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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00075-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00075-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar: DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA del derecho del señor Julio César Oliveros Murillo y COSA JUZGADA respecto a la señora Sara Inés Álvarez y REVOCAR la condena en costas en primera instancia y los derechos reconocidos a la señora Alba Marina Franco Giraldo. Segundo. MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia. En su lugar, DECLARAR que el tiempo de mora para los siguientes demandantes, es: Demandante Período de mora Jorge Augusto Blandón Entre el 3 de enero de 2019 y Rendón el 17 de febrero de 2019. Daniel Alberto Cardona Chica Entre el 13 de marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2019. 32 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024) Paola Peláez Coqueco Entre el 7 de agosto de 2018 y el 25 de febrero de 2019. Tercero. MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia. En su lugar, CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a favor de las señoras Claudia Lucía Díaz Henao y Lorena Medina Ramírez, las siguientes sumas: Claudia Lucía Díaz Henao, $1.575.755. Lorena Medina Ramírez, $1.546.142. Cuarto. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. Quinto. Sin condena en costas de segunda instancia. Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2020-00075-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
Demandante: Aida Nelly Cruz Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Tema: Sanción Moratoria. Prescripción. REVOCA Y MODIFICA
PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el primero (01) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

Los señores Aida Nelly Cruz Quintero, Alba Marina Franco Giraldo, Daniel Alberto
Cardona Chica, David Hernando Pacheco Valencia, Jhoiner Alfonso Mejía Castañeda,
Jomairo González Ocampo, Julio César Oliveros Murillo, Sara Inés Álvarez, Claudia
Lucía Díaz Henao, Jorge Augusto Blandón Rendón, José Mario Ramírez Acevedo,
Lorena Medina Ramírez y Paola Peláez Coqueco1, instauraron demanda en contra de
la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los actos administrativos fictos negativos generados por
el silencio administrativo frente a las peticiones presentadas el 08 y 28 de mayo de

1 Inicialmente los demandantes eran 22, sin embargo, por auto de 17 de febrero de 2023 se aceptó una transacción

entre las partes y el proceso continuó en relación con los 13 restantes.

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
2019, a través de los cuales se negó la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta cuando se hizo efectivo
el pago; que dicha suma sea indexada acorde con el IPC, que la liquidación de la
condena se realice en sumas liquidas de dinero en moneda legal en Colombia y se
ajuste conforme lo previsto en los artículos 192 y 196 del CPACA; y finalmente, que
se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que los demandantes prestaron sus servicios como docentes en los centros
educativos del sector oficial vinculados a la gobernación del departamento de Caldas
y, algunos de ellos, al municipio de Manizales.

Que solicitaron ante el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de sus cesantías, en las siguientes
fechas:

Solicitante Fecha solicitud pago de cesantías
Aida Nelly Cruz Quintero 28 de septiembre de 2018
Alba Marina Franco Giraldo 20 de febrero de 2017
Daniel Alberto Cardona Chica 29 de noviembre de 2018
David Hernando Pacheco Valencia 23 de febrero de 2018
Jhoiner Alfonso Mejía Castañeda 23 de enero de 2019
Jomairo González Ocampo 01 de septiembre de 2017
Julio César Oliveros Murillo 29 de diciembre de 2015
Sara Inés Álvarez 26 de abril de 2018
Claudia Lucía Díaz Henao 19 de julio de 2018
Jorge Augusto Blandón Rendón 19 de septiembre de 2018
José Mario Ramírez Acevedo 19 de julio de 2018
Lorena Medina Ramírez 19 de septiembre de 2018
Paola Peláez Coqueco 20 de abril de 2018

Que, en las resoluciones que se relacionan a continuación, se reconocieron las
cesantías pedidas:

Solicitante Resolución reconocimiento cesantías
Aida Nelly Cruz Quintero 8907- 6 del 30 de octubre de 2018
Alba Marina Franco Giraldo 2411- 6 del 29 de marzo de 2017
Daniel Alberto Cardona Chica 0267-6 del 16 de enero de 2019
David Hernando Pacheco Valencia 2 672- 6 del 23 de marzo de 2018

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
Jhoiner Alfonso Mejía Castañeda 1125 -6 del 28 de febrero de 2019
Jomairo González Ocampo 9153-6 del 24 de noviembre de 2017
Julio César Oliveros Murillo 1 533-6 del 23 de febrero de 2016
Sara Inés Álvarez 8917-6 del 1 de octubre de 2018
Claudia Lucía Díaz Henao 682 del 26 de septiembre de 2018
Jorge Augusto Blandón Rendón 857 del 21 de noviembre de 2018
José Mario Ramírez Acevedo 670 del 26 de septiembre de 2 018
Lorena Medina Ramírez 852 del 21 de noviembre de 2018
Paola Peláez Coqueco 917 del 19 de diciembre de 2018

