obrante en la estación de
policía referentes al apoyo policial prestado el día de los hechos entre las 21 y

2 Págs. 128 a la 130 cuaderno 1
3 Pag 124 cuaderno 1
4 Págs. 134 a la 136 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

23 horas, la identificación, a través del grupo de Talento Humano, de los
funcionarios que laboraron en los CAI Palermo y Alfonso López el 3 de junio de
2017 y los testimonios de Lorena Muñoz, Yuli Alejandra Muñoz, Jhon Fredy
Coy Vanegas y Juan Baena Rivera.

• El 25 de septiembre de 2017, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Policía Metropolitana de Manizales expidió auto con el cual decretó la práctica
de pruebas5 relacionadas con la identificación de los testigos mencionados en
el escrito presentado por Rubén Darío González Galvis, para ser escuchados
en diligencia de declaración juramentada, y con la individualización de los
funcionarios que prestaron el servicio en el día y hora de ocurrencia de los
hechos.

• El 2 de febrero de 2018, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Manizales emitió auto en el que se ordenó la vinculación del
patrullero John Alejandro García León6, a la investigación disciplinaria, decisión
que fue notificada el 3 de febrero del mismo año7.

• El 18 de abril de 2018, la referida autoridad citó a audiencia y formuló un único
cargo en contra el demandante, por la siguiente falta gravísima a título de dolo:

«Ley 1015 de 2006

Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)
14. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o
pertenencias de la Institución, de los superiores, subalternos, compañeros o
particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un
tercero.»

• Los días 11, 25 y 30 de mayo, 5, 12, 19, 25, 26 y 28 de junio se llevó a cabo la
audiencia pública disciplinaria en la que se rindió versión libre, se presentaron
descargos, se desarrolló la etapa probatoria, se presentaron los alegatos de
conclusión y se emitió decisión sancionatoria de primera instancia.

• En el acto administrativo sancionatorio de primera instancia8 del 28 de junio de
2018, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Manizales sancionó al demandante con destitución e inhabilidad por 10 años,
al hallar acreditada la comisión de la conducta disciplinaria descrita, notificada
en estrados.

• Contra la decisión se interpuso el recurso de apelación, resuelto en acto
administrativo sancionatorio del 11 de julio de 20199, notificado en la misma
fecha10, en el que se confirmó la decisión de primera instancia y se ordenó el
desglose de las copias de las principales pruebas obrantes en la actuación
disciplinaria radicada SIJUR MEMA2-201 y su remisión a la Fiscalía General

5 Pag 138
6 Pag 213 y 214
7 Pag 216
8 Pag 81 a la 105 cuaderno 1A
9 Pag 122 a la 138 cuaderno 1A
10 Pag 140 cuaderno 1A

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

de la Nación, oficina de asignaciones del lugar en donde ocurrieron los hechos
por su posible incidencia en la ley penal.

• Mediante Resolución 03109 del 22 de julio de 201911, la Dirección General de
la Policía Nacional lo retiró del servicio activo de la Policía Nacional por
destitución en cumplimiento de la sanción impuesta.

1.2.- Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 21, 25, 29, 42, 44, 52,
53, 84, 121, 122, 124, 128 y 209 de la Constitución; 52, 103, 138 del CPACA; 1 al
21, 34.9, 35.17, 37, 41.60; 30, 39, 48, 116, 137, 138, 141, 142, 171 de la Ley 1015
de 2006; del 1 al 23, 35, numerales 1, 7 y 35, 37, 30, 39, 48, 116, 128 al 142, 171
entre otras, de la Ley 734 de 2002 y las Leyes 446 de 1998; 640 de 2001 y 1285
de 2009 y el Decreto 2511 de 1998.

En el concepto de violación, adujo que:

En cuanto a la búsqueda de la verdad por parte del órgano disciplinario, la
investigación se centró en pruebas desfavorables en su contra, incumpliendo así
la imparcialidad requerida por la Ley 734 de 2002, pues no se solicitó la prueba
fílmica de cámaras de seguridad cercanas, lo que habría aportado evidencia
crucial. Además, la autoridad disciplinaria, al actuar como juez y parte, omitió
llamarlo en primer lugar con lo cual evitó una defensa adecuada y omitió la
vinculación de los otros policías involucrados, de lo cual resaltó la preferencia por
sancionarlo en lugar de investigar objetivamente los hechos.

En relación con el cargo calificado como falta gravísima y a título de dolo, la
conducta fue desplegada en cumplimiento de sus funciones constitucionales y la
providencia fue sesgada al centrarse en la presunta apropiación de un bien sin
considerar la realidad vivenciada por él, quien no tuvo la más mínima intención de
lesionar el bien jurídico del ciudadano, sin consideración a la falta de quejas en
ninguno de los procedimientos policiales en los que actuó y la afirmación errónea
de que se apropió de un bien para beneficio propio, sin evidencia de la existencia
real de dicho bien. Asimismo, el fallo careció de fundamento al no demostrar cómo
el policía orientó su voluntad para apropiarse del supuesto elemento.

La actuación disciplinaria no fue imparcial, pues hubo omisión de pruebas
relevantes y las que se tuvieron en cuenta no respaldaron la acusación, en tanto
hubo un enfoque sesgado en la imputación de cargos contra el demandante, con
lo que se se vulneró su derecho a la defensa.

Destacó que los actos administrativos son nulos, en forma genérica, por haberse
expedido de forma irregular e hizo alusión a los siguientes cargos:

1. Falsa Motivación Fáctica por Indebida Valoración y Calificación de la
Prueba:

11 Pag 122 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

La autoridad disciplinaria incurrió en una falsa motivación al dar por demostrados
hechos sin sustento probatorio alguno, como la existencia y apropiación de un
elemento, así como por la interpretación extensiva de situaciones fácticas y la falta
de análisis detallado de la existencia de la supuesta arma de fogueo. Además, la
omisión de valorar pruebas a favor del disciplinado y la contradicción en la
valoración de testimonios, condujo a una indebida valoración que llevó a calificar
los hechos como gravísimos a título de dolo sin pruebas contundentes.

2. Falsa Motivación Jurídica por Aplicación de Normas Ex Post Facto y
Hermenéuticas Restrictivas:

La autoridad disciplinaria aplicó de manera inflexible las leyes sin interpretación
sistemática. La falta de subsunción típica de la conducta bajo las condiciones
subjetivas, ignorando la interpretación sistemática y la proporcionalidad. Y la
sanción se basó en una hipótesis de conducta reprochable inexistente, careciendo
de una interpretación adecuada del material probatorio.

3. Ilegalidad Sustantiva de los Actos Sancionatorios por Desproporcionalidad
de la Sanción:

La autoridad disciplinaria al calificar los hechos como gravísimos a título de dolo
sin pruebas concluyentes, impuso una sanción desproporcionada. En ese sentido
la destitución e inhabilitación por 10 años carece de fundamento, ya que no se
probó la afectación al deber funcional, en consecuencia, la medida es ilegal y va
en contra del artículo 18 del CDU y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre proporcionalidad en la función pública.

4. Restablecimiento del Derecho y Eliminación del Exceso en el Poder
Sancionatorio del Estado:

La forma en que se procesó y sancionó al demandante resultó lesiva a sus
derechos y contraria a la ley, lo que evidencia la anulabilidad del fallo
administrativo disciplinario.

En los actos que se demandan concurren causales de nulidad de que trata los
artículos 103, 138, 187 y 238 del CPCA, por existir violación directa de la ley,
además de contrariar disposiciones legales en que debía fundarse y se infringe el
derecho fundamental al debido proceso de que trata el artículo 29 de la
Constitución Política, por lo tanto, deberán ser anulados sus efectos, así sean
parcialmente a sus justas proporciones.

Finalmente, hace un llamado a tener presente la Convención Interamericana de
Derechos Humanos para abordar violaciones al debido proceso en materia
disciplinaria.

2.- Contestación de la demanda

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

Mediante auto del 11 de febrero de 2022, el a quo resolvió tener por no contestada
la demanda, razón por la cual la Policía Nacional presentó una demanda de tutela
en contra esta decisión, la cual fue inicialmente favorable a esa entidad; sin
embargo, en segunda instancia, fue revocada mediante fallo del 4 de noviembre
de 2021 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3.- La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia de primera instancia del 17 de
febrero del 202212 negó las pretensiones de la demanda -sin condena en costas-,
con base en los siguientes argumentos:

Frente a las irregularidades probatorias que a juicio de la parte demandante
conllevaron a la vulneración del derecho al debido proceso, una vez revisado el
proceso disciplinario, encontró que este se inició con una indagación preliminar
contra el personal policial por hechos a establecer, lo cual no vulneró el debido
proceso, en la medida en que esta etapa procesal tiene por finalidad, de acuerdo
con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, entre otros, identificar o individualizar al
autor de la falta, que fue lo que ocurrió durante esta, en la que se verificó la
ocurrencia de la conducta, se determinó si constituía falta disciplinaria y se
identificó al posible autor, puesto que el quejoso presentó una queja sin precisar
claramente la identidad del policía involucrado.

En la indagación preliminar, se practicaron pruebas, incluyendo testimonios y un
informe sobre material fílmico aportado por el quejoso. Ahora bien, cuando se
vinculó al demandante a la investigación disciplinaria, se le notificó de sus
derechos, incluyendo la posibilidad de ser escuchado en versión libre, solicitar y
aportar pruebas, y controvertir las alegaciones y se le entregó copia de la
indagación preliminar. En ese sentido, el argumento atinente a que solo se
practicaron pruebas que desfavorecían al accionante no es de recibo, pues lo que
se observa es que en la indagación preliminar se decretaron y practicaron aquellas
que la oficina de Control Interno consideró eran necesarias para verificar la
ocurrencia de la conducta e identificar al actor de la falta, y en la etapa de la
investigación disciplinaria se decretaron aquellas pedidas por la parte
demandante, las cuales, como se indicó, únicamente fueron testimoniales, aún
teniendo la posibilidad, al tenor del artículo 130 de la Ley 734 de 2002, de acudir a
otros medios probatorios como los que recrimina no fueron practicados por el
operador disciplinario, esto es, los videos de las cámaras de seguridad aledañas al
sector en donde ocurrieron los hechos y la prueba de la propiedad del arma de
fogueo.

Si bien es cierto los actos sancionatorios solo hacen referencia a pruebas
testimoniales, de ello no se sigue la violación del debido proceso, pues este es un
medio de prueba establecido en el CDU, y no se observa que sea insuficiente,
pues se rindieron bajo la gravedad del juramento y de su valoración conjunta
permitió al operador arribar a una decisión.

12 Pag 24 a la 69 cuaderno 1B

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

Durante la investigación disciplinaria, se notificó al disciplinado sobre su derecho a
acceder a la investigación, ser escuchado en versión libre, solicitar o aportar
pruebas, intervenir en su práctica, rendir descargos e impugnar decisiones, es
decir, se respetaron todas las garantías del debido proceso.

El actor tuvo la oportunidad de conocer y controvertir las pruebas, incluso solicitar
testimonios adicionales cuando se formularon cargos. Además, la falta de
vinculación de otros uniformados no invalida los fallos ni viola derechos de
defensa y contradicción.

Las falencias en que pudo incurrir el abogado que defendió al demandante en el
trámite disciplinario no pueden enrostrarse a la autoridad disicplinaria, que como
se advirtió respetaron el derecho al debido proceso.

En lo atinente a la falsa motivación, las pruebas indicaron que el disciplinado se
apropió de un arma de fogueo que portaba Rubén González Galvis el 3 de junio
de 2017. De acuerdo con los testimonios de la compañera sentimental y la cuñada
de González, así como de los uniformados Wilson Buriticá y William Torres,
confirmaron que el patrullero extrajo el arma del bolso de la compañera
sentimental de Rubén González y que momentos antes estuvo en sus manos.
También se mencionó que el Subintendente Wilson Romero encontró un arma de
fogueo con reglamentación al día en posesión de González Galvis antes del
incidente.

A pesar de la falta de otras pruebas o documentos que respalden la existencia del
arma, argumentó que los testimonios, al ser coherentes y concordantes, son
suficientes para establecer la conducta del disciplinado en el operativo, en el que
se apropió del arma de fogueo sin levantar un acta de incautación, y esta
posteriormente desapareció.

En cuanto al dolo en materia disciplinaria, el patrullero conocía de sus funciones y
deberes como policía, pero aún así se apropió de un bien de un particular,
ignorando la solicitud de levantar un acta de incautación, con lo cual, se confirmó
que el conocimiento de la ilicitud y la voluntad están presentes en la conducta del
actor.

Finalmente, la sanción aplicada, que consiste en destitución e inhabilidad general
por 10 años, se determinó en consideración al buen comportamiento del actor en
los cinco años anteriores, lo cual influyó en establecer la inhabilidad en el mínimo
previsto por la ley.

En relación con la falta de competencia del fallador de segunda instancia del
proceso disciplinario se destacó, según el artículo 52 del CPACA, que el
procedimiento administrativo sancionatorio allí previsto es aplicable cuando no hay
norma especial. Sin embargo, para los miembros de la Policía Nacional, la Ley
1015 de 2006, remite al Código Disciplinario Único y no a la Ley 1437 de 2011 y a
pesar de que el artículo 171 del Código Disciplinario Único establece un plazo de
45 días para que el funcionario de segunda instancia dicte sentencia, no se
menciona la pérdida de competencia en caso de superar este plazo, aunado a que

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

la jurisprudencia del Consejo de Estado subraya que la superación de los términos
no constituye causal de nulidad de los fallos sancionatorios, a menos que ello
implique una violación del derecho al debido proceso.

Además, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1474 de
2011, estableció que la acción disciplinaria caducaría después de 5 años contados
desde la ocurrencia de la falta. En este caso, la falta por la cual se responsabilizó
al demandante ocurrió el 3 de junio de 2017 y se considera una falta instantánea.
El fallo de segunda instancia tiene fecha del 11 de julio de 2019, es decir, no
excedió aquel plazo para la prescripción de la acción disciplinaria. De ahí que,
aunque se superó el plazo para emitir el fallo de segunda instancia según la Ley
734 de 2002, esto no invalidó los fallos sancionatorios debido a la falta de
competencia del funcionario, especialmente porque no se evidenció una violación
del derecho al debido proceso del demandante en el curso del proceso
disciplinario.

