Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2020-00222-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2020-00222-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 17001-23-33-000-2020-00222-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
19 de octubre de 2023
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00222-01 [27671]
Demandante: MABE COLOMBIA S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00222-01 [27671]
Demandante: MABE COLOMBIA S.A.S.
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones parafiscales al sistema de la protección social
(enero a diciembre de 2013). Caducidad de la facultad fiscalizadora.
Determinación del IBC. Incapacidades. Exoneración de aportes a
salud, SENA e ICBF. Vacaciones. Salario integral
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada 1 contra
la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que resolvió2:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones nro. RDO-2018-04713 del 15 de
diciembre de 2018 por medio de la cual la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, profirió liquidación oficial a
MABE COLOMBIA S.A.S., y la nro. RDC-2019-02881 del 19 de diciembre de 2019 por medio de
la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2018-
04713 de fecha 15 de diciembre de 2018.
SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, declarar en firme las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los períodos de
enero a diciembre de 2013 presentados por MABE COLOMBIA S.A.S y por ende que la sociedad
no adeuda ningún valor a la UGPP, por razón de la liquidación oficial demandada.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada a título de agencias en derecho
únicamente, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal, conforme a los artículos
365 y subsiguientes del C.G del P.
Fíjense como agencias en derecho la suma de $21.240.000 que corresponden al 4% de las
pretensiones, conforme al Acuerdo PSAAA-16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura, los cuales deberá cancelar la UGPP a la actora MABE COLOMBIA S.A.S. […]».
1
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_RECURSODE_88ESCRITORECURSOA PEL(.pdf) NroActua 2».
2
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_SENTENCIA_84SENTENCIAPRIMER AIN(.pdf) NroActua 2».
1
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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00222-01 [27671]
Demandante: MABE COLOMBIA S.A.S.
ANTECEDENTES
El 11 de mayo de 2018, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UAE
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante, UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2018-
00543 en contra de MABE COLOMBIA S.A.S. por omisión, mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social, por los
períodos de enero a diciembre de 20133.
El 15 de diciembre de 2018, la citada dependencia profirió la Liquidación Oficial nro.
RDO-2018-04713, por las conductas, períodos y sistemas objeto del requerimiento
para declarar y/o corregir, e impuso sanciones por omisión e inexactitud4.
El 21 de febrero de 2019, la sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la
liquidación oficial, el cual fue decidido mediante la Resolución nro. RDC-2019-02881
del 19 de diciembre de 2019 por la Dirección de Parafiscales de la UGPP, en el sentido
de modificar el acto recurrido para disminuir los aportes y las sanciones5.
DEMANDA
La parte demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones6:
«PRIMERA: Que se declare la nulidad total de la actuación administrativa integrada por los
siguientes actos administrativos:
1. Resolución No. RDO-2018-04713 de fecha 15 de diciembre de 2018 por medio de la cual la
Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP, profiere liquidación oficial a MABE COLOMBIA S.A.S.,
por la conducta de omisión en la afiliación, mora en el pago de los aportes e inexactitud en
las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los
períodos de enero a diciembre de 2013.
2. Resolución RDC-2019-02881 del 19 de diciembre de 2019 por medio de la cual la Dirección
de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP,
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2018-
04713 de fecha 15 de diciembre de 2018, a través de la cual se profirió la liquidación oficial
a MABE COLOMBIA S.A.S., por la conducta de omisión en la afiliación, mora en el pago de
los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social por los períodos de enero a diciembre de 2013.
SEGUNDA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se restablezca el derecho
de mi representada, en los siguientes términos:
3
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_ANTECEDENT_62EXPEDIENTEADMINIST\62ExpedienteAdministrativo\REQUERIMIENTO
PARA DECLARAR Y O CORREGIR». Archivo: «201515200580108961526064697985.pdf».
4
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_ANTECEDENT_62EXPEDIENTEADMINIST\62ExpedienteAdministrativo\LIQUIDACION
OFICIAL». Archivo: «201515200580108961544892339320.pdf».
5
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_SUBSANALA_45RESOLUCIONNORDC 2(.pdf)».
6
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «4ED_DEMANDA_03DEMANDA65F». Págs. 1 a 2.
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Demandante: MABE COLOMBIA S.A.S.
A. Que se declare la firmeza de las planillas de autoliquidaciones de aportes PILA
presentadas por MABE correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2013 [sic].
B. Que se declare que la sociedad MABE COLOMBIA S.A.S., no se encuentra obligada
al pago de los valores determinados por concepto de omisión en la afiliación, mora en el pago
de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social por los períodos de enero a diciembre de 2013.
C. Que se declare que los actos administrativos demandados no producen efectos
legales y que en consecuencia carecen de validez todos los actos y cobros originados en los
mismos.
D. Se restablezca la totalidad de los derechos que le fueron conculcados a mi
representada con ocasión de los actos citados.
E. Se declare como medida provisional, la suspensión provisional de los actos
administrativos referenciados en la pretensión primera numerales 1 y 2, con el objeto de
suspender el proceso de cobro persuasivo/coactivo iniciado por la entidad Demandada.
F. Que se ordene a la demandada notificar a las entidades del Sistema de Seguridad
Social que deben abstenerse de iniciar procesos ejecutivos contra MABE COLOMBIA S.A.S.
con base en las Resoluciones demandadas por los períodos de enero a diciembre de 2013.
G. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada con relación
a la actuación administrativa adelantada y a las de este proceso a favor de mi representada.
H. Que el monto de las condenas sea actualizado debidamente según el artículo 187
del CPACA.
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes7:
• Artículo 29 de la Constitución Política (CP)
• Artículos 127, 128, 132 y 134 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)
• Artículo 18 de la Ley 100 de 1993
• Artículo 17 de la Ley 344 de 1996
• Artículo 30 de la Ley 789 de 2002
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
• Artículos 25, 31 y 178 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 1 del Decreto 2236 de 1999
• Artículo 5 del Decreto 933 de 2003
• Artículo 7 del Decreto 1828 de 2013
• Artículo 3.2.5.1 del Decreto 780 de 2015
• Artículo 2.2.4.2.1.6. del Decreto 1072 de 2015
Como concepto de la violación, expuso8:
Falta de competencia temporal. Caducidad de la facultad sancionatoria
7
Ibidem. Pág. 8.
8
Ibidem. Págs. 10 a 63.
3
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Demandante: MABE COLOMBIA S.A.S.
Las autoliquidaciones de los períodos de enero a diciembre de 2013 están en firme,
toda vez que la liquidación oficial fue notificada el 21 de diciembre de 2018, es decir,
por fuera del plazo de los 5 años que prevé el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.
Falta de motivación. Violación al debido proceso
La UGPP liquidó los aportes sin fundamentar las razones de esa decisión, pues solo
realizó observaciones generales sin motivar con claridad y suficiencia los conceptos
debatidos, los cálculos y el análisis, lo que impidió el ejercicio del derecho de defensa.
Los archivos Excel no hacen referencia a los casos individualizados, pues solo se
enuncia la observación sin definir las razones del ajuste por cada trabajador,
específicamente en lo relacionado con inexactitud.
Falta de aplicación e interpretación errónea de las normas en que se fundan los
actos administrativos
a) Falta de aplicación de los artículos 30 de la Ley 789 de 2002 y 5 del Decreto
933 de 2003
Los ajustes determinados por omisión y mora respecto de Yuri Katherine Bojacá Cortés
no proceden, porque fue vinculada bajo la modalidad de contrato de aprendizaje y la
sociedad solo estaba obligada a afiliarla y pagar los aportes a los subsistemas de salud
y riesgos laborales.
b) Indebida interpretación y falta de aplicación de los artículos 19 del Decreto
1772 de 1994 y 1 del Decreto 1528 de 2015
La UGPP liquidó ajustes por mora en el subsistema de ARL respecto de Daniel
Carmona Villegas, José Norbey Ospina Flórez y James Orlando Salomón Bejarano, sin
tener en cuenta que estaban incapacitados en el período fiscalizado.
c) Indebida interpretación de los artículos 25 de la Ley 1607 de 2012 y 7 del
Decreto 1828 de 2013
A partir de mayo de 2013 la empresa era beneficiaria de la exoneración de pago de los
aportes parafiscales (SENA e ICBF) derivada del CREE, por lo que el límite de 10
SMMLV previsto en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 se verifica a partir de las
sumas de naturaleza salarial. Sin embargo, como la UGPP lo calculó sin perjuicio del
carácter salarial o no del pago, los ajustes por mora son improcedentes.
d) Indebida interpretación y falta de aplicación de los artículos 31 de la Ley
1607 de 2012 y 1 del Decreto 2236 de 1999
Si bien los aportes a salud se pagan de manera anticipada, se deben tener en cuenta
los ingresos del mes anterior. Así, para los trabajadores que devengaron hasta 10
SMMLV, las cotizaciones causadas por el mes de diciembre de 2013 y sufragadas en
enero de 2014 debían incluir la exoneración de las contribuciones a ese subsistema,
de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1607 de 2012.
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e) Ingreso base de cotización mayor al definido por la ley
La entidad desconoció que las sumas reportadas en nómina por concepto de
bonificaciones (bonificación brigada, bonificaciones no salariales, incentivo ejecutivo de
ventas, incentivos, bonificación por producción y bono por expatriación), no integran la
base de cotización, comoquiera que se acordaron como no salariales, entregados por
mera liberalidad del empleador y de forma ocasional para desempeñar las funciones
(art. 128 del CST), de conformidad con la política de pagos de la sociedad.
La bonificación brigada es un pago para trabajadores que pertenecen a la brigada de
emergencias de MABE, que tiene por finalidad sufragar los costos de traslado para
asistir a las capacitaciones, por lo que no constituye salario.
La bonificación no salarial (cuenta 52054803) es un reconocimiento ocasional al
personal del área de servicio por los buenos resultados obtenidos en el año 2013.
Fueron pactados como no salariales, motivo por el cual debe otorgársele el tratamiento
del artículo 128 del CST.
La bonificación no salarial (cuenta 52051804) es un pago ocasional a los empleados
del área comercial por los resultados obtenidos de manera global.
La bonificación traslado de personal - incentivo ejecutivo de ventas corresponden
a sumas para trabajadores que se trasladaron a una ciudad distinta para realizar sus
funciones.
