Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2020-00076-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00076-00 (0149-2025)
Demandante: Lucía Giraldo de Mejía
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.
Requisitos para su reconocimiento. Tiempos de servicio
cotizados antes de la entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
Prueba de la convivencia.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
La ala decide el recurso de apelación presentado por la demandada contra la
sentencia de primera instancia del 22 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El 13 de junio de 2019, la señora Lucía Giraldo de Mejía, por conducto de
apoderado judicial, presentó una demanda1 en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), para obtener la nulidad de las Resoluciones RDP 037053 26 de septiembre
de 20172 y RDP 045424 de 1 de diciembre de 20173, por medio de las cuales se
negó el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de
sobrevivientes. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y
pago de la mencionada prestación económica debidamente indexada.
2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, manifestó que el señor Jorge
Hernán Mejía Sánchez nació el 30 de noviembre de 1944, contrajo matrimonio con
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Por medio de la cual se niega una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes».
3 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 37053 del 26 de septiembre de
2017».
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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00076-00 (0149-2025)
Demandante: Lucía Giraldo de Mejía
ella el 31 de julio de 19704, laboró al servicio de las Contralorías General de Caldas
y General de la República5 y falleció el 11 de noviembre de 2007.
3. El 26 de septiembre de 2017, la señora Giraldo de Mejía solicitó a la UGPP
el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de
sobreviviente a la que tendría derecho con ocasión de la muerte del señor Mejía
Sánchez.
4. Mediante Resolución RDP 037053 26 de septiembre de 2017, la entidad
demandada negó la petición mencionada. Decisión que fue confirmada en apelación
a través de la Resolución RDP 045424 de 1 de diciembre de 2017.
5. Como fundamento de la vulneración (concepto de la violación)6, sostuvo
que la Administración erró al exigir cotizaciones posteriores a la entrada en vigencia
del sistema general de seguridad social integral para reconocer la indemnización
sustitutiva reclamada, pues exigir dicho requisito resulta desproporcionado para
quienes (cotizantes y beneficiarios) que hicieron aportes con anterioridad a la Ley
100 de 1993 y previamente se habían retirado del servicio activo.
6. Señaló que, mediante sentencia de 24 de julio de 2017, Rad. 2010-00279-
00 (2292-2010), la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de la
expresión «con posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones»
contenidas en los Decretos 1730 de 2001 (artículo 1, literal d) y 4640 de 2005
(artículo 1, literal d), reglamentarios de la Ley 100 de 1993 en lo relativo a la
indemnización sustitutiva.
7. Adujo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
negar el reconocimiento de la prestación en comento constituye un enriquecimiento
sin justa causa del Estado, al apropiarse de las cotizaciones de los trabajadores al
sistema pensional realizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
19937.
8. Indicó que la UGPP incurrió en errores en la investigación sobre el requisito
de convivencia entre la demandante y el causante porque la dirección de la
diligencia de inspección no correspondía al lugar donde residieron aquellos 8 y
expresamente reconoció que no fue posible obtener información de algún vecino
del edificio, razón por la cual no podía concluir que no existió [la dicha convivencia.
4 Producto de esa unión, nacieron las señoras Mariana Mejía Giraldo (17 de marzo de 1972) y María Antonia
Mejía Giraldo (28 de junio de 1985).
5 - Contraloría General de Caldas: (i) 1 de marzo de 1971 a 31 de enero de 1973; (ii) 14 de septiembre de 1983
a 31 de octubre de 1984.
• Contraloría General de la República: 13 de septiembre de 1973 a 12 de septiembre de 1983.
6 Invocó como normas violadas los artículos 2, 3, 13, 29, 46, 48, 53 y 228 de la Constitución Política; 3, 4, 13,
15, 37 y 49 de la Ley 100 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y los Decretos 1730 de 2001 y 4640 de 2005.
7 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 2013.
8 «la UGPP indica que esta [la tarea de vecindario] se hizo en la Calle 22ª No. 52-207 Edificio Escala 23 barrio
Ciudad Salitre […] ya que la correcta es la Calle 22ª No. 52-07, Apto. 604, torre B, barrio Salitre».
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Demandante: Lucía Giraldo de Mejía
9. Asimismo, manifestó que la Administración omitió considerar 4
declaraciones extra juicio, el registro civil de matrimonio sin anotación alguna sobre
la disolución del vínculo y la declaración de parte de la señora Giraldo de Mejía; y
dejó de tomar en consideración que el causante cambió de residencia durante 10
meses (se trasladó a vivir con su hija) por temas de salud.
10. A partir de lo anterior, afirmó que las resoluciones enjuiciadas incurrieron en
infracción de las normas superiores y falsa motivación.