Finalmente, sobre el presunto desconocimiento de la non reformatio in pejus, en
cuanto a que el acto sancionatorio de segunda instancia emitido por el Inspector
Delegado 3 dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del actor,
confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, pero en el numeral dos
ordenó desglosar copias de las principales piezas procesales y remitirlas a la
Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia en relación con la
conducta cometida por el demandante y su posible incidencia en la ley penal,
observó que su situación no se hizo más gravosa, pues la sanción disciplinaria se
mantuvo en los mismos términos ordenados en el fallo de primera instancia y el
hecho de que se ordenara trasladar las diligencias a la Fiscalía General de la
Nación era una obligación del operador disciplinario al tenor del artículo 70 de la
Ley 734 de 2002, que establece que «si los hechos materia de la investigación
disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en
conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta
delictiva»

4-. El recurso de apelación13

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

(i) el Tribunal no examinó la vulneración del derecho al debido proceso,
respecto de la valoración probatoria en el proceso disciplinario, en esencia,
porque:

La Sala de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no aplicó el
ejercicio del juicio integral al no estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de
las pruebas que respaldaron la imposición de la sanción disciplinaria. En ese
sentido, a diferencia de lo afirmado por el A quo, durante todo el trámite del
proceso disciplinario se presentaron violaciones al debido proceso por la indebida

13 Págs. 74 a 149 del cuaderno 1B

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

valoración de pruebas y la falta de contradicción por parte de los operadores
disciplinarios y que la sanción se basó en pruebas insuficientes y contradictorias.

En ese sentido, cuestionó la credibilidad de los testimonios presentados,
especialmente los de la compañera sentimental de González Galvis, Claudia
Lorena Buitrago Muñoz, y su cuñada, Yuli Alejandra Echeverry Muñoz, así como
de los uniformados Wilson Buriticá y William Torres, quienes llegaron de últimos al
lugar de los hechos después de que ocurrió el supuesto extravío del arma de
fogueo, lo cual contradice la versión inicial.

Los testigos, algunos de los cuales son familiares, presentaron contradicciones en
sus versiones, no fueron coherentes en cuanto al modo, tiempo y lugar de los
hechos. Además, no proporcionaron detalles sobre el supuesto objeto perdido,
como marca, serial, color, forma, lugar de adquisición y precio. Otros declarantes,
sin interés en el proceso, afirmaron no haber presenciado el hecho ni tener
conocimiento de que el policía se apropiara del arma.

La falta de pruebas contundentes y las contradicciones en los testimonios
deberían haber llevado a aplicar el principio de in dubio pro disciplinado,
resolviendo las dudas en favor del acusado. En consecuencia, la sanción se basó
en un material probatorio insuficiente y dudoso, sin certeza sobre la existencia de
la presunta arma y sin la debida documentación que respaldara la propiedad y
presencia del objeto en el lugar de los hechos.

Enfatizó que no busca que la jurisdicción contenciosa administrativa sea una
tercera instancia del juicio disciplinario, sino que se analice la nulidad de los actos
demandados lo que es procedente solo cuando se haya vulnerado el debido
proceso en el proceso inicial, como ocurrió en este caso.

(ii) Irregularidades procesales sustanciales en el trámite del proceso
disciplinario, principalmente, porque:

La segunda instancia empeoró su situación, con lo cual incurrió en la prohibición
de la non reformatio in pejus; hubo falsa motivación táctica y jurídica, así como
ilegalidad sustantiva en los actos sancionatorios; también, pérdida temporal de
competencia y la existencia de irregularidades en la recolección y valoración de
pruebas, realizadas en gran medida sin la participación del demandante, puesto
que desde el inicio del proceso disciplinario, la Policía conocía la identidad del
actor de la conducta, lo cual se evidencia en la queja presentada y en documentos
internos, sin embargo, omitió este dato para vincularlo a la indagación preliminar,
generando un trato desigual y una violación al derecho de defensa y la falta de
comunicación a la PGN de la investigación con lo cual se desconoció el artículo
155 del CDU

5.- Alegatos de segunda instancia

Las partes no se pronunciaron en esta etapa procesal14.

14 Constancia secretarial del 12 de septiembre de 2022. Samai, índice 9.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

6.- Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no presentó concepto15.

II.- Consideraciones

7.- Problema jurídico

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes: (i) ¿hubo violación del
derecho al debido proceso por indebida valoración probatoria? y ¿la autoridad
disciplinaria incurrió en irregularidades procesales sustanciales en el trámite del
proceso disciplinario?

8.- Resolución del primer problema jurídico, referido a la violación del
derecho al debido proceso por la indebida valoración probatoria

8.1.- La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, en lo que se refiere a la
finalidad de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el
legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los
hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el
ordenamiento positivo a los casos concretos»16. De manera que el recaudo de la
prueba tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir
un fallo sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y
cuando, estas sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que
el propio ordenamiento jurídico establece -de conformidad con las reglas de la
sana crítica-.

Es así que el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se
adelantan contra los servidores públicos es el fijado en la Ley 734 de 2002.
Precisamente el artículo 128 ibídem define la necesidad de que tanto el fallo
disciplinario como toda decisión interlocutoria esté fundamentada en las pruebas
legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de
manera oficiosa, en ese sentido, la norma es clara en determinar que la carga de
la prueba en estos procesos le corresponde al Estado, lo que le impone el deber a
la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, lo que deriva en
la obligación de efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas
recaudadas durante el trámite administrativo.

El artículo 129 de la Ley 734 de 2002, desarrolla el principio de investigación
integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario,
no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino, además, a
encontrar las pruebas que desvirtúen o lo eximan de responsabilidad. Lo anterior

15 Ibidem
16 Sección Segunda, Subsección A, Rad. 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15). Sentencia de

25 de enero de 2018; M.P. William Hernández Gómez. Actor: Ruby Del Carmen Acosta Bertel y
otros.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

en todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer en su favor.

Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptúa,
«artículo 140. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito
de las pruebas en que ésta se fundamenta», «artículo 141. apreciación integral de las
pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica. En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las
pruebas en que ésta se fundamenta»; mientras que el artículo 5 de la Ley 1015 de
2006: «el personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes
preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con atribuciones
disciplinarias previamente establecido y observando las garantías contempladas en la
Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley. La finalidad del proceso es
la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la
verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que
en él intervienen».

Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa
mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo dispone el artículo
20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción
disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se
deben observar en el ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo
16 ibidem.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional17 el sistema de la
sana crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el
valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la
experiencia. Estas reglas son las que debe tener en cuenta el operador
disciplinario y contribuyen para que las conclusiones a las cuales arribe sobre el
valor o contenido de la prueba sean legalmente válidas, pues impiden que aquel
razone a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente, de manera contra evidente
o dé un alcance y extensión a la prueba que no se desprenda de ella.

La Ley 734 de 2002 señala un nivel de certeza especial para que el operador
disciplinario pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual
puede observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes
normas.

El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta
disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción
sea desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se
puede declarar cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego,

17 Sentencia C-202 de 2005.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

sobre los elementos que determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o
ilicitud material y culpabilidad). La norma en comento señala lo siguiente:

«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla».

En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado
de convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de
prueba válidos, debe dar al operador disciplinario para proferir dos de las
providencias más importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos
y el fallo. Las normas en comento establecen lo siguiente:

«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de
conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la
falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra
esta decisión no procede recurso alguno».

«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin
que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la
falta y de la responsabilidad del investigado».

De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que el operador disciplinario
pueda proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de
certeza, para que así se proteja el principio de presunción de inocencia.

Es así que el proceso administrativo sintetiza en dos finalidades, la primera como
instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la segunda
constituye un sendero para que la administración pueda tomar una decisión
acorde con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos de juicio
necesarios para ello, elementos que se circunscriben como principios y reglas, el
acervo probatorio y finalmente la extensión de la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, lo anterior como una premisa al nuevo régimen de
procedimiento administrativo Ley 1437 de 2011.

Finalmente, advierte la Sala que la Sala Plena de esta Corporación en sentencia
de 9 de agosto de 2016, proferida en el expediente 2011-316 (1210), definió que el
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de
los derechos fundamentales.

Lo anterior porque: (i) los actos administrativos proferidos por los titulares de la
acción disciplinaria, hacen parte del ius puniendi, (ii) la garantía de la tutela judicial
efectiva en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución
Política, (iii) la jurisdicción está estatuida para la preservación del ordenamiento
jurídico y la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

ley, por cuanto es expresión del ejercicio del control judicial de los actos de la
administración, en el marco del Estado Social de Derecho, (v) las decisiones de
los servidores públicos titulares de la acción disciplinaria no son asimilables a una
decisión judicial.

De manera tal que, el juicio integral que en materia disciplinaria ha prohijado la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite controlar la valoración de la
prueba porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede
colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.

8.2.- Debido proceso en el procedimiento disciplinario

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales
y formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias,
en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen,
entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas
e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad
de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia
una violación del debido proceso.

8.3.- Resolución del primer problema jurídico, referido a la indebida
valoración del material probatorio

En el fallo disciplinario de primera instancia se hizo alusión a diferentes medios de
prueba, tales como la queja presentada por Rubén González, el informe de
laboratorio en el que se realizó estudio técnico y peritaje de un disco compacto
aportado por el quejoso y los testimonios que se relacionaron así: ratificación de
Rubén González, declaraciones juramentadas de Yuli Echeverry, subintendente
Jhon Fredy Coy Vanegas, patrullero Juan Carlos Baena, subintendente Wilson
Romero, patrullero Wilfer Buriticá, patrullero William Torres y Claudia Lorena
Buitrago y en audiencia fueron escuchados Rubén González, Yuli Echeverry,
patrulleros Juan Carlos Baena, Wilfer Buriticá, William Torres, Mauricio Agudelo,
Santiago Echeverry, subintendente Wilson Romero, teniente César Rugeles y
Lorena Buitrago.

De conformidad con el reparo relacionado en el primer problema jurídico, la Sala
estima pertinente señalar las diferentes pruebas que obran en el expediente, a
saber:

 Queja del 5 de junio de 2011, presentada por Rubén González, en la que se
consignó lo siguiente:

«El día sábado 03 de junio tipo nueve y media de la noche, yo me encontraba
cobrando por puerto paz, hubo un problema en el cual estaba yo, saque el arma de
fogueo y se la pase a la mujer mía, el arma estaba en el bolso, un policia de los de
apoyo le arrebató el bolso a la mujer mía y le sacó el arma de fogueo, ahí mismo le
digo yo que si me la puede pasar o que me haga el acta de incautación para hacer un
procedimiento normal, pero el patrullero me dijo que se la había entregado a mi

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

teniente Romero ahí mismo arranco y alcanzo la Duster y le pregunto a mi teniente
romero que si en algún momento le entregaron un arma de fogueo él me dice que no,
me devuelvo donde el patrullero y le digo que sí es tan amable me la devuelve y
delante de mí teniente se fue a niego, en el mismo momento le dije a mi cabo Rugeles
que si es tan amable me colaboraba con ese patrullero y le hace el llamado de
atención y se va de niego, el domingo voy al cai Alfonso López y hablo con mi cabo
Rugeles y me dice que venga donde la Subintendente Diana y hable con ella pare
ponerme de acuerdo el caso y dos patrullera del Alfonso vieron cuando él se la quitó a
la mujer mia y se la guardó en el chaleco, ME DIERON LOS TRES SI. COY VANEGAS
JHON FREDY, PT. GARCIA LEON JHON Y PT. BAENA RIVERA JUAN QUIENES ESTABAN
DE APOYO EN PUERTO PAZ» (sic)

 Escrito sin fecha presentado por Rubén González18

En el que se indicó estar inconforme con la decisión de la autoridad de inhibirse
para adelantar actuación disciplinaria, puesto que, el día 3 de junio de 2017 le fue
incautada el arma «PPK-99 9mm» de fogueo que era transportada por su esposa,
sin el procedimiento establecido para ello y que dicha arma se la había quedado
un policía de apellido García, así como también se habían quedado con la tarjeta
de propiedad. Como pruebas señaló testigos presenciales de los hechos al: cabo
Romero, del CAI Alfonso López, al patrullero Buriticá, del CAI Palermo, al
patrullero Torres, del CAI Alfonso López, a Lorena Buitrago Muñoz, su compañera
sentimental, y a Yuli Alejandra Muñoz, su cuñada, y aportó un CD.

 Declaración juramentada rendida por Rubén González el 28 de septiembre de
201719, en indagación preliminar

En la diligencia ratificó lo consignado en la queja y manifestó que el día de los
hechos estaba presente en una riña, momento en el que ya habían policías ahí y
estaban pidiendo apoyo, que el sacó la pistola, sin embargo, como estaban los
uniformados no disparó y se la entregó a Lorena Buitrago Muñoz -su esposa-
posteriormente, señala que Baena le dijo a García que su esposa tenía un arma y
García se fue contra ella, le arrebató el bolso y sacó el arma, a lo que él le pidió
que se la entregara o que le hiciera el acta de incautación, pero García le contestó
que se la había pasado al teniente que iba en una Duster, adujo que alcanzó al
teniente en su moto y le preguntó por el arma, pero el teniente le dijo que él no
tenía ningún arma, por lo que volvió a donde se encontraba García a reclamarle,
afirmó que llegaron, primero, el teniente Rúgeles y una vez este se fue llegó el
cabo Romero, quien sabía que él portaba un arma, y cada uno le dijo a García que
si él tenía el arma que la entregara, pero el patrullero se sostuvo diciendo que no
la tenía. Finalmente, señaló que se encontraban presentes cuando le quitaron el
arma del bolso los patrulleros Buriticá y Torres.