El bono expatriación es un beneficio extralegal que se otorgó al extranjero Felipe
Ignacio Peña Guerrero para cubrir los gastos originados por su desplazamiento y el de
su núcleo familiar, legalizaciones, apostillas, gastos consulares, visas, autenticaciones
y demás erogaciones legales relacionadas con la estadía del empleado y su familia,
así como expensas por vacunas, exámenes médicos, pólizas de salud y demás rubros
no cubiertos por el sistema de salud, y los gastos por imprevistos ocasionados por su
permanencia en un país ajeno al propio.
f) IBC mayor al establecido por ley en los salarios integrales
La UGPP no tuvo en cuenta que la base para realizar los aportes al sistema de
seguridad social en los empleados con salario integral es del 70% de lo remunerado
(art. 18 de la Ley 100 de 1993).
g) Indebida interpretación y aplicación de los artículos 132 y 134 del CST
El empleador y el trabajador podrán establecer pagos semanales de salario. Los
aportes a seguridad social se realizaron teniendo en cuenta la forma especial de
liquidar la nómina (semanal, no mensual) de cada trabajador del área industrial o de
producción.
h) Indebida interpretación y aplicación de los artículos 3.2.5.1 del Decreto 780
de 2015 y 2.2.4.2.1.6. del Decreto 1072 de 2015. Vacaciones
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El IBC de los trabajadores que disfrutaron vacaciones se calcula a partir del último
salario base reportado con anterioridad al inicio del descanso y no se causan
cotizaciones al subsistema de riesgos laborales.
i) Interpretación errónea del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
Los pagos por bonificaciones transaccionales por retiro fueron pactados como no
constitutivos del salario, sin embargo, la UGPP los adicionó al IBC.
El anterior emolumento no debe integrar la base de liquidación porque la entidad
demandada, en el Concepto nro. 160879 del 26 de febrero de 2016, sostuvo que «las
bonificaciones transaccionales, entendidas como el pago que recibe el trabajador como
producto de un contrato de transacción, consideramos que por tratarse de un negocio jurídico
distinto al contrato laboral, no se tiene en cuenta dentro del total de la remuneración, ni para el
cálculo del 40% de que trata el artículo 30 de la ley 1393 de 2010».
Improcedencia de las sanciones
La sanción por omisión es ilegal por cuanto la sociedad cumplió con la obligación de
afiliar al subsistema de salud y riesgos laborales a la persona vinculada a través del
contrato de aprendizaje. No se configuró inexactitud sancionable comoquiera que los
ajustes obedecieron a una diferencia de criterios al establecer los pagos salariales y no
salariales.
OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente 9:
La decisión cuestionada se soporta en dos documentos, a saber: (i) el escrito de la
liquidación oficial, que contiene las consideraciones, oportunidad, marco legal,
fundamentos de derecho, análisis y conclusiones, y (ii) el archivo Excel adjunto en el
que se relacionan los datos del aportante, trabajadores y pagos realizados por concepto
y subsistema, el IBC calculado y los ajustes determinados, razón por la cual los actos
demandados están motivados.
Se garantizó el derecho de defensa y contradicción de la aportante, en tanto conoció
las actuaciones adelantadas por la entidad y pudo pronunciarse sobre cada una de
ellas allegando las pruebas que fueron valoradas dentro del procedimiento establecido
en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012. Además, se concedieron las oportunidades
para interponer los recursos contra la decisión administrativa.
De acuerdo con la Ley 1607 de 2012 (art. 178), el proceso de determinación y cobro de
las contribuciones parafiscales inicia con la notificación del requerimiento de
información dentro de los 5 años siguientes, contados a partir de la fecha en la que el
aportante debió declarar y no lo hizo, declaró por valores inferiores a los legalmente
9
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_CONTESTACI_61CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2».
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establecidos, o se configuró el hecho sancionable. En este asunto, los períodos
fiscalizados corresponden de enero a diciembre de 2013 y el aludido acto se notificó
oportunamente el 11 de marzo de 201410.
Con el recurso de reconsideración se aportó el contrato de aprendizaje de Yuri
Katherine Bojacá Cortés con vigencia del 1º de noviembre de 2011 al 15 de octubre de
2012. Sin embargo, con la demanda se allegó un otrosí en el cual se especifica que el
contrato fue suspendido por licencia de maternidad, circunstancia que no fue conocida
por la entidad, por lo que «los ajustes calculados por la unidad para los subsistemas de
pensión, SENA, ICBF y CCF tendrían que desaparecer ya que sólo se deben calcular ajustes
para los subsistemas de salud y ARL y para estos no presenta ajustes en el mes de enero de
2013»11.
En relación con las incapacidades, se calculó el IBC según la información registrada
en la nómina y los libros auxiliares pero los ajustes se originaron porque la aportante
no allegó los soportes que acreditaran la novedad, y expuso el caso de Daniel Carmona
Villegas por el subsistema del ARL en el mes de junio de 2013.
La sociedad no era beneficiaria de la exoneración de aportes al SENA e ICBF para
contribuyentes del CREE, en razón a que el total remunerado por los trabajadores
excedió el tope de los 10 SMMLV (art. 25 de la Ley 1607 de 2012). Analizó los casos
de los trabajadores Claudia María Ríos Castaño, Diana Patricia Quintero Muñoz, Jaime
Alonso Aristizábal Betancurth, José Duván Ceballos Santa y Luz Elena Campos Prada.
La aplicación del beneficio del CREE en el subsistema de salud es a partir del 1º de
enero de 2014 (art. 31, Ley 1607 de 2012) y, además, los empleados señalados en la
demanda superan los 10 SMMLV establecidos en la norma.
Frente a las primas y bonificaciones, los pactos de desalarización no fueron aportados
en sede administrativa, motivo por el cual los ajustes determinados están sujetos a la
verificación de las pruebas allegadas con la demanda.
Con el recurso de reconsideración se cambió la connotación de los pagos por concepto
de bonificación brigada únicamente para los trabajadores que suscribieron acuerdos
de exclusión salarial. Para los demás se estudió la habitualidad y se concluyó que el
rubro se recibió en más de una ocasión, por lo que constituye salario.
Las bonificaciones no salariales (cuentas 52054803 y 52051804) por traslado de
personal y el bono expatriación son pagos habituales, es decir, tienen naturaleza
salarial.
Para trabajadores con salario integral el cálculo del IBC se efectuó teniendo en cuenta
el 70% del ingreso del período. El ajuste resultante se generó porque el pago realizado
en la PILA fue menor al aporte liquidado a la tarifa del subsistema.
10
En la contestación se manifestó otra fecha de notificación -16 de abril de 2014-.
11
Págs. 29 y 30 de la contestación de la demanda.
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La entidad calculó correctamente la base gravable de los empleados vinculados al área
industrial o de producción con los cuales se estipuló salario semanal. Analizó el caso
del trabajador José Edilberto Loaiza Marín.
El IBC de los trabajadores que disfrutaron vacaciones se determinó con base en el
salario del período anterior al del inicio del descanso y según los valores de la nómina
(art. 70 del Decreto 806 de 1998). Analizó el caso del trabajador Hilario José Ríos
Castaño.
Los soportes del pago de la bonificación por retiro no fueron aportados en sede
administrativa, sin embargo, al estudiarse los ajustes de los trabajadores Elver Giovanni
González Quintero, Jorge William Álzate Sánchez y Jorge Oswaldo Valencia Marín se
observó que los pagos no salariales estuvieron sujetos al límite del 40% (art. 30 de la
Ley 1393 de 2010).
Las sanciones fueron calculadas teniendo en cuenta los ajustes que persistieron con
el recurso de reconsideración.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 21 de enero de 2021 se prescindió de la audiencia inicial, se tuvieron
como pruebas las aportadas con la demanda y se requirió a la UGPP para que allegara
los antecedentes administrativos de los actos administrativos enjuiciados12.
Por auto del 15 de febrero de 2022 se prescindió de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento, y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
presentaran los alegatos de conclusión y el concepto, respectivamente13.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia apelada: (i) anuló los actos
administrativos demandados, (ii) a título de restablecimiento del derecho declaró la
firmeza de las autoliquidaciones de enero a diciembre de 2013 y (iii) condenó en costas
a la demandada, con fundamento en lo siguiente14:
El marco jurídico que regula la firmeza es el artículo 178 la Ley 1607 de 2012, vigente
para la fecha de presentación de las declaraciones de los períodos fiscalizados (enero
a diciembre de 2013).
Comoquiera que la liquidación oficial se notificó el 21 de diciembre de 2018, es decir,
cuando ya había transcurrido el término de 5 años previsto en el mencionado artículo,
las autoliquidaciones de enero a noviembre de 2013 estaban en firme y no podían ser
modificadas por la UGPP, lo que conduce a la nulidad de los actos administrativos
12
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_AUTODECRE_58DECRETOPRUEBASNOHA(.pdf) NroActua 2». El tribunal no se pronunció
sobre la pretensión relativa a la suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados.
13
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_AUTOTRASL_78TRASLADOALGATOS2FL(.pdf) NroActua 2».
14
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_SENTENCIA_84SENTENCIAPRIMER AIN(.pdf) NroActua 2».
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demandados. Prosperó parcialmente el cargo, continuando el análisis frente al período
de diciembre del año 2013.
Los actos acusados se encuentran motivados comoquiera que están conformados por
un archivo en PDF y otro en Excel en los cuales se explican los ajustes por omisión,
mora e inexactitud determinados por la UGPP respecto de cada trabajador y
subsistema. Además, la demandante tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a ellos
con la interposición del recurso, allegando las pruebas que estimó convenientes.
A partir de mayo de 2013 las sociedades declarantes del CREE se encontraban
exoneradas del pago de aportes al SENA e ICBF. Para el subsistema de salud empezó
a regir a partir de enero de 2014 respecto de los trabajadores que perciban hasta 10
SMMLV, entendiéndose únicamente los pagos que constituyen salario, es decir, sin
incluir las primas o bonificaciones extralegales que hayan sido excluidos como factor
salarial.
Los pagos laborales sobre los cuales se celebraron pactos de desalarización integrarán
el IBC en aquella parte que exceda el 40% de la remuneración total, en aplicación de
la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 202115.
La sociedad aportante suscribió un acuerdo de exclusión en el cual determinó que los
conceptos por «“Bonificación no salarial”, “Bonificación Brigada”, “52054803 Bonificación no
salarial”, “52051804 Bonificación no salarial”, “Bonificación traslado de personal – Incentivo
Ejecutivo de Ventas”»16, no forman parte del IBC, pero la UGPP los consideró salariales,
desconociendo la naturaleza que le dieron las partes. No se logró determinar si los
pagos por dichos conceptos superaron el tope del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de 2010)
porque no se allegaron los valores de estos.