Que, el pago de las cesantías se dio en los siguientes tiempos:

Solicitante Fecha de pago de las cesantías
Aida Nelly Cruz Quintero 14 de marzo de 2019
Alba Marina Franco Giraldo 18 de septiembre de 2017
Daniel Alberto Cardona Chica 11 de abril de 2019
David Hernando Pacheco Valencia 22 de junio de 2018
Jhoiner Alfonso Mejía Castañeda 23 de mayo de 2019
Jomairo González Ocampo 9 de febrero de 2018
Julio César Oliveros Murillo 7 de mayo de 2019
Sara Inés Álvarez 26 de febrero de 2019
Claudia Lucía Díaz Henao 10 de abril de 2019
Jorge Augusto Blandón Rendón 5 de agosto de 2019
José Mario Ramírez Acevedo 19 de diciembre de 2018
Lorena Medina Ramírez 26 de febrero de 2019
Paola Peláez Coqueco 5 de junio de 2019

Que el pago no se produjo dentro de los 70 días hábiles siguientes a la reclamación
tal como lo ordena la ley, por lo que, consideran se causó la sanción moratoria
establecida en la Ley 244 de 1995, oscilando entre 10 y 1121 días de mora.

Que el 08 y el 28 de mayo de 2019, solicitaron ante la respectiva entidad territorial el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías
y la administración guardó silencio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

En el concepto de la violación el apoderado manifestó que los actos administrativos
acusados infringen las normas en que debía fundarse, pues habiéndose producido el
retraso en el pago de las cesantías, se negó el reconocimiento de la sanción moratoria.

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 15 de septiembre de 2020 se admitió la demanda y se notificó a la entidad, la cual
no contestó en su oportunidad.2 Se impartió el trámite para dictar sentencia anticipada,
se corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión. La
demandante reiteró sus argumentos, la parte demandada y el Ministerio Público no se
pronunciaron.3

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El 1° de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia en
la que accedió parcialmente a las pretensiones, declaró no probada la excepción de
prescripción y condenó en costas.

Del análisis de las pruebas allegadas concluyó que se originó a favor de los
demandantes la sanción moratoria consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006 por el pago tardío de las cesantías, con excepción del señor David Hernando
Pacheco Valencia, quien sí recibió el pago de manera oportuna, por lo que sus
pretensiones no prosperaron. En ese sentido, ordenó el reconocimiento, así:

Demandante Sanción moratoria
Aida Nelly Cruz Quintero 15 de enero al 17 de febrero de 2019
Alba Marina Franco Giraldo 6 de junio a 12 de septiembre de 2017
Daniel Alberto Cardona Chica 2 al 13 de marzo de 2019
Jhoiner Alfonso Mejía Castañeda 8 al 14 de mayo de 2019
Jomairo González Ocampo 15 de diciembre de 2017al 24 enero de 2018
Julio César Oliveros Murillo 13 de abril de 2016 a 3 de abril de 2019
Sara Inés Álvarez 14 de agosto de 2018 a 17 de febrero de 2019
Claudia Lucía Díaz Henao 1 de noviembre de 2018 a 3 de abril de 2019
Jorge Augusto Blandón Rendón 3 de enero a 4 de agosto de 2019
José Mario Ramírez Acevedo 1 de noviembre de 12 de diciembre de 2018
Lorena Medina Ramírez 3 de enero a 17 de febrero de 2019
Paola Peláez Coqueco 7 de agosto de 2018 a 19 de mayo de 2019

Manifestó que la sanción reconocida debía indexarse desde la fecha en que cesó la
mora en cada uno de los casos hasta la ejecutoria de la sentencia y condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que expresó que en relación
con la señora Alba Marina Franco Giraldo, no existe causación de mora, porque el

2 Constancia secretarial según anotación visible en la página 3 de la sentencia de primera instancia.
3https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1700123330002020000750111001

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pago de la prestación se realizó dentro del término establecido en la Ley 1071 del
2006. Que, de acuerdo con el certificado de pago de cesantías, la fecha en que se
puso a disposición el dinero fue el 24 de mayo de 2017 y no el 13 de septiembre de
2017. Precisó que dicho pago fue reintegrado el 05 de julio de 2017, porque la docente
no había realizado el cobro de la prestación.

Que, en el caso del señor Jorge Augusto Blandón Rendon, se presentaba una mora
de 46 días, pero que el pago de la prestación realizado el 18/02/2019 fue reintegrado
el 04 de abril de 2019, porque no realizó el cobro de la prestación.

Que respecto a la señora Paola Peláez Coqueco, el término de la mora iniciaba el 7
de agosto de 2018 hasta el 26 febrero de 2019, para un total de 203 días. Que, de
acuerdo con el certificado de pago de cesantías la fecha en que se puso a disposición
el dinero fue el 26 febrero de 2019 y no el 20 de mayo de 2019. Expuso además que
la consignación de la prestación realizada el 26 de febrero de 2019 fue reintegrada el
29 de marzo de 2019 porque no se cobró por su interesada.