 Declaración juramentada rendida por Yuli Echeverry el 28 de septiembre de
201720, en indagación preliminar

18 Pag 124 cuaderno 1
19 Pag 143 y 144 cuaderno 1
20 Pag 146 y 147 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

En la diligencia manifestó que ese día se encontraba por la 20 por un bar en la
galería cuando vio a su hermana y su cuñado, ahí se dio cuenta que un policía le
arrebató el bolso a su hermana del que sacó un arma y unos papeles cayeron al
piso, después cuando se acercó más, observó cuando el policía se metió el arma
por dentro del uniforme, -en un chaleco antibalas- se dirigió hacia donde estaban
su hermana y cuñado quienes le reclamaban al policía que decía que no les iba a
entregar nada, pero se fue porque pensó que como su cuñado era amigo de
muchos policías iba a arreglar el problema. Afirmó que tenía conocimiento de que
el arma era del papá de Rubén González quien también se llamaba Rubén, y que
tenía papeles del arma y que era pequeña y negra.

 Declaración juramentada rendida por Jhon Fredy Coy el 28 de septiembre de
201721, en indagación preliminar

En la diligencia manifestó que estaban atendiendo una riña en San Andresito
cuando por llamado de la ciudadanía les informan de una riña en Puerto Paz, al
llegar se dieron cuenta que eran muchas personas y pidieron apoyo a la central,
pero que la riña era con armas blancas y en ningún momento vio un arma
diferente, cuando se controló la situación, un ciudadano en estado de embriaguez
y que estaba en la riña con su esposa señaló al patrullero García que le había
quitado el arma de fogueo y que en ese momento la tenía su esposa, por ello, le
preguntó a García que si le había incautado un arma y él le dijo que no,
posteriormente le informó al ciudadano que si tenia inconformidades con el
procedimiento lo pusiera en conocimiento de la oficina de atención al ciudadano,
que luego llego el teniente Rugeles y le informó al ciudadano el nombre de los 3
agentes que estaban en puerto paz -incluido él-. Afirmó que era la primera vez que
veía al ciudadano y que aparte de él su señora decía que había un arma de fuego
pero que no sabe si el arma existió. También indicó que se enteró de la pérdida
del arma luego de la riña múltiple luego de que las patrullas de apoyo se retiraron
y todo estaba calmado y que el oficial solo estuvo una vez, que el teniente
Rugeles habló con el ciudadano y que recordaba que el ciudadano le decía al
cabo Romero que se le había perdido el arma de fogueo. Y que no había
escuchado nada sobre que el funcionario acusado le hubiera dicho al ciudadano
que había entregado el arma a un panel de policía.

 Declaración juramentada rendida por Juan Carlos Baena el 28 de septiembre
de 201722, en indagación preliminar

En la diligencia indicó que estaba de apoyo y saliendo de una pelea en San
Andresito cuando les informaron de una pelea en los establecimientos de Puerto
Paz, que como eran solo tres y al llegar vieron tanta gente y que se tiraban
botellas y armas cortopunzantes pidieron apoyo, señaló que luego de controlada la
pelea un ciudadano manifestó que se había perdido o le habían cogido un arma y
el ciudadano habló con varios uniformados, entre ellos el teniente Rugeles, quien
le dio los nombres de quienes estaban en servicio. Afirmó no haber visto el arma
de fogueo, ni que el ciudadano responsabilizara a algún uniformado solo que

21 Pag 148 y 149 cuaderno 1
22 Pag 150 y 151 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

entrevistó a todos y frente a que si alguien más se había dado cuenta que se
había extraviado un arma indicó que aparte del ciudadano creía que la mujer que
estaba con él. Después, mencionó que el ciudadano hizo señalamientos contra un
policía que estaba prestando servicio con él, y que el agente solo le decía que si
estaba seguro porque habían muchos uniformados que porque lo señalaban a él.
Y que no había escuchado nada sobre que el funcionario acusado le hubiera dicho
al ciudadano que había entregado el arma a un panel de policía, además indicó
conocer el cabo Coy pues era nuevo.

 Respuesta de talento humano en el que se informa la identificación plena del
personal señalado en la queja y solicitado en el auto de indagación preliminar23

«1.Mando ejecutivo en el grado de Subintendente y/o suboficial en el grado de cabo,
de apellido ROMERO, quien en la actualidad y/o para la fecha del 03/06/2017, labora
y/o laboraba en el CAI Alfonso López, Es el señor ROMERO LOAIZA WILSON.
2.Funcionario policial en el grado de Patrullero con el apellido BURITICA quien para la
fecha del 03/06/2017 y/o en la actualidad laboró y/o labora en el CAI Palermo, es el
señor PT BURITICA VASQUEZ WILFER quien laboraba para esa fecha en el Cal
Alfonso López
3.Funcionario policial en el grado de Patrullero de apellido TORRES, quien para la
fecha del 03/06/2017 prestaba sus servicios en el CAI Alfonso López, es el señor PT
TORRES LISCANOWILLIAM DAVID»

 Informe de investigación de laboratorio o FPJ-13, del 22 de octubre de 201724

El informe tenía por objeto llevar a cabo estudio técnico o peritaje al elemento
material probatorio o evidencia física, 3 vídeos y una foto, con el fin de que fueran
extraídas las imágenes en las cuales se advirtiera el procedimiento policial dentro
del cual al parecer se incautó un arma de fogueo y/o identificación del funcionario
o características, como nombre y apellidos impresos en el chaleco; así como
extraer imágenes fijas donde se observara algún tipo de anomalía por parte del
personal uniformado. En el acápite de interpretación de resultados se consignó:

«9. INTERPRETACION DE RESULTADOS.

9.1 Teniendo en cuenta lo solicitado, se imprimieron cuatro (04) fotogramas tamaño
9x12 extraídos de los videos aportados para los análisis y una fotografía la cual se
halla al interior del EM.P.

9.2 como resultado de la actividad se extrajeron fotogramas de los momentos donde se
observa el procedimiento Policial, atendiendo los puntos indicados en la solicitud, así
mismo se logró obtener características físicas de los policiales que se encontraban
presentes en el procedimiento policial.

9.3 En los segmentos de los videos de mayor importancia se aplicó a las imágenes
acercamiento brillo y contraste con el fin de mejorar !a nitidez y definición, el video es
revisado de manera continua y las imágenes fotogramas son extraídas según están
ocurriendo los hechos, esto con el fin de poder establecer características de las
personas.

23 Pag 153 cuaderno 1
24 Pag 154 al 160 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

NOTA: Teniendo en cuenta que las imágenes y fotogramas anteriormente ilustrados
fueron obtenidas de filmación hecha por una cámara, la cual no poseen una alta
calidad de imagen o resolución, donde no se permite determinar características en
detalle o con nitidez».

 Declaración juramentada rendida por Wilson Romero el 26 de octubre de
201725, en indagación preliminar

En la diligencia manifestó que el grupo que estaba de apoyo en la calle 20 había
reportado una riña múltiple y solicitó apoyo, que el primero había llegado el
cuadrante 19 del CAI Alfonso López, unas patrullas aledañas, el oficial de
vigilancia de turno y cuando él llego ya la situación estaba contralada, que el
ciudadano conocido como papero se le acerca y le señala a un policía de apoyo
indicándole que ese patrullero le había quitado un arma a su mujer, señaló que
indagó sobre la ingesta de bebidas alcohólicas por el ciudadano quien le dijo que
no tomaba y en su experiencia y en la forma de hablar y moverse le hacía pensar
que estaba en sus cabales, posteriormente, se acercó al patrullero y le preguntó si
le había quitado el arma al ciudadano indicó que el patrullero le manifestó que no,
pero ante la insistencia del ciudadano le dijo al patrullero que si era el caso debía
hacer un acta de incautación y como el patrullero seguía negando consultó con el
teniente Rugeles quien le manifestó que el patrullero también le había dicho que
no tenia el arma. Indicó no conocer el nombre del patrullero señalado y agregó
que en oportunidad anterior entre el personal del CAI Alfonso López habían
registrado al ciudadano y este portaba un arma con documentación en un bolso,
de lo que no quedó antecedentes en ningún libro

 Declaración juramentada rendida por Wilfer Buriticá el 26 de octubre de 201726,
en indagación preliminar

En la diligencia manifestó que se encontraba en turno como cuadrante 19 con el
patrullero Torres y que a las 7 y 30 de la noche se presentó uan riña en el sector
de galería y que los compañeros que estaban de apoyo solicitaron refuerzos,
llamado al que acudieron, cuando llegaron uno de los policías que estaba de
apoyo les indicó que una de las personas involucradas en la riña tenía un arma de
fuego por lo que actuaron separando a las personas y haciendo el registro al
ciudadano pero no hallaron nada, indicó que luego el otro policía de apoyo se fue
contra la mujer y le quitó el bolso y le sustrajo el arma, posteriormente, un
ciudadano se les acercó y les pidió que les devolviera el arma pero el que le dijo
que si la mujer sabía quien se la había quitado le reclamara a esa persona, señaló
que al tranquilizarse todo se empezaron a ir y quedaron los funcionarios de apoyo
y el ciudadano que seguía pidiendo que le devolvieran el arma. Afirmó no conocer
al patrullero porque era nuevo, pero que era flaco de tes trigueña y que él que vio
sustraer el arma del bolso de la mujer era el mismo a quien el ciudadano
señalaba, sin embargo, aclaró que el policía que le dijo de la existencia del arma
no era el mismo que sustrajo el arma del bolso de la mujer. Asimismo, indicó que
la situación se la dio a conocer al subintendente Romero y que no dejó constancia
porque pensó que el patrullero iba a devolver el arma pero que varios días

25 Pag 164 y 165 cuaderno 1
26 Pag 166 y 167 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

después se encontraron con el ciudadano quien les dijo que no se la habían
devuelto. Al ser interrogado acerca de que si conocía al ciudadano indicó que este
era conocido en la galería y lo conocía porque labora en Alfonso López y el señor
tiene un negocio de papas. También, que en momentos previos no había tenido
conocimiento de la existencia del arma.

 Declaración juramentada rendida por William Torres el 26 de octubre de
201727, en indagación preliminar

En la diligencia manifestó no recordar la fecha y hora pero que se encontraba de
vigilancia en el cuadrante 19 con el patrullero Buriticá, cuando un grupo de apoyo
que estaba en Puerto Paz pidió apoyo, al llegar observaron una riña en vía pública
y empezaron a dispersar a la gente y un patrullero o subintendente les dijo que un
ciudadano tenía un arma de fuego, indicó, que lo abordaron pero no encontraron
nada, señaló que posteriormente un policía le quitó el bolso a la mujer, y sacó un
arma que se guardó en el chaleco, frente al reclamo del ciudadano el policía le
contestó «que él lo podía hacer y que ya había perdido con el» señaló que el
ciudadano le decía que le hiciera el procedimiento a lo que el policía hizo caso
omiso y se retiró, asimismo, indicó no recordar el nombre porque ese policía
estaba recién trasladado, pero que era delgado de tes blanca. Agregó que la
situación se la dio a conocer al subintendente Romero y que los otros policías no
tuvieron conocimiento de la extracción del arma porque estaban en la riña de la
panadería de la esquina, y cuando el abordó al policía para decirle que le hiciera
acta de incautación el policía le contestó que el procedimiento lo tenía él. Además,
que el policía que le informó de la existencia del arma y a quien vio extraerla del
bolso de la mujer, era el mismo policía. Y que no conocía al ciudadano solo que
era comerciante en la galería y tampoco había tenido conocimiento previo de la
existencia del arma que aportaba el ciudadano hasta esa noche que le mostró los
papeles porque el ciudadano era prestamista al cual no vio borracho. Finalmente,
indicó que días después el ciudadano le comentó que el policía había ido a su
local para decirle que ya había vendido el arma y que no tenía nada que hacer con
él.

 Declaración juramentada rendida por Claudia Lorena Buitrago el 31 de octubre
de 201728, en indagación preliminar, en presencia de defensor de familia al ser
la declarante menor de edad

En la diligencia manifestó ir con Rubén González en moto cuando al pasar por los
bares de galerías ven un problema, indicó que Rubén González se bajó de la
moto, le entregó el bolso y se metió a la pelea porque habían unos amigos de él,
señaló que se acercó a los policías y uno mono le dice a otro que ella tenía algo
en el bolso, el policía se acercó le arrebató el bolso y le quitó el arma y se lo metió
al chaleco, por lo que acudió a Rubén González para decirle, manifestó que
Rubén González le dijo al policía que le hiciera incautación del arma y el policía le
dijo que la había entregado a los de la Duster, indicó que fueron hasta la Duster y
les dijeron que no tenían nada y al volver a reclamarle al policía, los 3 policías les

27 Pag 168 y 169 cuaderno 1
28 Pag 172 al 174 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

decían que ya habían perdido. Agregó que uno de los policías era bajo, mono y de
cara menuda y el otro mono alto y delgado, y que los dos intervinieron para
arrebatarle el bolso y el arma, que llegaron otros policías que ella no conocía pero
que eran amigos de Rubén. Indicó que Rubén González tenía la documentación y
se quedó con ella porque se la mostraron al policía y este se había quedado
callado.

 Orden de servidos N° 135 COMAN - PLANE - 38.9 del 01 de junio de 201729,
expedida por la misma Policía Metropolitana de Manizales, documento que en
su página 13 individualiza al patrullero García León, ubicándolo en ese lugar al
indicar que debía de prestar sus servicios apoyando el sector de puerto paz

 Acta de posesión de Jhon Alejandro García Leon del 12 de diciembre de
200830

 Declaración juramentada rendida por César Rugeles el 7 de enero de 201831

En la diligencia manifestó que a través de la central de radio se informó de una
riña aparentemente múltiple y que el personal de puerto paz necesitaba apoyo,
indicó que al sitio acudieron varias patrullas motorizadas y él que se encontraba
en apoyo en vehículo penal pero que al llegar la situación se encontraba
contralado por lo que siguió su camino y más adelante lo alcanzó una moto en la
que se transportaba un hombre y una mujer que le preguntaron por un arma, le
señalaron que estaban en la riña de puerto paz y en la requisa le habían quitado el
arma y que le habían dicho que el arma la habían entregado a los de la Duster, a
lo que él les respondió que no tenía ningún arma. Afirmó que volvió al lugar de los
hechos para preguntar a los policía por el arma y ante la insistencia de los
ciudadanos les informó que podían poner la queja en la oficina de atención al
ciudadano y que hablaran con el comandante del CAI de Alfonso López para que
verificara con el personal de turno sobre el paradero del arma. Agregó que no
recordaba que el ciudadano señalara directamente por el procedimiento a alguna
persona en especial, además, sobre la pérdida del arma fue informado por el
ciudadano, no por algún uniformado. Indicó que el ciudadano era comerciante de
la galería y a la mujer la desconocía. Frente al estado del ciudadano indicó que
probablemente había consumido bebidas embriagantes y estaba exaltado por la
riña e imaginaba que por eso estaba preocupado por el arma y que cuando llegó
al sitio para la verificación de los policías por la pérdida del arma ya no estaban las
unidades de apoyo, solo los asignados a Puerto Paz. Afirmó no recordar que se le
hubiesen mostrados los documentos del arma.