Contestación de la demanda
11. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que en la
investigación administrativa que adelantó con ocasión de la reclamación presentada
por la demandante quedó acreditado que la señora Lucía Giraldo de Mejía no
convivía con el señor Jorge Hernán Mejía Sánchez y que quien cuidó a este último
durante su enfermedad fue una hija. En otras palabras, alegó que no existió
convivencia en términos de techo, lecho y mesa entre los mencionados.
12. Sostuvo que las cotizaciones hechas por el causante al sistema de
pensiones fueron anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, en
todo caso, no estuvieron dentro de los 3 años anteriores a su muerte.
13. Precisó que previo a la expedición de la Ley 100 de 1993 no existía en el
ordenamiento jurídico la figura de la indemnización sustitutiva y que la disposición
normativa que creó la misma fue clara en señalar la necesidad de que el causante
estuviera afiliado al sistema para que procediera el reconocimiento de esta
prestación. Por lo tanto, la parte pretendió la aplicación retroactiva de la ley.
14. A partir de los argumentos mencionados, invocó las excepciones de
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, irretroactividad, prescripción y
buena fe.
Sentencia apelada
15. Mediante sentencia de 22 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Caldas declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 037053 26 de septiembre de
2017 y RDP 045424 de 1 de diciembre de 2017, y ordenó a la UGPP reconocer y
pagar a la demandante una indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes, de acuerdo con los tiempos de servicio cotizados por el causante
que estuvieran debidamente acreditados.
16. Para llegar a esa decisión, señaló que la Corte Constitucional considera que
negar el reconocimiento de una indemnización sustitutiva bajo el argumento de que
el retiro del trabajador o las cotizaciones tuvieron lugar con anterioridad a la vigencia
de la Ley 100 de 1993 vulnera el derecho a la seguridad social, pues la Ley 100 de
1993 no prevé una limitación temporal para el reconocimiento de la prestación en
comento y reconoce expresamente que pueden ser tenidos en cuenta los tiempos
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de servicio y cotizaciones anteriores a su entrada en vigencia; se trata de un
derecho irrenunciable; y una decisión en tal sentido desconoce del principio de
favorabilidad y configura enriquecimiento sin justa causa sobre los aportes del
trabajador9.
17. Adujo que estaba acreditado el requisito de convivencia, pues la señora
Giraldo de Mejía y el señor Mejía Sánchez compartieron lecho, techo y mesa hasta
el fallecimiento de este último. Aclaró que quedó demostrado que el cambio de
residencia del causante durante su enfermedad se dio por facilidad de transporte y
cercanía con el lugar donde se le realizaban las terapias.
18. Por lo anterior, concluyó que se cumplieron los requisitos para acceder a la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por lo que existían
razones suficientes para declarar la nulidad de los actos enjuiciados y ordenar su
reconocimiento y pago, debidamente indexado.
19. Asimismo, sostuvo que no había lugar a declarar la prescripción porque la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes es un derecho
irrenunciable e imprescriptible.
20. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada, por concepto de
agencias en derecho, las cuales fijó en el 3 % de lo solicitado.
Recurso de apelación
21. La UGPP solicitó que se revocara la decisión de primer grado. Alegó que la
señora Lucía Giraldo de Mejía no le asistía derecho a ser reconocida como
beneficiaria de una indemnización sustitutiva, pues el Decreto 1730 de 2001
contempló que dicha prestación cobijaba a las personas que se encontraban
cotizando a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, aquellos afiliados
activos del sistema.
22. Insistió que entre la demandante y el causante no existió convivencia
constante e ininterrumpida como cónyuges dentro de los 5 años anteriores a la
muerte del último.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto de 20 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
9 Corte Constitucional, sentencias T-972 de 2006, T-1088 de 2007, T-850 de 2008, T-597 de 2009, T-539 de
2009, T-529 de 2009, T-235 de 2010 y T-080 de 2010.
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24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar si la señora Lucía Giraldo de Mejía
cumplió con los requisitos para acceder a una indemnización sustitutiva de pensión
de sobreviviente con ocasión de la muerte del señor Jorge Hernán Mejía Sánchez.
Concretamente, deberá establecerse si las cotizaciones anteriores a la entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones pueden ser tenidas en cuenta y si se
satisfizo el requisito de convivencia entre los mencionados.
26. Sobre la liquidación presentada por el Tribunal Administrativo de Caldas no
se hará consideración alguna, ya que ello escapa del marco de competencia
material del juez de segunda instancia, en los términos del artículo 328 del CGP,
puesto que ello no fue objeto de reparo alguno en el recurso de apelación.