Que para el caso del señor Daniel Alberto Cardona Chica, solo se habían causado dos
días de mora y que se debe de tener en cuenta como límite de la sanción moratoria,
el día anterior a la que se indica en el certificado.

En lo que tiene que ver con el señor Julio César Oliveros Murillo, dijo que había
operado la prescripción porque la sanción por mora fue solicitada solo el 28 de mayo
de 2019 cuando ya habían transcurrido 3 años 1 mes y 17 días del término trienal.
Que, de acuerdo con el certificado de pago de cesantías, la fecha en que se puso a
disposición el dinero fue el 28 de septiembre de 2016 y no el 04 de abril de 2019.
Finalmente, advierte que el pago de la prestación realizado el 28 de septiembre de
2016 fue reintegrado el 31 de octubre de 2016, debido a que no se realizó el cobro por
su interesado.

Que, en cuanto a las señoras Claudia Lucía Díaz Henao, Lorena Medina Ramírez y
Sara Inés Álvarez, la sanción moratoria pretendida había sido pagada en su totalidad.
En el caso de la primera se realizó el 24 de julio del año 2023, por valor de $4.977.3004,
respecto de la segunda, el pago tuvo lugar el 24 de julio del año 2023 por valor de
$4.977.3005 y la tercera, el 12 de julio de 2021 por valor de $24.035.6446.

Finalmente manifestó que es improcedente la indexación de la sanción moratoria y la
condena en costas, dado que el artículo 365 del Código General del Proceso establece

4 Recurso de apelación, pagina 11.
5
Recurso de apelación, pagina 17.
6 Recurso de apelación, pagina 10.

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que las costas deben ser debidamente demostradas7.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 21 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el ministerio
público guardaron silencio. El 19 de septiembre de 20248 y 20 de marzo de 20259 se
decretaron pruebas de oficio. En la primera oportunidad, se incorporaron al expediente
las pruebas allegadas por la demandada al interponer el recurso de apelación y en la
segunda ocasión, se remitieron exhortos al Juzgado Primero Administrativo de
Manizales con la finalidad de que allegara copia del expediente digital radicado 17001-
33-33-001-2019-00479-00, el cual fue incorporado al expediente previo traslado a las
partes para que se pronunciaran sin que se hubieran manifestado.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

La Sala debe determinar si los demandantes tienen derecho al reconocimiento de la
sanción moratoria consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el pago
tardío de sus cesantías definitivas.

Dependiendo de lo anterior, se analizará i) si el período de la sanción moratoria fue
debidamente contabilizado por el Tribunal, ii) si es procedente o no ordenar la
indexación de la condena, iii) si hay lugar a declarar extinguida la obligación en algunos
casos por pago y en otros, por prescripción del derecho y iv) finalmente si debe
revocarse la condena en costas.

Sobre las cesantías en el sector docente

El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y la
aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«(…) 3. Cesantías:

7
Recurso de apelación, pagina 22.
8 Véase archivo digital en índice # 0008 de SAMAI de esta corporación.
9 Índice # 00017 ibid.

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A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma
que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional».

La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9°5 dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.

Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 2018 6 unificó jurisprudencia
sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 a los
maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por la cancelación
extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella se especificó la
naturaleza del empleo docente, concluyendo que integran la categoría de servidores
públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues, aunque el estatuto
de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos
concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de
empleado público. En ese sentido a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.

En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de la
erogación indemnizatoria en cita, en los siguientes términos:

«(…) 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o
lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria
iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que
se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión
(Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en
vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo
51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por
consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en
precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006»

Resolución al caso concreto

En el recurso de apelación no se manifestó inconformidad alguna respecto a la
decisión proferida para los señores Aida Nelly Cruz Quintero, Jhoiner Alfonso Mejía
Castañeda, Jomairo González Ocampo, José Mario Ramírez Acevedo, y David
Hernando Pacheco Valencia, razón por la cual la sentencia respecto de ellos quedará
incólume.

Precisado lo anterior, la Sala inicialmente analizará los argumentos propuestos frente
a los señores Alba Marina Franco Giraldo, Daniel Alberto Cardona Chica, Jorge
Augusto Blandón Rendón y Paola Peláez Coqueco.