 Con fundamento en los testimonios y la orden de servicio que ubicaba al
demandante en el lugar de los hechos, el operador disciplinario de primera
instancia formuló un único cargo contra el demandante por la siguiente falta
gravísima a título de dolo: «Ley 1015 de 2006. Artículo 34. Faltas gravísimas. Son
faltas gravísimas las siguientes:(…) 14. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir

29 Pag 178 al 199 cuaderno 1
30 Pag 206 cuaderno 1
31 Pag 220 al 222 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

bienes, elementos, documentos o pertenencias de la Institución, de los superiores,
subalternos, compañeros o particulares, con intención de causar daño u obtener
beneficio propio o de un tercero», con identificación de las circunstancia de
tiempo, modo y lugar, así:

«Tiempo: Los hechos al parecer tuvieron ocurrencia el día 03 el junio del año 2017, en
vigencia de la ley 1015 de 2006 "Régimen disciplinario para la Policía Nacional"
concordante con la Ley 734 de 2002

Modo: De acuerdo a las pruebas legalmente arrimadas al dosier se puede vislumbrar
que el señor Patrullero JOHN ALEJANDRO GARCIA LEON al parecer para la fecha en
mención, siendo aproximadamente, las 21:30 horas al parecer cuando se presentó riña
múltiple presuntamente realizó registro personal a una ciudadana de la cual del bolso
al parecer extrajo una pistola de fogueo de propiedad del quejosos RUBEN DARIO
GONZALEZ GALVIS

Lugar: los hechos presuntamente se presentaron sector de puerto paz de la ciudad
Manizales».

 En el acto administrativo sancionatorio de primera instancia32 del 28 de junio de
2018 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Manizales para encontrar probado la existencia de la falta y la responsabilidad
del ahora demandante, precisó:

«ANÁLISIS JURIDICOS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDA EL DESPACHO PARA
DECIDIR

(...) Este despacho cree de manera tajante que el arma de foqueo existe porque
funcionarios policiales ven de manera clara el objeto (arma de fogueo) es el caso de!
señor Subintendente WILSON ROMERO, funcionario quien fungía como comandante
encargado de cai Alfonso López:, quien de manera previa aducía haber tenido
procedimiento de policía con el señor RUBEN DARÍO a quien se le había encontrado
arma de fogueo la cual tendría la reglamentación al día y la cual era portada por ese
ciudadano como lo dispone la ley esto es dentro de un morral, cuyo documentación
que acreditaba la propiedad del ciudadano era la correcta, es decir factura del almacén
donde había sido comprada, por ello tiene conocimiento que dicha arma existía, que
para ese día como manifiesta la señora LORENA y su hermana Yuli, el señor RUBEN
tenía el arma de fogueo, elemento el cual lo tenía desde hace tiempo, reconocen en
hecho de que ese artefacto tenía documentación la cual para el momento actual
desconocen donde se ubican. El hecho de los documentos que acreditaban la
propiedad del arma de fogueo, para este caso en especia no es de relevancia, en
atención a que los declarantes RUBEN DARÍO, CLAUDIA LORENA, YULI ALEJANDRA,
WILSON ROMERO argumentan que el arma de fogueo existía al momento de los
hechos, puesto que ya se la habían visto a RUBEN, que el arma de fogueo la cual
originalmente era del señor padre de Rubén, por ende los documentos para este hecho
no es de relevancia puesto que se tiene claro que el arma materialmente preexistía al
momento de los hechos, y es claro que las narraciones dan fe de que RUBEN en el sitio
extrajo el arma de fogueo como lo refiere de manera clara el (RUBEN) y su compañera
LORENA y es por ese hecho que los policías notan que existe en el sitio un arma y a
partir de allí se planea el operativo a fin de hacerse a ella, y desde luego fue vista en el
sitio, al momento de la extracción por parte de RUBEN DARIO, CLAUDIA LORENA, y los
funcionarios policiales WUFER BURITICA y WILLIAM TORRES quienes son los testigos
presenciales como patrulla del cai Alfonso López que ayudo en el procedimiento y en el
momento exacto notaron que un funcionario policial Patrullero GARCÍA extrajo del bolso
lo que era una pistola, y que sobre la cual no se ejerció ningún procedimiento,
entonces el arma de fogueo si fue vista cuando se estaba en la riña. Las pruebas nos

32 Pag 81 a la 105 cuaderno 1A

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

indican además, que el comportamiento del señor Patrullero JHON GARCÍA fue notado
en el sitio da los hechos, esto es que más allá de que una orden de servicios lo ubica
en el sitio, a este uniformado lo ubican ahí todos y cada uno de los uniformados
declarantes, esto es Teniente RUGELES, Subintendente ROMERO, Patrullero WUFER
BURITICA, Patrullero WiLLIAM TORRES y Patrullero MAURICIO AGUDELO, estos
funcionarios notaron la presencia del funcionario policía JHON GARCÍA en el sitio,
cuatro de ellos argumentan que en el sitio sindicaban de haberse quedado con el arma
de fogueo, y dos de ellos es decir cuadrante diecinueve adscrita al cai Alfonso López
PT TORRES YPT BURUICA mencionan que fueron testigos presenciales de esos hechos
cuando JHON GARCIA EXTRAE del bolso dicha arma de fogueo, teniendo en cuenta
que esos funcionarios fueron los primeros en llegar al fragor de la riña, que vieron que
era lo que se presentaba en el sitio, incluso tuvieron conocimiento por informaciones
que había en el sitio un arma de fuego la cual vieron extraer por parte de los policías
que además estos policías le informaron al comandante directo de ellos que era el
señor Subintendente WILSON ROMERO, funcionario que se apoyó en el señor Oficial
Teniente RUGELES quien era jerárquicamente era el de mayor rango en el sitio. Que de
manera clara estas narraciones nos dan plena claridad cómo se llevaron a cabo los
hechos, y que los mismos nos muestran el compromiso que tuvo y la participación del
señor Patrullero JHON GARCIA al extraer del bolso que sostenía la señora LORENA,
debido a que había recibido de manos del señor RUBEN el bolso y que el mismo estaba
involucrado en la riña, así las cosas, se ha advertido de manera clara que el señor
Patrullero GARCÍA funcionario policial quien en plenas funciones policiales
encaminadas estas para ejercer control y generar seguridad según el material
probatorio fuera el funcionario que tomo un elemento de propiedad de un ciudadano de
cuya vida y bienes estaba encargado de cumplir, estos testimonios nos muestran que
efectivamente fue visto por unidades policiales que llegaron a sitio y que notaron paso
a paso como se desarrolló la acción, que no hay equivocación frente a la persona que
extrajo el arma del bolso y ese funcionario es el señor JHON GARCÍA de grado
patrullero puesto que hasta el señor Subintendente WILSON ROMERO lo refiere que lo
reconoce porque era el patrullero más antiguo que había ahí, es por ello que para este
despacho no queda duda entonces de la participación del funcionario policial porque
son personas que no están llamadas a mentir por su condición de servidores públicos
que su testimonio está plagado de verdad y sinceridad, puesto que para esa fecha el
señor WILLIAM TORRES llevaba como el mismo lo refiere a mucho un mes en el cai
Alfonso López, esto quiere decir que no tenía injerencia en una actuación de esta
índole, que su argumento fue que casi no conocía inclusive al señor patrullero GARCÍA,
por ende este despacho cree en consecuencia el relato ofrecido por este funcionario
puesto que se refleja realidad y coherencia en lo manifestado, así como en el
testimonio de su compañero de patrulla como cuadrante 19 señor WILFER BURITICA
quien aduce haber visto la misma circunstancia fáctica esto es que el señor patrullero
GARCÍA extrajo el arma del bolso.

El acople de los hechos que son narrados por los
declarantes es precisó y contundente inclusive concordando en las posiciones las
cuales se ubicaban los intervinientes pues los funcionarios policiales WILFER BURITICA
Y WILLIAM TORRES aducen haber visto a CLAUDIA LORENA a una orilla de la riña,
efectivamente, onde fue abordada por el señor GARCIA LEON, de donde de allí le
fuera arrebatado el bolso y fue manipulado por el policial en consecuencia de su
interior se extrajo el arma de la cual tanto YUH como CLAUDIA aducen que el arma
desde que conocían a RUBEN sabían de la existencia de! arma y que era de color
negro, al igual que h manifestado por el señor Patrullero TORRES que en cuya primera
declaración adujo que era de color negro (folio reverso 35) siendo esto coherente
totalmente, sumándose a ello el hecho de que el señor Subintendente WILSON
ROMERO aduce que previo a ese caso el señor RUBEN DARIO había sido objeto de
registro personal en el cual se dieron cuenta de que este poseía un arma de fogueo,
que portaba la documentación (factura) y la portaba en canguro como se exige para su
porte, hecho que claramente nos da a entender que el arma existió de manera efectiva,
además de ello el señor WILFER BURITICA es más claro en mencionar que se extrajo
de! bolso un arma de fuego (fL 34) en conclusión el arma existió y fue vista en el hecho
preciso que se investiga, por supuesto apalancado esto con ¡a manifestación realizada
por el mismo dueño RUBEN quien da fe clara que este la desenfundo cuando estaba
en la pelea de ¡a cual participo y que ¡a volvió a guardar precisamente por el motivo

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

que los policías estaban allí y era, posible que se presentara una confrontación (ff 17)
decidiendo pasarle el bolso a CLAUDIA LORENA» (sic).

 Por su parte, el acto sancionatorio del 11 de julio de 201933 de segunda
instancia confirmó la decisión sancionatoria y ordenó el desglose de las piezas
principales para remitirlas a la Fiscalía ante una posible incidencia penal,
según lo siguiente:

Frente a las alegaciones presentadas en el recurso de apelación, principalmente,
contra los testimonios, según el cual, tachó de sospechosos los de Rubén
González, Lorena Buitrago Muñoz y Yuli Alejandra Echeverry Muñoz al ser los
lesionados en sus derechos y la familiaridad que los une, la falta de coherencia
para esclarecer quiénes habían participado en el procedimiento irregular, frente a
la del teniente César Rugeles reprochó que en un principio indicó que los
ciudadanos no hicieron señalamientos directos contra algún policía y luego afirmó
que se hicieron contra el patrullero García, acusó los vínculos de amistad o
negocios entre el quejoso y los patrulleros Torres y Buriticá, las irregularidades
procesales al no haber sido notificado de la indagación preliminar, en esencia, la
falta de certeza de la comisión de la conducta y la credibilidad dada a los
testimonios, la autoridad disciplinaria concluyó:

(i) Que la actuación disciplinaria no busca resarcimiento económico por los
daños y no se advierte interés o enemistad del quejoso y el patrullero que
indicara que quisiera inculparlo, además, que no era de recibo la tesis
según la cual no pueden valorarse los testimonios de los afectados por el
hecho de ser afectados, pues, el comportamiento de los servidos debe ser
de acuerdo con la constitución y la ley,

(ii) La participación o no de otro policía en el procedimiento irregular en nada
afectaba que haya sido el disciplinado quien sacó el arma del bolso de
Lorena Buitrago Muñoz, en ese sentido, los señalamientos a otros policías
resultaba ser un evento accidental,

(iii) En la audiencia se permitieron preguntas inductivas que conducían a
contradicciones pero que de una valoración integral no desacreditaron la
veracidad de los testigos,

(iv) La contundencia de los testimonios de Lorena Buitrago Muñoz y de los
patrulleros Torres y Buriticá permitieron arribar a la veracidad de los
hechos.

Además, que el apelante no indicó qué apartes de los testimonios faltaron a la
verdad y a su juicio cómo debían interpretarse, las inconsistencia de la pérdida de
los papeles no era relevante pues de los testimonios se probaba la existencia del
arma, aunque al teniente Rugeles no se le entregó el arma su testimonio permitió
dar cuenta de la veracidad de la declaración de los afectados y su consistencia
con los hechos, la inconsistencia de la exhibición del arma fue aclarada en la
audiencia en la que Rubén González y Lorena Buitrago Muñoz afirmaron que si la
33 Pag 122 a la 138 cuaderno 1A

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

sacó y luego la guardó en el bolso, el conocimiento del patrullero por parte del
quejoso fue con ocasión de los señalamientos que hizo Lorena Buitrago Muñoz,
las inconsistencias entre los testimonios de Torres y Buriticá son accidentales que
no desvirtúa el hecho principal y no obraban pruebas suficientes para vincular al
patrullero Baena, lo que de ningún modo incidía en la situación del disciplinado, y
frente a la duda razonable no se allegó o apreció de las pruebas obrantes alguna
que permitiera advertir la duda acerca de la realización de la conducta.

El tribunal de instancia en audiencia inicial del 16 de marzo de 202134, entre otras,
decretó por ser conducente, necesarias y pertinentes las siguientes pruebas: las
resoluciones por medio de las cuales fueron retirados del servicio el subintendente
Romero Loaiza Wilson y el patrullero Wilfer Buriticá Vásquez, quienes declararon
en contra del demandante y estaban vinculados a un proceso penal por los delitos
de cohecho propio, con prevaricato por omisión, fraude procesal y falsedad
ideológica en documento público, y solicitar a la Fiscalía General de la Nación el
estado actual del proceso penal adelantado en contra del demandante

 Respuesta de la fiscalía general de la Nación a la solicitud con radicado 17001
-23-33-000-2020-00057-00 presentada por el tribunal de instancia35

 Referente a la consulta sobre su estado, se encuentra el proceso penal
adelantado en contra de Jhon Alejandro García León, identificado con cédula
1.053.792.782, se informó que una vez realizada la consulta en la fecha al
Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía SPOA, se evidenció que: García
León Jhon Alejandro con C.C 1053792782 en relación con el delito de hurto se
encontraba archivada por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto
pasivo, art. 79 c.p.p, es decir, su estado era Inactivo – Indagación.