Análisis del problema jurídico
27. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 22 de noviembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, luego de corroborar que
los tiempos de servicios cotizados antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones resultan válidos para el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y que si se cumplió con el requisito de
convivencia.
28. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, cuando el
causante no reúne los requisitos, al momento de su muerte, para que su grupo
familiar acceda a una pensión de sobrevivientes, estos últimos tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que trata el artículo 37
ídem (indemnización sustitutiva de la pensión de vejez).
29. Sobre esta base, cobran relevancia, de un lado, los requisitos para acceder
a la pensión de sobrevivientes, pues deberá quedar demostrado que pese a que se
hicieron aportes al sistema no se reunieron presupuestos de ley para acceder a la
pensión en comento, y, del otro, el régimen de beneficiarios, ya que si bien la norma
se refiere al grupo familiar debe determinarse dentro del mismo quien o quienes
tienen derecho.
30. Frente a los primeros, el artículo 46 ídem establece 2 condiciones
disyuntivas para acceder a la pensión de sobreviviente: (a) que el afiliado hubiere
cotizado al sistema por lo menos 26 semanas al momento de su muerte; o (b) que,
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habiendo dejado de cotizar, hubiere efectuado aportes por lo menos de 26 semanas
dentro del año inmediatamente anterior al momento de la muerte.
31. En materia de beneficiarios, la Ley 100 de 1993, en su artículo 47, prevé las
reglas sobre el orden de prelación, la distribución y conservación del derecho. En lo
que aquí interesa, debe señalarse cónyuges, compañeras o compañeros
permanentes e hijos (en precisas condiciones) son los primeros llamados a recibir
el beneficio. Ante la ausencia de estos, tendrán derecho los padres y, por último, los
hermanos en condición de discapacidad que dependan del causante. Asimismo,
debe destacarse que, respecto de cónyuges, compañera y compañero permanente,
la ley exige el cumplimiento de un requisito de convivencia no inferior a 5 años
continuos con anterioridad a la muerte del causante.
32. En relación con el monto de este mecanismo compensatorio pensional, el
artículo 37 ídem señala que equivaldrá a un salario base de liquidación promedio
semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas [incluso las anteriores a
la vigencia de la Ley 100 de 199310], al cual se le aplica el promedio ponderado de
los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.
33. Dicha disposición normativa fue reglamentada a través del Decreto 1730 de
2001, modificado por el Decreto 4640 de 2005, en el que además de haber definido
la fórmula aplicable y sus variables11, señaló que:
«En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la administradora
que va a efectuar el reconocimiento no manejara separadamente las cotizaciones de los
riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de las correspondientes al riesgo de
salud, se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez
de que trata el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones
para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es decir se tomarán
como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización
efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva.»
31. El reglamento en cuestión estableció, en principio, una regla de carácter
temporal para el cumplimiento de los requisitos de acceso al beneficio prestacional,
así como la exigencia de afiliación al Sistema General de Pensiones. No obstante,
tales expresiones fueron declaradas nulas por esta Corporación, en sentencias de
14 de abril de 200512 de 11 de marzo de 201013, tras evidenciarse un exceso en el
ejercicio de la potestad reglamentaria y la contradicción de los principios de igualdad
e irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles y de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales.
10 Decreto 1730 de 2001, artículo 2 (inciso final).
11 Decreto 1730 de 2001, artículo 3. «Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente
formula: I = SBC x SC x PPC
Donde:
SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con los factores
señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar
el reconocimiento, actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del DANE.
SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.
PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el afiliado para el riesgo de
vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.»
12 Rad. 11001-03-25-000-2003-00112-01 (0477-03).
13 Rad. 11001-03-24-000-2006-00322-00 (0984-07).
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32. Concretamente, señaló que la norma generaba un trato discriminatorio pues
impedía que aquellas personas retiradas del servicio con anterioridad a la vigencia
del sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, o afiliadas a cajas o fondos
distintos del Instituto de Seguros Sociales (ISS), pudieran reclamar sus derechos
sobre aquellos tiempos efectivamente prestados14.
33. En la misma línea, debe señalarse que la falta de afiliación o de pago de
aportes con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de seguridad
social integral no puede ser impedimento para acceder a un beneficio de orden
pensional que tiene carácter irrenunciable y encuentra respaldo en cotizaciones
previas, comoquiera que ello desconocería los principios de universalidad,
solidaridad e integralidad que guían la prestación del servicio público esencial de
seguridad social (artículo 2 de la Ley 100 de 1993).