Una de las inconformidades descritas consistió en la no causación de la sanción
moratoria y en el conteo del término, pues según la demandada el Tribunal desconoció
que en algunos casos el pago fue oportuno y en otros, que los dineros producto de
las cesantías fueron puestos a disposición de sus interesados y al no ser cobrados se
reprogramaron. Situación que dice no resulta imputable a la demandada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se verificarán y relacionarán las pruebas allegadas,
así:

Demandante Fecha solicitud de Término para expedir Fecha en que se
cesantías la resolución de expidió la resolución
reconocimiento de reconocimiento
Alba Marina Franco 20 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 Resolución 2411-6 del
Giraldo10 29 de marzo de 2017
Daniel Alberto 29 de noviembre de 20 de diciembre de Resolución 267-6 del
Cardona Chica11 2018 2018 16 de enero de 2019

Jorge Augusto 19 de septiembre de 10 de octubre de 2018 Resolución 857 del 21
Blandón Rendón12 2018 de noviembre de 2018

10 Archivo digital de SAMAI, Antecedentes administrativoscontenidos en documento denominado:

047ED_C01PRIMERA_48OFICIOREMISORIOPDF, páginas 104 a 111.
11 Ibid., páginas 114 a 119.
12 Ibid., páginas 279 a 289.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
Paola Peláez 20 de abril de 2018 15 de mayo de 2018 Resolución 917 del 19
Coqueco13 de diciembre de 2018

Atendiendo a lo considerado y probado, tenemos, que las solicitudes de
reconocimiento se elevaron en las fechas que se observan en el cuadro y la entidad
contaba con 15 días hábiles para emitir el acto administrativo respectivo, plazo que,
como se ve, se incumplió; por lo que no existen dudas que las resoluciones que
reconocieron el derecho fueron expedidas en forma extemporánea.

Así las cosas, se debe aplicar la segunda regla de la sentencia SUJ-012-S2 del 18 de
julio de 2018-14 que contempla:

HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
ACTO Aplica, pero no se 45 días, posteriores 70 días
10 días, después
ESCRITO tiene en cuenta a la ejecutoria posteriores a la
de cumplidos 15
EXTEMPORA para el cómputo petición
para expedir el
NEO (después del término de
acto
de 15 días) pago

Aplicando la regla citada a los casos en estudio, se observa:

Demandante Fecha solicitud de Cumplimiento de los Fecha en que se
cesantías 70 días posteriores a puso en disposición
la petición el dinero
Alba Marina Franco 20 de febrero de 2017 5 de junio de 2017 24 de mayo de 201716.
Giraldo15 (Sin embargo, el pago
fue reprogramado al
no ser cobrado por su
interesada)
Jorge Augusto 19 de septiembre de 2 de enero de 2019 18 de febrero de
Blandón Rendón17 2018 201918 (Sin embargo,
el pago fue
reprogramado al no
ser cobrado por su
interesado)
Daniel Alberto 29 de noviembre de 12 de marzo de 2019 15 de marzo de 201920
Cardona Chica19 2018

13 Ibid., páginas 220 a 229.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018- Exp. 73001-

23-33-000-2014-00580-01.
15 Archivo digital de SAMAI, Antecedentes administrativos contenidos en documento denominado:
047ED_C01PRIMERA_48OFICIOREMISORIOPDF, páginas 104 a 111.
16 Tal como se observa del certificado de pago de cesantía emitido por la Fiduprevisora, aportado con el recurso

de apelación de la sentencia y que fue incorporado al proceso en virtud de una prueba de Sala.
17 Ibid., páginas 220 a 229.
18 Tal como se observa del certificado de pago de cesantía emitido por la Fiduprevisora, aportado con el recurso

de apelación de la sentencia.
19 Ibid., páginas 114 a 119.
20 Tal como se observa del certificado de pago de cesantía emitido por la Fiduprevisora, aportado con el recurso

de apelación de la sentencia.

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Paola Peláez 20 de abril de 2018 6 de agosto de 2018 26 febrero de 201922
Coqueco21

Es decir, solo en los casos del señores Jorge Augusto Blandón Rendón, Daniel Alberto
Cardona Chica y la señora Paola Peláez Coqueco, se superó el término previsto en
la ley y en consecuencia, empezó a causarse la sanción moratoria, desde el día
siguiente a la fecha de cumplimiento de los 70 días posteriores a la petición y hasta el
día anterior a la fecha en que el dinero de las cesantías fue puesto a disposición de
los demandantes para su cobro, generándose la sanción moratoria, como se detalla:

Demandante Período de mora
Jorge Augusto Blandón 3 de enero de 2019 y el 17 de
Rendón febrero de 2019
Daniel Alberto Cardona Chica 13 de marzo de 2019 y el 14 de
marzo de 2019
Paola Peláez Coqueco 7 de agosto de 2018 y el 25 de
febrero de 2019

No ocurre lo mismo en el caso de la señora Alba Marina Franco Giraldo, pues la
revisión de la certificación de pago de las cesantías aportada por la demandada se
desprende que efectivamente los dineros fueron puestos a disposición antes del
vencimiento de los 70 días, sin embargo, su cobro no fue realizado por ella lo que
generó que el pago fuera reprogramado y cobrado solo el 18 de septiembre de 2019,
tal como se observa en el recibo del banco BBVA allegado con la demanda.