 Resolución 132 del 7 de diciembre del 2018 por el cual se retira del servicio
activo al patrullero Wilfer Buriticá, adscrito a la Policía Metropolita de
Manizales, por voluntad de la Dirección General de la Policía, por
recomendación de la junta ante la pérdida de confianza para el mando
institucional por apartarse de la ética y la vocación policial, por hechos
acaecidos en un operativo denominado «Erebo» contra la corrupción en la que
se dio la captura de 5 uniformados con orden judicial por delitos de concusión,
prevaricato por omisión, entre ellos, de Wilfer Buriticá y Wilson Romero.

 Resolución 06573 del 13 de diciembre de 201836, por la cual se suspendieron
en el ejercicio de funciones y atribuciones, a partir del 29 de noviembre de
2018, entre otros, a Wilfer Buriticá y Wilson Romero, con ocasión de que, a
través de oficio del 30 de noviembre del 2018, el comandante de la Policía
Metropolitana de Manizales, adjuntó copias de las boletas de detención
adiadas el día 29 del mismo mes y año, proferidas por el Juzgado Quinto Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de esa ciudad, en la cual se
indica que dentro del expediente No 2018-00018 se les impuso medida de

34 Pag 244 a la 253 cuaderno 1A
35 Pag 261 a la 263 cuaderno 1A
36 Pag 276 y 277 cuaderno 1A

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia a los
mencionados uniformados.

La Sala evidencia que en el acto sancionatorio de primera instancia proferido en
contra Jhon Alejandro García León se tuvieron en cuenta como pruebas,
principalmente, unas testimoniales para acreditar el cargo frente a la falta
gravísima que se le imputó, pues si bien, se relacionaron pruebas documentales,
como, la orden de servicio y el informe de laboratorio del que se extrajeron
imágenes de los participantes del procedimiento -poco nítidas-, en el acápite de
valoración probatoria se indicó que de los testimonios fue posible ubicar al autor
de la falta en el lugar de los hechos -objetivo de las pruebas documentales antes
referidas-. Lo anterior, para indicar que fueron los testimonios las pruebas tenidas
en cuenta para encontrar acreditada la falta disciplinaria y la responsabilidad del
ahora demandante.

Ahora bien, de lo anterior no se sigue que haya una violación al debido proceso, o
que la prueba testimonial sea insuficiente para acreditar lo acaecido, ya que es
claro que este es un medio probatorio establecido en el CDU y uno de los medios
de prueba más importantes en el marco de los procedimientos disciplinarios.
Puesto que, a través de este, el juez o la autoridad que instruya un trámite
sancionatorio puede reconstruir los hechos objeto de investigación, a partir de la
narración que realice un testigo, distinto de la persona implicada, comoquiera que
ha tenido conocimiento de estos por haberlos percibido con sus sentidos.

Valga resaltar que en el análisis de la prueba testimonial es que deben utilizarse
con mayor rigor las reglas de la sana crítica. Sobre el particular, la doctrina ha
buscado determinar criterios racionales para valorar este medio de prueba a partir
de los desarrollos de la psicología del testimonio, de los cuales se resaltan cuatro,
que pueden servirle a los jueces y operadores jurídicos en general, para acercarse
a la estimación objetiva de la credibilidad de los declarantes, a saber: la
coherencia de los relatos, su contextualización, las corroboraciones periféricas y la
existencia de detalles oportunistas37.

Ahora bien, en el presente caso, de un análisis riguroso de los hechos objeto de
estudio en la integridad de los elementos de convicción, es imperativo concluir que
los testigos directos, esto es quienes habrían presenciado de manera directa las
circunstancias que rodearon los hechos por el que fue sancionado Jhon Alejandro,
fueron Lorena Buitrago Muñoz, Yuli Alejandra Echeverry Muñoz y los patrulleros
Buriticá y Torres, en razón a que, el quejoso sobre el hecho especifico de la
extracción del bolso y posterior ocultamiento en el chaleco balístico por parte del
patrullero fue un testigo de oídas, al igual que los demás testimonios, que aunque
no percibieron directamente la conducta endilgada al disciplinado dan cuenta de
las circunstancias que rodearon el procedimiento.

En esas condiciones, cuando el material probatorio de determinado proceso está
construido esencialmente por pruebas testimoniales, es necesario que cada una
de ellas proceda a corroborarse con la otra y, en tal forma, que las conclusiones

37 NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2010, pp. 222-230

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

que se vayan forjando se sometan al principio de la sana critica. En ese sentido, si
ese mismo grupo de declarantes insiste en que determinado individuo realizó
determinada conducta y muchas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar allí
indicadas están respaldadas con otros testimonios diferentes, la conclusión irá
adquiriendo una verosimilitud suficiente más allá de toda duda razonable. De la
misma forma, puede suceder que entre los testigos existan algunas divergencias
en sus manifestaciones, sin embargo, lo fundamental es que estas no sean
esenciales.

Para más claridad se presentará una aproximación de los hechos según la
narración de los testimonios:

El 3 de junio de 2017, en horas de la noche, el subintendente Coy y los patrulleros
Baena y García se encontraban atendiendo una riña en San Andresito cuando por
un llamado de la ciudadanía en el que les informaban acerca de una riña en
Puerto Paz acudieron al sitio. Al llegar, se percataron de que se trataba de una
riña múltiple por la cantidad de gente, por lo que pidieron apoyo a la central. El
subintendente Coy y Baena observaron botellas y armas cortopunzantes -pero no
armas-, al llamado acudieron el cuadrante 19 del CAI de Alfonso López -patrulleros
Buriticá y Torres-, patrullas aledañas, el oficial de vigilancia de turno -Rugeles-, y
Wilson Romero.

Los patrulleros Buriticá y Torres afirmaron haber acudido a la solicitud de apoyo
inmediatamente y que al llegar al sitio varias personas se encontraban
agrediéndose en la vía pública por lo que intervinieron para dispersar a las
personas. Señalaron que uno de los policías de apoyo les informó que una de las
personas en la riña tenía un arma -sin precisión si era de fuego o de fogueo-, a quien
abordaron y le realizaron un registro sin hallar nada, luego un policía -sin que sea
claro si fue el mismo u otro diferente al que les informó de la existencia del arma, pues en
las declaraciones uno indicó que era el mismo y otro que eran diferentes- se acercó a
Lorena Buitrago Muñoz, le arrebató el bolso del que sacó un arma -pequeña y
negra- y se la guardó en el chaleco, señalaron que Rubén González le reclamó al
policía y le solicitó que le elaborara un acta de incautación, y el patrullero Torres
adujo que el policía le había contestado que ya había perdido. Afirmaron haber
informado de la situación al subintendente Romero y que ni al patrullero ni al
ciudadano se les hizo algún procedimiento.

Lorena Buitrago Muñoz y Rubén González indicaron que cuando llegaron al sitio
ya había policías pidiendo apoyo, que Rubén González sacó el arma, pero como
habían uniformados la guardó en el bolso y se la pasó a Lorena Buitrago Muñoz y
se fue a la pelea. Lorena Buitrago Muñoz indicó que un policía le señaló a otro
acerca de ella, al describir el momento de los hechos indicó que los dos policías
intervinieron y se fueron contra ella y que uno le quitó el bolso, sacó el arma y la
guardó en el chaleco, por lo que fue en búsqueda de Rubén González y le dijo lo
ocurrido y este último se fue hacia el policía a reclamarle. Adujeron, que el policía
le dijo que el arma la había entregado a los de la Duster -César Rugeles-, por lo que
estos se van en la moto y al alcanzar el vehículo a preguntar por el arma y César
Rugeles les dijo que él no tenía ningún arma, entonces se devolvieron al lugar y 3
policías les dicen que «ya perdieron».

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

César Rugeles también se devolvió al lugar de los hechos a indagar sobre el arma
y pese a que en un principio afirmó que los ciudadanos no señalaron a un policía
específico, posteriormente, indicó que sí lo hicieron -refiriéndose al patrullero García-
a la llegada de Wilson Romero la riña ya estaba controlada, pero señaló que
Rubén González lo abordó y señalándole al policía incurso en la conducta irregular
-García- le informó de la situación con su arma, a lo que Wilson Romero acude al
patrullero para preguntarle por el arma y ante la negativa de este sobre la
acusación se dirigió a César Rugeles quien ya estaba enterado y le indicó que el
policía también se le había negado a la acusación.

Frente a los argumentos presentados en el recurso de apelación, no se logra
percibir, como quiere hacer ver el demandante, que «obra en el expediente prueba
que indica que los uniformados Buriticá y Torres, arribaron al lugar al finalizar el
procedimiento policial y que además su concurrencia en el sito se realizó con
posterioridad a la ocurrencia del presunto extravió del arma de fogueo» sin advertir a
qué prueba hace referencia para llegar a tal conclusión, pues, de la declaración de
Wilson Romero el cuadrante 19 del CAI de Alfonso López acudió inmediatamente
al lugar de la riña, como de ello da cuenta también Buriticá y Torres sin que exista
razón para no darle valor a su dicho o prueba que demuestre lo contrario.

Frente a que se da por cierto que el arma estaba en el lugar por el hecho de que
los uniformados alguna vez en el pasado vieron el arma y que ello no quiere decir
que en verdad el objeto estaba en el lugar, la Sala coincide con el apelante en el
sentido de que el hecho de que Wilson Romero indicara que en una oportunidad
anterior requisoó a Rubén González y este portaba un arma con documentación
no es suficiente para afirmar que el día y en la hora de los hechos también la
portaba, sin embargo, los patrulleros Buriticá y Torres -testigos directos- señalaron
haber visto uno el arma y otro la cacha de la misma y así como también lo declaró
Lorena Buitrago Muñoz y Yuli Alejandra Echeverry Muñoz.

Ahora, frente al argumento según el cual «no son coherentes frente al modo tiempo y
lugar en que presuntamente acaeció el hecho objeto de censura, llegando a declarar en el
proceso disciplinario que la presunta arma de fogueo era del papá de Rubén», es preciso
indicar que la propiedad del arma no tiene relación con las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de los hechos, aunado, a que si lo pretendido es desvirtuar
la declaración de Yuli Alejandra Echeverry Muñoz quien fue la que afirmó que el
arma era del papá de Rubén González, se observa que esta declaración pese a
que quien la rindió fue testigo directo -según la misma declaración- no mereció para
la autoridad una relación directa con los hechos y en todo caso son
contradicciones eventuales que no se refieren a las circunstancias de la falta
disciplinaria imputada. Además, el hecho de que la propiedad del arma de fogueo
no se hubiera acreditado en el trámite disciplinario al parecer con algún tipo de
documento, como también lo reprocha el demandante, no desvirtúa que este,
según los testigos directos, hubiera sustraído del bolso de la acompañante de
Rubén González este elemento, lo que ya daría cuenta de su existencia.

En cuanto a que los declarantes Jhon Fredy Coy y Juan Baena, quienes afirmaron
que no tenían interés alguno en el proceso, expresaron no haber visto ni el arma ni

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

mucho menos al disciplinado de apropiarse de esta. Se advierte que en el proceso
no se probó que los patrulleros Buriticá y Torres tuvieran enemistad o grado
alguno de interés en el proceso para declarar en contra Jhon Alejandro, ahora,
que los policías del grupo de apoyo al que pertenecía el demandante no vieran el
arma ni la conducta de este, no le resta credibilidad a la declaraciones rendidas
por los testigos quienes percibieron directamente los hechos frente a los que
declararon, aunado, a que como Jhon Fredy Coy y Juan Baena manifestaron que
al llegar al lugar de los hechos por la cantidad de gente cada uno estuvo suelto y
cuidando de su integridad, pues fueron los primeros en llegar.

La Sala cree importante referirse a la credibilidad del testimonio rendido por Wilfer
Buriticá, comoquiera que, obra en el expediente Resolución 132 del 7 de
diciembre del 2018 por el cual se le retiró del servicio activo por faltar a la ética, de
acuerdo con lo cual, se ha de señalar que pese a que la credibilidad del testigo es
un factor a tener en cuenta para valorar su testimonio, no es el único, entre otros,
también se debe observar la veracidad de los hechos, el conocimiento de la
circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre estos, la exactitud de sus dichos y
porqué tuvo conocimiento, factores frente a los cuales no encuentra la Sala
contradicción, incoherencia o falta a la verdad si se comparan con los demás
testimonios.

En consecuencia, el hecho de que las pruebas que dieron soporte a la comisión
de la conducta por parte del actor sean testimoniales no implica que se deba
dudar de lo que sucedió, máxime porque en un evento corno ese se convierten en
un medio probatorio que brinda certeza sobre lo que pasó, si las declaraciones
son coherentes, concordantes y dan cuenta de las circunstancia de tiempo, modo
y lugar de los hechos como ocurrió en el presente caso.

Por ello, como lo indicó el a quo no se evidencia duda razonable que deba ser
resuelta a favor del disciplinado o que en su momento debiera haber declarado el
operador disciplinario a favor del investigado, pues, toda duda fue eliminada con
los testimonios que dan cuenta de la conducta desplegada por el demandante en
el operativo realizado en el sector de Puerto Paz el día 3 de junio de 2017, cuando
se apropió de un arma de fogueo sin que hubiera levantado un acta de
incautación, que es lo procedente en este tipo de actuaciones al tenor del artículo
164 del Código de Policía; elemento que, finalmente, desapareció.

En este orden se observa que en el contexto de las pruebas testimoniales se
deriva certeza respecto de la existencia del elemento fundamental el tipo
disciplinario imputado al ahora demandante, esto es sobre la falta gravísima del
articulo 34 numeral 14 de la Ley 1015 de 2006, que reprocha el apropiarse de
bienes de particulares para obtener beneficio propio, pues de los testimonios
directos e indirectos, permitieron dar fuerza de veracidad a lo señalado por Rubén
González en su queja y por Lorena Buitrago Muñoz.