La UGPP «no podía negar ab initio, el reconocimiento de estas bonificaciones como valores
que no forman parte del IBC, conforme se señaló anteriormente, y además que le correspondía
a la UGPP en el acto correspondiente, en caso de exceso haber glosado las declaraciones por
esta razón, más como ese no fue el argumento de la glosa, se deberá anular la liquidación en
lo que corresponde al mes de diciembre de 2013»17. Prosperó el cargo.
Finalmente, condenó en costas a título de agencias en derecho a la parte demandada
por el 4% de las pretensiones ($21.240.000).
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada18 apeló la sentencia de primera instancia en los siguientes
términos:
15
Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.
16
Pág. 31 de la sentencia.
17
Ibidem.
18
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_RECURSODE_88ESCRITORECURSOA PEL(.pdf) NroActua 2».
9
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Demandante: MABE COLOMBIA S.A.S.
El artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, que entró a regir el 26 de diciembre de 2012,
fijó un término de 5 años para la caducidad de la facultad de determinación de la
entidad.
El proceso de fiscalización inició con el requerimiento de información que fue notificado
el 11 de marzo de 2014, motivo por el cual no operó la caducidad respecto de los
períodos de enero de 201119 a noviembre de 2013.
Se precisa que a las planillas PILA no les aplica el término de firmeza de que trata el
artículo 714 del ET, por los siguientes motivos: (i) el referido artículo es de contenido
sustancial y no procedimental y, en esa medida no aplica la remisión del artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, (ii) la firmeza de que trata el Estatuto Tributario es incompatible
con la naturaleza de las contribuciones parafiscales y (iii) porque frente a las conductas
de omisión y mora no existe autoliquidación que pueda ser declarada en firme.
Reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda en relación con las
bonificaciones, insistiendo en que no se allegaron los respectivos pactos de
desalarización y que, dada la habitualidad en su reconocimiento, los pagos «bonificación
brigada, bonificación no salarial, bonificación traslado de personal – incentivo ejecutivo de
ventas» constituyen salario.
La sentencia incurrió en defecto fáctico al condenar en cosas porque estas no fueron
probadas en el proceso y, en todo caso, la presente controversia reviste un carácter de
interés público, al consistir en el recaudo de los recursos para cumplir con los fines del
Estado Social de Derecho y la financiación del sistema.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación de la UGPP se admitió mediante auto del 29 de junio de 202320
y la contraparte se pronunció en relación con el mismo, así21:
Una vez transcurrido el término de 5 años previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de
2012, sin que la UGPP hubiese proferido el acto de liquidación, la consecuencia es que
las planillas PILA quedan en firme y se tornan inmodificables. Además, ninguno de los
argumentos de la demanda o de la sentencia se refieren a la aplicación del artículo 714
del ET.
La UGPP carece de facultades para determinar la naturaleza salarial o no de los
conceptos otorgados a los trabajadores, condicionando la desalarización a que los
pagos sean ocasionales.
Finalmente, aseguró que le asiste razón al a quo al condenar en costas a la entidad
demandada.
19
Si bien ese período no fue fiscalizado, así lo mencionó la entidad en el recurso de apelación.
20
Índice 4 de SAMAI.
21
Índice 11 de SAMAI.
10
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Demandante: MABE COLOMBIA S.A.S.
Al no ser necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado
para alegar. El Ministerio Público guardó silencio (nums. 4 a 6, art. 247 del CPACA)22.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra la
sociedad demandante por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
de los aportes al sistema de la protección social por los períodos de enero a diciembre
de 2013 y sancionó por omisión e inexactitud, y de la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los ajustes
y las sanciones.
En los términos del recurso de apelación formulado por la parte demandada se deberá
determinar si no caducó la facultad de fiscalización de la entidad por los períodos de
enero a noviembre de 2013.
De prosperar el recurso de apelación, se analizará si los conceptos «BONIFICACIÓN
BRIGADA», «52054803 BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «52051804 BONIFICACIÓN NO
SALARIAL», «51054802 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS», «52051804 INCENTIVO
EJECUTIVO DE VENTAS» y «51054803 BONO EXPATRIACIÓN» son o no salario, así
como los demás cargos de nulidad propuestos en la demanda, que no fueron resueltos
en la sentencia de primera instancia.
1. Caducidad de la facultad de determinación de aportes
El a quo consideró que las planillas PILA de los períodos de enero a noviembre de
2013 se encontraban en firme comoquiera que la liquidación oficial se notificó el 21 de
diciembre de 2018, es decir, por fuera del término de 5 años previsto en el artículo 178
de la Ley 1607 de 2012.
A juicio de la apelante, el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 establece
que el término de la caducidad de la potestad sancionatoria y fiscalizadora de 5 años
se interrumpe con la notificación del requerimiento de información, que se realizó
mediante correo certificado el 11 de marzo de 2014, toda vez que es el acto con el cual
se da inicio al proceso de determinación.
En el presente asunto se cuestiona la caducidad de las facultades de fiscalización y
sancionatoria de la UGPP por los períodos de enero a noviembre de 2013, por lo tanto,
resulta aplicable el artículo 178 de la Ley 1607 de 201223, que estableció de manera
específica que la entidad puede ejercer sus competencias «dentro de los cinco (5) años
siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró
por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable».
Se advierte que, una vez vencido el término del que dispone la administración para
ejercer tales potestades, la consecuencia directa es que las autoliquidaciones de
22
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
23
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial nro. 48.655.
11
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aportes, que tienen la misma naturaleza de una declaración tributaria, se tornan
inmodificables.
Cabe aclarar que, según el parágrafo 2 del artículo 178 ibidem, el término de caducidad
se interrumpe con la notificación «del requerimiento de información o del pliego de cargos»;
sin embargo, este acto no hace parte de los actos administrativos de determinación y
sancionadores que integran los procedimientos adelantados por la entidad, pues el
artículo 180 ejusdem expresamente dispone que el acto previo a la liquidación oficial o
la resolución sanción (acto definitivo) es el requerimiento para declarar y/ o corregir o
el pliego de cargos, por lo que el término de caducidad debe contarse desde la
notificación de este último.
En este mismo sentido se pronunció la Sección en la sentencia del 19 de julio de
202324, en la que se indicó que «la interpretación sistemática de la ley 1607 de 2012,
parágrafo 2.° de los artículos 178 y 180, resulta determinante para concluir que, el acto que
tiene la aptitud para impedir la caducidad de la potestad de gestión de la demandada, es el
acto preparatorio previsto por la Ley, esto es, el requerimiento para declarar y/o corregir, que
no el requerimiento de información, pues se insiste en que, este último no integra una etapa
obligatoria del procedimiento de revisión, como tampoco es un acto de proposición de glosas,
tan solo corresponde a uno de los medios con que cuenta la autoridad para verificar la
autoliquidación de los aportes, pero no es el que da inicio a la acción administrativa de
determinación de los aportes, que es donde propiamente la autoridad desarrolla su potestad
de gestión sobre el tributo administrado».
En el proceso la entidad no cuestionó que las declaraciones hayan sido presentadas
de forma extemporánea, por lo tanto, para contabilizar el término de caducidad de la
potestad de determinación oficial se acudirá al vencimiento del plazo para declarar.
Como en este caso los dos últimos dígitos del NIT de MABE Colombia S.A.S.
corresponden a 4825, las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social se debían realizar a más tardar el cuarto (4) día hábil del mes
siguiente al período sobre el cual se calculan y pagan las respectivas cotizaciones26.
No es objeto de discusión entre las partes que el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir nro. RCD-2018-00543 del 11 de mayo de 2018, se notificó por correo el 21 de
mayo de 2018, por ende, se concluye que operó la caducidad de la potestad de
determinación de la entidad respecto de los períodos de enero a mayo de 2013. No
acontece lo mismo frente a los demás períodos fiscalizados, en tanto el acto previo se
notificó dentro de la oportunidad legal.
Por lo anterior, prospera parcialmente el cargo de apelación, únicamente en lo que
se refiere a la firmeza de las planillas integradas de liquidación de aportes presentadas
por la sociedad por los períodos de enero a mayo de 2013.
En consecuencia, la Sala analizará el cargo planteado en la apelación y los demás
propuestos con la demanda, cuyos efectos, en caso de resultar procedente, se limitarán
a los restantes períodos fiscalizados, valga decir, junio a diciembre de 2013, porque
24
Exp. 26571, C.P. Wilson Ramos Girón.
25
Nit. 890.801.748 (sin número de verificación).
26
Artículo 1 del Decreto 1670 de 2007.
12
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frente a los otros (enero a mayo de 2013), caducó la potestad de determinación de la
UGPP.
2. Determinación del IBC para los aportes al sistema de la protección social.
Reiteración jurisprudencial
La Sala pone de presente que la base gravable para los aportes la conforman los pagos
de naturaleza salarial descritos en el artículo 127 del CST, según el cual, constituye
salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el
trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio,
cualquiera que sea su denominación, como primas, sobresueldos, bonificaciones
habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días
de descanso obligatorio y porcentajes sobre ventas y comisiones.
Entre tanto, no son ingreso base de cotización de aportes los pagos que en esencia no
son salario, porque no retribuyen el trabajo del empleado, y que se enuncian en el
artículo 128 del CST, de la siguiente forma: (i) las sumas que ocasionalmente y por
mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, tales como primas, bonificaciones
o gratificaciones ocasionales, entre otros, (ii) lo que el trabajador recibe en dinero o en
especie, no para su beneficio sino para desempeñar sus funciones, por lo tanto, no son
para enriquecer su patrimonio, como gastos de representación, medios de transporte,
elementos de trabajo, entre otros, (iii) las prestaciones sociales de que tratan los títulos
VIII y IX del CST y, (iv) los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados
convencionalmente o contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las
partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en
especie, por ejemplo, alimentación, habitación, vestuario, primas extralegales, de
vacaciones, de servicios o de navidad.
Se precisa que no todo lo recibido por el trabajador hace parte del ingreso base de
cotización para los aportes al sistema de la protección social, pues solo lo que
constituye salario y que tiene esa naturaleza según el artículo 127 del CST integrará el
IBC, mientras lo que no tiene ese carácter en los términos del artículo 128 ibidem no
hace parte de la base. Planteamiento concretado en la sentencia de unificación del 9
de diciembre de 202127, en la que se consideró:
«Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, es necesario precisar aquellos factores
constitutivos de salario, según los términos del CST y los que no lo son y, que, por tanto, no hacen
parte del IBC de aportes.