Para la Subsección, tal situación no es imputable a la demandada, por ello, se
revocará la sentencia de primera instancia que ordenó el reconocimiento de la sanción
moratoria desde el 6 de junio al 12 de septiembre de 2019.

Tampoco acertó el Tribunal en los días reconocidos por sanción moratoria en los
casos de los señores Jorge Augusto Blandón Rendón y Paola Peláez Coqueco,
porque respecto al primero, dispuso que la mora tuvo lugar desde el 3 de enero y el 4
de agosto de 2019, y con relación a la señora Peláez, reconoció desde el 7 de agosto
de 2018 y el 19 de mayo de 2019, -siendo las fecha resaltadas en negrilla las del día
anterior al cobro por parte de sus interesados-, lo cual nuevamente desconoce que
los dineros fueron puestos a disposición desde el 18 de febrero de 2019, para el caso
del señor Jorge y el 26 de febrero de 2019, para la señora Paola, tal como consta en
las certificaciones y desprendibles de pago allegados23.

21
Ibid., páginas 220 a 229.
22
Tal como se observa del certificado de pago de cesantía emitido por la Fiduprevisora, aportado con el recurso
de apelación de la sentencia.
23 Archivo digital de SAMAI, Antecedentes administrativos contenidos en documento denominado:

047ED_C01PRIMERA_48OFICIOREMISORIOPDF.pdf, página 229 y archivo digital de SAMAI, Gestión en otras

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Por lo anterior, se MODIFICARÁ PARCIALMENTE la decisión del Tribunal sobre este
punto, en el sentido de reconocer la sanción en favor del señor Jorge Augusto Blandón
Rendón, entre el 3 de enero de 2019 y el 17 de febrero de 2019. En favor de la señora
Paola Peláez Coqueco, los días causados entre el 7 de agosto de 2018 y el 25 de
febrero de 2019. Finalmente, en favor del señor Daniel Alberto Cardona entre 13 de
marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2019.

Para el caso del señor Julio César Oliveros Murillo, el escrito de apelación
argumentó que se presentaba el fenómeno de la prescripción del derecho.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente 24, los 70 días corrieron
entre el 29 de diciembre de 201525 y el 12 de abril de 2016; es decir, que a partir del
13 de abril de 2016 empezó a causarse la sanción moratoria hasta el 6 de mayo de
2019, día hábil anterior a la fecha en que el dinero de las cesantías fue puesto a su
disposición para el cobro.

Lo anterior implica que a partir del 14 de abril de 2016 y hasta el 14 de abril de 2019
podía reclamar la sanción moratoria; sin embargo, la petición solo se elevó el 28 de
mayo de 201926, esto es, cuando ya había fenecido el término.

En consecuencia, le asiste razón a la entidad, por lo que se REVOCARÁ la sentencia
sobre este punto y DECLARARÁ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
DEL DERECHO.

Respecto a las señoras Sara Inés Álvarez, Claudia Lucía Díaz Henao y Lorena Medina
Ramírez, en el recurso de apelación se indicó que el monto de la sanción moratoria
reclamada ya había sido pagado en su totalidad por el demandado, para lo cual aportó
las pruebas que fueron incorporadas al plenario en esta instancia27, de las que se dio
traslado a las partes para que se pronunciaran, sin que haya habido oposición alguna.

Revisados los documentos, se observa que la demandada allegó 2 certificaciones
emitidas por la Fiduprevisora y también información de la consulta realizada en el

corporaciones, índice 026, archivo denominado: 50ED_RecursoApe_RecursoApelacionrar(.rar), Carpeta llamada
Poder Anexos, documento en 1 página llamado: PAGO[3]
24 Archivo digital de SAMAI, Antecedentes administrativos contenidos en documento denominado:

047ED_C01PRIMERA_48OFICIOREMISORIOPDF, páginas 160 a 168.
25
Folio 165 y ss.
26 Archivo digital de SAMAI, Antecedentes administrativos contenidos en documento denominado:

047ED_C01PRIMERA_48OFICIOREMISORIOPDF, páginas 160 a 168
27
Por auto del 19 de septiembre de 2024 se decretó de oficio la práctica de prueba documental y se incorporó al
expediente los documentos allegados por la parte demandada con el escrito de apelación, de lo que se dio traslado
por 3 días para que las partes se pronunciaran. Entre las pruebas allegadas con el recurso se observan
certificaciones de pago de cesantías y de la sanción moratoria reclamada.