En consecuencia, la Sala estima que este primer reparo o inconformidad de la
parte demandante, no da lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos
sancionatorios acusados.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

9.- Resolución del segundo problema jurídico, referido a las acusaciones
sobre irregularidades ocurridas dentro del trámite del proceso disciplinario

La Sala procederá a analizar cada una de las presuntas irregularidades procesales
señaladas por el demandante, las cuales serán agrupadas en 4 ejes temáticos:

9.1.- Sobre las presuntas irregularidades procesales referidas a la apertura
de las etapas de indagación e investigación, a la vinculación del autor de la
falta y a la práctica de pruebas

Para resolver los anteriores cuestionamientos es necesario analizar de manera
previa la normatividad disciplinaria en relación con los requisitos y finalidades para
la apertura de las etapas de indagación preliminar, así como las reglas contenidas
en esta para la práctica de pruebas y el ejercicio del derecho de contradicción.

La Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos, en el artículo 150
señaló que:

«En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará
una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá cómo fines verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una
causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta
disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación
preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo. (Texto
subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de
2003)

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de
investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional
Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.

Para el cumplimiento de este, el funcionario competente hará uso de los medios de
prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que
considere necesario para determinar la individualización o identificación de los
intervinientes en los hechos investigados (…)». (Texto subrayado fue declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003)

De lo anterior se desprende que el legislador en materia disciplinaria estableció la
posibilidad de agotar una etapa previa denominada «indagación preliminar», la cual
está supeditada a que el operador disciplinario tenga duda sobre la procedencia
de la investigación en relación con 4 elementos fundamentales -que pueden ser o
no concurrentes- a saber: (i) la ocurrencia de la conducta, (ii) la constitución de la
falta, (iii) la existencia de causales eximentes y (iv) la identificación o
individualización del autor o autores. Estos parámetros legales indican de manera
precisa que son varios los elementos en los cuales puede basarse el operador
disciplinario para fundar su duda -sobre la procedencia de la investigación- y dar
curso a la indagación preliminar, de manera que puede fundamentar su decisión
en cualquiera de estos.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

En este orden aún cuando en la noticia disciplinaria -que puede ser queja, informe de
servidor público o cualquier otro medio- exista claridad sobre el posible autor de la
infracción disciplinaria el operador puede dar curso a la indagación preliminar si
considera que sus dudas sobre la procedencia de la investigación se sustentan en
alguno otro de los parámetros antes mencionados -esto es, la ocurrencia de la
conducta, la constitución de la falta, o existencia de causales eximentes-. Esto también
permite afirmar que, aún cuando en la noticia disciplinaria el autor pueda ser
determinable en la medida en que respecto de él se aduzca el cargo
desempeñado o se indique su nombre ello no resulta suficiente para omitir la
indagación preliminar ya que la normativa antes trascrita exige la identificación e
individualización lo que no en todos los casos se satisface con datos generales
respecto del empleo o nombre del supuesto infractor.

En relación con los conceptos de identificación e individualización de una persona
la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que «individualizar o individuar significa el
proceso más o menos complicado de concretar a una persona, de distinguirla con sus
características de todas las demás. Es una tarea de índole originaria que supone la
concreción de una persona por la reunión de una serie de elementos que sobre ella
poseemos, elementos que provienen de ella misma y que se refieren a sus
características, a lo que le es propio como individualidad física o moral. (…) “Identificar es
algo que se haya ligado a lo anterior, pero que es, sin embargo, diferente en un sentido
amplio, genérico, identificar implica una yuxtaposición, el proceso más o menos
complicado de ver si lo que se posee respecto a la individualidad de alguien corresponde,
se ajusta a la misma. La identificación es el resultado final a que toda individualización
debe concluir. Identificar, pues, no es precisamente descubrir, sino confirmar, realizar un
reconocer, acreditar la exactitud de lo individualizado, de lo conocido". (…) "Por la primera
operación, la de individualizar, se establece que se trata de una persona determinada, de
una integridad sicofísica aislada, de alguien que se concreta en la afirmación "Este y no
otro". Por la segunda (identificación), se agregan a esa individualización el nombre,
apellido, edad, lugar de nacimiento, residencia actual, estado, profesión, etc., tal como se
ve en el artículo 386 (359 del actual C. de P.P.) que consigna reglas para la recepción de
indagatoria».38. (Subrayado y cursiva fuera de texto).

Así las cosas, es claro que, aún cuando en la noticia disciplinaria se haga alusión
al autor de la conducta reprochable -por ejemplo al mencionar la entidad en donde
supuestamente labora o indicar su nombre o cargo-, la indagación preliminar
procederá si pese a ello dentro de su amplio margen valorativo en el operador
disciplinario subsiste la incertidumbre sobre la ocurrencia de la conducta, la
constitución de la falta, la existencia de causales eximentes o la identificación o
individualización de aquel, esto es si no tiene claridad sobre el apellido, residencia
actual, cargo u empleo, la calidad o no de servidor público, pues el inicio formal del
proceso disciplinario mediante la expedición del auto de apertura de investigación
no es procedente sobre una persona indeterminada.

De la normatividad referida también se observa en cuanto a la actividad probatoria
del operador disciplinario dentro de la indagación preliminar, que este, para
subsanar sus dudas -en relación con la individualización o identificación del autor, con la
ocurrencia de la conducta, con la existencia de causales eximentes o con la constitución

38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, septiembre 25 de 1979, M.P. Pedro Elías

Serrano Abadía.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

de la falta-, está autorizado para decretar y practicar todas aquellas permitidas por
el ordenamiento jurídico, ello sin necesidad de la presencia del futuro investigado -
pues tienen como fin entre otros individualizarlo y/o identificarlo- sin que tal proceder
pueda considerarse como violatorio del derecho de defensa o contradicción, pues
una vez vinculado aquel estas le serán trasladadas a efectos de que pueda
controvertirlas -bien sea mediante la argumentación racional o a través de la solicitud o
aporte de sus propias pruebas de descargo-.

En cuanto a la notificación del auto de indagación preliminar, el artículo 101 de la
Ley 734 de 2002 dispuso que «se notificaran personalmente los autos de apertura de
indagación preliminar (…)» y en el artículo 107 indica que «los autos que deciden la
apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse
personalmente se notificaran por edicto.». Estas normas establecen que el auto de
indagación preliminar debe ser notificado de manera personal o en su defecto por
edicto, sin embargo, tales disposiciones deben ser interpretadas a la luz de las
analizadas de forma previa -artículos 150 y 151 de la Ley 734 de 2002, ya
trascritos- a fin de no dar lugar a interpretaciones incoherentes, en consecuencia
la obligación de notificación -personal o por edicto- sólo es exigible cuando la
apertura de la indagación preliminar no se sustenta en la necesidad de
individualizar o identificar al posible autor de la falta -como cuando lo único que se
busca con la indagación preliminar es establecer la existencia de la conducta, determinar
si la conducta constituye falta disciplinaria o si existe causal alguna eximente de
responsabilidad- pues si ello es así es claro que esta etapa se lleva a cabo sin que
obre un sujeto procesal pasivo vinculado -lo cual, como se indicó de manera previa,
está permitido por la ley- y en consecuencia no habrá a quien notificar.

Ahora, la calidad de investigado se adquiere a partir del momento de apertura de
la investigación disciplinaria o de la orden de vinculación, de conformidad con el
inciso 1 del artículo 91 de la Ley 734 de 2002, que, además, señala:

«El funcionario encargado de la investigación, notificara de manera personal la
decisión de apertura, al disciplinado. Para tal efecto lo citara a la dirección registrada
en el expediente o a aquella que aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser
posible la notificación personal, se le notificara por edicto de la manera prevista en este
código.

El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación
probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del
disciplinado.

Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia del implicado, en
tanto se surta dicho trámite de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los
puntos que solicite el disciplinado.

Enterado de la vinculación el investigado, y su defensor si lo tuviere, tendrá la
obligación procesal de señalar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones y de
informar cualquier cambio de ella.

La omisión de tal deber implicara que las comunicaciones se dirijan a la última
dirección conocida.»

Y frente a sus derechos la misma ley en el numeral 4 del artículo 92 dispuso como
uno de ellos «solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica», y

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

a su vez el artículo 130 ejusdem, relativo a los medios de prueba y en el que se
incluye los testimonios, indicó que estos «se practicarán conforme a las normas del
Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas
del derecho disciplinario».

Descendiendo a los argumentos presentados por el demandante en sustento de
los cargos bajo análisis se observa que, el operador disciplinario de primera
instancia mediante auto del 31 de agosto de 2017 abrió indagación preliminar39. en
atención a un escrito sin fecha presentado por Rubén Darío González Galvis por
medio del cual puso en conocimiento su inconformidad con la decisión inhibitoria
del 21 de junio del 2017 dentro de la queja por él interpuesta el 5 de junio del
mismo año, en la cual se indicaban varios sujetos como posibles infractores de la
ley disciplinaria.

En la providencia administrativa en mención se señaló que la indagación tendría
como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ella es constitutiva
de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad, y si
estos actuaron amparados en una causal de exclusión de responsabilidad, frente a
los hechos puestos en conocimiento por la presunta conducta irregular en que
pudieron haber incurrido funcionarios de la Policía Nacional por establecer.

En la queja del 5 de junio de 2011, se lee lo siguiente:

«El día sábado 03 de junio tipo nueve y media de la noche, yo me encontraba
cobrando por puerto paz, hubo un problema en el cual estaba yo, saque el arma de
fogueo y se la pase a la mujer mía, el arma estaba en el bolso, un policia de los de
apoyo le arrebató el bolso a la mujer mía y le sacó el arma de fogueo, ahí mismo le
digo yo que si me la puede pasar o que me haga el acta de incautación para hacer un
procedimiento normal, pero el patrullero me dijo que se la había entregado a mi
teniente Romero, ahí mismo arrancó, yo alcanzo la Duster y le pregunto a mi teniente
Romero que si en algún momento le entregaron un arma de fogueo él me dice que no,
me devuelvo donde el patrullero y le digo que sí es tan amable me la devuelve y
delante de mí teniente se fue a niego, en el mismo momento le dije a mi cabo Rugeles
que si es tan amable me colaboraba con ese patrullero y le hace el llamado de
atención y se va de niego, el domingo voy al CAI Alfonso López y hablo con mi cabo
Rugeles y me dice que venga donde la Subintendente Diana y hable con ella pare
ponerme de acuerdo el caso, y dos patrullera del Alfonso vieron cuando él se la quitó a
la mujer mia y se la guardó en el chaleco, ME DIERON LOS TRES SI. COY VANEGAS
JHON FREDY, PT. GARCIA LEON JHON Y PT. BAENA RIVERA JUAN QUIENES ESTABAN
DE APOYO EN PUERTO PAZ» (sic)

Ahora bien, en el auto inhibitorio del 21 de junio de 2017 se consideró que:

«Por los hechos que son objeto de estudio, procede esta instancia disciplinaria a
analizarlos con el fin de determinar si se da o no apertura a actuación disciplinaria
teniendo en cuenta que el contenido que se expresa en la queja no es claro, ya que
versa sobre una información que carece de fundamento legal, además no existen
elementos de prueba que demuestren alguna irregularidad por parte del funcionario
oficial o que comprueben los hechos narrados por el quejoso, toda vez que no existe
prueba alguna que determine que el mismo efectivamente tenía el arma de fogueo en
mención, ni tampoco se anexa a la queja si propiedad del elemento que lo refiera como
su dueño, en cambio sí se vislumbra inconformismo del quejoso con el procedimiento

39 Pags 134 a la 136 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

de policía incluso cuando refiere que pasa el arma de fogueo a su mujer, debiendo este
acreditar su existencia y tenencia a la autoridad competente.»

Asimismo, se indicó que «(..), si con posterioridad se allegan antecedentes que
conlleven a demostrar violación manifiesta a la norma disciplinaria por el policía en
mención, esta instancia en su momento los evaluara e iniciara las actuaciones
disciplinarias a que haya lugar».

Pese a que en la queja se puso de presente los nombres de tres patrulleros en ella
no se identificó y/o individualizó al actor de la falta disciplinaria si no por lo que le
dijeron otros uniformados y, no obstante, haberse proferido un auto inhibitorio para
iniciar alguna actuación disciplinaria por los hechos objeto de la queja por falta de
fundamento legal y elementos de prueba, posteriormente, se presentó un escrito
por parte del quejoso en el que manifestó contar con elementos de prueba para
iniciar la actuación disciplinaria.

En el mencionado escrito indicó que en la intervención policial le fue incautada un
arma de fogueo sin el procedimiento establecido para ello y que el arma que en
ese momento estaba en poder de su esposa se la quedó un policía de apellido
García, así como también se habían quedado con la tarjeta de propiedad. Como
testigos presenciales de los hechos señaló al cabo Romero, del CAI Alfonso
López, al patrullero Buriticá, del CAI Palermo, al patrullero Torres, del CAI Alfonso
López, a Lorena Muñoz, su compañera sentimental, y a Yuli Alejandra Muñoz, su
cuñada, así mismo aportó material fílmico.