Según el artículo 127 del CST, constituye salario [...]
El texto original del artículo 128 del CST señalaba los siguientes pagos hechos al trabajador como
no constitutivos de salario [...]
Los anteriores pagos no son ingreso base de cotización de aportes porque, en esencia, no son
salario, de acuerdo con las normas laborales, pues no retribuyen el trabajo del empleado».
27
Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.
13
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En la referida sentencia de unificación se hizo mención a los pronunciamientos de la
Corte Constitucional28 y de la Corte Suprema de Justicia29 sobre lo que constituye
salario, enfatizando que «no todo pago que recibe el trabajador constituye salario, sino que
para determinar su carácter, no basta con que se entregue de manera habitual o que sea una
suma fija o variable, sino que se debe examinar si su finalidad es remunerar de manera directa
la actividad que realiza el asalariado».
Por consiguiente, más allá de la habitualidad y lo fijo o variable que sea el monto del
pago, lo determinante para que este pueda considerarse salarial o no, es verificar si
retribuye o no el servicio prestado por el trabajador al empleador.
Lo anterior se concretó en la regla de unificación contenida en el numeral 1 de la
sentencia referida, según la cual «1. El IBC de los aportes al Sistema de Seguridad Social
(subsistemas de pensión, salud y riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores
constitutivos de salario, en los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su
esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador».
Ahora, en cuanto al alcance de los acuerdos entre las partes de la relación laboral para
que algunos beneficios habituales u ocasionales no constituyan salario (última parte
del artículo 128 del CST), la Sección señaló, en la misma providencia de unificación,
que «la naturaleza salarial de un pago no depende del acuerdo entre las partes, sino de si, por
su esencia, constituye o no retribución del servicio prestado» y, además, «no se trata de que
un pago que es contraprestación directa del servicio prestado y, por tanto, tiene naturaleza
salarial, deje de tenerla por el acuerdo entre el empleador y los trabajadores».
En la regla número 2 de la sentencia de unificación se estableció que «[e]n virtud de los
artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y trabajadores pueden
pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al Sistema de Seguridad
Social» y se enfatizó en que la consecuencia del referido acuerdo es que «para efectos
de los aportes parafiscales y las contribuciones a la seguridad social, cuando se pacte
que un pago no constituye salario, significa que no hará parte del ingreso base de
cotización» [negrita original]. Dicho de otra forma, se permite que factores que son
salario y que regularmente integrarían la base gravable, puedan excluirse de la misma,
sin que cambie su naturaleza.
Lo referente al acuerdo en el que se decide excluir de la base gravable un pago salarial
debe interpretarse en sintonía con el límite de pagos no salariales previsto en el artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, según el cual, «para los efectos relacionados con los artículos
18 [subsistema de pensión] y 204 [subsistema de salud] de la Ley 100 de 1993, los pagos
laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores
al 40% del total de la remuneración».
Como se explicó en la sentencia de unificación, el propósito del legislador con la citada
norma «no fue incluir en el ingreso base de cotización, pagos que, por su esencia o naturaleza,
no son constitutivos de salario, sino, establecer una limitante a la desalarización que se venía
pactando entre empleadores y trabajadores al amparo de los artículos 128 del CST y 17 de la
Ley 344 de 1996 y que erosionaba la base de aportes al Sistema de Seguridad Social».
28
Sentencia C-521 de 1995.
29
Sentencias del 6 de agosto de 2019, rad. 64391; del 4 de febrero de 2020, rad. 67122; y del 14 de octubre de 2020, rad. 84485.
14
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En ese sentido, el límite del 40% será aplicable a los pagos que, siendo salariales, las
partes deciden excluirlos de la base gravable, y no a los emolumentos que por
disposición legal no son salariales, pues estos por no remunerar el servicio no integran
la base de cuantificación.
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver el cargo de apelación relacionado con
la integración del IBC de aportes al sistema de la protección social.
2.1. Inclusión en el IBC de los conceptos «BONIFICACIÓN NO SALARIAL» y
«BONIFICACIÓN BRIGADA»
El tribunal consideró que los conceptos «Bonificación no salarial», «Bonificación Brigada»,
«52054803 Bonificación no salarial», «52051804 Bonificación no salarial» y «Bonificación
traslado de personal- Incentivo Ejecutivo de ventas», fueron sumas pactadas como no
salariales, por lo que no deben integrar el IBC, pero están sometidas al límite del 40%
que establece el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
La UGPP argumentó que la sociedad, en el proceso de fiscalización, no aportó los
pactos que acreditaran la naturaleza no salarial de los mencionados pagos, por lo que
los mantuvo como constitutivos de salario y reiteró que los emolumentos fueron
entregados de manera habitual a los trabajadores.
Verificada la liquidación oficial, se tiene que los pagos que la UGPP reconoció como
salariales son los siguientes30:
Pago registrado en la nómina/contabilidad Concepto equivalente UGPP
del aportante
C27_BONIFICACIÓN_BRIGADA BONIFICACIONES SALARIALES SEGÚN
BONIFICACIÓN NO SALARIAL31 UGPP
En la resolución que decidió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial,
la demandada determinó lo siguiente32:
«Al verificar se encontraron los contratos de trabajo de 702 trabajadores, correspondientes a
12.188 registros, por lo tanto, para los trabajadores citados en el archivo excel que hace parte
integral del presente recurso y para los cuales el aportante envío contrato de trabajo donde se
observa la(s) cláusulas de desalarización se corrigió la condición de pago salarial a no salarial de
los conceptos tenidos en cuenta en el proceso de fiscalización como salariales y se reliquidó para
los subsistema de Salud, Pensión, Fondo de Solidaridad Pensional, ARL, CCF, ICBF y SENA el
excedente del 40% establecido en el Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y se determinó
nuevamente el Ingreso Base de Cotización (IBC) y aportes, en esta instancia.
[…]
30
Págs. 10 a 11 de la liquidación oficial.
31
En el requerimiento para declarar y/o corregir la entidad agrupó como «BONIFICACIONES SALARIALES SEGÚN UGPP» los
siguientes conceptos, entre otros: «52054803 BONIFICACION NO SALARIAL», «52051804 BONIFICACION NO SALARIAL»,
«51054802 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS», «52051804 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS» y «51054803 BONO
EXPATRIACIÓN».
32
Págs. 19 a 22 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
15
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En relación a la ocasionalidad, encuentra esta Unidad que para los siguientes trabajadores que
recibieron estos conceptos cumplen con la condición, por lo que resultó ocasional para los
siguientes trabajadores:
Identificación Nombre trabajador
10259819 "BETANCUR GALVIS, HECTOR MANUEL"
8356741 "JARAMILLO GOMEZ, MARCO AURELIO"
75071601 "MUÑOZ BELTRAN, JOSE ORLANDO"
75080795 "RENDON SANCHEZ, JULIAN ANDRES"
75091316 "CASTRO ALZATE, JORGE IVAN"
10253600 "VALENCIA GOMEZ, RICAURTE"
13722246 "QUIROZ RANGEL, JOSE ALEXANDER"
17411168 "VILLADIEGO MEDINA, NESTOR ALFONSO"
25099391 "BOTERO TOBON, CLARA INES"
52517796 "DUQUE BARRETO, LUISA FERNANDA"
52802570 "FORERO URIBE, LINA MARCELA"
63341928 "GOMEZ SILVA, LIGIA NAZLY"
63484409 "TOVAR CABARIQUE, MILADY"
67020350 "MARTINEZ CIFUENTES, GIOVANNA
CAROLINA"
72271208 "PALMA LLANOS, LUIS ALBERTO"
75066461 "GUTIERREZ JARAMILLO, JOSE JEOFREY"
80779050 "GUTIERREZ DUARTE, ALEJANDRO"
91532538 “GONZALEZ QUINTERO, ELVER GIOVANNI"
43623517 "RAMIREZ ZAPATA, CLAUDIA ELENA"
53905543 “CAMPOS PRADA, LUZ ELENA"
73115381 "ARDILA JULIAO, ARNOLD JESUS"
Por lo tanto, para los trabajadores antes citados al probarse que los conceptos agrupados bajo el
nombre de “Bonificación no salarial” y “Bonificación traslado de personal – Incentivo Ejecutivo de
Ventas” y son ocasionales, se toman como no salariales en esta instancia.
Para los demás trabajadores que recibieron pagos agrupados en el concepto “Bonificación no
salarial”, “Bonificación Brigada”, “52054803 Bonificación no salarial”, “52051804 Bonificación no
salarial”, “Bonificación traslado de personal – Incentivo Ejecutivo de Ventas”, se mantuvieron
como salariales al ser habituales y no allegarse pacto de desalarización».
De manera que, para la UGPP, era necesario probar los acuerdos de desalarización
sobre los pagos agrupados bajo el concepto «BONIFICACIONES SALARIALES SEGÚN
UGPP», así como su ocasionalidad para acreditar su naturaleza no salarial y, en
consecuencia, excluirlos del IBC.
La Sala procede a estudiar cada una de las bonificaciones respecto de los trabajadores
enunciados en la demanda, pues si bien hubo casos en los que se excluyeron algunos
pagos del IBC, no sucedió lo mismo frente a los que se otorgaron de manera habitual
o no se aportó acuerdo de exclusión.
«C27_BONIFICACIÓN_BRIGADA»
En el expediente obra el documento denominado «POLÍTICA PARA LA CONFORMACIÓN
DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE MABE COLOMBIA S.A.S.»33 en el que la sociedad
33
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_15PRUEBANO7F4.pdf».
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estableció «un apoyo económico mensual a los integrantes de la brigada de emergencias»,
con el objetivo de «reconocer los gastos de movilización que deban sufragar los brigadistas
para recibir capacitaciones necesarias para atender los requerimientos de la brigada. MABE
aclara que el “PAGO BRIGADISTA” será entregado por mera liberalidad del empleador y del
cual expresamente se informa que NO tendrá connotación salarial, conforme los preceptos del
artículo 128 del C.S.T.».