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programa ORACLE, de los cuales se da cuenta que fueron efectuados los siguientes
pagos:
Sara Inés Álvarez Sanción moratoria Certificado de pago Certificado de pago Pantallazo anexado en el recurso
reconocida en Cesantías, el cual indica de la sanción de apelación.
primera instancia: que «a través de acto moratoria, el cual Indica que «el día 12 de julio del año
administrativo 8917-6 de indica que «a través de 2021 se efectuó un pago por la suma
14 de agosto de 2018 31 de octubre de 2018, se acto administrativo de $24.035.644 que equivalen al
a 17 de febrero de reconoció el valor de FSXM 917-6 de 31 de 100% de la sanción moratoria
2019. $35.000.000, través del octubre de 2018, se pretendida (se procede a
banco Ganadero de reconoció el valor de pagar el valor de lo ordenado en el
Manizales». $24.035.644, a través fallo de Sanción Por Mora con
del banco Ganadero de No.17001333300120190047900
Manizales». con fecha de ejecutoria
14/01/2021, ordenando la
sanción sobre la resolución 917-6
del 31/10/2018. El valor pagado
corresponde a
VALOR CAPITAL $22.579.947,
VALOR INDEXACION $0, VALOR
DE TOTAL DE INTERESES
$ 100.900, VALOR COSTAS $
1.354.797 para un VALOR TOTAL
de $ 24.035.644.
APROBADO PARA
PAGO//EJECUTORIA
CERTIFICADA POR
JURIDICA//FALLO ORDENA
SANCION DEL PERIODO
15/08/2018 AL 17/02/2019
EQUIVALENTE A 186 DIAS)»
(Negrilla para resaltar).

Claudia Lucía Díaz Sanción moratoria Certificado de pago Certificado de pago «SE PROCEDE AL
Henao reconocida en Cesantías, el cual indica de la sanción RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
primera instancia: que «a través de acto moratoria, el cual LA SANCIÓN POR MORA POR VIA
administrativo 682 de 26 de indica que «a través de ADMINISTRATIVA POR PAGO
1 de noviembre de septiembre de 2018, se acto administrativo EXTEMPORANEO DE LAS
2018 a 3 de abril de reconoció el valor de VADMSXM682 de 26 CESANTÍAS PARCIALES
2019. $18.168.356, el 12 de de septiembre de 2018, RECONOCIDAS MEDIANTE
diciembre de 2018, través se reconoció el valor de RESOLUCIÓN No. 682 DEL
del banco Ganadero de $4,977,300.00, el 24 de 26/09/2018. PARA LA
Manizales». julio de 2023 a través LIQUIDACIÓN SE TOMÓ LA
del banco Ganadero de SIGUIENTE INFORMACIÓN: 41
Manizales». DIAS DE MORA COMPRENDIDOS
ENTRE EL 01/11/2018 Y EL
11/12/2018 Y UN SALARIO
MENSUAL DE $ 3.641.927. EN
CONSECUENCIA, EL VALOR A
PAGAR CORRESPONDE A LA
SUMA DE $ 4.977.300, QUE SE
CANCELARÁN CON CARGO A
LOS RECURSOS TES DE QUE
TRATA EL ARTÍCULO 57 DE LA
LEY 1955 DE 2019 Y EL DECRETO
2020 DE 2019».

Lorena Medina Sanción moratoria Certificado de pago Certificado de pago «El día 24 de julio del año 2023
Ramírez reconocida en Cesantías, el cual indica de la sanción mi representada efectuó un pago por
primera instancia: 3 que «a través de acto moratoria, el cual la suma de $ 4.977.300 que
enero a 17 de febrero administrativo 852 de 21 de indica que «a través de equivalen al 100% de la sanción
de 2017. noviembre de 2018, se acto administrativo moratoria pretendida. PARA LA
reconoció el valor de VADMSXM852 de 21 LIQUIDACIÓN SE TOMÓ LA
$15.000.000, el 18 de de noviembre de 2018, SIGUIENTE INFORMACIÓN: 46
febrero de 2019, través del se reconoció el valor de DIAS
banco Ganadero de $4.702.095, el 24 de DE MORA COMPRENDIDOS
Manizales» julio de 2023 a través ENTRE EL 03/01/2019 Y EL
del banco Ganadero de 17/02/2019 Y UN SALARIO
Manizales». MENSUAL DE $ 3.066.584. EN

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CONSECUENCIA, EL VALOR A
PAGAR CORRESPONDE A
LA SUMA DE $ 4.702.095»

En el caso de la señora Sara, si bien hay prueba del pago por concepto de sanción
moratoria y cuyo periodo corresponde al reconocido en la sentencia de primera
instancia esto es, 14 de agosto de 2018 a 17 de febrero de 2019, también consta
que ese pago fue realizado en cumplimiento de una sentencia proferida en el proceso
radicado 17001333300120190047900, tramitado en el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales, la cual quedó ejecutoriada el 14 de enero de 2021.

Advertido lo anterior, se reitera, la Subsección mediante Auto de 20 de marzo de 2025
decretó prueba de oficio con la finalidad de que el juzgado allegara copia del proceso
y en su respuesta, fue aportado el 25 de abril de 2025 tal como consta en el índice de
SAMAI # 00025.