34. A partir de lo anterior, la Sala estima que no es de recibo el argumento de
apelación relativo a la irretroactividad de la Ley 100 de 1993, pues expresamente
las normas que reglan la figura bajo estudio, así como el alcance jurisprudencial de
las mismas, reconocen la validez de aquellos tiempos de servicios prestados con
anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.
35. En otras palabras, no existe una razón legal y constitucionalmente válida
para desestimar aquellas cotizaciones hechas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se comparten las consideraciones
hechas por el juez de primer grado sobre el particular, en las que se explicó con
suficiencia el tema.
36. En lo que respecta al requisito de convivencia, de los elementos de juicio
obrantes en el proceso, concretamente de las declaraciones extra juicio y registros
civiles aportados con la demanda15, logró establecerse que la señora Lucía Giraldo
de Mejía y el señor Jorge Hernán Mejía Sánchez estaban casados16, tuvieron 2 hijas
(ya mayores de edad para la fecha de muerte del causante)17 y convivieron hasta el
11 de noviembre de 200718.
37. Por su parte, de los testimonios practicados en audiencia de pruebas de 26
de mayo de 2022, quedó acreditado que el vínculo entre la señora Giraldo de Mejía
y el señor Mejía Sánchez permaneció vigente desde el matrimonio hasta la fecha
de fallecimiento del último, esto es, por más de 36 años, durante el mismo la
convivencia fue continua y que el cambio de residencia por parte del señor Mejía
14 En el mismo sentido: Corte Constitucional, sentencia T-125 de 2018.
15 Rendidas por Vilma Álzate de Mejía (del 6 de octubre de 2017 ante la Notaría 4 de Bogotá); Gloria Stella Ríos
Infante (del 7 de octubre de 2017 ante la Notaría 62 de Bogotá); Octavio Robledo Martínez (del 3 de octubre de
2017 ante la Notaría 17 de Bogotá); y Ana María Muñoz Sánchez (del 5 de octubre de 2017 ante la Notaría 19
de Bogotá).
16 Registro Civil de Matrimonio con indicativo serial 4366327.
17 Registros civiles de nacimiento con indicativo serial 476287 (Mariana Mejía Giraldo – 17 de junio de 1972) y
128293847 (María Antonio Mejía Giraldo – 28 de mayo de 1985).
18 Fecha de fallecimiento del causante según Registro Civil de Defunción con indicativo serial 06457360 y
Certificado de defunción A2756256.
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Sánchez, previo a su muerte, a la casa de una de sus hijas, se dio por temas de
salud (movilidad para la asistencia a terapias por una cirugía de cadera 19).
38. Sobre esta base, la Sala encuentra que la señora Giraldo de Mejía cumplió
con el requisito de convivencia mínima con el causante.
39. Si bien la parte demandada hizo énfasis que en las diligencias llevadas a
cabo en el marco de trámite administrativo daban cuenta que los mencionados no
convivían juntos, no puede perderse de vista que (i) la convivencia entre los esposos
Mejía Sánchez – Giraldo de Mejía finalizó en 2007 [año en que falleció el causante];
(ii) la visita se realizó en 2017, esto es, 10 años después; (iii) no se obtuvo
información alguna de los residentes del edificio ni el personal que trabajaba allí; y
(iv) la demandante indicó que residía en un lugar diferente al que fue objeto de la
diligencia20. Por lo tanto, ello, en sí mismo, no desvirtúa la convivencia entre la
demandante y el causante.
40. En todo caso, no puede dejarse de lado que el requisito de convivencia no
exige cohabitación física permanente cuando existen circunstancias justificadas
como la enfermedad y la asistencia médica y que no existe controversia sobre la
existencia de otros beneficiarios.
41. Por lo anterior, la Sala advierte que la demandante cumplió con los
requisitos de ley para ser beneficiaria de una indemnización sustitutiva de la pensión
de sobrevivientes y, en consecuencia, se confirmará la decisión de primera
instancia.
Condena en costas
42. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.
19 De este procedimiento ha constancia en un fragmento de la historia clínica de la Clínica Reina Sofía que se
aportó con la demanda.
20 La diligencia se llevó a cabo en la «Calle 22ª No. 52-207 Edificio Escala 23 Barrio Ciudad Salitre» donde
residía la demandante en 2007, no obstante, el mismo documento da cuenta que la demandante vivía (para el
2017) en el barrio Nicolás de Federmann.
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Demandante: Lucía Giraldo de Mejía
44. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada porque
resultó vencida en el proceso dado que no prosperaron las súplicas del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 22 de noviembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a favor de la señora Lucía Giraldo de Mejía. Para tal
efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUITIERREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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