De lo anterior, se constata que la referida bonificación tiene como propósito asumir los
gastos de movilización en los que incurran los trabajadores que hacen parte de la
brigada de emergencia de la sociedad para recibir capacitaciones. Al respecto, la
legislación laboral (arts. 128 y 130 del CST) prevé expresamente que lo destinado a
sufragar transporte no constituye salario, y en consonancia con la regla 1 de unificación
antes referida, se tiene que, si el pago no es salario porque no retribuye el servicio, no
integrará el IBC y, por lo tanto, no está sometido al límite del 40% previsto en el artículo
30 de la Ley 1393 de 201034.
Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación y se ordenará a la UGPP que, en la
nueva liquidación por los meses de junio a diciembre de 2013, elimine los ajustes
determinados al incluir en el IBC pagos no salariales por concepto de
«C27_BONIFICACIÓN_BRIGADA», por no integrar la base de aportes al sistema de
seguridad social, respecto de Ricaurte Valencia Gómez, Héctor Manuel Galvis
Betancur, María Girleza Gutiérrez Vargas, José Jeofrey Gutiérrez Jaramillo, José
Orlando Muñoz Beltrán, Julián Andrés Rendón Sánchez y Jorge Iván Castro Álzate35.
«Bonificación no salarial» (cuentas 52054803 y 52051804) e «Incentivo Ejecutivo de
Ventas» (cuentas 51054802 y 52051804)
La entidad determinó que los referidos pagos son habituales porque se recibieron en
más de una oportunidad en el período fiscalizado y, en consecuencia, constituyen
salario ante la alegada ausencia de pacto en contrario.
La Sala estudiará esos pagos de manera conjunta, porque en la demanda la sociedad
relacionó las mismas pruebas en cada caso.
Verificada la política de pagos no salariales de MABE Colombia S.A.S.36, se tiene que
en su Capítulo VII se identificaron algunos pagos que no constituyen salario como
«servicio de cafetería, servicio médico para el trabajador y la familia, auxilio para
medicamentos, auxilio de anteojos para el trabajador y la familia, auxilio de educación para
hijos y trabajador, ayuda o auxilio escolar en pensiones y/o matrículas para hijos y trabajador,
auxilio de alimentación, medio y auxilio de transporte, gastos para el traslado del personal,
auxilio de vivienda, auxilio funerario para la familia del trabajador, auxilio por nacimiento, auxilio
para lavado de los vestidos de trabajo, prima de seguros de vehículo, prima de seguro de vida,
viáticos habituales aún en lo que corresponde a manutención y alojamiento y viáticos que se
otorguen para asistir a cursos, seminarios, congresos, o que se entreguen para atender
requerimiento extraordinarios no habituales o poco frecuentes, así como los incentivos que
pague la empresa y las bonificaciones habituales u ocasionales».
34
En el mismo sentido se pronunció la Sala en las sentencias del 16 de junio de 2022, exp. 25753 y del 14 de julio de 2022, exp.
25300, del 1º de septiembre de 2022, exp. 26208 y del 1º de noviembre de 2022, exp. 26489, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
35
Trabajadores relacionados en la demanda.
36
Vigente a partir del 1º de enero de 2013. Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_14PRUEBANO6F5.pdf».
17
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Adicionalmente, se evidencian 13 otrosíes a los contratos de trabajo que suscribió la
sociedad con algunos empleados, en los que se estableció37:
«[…] Los incentivos que pague la empresa, bonificaciones habituales, así como los viáticos
habituales aún en los que corresponde manutención y alojamiento, se pacta expresamente no
constituyen salario de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 50 de 1990».
A continuación, se relacionan los trabajadores respecto de los cuales se allegó el citado
pacto:
Tabla nro. 1
Nro. Trabajador Cláusula Vigente para el período
(como consta en el acuerdo) exclusión fiscalizado
salarial (junio a diciembre de
2013)
1. Marco Aurelio Jaramillo Gómez Si Si
2. Henry Levoy Howell Rendón Si Si
3. Clara Inés Botero Tobón Si Si
4. Jaqueline Gil Sánchez Si Si
5. Ángela María Gómez Bonilla Si Si
6. Natalia Villa Zapata Si Si
7. María Helena Ibáñez Beltrán Si Si
8. Adriana Ulloa Si Si
9. William Fernando Ramírez Quinchía Si Si
10. Arnold de Jesús Ardila Juliao Si Si
11. Iván Darío Fierro Rivas Si Si
12. Hernán Darío León Ramírez Si Si
13. Julio Cesar Leiva Gómez Si Si
Del análisis de los contratos de los trabajadores, se observa lo siguiente:
a) En todos consta como parte contratante (empleador) MABE Colombia S.A.S.
b) Todos los contratos de trabajo contienen una cláusula en la que se pacta que
los incentivos, bonificaciones habituales y los viáticos que recibe el trabajador carecen
de naturaleza salarial.
c) Fueron celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, es decir, que
gozaban de vigencia para los períodos fiscalizados (enero a diciembre de 2013).
También se evidencian 6 cláusulas adicionales al contrato de trabajo, en las que se
acordó lo siguiente38:
«Empleador y trabajador dejan constancia en forma expresa que los siguientes beneficios y
auxilios extralegales que voluntariamente la empresa ha otorgado y otorgará, no han tenido ni
tendrán el carácter de salario ni factor constitutivo del mismo: servicio de cafetería, servicio
médico para el trabajador y la familia, medios y auxilio de transporte, auxilio de educación para
hijos y trabajador, ayuda escolar para hijos y trabajador, auxilio funerario para la familia del
trabajador, auxilio de anteojos para el trabajadores y la familia, prima de seguro de vehículo,
37
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_13PRUEBANO5F30.pdf».
38
Ibidem.
18
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prima de seguro de vida y viáticos accidentales que se otorgan para asistir a cursos, seminarios,
congresos o para atender requerimiento extraordinario no habitual o poco frecuente».
Los trabajadores respecto de los cuales se allegó dicho convenio son los siguientes:
Tabla nro. 2
Nro. Trabajador Cláusula Vigente para el período
(como consta en el contrato) exclusión fiscalizado
salarial (junio a diciembre de 2013)
1. Freddy Cardona Soto No Si
2. Clara Inés Botero Tobón No Si
3. Norma Lilia Galindo Duque No Si
4. Ángela Constanza Castaño Loaiza No Si
5. Ángela Rocío Garzón Lavao No Si
6. Luisa Fernanda Duque Barreto No Si
7. Alejandra Milena Ávila Castillo No Si
Del análisis de las cláusulas del contrato de trabajo, se tiene que:
a) En todos consta como parte contratante (empleador) MABE Colombia S.A.S.
b) Si bien se relacionan unos conceptos sobre los que se acordó su naturaleza no
salarial, dentro de estos no se enunciaron los incentivos ni las bonificaciones objeto de
discusión, de manera que no se desvirtuó la determinación de la administración en esos
casos.
c) Fueron celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, es decir, que
gozaban de vigencia para de los períodos fiscalizados (enero a diciembre de 2013).
En ese orden de ideas, dado que la connotación no salarial de los conceptos «52054803
BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «52051804 BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «51054802
INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS» y «52051804 INCENTIVO EJECUTIVO DE
VENTAS»39 se deriva de los acuerdos de exclusión referidos en la tabla nro. 1, lo
consecuente es que, en esos eventos, únicamente integre el IBC la porción de dichos
pagos que exceda el límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
más no la totalidad de los reconocimientos, como lo determinó la UGPP. Ante la
ausencia de prueba en los casos enunciados en la tabla nro. 2, se mantendrán los
demás ajustes (de junio a diciembre de 2013).
«51054803 BONO EXPATRIACIÓN»
La sociedad alegó que el anterior concepto carece de connotación salarial, comoquiera
que fue entregado al trabajador extranjero Felipe Ignacio Peña Guerrero para cubrir
sus gastos de expatriación, traslado al país e imprevistos durante su permanencia. Por
su parte, la entidad estimó que el rubro debe integrar el IBC, al tratarse de un
reconocimiento habitual.
39
Agrupados por la entidad bajo la denominación de «BONIFICACIONES SALARIALES SEGÚN UGPP».
19
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En el expediente obra copia del acuerdo suscrito entre el empleador y el trabajador el
1º de enero de 2013, en el que se pactó lo siguiente40:
«[…] la empresa por mera liberalidad ha decidido otorgarle una bonificación mensual, especial y
extralegal, cuyo objetivo es cubrir los gastos de expatriación en el que incurrirá por ser trabajador
extranjero y encontrarse fuera de su país de origen, y en especial pretende auxiliar al trabajador
con los gastos originados en: a) Desplazamientos de su núcleo familiar, b) Gastos de
legalizaciones, apostillas, gastos consulares, visas, autenticaciones y demás gastos legales
relacionados con la estadía del extranjero y su familia, c) Gastos de vacunas, exámenes médicos,
pólizas de cobertura internacional de salud, y demás gastos no cubiertos por los sistemas de salud
para el extranjero y su familia, d) Gastos de imprevistos ocasionados por la permanencia del
extranjero en un país ajeno al propio.
[…]
El bono se entrega por mera liberalidad del empleador, sin embargo, las partes acuerdan
expresamente que el beneficio contenido en este documento se considera como de naturaleza no
salarial de acuerdo a las disposiciones del artículo 128 del C.S.T. y por lo tanto carecen de
incidencia salarial, prestacional o parafiscal […]».
Según la anterior descripción, le asiste razón a la actora en el sentido que la
bonificación tiene por finalidad asumir los gastos propios del traslado del trabajador
extranjero al territorio nacional, así como pólizas de salud e imprevistos ocasionados
durante su estancia, de manera que, más allá de la habitualidad en su pago, la UGPP
debió verificar si el citado rubro retribuía o no la prestación del servicio.
Así, en aplicación de la regla 1 de la sentencia de unificación referida, se reitera que,
si el pago no es salario por no retribuir el servicio, no integrará el IBC y no está sometido
al límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de 2010). No prospera el cargo de apelación
de la UGPP.
En conclusión, los conceptos «C27_BONIFICACIÓN_BRIGADA» y «51054803 BONO
EXPATRIACIÓN» no hacen parte del IBC de aportes al sistema de seguridad social
integral, mientras que los rubros «52054803 BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «52051804
BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «51054802 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS» y
«52051804 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS» lo integrarán únicamente en la porción
de dichos pagos que exceda el límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010, en los casos de la tabla nro. 1.
Superado lo anterior, se examinarán los argumentos presentados en la demanda que
no fueron estudiados por el tribunal.