Realizando el estudio de los dos procesos y en especial de lo reconocido en las
sentencias proferidas en cada uno de ellos, tenemos que existe identidad de partes
pues en ambos la actora es la señora Sara Inés Álvarez y la demandada es el
Ministerio de Educación - Fondo Nacional del Magisterio de Educación, existe
identidad de objeto, teniendo en cuenta que en los dos, la actora reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria causado por el pago tardío de las
cesantías reconocidas en la Resolución 8917-6 de 1 de octubre de 2018, notificada el
31 del mismo mes y año, y se mencionan los mismos supuestos fácticos. También
existe una identidad de causa o de fundamentos de hecho, toda vez que, los
elementos que se alegaron y se examinaron frente al punto, obedecen a los mismos
presupuestos, esto es, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de
conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Como se observa las pretensiones reclamadas y reconocidas en esa oportunidad son
iguales a las hoy pretendidas, lo que permite a la Sala REVOCAR la decisión de
primera instancia respecto de la señora Sara Inés Álvarez y en su lugar, DECLARAR
PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA DE OFICIO.

Respecto a la señora Lorena Medina Ramírez, se observa que el valor reconocido
por sanción moratoria corresponde exactamente al período condenado en la
sentencia de primera instancia y fue pagado según la certificación de la Fiduprevisora
a la actora el 24 de julio de 2023. En ese sentido, debe concluirse que a la
demandante no se le adeuda esa pretensión, pero teniendo en cuenta que la entidad
tardó más de 4 años en cancelar el valor reconocido por concepto de la sanción
moratoria, sí hay lugar a conceder la actualización de la suma pagada conforme el
artículo 187 del CPACA, pues la indexación es una herramienta que busca evitar la

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depreciación que ocurrió en este caso entre la fecha en que, según la liquidación
realizada por la entidad, habría finalizado la mora y aquella en que se produjo el pago
de la indemnización moratoria.

Para dichos efectos la Sala tendrá en cuenta que en estos asuntos se ha permitido la
aplicación del citado artículo y por regla general se ha ordenado que la suma total
consolidada por sanción mora debe ajustarse desde la fecha en que cesa la sanción
moratoria hasta la ejecutoria de la sentencia – art. 187. Ahora esa interpretación
resulta en aquellos eventos en los cuales el monto consolidado es objeto de discusión
y reconocimiento en providencia judicial. En este asunto, se advierte que a la actora
se le reconoció la suma adeudada y pretendida en su demanda, sin embargo, el pago
se reitera fue tardío, por tanto, el reajuste deberá realizarse teniendo en cuenta el IPC
vigente a la fecha en que cesó la mora (18 de febrero de 2019) hasta el pago efectivo
de la sanción (24 de julio de 2023).

El ejercicio arroja lo siguiente28:

La suma reconocida fue de $4.702.095
El IPC final (24 de julio de 2023) es 134,45
El IPC inicial (18 de febrero de 2019) es 101,18

$4.702.095*134,45/101,18 = $6.248.237

De lo anterior, tenemos que a la actora se le debió pagar la suma de $6.248.237 como
resultado de los días de sanción moratoria ajustados al día del pago y no $4.702.095,
por lo que se modificará la decisión de primera instancia en el sentido de ordenar en
favor de la señora Lorena Medina Ramírez, el reconocimiento y pago de la diferencia
de $1.546.142.

Con relación a la señora Claudia Lucía Díaz Henao, se observa al igual que en el
caso anterior, que también le fue reconocido el pago por concepto de sanción
moratoria producto de la cancelación extemporánea de la Resolución 682 de 26 de
septiembre de 2018 por el período (1 de noviembre de 2018 al 11 de diciembre de
2018), el cual si bien es inferior al reconocido en la sentencia de primera instancia (1
de noviembre de 2018 al 3 de abril de 2019), lo que en principio conllevaría a concluir
que estamos ante un cumplimiento parcial, la revisión de las pruebas permite a la Sala
advertir que el pago efectuado sí corresponde a lo debido por sanción moratoria,
puesto que en la sentencia no se tuvo en cuenta que esa última fecha (resaltada en
negrilla) corresponde a una reprogramación por no cobro, y en estos eventos la

28 Para el cálculo se toma la información Índices - Serie de empalme 2003 – 2025,
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

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jurisprudencia de esta Subsección ha considerado como límite de la mora, es la fecha
en que el dinero fue puesto a disposición de su interesada en la entidad bancaría.