De acuerdo con lo anterior, el operador disciplinario emitió el auto de indagación
preliminar, antes mencionado, y resolvió:

«ARTÍCULO PRIMERO. Abrir indagación preliminar en contra de personal policial por
establecer, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO. Vincular a la presente Indagación preliminar a Ios policiales
que durante la investigación resulten comprometidos en los hechos objeto de la
presente indagación preliminar, de acuerdo a los artículos 101 y 155 de la ley
734/2002, haciéndole saber los derechos que le asiste conforme al artículo 92 de la
norma Idem.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar de la apertura de la presente indagación preliminar al
personal vinculado, y demás policiales que por estos hechos resulte comprometidos
con los hechos objeto de investigación; y si es necesario o solicitado, escucharlo en
diligencia de exposición libre y espontánea en ejercicio del derecho de defensa y
contradicción que le asiste

ARTÍCULO CUARTO. Para el esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento
se practicarán las siguientes pruebas y diligencias utilizando además los medios
técnicos y tecnológicos con forme lo dispone la ley con el fin de dar total claridad al
comportamiento desplegado por los policiales Investigados.
1. Documentales
• Enviar con dirección al Laboratorio Regional de Criminalística Nr 3 de la policía
nacional el elemento material probatorio y evidencia física descrito en rotulo elemento
material de prueba o evidencia física como 01 CD marca PRINGO con número interno
P406211717070321, el cual contiene 03 videos y una foto, con el fin de que sean
extraídas imágenes en las cuales se advierta procedimiento de policía dentro del cual
al parecer se llevó a cabo por parte de los funcionarios policiales la incautación de un
arma de fogueo y/o identificación del funcionario policial o características como

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

apellidos y nombre o número de chaleco de funcionario o funcionarios policiales a
quien ciudadano al parecer le reclama un bien mueble de tipo arma de fogueo.
• Solicitar a la Estación de Policía Manizales, el envío con dirección a este despacho
de las copias de la minuta de servicios sobre un apoyo policial que al parecer se
presentó para la fecha del 03/06/2017, en el barrio puerto paz en un horario entre las
21:00 y 23:00 horas;
• Solicitar al Grupo Talento Humano MEMAZ, el envío con dirección a este despacho
identificación plena de los funcionarios policiales que a continuación se relacionan así:
Mando ejecutivo en el grado de Subintendente y/o suboficial en el grado de
cabo con apellido Romero, quien en la actualidad y/o para la fecha del 03/06/2017
laboraba en el CAI Alfonso López.
Funcionario policial en el grado de Patrullero quien para la fecha del
03/06/2017 y/o en la actualidad laboró y/o labora en el CAI Palermo.
Funcionario policial en el grado de Patrullero de apellido TORRES, quien para
la fecha del 03/06/2017 prestaba sus servicios en el CAl Alfonso López.
2. Testimoniales.
• Testimoniales - escuchar en diligencia de ampliación y ratificación de queja bajo la
gravedad de juramento al señor RUBÉN DARIO GONZÁLEZ GALVIS

• Testimoniales - escuchar en diligencia declaración al personal continuación que se
relaciona a
LORENA MUNOZ.
YULIA ALEJANDRA MUÑOZ.
SI. COY VANEGAS JHON FREDY.
PT. BAENA RIVERA JUAN

ARTÍCULO QUINTO: Convalídese y otórguese plena validez a los documentos
allegados con el oficio sin número, sin fecha suscrito por el señor RUBÉN DARIO
GONZÁLEZ GALVIS, origen de la presente investigación disciplinaria, los cuales se
relacionan a continuación, así: sobre sellado, rotulado y embalado, el cual contiene
según el rotulo elemento material de prueba o evidencia física, 01 CD marca PRINCO
con número interno P406211717070321, el cual contiene 03 videos y una foto,
inhibitorio número I-MEMAZ-
2017-57, de fecha 21/06/2017, suscrito por la señora Subteniente LWNNEY ONNEDY
GARCIA HIGUITA, con sus anexos.

ARTÍCULO SEXTO: Para la práctica de las anteriores diligencias, se designa a los
señores Intendente DUVERNEY ALVAREZ MORENO, Subintendente YAID ARBEY
HERNANDEZ y Subintendente CRISTIAN GALLEGO GOMEZ, quiénes al término de
las cuales deberá remar las diligencias a este. (…)» (sic).

Visto lo anterior, se tiene que el operador disciplinario en lo que atañe a la etapa
de indagación preliminar señaló la existencia de duda sobre la individualización e
identificación del o de los posibles autores de la falta, la existencia de la conducta
y la falta, como consecuencia, dio curso a la referida instancia previa contra
funcionarios por establecer a través del auto del 31 de agosto de 2017, en el cual,
decretó y ordenó la práctica de diferentes medios de prueba relacionados con los
solicitados y aportados por el quejoso y otros encaminados a establecer la
identificación de los funcionarios que para el día y hora de los hechos se
encontraban en prestación del servicio y en apoyo al procedimiento policial.

Así, en el auto de indagación preliminar la autoridad disciplinaria se refirió a la
existencia de dudas sobre la procedencia de la investigación disciplinaria, entre
ellas, la identificación e individualización del actor de la falta disciplinaria y dentro
de su amplio margen valorativo al subsistir dudas procedió a dar trámite a la
indagación preliminar, etapa, en la que como se expuso en precedencia no se
desconoce el derecho al debido proceso si no se notifica al presunto infractor,

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

pues, cuando la duda recae sobre dicha identificación y/ individualización es
apenas lógico que no exista un sujeto procesal a quien notificar.

En ese sentido, aún cuando en la noticia disciplinaria el autor pueda ser
determinable en la medida en que respecto de él se aduzca el cargo
desempeñado o se indique su nombre, para proceder a la investigación
disciplinaria se exige su identificación e individualización, lo que no en todos los
casos se satisface con datos generales respecto del empleo o nombre del
supuesto infractor, parámetro respecto del cual el operador disciplinario manifestó
dudas.

Ahora bien, en el escrito presentado por el quejoso -en el que solicitó apertura de la
actuación disciplinaria por contar con medios de pruebas- con fundamento en el cual se
emitió el auto de indagación preliminar, se señaló a un patrullero de apellido
García como el funcionario que le quitó el arma de fogueo a su mujer, es decir,
como presunto actor de la falta disciplinaria, lo que de una lectura en conjunto con
la queja podría haberse inferido que se trataba del patrullero John García León,
por lo menos con cierta aproximación, sin embargo, para el operador disciplinario
no se cumplía con el parámetro de la identificación y/o identificación de la
conducta lo que es válido si se tiene en cuenta que esta etapa -se insiste es previa y
no es un requisito de procedibilidad- que está supeditada a la duda del operador
disciplinario.

En razón de lo anterior, el operador disciplinario en ejercicio de la facultad que le
otorga la norma disciplinaria podía dar curso a la indagación preliminar y practicar
las pruebas permitidas por el ordenamiento jurídico, sin necesidad de la presencia
del futuro investigado, siempre y cuando una vez vinculado le sea garantizado su
derecho de defensa y contradicción respecto de estas.

Pese a lo anterior, observa la Sala que en el auto de indagación preliminar se
ordenó la práctica de prueba testimonial, en la que se incluyó escuchar en
diligencia de declaración a Jhon Fredy Coy Vanegas y a Juan Baena Rivera,
declaraciones que no fueron solicitadas por el quejoso y quienes en la queja se
relacionaron como funcionarios que estaban en apoyo en Puerto Paz, excluyendo
al ahora demandante sin aparente justificación, lo que pondría entenderse como
contrario al deber de imparcialidad del operador disciplinario en la búsqueda de la
prueba -artículo 129 del CDU-.

No obstante, considera la Sala reiterar lo indicado por esta corporación en otras
oportunidades respecto a que no toda irregularidad genera per se invalidez de lo
actuado en el procedimiento, en razón a que estas tienen que ser determinantes,
de manera que los yerros procesales de menor trascendencia no tienen la entidad
de anular el acto administrativo sancionatorio. Al respecto, la Corte Constitucional
ha señalado lo siguiente: «no toda irregularidad se puede calificar como violación al
debido proceso, sino que éste se afecta cuando hay privación o limitación del derecho de
defensa, que se produce en virtud de concretos actos de los órganos jurisdiccionales que
entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en que se ventilan intereses al
sujeto, respecto de los cuales las decisiones judiciales han de suponer modificación de
una situación jurídica individualizada. Si bien es cierto "toda clase de actuaciones

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

judiciales", pueden acarrear una violación al debido proceso, la connotación constitucional
se da si alguna de las partes es ubicada en tal condición de indefensión que afectaría el
orden justo, violándolo ostensiblemente»40.

En ese sentido, la Sala reitera la posición adoptada por el Consejo de Estado, en
cuanto a que no toda anomalía dentro del proceso disciplinario genera por sí sola
la nulidad de los actos administrativos, pues lo que interesa en el fondo es que no
se haya incurrido en fallas de tal naturaleza que impliquen violación del derecho
de defensa y del debido proceso, es decir, solo las irregularidades sustanciales
que impliquen violación de garantías o derechos fundamentales acarrean la
anulación de las actuaciones.

Frente a las alegaciones de la parte demandante sobre la práctica de pruebas en
la etapa de indagación preliminar, está probado que:

 El 2 de febrero de 2018 la autoridad disciplinaria, luego de practicar algunas de
las pruebas decretadas en la etapa de indagación, esto es la ratificación de la
queja, la declaración de Yuli Alejandra Echeverry Muñoz, del subintendente
Jhon Fredy Coy, del patrullero Juan Carlos Baena, del subintendente Wilson
Romero y de los patrulleros Wilfer Buriticá y William Torres, y el informe de la
estación de Manizales en el que se relaciona el personal que se encontraba de
apoyo en Puerto Paz el día de los hechos, obtuvo la identificación plena del
funcionario presuntamente autor de la falta disciplinaria y como consecuencia
ordenó la vinculación de John Alejandro García León -ahora demandante- a la
investigación disciplinaria y citarlo a diligencia de versión libre, en el mismo
auto ordenó la práctica de prueba testimonial del teniente Rugeles,
mencionado en las declaraciones previas y la práctica de las pruebas de oficio
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

 La decisión anterior, fue notificada personalmente el 3 de febrero del mismo
año41, en la diligencia consta que al investigado se le informaron sus derechos:

1.- Acceder a la investigación
2.- Designar defensor o solicitarlo
3.- Ser oído en versión libre
4.- Solicitar o aportar pruebas y controvertir las allegadas al proceso
5.- Rendir descargos
6.- Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello
7.- Obtener copias de la actuación a su costa.

40 Corte Constitucional, Sentencia T-267 del 7 de marzo de 2000. En este sentido también puede

leerse el auto 029A del 16 de abril de 2002, en el que dicha Corporación sostuvo que: «[…] ha de
valorarse si la irregularidad observada tiene la capacidad de alterar de manera grave el proceso,
tornándolo en injusto, es decir, violatorio del debido proceso. En consecuencia, sólo cuando
además del vicio procesal se vulnera el fin buscado con la norma, ha de dictarse la nulidad de lo
actuado. Por el contrario, cuando la irregularidad no impide la realización efectiva de la función o
propósito perseguido por el instrumento procesal, no puede endilgarse de injusto e indebido el
proceso. De otra parte, el vicio debe ser trascendente; es decir, que de no haberse producido, otra
hubiera sido la evolución del proceso. Por ende, si se incurre en una grave irregularidad en un fallo,
pero el fallo de reemplazo debe dictarse en el mismo sentido del anterior, a pesar del defecto es
improcedente la nulidad por falta de trascendencia del vicio […]»
41 Pag 216 cuaderno 1

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

 Igualmente, en el oficio de citación42 del auto anterior consta que se le
entregó copia del auto en mención y se le solicitó acudir personalmente a la
notificación y, si era del caso, con apoderado.

 En ejercicio de sus derechos como investigado, el 6 de febrero de 2018
presentó una solicitud bajo el radicado S-2018-/ ESTPO CAI SAMARIA
2943, en el que pidió la expedición de copias de la indagación preliminar con
el objetivo de ejercer sus derechos de defensa y contradicción de las
pruebas. Al respecto, obra constancia secretarial de entrega de copias 44 del
7 de febrero con recibido del investigado.

 En el auto de citación a audiencia y formulación de cargos del 18 de abril de
2018, en lo referente, se indicó que el investigado se había abstenido de
rendir versión libre, lo que implica el ejercicio del derecho a guardar silencio
y se dispuso que las diligencias estarían a su alcance. La anterior decisión
se notificó personalmente45 el 2 de mayo de 2018 en el que nuevamente se
le indicaron sus derechos como investigado y se le corrió traslado de todas
y cada una de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el
proceso a efectos de garantizar su derecho a la defensa y la contradicción.

 En ejercicio de sus derechos, también se observa que en la audiencia
pública instalada el 11 de mayo del 2018 ejercicio su derecho a rendir
versión libre y solicitó la práctica de pruebas testimoniales a las cuales se
accedieron, así:

«PT MAURICIO AGUCELO QUINTERO compañero de patrulla del CAI la
Sultana PT SANTIAGO ECHEVERRY conductor vehículo.
TE RUGELES encargado de la sección de vigilancia
RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GALVIS
YULI ALEJANDRA ECHEVERRY MUÑOZ cuñada del quejoso.
LORENA, quien es la esposa del quejoso».

De lo anterior, observa la Sala que una vez individualizado e identificado el
demandante como autor de la falta disciplinaria, fue vinculado a la investigación
disciplinaria, se le garantizó el derecho de defensa, se le informó de los derechos
que les asistía en su calidad de investigado, actuación que fue notificada
personalmente.

En este sentido la Sala observa que, de conformidad con la Ley disciplinaria -inciso
5 del artículo 150 de la Ley 734 de 2002-, la autoridad tenía la facultad para decretar
la práctica de las pruebas que considerara necesarias para el esclarecimiento de
las situaciones jurídicas que dieran lugar a la apertura de la investigación,
asimismo de la ley -inciso 3 del artículo 91 ibidem-, se establece que, el trámite de la
notificación personal de la apertura de la investigación no suspende la etapa
probatoria, sin embargo, para garantizar el derecho a la contradicción y defensa,

42 Pag 215 cuaderno 1
43 Pag 1 del cuaderno 1A
44 Pag 2 del cuaderno 1A
45 Pag 21 del cuaderno 1A

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

indicó que las pruebas practicadas sin la presencia del implicado deberán ser
ampliadas o reiteradas en los puntos en que lo solicite el disciplinado.

Posteriormente, el demandante ejerció sus derechos a rendir versión libre, a
designar un defensor, a solicitar o aportar pruebas, como consta en el acta de la
audiencia del 11 de mayo del 2019 en la que se accedió a las pruebas
testimoniales peticionadas y se procedió a fijar fecha y hora de su recepción.
Aunado a lo anterior, se observa que el disciplinado también ejerció su derecho a
rendir alegatos, y tuvo la oportunidad de presentar las nulidades que a su juicio
fueran procedentes.