2.2. Bonificación por retiro
La sociedad sostuvo que los pagos por bonificaciones transaccionales derivadas de la
terminación del contrato de trabajo no constituyen salario y no están sujetas al límite
del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de 2010).
40
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_22PRUEBANO13F2.pdf».
20
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Verificada la liquidación oficial, se observa que la UGPP reconoció el pago
«C27_BONIFICACIÓN_POR_RETIRO» como no constitutivo de salario, pero incluyó en
el IBC el monto que excedió el 40% del total de la remuneración41.
Así, se advierte que la discusión de la entidad no se centró en si el pago de la
bonificación por retiro era o no salarial, pues la propia entidad reconoció que no tenían
carácter salarial según el artículo 128 del CST, pero, a su juicio, están sometidos al
referido tope del 40%.
En ese contexto, las bonificaciones por retiro se tomaron como no salariales, pero se
les aplicó el citado límite, proceder que a juicio de la Sala no se ajusta a las previsiones
sobre la materia, pues se reitera la regla 1 de unificación en el sentido que, si el pago
no es salario porque no retribuye el servicio, no integrará el IBC y no está sometido a
límite legal alguno.
Por lo anterior, la mencionada bonificación, al no constituir salario como lo reconoció la
UGPP en los actos demandados, no integra la base gravable para los aportes a salud,
pensión y riesgos laborales, por ende, tampoco está sujeta al límite del 40% previsto
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Prospera el cargo.
3. Incapacidades
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 1772 de 1994, la incapacidad del
trabajador es una de las situaciones que se considera novedad en materia laboral, que
tiene incidencia en la determinación y pago de los aportes al sistema de la protección
social.
Tratándose de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral, el artículo 40 42
del Decreto 1406 de 1999 señala que durante los períodos de incapacidad hay lugar al
pago a los sistemas de salud y pensión mientras que, por disposición del artículo 19
del Decreto 1772 de 199443, no se aporta a ARL debido a la ausencia de prestación del
servicio y, por ende, de riesgo para cubrir.
Por su parte, el artículo 7044 del Decreto 806 de 1998 prevé que durante la incapacidad
laboral deben realizarse los aportes correspondientes, los cuales se liquidarán sobre
41
Pág. 10 de la liquidación oficial.
42
«Artículo 40. Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades o la licencia de maternidad. Durante los períodos de
incapacidad por riesgo común o de licencia de maternidad, habrá lugar al pago de los aportes a los Sistemas de Salud y de
Pensiones. Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al período por el cual se reconozca al afiliado una incapacidad
por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización el valor de la incapacidad o licencia
de maternidad según sea el caso [...]».
43
«Artículo 19 […]
Se consideran novedades:
[…].
b) incapacidad del trabajador; […].
Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del empleador, al Sistema General de
Riesgos Profesionales, por las contempladas en los literales b, c, d y f, de este artículo» [se destaca].
44
«Artículo 70. Cotización durante la incapacidad laboral, la licencia de maternidad, vacaciones y permisos remunerados.
Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al período durante el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riesgo
común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización, el valor de la incapacidad o de la licencia de
maternidad según sea el caso, manteniéndose la misma proporción en la cotización que le corresponde al empleador y al
trabajador [...]».
21
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un IBC conformado por el valor de la incapacidad, atendiendo al porcentaje que le
corresponde al empleador y al trabajador.
La sociedad adujo la improcedencia de los ajustes por mora al subsistema de ARL
respecto de los trabajadores Daniel Carmona Villegas y James Orlando Salomón
Bejarano por los períodos de junio y agosto de 2013, respectivamente45, comoquiera
que se encontraban incapacitados.
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la UGPP manifestó lo
siguiente:
«[…] después de verificar la liquidación oficial y los trabajadores que presentaron la novedad de
incapacidades, si bien el aportante allegó en esta instancia las planillas de pago, también lo es
que no allegó soporte donde se acreditara la ocurrencia de la novedad de los trabajadores como
es la copia de las incapacidades y desprendibles de pago con las que se puedan validar la
novedad, por tal razón los ajustes persisten para los trabajadores Ospina Flórez José Norbey,
Buitrago Gómez Geovany Andrey, Carmona Villegas Daniel y Salomón Bejarano Jaime Orlando».
De manera que, la entidad demandada mantuvo los ajustes porque la sociedad
aportante no allegó las pruebas pertinentes que acreditaran la novedad.
En ese contexto, la Sala examinará el caso del trabajador Daniel Carmona Villegas,
puesto de presente por la demandante y revisado por la UGPP en la contestación de la
demanda, a efectos de establecer si procedían los ajustes por mora.
Verificadas las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa que la sociedad
aportó el desprendible de nómina y la planilla PILA del mes de junio de 2013 respecto
del referido empleado, en los que se evidencia lo siguiente46:
En la columna denominada «percepciones» se indica: (i) el sueldo base mensual con
«unidad» de 8 por $62.843, (ii) dominicales y feriados con «unidad» de 8 por $62.843,
(iii) bonificación por $23.991, (iv) «reintegro medicamen» por $75.300 e, (v) incapacidad
con «unidad» de 224 por $1.759.584.
La unidad registrada en el desprendible hace referencia a las horas laboradas, por lo
que 8 equivaldría a un día de jornada laboral. Es decir, en este caso, se tendrían 2 días
trabajados y 28 días de incapacidad47, para un total de 30 días.
Revisada la planilla PILA nro. 24112408, correspondiente al mes de junio de 2013, se
tiene que respecto de Daniel Carmona Villegas se registró la novedad de incapacidad
por 28 días y un total de 30 días cotizados.
Ahora bien, en el archivo Excel que hace parte integral de los actos demandados, se
observa el siguiente ajuste respecto del citado trabajador:
45
Si bien se señalaron tres casos, solo dos se encontraban vigentes en los períodos sobre los que no operó la caducidad de la
potestad de gestión de la entidad.
46
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_10PRUEBANO2F20.pdf».
47
224 / 8 = 28.
22
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Condu Subsistema Año Mes Días Días Valor Ajuste
cta trabajados incapacidad incapacidad aporte
MORA ARL 2013 6 2 28 $1.759.584 $ 47.700
Conforme con las anteriores pruebas, si bien con el reporte de nómina se relacionaron
pagos por incapacidad, este no otorga certeza del motivo por el cual el trabajador no
prestó el servicio, como podría serlo la incapacidad médica otorgada por la entidad de
salud competente, carga de la prueba que le correspondía a la parte demandante para
desvirtuar la determinación de la administración.
Por lo expuesto, no prospera el cargo y, en consecuencia, se confirman las glosas
determinadas por la UGPP respecto de los empleados Daniel Carmona Villegas y
James Orlando Salomón Bejarano48.
4. Exoneración de aportes al SENA e ICBF para los contribuyentes del
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
La demandante sostuvo que es beneficiaria de la exoneración de aportes al SENA e
ICBF prevista para los contribuyentes del CREE, porque para calcular el tope de los 10
SMMLV solo se incluyen las sumas salariales, y dado que algunos trabajadores no
superaron el límite, no procedían los ajustes por mora.
La exoneración de aportes al SENA e ICBF estaba regulada en el artículo 25 de la Ley
1607 de 201249, norma que preveía que «[…] estarán exoneradas del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes […]» [se destaca].
El anterior beneficio se estableció desde la reglamentación del sistema de retención en
la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE por lo que,
conforme al artículo 2 del Decreto 806 de 2013, aplica a partir del 1º de mayo de 2013.
Como lo ha sostenido la Sección50, la exoneración del pago de los aportes parafiscales
(SENA e ICBF) es para los trabajadores que «devenguen» hasta 10 SMMLV, entendido
dicho límite en función de los pagos que naturalmente integrarían el IBC, es decir,
aquellos calificados según las normas laborales como salariales.
En el presente caso, el salario mínimo mensual legal vigente para la época
correspondía a $589.500, de suerte que el límite para que opere la exoneración es de
$5.895.000 (10 SMMLV)51.
48
Sobre este trabajador se allegaron los mismos soportes documentales.
49
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». Derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.
50
Cfr. sentencias del 24 de febrero de 2022, exp. 25302, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, del 25 de agosto de 2022, exp.
25623 y del 17 de noviembre de 2022, exp. 26489, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
51
Artículo 1 del Decreto 2738 de 2012.
23
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En la demanda se mencionó que la UGPP no tuvo en cuenta la exoneración respecto
de 35 trabajadores, sin embargo, la Sala procederá al análisis de uno de los casos
estudiados por la actora y la UGPP en la contestación de la demanda:
Año Mes Trabajador Pagos Pagos no Total Aplica
Salariales salariales52 remunerado exoneración
Si No
2013 7 Jaime Alonso
Aristizábal x
Betancurth 5.229.704 1.357.57653 6.587.280
Del anterior análisis, se tiene que, si bien el trabajador percibió pagos no salariales,
estos no debían incluirse para efectos de verificar la procedencia de la exoneración de
aportes al ICBF y SENA, comoquiera que los factores salariales son menores al límite
de 10 SMMLV para la época ($5.895.000).
Por lo tanto, le asiste razón a la sociedad al señalar que, para calcular el tope de
salarios mínimos que da lugar a la exoneración, solo se deben tener en cuenta las
sumas que tengan naturaleza salarial, precisándose que, los pagos pactados como no
salariales solo harán parte del IBC en el monto que exceda el 40% del total
remunerado.
Así las cosas, prospera el cargo y, en consecuencia, se le ordenará a la UGPP
exonerar de los aportes parafiscales (SENA e ICBF) a los trabajadores relacionados
en el literal c) del acápite 6.3 de la demanda por los períodos de junio a diciembre de
2013, teniendo en cuenta únicamente los devengos que integran el IBC.
5. Exoneración del pago de aportes a salud para el empleador contribuyente
del impuesto sobre la renta
El artículo 31 de la Ley 1607 de 2012 adicionó un parágrafo al artículo 204 de la Ley
100 de 1993, según el cual «[a] partir del 1º de enero de 2014, estarán exoneradas de la
cotización al Régimen Contributivo de Salud del que trata este artículo, las sociedades y
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, por sus trabajadores que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes» [se destaca].
Según la parte demandante, como los aportes al subsistema de salud se pagan de
forma anticipada, por ejemplo, en el mes de diciembre se causan las cotizaciones del
período siguiente (enero), la sociedad por ser contribuyente del impuesto sobre la renta
estaba exonerada de realizar los aportes del mes de diciembre de 2013, comoquiera
que en dicho período se estaban pagando los de enero de 2014, fecha a partir de la
cual entró a regir el beneficio.