Ahora, se advierte que a la señora Claudia su derecho a la sanción moratoria le fue
pagado el 24 de julio de 2023, es decir, luego de más de 4 años de reconocerse en el
acto administrativo, y únicamente por el valor que corresponde a los días, sin el debido
ajuste de su valor, tal como se explica a continuación:

El ejercicio arroja lo siguiente:

La suma reconocida fue de $4,977,300.00
El IPC final (24 de julio de 2023) es 134,45
El IPC inicial (3 de abril de 2019) es 102,12

$4,977,300.00*134,45/102,12 = $6.553.055

De lo anterior, tenemos que a la actora se le debió pagar la suma de $6.553.055 como
resultado de los días de sanción moratoria ajustados al día del pago y no $4,977.300,
por lo que se modificará la decisión de primera instancia en el sentido de ordenar en
favor de la señora Claudia Lucía Díaz Henao, el reconocimiento y pago de la
diferencia de $1.575.755.

La parte apelante también alegó la improcedencia de la indexación, conforme lo
expuso esta Corporación en Sentencia de Unificación de fecha 18 de julio de 2018 29.

Al respecto, la sentencia citada,30 dispuso: «Sentar jurisprudencia, reiterando que es
improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 187 del CPACA».

Ante la discusión que produjo esta regla de unificación sobre la procedencia de la
indexación del valor a pagar por concepto de sanción moratoria, esta Subsección31
explicó:

«[…] la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la
siguiente: Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no
podrá indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total,
ese valor total sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora
hasta la ejecutoria de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada
la condena no procede indexación, sino que se generan los intereses según lo

29 Página 21 del recurso de apelación.
30 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, expediente radicado:

73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-2015), demandante Jorge Luis Ospina Cardona.
31
Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente: 68001-
23-33-000-2016-00406-01 (1728-2018) Demandante: Aurora del Carmen Rojas Álvarez.

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dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA […].». (Negrita fuera de texto).
(sobre este resaltado, ver comentario en la resolución de los dos últimos casos)

De acuerdo con lo expuesto, no es procedente la indexación de la sanción moratoria
en el tiempo de su causación; sin embargo, la suma total generada sí debe ajustarse
una vez cesa la tardanza y por ello, frente a este último aspecto se CONFIRMARÁ la
decisión de primera instancia que ordenó el ajuste en los términos allí indicados.

Por otro lado, en el recurso de apelación se manifestó que era improcedente la
condena en costas, dado que el artículo 365 del Código General del Proceso
establecía que debían ser demostradas.

En efecto, la Sala advierte que, en el presente caso, no es procedente la condena en
costas de primera instancia, debido a que no se presentó carencia de fundamentación
legal en las razones esbozadas en sus distintas intervenciones, por el contrario,
manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, por lo que se
revocará la condena en costas en su contra.

Decisiones del caso:

En síntesis, se tomarán las siguientes:

1. Revocar la sentencia respecto a la condena en costas en primera instancia.
Revocar en cuanto a los derechos reconocidos a la señora Alba Marina
Franco Giraldo –por tratarse de una reprogramación efectuada por no
cobro-.
2. Revocar en cuanto a los derechos reconocidos al señor Julio César
Oliveros Murillo, -por encontrarse configurada la excepción de prescripción
del derecho.
3. Revocar en cuanto a los derechos reconocidos a la señora Sara Inés
Álvarez, por encontrarse acreditada la excepción de cosa juzgada.

4. Modificar la sentencia con relación a los señores Jorge Augusto Blandón
Rendón, Daniel Alberto Cardona Chica y Paola Peláez Coqueco
respecto a los días reconocidos como sanción moratoria.

5. Modificar la sentencia con relación a las señoras Claudia Lucía Díaz Henao
y Lorena Medina Ramírez, en el sentido de ordenar a la demandada
reconocer a su favor las siguientes sumas:

Claudia Lucía Díaz Henao, $1.575.755.

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
Lorena Medina Ramírez, $1.546.142.

6. Confirmar en lo demás.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 32 en el que se indica que
dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los argumentos
esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 1° de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar:

DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA del derecho del señor Julio César Oliveros Murillo y COSA
JUZGADA respecto a la señora Sara Inés Álvarez y REVOCAR la condena en
costas en primera instancia y los derechos reconocidos a la señora Alba Marina
Franco Giraldo.

Segundo. MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia. En su lugar, DECLARAR que
el tiempo de mora para los siguientes demandantes, es:

Demandante Período de mora
Jorge Augusto Blandón Entre el 3 de enero de 2019 y
Rendón el 17 de febrero de 2019.
Daniel Alberto Cardona Chica Entre el 13 de marzo de 2019 y
el 14 de marzo de 2019.

32 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.

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18

Radicado: 17001-23-33-000-2020-00075-01 (3090-2024)
Paola Peláez Coqueco Entre el 7 de agosto de 2018 y
el 25 de febrero de 2019.

Tercero. MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia. En su lugar, CONDENAR a la
demandada a reconocer y pagar a favor de las señoras Claudia Lucía Díaz Henao y
Lorena Medina Ramírez, las siguientes sumas:

Claudia Lucía Díaz Henao, $1.575.755.
Lorena Medina Ramírez, $1.546.142.

Cuarto. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

Quinto. Sin condena en costas de segunda instancia.

Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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