Con todo, se le garantizó el derecho al debido proceso al investigado, se le dieron
a conocer las decisiones en la forma prevista en la ley para cada una de ellas y las
fechas de las audiencias, teniendo claro la naturaleza del proceso y el trámite, así
como sus derechos, razón por la cual se imponía una carga al sujeto disciplinable
y a quien lo representaba de controvertir y solicitar las pruebas que consideraba
necesarias para el esclarecimiento de la verdad o en su defecto alegar las
nulidades procesales que advirtiera en el curso del proceso, lo que no ocurrió.

La conducta del operador disciplinario no fue pasiva y en cumplimiento de la carga
de la prueba que le asiste en estos procesos decretó las que a su juicio eran
necesarias para esclarecer los hechos objeto de investigación, sin que con ello se
pueda desconocer la carga de las partes para probar su dicho o más bien de
ejercer los derechos que le son propios.

Para la Sala, la práctica de las declaraciones en comento sin la presencia del
ahora demandante -en las circunstancias del caso concreto- no afectó su derecho a la
defensa, puesto que el ejercicio de este frente al dicho de los declarantes no se
limita a la participación en la diligencia respectiva, sino que comporta un gran
número de oportunidad e instrumentos procesales que le otorga la ley disciplinaria
para tales efectos -recursos, descargos, solicitudes de nulidad, petición de ampliación
de las declaraciones y/o práctica de nuevo interrogatorio a los declarantes-, varias, que
fueron ejercidas por el demandante. Asimismo, al accionante no se le pretermitió
la etapa para aportar o para contradecir las pruebas que se habían allegado y
practicado en la indagación preliminar. El actor no demostró en qué circunstancias
la entidad demandada le impidió acceder al material probatorio, contrario a ello
solicitó copias de las actuaciones llevadas a cabo en dicha etapa y le fueron
entregadas, tampoco obra prueba que permita determinar que el accionante
hubiese planteado la causal de nulidad por violación del derecho de defensa en el
trámite de la indagación una vez vinculado a la investigación.

La conclusión anterior, es acorde con el criterio aplicado por el Consejo de Estado
en un caso de similares características46 en el que se señaló que, practicar
pruebas antes de la notificación de la apertura de indagación no implica per se una
violación al debido proceso, -o también las practicadas en indagación preliminar, esto

46 Sección Segunda, Sentencia del 25 de agosto de 2019, Rad. 2014-70008-01 (3966-2015) C.P.

William Hernández Gómez

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

es, antes de la notificación a investigación disciplinaria- puesto que deben concurrir
tres elementos para considerar que existe alguna irregularidad:

«i) Que se practiquen las pruebas sin la presencia del disciplinado -bien porque no se
ha notificado la decisión o porque habiéndose notificado la inmediatez o el lugar de la
práctica de pruebas impidan la asistencia del disciplinado-; ii) Que medie una solicitud
de ampliación o reiteración de los sujetos procesales; y iii) Que la autoridad
disciplinaria no haya atendido dicha petición o que la haya denegado de manera
irrazonable.

(…) «La subsección agrega que la indagación preliminar corresponde a una etapa muy
primigenia en donde la fase de cognoscibilidad sobre la responsabilidad es mínima. En
la medida en que la actuación avanza en las fases posteriores, ese nivel de exigencia
se va aumentando, pasando por una probabilidad media en la investigación
disciplinaria, una probabilidad máxima en el pliego de cargos y un grado de certeza al
momento de una eventual decisión sancionatoria. Esto hace suponer que en dicho
recorrido los sujetos procesales pueden conocer las pruebas que han sido practicadas
y en virtud de sus amplias prerrogativas tienen la posibilidad de ir contradiciendo
aquellas que han sido practicadas, en donde además aparecen otros derechos
procesales como los descargos, alegatos de conclusión y demás peticiones con el fin
de ejercer cabalmente el derecho de contradicción y defensa»

Por otra parte, el demandante indicó que se superó el término de duración de la
indagación preliminar, que es de 6 meses y culmina con el archivo definitivo o auto
de apertura -inciso 4 del artículo 150 CDU-. Pues bien, en lo que respecta, el auto de
indagación preliminar se expidió el 31 de agosto de 2017 y la etapa culminó con la
expedición del auto que vinculó al demandante a la investigación disciplinaria el 2
de febrero de 2018, notificado el 3 del mismo mes y año, lo que da cuenta de un
transcurso de 5 meses y 1 día con lo cual no se superó el previsto para esta
etapa.

El demandante adujo que la etapa culminó el 18 de abril de 2018, no obstante,
esta fecha corresponde al auto de citación a audiencia y formulación de cargos,
que corresponde a otra fase del proceso. Valga aclarar que si bien el auto del 2 de
febrero de 2018 en su encabezado se tituló «auto vinculando personal a indagación
preliminar», en el resuelve ordenó la vinculación a la investigación disciplinaria del
patrullero John Alejandro García León, decisión que fue notificada personalmente
y en su contenido consta la identidad del posible autor o autores, la relación de
pruebas cuya practica se ordenó, la certificación de posesión del funcionario y la
orden de informar y de comunicar esta decisión -artículo 154 del CDU- es decir, los
aspectos que debe contener tal decisión.

9.2.- Sobre la presunta irregularidad por falta de notificación a la PGN

La Ley 734 de 2002 en el artículo 155 establece que «iniciada la investigación
disciplinaria se notificará al investigado y se dejará constancia en el expediente
respectivo. En la comunicación se debe informar al investigado que tiene derecho a
designar defensor. Si la investigación disciplinaria la iniciare una oficina de control
disciplinario interno, esta dará aviso inmediato a la Oficina de Registro y Control de la
Procuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad o de la
personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario
preferente. La procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las condiciones
para que se suministre dicha información. Si la investigación disciplinaria la iniciare la

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, lo
comunicará al jefe del órgano de control disciplinario interno, con la advertencia de que
deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o
suspenderla inmediatamente, si ya la hubiere abierto, y remitir el expediente original a la
oficina competente de la Procuraduría». (Cursiva y negrilla fuera de texto).

La norma en mención señala que la obligación de notificación a la PGN por parte
de los demás operadores disciplinarios hace alusión al auto de apertura de
investigación disciplinaria -y no al auto de apertura de indagación preliminar- y su
finalidad radica en permitirle a dicho ente de control optar por el ejercicio de su
poder disciplinario preferente.

Del expediente se desprende que en el auto del 18 de abril de 2017 proferido por
la autoridad disciplinaria de primera instancia por medio de la cual dio apertura a la
investigación disciplinaria se ordena «comunicar de esta decisión a la Procuraduría
provincial de la ciudad de Manizales», comunicación que obra en la pág. 22 del
cuaderno 1A, con lo cual no se omitió el cumplimiento de la obligación dispuesta
en el artículo 155 de la Ley 734 de 2002.

9.3.- Sobre las presuntas irregularidades procesales referidas al
desconocimiento de la «non reformatio in pejus»

El principio de la non reformartio in pejus es un desarrollo de lo establecido en el
artículo 31 constitucional que ordena que «el superior no podrá agravar la pena
impuesta cuando el condenado sea apelante único».

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 328 del CGP, aplicable en sede
contencioso administrativo según se dispone en el artículo 306 del CPACA, el
recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al
apelante y por esta razón el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si
fue el único que se alzó contra la decisión. Por ello se ha establecido que el marco
fundamental de competencia para el juez de segunda instancia lo constituyen las
referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra
de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en
principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se
excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de
apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el
principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que
las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan
la competencia del juez que conoce de este47.

El demandante afirma que la orden adoptada por la autoridad disciplinaria de
segunda instancia que alude a «… DESGLOSAR copia de las piezas procesales
principales obrantes en la actuación disciplinaria radicada SIJUR MEMA2-2018-19 y
remitirlas a la Fiscalía General de la Nación oficina de asignaciones del lugar donde
ocurrieron los hechos, para lo de su competencia respecto de la conducta asumida por el
señora Patrullero JOHN ALEJANDRO GARCÍA LEON y su posible incidencia en la ley penal,

47 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997 de la Corte

Constitucional.

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

trámites que se realizarán a través del fallador de primera instancia», quebrantó la
prohibición de no empeorar la decisión para el apelante único.

Frente al particular se tiene que el artículo 70 de la Ley 734 de 2002 prevé que «el
servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta
disciplinaria, si fuere competente, iniciara inmediatamente la acción correspondiente. Si
no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las
pruebas que tuviere. Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren
constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la
autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva».

La Sala coincide con la manifestación del demandante frente a que la disposición
indica claramente que la exigencia a la autoridad disciplinaria para poner en
conocimiento de los hechos que puedan constituir delitos se hace frente a aquellos
delitos investigables de oficio y no de aquellos querellables, sin embargo, lo cierto
es que la conducta que dio origen a la sanción disciplinaria encuadra en el tipo
penal de hurto y dentro del catálogo de delitos que el numeral 2 del artículo 74 de
la Ley 906 de 2004 erige como querellables, se encuentra el hurto simple cuya
cuantía no exceda de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es al
tipo penal previsto en el artículo 239 del Código Penal.

No obstante lo anterior, no implicó un desconocimiento del principio que haga
posible desvirtuar la legalidad de los actos acusados porque es claro que la
situación del demandante no se hizo más gravosa en el fallo de segunda instancia,
pues la decisión sancionatoria que consistió en la destitución e inhabilidad por 10
años fue confirmada en los mismos términos que en la decisión inicial, lo que es
acorde con el artículo 116 de la Ley 734 de 2002, determinó que «el superior, en la
providencia que resuelva e! recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio,
no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el investigado sea apelante único».

Pues bien, de entenderse lo contrario, cualquier orden frente a esta irregularidad
seria inane pues de la respuesta de la Fiscalía General de la Nación a la solicitud
con radicado 17001-23-33-000-2020-00057-00 presentada por el tribunal de
instancia48 referente a la consulta sobre el estado en que se encuentra el proceso
penal adelantado en contra John Alejandro García León, identificado con cédula
1.053.792.782, se informó que una vez realizada la consulta en la fecha al
Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía SPOA, se evidenció que: García
Leon John Alejandro con C.C 1053792782, en relación con el delito de hurto, se
encontraba archivada por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto pasivo.
En efecto, al ser un delito querellable la indagación fue archivada al no poder
establecer el sujeto pasivo, entonces, pese a que se aceptara que se desconoció
el non reformatio in pejus en esta instancia judicial cualquier orden al respecto no
tendría efecto alguno o cambiaria el sentido de los actos acusados.

9.4.- Sobre las presuntas irregularidades procesales referidas a la perdida de
competencia del operador disciplinario de segunda instancia

48 Pag 261 a la 263 cuaderno 1A

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

El demandante hizo alusión en su concepto de violación a una ilegalidad
sustantiva de los actos sancionatorios por pérdida de competencia del juez
disciplinario de segundo grado, porque después de interponerse el recurso de
apelación en contra de la decisión de primera instancia, la Inspección Delegada
Región de Policía 3 dejó transcurrir más tiempo del establecido en la ley para
proferir el fallo de segunda instancia, lo que significa que perdió la competencia
temporal para decidir el proceso, y en tal sentido debe entenderse que la
sentencia de segunda instancia fue favorable al recurrente

El artículo 171 de la Ley 734 de 2002 señala que: «el funcionario de segunda
instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el proceso. Si lo considera necesario, decretara pruebas de oficio, en
cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliara hasta en otro tanto». En el
presente caso, el acto sancionatorio de primera instancia fue emitido el 28 de junio
de 2018 y notificado en estrados, el expediente fue remitido al fallador de segunda
instancia mediante oficio S-2018- 025475 / INDER 3- CODIN 29.2749 del 29 de
junio de 2018, recibido el 3 de julio del mismo año, y finalmente, el acto
sancionatorio de segunda instancia se emitió el 22 de julio de 2019, esto es se
tardó 1 año y 19 días para emitir decisión.

Se debe advertir que el solo hecho de desconocer los términos no le resta validez
a la decisión tomada ni vicia de nulidad el proceso disciplinario, la Corte
Constitucional en sentencia SU 901-2005 señaló que «… el incumplimiento del
término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra
automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como
consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez(…) Es decir, el sólo
hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de
los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al
archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un
sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional».

Bajo este entendido, no todo incumplimiento de los términos implica la violación al
debido proceso, así, aunque la regla general es que la autoridad administrativa y
los jueces deben acatar los términos de manera rigurosa, pueden existir algunas
circunstancias que no permitan hacerlo, y ello no implica necesariamente
vulneración de los derechos y de las garantías del investigado.

Pues bien, en el proceso disciplinario adelantado contra el demandante se
surtieron todas las etapas procesales lo que permite inferir que se le garantizó el
derecho de defensa y debido proceso. El investigado tuvo la oportunidad de rendir
su versión libre, presentó descargos, solicitó la práctica de pruebas y presentó el
recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, como quedó
evidenciado en precedencia.

En conclusión, pese a que, el operador disciplinario de segunda instancia superó
los términos establecidos en la ley para resolver el recurso de apelación, se le
respetaron al disciplinado las garantías legales y constitucionales que conlleva el
debido proceso, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

49 Pag 109 Cuaderno 1A

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

Frente al argumento de aplicar el artículo 52 del CPACA, se advierte que al estar
el procedimiento disciplinario explícitamente reglamentado en la Ley 734, esta
circunstancia descarta, de plano, la aplicación del procedimiento administrativo
sancionatorio general previsto en el CPACA. Si bien ambos regímenes constituyen
expresión de la potestad sancionatoria del Estado, la realidad es que la regulación
contenida en el CPACA no resulta del todo compatible con la Ley 734 de 2002, por
la exclusividad de los destinatarios de esta, las faltas y demás que la hace una
codificación especial, al establecer, de manera detallada, que «[c]onstituye falta
disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción
correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos
en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo
28 del presente ordenamiento».

10.- Costas

Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia
de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Demandante: John Alejandro García León
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 17 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, ue negó las
pretensiones de la demanda.

Segundo: Notificar y devolver el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EDLM

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.