Para resolver, se reitera el criterio de la Sala54 en el sentido que la redacción de la
citada norma permite entender que la expresión «a partir del 1° de enero de 2014» se
refiere al elemento temporal de las contribuciones que se causan y que no se tendrán
52
Conceptos cuya naturaleza no salarial no es objeto de discusión.
53
Denominados por la UGPP como «auxilios no constitutivos de salario» y «auxilio educativo hijos».
54
Sentencia del 23 de febrero de 2023, exp. 25325, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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que pagar en el porcentaje que corresponde al empleador. Dicho de otra forma, las
cotizaciones que se generen a partir de esa fecha serán objeto del beneficio.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que según el artículo 1 del Decreto 2236 de 199955, el
riesgo que cubre el sistema de salud se paga de forma anticipada, son los períodos
que se garantizan a partir del 1° de enero de 2014 los que gozarán del beneficio, es
decir, que la cobertura del mes de febrero es la que inicia con la exoneración, pues el
pago se hace de forma anticipada en el mes anterior (enero). En consecuencia, no
prospera el cargo.
6. Trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario integral
La actora señaló que se desconoció el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, según el cual,
para los trabajadores que perciben salario integral el cálculo para los aportes al sistema
de protección social debe hacerse sobre la base del 70% de lo percibido, relacionando
16 empleados para el efecto.
Para decidir, sea lo primero advertir que le asiste razón a la parte actora al indicar que
las cotizaciones de los trabajadores con salario integral se calculan sobre el 70% de la
remuneración, dado que el 30% restante es el factor prestacional, independiente de
que el IBC resulte inferior a 10 SMMLV, y así lo ha considerado la Sección56 al señalar
que «[d]e la lectura armónica de los artículos 132 del Código Sustantivo del Trabajo
(modificado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990), 18 de la Ley 100 de 1993, 49 de la Ley
789 de 200257 y 5º de la Ley 792 de 2003, y de lo que ha precisado sobre ese tema la
Jurisprudencia de esta Sección y la Corte Constitucional58, es claro que del 100% de lo que
recibe como remuneración el trabajador que ha pactado con su empleador un salario integral,
el 30% es factor prestacional que no tiene carácter salarial, y sobre el resto, esto es, sobre el
otro 70% se calculará la base de los aportes parafiscales para el Sistema de la Protección
Social».
Con el fin de resolver el cargo propuesto y determinar la correcta liquidación de los
aportes, la Sala examinará el caso de la trabajadora Martha Ofelid Díaz Giraldo,
analizado en la demanda y por la UGPP en la contestación.
Revisado el archivo Excel de la resolución que decidió el recurso, se tiene que para el
período de octubre de 2013 y respecto de la citada trabajadora, la UGPP fiscalizó los
aportes a pensión, salud y FSP en la casilla «Resultado de la fiscalización» y justificó la
liquidación según la anotación «Registró pago de aportes por valor inferior».
55
«Artículo 1°. Adicionase el literal b) del artículo 9 del Decreto 1406 de 1999, con el siguiente inciso:
“En el Sistema de Seguridad Social en Salud, por tratarse de un riesgo que se cubre, mediante el pago anticipado de los aportes,
se tomará como base para el cálculo de estos el valor de la nómina pagada o de los ingresos percibidos en el mes calendario
anterior a aquel que se busca cubrir, según el caso».
56
Sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. 23599, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en las sentencias del 19 de
agosto de 2021, exp. 23856, del 6 de octubre de 2022, exp. 25907, y del 19 de julio de 2023, exp. 25964, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
57
Mediante el artículo 49 de la Ley 789 de 2002 se interpretó con autoridad el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, en el entendido
“que la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%)”.
58
Ver sentencia C-988 de 1999, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequibles el numeral 3º del artículo 132 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y el inciso sexto del artículo 18 de la Ley 100
de 1993.
25
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No es objeto de debate que la trabajadora devengó un salario integral de $13.599.168
por 25 días trabajados y la suma de $2.719.834 por 5 días de incapacidad para un total
de $16.319.002, por lo que el IBC correspondería a $11.423.000 (70%), sin embargo,
en el archivo Excel se evidencia que la entidad lo determinó en $12.239.252.
El resultado de la UGPP se originó por la inclusión del valor total de la incapacidad
($2.719.834) sobre el 70% de lo percibido por salario integral ($9.519.417), sin
embargo, dado que el auxilio económico se liquida sobre ese rubro salarial59, la entidad
también debió someterlo a la citada base de cotización especial.
Así, al advertirse que el IBC determinado por la Sala corresponde al autoliquidado por
la sociedad60, los ajustes son improcedentes. Por lo tanto, deberán eliminarse los
mayores valores que surgieron respecto de los trabajadores relacionados en el literal
f) del acápite 6.3 de la demanda, quienes percibieron salario integral durante los
períodos de junio a diciembre de 2013. Prospera el cargo.
7. Periodicidad semanal del salario
La actora manifestó que, sobre los trabajadores de las áreas industrial o de producción
se liquidan y pagan los tiempos laborados de manera semanal, razón por la que «en
algunos meses se liquidaron salarios correspondientes a cuatro semanas y en otras cinco
semanas. A manera de ejemplo, durante el mes de enero de 2013 se liquidaron 5 semanas,
aquellas comprendidas entre el día lunes 31 de diciembre de 2012 (semana 1) y el 3 de febrero
de 2013 (semana 5)» y que, para efectos del pago de aportes, se «tomó en cuenta para la
determinación del IBC el salario realmente devengado por el trabajador durante el período
acordado para su pago»61.
Por su parte, la entidad alegó que los datos registrados en el archivo Excel anexo a los
actos enjuiciados concuerda con los auxiliares contables y los formatos de nómina
allegados por la aportante.
Para verificar la procedencia de los ajustes se analizará el caso del trabajador Carlos
Andrés Urrea López por el mes de julio de 2013, relacionado en la demanda y en la
contestación:
• En el archivo Excel la UGPP fiscalizó el aporte a salud del referido período y
determinó ajustes por $50.800.
• Según el formato de nómina diligenciado por la aportante, el trabajador recibió
pagos salariales por $1.322.338 (sueldo) + $330.587 (dominicales) + $72.316 (reajuste
dominical) + $95.928 (horas extras diurnas) + $30.992 (horas extras nocturnas) +
$306.970 (horas extras festivas diurnas) + $58.060 (prima extralegal)62 = $2.217.000
(valor aproximado a mil). Esa información concuerda con las cifras registradas en los
59
Artículos 227 del CST y 3 de la Ley 776 de 2002 en las enfermedades de origen común o laborales, respectivamente.
60
Según la planilla PILA nro. 24822468 del mes de octubre de 2013.
61
Págs. 44 a 45 de la demanda.
62
Reiterándose que la naturaleza salarial de la prima no es objeto de discusión.
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auxiliares contables aportados en sede administrativa63 y corresponde a la base de
cotización determinada por la entidad.
• En la planilla PILA nro. 2428830064 correspondiente a julio de 2013, los aportes
se liquidaron sobre un IBC de $1.811.000.
De lo anterior, se constata que la diferencia entre la cotización pagada y la que
legalmente procedía justifica el ajuste liquidado por la entidad, toda vez que la sociedad
contribuyó sobre una menor base.
Tampoco se observa que la entidad hubiese adicionado al IBC conceptos distintos de
los reportados en los auxiliares contables allegados y al diligenciar los formatos de
nómina dispuestos por la UGPP.
Ahora, con la demanda se aportó certificado del revisor fiscal65 en el cual se relacionan
los pagos salariales según las liquidaciones «semanales» de nómina. Al respecto, se
precisa que dicho documento, por sí solo, no desvirtúa la información reflejada en las
pruebas contables allegadas en sede administrativa, las cuales guardan prelación en el
presente caso al tratarse de los asientos internos que dan cuenta de la suma
efectivamente pagada.
En todo caso, independientemente de que la sociedad pague su nómina semanalmente,
no puede perderse de vista que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 dispone que la
«base para calcular las cotizaciones […] será el salario mensual», de manera que la
liquidación semanal de aportes para los trabajadores vinculados a las áreas industrial o
de producción no resulta procedente, en los términos expuestos por la actora.
Así, según el calendario semanal relacionado en la demanda, el «mes» de julio de 2013
comprendería las «semanas» 27 a 30 del año, es decir, del día 1º al 28 del mes, lo que
implicaría que, en la liquidación de aportes de ese período se dejaría de contribuir por
los días 29 a 31, fechas que deben tomarse en cuenta para efectos de determinar el
«salario mensual» referido por la norma, no el «semanal» aducido por la sociedad. En ese
orden de ideas, no prospera el cargo.
8. Vacaciones
El numeral 1 del artículo 186 del CST prevé que «[l]os trabajadores que hubieren prestado
sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas».
Por su parte, el inciso segundo del artículo 70 del Decreto 806 de 199866 dispone que
«[l]as cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causarán en su totalidad y
el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con
63
Si bien los archivos no obran en el expediente electrónico, se tomaron los datos visibles de los respectivos archivos según las
capturas de pantalla expuestas por la UGPP en la contestación de la demanda para sustentar la legalidad de los actos
demandados.
64
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_11PRUEBANO3F211.pdf». Pág. 167.
65
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_SUBSANALA_50PRUEBAS1A19F1608P.pdf». Pág. 467.
66
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.
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anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas
vacaciones o permisos».
Para la aportante, la entidad adicionó al IBC de seguridad social integral los pagos por
vacaciones disfrutadas. Para el efecto, enunció 68 trabajadores y expuso los casos de
Rubén Darío Villegas Salazar y Leandro Janey Sánchez Puentes67.
En contraposición, la entidad manifestó que, para la determinación de la base de
cotización aplicó el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, originando los ajustes por
inexactitud controvertidos.
Para resolver, se revisará la glosa de Rubén Darío Villegas Salazar, de la siguiente
forma:
• En el archivo Excel la UGPP fiscalizó el aporte a salud del referido trabajador
(noviembre de 2013) y determinó un ajuste por $314.100.
• El trabajador disfrutó de 24 días de vacaciones en el mes de noviembre de 2013.
Por lo tanto, para calcular los aportes por dicha novedad debe atenderse el IBC del mes
anterior al comienzo del disfrute, es decir, septiembre68.
• En la planilla integrada de liquidación de aportes nro. 24640552 correspondiente
al mes de septiembre de 2013, los aportes se calcularon sobre un IBC de $3.140.00069.
• Por consiguiente, el IBC de los 24 días de vacaciones disfrutadas en el mes de
noviembre de 2013 corresponde a $2.512.00070.
• El IBC de los 6 días laborados en el mes de noviembre se determina en función
de los pagos recibidos por el trabajador durante ese lapso, que corresponden a
$741.194 (sueldo + horas extras), sumas no debatidas.
• Así, la base de cotización del mes de noviembre de 2013 corresponde a la suma
del IBC de los 24 días de descanso y los 6 días laborados, cuyo resultado es el siguiente:
$2.512.000 + $741.194 = $3.253.000 (valor aproximado a mil).
• Verificado el archivo Excel que contiene el detalle de la liquidación que realizó la
entidad, se evidencia que el IBC que utilizó para calcular los aportes para ese período
fue de $3.253.000.
• Revisada la planilla nro. 24998178 de noviembre de 2013, se advierte que la
base de cotización de las contribuciones fue de $741.00071.
Las anteriores operaciones se resumen de la siguiente manera:
67
También detalló el ajuste del trabajador José Hilario Ríos Castaño en marzo de 2013, sobre el que operó la caducidad de la
potestad de gestión de la UGPP.
68
Toda vez que en la planilla PILA del mes de octubre también se reportó la novedad de vacaciones.
69
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_26PRUEBANO16PARTE3F9». Pág. 3.
70
$3.140.000/ 30 = $104.666 x 24 = $2.512.000.
71
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_26PRUEBANO16PARTE3F9». Pág. 53.
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IBC Aportante (2013-11) IBC UGPP (2013-11) IBC CE (2013-11)
$741.000 $3.253.000 $3.253.000
Como se observa, el IBC determinado por la entidad corresponde al establecido por la
Sala, razón por la que procede el ajuste, en tanto la sociedad únicamente cotizó aportes
sobre los pagos salariales correspondientes a los días laborados, pero no adicionó el
IBC para los días de descanso según la base de cotización del mes anterior a la
novedad, como lo dispone el artículo 70 del Decreto 806 de 1998.
Igual situación se replicó en la glosa del trabajador Leandro Janey Sánchez Puentes
(junio de 2013), respecto del cual la sociedad liquidó aportes tomando como IBC
solamente los pagos salariales de ese período por $3.119.000 (salario + horas extras
+ prima extralegal), según consta en la planilla nro. 1682219072, sin determinar la base
por los días de vacaciones. No prospera el cargo.
Finalmente, no se estudiará el cargo de la demanda referente a los ajustes por mora
(ICBF y SENA) y omisión (pensión y CCF) de la trabajadora Yuri Katherine Bojacá
Cortés por enero de 2013, dado que sobre ese período caducó la potestad fiscalizadora
de la entidad.
9. Sanción por inexactitud
Para la parte actora, no existe conducta sancionable porque el IBC fue calculado de
conformidad con los conceptos salariales y no salariales por lo que, a su juicio, no
procede la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados.
En los actos demandados, la UGPP impuso la sanción por inexactitud prevista en el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (60% de la diferencia entre el valor a pagar
determinado y el inicialmente declarado), y la liquidó en cuantía de $185.933.96973.
Como lo señaló la sección en la sentencia del 5 de mayo de 202274, «si bien la sanción
de que trata el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 resulta independiente y autónoma de la
establecida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, la Sala ha considerado que “Aunque el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 no prevé la “diferencia de criterios sobre el derecho
aplicable” como causal eximente de las sanciones previstas en dicha norma, ello no excluye
que sobre estas pueda predicarse el “error sobre el derecho aplicable”, que pueda exonerar de
la sanción al sujeto pasivo. Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado la Sala, ese error
constituye “una figura ínsita en el contenido de las disposiciones punitivas”, como garantía del
debido proceso75».
No obstante, en el presente caso, no se trata de la existencia de un error sobre el
derecho aplicable, pues los ajustes se produjeron por la inobservancia de las normas
que regulan la integración de la base gravable de los aportes al sistema de la protección
social. Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación relacionado con la sanción por
72
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_25PRUEBANO16PARTE2F9». Pág. 46.
73
Según la Resolución nro. RDC-2019-02881 del 19 de diciembre de 2019, pág. 25.
74
Exp. 25553, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
75
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de Unificación del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185, C.P. Milton Chaves
García.
29
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inexactitud. Sin embargo, la misma se deberá disminuir de forma proporcional a los
aportes que en esta providencia se declararon como improcedentes.
10. Sanción por omisión
En el presente caso no hay lugar a la sanción por omisión comoquiera que los ajustes
por esa conducta corresponden a la vigencia de enero de 2013, período respecto del
cual caducó la facultad de gestión de la UGPP. Prospera el cargo.
11. Condena en costas
El a quo condenó en costas a título de agencias en derecho a la entidad «en razón que
se advierte que la parte actora debió acudir a la contratación de un abogado para obtener la
defensa de sus derechos en este proceso […]»76.
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación [regla numeral 1], cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación [regla numeral 8], razón
por la cual, en este asunto y en atención a las citadas reglas, no hay lugar a condenar
en costas (agencias en derecho) a la entidad, al no estar probadas. Prospera el cargo.
Por la misma razón, no se impondrá condena en costas (agencias en derecho y gastos
del proceso) en esta instancia.
En conclusión, prospera –parcialmente- el cargo relacionado con la caducidad de la
facultad fiscalizadora de la entidad por los períodos de enero a mayo de 2013 y sobre
la condena en costas.
Además, prosperan los siguientes cargos de la demanda: (i) la naturaleza no salarial
de los conceptos «C27_BONIFICACIÓN_BRIGADA», «51054803 BONO EXPATRIACIÓN»
y «C27_BONIFICACIÓN_POR_RETIRO», (ii) la desalarización de los pagos denominados
«52054803 BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «52051804 BONIFICACIÓN NO SALARIAL»,
«51054802 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS» y «52051804 INCENTIVO EJECUTIVO
DE VENTAS» (parcial), (iii) la exoneración de aportes al SENA e ICBF (art. 25 de la Ley
1607 de 2012), (iv) salario integral y (v) la sanción por omisión.
Por lo tanto, se revocará la sentencia del tribunal y, en su lugar, se declarará la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados. A título de restablecimiento del
derecho se declarará la firmeza de las autoliquidaciones presentadas por la sociedad
respecto de los períodos de enero a mayo de 2013, y se le ordenará a la UGPP que
practique una nueva liquidación en la que: (i) elimine los ajustes por inexactitud en los
casos en los que se adicionaron al IBC los pagos denominados
«C27_BONIFICACIÓN_BRIGADA», «51054803 BONO EXPATRIACIÓN» y
«C27_BONIFICACIÓN_POR_RETIRO», por no integrar la base de aportes al sistema de
seguridad social, (ii) calcule los aportes a los subsistemas de salud, pensión, FSP y
ARL de los trabajadores que devengaron los conceptos «52054803 BONIFICACIÓN NO
SALARIAL», «52051804 BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «51054802 INCENTIVO
76
Pág. 31 de la sentencia apelada.
30
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EJECUTIVO DE VENTAS» y «52051804 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS»,
relacionados en la tabla nro. 1 de la presente providencia, aplicando el límite del 40%
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, (iii) excluya las glosas por mora de
los subsistemas de SENA e ICBF de los empleados enunciados en el literal c) del
acápite 6.3 de la demanda, siempre y cuando cumplan el requisito para ser
beneficiarios de la exención, en los términos de la parte motiva, (iv) elimine los mayores
valores determinados por el personal con salario integral (literal f) del acápite 6.3 de la
demanda); para el efecto, se ajustará el IBC al 70% de la suma pagada y, en los casos
en los que se presente alguna novedad, deberá atenderse la base gravable especial
que corresponda, (v) levante la sanción por omisión y (vi) disminuya la sanción por
inexactitud de forma proporcional a los aportes. Además, que proceda a la devolución
de los aportes en exceso que se generen con la reliquidación, previa verificación de los
pagos a que haya lugar, de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro. RDO-
2018-04713 del 15 de diciembre de 2018, expedida por la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la UGPP contra MABE COLOMBIA S.A.S. por
omisión en la afiliación, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al sistema de la protección social, por los períodos comprendidos entre enero a
diciembre de 2013, y se sanciona por inexactitud por la vigencia 2013; y de la Resolución
nro. RDC-2019-02881 del 19 de diciembre de 2019, mediante la cual la Dirección de
Parafiscales decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de modificar el acto
recurrido para disminuir el valor de los aportes y las sanciones.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de las
autoliquidaciones presentadas de los períodos de enero a mayo de 2013. De igual forma,
ORDENAR a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) elimine los ajustes
por inexactitud en los casos en los que se adicionaron al IBC los pagos denominados
«C27_BONIFICACIÓN_BRIGADA», «51054803 BONO EXPATRIACIÓN» y
«C27_BONIFICACIÓN_POR_RETIRO», por no integrar la base de aportes al sistema
de seguridad social, (ii) calcule los aportes a los subsistemas de salud, pensión, FSP y
ARL de los trabajadores que devengaron los conceptos «52054803 BONIFICACIÓN NO
SALARIAL», «52051804 BONIFICACIÓN NO SALARIAL», «51054802 INCENTIVO
EJECUTIVO DE VENTAS» y «52051804 INCENTIVO EJECUTIVO DE VENTAS»,
relacionados en la tabla nro. 1 de la providencia de segunda instancia, aplicando el límite
del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, (iii) excluya las glosas por
mora de los subsistemas de SENA e ICBF de los empleados enunciados en el literal c)
del acápite 6.3 de la demanda, siempre y cuando cumplan el requisito para ser
beneficiarios de la exención, en los términos de la parte motiva, (iv) elimine los mayores
valores determinados por el personal con salario integral (literal f) del acápite 6.3 de la
demanda); para el efecto, se ajustará el IBC al 70% de la suma pagada y, en los casos
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en los que se presente alguna novedad, deberá atenderse la base gravable especial que
corresponda, (v) levante la sanción por omisión y (vi) disminuya la sanción por
inexactitud de forma proporcional a los aportes. Además, que proceda a la devolución
de los aportes en exceso que se generen con la reliquidación, previa verificación de los
pagos a que haya lugar, de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.
TERCERO: Sin condena en costas en primera instancia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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